Nace Santander X, la mayor plataforma del mundo para emprendimiento universitario

Banco Santander anunció el lanzamiento de Santander X, una iniciativa que nace con vocación de convertirse en el mayor ecosistema de emprendimiento universitario del mundo. Santander X ofrecerá una red de colaboración en la que universidades y emprendedores de todo el mundo podrán colaborar, compartir ideas y conocimientos, e incluso atraer inversión. Permitirá a las universidades compartir mejores prácticas, monitorizar sus programas de emprendimiento y medir su impacto.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, lanzó la iniciativa en Ciudad de México, en un acto que contó con la asistencia de rectores de 50 universidades de varios países y emprendedores mexicanos, así como del presidente ejecutivo de Santander México, Héctor Grisi.

Ana Botín dijo: “Santander X aspira ser el punto de conexión de todos los emprendedores. Será el mayor ecosistema global de emprendimiento universitario. Abrirá puertas al talento para construir un mundo mejor para todos”.

La plataforma se ha desarrollado inicialmente en asociación con 40 universidades de siete países: Argentina, Brasil, Chile, España, México, Portugal y Uruguay. El objetivo es aumentar el número de universidades adheridas al programa hasta las 50 en los próximos tres meses y llegar finalmente a más de 1.000 instituciones.

En los próximos cuatro años Santander destinará 50 millones de euros en apoyo a programas de emprendimiento en las universidades. A finales de 2017 habrá 900 proyectos conectados a Santander X.

Entre las instituciones participantes se encuentra la Universidad Centro (México), cuya directora general, Kerstin Scheuch, subrayó la importancia de que “las universidades puedan promocionar internacionalmente sus mejores capacidades emprendedoras e intercambiar su conocimiento con otras universidades, lo que les permitirá “crear una red global incomparable”.

La plataforma Santander X ofrecerá un espacio digital abierto y colaborativo en el que los estudiantes y los emprendedores tendrán acceso a los recursos de la comunidad. Podrán ponerse en contacto con otros miembros del ecosistema Santander X para desarrollar sus proyectos, encontrar nuevas oportunidades, colaboradores y mentores, o solicitar asesoramiento al departamento de emprendimiento de su universidad.

Compromiso con la Universidad

Santander es en la actualidad la empresa que más apoya a la educación superior en el mundo. Ofrece más de 36.000 becas al año y colabora con más de 1.100 universidades de 21 países.

El objetivo de Santander X es reforzar estas alianzas para ayudar a emprendedores de todo el mundo a crecer e impulsar proyectos con impacto social que contribuyan al progreso. El respaldo del Santander al mundo universitario comenzó hace 20 años, con la creación de

Santander Universidades. Como resultado, se ha creado una red de más de 1.100 universidades.

Asimismo, Santander promueve numerosas iniciativas en apoyo a emprendedores en todo el mundo con más de 350 programas de apoyo al emprendimiento en las universidades. Más de 7.000 emprendedores reciben apoyo del Grupo cada año. Además, más de 25.000 jóvenes participan en los premios de emprendimiento que el banco patrocina cada año.

elnortedecastilla.es

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Los funcionarios verán congelado su sueldo en 2018 por la falta de Presupuestos

Los funcionarios comenzarán 2018 con el sueldo congelado. Esa es una de las consecuencias de la falta de Presupuestos para el próximo año que recoge el documento enviado por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado lunes. En concreto, el Ejecutivo explica que al no haber cuentas públicas renovadas para el siguiente curso el salario de los empleados públicos no se moverá a pesar de que el Ministerio de Hacienda estaba negociando con los sindicatos un alza del 1,5% para 2018. Asimismo, el informe también advierte de otras consecuencias de la falta de Presupuestos como un aumento del déficit y detalla una subida de las pensiones del 0,25%, la mínima establecida por la ley.

