El viejo y el nuevo PSOE se enfrentan por el debate sobre el carbón y las nucleares

La energía es una cuestión política de primer orden, más si cabe en un país aislado y dependiente de las importaciones como España. Lo es entre partidos y también lo es dentro de los partidos. En el PSOE, el nombramiento de la exministra Cristina Narbona, ecologista convencida, como presidenta del partido y la elección de Teresa Ribera para dirigir una transición ecológica de la economía mantiene abierto el debate entre el antiguo y el nuevo PSOE sobre cómo encarar la transición energética. Ese debate se refleja también en los nombramientos. La elección del exministro socialista Luis Atienza para la comisión de expertos del Ministerio de Energía y la de Alberto Carbajo como consejero de Red Eléctrica de España fueron tratadas con el Gobierno por la gestora socialista que dirigió el presidente de Asturias, Javier Fernández, durante ocho meses.

Ni el exministro Atienza ni el consejero Carbajo son reconocidos por su oposición a la energía nuclear o su militancia ecologista. Más bien, sostiene un exdiputado socialista, son pragmáticos defensores del mantenimiento de todas las tecnologías en el mix energético, en línea con las políticas que defendieron otros destacados dirigentes como Claudio Aranzadi, Juan Manuel Eguiagaray o incluso Alfredo Pérez Rubalcaba. Algo que contrasta con las posiciones del nuevo equipo de Sánchez: sustitución gradual de nucleares por renovables, autoconsumo, auditoría del sector eléctrico y la ecología como seña de identidad del socialismo democrático.

Diferencias latentes

Las diferencias latentes en el seno del partido son evidentes en la cuestión del carbón, y no sólo porque el presidente de Asturias -la zona más afectada por el cierre de minas en 2018- sea Fernández, miembro de la vieja guardia socialista. Lo cierto es que hay dos formas de encarar la cuestión.

En Asturias se da por hecho que las explotaciones de carbón nacional cerrarán en 2018. Podrán permanecer explotaciones a cielo abierto con una condición: que el Gobierno de Rajoy logre convencer a Bruselas de que no obligue a las empresas a devolver las ayudas recibidas para continuar con su actividad, tal y como exige ahora.

En el nuevo equipo de Sánchez, las posiciones son más decididas –«radicales e integristas» sostienen fuentes del partido-. Para los nuevos dirigentes del PSOE es necesario abordar con decisión problemas que como el del carbón, están cargados de simbolismo y donde han fracasado las viejas recetas de regar con dinero público comarcas enteras durante años sin lograr reconversión alguna.

«Hay consenso en que no se puede dejar a la gente atrás» explica la presidenta del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, Teresa Ribera. «Es una cuestión a resolver que afecta al carbón ahora, pero que puede afectar en el futuro a la industria petroquímica o a la automovilística«. Por eso, el PSOE propone señalar Zonas Especiales de Transición para canalizar recursos, dinamizar las comarcas más afectadas y dotarlas de infraestructuras útiles para la era digital.

Un panorama difícil

El panorama al que debe hacer frente el Gobierno, y en el que se enmarcan las tensiones internas en el PSOE es este: sin tener en cuenta la pública Hunosa (1.300 empleos), quedan 15 empresas dedicadas a la extracción de carbón (en los años 80 había más de 200). La mayoría tendrán que cerrar. Solo las minas a cielo abierto, las únicas rentables, podrán seguir activas.

Eso no quiere decir que el país dejará de producir electricidad con carbón. La mayor parte del que se quema es importado y España, más con sequía, está consumiendo -quemando- como nunca. En 2016, las emisiones por el uso de carbón crecieron un 1,6%. El porcentaje de generación con carbón alcanzó ese año el 14,4% según los datos de REE, lo mismo que produjeron las centrales hidroeléctricas.

Las centrales de carbón seguirán funcionando y, probablemente, provocando roces en un partido como el PSOE, que aspira a gobernar. «Hay contradicciones de brocha gorda en el actual equipo de Sánchez» sostiene un exdirigente del partido que recuerda la vinculación entre la actual vicesecretaria general socialista, la asturiana Adriana Lastra, y el sindicato minero Soma-UGT».

Lo cierto es que en el PSOE ha habido dos almas en lo que se refiere a la energía desde mucho tiempo atrás. En sus programas electorales siempre ha recogido la idea de cerrar las centrales nucleares cuando cumplieran con la vida útil prevista de 40 años. Pero José Luis Rodríguez Zapatero, que se suponía menos nuclear y más renovable, no lo hizo cuando la central de Garoña cumplió 40 años en 2010 (su cierre definitivo se ha decidido siete años después, con el PP en el poder). Son contradicciones, dos almas que, a veces salen a flote, incluso en las leyes.

Otro ejemplo: en el Real Decreto-ley 6/2009, rubricado por el entonces presidente Rodríguez Zapatero y siendo ministro Miguel Sebastián se recoge la siguiente afirmación (página 39.405 del BOE): «La tendencia que están siguiendo estas tecnologías (renovables), podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico…». Dos almas.

lainformacion.com

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