El fiscal Anticorrupción investiga al Gobierno de Zapatero por ayudas a UGT

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el Ministerio de Industria que dirigía el socialista Miguel Sebastián durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se “concertó” con líderes sindicalistas mineros de Asturias para otorgarles de forma irregular 31 millones de euros para la construcción de una residencia de ancianos en un terreno “no urbanizable y de interés agropecuario”.

La subvención “sobredimensionada” para la creación de esta instalación en Felechosa (Asturias) sirvió posteriormente para que el histórico dirigente minero de la UGT, José Ángel Fernández Villa, y su mano derecha, José Antonio Postigo, se desviaran “ingentes cantidades de dinero” a sus bolsillos que, en el caso del primero, se intentaron camuflar mediante una falsa herencia familiar.

El Ministerio Público sostiene en la querella de la denominada operación Hulla -que se inició hace dos semanas y en la que hay 16 investigados-, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, que “la connivencia” entre las “autoridades y cargos públicos” gubernamentales y los líderes mineros “llegó hasta el extremo de que, mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto”, la entidad adjudicataria, la mutualidad minera Montepío, “ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra”. Asimismo, recalca que “dicha obra había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas”.

A juicio de Anticorrupción, “el papel decisivo” en la trama para conseguir los fondos públicos y desviárselos lo desempeñó Villa, líder sindical de la minería asturiana durante los últimos 40 años, “persona de notable poder de decisión y de influencia social, económica y política en el Principado de Asturias”, que “se prevalió del poder que le concedían los cargos que desempeñó desde 1978”. “Principalmente como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación Socialista Asturiana y como secretario general de la organización sindical SOMA-FITAG-UGT”.

También recalca Anticorrupción que dicha influencia proviene de su pasado como miembro de Ejecutiva Federal del PSOE y de su etapa como senador y diputado regional.

Licitación ficticia

Revestido de este “poder”, Villa “situó al frente de Montepío en 2006 a José Antonio Postigo”. También le sirvió, subraya Anticorrupción, para “influir en la decisión de conceder a dicha mutualidad una subvención a cargo de los Fondos Mineros de casi 31 millones desde el Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria”, pese a que la normativa que regulaba entonces la adjudicación “no contemplaba dicha posibilidad”.

Recalca la Fiscalía que “el acto administrativo de concesión de la subvención” fue suscrito el 22 de diciembre de 2009 y que por parte del IRMC estampó su firma “el secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe“. Este procedimiento estuvo, a juicio de Anticorrupción, repleto de irregularidades.

En él “se falsearon y ocultaron datos esenciales para obtener la subvención de fondos públicos” y “el convenio de colaboración para la concesión de dicha subvención se firmó simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello”. Asimismo, “se creó un procedimiento de licitación ficticio para la adjudicación de la obra”, “se concedió la subvención por un importe muy superior al que hubiera sido necesario para acometer dicho proyecto, estando este sobredimensionado”, y “no se destinó parte del dinero de la subvención a los fines para los que fue concedida”. Por el contrario, “se obtuvieron ilícitamente ingentes cantidades de dinero, posteriormente aflorado al circuito financiero legal”.

Esta millonaria subvención “fue el principal origen del incremento patrimonial ilícitamente obtenido” por Villay Postigo. Ambos recurrieron a la amnistía fiscal para “legitimar” sus comisiones “utilizando para ello a sus familiares”. En el caso del primero, que afloró de golpe más de un millón, se recurrió por parte de su asesor fiscal de forma “mendaz” a una inexistente “herencia familiar” para justificar su origen. “Dichas cantidades”, indican los fiscales Carmen García e Ignacio Stampa, “no pueden proceder de sus ocupaciones profesionales ni de otros rendimientos de carácter lícito al no haber tenido nunca su núcleo familiar tal capacidad de ahorro”.

Por todo ello, Anticorrupción advierte de los delitos de blanqueo, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la Hacienda pública. En lo que respecta a las “autoridades y funcionarios públicos intervinientes”, se investigan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación.

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