El plan presupuestario enviado a Bruselas apurando los plazos recoge una estimación sobre los ingresos y gastos de cara a 2018 basado en un escenario de «política constante». Es decir, de prórroga presupuestaria que no permite cambios en las diferentes partidas (salvo casos de emergencia). En este sentido, el Ejecutivo contempla como líneas generales que el gasto público el próximo año se reducirá seis décimas al pasar del 41,2% al 40,6% del PIB. Un descenso basado en el «supuesto de congelación de los salarios públicos».

Esta afirmación no ha gustado nada a los sindicatos. Desde CSIF manifestaron este martes su «más absoluto rechazo» a esta congelación salarial y pidieron en un comunicado una «aclaración urgente» al Ministerio de Hacienda por la «incertidumbre» que esta noticia genera en los 2,5 millones de empleados públicos del país. Así, el sindicato recordó que la negociación sobre la revalorización salarial de los funcionarios estaba abierta a pesar de la prórroga presupuestaria y solicitaron que se retome el diálogo.

De hecho, la congelación anunciada en el documento contrasta con el contenido de esas reuniones en las que el departamento que dirige Cristóbal Montoro proponía a los sindicatos un alza en 2018 de los salarios del 1,5% (una cifra superior al 1% de 2017) que podría incrementarse entre un 0,25% y un 0,5% más si las previsiones de crecimiento mejoraban. Además, Hacienda planteó una mejora de las retribuciones en 2019 y 2020 de al menos el 1,75% y el 2%, respectivamente.

En este sentido, desde Hacienda insistieron en que la intención del Ejecutivo es revalorizar el sueldo de los empleados públicos, pero resaltaron que la ausencia de nuevos Presupuestos se lo impide. Sin embargo, los sindicatos consideran que en el peor de los casos el Gobierno podría prorrogar la subida salarial del 1% incluida en las cuentas de 2017. Algo que no parece estar en la mente del Ejecutivo, que además puede usar esta situación como un arma de presión para intentar lograr el apoyo necesario en el Parlamento para sacar adelante los Presupuestos. Algo improbable mientras la situación de Cataluña siga tan enconada.

En cualquier caso, mientras el gasto público se reducirá por la congelación salarial de los funcionarios, los ingresos del Estado en 2018 se elevarán y pasarán de representar un 38,1% del PIB a un 38,3%. Una mejora que el Gobierno justifica por «el efecto de las medidas normativas aprobadas recientemente y por la buena marcha de la economía» a pesar de que en el mismo informe acaba de reducir tres décimas el avance del PIB hasta el 2,3%.

Lucha contra el fraude

En cualquier caso, Hacienda espera una mayor contribución de la lucha contra el fraude en los ingresos y aunque no hace una previsión a futuro sí explica que en los primeros seis meses de 2017 la Agencia Tributaria ya ha obtenido 7.459 millones por esta vía, lo que supone un 5,17% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, el plan presupuestario también recoge lo que era un secreto a voces: la subida de las pensiones en 2018 será, por quinto año consecutivo, el mínimo legal del 0,25%. En este sentido, la falta de unas cuentas públicas actualizadas no impide la revalorización mínima que fija la ley. Pero este incremento no evita una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas dado que la previsión de inflación para el próximo año es del 1,6%. Una menor capacidad de compra que se sumará a la registrada en 2017. Este es el motivo por el que los sindicatos y partidos de la oposición como el PSOE y Unidos Podemos reclaman sin suerte al Gobierno que fije una revalorización para las pensiones que al menos sea igual al IPC.

El documento enviado a Bruselas también confirma que el Gobierno destinará 2.000 millones al rescate de las autopistas de peaje quebradas, lo que podría tener un impacto en el déficit como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por último, el Ejecutivo recuerda a las comunidades autónomas que los 4.020 millones de aumento de las transferencias que les correspondería el próximo año por los mayores ingresos tributarios está «condicionado» a la aprobación de unos nuevos Presupuestos. Otro elemento de presión.

ideal.es

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El presidente del Gobierno y el líder de Podemos se reprochan la presunta financiación ilegal de sus respectivos partidos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, han protagonizado este miércoles un duro rifirrafe en la sesión de control en el Congreso, en el que se han echado en cara los ‘trapos sucios’ relacionados con la financiación de sus respectivos partidos.

