Primera querella contra ‘Billy el niño’ en un juzgado español

Primera querella presentada en los juzgados españoles contra el exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el niño’, y otros dos compañeros de la Brigada Política Social del régimen fraquista, Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal.

El querellante, Luis Suárez-Carreño, registró en los juzgados ordinarios de Madrid una querella por delitos de crímenes de lesa humanidad en relación con un delito de tortura. En concreto, les acusa de participar en su detención en 1973 y de torturarle posteriormente durante los interrogatorios, al tratarse de un miembro de un colectivo opuesto al régimen franquista.

El escrito recoge también otra detención y tortura de Suárez-Carreño, exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria, en 1970, si bien ha dicho hoy que no sabe quienes estuvieron detrás de este primer incidente.

Al margen de las iniciativas penales de los Ayuntamientos de Pamplona y Vitoria por crímenes del franquismo, esta es la primera querella individual de una víctima en España, que ha sido presentada con el respaldo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA).

Se abre ahora un plazo de tres días para que el Decanato reparta la querella en el juzgado correspondiente, que después pedirá informe a Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre su admisión a trámite.

Tanto el querellante como sus abogados no contemplan otro escenario que no sea la admisión a trámite pues se trata de crímenes contra la humanidad en relación con un delito de tortura (art. 607 bis del Código Penal) que, según el derecho internacional, no prescriben.

Argentina

No es la primera vez que las víctimas ponen el punto de mira en ‘Billy el Niño’, cuya extradición fue solicitada por la jueza argentina María Servini que instruye la denominada querella argentina por crímenes del franquismo.

Sin embargo, hace tres años la Audiencia Nacional rechazó su extradición a Argentina al asegurar que habían prescrito los 13 delitos de torturas por los que se le reclamaba, los cuales no pueden ser calificados de lesa humanidad porque no formaban parte de un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”. Sin embargo, la Fiscalía dejó la puerta abierta a la presentación de denuncias en aquellos territorios donde se produjeron los hechos.

El abogado Manuel Ollé ha explicado que sería “un despropósito grosero” escudarse en la Audiencia Nacional para rechazarla, cuando, ha añadido, la Constitución, el ordenamiento jurídico, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos les amparan.

Para lograrlo, el equipo jurídico ha incluido un informe pericial cuyas conclusiones son “irrefutables” con el objetivo de que el juez tenga un “elemento valioso y contundente” para avanzar.

Ahora bien, lo cierto es que la tipificación del delito como lesa humanidad es clave para que la iniciativa no acabe archivada, ya que no cabría la prescripción; como también lo sería no tener en cuenta la Ley de Amnistía de 1977, que el letrado considera “nula e inexistente” en términos de derecho internacional.

elcorreo.com

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