Las empresas de servicios quieren limitar las horas gratis de los contratos públicos

La práctica es moneda de uso común en la contratación de servicios por parte de determinadas Administraciones Públicas. Se redactan los pliegos con las características básicas del servicio que deben desarrollar las empresas aspirantes a adjudicarse un contrato público, se pone un precio de salida acorde a la tarea a desarrollar y, al margen de éste, se establece un criterio adicional de adjudicación que favorece a la empresa que ofrezca un mayor número de horas de servicio adicionales gratuitas más allá de lo estipulado en el contrato.

El criterio ha hecho singular fortuna en los años de ajuste presupuestario y se ha extendido de forma bastante generalizada en las contratos de servicios de los ayuntamientos, según detallan desde la patronal del limpieza Aspel. Ahora, un grupo de organizaciones empresariales, entre las que se encuentra la propia Aspel y otras asociaciones de empresas de servicios enmarcadas en CEOE han tomado la determinación de plantarse ante esta práctica y hacer lobby para que la futura Ley de Contratos Públicos, ahora en el Parlamento, establezca algún tipo de restricción al uso de este criterio de adjudicación..

Argumentan que estas ‘horas extra no retribuidas’ quiebran el principio de onerosidad de los contratos públicos, muy defendido por la UE y que pretende evitar el enriquecimiento injusto de la Administración a costa de los contratistas, y suponen una amenaza para las condiciones laborales de los trabajadores.

El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, explica que en un sector tan competitivo como el de la limpieza en el que los costes laborales suponen más del 85% del gasto total del contrato este tipo de criterios de adjudicación son un incentivo para atraer a los concursos públicos a empresas que incumplen las condiciones laborales establecidas en los convenios.

Ésta, de hecho, ha sido una de las mayores fuentes de litigiosidad en los contratos públicos de este sector en particular y de los contratos de servicios en general. Durante el año pasado Aspel recurrió la concesión de 27 contratos públicos de limpieza, la mayoría con el argumento de que el precio de licitación no alcanzaba para cubrir los costes laborales derivados de un cumplimiento íntegro del convenio colectivo. Los tribunales les dieron la razón en 17 casos.

La dimensión laboral es la principal fuente de controversia respecto a la exigencia de horas extra gratuitas, pero no la única. Las empresas sospechan que tras la inclusión de este tipo de cláusulas se esconden procesos de adjudicación poco transparentes cuando no dirigidos.

Contra la dictadura del precio

Para primar la calidad del servicio en la contratación de servicios públicos y acabar con este tipo de prácticas oscurantistas, las empresas contratistas con la Administración están cada vez más convencidas de que hay que poner luz y taquígrafos sobre los procesos de contratación.

En el caso del sector de la limpieza, Aspel presenta este martes una Guía para las organizaciones privadas y públicas de contratos de limpieza que pretende asentar el criterio de la oferta pública más ventajosa, por encima del criterio único del precio.

Para ello plantea establecer un precio mínimo para la concesión de servicios, que garantice su prestación en unas condiciones mínimas de calidad, la evaluación de criterios objetivos de calidad (cualificación del personal, plazos de entrega…) y la valoración prioritaria de la solvencia económica y financiera de las empresas y la capacidad técnica y profesional del personal.

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