En su turno, el dirigente morado ha pedido a Rajoy que valore el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya dado por probado que el PP se financió ilegalmente a través de la ‘trama Gürtel’. “La Inquisición vuelve con fuerza”, le ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha restado importancia al escrito del fiscal al recordar que es un caso que ocurrió hace catorce años en dos ayuntamientos de la comunidad de Madrid “en las que pudieron hacerse donaciones para campañas electorales”. Rajoy ha señalado, además, que el PP “no está acusado” sino que aparece como responsable a titulo lucrativo: “Para eso hace falta no tener conocimiento del delito”, ha argumentado.

Iglesias ha contraatacado citando a los Monty Phyton: “Nobody expects the Spanish Inquisition”. Y, a continuación, ha ligado el tema con Cataluña. “Vuelvan ustedes a la legalidad, porque no se puede dialogar con quien está fuera de la ley y la Constitución. ¿Van a volver ustedes a la legalidad? Y contésteme sin ambigüedades, con un sí o un no”, ha señalado el líder de Unidos Podemos parafraseando el requerimiento que el Gobierno envío a Carles Puigdemont.

Por su parte, Rajoy ha afeado al secretario general de Podemos que use ahora los argumentos de la Fiscalía cuando “la pone de vuelta y media” cuando no le gustan sus resoluciones. Y ha jugado la carta de la presunta financiación de la formación morada a través de Irán y Venezuela, instando a Iglesias a que dé explicaciones al respecto. “Me lo explica y todos felices”, ha apostillado el presidente, en medio de una ovación de la bancada popular.

La sede del PP

Iglesias ha pedido al PP que vuelva a la legalidad, pida perdón españoles, devuelva el “dinero robado” y cambie de sede “para que no tengan una que se ha financiado con dinero negro”. Y ha terminado citando a Pablo Casado, que hace unas semanas auguró a Puigdemont el mismo final que a Companys. “Es bueno no repetir la historia, no vaya a ser que acaben como el expresidente Ignacio González. En la cárcel”, ha rematado.

Poco después de la intervención de Iglesias, la diputada de su grupo Noelia Vera dedicaba una pregunta similar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y le mostraba una foto de la sede nacional del PP, parcialmente cubierta por una bandera de España. “Intentan tapar la corrupción con la bandera”, ha subrayado Vera, a lo que el ministro ha respondido con argumentos similares a los del presidente del Gobierno, pero añadiendo una petición de “respeto” a la “presunción de inocencia”.

larioja.com

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Maduro acepta grabar un ‘Salvados’ con Évole y le advierte de que España está encarcelando “a todos los jordis

Esta mañana el equipo de Salvados, el programa de reportajes de La Sexta dirigido y presentado por Jordi Évole, ha informado del avance en las gestiones para que el periodista español pueda entrevistar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

En tono jocoso, el perfil en Twitter de Salvados alerta de que “está pasando”, y adjunta un vídeo en el que Évole pregunta a Maduro si aceptaría grabar un Salvados, porque “ya sabe usted que en España se habla mucho de Venezuela”, expone el periodista ante una cámara.

“Así que para contrastar nos gustaría desplazarnos a Venezuela, a Caracas, y poder realizarle una entrevista. ¿La acepta?”, pregunta, en un vídeo emitido a su vez por la cadena pública “Venezolana de Televisión”.

A continuación, la respuesta de Maduro, cuya primera afirmación es: “Ten cuidado Jordi, porque en España están metiendo a preso a todos los Jordis”, en referencia al encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición ante los registros de la Guardia Civil a la Generalitat del pasado 20 de septiembre.

