Un juez anula una tarjeta de crédito por usura, pese a que el cliente aceptó las condiciones

Una juez de Gijón ha aplicado la Ley de represión de la usura, vigente desde el año 1908, al analizar la demanda de Aurelio F.G., socio de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Asturias, quien tendrá derecho a la devolución de 6.700 euros por la anulación del contrato que suscribió, hace doce años, con Citibank S.A. para la adquisición de la tarjeta de crédito de Wizink Bank.

La magistrada-juez Covadonga Pajín Collada, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, ha llegado a la convicción de que el contrato era «usurero» al haber incorporado la entidad mercantil a las condiciones una Tasa Anual Equivalente (TAE) del 24,71%, lo que implicaba un porcentaje tres veces superior al normal del dinero. Contra esta sentencia cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial.

 Las condiciones del contrato

De esta forma, ha prosperado la demanda formulada por el abogado José Antonio Ballesteros Garrido en representación de Aurelio F.G. quien, el  29  de  julio  de  2005,  formalizó con  Citibank,  S.A., antes Banco Popular  S.A. y a fecha actual Wizink Bank, S.A., un contrato para la adquisición de una tarjeta de crédito. En el apartado sobre las condiciones  particulares aparecía cubierta la casilla relativa a la solicitud de seguro de pagos protegidos, figurando su firma al lado de la frase de «He leído y estoy  conforme con  el Reglamento de  la  tarjeta  Citibank,  y  en  caso de haberlo solicitado, con el  seguro de  Pagos Protección de Citibank».  En  el  Reglamento de  la  tarjeta  de crédito  Citibank  Visa/Master  Card, en  el anverso del contrato, se recogían  las  condiciones  generales, estableciéndose un  tipo nominal  anual del 22,29%, con TAE  24,71%  al  igual  que  las comisiones de  la tarjeta de crédito solicitada por el demandante.

El  contrato implicaba la concesión de un crédito,  del  que  puede  disponerse  mediante  la compra  de  bienes  y  servicios  en establecimientos  o  a través de Internet,  mediante retirada de efectivo en cajeros o realizando transferencias con cargo a la cuenta de la tarjeta, mientras que su devolución puede realizarse  acudiendo al  pago de  la totalidad  del  crédito dispuesto al final de  la liquidación o en  la  modalidad  de  pago  aplazado, cuando al final del periodo de liquidación, el cliente no devuelve todo, sino una cantidad fija o un porcentaje del crédito dispuesto, respetando un mínimo, aplazándose el importe no devuelto, principal e intereses remuneratorios, hasta el siguiente periodo de liquidación en el que se vuelve a aplicar el mismo sistema de opciones de pago.

Un interés tres veces superior

La entidad mercantil incidía en que el  tipo aplicado se  ajustaba al tipo de interés  aplicable al mercado de tarjetas  de crédito y, para acreditarlo, realizaba un análisis comparativo del T.A.E  que otras entidades bancarias ofrecían así como una media aritmética ponderada de los tipos  aplicables a saldos de contratos de  tarjeta  de crédito de pago aplazado, publicados mensualmente por el Banco de España desde el año  2010.

Sin embargo, la magistrada-juez advierte de que la media aritmética ponderada que hace  la  demandada  parte de  unas  publicaciones  mensuales del Banco  de  España,  «cuya  efectiva existencia no consta, y que en todo caso serían  posteriores  a  la fecha  de  celebración  del contrato de tarjeta de crédito  que  se dilucida», por lo que el único elemento de referencia posible es el que cita el Tribunal Supremo, de modo  que,  si  se  acude  a  las  estadísticas  publicadas  por  el Banco  de  España,  con  un tipo de  interés  en  media anual para préstamos al consumo con plazos entre 1 y 5 años en julio de  2003,  de  un 7,17%  en  España y un TAE  7,99%  y  para operaciones a plazo superior  a  5  años  de  5,69%,  resulta evidente  «esa  disparidad  entre  el  T.A.E  fijado para  la operación  litigiosa  y  el  interés  medio de  los  préstamos  al consumo  en  la  fecha  en  que  fue  concertado el contrato litigioso,  pues supera casi  más de tres veces el reseñado interés, por lo que el remuneratorio pactado debe de considerarse notablemente superior al normal del dinero», señala en la sentencia.

El reintegro de las comisiones

Junto a este requisito establecido por el Alto Tribunal es necesario para que el préstamo pueda ser considerado usurario que el interés sea manifiestamente desproporcionado  con  las  circunstancias del  caso,  y  lo cierto es, explica la titular del juzgado que la  demandada  «no  ha  probado la  concurrencia  de circunstancias  excepcionales  que  así  lo  justifiquen como pudiera  ser  la posible  falta de solvencia de la demandante o cualquier  otra que pudiera  explicar  ese  elevado  interés, no siendo suficiente la  alegación de asunción de un  teórico alto riesgo, pues ciertamente fue asumido libremente por la entidad financiera que decidió no exigir garantía alguna al demandante, consumidor destinatario del producto».

La  declaración de nulidad del contrato por usurario conlleva que el prestatario únicamente venga obligado al pago del capital, por lo que la juez obliga a devolver a Aurelio F. las cantidades aportadas por conceptos diferentes al  importe prestado, como es  el  caso  de  los intereses,  comisiones  y  primas  de  seguro  de  protección de pagos  satisfechas,  afectadas  por  la  declaración  de  nulidad declarada, sin  perjuicio  de  las  compensaciones a  que hubiera lugar  por  el  capital  dispuesto  pendiente  de  pago a fecha actual, por lo que la magistrada-juez considera conveniente diferir al trámite de  ejecución  de  sentencia  la  determinación  de saldo resultante.

lavozdeasturias.es

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