Trabajadoras de residencias: «Nos prohibían llevar mascarilla para no alarmar a los ancianos»

o es que no hubiera mascarillas, es que no nos dejaban llevarlas porque decían que íbamos a alarmar a los ancianos». La situación, que refieren trabajadores de dos residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, es el inicio de la crónica de una muerte anunciada, según el sector, que denuncia la falta de medios, de previsión y de organización del Gobierno frente a la crisis del coronavirus.

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Así lo hace la presidenta del Círculo de Empresas de Atención a la Dependencia (CEAPS), Cinta Pascual, que este martes denunciaban la inacción del Gobierno: «llevamos más de un mes pidiendo medios, reclamando protocolos comunes, pidiendo al presidente y vicepresidente del Gobierno reuniones para poder abordar la atención a las personas mayores de la forma más adecuada y coordinada para evitar que el caos se produzca y hasta que éste no se ha producido, no se han tomado medidas».

Pascual denunciaba la criminalización por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al denunciar que la intervención por parte del Ejército en las residencias había encontrado «ancianos conviviendo con cadáveres». “Somos un aliado especial y altamente profesionalizado que necesita apoyo, medios humanos y materiales. Para ganar esta batalla y es necesario trabajar juntos”

La falta de medios de protección es un problema que se une a la gran falta de profesionales que, al igual que en centros sanitarios, está infectado o recluido en sus casas por temor a contagiar a los internos. «Hay muchísimo miedo, en algunas residencias está la mitad del personal de baja, con síntomas o por miedo a contagiar a los residentes», indica Elvira González Santos, presidenta de Aetesys, la Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios que reúne a más de 400 trabajadoras de residencias de ancianos, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

«Tenemos a tres socias ingresadas, una de ellas en la UCI, es una persona de Ecuador y está muy sola», lamenta González Santos, que denuncia que las residencias, tanto públicas como privadas, «han tardado mucho en asumir el problema» y cree que «cuando pase la crisis será el momento de pedir responsabilidades».

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Desde la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, la responsable de Negociación Colectiva María Victoria Gómez celebra las últimas órdenes ejecutivas del Gobierno para intervenir en los centros pero considera que «tenían que haberse tomado antes y de forma conjunta, las trabajadoras están en sus puestos en unas condiciones muy precarias». Aunque no hay datos, Gómez asegura que las estimaciones hablan de «una cuarta parte de las trabajadoras de baja y en algunos casos obligadas a trabajar aún teniendo síntomas, con el riesgo que supone tanto para los residentes como para los propios trabajadores».

Coincide Isabel Lozano, vicesecretaria del Sindicato de Técnicos de Enfermería, en denunciar la preocupación de las trabajadoras: «Al principio en algunas residencias se obligaba a los familiares a entrar con mascarillas pero los trabajadores no las llevaban. Ha habido una falta de previsión y de dimensión del problema que ha desencadenado esta situación», afirma.

Tanto desde Comisiones Obreras como CEAPS confían en que las últimas medidas del Gobierno consigan una mejora de la situación, para lo que hace falta «que exista coordinación, criterio y recursos”. Piden también que se realicen los test de detección a todos los trabajadores y residentes para evitar situaciones como las vividas en las residencias de Montehermoso o Tomelloso, entre otras muchas por toda España. Desde CEAPS estiman que hay ya unas 400 residencias con casos de coronavirus (menos del 10% del total en España) y que es «esencial intervenir para evitar que el virus entre en ellas».

elindependiente

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