Acto seguido presenta, “para quien no lo conozca en Venezuela”, al periodista español, que hace “un programa bueno, candente, no es un periodista complaciente, es mordaz”, continúa.

“Y te digo Jordi, puedes venir a Caracas cuando tú quieras, y aquí estoy a tu orden, y a la orden de Salvados, a la orden de España”, responde el presidente bolivariano.

Y como colofón, sugiere que “si se quiere venir el programa Zapeando, que yo siempre veo, que se venga contigo y hacemos un programa de Zapeando aquí”. “Nosotros queremos a España”, concluye el vídeo.

elboletin.com

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El PSOE aboga por que un ministro de Rajoy asuma la gestión de Catalunya con el 155

El PSOE sigue perfilando con el Gobierno el plan para Catalunya con la aplicación del 155 de la Constitución, un escenario que solo ven inevitable en caso de que Carles Puigdemont convoque elecciones o renuncie a la independencia. En caso de ejecutar ese precepto constitucional para asumir determinadas competencias de la Generalitat, los socialistas creen que caerá todo el Govern una vez que lo haga Puigdemont. En Ferraz abogan por que esa gestión la asuma el Ejecutivo de Rajoy y no se componga un gobierno alternativo en Catalunya. El PSC considera que  el envío a prisión de los responsables de Òmnium y la ANC complican aún más la situación, mientras que la dirección de Pedro Sánchez evita cuestionar la decisión judicial.

El Gobierno apunta a la intervención de determinados departamentos, como Interior, Justicia y Territorio y Sostenibilidad (control de las infraestructuras) y posteriormente los departamentos de Economía y Presidencia. El PSOE quiere  consensuar todas las medidas y los plazos y coinciden en que esa intervención sea “quirúrgica”. Los socialistas consideran que, en cualquier caso, supone la caída de Puigdemont y, con él, inevitablemente la del resto del Govern: “¿Quién ha visto que un gobierno sobreviva a su presidente?”, se pregunta un destacado dirigente del PSOE. Algunos dirigentes del PP coinciden en esa vía.

La asunción de esas competencias debe recaer entonces, para los socialistas, en uno de los miembros del gabinete de Rajoy, que bien puede ser uno de los actuales –con Soraya Sáenz de Santamaría como referencia– o la designación de un “ministro para Catalunya”, que es una opción que también baraja Moncloa.

Lo que descartan los socialistas es el nombramiento de un ‘Govern alternativo’. “Mejor nada que sea un Gobierno, un ministro mejor y ya está –señalan fuentes socialistas–. Un Gobierno tecnocrático es dar la impresión de que se alarga temporalmente la interinidad y sería visto como un Gobierno de ocupación”.

Para los socialistas es importante que las elecciones en Catalunya sean cuanto antes. Aunque evitan hablar de plazos –el PSC quiere que sean inmediatas–, en Ferraz consideran que serán necesarios más de los 54 días que marca la ley desde que se disuelve el Parlament. Algunas fuentes apuntan a un periodo de tres meses. Otros dirigentes ven complicado que los comicios sean inminentes por lo inédito de la situación en Catalunya y apelan a la necesidad de “normalizarla”.

La disolución del Parlament –necesaria para convocar los comicios– es una de las cuestiones más delicadas de las conversaciones entre PSOE y Gobierno, según reconoce una de las personas que está al tanto de las negociaciones. Mientras que un destacado dirigente socialista sostiene que el Parlament se puede disolver en cualquier momento con el 155 –incluso que sea una de las medidas que apruebe el Senado dado que es la institución que consideran que se ha saltado la legalidad con la aprobación de las leyes para la desconexión– y admite que su continuidad “no tendría sentido” al no tener un gobierno al que controlar ni capacidad para legislar, otras fuentes consultadas encuentran complicaciones jurídicas para que el 155 permita esa decisión.

