Plan para dar uso social a pisos turísticos ilegales

El equipo de gobierno de Ada Colau vuelve a intentar revertir los efectos indeseados del éxito turístico deBarcelona poniendo el foco en el alojamiento, aunque este sea solo uno de sus múltiples ejes. Y de nuevo a contrarreloj, como sucedió con la moratoria de licencias hoteleras. El ayuntamiento presentó ayer tres medidas para frenar la actividad de los lucrativos pisos turísticosilegales, aunque previsiblemente su resultado dependerá en exceso de la buena voluntad de los operadores ilegales y de los propios turistas.

La primera medida anunciada por el teniente de alcalde GerardoPisarello es una vieja reivindicación de los vecinos de La Barceloneta Diu Prou y consiste en condonar parcialmente la deuda de los operadores sancionados por ejercer sin licencia. Ciutat Vellacuenta con 330 casos expedientados. Las multas pueden alcanzar un máximo de 90.000 euros, pero la media es de 15.000 euros, según datos municipales. El ayuntamiento condonará el 80% de las sanciones a quienes cedan el piso por tres años para que la Mesa de Emergencia Social del Consorcio de la Vivienda de Barcelona las destine a familias necesitadas por un alquiler social, en base a la ley del derecho a la vivienda. El otro 20% (que serían unos 3.000 euros de media), se podría abonar directamente o pagar con el alquiler generado desde el primer momento. El problema más evidente es que este acuerdo solo resultará tentador para casos de multas muy altas, ya que con las deudas medias la mayoría de operadores pueden hacer números y considerar que les resulta más conveniente poner el piso en el mercado de alquiler convencional y abonar lo adeudado. El ayuntamiento no pudo precisar ayer qué porcentaje de cobros son ejecutados, aunque aseguró que la Administración puede llegar al embargo para hacerlos efectivos.

La concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, destacó que en el distrito se producen 250 desahucios al mes, y que la nueva medida podría combatir esta sangría de vecinos, revirtiendo los problemas generados hasta ahora por los pisos turísticos. En este caso se trata de una prueba piloto en el distrito central hasta final de año, que podría extenderse al resto de la ciudad si diese buenos resultados.

La siguiente iniciativa es una campaña de comunicación, mediante folletos que se empezarán a distribuir en el plazo de unos días y una web específica, para animar al turista a denunciar los casos de vivienda por días ilegal. Se le informará de cómo detectarla y comunicar la situación. Supuestamente, será por el bien del usuario, la calidad del alojamiento y su seguridad jurídica en caso de sufrir algún percance. No obstante, cuando no se produce una mala praxis por parte del operador, parece más que complicado que el viajero se dedique a hacer de policía durante sus vacaciones.

Por último, y en este caso sí se perfila como una medida tal vez más efectiva y a escala de toda la ciudad, el ayuntamiento emplaza este mes a todas las plataformas que anuncian alojamiento turístico a que les comuniquen las direcciones de las fincas y el nombre de los propietarios en los casos en que el anuncio no se acompaña del preceptivo número de registro de la Generalitat que garantiza su legalidad. Lo hace con el aval de la ley catalana de turismo y a partir de septiembre sancionará piso por piso los casos sin licencia o a las plataformas que no faciliten estos datos pero publiciten la oferta ilegal. Cortar la difusión puede erradicar su comercialización.

Dolor de cabeza

Pisarello cree que estas intervenciones son urgentes para que el turismo se perciba como una fuente de riqueza y no «un dolor de cabeza» para el barcelonés. El ayuntamiento admite que algunas medidas son idea de las entidades y asegura que escuchará más la voz del vecino que la de los lobis que hasta ahora se han hecho oír. El objetivo urgente, dice el concejal, es erradicar una posible burbuja especulativa en el marco del turismo.

La plataforma estrella del sector, Airbnb, señaló ayer en un comunicado que las propuestas del ayuntamiento crean confusión en un momento en que el Govern trabaja para regular la situación de los ciudadanos que comparten sus casas con viajeros (por habitaciones). No obstante, el consistorio solo intenta poner coto al alquiler de pisos completos por días. La patronal Apartur ve bien perseguir la ilegalidad, pero defiende que hay que complementar el tema con una propuesta de crecimiento legal ordenado.

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