ECONOMÍA COLABORATIVA: ¿PONER PUERTAS AL CAMPO?

Vivimos en una época efervescente, caracterizada por la aceleración tecnológica y, en particular, por el desarrollo y difusión de las tecnologías digitales. La mayor parte de los cambios relevantes en el mundo de la tecnología registrados en las dos últimas décadas ha tenido lugar en el contexto de internet y de las plataformas móviles, instrumentos imprescindibles en el mundo de los negocios y en la aparición de nuevas actividades.

Recordemos, tan solo, que YouTube pasó de ser una idea a convertirse en un éxito social en menos de dos años y que cerca de tres cuartas partes de los habitantes del mundo tienen acceso a un teléfono celular en el que hay mucha tecnología incorporada. El mundo digitalizado y cooperativo se caracteriza por sus elevadas economías de escala. Esto supone que cuanto más se produce o utiliza un determinado bien o servicio, sus costes marginales son progresivamente decrecientes, acercándose, paso a paso, a cero. En este contexto de cambio tecnológico, inserto en un período de crisis económica, surge un fenómeno global, nuevo e innovador que ha conllevado una fuerte discusión social: la economía colaborativa(sharing economy). En España, el debate también ha tenido lugar en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con motivo de la presentación de un informe realizado por el Departamento de Promoción de la Competencia. Seis consejeros han solicitado el cese del director -de solvente batuta- por pérdida de confianza. Sin explicaciones detalladas. Sin que la torpe rebelión tenga que ver con la calidad del informe. Sorprende, una vez más, que alguno de los consejeros -ausentes, en ocasiones- pretenda exigir algo que no se exige a sí mismo. La tensión interna es una de las cuestiones que debería someterse a los criterios de transparencia para comprender el fondo del asunto y las posibles ambiciones e intereses, acaso lacayunos, por parte de cada uno. Algo ya se sabe… Pero un organismo de la relevancia de la CNMC no debe fiar su tarea a cuestiones distintas del rigor y la independencia.

Dicho estudio ha sido sometido al oportuno debate público, siguiendo la experiencia de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia… Un buen método, sin duda, que debería ser adoptado por otras instancias de nuestras Administraciones. Pese a que la economía colaborativa está presente en un número creciente de actividades (salud, educación…), los asuntos más relevantes, por el momento, son aquellos relacionados con los transportes y el alojamiento. En estos casos, esta nueva actividad se caracteriza por la utilización de recursos ociosos o infrautilizados, con o sin contraprestación económica, pues su mayor utilización conlleva unos costes marginales reducidos, una mayor competencia para las empresas tradicionales e ingresos adicionales a sus propietarios. De ahí la rebelión de los establecidos, la solicitud de una regulación más restrictiva y la presentación de demandas ante los tribunales de justicia. Todo este movimiento ha supuesto la reacción estratégica de los colaborativos adaptándose a las exigencias regulatorias y un mayor apoyo por parte de los ciudadanos, que ven en los nuevos entrantes una oportunidad para reducir su gasto sin pérdida de la calidad del servicio. La economía colaborativa tiene mucho recorrido y alguno de los actores que se rebelan contra ella -como los taxistas propietarios de licencia- tienen un futuro comprometido si no se adaptan a los nuevos retos que plantea este tipo de competencia. Deben recordar que incluso la Hoja del Lunes desapareció.

El recurso a más regulación es efímero y solo conlleva ineficiencia. Es mejor liberalizar y remover las normas inútiles, que también limitan la actividad de los establecidos, y eliminar barreras de entrada que regular ineficientemente para preservar privilegios injustos. Y en materia fiscal, el mejor principio es el de la igualdad de armas.