En Ferraz también consideran que, dadas las circunstancias, el Gobierno debería haber actuado antes para haber evitado el 1-O y que los independentistas “se llenaran de razones” con, por ejemplo, las cargas policiales. “Pero es que Rajoy también quería llenarse de razones”, reconoce un alto mando de la dirección.

En la batalla por el relato piensan que se ganó tras los plenos del Parlament de los pasados 6 y 7 de septiembre pero que se perdió después con la prohibición de actos en favor del derecho a decidir o las imágenes de las cargas de la Policía. La actuación de Puigdemont al declarar y suspender la independencia dio aire al Gobierno para activar el 155, que se vendió como una posibilidad de retractarse y abrir el diálogo. Rajoy y Pedro Sánchez dejaban, así, la pelota en el tejado del presidente catalán.

Diferencias con el PSC por las decisiones judiciales

El PSC ha acompañado al líder socialista en sus decisiones y han compartido discurso. Sin embargo,  los de Miquel Iceta han recibido como un jarro de agua fría el envío a prisión sin fianza a los responsables de Òmnium y la ANC. Fuentes del PSC reconocen que esa decisión complica la situación: “Hace más complicado el 155, que no parezca un atraco”, explica un diputado de los socialistas catalanes que lamenta, además, que si había alguna oportunidad de que Puigdemont convocara elecciones evitando el 155 se han dinamitado. Un destacado dirigente del PSC también admite que la actuación de la Audiencia Nacional ha hecho cambiar de opinión a distintos sectores de la sociedad catalana. “Se nos va de las manos”, dice con resignación.

Sin embargo, Sánchez se ha desmarcado del PSC al avalar el envío a prisión. “El PSOE tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho y creemos en la separación de poderes”, ha expresado el secretario general, que ha evitado pronunciarse sobre las decisiones judiciales.

“No ayuda la prisión incondicional de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Pero la Justicia tiene su camino”, dice un dirigente próximo a Sánchez, que recuerda que deben asumir sus responsabilidades: “Ellos sabían que les iba a pasar”. En el PSOE evitan hablar de una respuesta “desproporcionada”, como el PSC, argumentando que “lo ha dicho un juez” con una base “fundamentada”. No obstante, piden “comprensión” para los socialistas catalanes, quienes denuncian que están sufriendo acoso y que su posición contra el independentismo está poniendo en riesgo numerosos acuerdos de gobiernos locales.

eldiario.es

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La presencia de mujeres en la toma de decisiones en Europa es del 25,6%, lejos del objetivo mínimo del 40%

La presencia de mujeres en la toma de decisiones en Europa se sitúa de media en el 25,6%, lejos del objetivo mínimo del 40%, según se desprende de un informe presentado este martes por el Consejo de Europa, recogido por Europa Press, y en el que se constata que “los países europeos todavía luchan por lograr el equilibrio de género en la toma de decisiones públicas”.

El documento analiza los progresos realizados por 46 países en el periodo comprendido entre 2005 y 2016 respecto al objetivo establecido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2003 de que al menos el 40% de hombres y mujeres participen en diferentes aspectos de la vida política y pública, y concluye que, aunque se ha registrado “una ligera mejora” en algunos indicadores, se ha producido cierto estancamiento.

En concreto, el informe constata que sólo dos de los 46 países analizados (Finlandia y Suecia) alcanzaron el objetivo mínimo del 40% en la participación de las mujeres, siendo la media europea del 25,6%. En cualquier caso, esta cifra mejora las alcanzadas en estudios anteriores, ya que en la edición de 2005 sólo un país de 35 alcanzó el citado objetivo. En el caso de España, el país se sitúa junto con Bélgica, Islandia, Países Bajos y Noruega cerca del objetivo, al situarse en el 39%.

 Por otro lado, ninguno de los países estudiados alcanzó el objetivo mínimo del 40% de presencia femenina en las cámaras altas del Parlamento; cuya media se sitúa en el 35,8% en el caso de los miembros designados (España logra un 31,6%) y del 23,9% en cuanto a los miembros elegidos (en este punto, España supera la media, con un 41,3%).

