Otoño de movilizaciones por la subida de salarios y pensiones

Este verano no ha habido paz social y el otoño se prevé movido también. “Será un reflejo de lo que ha pasado en verano”, ha dicho a este diario el secretario general de UGT, Josep M. Álvarez. “No hay más conflictividad porque sí, la situación es muy complicada”, apostilla Mercedes González, secretaria de Acción Sindical de CCOO. La huelga de los trabajadores de la seguridad privada del aeropuerto de El Prat, de gran impacto social en plena campaña de verano, ha contribuido a subir el termómetro del malestar laboral y devuelto al primer plano las precarias condiciones de trabajo que han dejado las reformas aprobadas con la crisis.

En cuanto se inicie septiembre, los sindicatos mayoritarios desplegaran una estrategia de movilizaciones con el objetivo de que se incrementen los salarios y las pensiones para “repartir la riqueza”, en palabras de Álvarez y para que “la recuperación revierta en la clase trabajadora”, dice González.

Las pensiones y Aena abren el curso

Las marchas para reclamar pensiones dignas ya tienen fecha, del 30 de septiembre al 9 de octubre. Proseguirán durante el último trimestre, en paralelo al debate de los Presupuestos Generales del Estado. A ellas se unirán las movilizaciones por la recuperación del salario de los empleados públicos y de los sectores en los que las adjudicaciones privadas hayan rebajado los derechos de los empleados, como permite la reforma laboral. También hay ya un calendario de huelgas en Aena, que se ve afectada por el mismo problema de concesiones que el aeropuerto barcelonés.

CCOO y UGT lo advirtieron en primavera: en caso de que no hubiera un acuerdo marco salarial con la CEOE para este año y el próximo, la conflictividad subiría y sería sectorial. Una situación que para el Gobierno y las empresas supone un mayor desgaste que una huelga general.

El pacto salarial no ha sido posible aunque se han seguido firmando convenios sectoriales y de empresa con una subida media de 1,33%. Este incremento contrasta con el 1,5% de inflación en julio y con el 3% de crecimiento de la economía previsto por el Gobierno. La patronal es más optimista y eleva la previsión hasta el 3,2%. Sin embargo, en la mesa de negociación con las centrales no aceptó subidas por encima del 2% y rechazó de plano la cláusula de revisión salarial si los precios suben más de lo previsto.

“Si la CEOE hubiera sido hábil, hubiéramos alcanzado acuerdos”, afirma Álvarez. Ahora el objetivo es lograr un pacto para el 2018. UGT y CCOO ya han fijado los mínimos elementos de la estrategia conjunta de negociación con la patronal. Nada de dejar pasar el tiempo. Todo lo contrario: formar una mesa de negociación real con un temario definido, un calendario preciso y unos interlocutores con todas las atribuciones.

Salario mínimo en convenio

Álvarez aporta el primer punto del temario: el salario mínimo de los convenios debe ser de mil euros. “Supondría un salto cualitativo”, dice el líder de UGT, “y no generaría problemas de competitividad”. Los trabajadores, coinciden Álvarez y González, deben beneficiarse de la buena marcha de la economía y de las inmejorables previsiones de crecimiento. “No se puede permitir que haya trabajadores pobres con un sistema de relaciones laborales feudal y esclavizado”, afirma la dirigente de CCOO.

El conflicto de El Prat no solo ha abierto la polémica sobre si la seguridad de los ciudadanos puede estar en manos privadas, sino si los sueldos, (en tono a los 800 euros para los trabajadores con menos antigüedad) son los adecuados para esta tarea. “Esta situación es la consecuencia directa de la acción del Gobierno mediante la reforma laboral. Es un modelo de precarización de los trabajadores y que la gente no lo asuma parece que molesta”, apunta González.

Las empresas multiservicios

La reforma laboral apostó por la negociación colectiva en las empresas y no en los sectores. El modelo abrió la puerta a las empresas multiservicios, que se ocupan de cosas tan variadas como la seguridad de los aeropuertos, guarderías, limpieza, salud o asistencia a la dependencia. Así se “aprovechan”, dicen las centrales, de las contratas públicas con oferta muy bajas porque “ajustan por las personas, por los costes laborales”, señala González.

UGT propone cambios en las adjudicaciones públicas para evitar abusos

El caso de El Prat ha vuelto a la actualidad las lagunas en la contratación del sector público, que mueve más del 15% del Producto Interior Bruto (PIB), según UGT, que reclama para los trabajadores de las adjudicatarias los mismos derechos que el sector en el que presten sus servicios. Para evitar discriminaciones y  que el servicio público prestado no alcance los mínimos exigibles UGT pide que la nueva ley de Contratos del Estado, que se está tramitando en el Senado, regule obligatoriamente que los contratos públicos incorporen cláusulas sociales para la selección del contratista, la adjudicación del contrato y la ejecución del servicio.

Estas cláusulas deberían impedir la adjudicación con empresas que pujen de forma temeraria a la baja, mediante la rebaja de las condiciones de trabajo, el salario y la jornada. Las condiciones laborales de los trabajadores de la adjudicataria deberían ser reguladas por el convenio colectivo aplicable al presentar la oferta. En caso de incumplimiento se podría  penalizar o incluso rescindir el contrato.

 

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