La referencia a los nuevos operadores en el mercado del alojamiento nos remite a Airbnb o Homeaway, por ejemplo. Airbnb cubre alrededor de dos millones de propiedades en 34.000 ciudades de 190 países y tiene un millón de usuarios. ¡Un competidor en toda regla! Por su parte, la utilización de la regulación ineficiente encuentra un buen ejemplo en la Comunidad de Madrid. Pronto hará 12 años que se aprobó el decreto 79/2004, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos y las viviendas de uso turístico con la excusa de «paliar los efectos de la inmersión» en este ámbito de actividad de «una sobreoferta descontrolada de viviendas destinadas a dicho uso». Además de no resultar demostrado que existiera una «sobreoferta descontrolada», se aprovechó la ocasión para sobrerregular el mercado con el argumento de proteger a los consumidores. Pero lo que en realidad se pretendía era reducir la competencia con los operadores tradicionales: hoteles y apartamentos turísticos convencionales. Entre los requisitos exigidos a las viviendas de uso turístico se incluía la cesión total de la vivienda -con independencia de que tenga 25 ó 600 metros cuadrados- y la prohibición de contratar por un período inferior a cinco días cuando, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la estancia media es tan solo de 2,05 días. Estos datos ponen de manifiesto que el objetivo realmente perseguido era la imposición de barreras de entrada en beneficio de unos operadores y en perjuicio de otros y de los consumidores. Acertó laCNMC cuando defendió la remoción de las limitaciones impuestas a la competencia sobre la base de lo dispuesto en la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado.

En el mercado del taxi ocurre algo similar. La competencia resulta restringida por la limitación injustificada del número de licencias. Tal limitación se traduce en el pago de abultados traspasos por hacerse con un bien escaso, en el aumento de costes y, en consecuencia, en precios más altos en relación con los correspondientes a un mercado competitivo. Las licencias y las tarifas fijadas por la Administración persiguen asegurar los ingresos de los incumbentes excluyendo del negocio a quienes podrían prestar el servicio, incluso en mejores condiciones (Uber, myTaxi, Blablacar o Cabify, por ejemplo). Además, se imponen restricciones al número de horas trabajadas, al número de taxis por inversor, a la posibilidad de tener asalariados… El resultado final es la subida de los costes medios y de los precios, algo contrario a la racionalidad económica. Los perjudicados son los entrantes potenciales y los consumidores.

La CNMC, por ejemplo, se ha pronunciado sobre estas cuestiones. En sendos informes «sobre los límites cuantitativos y las restricciones a la competencia en precios en el sector del taxi» de las ciudades de Córdoba y Málaga, tomando como referencia el año 2012, estimó que la pérdida de bienestar de los consumidores -aproximadamente, el beneficio extraordinario obtenido por los taxistas como consecuencia de la falta de competencia- estaba en el entorno de 2,5 millones de euros en Córdoba y de 4,4 millones de euros en Málaga.

Comparemos esta estructura de mercado con la existente en una ciudad como Boston donde Uber tiene competidores: Lyft es el más próximo, pero no el único. Ambos han iniciado una guerra de precios y de trato con sus conductores. Pero ambos deben competir con pequeños autobuses lujosos que desplazan a sus clientes entre dos puntos fijos sin paradas intermedias y contratados previamente; algo más caros que los autobuses corrientes y menos que los taxis. Este ejemplo demuestra que la libertad se traduce en imaginación y esta en mejor servicio a los consumidores y mayor actividad económica y ocupación.

En aras de la libertad económica -el bien supremo- que debe defender la CNMC, y de su independencia, ante la regulación ineficiente del mercado del taxi y de los coches con conductor, la Comisión ha solicitado al Gobierno y al Ministerio de Fomento la remoción de las normas que limitan la competencia. Ante la falta de respuesta ha decidido interponer, al amparo de la mencionada Ley 20/2013, un recurso contencioso-administrativo dirigido «a mejorar ambas normas» y eliminar las restricciones «injustificadas que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público». Una actitud amparada en su independencia. Como se ha puesto de relieve en otros tantos estudios de las autoridades de defensa de la competencia de Italia, Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo, la economía colaborativa es una oportunidad. En junio se publicará una guía interpretativa de la normativa comunitaria. Una vez más, dada la pereza política de nuestros administradores públicos, corremos el riesgo de perder el pulso y quedar al margen del progreso.

Amadeo Petitbó es economista y expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

http://www.expansion.com/

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