Del mismo modo, el porcentaje de mujeres jefas de Estado y de Gobierno, jefas de gobiernos regionales y alcaldesas en toda Europa se sitúa de media por debajo del 17%. En el caso de las jefas de Estado o de Gobierno, los países que contaban con una mujer al frente eran Croacia, Lituania, Malta, Letonia, Alemania, Noruega, Polonia y Reino Unido. En cuanto a las vicepresidencias, la media europea es de 27,4%.

El informe revela el dominio “casi exclusivo” de los hombres, ya que las mujeres representan el 12,2% de los jefes de gobiernos nacionales, 19,4% de jefes de gobiernos regionales (España logra un 21,1%), el 31,4% de los miembros de gobiernos regionales (España supera la media, con un 44,4%), el 13,5% de los alcaldes (España tiene un 19,1%) y el 26% de los concejales locales (el porcentaje en España es de un 35,6%).

El estudio hace especial hincapié en la “preocupante” proporción de mujeres alcaldesas pues sólo el 2,5% de los países analizados tenía en 2016 más del 30% de mujeres alcaldesas por lo que los autores del documento denuncian que el ámbito local es “más resistente al cambio”.

También se constata un bajo porcentaje de mujeres embajadoras, que se sitúa de media en el 13% (España cuenta con un 10,3%). En cuanto a la representación de mujeres en Tribunales Supremos la media es del 33% (en España llega al 13%) y del 26% en Tribunales Constitucionales (en España es del 18,2%).

Cifras en el seno del Consejo de Europa

Respecto al equilibrio de género en los órganos del Consejo de Europa, los resultados son más esperanzadores, ya que tanto en la Cámara de Poderes Locales como en la Cámara de Poderes Regionales del Consejo de Europa se superó el objetivo del 40%, con una presencia del 43% y 44,8%, respectivamente.

Además, casi la mitad de las delegaciones de los países analizados alcanzó el objetivo mínimo del 40% en 2016 mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos registró una pequeña mejora en 2016 en comparación a 2005, aunque las mujeres aún representan el 35% de los jueces. El porcentaje promedio de mujeres en la Asamblea Parlamentaria también se mantiene por debajo del objetivo, al llegar al 36%.

“Estas cifras muestran que Europa aún tiene un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género”, ha afirmado el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjrn Jagland.

“Insto a todos los Estados miembros a que tomen medidas positivas para mejorar el equilibrio de género en la toma de decisiones públicas como parte de sus esfuerzos más amplios para impulsar la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida”, ha aseverado.

Por ello, el documento incluye una serie de recomendaciones como adoptar estrategias, políticas y medidas legislativas para alcanzar el objetivo mínimo del 40%; reflexionar y abordar la existencia de sesgos de género en el funcionamiento y prácticas de selección dentro de los partidos políticos; o proporcionar capacitación no solo para las candidatas, sino también para todos los líderes del partido, ejecutivos y para los organismos encargados de seleccionar candidatos para las elecciones.

infolibre.com

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El Barcelona desplegará una pancarta e invitará a ANC y Òmnium

El Barcelona ha informado de que durante los prolegómenos del partido de la Liga de Campeones contra el Olympiacos se desplegará una pancarta “como muestra del posicionamiento del Club ante la situación que vive Cataluña” y que invitará al palco al vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y al secretario de Òmnium Cultural.

La pancarta tendrá un tamaño de 45×46 metros y se situará en la zona del lateral del Camp Nou con las palabras ‘Diàleg, respecte i esport’ (‘Diálogo, respeto y deporte’).

Según anuncia la entidad, ese “posicionamiento fue difundido por el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu, el pasado 5 de octubre en una declaración institucional bajo el mismo nombre, ‘Diálogo, respeto y deporte’, en la que se reclamaba que se abriera un proceso de diálogo y negociación para encontrar soluciones políticas a la situación que vive Cataluña, desde el máximo respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana para decidir su futuro”.

Asimismo, el Barcelona ha invitado al Palco Presidente Suñol a Agustí Alcoberro, vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y a Jordi Bosch, secretario de Òmnium Cultural.

La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela envió el lunes a prisión sin fianza a los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por el delito de sedición.

La magistrada los acusa de “promover” el 20 de septiembre el asedio por el que varios agentes de la Guardia Civil (en calidad de policía judicial) permanecieron casi 24 horas encerrados en la Consejería de Economía catalana en un registro vinculado a los preparativos de la consulta ilegal.

En una nota de prensa, el club azulgrana agrega que “una amplia representación de la Comisión Independiente para la Mediación, el Diálogo y la Conciliación, a la cual el club se adhirió el pasado 4 de octubre, asistirá al Palco President Suñol para seguir en directo el Barça-Olympiacos de este miércoles”.

La representación estará encabezada por María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, impulsor de esta comisión, añade el Barcelona.

elespanol

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¿Qué diferencias hay entre el domicilio social y el fiscal

El terremoto por el que media España tiembla tiene su epicentro en Cataluña. De hecho, desde la escalada de la tensión separatista más de 35 grandes compañías han decidido cambiar su domicilio social a otras comunidades autónomas. Los traslados han desbordado a notarios y registradores. Las palabras “sede social” han inundado estos días los titulares de la prensa. Pero, ¿qué diferencias existen, realmente, entre domicilio social y fiscal?

En líneas generales, no es habitual que una empresa tenga su domicilio social en una ciudad y el fiscal, en otra. Aun así, puede suceder. Sea como fuere, la Ley General Tributaria establece que, en el caso de las compañías, la sede social se corresponderá con la fiscal salvo que en ese domicilio no resida la gestión efectiva y la dirección de la empresa.

El domicilio social se establece cuando se constituye la sociedad. Y puede consultarse en el Registro Mercantil, donde se inscribe la escritura de constitución y la de los siguientes cambios que se puedan decidir. La Ley Mercantil dice, de forma similar a la tributaria, que es ahí donde deben figurar la dirección efectiva y la gestión. Es decir, es el ‘domicilio’ de la empresa. El fiscal, en cambio, en principio no es público. Tan solo se notifica a la Agencia Tributaria. Se trata del lugar designado para relacionarse y rendir cuentas al fisco, donde se reciben las notificaciones de Hacienda y donde se pagan los impuestos. Algunos tributos –como los locales- se abonarán en el ayuntamiento. Otros, en la correspondiente comunidad autónoma. Y los estatales, en la delegación correspondiente de la AEAT.

En definitiva, existen pocas diferencias entre ambos domicilios. Aunque no tienen por qué coincidir, normalmente suele ser así, por lo que la sucesión de cambios de sedes sociales que se ha producido durante los últimos días seguramente tendrá su correspondiente reflejo en el traslado de domicilios fiscales. No obstante, dicho traslado no tendrá apenas efectos, por si solo, en la distribución de los tributos entre las comunidades autónomas de origen y destino, dada la actual configuración de los impuestos estatales y cedidos. Estos cambios de domicilio no aparejarán, en principio, movimiento de actividades y trabajadores, limitándose, seguramente, a la celebración de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta de accionistas en la nueva sede.

Caso paradigmático es el de Banco Santander, ya que la entidad presidida por Ana Botín tiene sus domicilios social y fiscal en la capital cántabra, aunque es en Madrid, en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte, donde podría entenderse que se encuentra su principal base de operaciones. Por lo tanto, este cambio de sede social no implica que estas compañías se vayan a llevar sus negocios de Cataluña –con la pérdida de puestos de trabajo que conllevaría-, sino que han asentado su sede fuera de allí, casi con toda seguridad, a la espera del desenlace del conflicto catalán.

nuevatribuna.com

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El Tribunal de Cuentas denuncia el ‘chiringuito’ de CEOE, CCOO y UGT en el reparto de subvenciones

El Tribunal de Cuentas ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a los sindicatos CCOO y UGT de organizar el reparto de las subvenciones en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de una forma de dudosa legalidad ya que formaban parte del patronato que concedía las ayudas.

