Así se especula con las licencias VTC: “Te queda barata, por 69.000 euros”

Así se especula con las licencias VTC. “Te queda barata, por 69.000 euros IVA incluido”. Eso es lo que indica Manuel, un madrileño que asegura “gestionar el 80% de las transmisiones de permisos de alquiler con conductor que se hacen en España”.

Este intermediario no teme la anunciada prohibición de la Generalitat de transmitir estas tarjetas durante dos años para evitar la especulación salvaje. “La juez del Tribunal Supremo ya las ha autorizado. Sólo falta que lo comunique a [la Secretaría General de] Transportes y llegaremos antes del decreto catalán”, indica a Crónica Global.

Manuel es sólo uno de los actores que han hinchado el precio de las tarjetas que autorizan el transporte de pasajeros en la ciudad. Otro de los que ha contribuido a ello es Andrés. Este letrado de un bufete situado en Lleida te consigue un permiso por 8.800 euros. El precio de la tasa para obtenerlo es de un máximo de 60 euros en las comunidades autónomas más caras.

“Nosotros nos encargamos de la parte administrativa y civil. Se solicita, se recurre a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y después al Supremo. Máximo, tardamos unos tres años”, asegura.

Dinero negro

Conversación vía Whatsapp por la compra de una licencia VTC

Conversación vía Whatsapp por la compra de una licencia VTC

Manuel y Andrés, junto a otras empresas como la conocidísima Ares Capital, constituyen un circuito que el Gobierno catalán quiere dejar de alimentar. Cataluña levantará “en breve”, según su consejero portavoz, un decreto que prohibirá transmitir las autorizaciones.

Antes, sin embargo, mucha gente ha ganado ingentes cantidades de dinero por el camino. “Trabajo por toda España. Hoy estoy en Marbella y mañana en Madrid. Yo trabajo para un cliente y tú eres el final”, defiende el primero.

¿Es pues este profesional un humilde comercial? “De las últimas 25 VTC solicitadas a 69.000 euros la pieza, se pagan unos 50.000 en efectivo y el resto se suele abonar en b”, agrega Manuel, como si él mismo respondiera a la pregunta.

“Un pago inicial de provisión de fondos de 7.000 euros, 1.000 euros por licencia ya que hay que pedir un mínimo de siete, más 7.000 euros por título cuando el procedimiento acabe y el cliente las tenga (49.000 euros que se suman a la provisión de fondos, en total 56.000 euros). A esto hay que agregarle un pago de 400 euros de honorarios del procurador”, enumera Andrés como si recitara una letanía.

Grietas en el sistema

Cabe recordar que Manuel y Andrés se enriquecen gracias a las grietas que existen en la normativa vigente. La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) de 2013 prohíbe conceder más autorizaciones si se sobrepasa la proporción de un vehículo de arrendamiento con conductor por cada 30 taxis en el ámbito autonómico.

No obstante, antes y después de esa normativa hubo periodos-ventana donde sí se concedieron los permisos. Fue de 2009 a 2013, cuando rigió la llamada Ley Ómnibus, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel texto liberalizó el sector de los chóferes privados.

Hubo otro vacío legal. Fue de 2013 a 2015, hasta que el Gobierno aprobó el reglamento del ROTT y especificó de forma más clara la proporción 1:30, cerrando la puerta a los aprovechados.

En ambos ínterines, decenas de sociedades físicas y jurídicas formularon peticiones de inicio de actividad. Los tribunales, generalmente, les otorgaron las licencias con arreglo a las débiles leyes que estaban entonces en vigor.

elespanol.com

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