Adopción e inmigración irregular: la polémica propuesta fantasma del PP que ahora el partido desmiente

La Ley de Apoyo a la Maternidad del PP fue presentada por el propio Pablo Casado el sábado pasado en Cartagena. El texto incide en una apuesta por la “cultura de la vida” y por impedir con medidas de apoyo que cualquier mujer interrumpa su embarazo por “motivos económicos, sociales, falta de ayudas o presiones familiares”. Sin embargo, el líder del Partido Popular no dijo nada acerca de un punto que recogería esta ley, y que retrasaría la expulsión de España de las mujeres inmigrantes ilegales que dieran a su hijo en adopción.

La existencia de esta propuesta fue confirmada a última hora del miércoles por fuentes del PP a varios medios nacionales y ha sido recogida por las principales agencias de noticias. La explosiva mezcla de adopción, inmigración irregular, aborto y natalidad no ha tardado mucho en prender, hasta el punto de que el PP se vio obligado poco antes de medianoche a desmentir esta idea primero, y a seguir matizándola después, creando una importante confusión a falta de que algún cargo de la formación salga a explicarla con todos los datos. 

Partido Popular @populares

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Es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen a sus hijos en adopción.
Planteamos garantizar la confidencialidad en los procesos y que la entrega voluntaria de un bebé no tenga consecuencias negativas para la madre.1.16822:02 – 13 mar. 2019Información y privacidad de Twitter Ads1.602 personas están hablando de esto

Prácticamente a la vez, la formación envió un comunicado matizando que la propuesta no supone no expulsar a las mujeres inmigrantes embarazadas a cambio de que den a su hijo en adopción -“sería una barbaridad”-, sino proteger los datos de estas extranjeras requeridos en los procesos de adopción para que no sean utilizados para detectar su estancia irregular en el país. “Lo que sí sería una barbaridad es utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Y eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección del menor y la madre”, reza el documento con el que reaccionó el partido de Casado a la alarma entre asociaciones y ONG que protegen los derechos de los migrantes.

En declaraciones a elEconomista, fuentes ‘populares’ han insistido en que su objetivo es proteger los datos de las mujeres inmigrantes durante el proceso de adopción, sin que esto implique que entregar a su hijo vaya a ser compensado con un permiso de residencia. Es decir, el objetivo es proteger a las mujeres que ya han decidido dar a su hijo en adopción desde el momento en que comienzan los trámites, que durante el tiempo que dure el proceso no puedan ser expulsadas de España y cuenten con todas las garantías sociales, administrativas y sanitarias. El PP asegura a este medio que no han puesto sobre la mesa una invitación para que las inmigrantes den a sus hijos en adopción, sino para que aquellas que ya han decidido hacerlo cuenten con una completa confidencialidad y garantías en todo el proceso.  “Gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España durante el proceso de adopción”, han incidido estas fuentes.  

La web de verificación de noticias Newtral también ha consultado al partido acerca del controvertido titular que se estaba difundiendo en los medios de comunicación, y esta es la contestación literal recibida en un correo electrónico: “La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión. Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular. Pues bien, este hecho no activaría la expulsión. Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España”.

Un protocolo pionero en Madrid

La medida que defiende el PP en torno al blindaje temporal de los datos de estas mujeres -matizan que la no expulsión se respetaría hasta que la inmigrante diera a luz- ya funciona “con éxito” en la Comunidad de Madrid, según fuentes del partido, por lo que solo se trataría de extenderla al ámbito nacional. Este modo de actuación ya está recogido en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 y el objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional. Según este protocolo, dirigido a personas en riesgo de exclusión social -también en casos de “pobreza severa, desempleo o enfermedad mental”-, la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer. Es un “proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la mujer, dado que sus datos están sujetos a reserva”.

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Las fuentes de la formación citadas por la Cadena Ser explicaron que las mujeres inmigrantes embarazadas suelen abortar por razones económicas y sociales, y su negativa a optar por la opción de entregar a su hijo en adopción responde al miedo a ser detectadas y expulsadas de España.

La propuesta del PP recoge que, una vez efectuada la entrega en adopción del bebé, si la madre continúa en situación irregular puede ser expulsada “por cualquier otro motivo recogido en la ley”, han indicado desde la formación presidida por Pablo Casado, por lo que no se trataría de un beneficio permanente para la madre. 

“Es repugnante e inconstitucional”

Desde que saltó la propuesta hace unas horas, ningún cargo ‘popular’ ha salido a explicar todos sus matices y en qué consiste en realidad ante la confusión y alarmas generalizadas, de ahí el carácter fantasmagórico de todo el asunto. De hecho, ya han emergido las primeras críticas desde organizaciones como la Red Española de Inmigración y Ayuda al refugiado, que ha entendido la propuesta como un intercambio entre hijos y permiso de residencia -rotundamente desmentido por el PP- . “Esta reforma es repugnante e inconstitucional, por lo que de ser puesta en marcha se enfrentará inmediatamente con la total oposición de todo el estamento jurídico”, ha subrayado Daniel Méndez, presidente de la entidad, que ha instado al Gobierno a condenar y confirmar su ilegalidad “de forma inmediata”.

La Red ha instado de forma urgente al Ministerio de Justicia, así como al Gobierno de España, a que “de forma inmediata condene y confirme la plena ilegalidad de esta propuesta así como se estudien las medidas para evitar que cualquier tipo de medida similar pudiera ser adoptada en el futuro al tiempo que se anuncia un pleno cese de relaciones con esta formación hasta que se retire esta medida”.

eleconomista

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