El Gobierno se prepara para ilegalizar la Fundación Franco y multar por apología

El Gobierno está preparando la arquitectura legal que abra la puerta a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Una vez procedida a la exhumación de los restos del Valle de los Caídos el siguiente paso es, por un lado, acabar con el ducado que ostenta la familia y, por otro, declarar fuera de la ley a las organizaciones y fundaciones que realicen que inciten «directa o indirectamente» al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La Vicepresidencia primera ha iniciado los trámites de las leyes que marcarán la legislatura de la coalición: la Ley de la Memoria Democrática. En julio se pretende hace el primer movimiento.

Superada la crisis de la Covid en Moncloa creen que ha llegado el momento de dar un paso al frente y recuperar iniciativas guardas en un cajón. Una de ellas es esta, una normativa que aspira a «mejorar» la ley de 2007 que impulsó de forma pionera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en nuestro país y que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han fijado como prioritaria para la coalición. Las medidas que se contempla para este proyecto pasan por declarar el 31 de octubre (la jornada de aprobación de la Constitución y esa ley del anterior Ejecutivo socialista) como día de recuerdo para las víctimas del régimen franquista.

Acabar con el legado de Franco será, por tanto, una de las prioridades de esta ley. Para ilegalizar, como persona jurídica, la Fundación que lleva el nombre del dictador y que preside el general Juan Chicharro, el Gobierno pretende plantear la modificación de la Ley de Fundaciones y la normativa del derecho de Asociación, según explican fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por La Información. El argumento es el ya citado: incitación a odio o violencia contra las víctimas del franquismo. 

Entrevista a Mercedes Manjón Fernández

Mira tambiénMercedes, centenaria y sanitaria: «Todo lo que he hecho en mi vida ha sido útil»

A día de hoy el Gobierno tiene avanzado una buena parte del trabajo para proceder contra el franquismo y los vestigios de la dictadura. Fue durante la etapa de Dolores Delgado en el Ministerio de Justicia cuando se avanzó hacia una nueva Ley de la Memoria pero la convocatoria de elecciones paralizó todos los planes. Tras la investidura Sánchez e Iglesias uparon la Dirección General de Memoria Histórica a Secretaría de Estado y la encuadraron en Moncloa. Es más, el departamento de la vicepresidenta Carmen Calvo pasó a llamarse Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su responsable es Fernando Martínez, secretario del área en la Ejecutiva del PSOE, secundado por Diego Blázquez, como director general; y María Jesús Gabín como secretaria general de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. 

La ofensiva que prepara el Gobierno contra los Franco no acaba ahí. Sánchez también pretende recuperar el Pazo de Meirás, aunque este asunto requiere de una mayor complejidad y no puede ser abordado en la nueva Ley de Memoria Democrática que está preparando Moncloa. «Auditaremos los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público», se puede leer en el acuerdo de coalición. Pero la familia dispone de una escritura que contempla que ese bien es de su propiedad. Franco compró el Pazo de Meirás en 1941 por un precio de 85.000 pesetas

Endurecimiento de las sanciones por apología y exaltación

El Gobierno también está estudiando sanciones económicas ante determinados actos en los que un grupo de personas se dediquen a exaltar el franquismo o hacer apología de la dictadura. Aquí entraría todo tipo de situaciones, como la exhibición de banderas o los lemas a favor de lo que representó Franco en nuestro país. Esto quiere decir que los tradicionales actos del 20 de noviembre coincidiendo con el aniversario del dictador serían prohibidos y podría abrirse expediente sancionador. Del mismo modo, en una Proposición de Ley presentada el pasado mes de enero por el Grupo Socialista se puede leer que los locales donde se realicen este tipo de actos podrán ser clausurados. Fuentes socialistas apuntan que esa iniciativa será el armazón de esta nueva ley que se pretende negociar con los grupos parlamentarios en el Congreso a la vuelta del verano.

En la propuesta del PSOE, por ejemplo, se distinguen entre tres tipos de sanciones: muy graves, graves o leves. Así, no impedir la exaltación de la figura de Franco en un municipio acarrearía para el ayuntamiento una multa de entre 10.001 y 100.000 euros. El mantenimiento de simbología de exaltación de la dictadura franquista podría llevar aparejado el pago de entre 2.001 y 10.000 euros. Y el deterioro de las placas identificativas de los Lugares de Memoria Histórica supondría una sanción de 200 y 2.000 euros. Todo ello deberá ser concretado en el decreto que salga del consejo de ministros y que se encuentra en consulta pública desde el viernes a la espera de aportaciones. Y hay que recordar que las iniciativas gubernamentales se colocan por delante de todas las proposiciones y son tramitadas con prioridad en las Cortes Generales.

Exhumaciones en fosas comunes y otras medidas

La Ley de Memoria Democrática también contemplará un impulso las exhumaciones de restos tanto en fosas comunes como en el Valle de los Caídos, la creación de un banco de datos de ADN de las víctimas, la retirada de la simbología franquista en lugares públicos o un potente plan para encontrar a familiares desaparecidos durante el franquismo, entre otras cuestiones. Esta fue una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su informe de julio de 2014, hace ya seis años. También se pretender crear un Censo Nacional de Víctimas para los casos de ‘bebés robados‘.

Todas estas iniciativas deberán ir acompañadas de recursos económicos en los próximos Presupuestos. Fuentes del Gobierno dan por seguro que en esas cuentas habrá una partida especial destinada a Memoria Democrática superior a la del último proyecto presupuestario que fracasó, el de 2019. Entonces el Ejecutivo de Sánchez en solitario pretendió destinar 15 millones de euros a estas cuestiones. Desde el año 2012, el primer PGE de Mariano Rajoy, no se destinan fondos a estas políticas. Entonces fueron 2,5 millones.

lainformacion

Share Button

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *