El movimiento memorialista celebra su «victoria simbólica» y asume que la exhumación de Franco es «el inicio de un trabajo enorme»

La exhumación del dictador se consolida como una realidad próxima. Así lo ha asegurado el viernes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros. Y aunque la fecha no es exacta –en todo caso antes del viernes 25 de octubre–, el procedimiento parece haber sorteado ya todas las trabas impuestas. Al anuncio del Gobierno le ha seguido un suspiro de alivio, el de las asociaciones que llevan años luchando por que se haga justicia. Creen que la batalla la han ganado ellos, pero reconocen que la victoria es «simbólica» y está marcada por la «cautela».

Miguel Ángel Muga es abogado y activista en la Federación Estatal de Foros por la Memoria. En conversación con infoLibre, comenta que sí se siente victorioso, pero la celebración llegará más adelante. «Lo vamos a celebrar», augura, pero difiere respecto a los términos en los que se ha expresado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Esto no repara a las víctimas», advierte, «este es sólo uno de los muchos puntos» consensuados por más de un centenar de organizaciones por la memoria. 

Coincide con él Arturo Peinado, presidente de la misma federación. A su modo de ver se trata de una «victoria más simbólica que efectiva«, por lo que pospone la celebración al día en que la promesa se cumpla. «Vamos a esperar a celebrarlo, entonces convocaremos a todo el mundo para que salga a las plazas y a las calles, para celebrar la gran victoria de la democracia frente al fascismo y de la justicia frente a los que han intentado crear un régimen de impunidad, silencio y mentiras durante ochenta años», subraya.

Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, incluye cautela en su reacción. «El hecho en sí mismo es positivo, lo que no está tan bien es todo el proceso que ha seguido», indica echando la vista atrás. Un proceso que valora como «excesivamente largo y condescendiente con la familia Franco«. Lo que fue un «entierro retrasmitido al mundo y con todos los honores», sostiene el activista, debería rematar ahora en una exhumación en las mismas condiciones, «pero retirando todos los honores a un genocida».

Las asociaciones por la memoria reparan igualmente en que la decisión de exhumar al dictador «no es el final de nada, sino que debería ser el comienzo de un compromiso por parte del Estado«. Y esa responsabilidad pasa por cumplir una serie de tareas que no pueden quedar pendientes más tiempo.

Resignificar el Valle

El primer paso por dar lleva directamente al Valle de Cuelgamuros. La resignificación del complejo monumental y su reconversión en lugar de memoria para las víctimas se configura como prioridad en la agenda de las asociaciones. Así lo planteó también la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos, un grupo creado en mayo de 2011 y compuesto por una docena de personalidades que elaboró ese mismo año un informe con propuestas para dignificar el espacio.

Una cuestión irrenunciable para las asociaciones es la de exhumar a José Antonio Primo de Rivera. «Además de ser uno de los promotores del golpe y un fascista, no es uno de los caídos en la Guerra Civil», recuerda Muga. El siguiente paso es «desacralizar el Valle», sostiene Sánchez, «no tiene sentido que haya una basílica». No puede ser, completa Muga, «que un espacio público dé cobijo a una orden benedictina que por convenio tiene la función de proteger a un dictador y su supuesto honor«. Con ello, añade, es importante retirar asimismo «una cruz que no es cristiana, sino nacional-católica».

A partir de ahí, los activistas creen fundamental trabajar sobre un «proceso para formar a la gente» respecto a la construcción del Valle, su significado y el trabajo de los republicanos. Una suerte de homenaje, sostiene Muga, a «los luchadores» y que dé testimonio «del horror fascista». Que se abandone «ese discurso que lo señala como un lugar de paz y reconciliación: no tenemos que reconciliarnos con criminales que no nos han pedido perdón ni han pasado por un juicio», sentencia. También Peinado apuesta por un «lugar de homenaje y recuerdo a las víctimas», además de la «salida de los republicanos que fueron trasladados, para que dejen de servir de homenaje a sus asesinos».

Fuera de las fronteras del Valle, Sánchez recuerda otra de las tareas más inmediatas para construir memoria. «En este momento, está activa en un pequeño pueblo de Cáceres la búsqueda de tres jornaleros», una labor que están llevando a cabo «hombres de 88 años, los hijos de esos jornaleros, que están esperando a encontrar a sus padres». Es uno de los «muchos casos» que existen en el país y que necesitan respuesta institucional. «Es urgente que el Estado se encargue«, recuerda Sánchez, en lugar de dejar la búsqueda de los desaparecidos en manos de asociaciones y familiares. 

Muga sitúa, por otro lado, a la Ley de Memoria Histórica en el foco. Una ley que «es de impunidad y no garantiza los derechos de verdad, justicia y reparación». Además de la revisión de la norma, urge «la nulidad de las sentencias dictadas por tribunales franquistas» y de la «Ley de Amnistía, que no permite ajusticiar a los victimarios que siguen vivos». En el camino se cruza también la necesidad de tejer una ley de víctimas, que contemple medidas de reparación. «Que se iguale en derechos a las víctimas del franquismo con otras víctimas a las que el Estado español ha reconocido», completa Peinado, quien también habla de asuntos como «la exhumación judicializada de las fosas clandestinas y la eliminación de simbología franquista».

La polémica del prior

El movimiento por la memoria responde también a la polémica que ha protagonizado recientemente el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Si bien este viernes defendió que la Abadía ha actuado «siempre dentro de la legalidad» respecto a la exhumación, un día antes había amenazado con no autorizar la entrada a la Abadía para proceder a la exhumación

Muga dice observar la actitud del prior «con preocupación», pero con la seguridad de que «las resoluciones se tienen que cumplir«. El activista y jurista amplía el foco y reprueba, además, la «actitud cercana a su pasado franquista de la Iglesia» que declinó «desautorizarle públicamente». Una forma de proceder, entiende, que sigue la estela de la «veneración al golpe, la equidistancia y el rechazo a las víctimas».

Para Sánchez, el tipo de comportamiento que sigue el prior «tiene su lógica», precisamente por el mismo motivo que lanza Muga: «Dieron apoyo a Franco y ellos mismos llegaron allí con la función de cuidar del mausoleo». Lo que no entiende tan razonable es la respuesta –o la falta de respuesta– de las instancias superiores. «Dependiendo directamente del papa, es incomprensible que no haya hecho un gesto y haya desautorizado al prior para decirle que debe acatar la ley«. Pero el problema de fondo, zanja, tiene que ver con la «impunidad» que existe en todo lo que rodea a «la apología del franquismo». Y así seguirá, vaticina, si no se toman medidas.

infolibre

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