Fractura en el tribunal interno de Podemos por los estatutos que castigan las filtraciones

Comisión de Garantías Estatal de Podemos, el tribunal del partido que resuelve los conflictos internos, ha vuelto a primera plana seis meses después de resultar elegido en Vistalegre II. Este órgano arbitral es uno de los más sensibles de la formación y se ha convertido en objeto de polémica a raíz de los nuevos estatutos aprobados por la ejecutiva de Pablo Iglesias que contemplan castigar las filtraciones de información “comprometida” o que perjudiquen “la buena imagen” de sus representantes. La presidenta de la comisión, Olga Rodríguez, habría elaborado y presentado en la Comisión un dictamen que impugnaba este nuevo reglamento, según adelantó El Confidencial. Este intento ha sublevado a parte de la Comisión, que ha criticado duramente la actuación de su responsable en un documento interno al que ha tenido acceso El Independiente.

El partido morado aprobó en su Asamblea de Vistalegre II de febrero encomendar a la Ejecutiva estatal la renovación de los estatutos para adaptar los acuerdos alcanzados en el congreso. Sin embargo los nuevos estatutos [consultar en PDF] daban un paso más y ampliaban el capítulo de infracciones. La presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Rodríguez, ha pedido la nulidad del nuevo régimen disciplinario y sancionador de los estatutos y restituir el régimen disciplinario del estatuto anterior.

La presidenta cuestiona la legitimidad de la ejecutiva de Iglesias para imponer medidas sancionadoras

En su dictamen, la presidenta justifica esta propuesta en la falta de legitimidad de la ejecutiva de Iglesias -llamada Consejo de Coordinación- para elaborar este reglamento puesto que a su juicio se trataba de una “legislación nueva e independiente del documento organizativo de Vistalegre II”. Rodríguez defendía en su escrito que estos cambios, “de indudable relevancia organizativa”, tendrían que someterse a votación entre los inscritos y cuestionaba la legitimidad de los nuevos estatutos. Las diferencias en el seno del tribunal de Podemos respecto a este dictamen han culminado en una pugna en la que una parte del órgano pone en cuestión el buenhacer de su presidenta, Olga Rodríguez.

Este dictamen se sometió a votación el 26 de julio, en la reunión ordinaria de la Comisión de Garantías y obtuvo el voto en contra de tres de los cinco miembros titulares de la Comisión, sin computar el voto de los miembros suplentes. El documento Organizativo salido del congreso de Podemos establece que la Comisión de Garantías está formada por cinco personas titulares y cinco suplentes, aunque no se refiere específicamente sobre el derecho a voto de estos últimos. Es aquí donde reside la polémica. Los documentos votados por los inscritos dejaban en el aire esta cuestión, y una vez conocidos los miembros de la Comisión de Garantías -tanto los titulares como los suplentes-, fue la ejecutiva de Iglesias la que limitó el derecho a votación, estableciendo en el art. 68 de los nuevos estatutos, que “los suplentes podrán participar en el Pleno con voz pero sin voto”.

Parte del tribunal censura la actuación de la presidenta

La impugnación de los estatutos que la presidenta de la Comisión de Garantías quiso llevar a cabo también quería acabar con este último apartado, con el fin de permitir que tanto unos como otros tuvieran derecho a sufragio. Rodríguez presentó así otro dictamen dedicado a este punto que se sometió a votación. En esa votación, la presidenta habría optado por que se pronunciaran tanto los miembros titulares como los suplentes. Una decisión que ha puesto en pie de guerra a parte del tribunal, que se encuentra en estos momentos dividido, no tanto por cuestiones políticas sino procedimentales.

“Sorprendentemente, la Presidencia actuó como si el dictamen que pretendía aprobar hubiera sido de hecho aprobado, computando para una supuesta aprobación el voto que dicho dictamen-de haber sido probado- hubiera dado a los suplentes”, resume un documento interno al que ha tenido acceso El Independiente, elaborado por la Secretaría de la Comisión de Garantías Democráticas, donde también se denuncia el intento de “violación de fondo de las decisiones de la Asamblea Ciudadana”.

La Comisión es uno de los órganos más polémicos de Podemos y ocupó parte del debate pre-Vistalegre

Las discrepancias de una parte del órgano con Rodríguez también radican en lo que consideran una presunta “extralimitación en sus funciones”. Las competencias de la Comisión establecidas en el documento organizativo señalan que el tribunal “actuará exclusivamente a petición expresa de una persona inscrita u órgano del partido”, por lo que la presidenta del tribunal no podría actuar de oficio, tal y como habría sucedido, según denuncia el documento.

No es el primer desencuentro que tiene lugar en el seno de este tribunal, aunque los conflictos no se han hecho públicos debido al carácter no público de las actas y resoluciones del órgano. Este asunto también ocupó un debate antes de Vistalegre II, donde algunas voces defendieron la necesidad de dotar de mayor transparencia al órgano. Las desavenencias en el tribunal de Podemos no son sin embargo ninguna novedad: la anterior Comisión de Garantías también sufrió varios terremotos internos. En sus últimos compases antes del congreso de Podemos, y cuando la fractura en el partido era evidente, se produjo uno de los enfrentamientos más duros, cuando algunos de sus miembros denunciaron haberse enterado por la prensa de una resolución favorable a Ramón Espinar. Una decisión por la que el senador, diputado regional y líder autonómico pudo mantener sus tres cargos, contrariamente a los documentos votados por los inscritos.

lindependiente.com

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