La estrategia «temeraria» de Ramoncín para lucrarse de la SGAE

Separados por apenas unos metros, Ramoncín tuvo que escuchar ayer cómo el fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso iba encadenando un calificativo tras otro, a cuál más contundente, para convencer al tribunal de que el cantante y ex directivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) puso en marcha una «estrategia temeraria» para obtener de la entidad 57.402 euros, entre 2008 y 2011, por proyectos inexistentes o de dudosa utilidad que después se justificaron, presuntamente, con facturas falsas. Inaudito, espurio, torticero, lamentable, inverosímil… El representante del Ministerio Público –que pide para José Ramón Márquez una pena de cuatro años y diez meses de cárcel por apropiación indebida, falsedad documental y delito societario– fue dosificando sus andanadas verbales durante casi una hora hasta que, casi al final, definió la actuación de Ramoncín y de su amigo José Luis Rodríguez Neri –ex director general de la SDAE, la filial digital de la SGAE con la que el cantante cerró los cinco proyectos bajo sospecha– como una «albañilería financiera» de la que presuntamente se sirvieron para enmascarar la salida de fondos de la entidad, a la que los socios de la SGAE, dijo, asistieron «perplejos».

Ramoncín y Rodríguez Neri revistieron documentalmente esos cinco proyectos, mantiene la Fiscalía, «con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito. Y lo hicieron, añadió, infringiendo «de forma clamorosa» la legislación mercantil, pues los pagos no fueron aprobados por la junta directiva de la entidad que presidía Teddy Bautista.

«Plan preconcebido»

El fiscal comenzó su informe final con un objetivo: desbrozar el «espeso y complicado bosque que es la SGAE» para poder ver los «árboles» de los negocios de Ramoncín con la SDAE. Y es que Alonso reprochó a las defensas de los acusados –además del cantante y Rodríguez Neri, el ex secretario general de la entidad Pablo Antonio Hernández Arroyo y el que fuera su director general Enrique Loras– que durante el juicio hayan intentado «oscurecer completamente» el debate procesal.

El desarrollo de la vista oral no ha hecho sino afianzar en el fiscal la convicción de que Ramoncín ejecutó un «plan preconcebido» para obtener dinero de la SGAE «de la forma más fácil y rápida». Lo hizo además, según Alonso, sin recato alguno, de una manera «sumamente espuria y torticera»: obteniendo fondos de «dos auténticas máquinas de generar pérdidas», la SDAE y la sociedad Portal Latino.

Facturas «dudosas»

El fiscal alertó igualmente de las consecuencias procesales que pueden acarrear los documentos aportados a última hora por el cantante –«de dudosa originalidad», recalcó– para intentar acreditar la licitud de los contratos. Minutos antes, un perito de la Guardia Civil no dudó en declarar que las facturas y supuestos contratos se habían redactado ad hoc con el único objetivo de apuntalar su defensa. En esa misma línea, Alonso recordó que a lo largo de la investigación han aflorado unas cuantas facturas «sumamente dudosas» y tachó de «inaudito» que se les presente otorgar validez alguna.

Anticorrupción considera «sorprendente» que la SDAE pagase a un «profano» (en referencia nada velada a Ramoncín y a su proyecto de Caja Fuerte Virtual, por el que percibió 5.800 euros en 2009) por una labor, la protección de contenidos digitales, en la que precisamente «está especializada». El representante de la acusación pública tampoco pasó por alto las declaraciones realizadas por Ramoncín en el juicio sobre su talento y la idoneidad de sus proyectos. Tener ideas es encomiable, vino a decir, «y si son brillantes, aún más». «Pero si las ideas se las vendes a un amigo», añadió irónicamente, con el que compartes representación en los órganos de la entidad que te paga, no respetas la normativa y, además, ocultas los pagos en la contabilidad, «esto ya se llama de otra forma».

En relación al Proyecto Pro Autor, que pretendía divulgar la importancia de los derechos de autor en colegios y ayuntamientos (por el que Ramoncín cobró una cantidad de 6.962 euros en 2010), el fiscal consideró «lamentable» que Loras, ex responsable de los servicios jurídicos de la Sociedad General de Autores, diera el visto bueno a un proyecto que «podía haber escrito cualquiera» a una persona «que seguía siendo miembro de los órganos de dirección» de la entidad, algo que la defensa del cantante negó. «No es de recibo que el buen fin del negocio dependa del color político de una corporación pública», se quejó el representante de Anticorrupción.

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