El Gobierno espera poder derogar la ley mordaza a principios de año

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, ahora sí, tiene las horas contadas. Después de casi dos años atascada en el Congreso de los Diputados, la prometida reforma de la ‘ley mordaza’ podrá ser una realidad a principios de 2019, según los nuevos cálculos del Gobierno.

El optimismo se ha apoderado del Ejecutivo después de que Pablo Iglesias se haya comprometido por escrito con Pedro Sánchez a apoyar una modificación de la polémica normativa basándose en el texto presentado en enero de 2017 por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Hasta ahora -explican fuentes de la negociación parlamentaria- Unidos Podemos abogaba, y así lo hizo saber en su avalancha de enmiendas a las propuestas presentadas por los nacionalistas y al texto del propio PSOE, por una ley «muy desreguladora» que los técnicos del Ministerio del Interior ya habían advertido que era inasumible.

De hecho, desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya se había elaborado un informe para el Grupo Socialista con las líneas rojas a las pretensiones de Podemos.

La rebaja del listón por parte de Iglesias deja ahora el camino muy despejado. El acuerdo al que llegaron el pasado jueves el presidente y el líder morado es «totalmente asumible» para todos los partidos que apoyaron la moción de censura, según han confirmado diversas fuentes parlamentarias, que, incluso, no cierran la puerta a que Ciudadanos (crítico en algunos aspectos de la norma) pueda sumarse al acuerdo de reforma, dejando al PP solo.

«Desalentar»

El acuerdo entre PSOE y Podemos, que asegura que la actual normativa fue puesta en marcha por el Gobierno del PP «con el objetivo desalentar la protesta social, limitando seriamente los derechos a la libertad de expresión, el de reunión y el de información», contempla sacar de la ley y, por tanto no sancionar, entre otras conductas: la no comunicación previa de manifestaciones siempre que sean pacíficas, la negativa a someterse a cacheo o la grabación de los agentes durante las manifestaciones.

También se va limitar a un plazo máximo de dos horas el traslado a comisaría para fines de identificación, se va a mejorar la identificación de los policías durante las manifestaciones y se restringirá el «ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública».

Los dos partidos, además, van a hacer suya una de las propuestas estrellas del PNV: ajustar las cuantías de las multas a la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción. Una multas, que ahora van de 600 a 60.000 euros, que también van a ser «modificadas en profundidad», según responsables del Gobierno.

Estas mismas fuentes ya avanzan que hay un acuerdo mayoritario en el seno de la comisión de Interior para hacer desaparecer de la norma otros aspectos que no están contenidos expresamente en el acuerdo hecho público por Sánchez e Iglesias, tales como las sanciones de hasta 30.000 euros por participar en protestas frente al Congreso, Senado y asambleas autonómicas o por obstaculizar los desahucios. O las multas de hasta 600 euros por las «faltas de respeto» a los funcionarios de policías, por las ‘okupaciones’ pacíficas de inmuebles o la venta ambulante no legal.

La ponencia de la Comisión de Investigación que estudiará estas modificaciones comenzará a trabajar el 18 de octubre. Los diputados quieren concentrar a principios de noviembre todas las intervenciones de los expertos para meterse de lleno con el trabajo de estudio e incorporación de las 183 enmiendas al texto del PNV que han presentado el resto de los partidos. La comisión también va a permitir que el PSOE, que ha dejado de lado su texto alternativo que proponía la recuperación de la ‘ley Corcuera’ en pos del consenso, pueda incluir sus aportaciones que no hizo en trámite de enmiendas.

diariosur.es

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