En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015, recogido por Europa Press, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda llega a acusar a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.

“El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas”, sostiene el Tribunal.

En algunas de las ayudas, el Tribunal destaca que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que “existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO”.

El Tribunal señala que una de las convocatorias de esta Fundación, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2016, por valor de 10,7 millones de euros, no cumplía en sus bases los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la Ley General de Subvenciones. Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los propios receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la Fundación. Al resultar una concesión de subvenciones, y no un procedimiento de “autocontratación”, el Tribunal sostiene que “cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados”.

“Juez y parte en el reparto”

Hasta septiembre de 2015, estas organizaciones copaban la mitad de los puestos en el Patronato, órgano de la fundación encargado hasta entonces de aprobar las ayudas y las normas aplicables a cada una de las convocatorias anuales de ayudas. Según el Tribunal, el control por parte de estas entidades implicaba que “en algunos cosas las normas no se aplicaran o se hubieran adaptado según sus intereses”.

Así, el Tribunal sostiene que, una vez aprobadas, se cambiaron normas aplicables para adaptarlas a acciones ejecutadas por las organizaciones, o que la distribución de los fondos no se efectuó, en otros casos, siguiendo los principios recogidos en la convocatoria. “El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas”, sostiene el Tribunal.

Excluían a otras organizaciones

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales concede ayudas a acciones sectoriales y a acciones territoriales, decididas en órganos tripartitos con las comunidades autónomas hasta que en 2013, por la anulación de varias convocatorias por vulnerar regímenes competenciales, estas acciones territoriales fueron sustituidas por otras calificadas como ‘transversales’.

Sin embargo, el órgano fiscalizador sostiene que estos fondos se siguieron distribuyendo con la misma proporción entre CCAA, y dentro de ellas entre la CEOE, CCOO y UGT en idénticas proporciones que en convocatorias anteriores. El Tribunal asegura haber comprobado que la valoración de las solicitudes estaba diseñado para que únicamente obtuvieran financiación estas organizaciones, y excluir del reparto a otras, como a USO.

En la concesión de ayudas a las acciones sectoriales, ejecutadas de forma paritaria, el Tribunal sostiene que los grupos de trabajo no aplicaron criterios de valoración conforme a las normas aprobadas por el Patronato, y que de haberse aplicado los baremos correctamente, muchas de las acciones aprobadas no hubieran obtenido financiación, y otras denegadas sí. Por ello, concluye que la distribución de los fondos entre los sectores y los agentes sociales se realizó según los intereses de los grupos de trabajo.

Opacidad en el destino de los fondos

Respecto a la ejecución de las acciones financiadas por la fundación, el Tribunal informa de que su fiscalización detecta “múltiples incidencias” que llevan a cuestionar la dedicación de estos fondos a su finalidad. Entre ellas, la ausencia en muchos casos de soporte documental para acreditar tales trabajos, por ser suficiente una mera declaración de los agentes sociales; o la financiación por parte de los agentes sociales del gasto de personal sin acreditar las acciones realizadas.

En el caso de las confederaciones y federaciones empresariales territoriales, el Tribunal señala que éstas subcontrataron íntegramente la ejecución de las acciones, y repercutieron gastos de personal más elevados que los destinados a su ejecución.

Respecto a las visitas de empresas en las acciones territoriales y transversales, el Tribunal sostiene que no existe posibilidad de demostrar su realización, al no exigirse su justificación documental, ni tampoco si el contenido fue, realmente, la prevención de los riesgos laborales u otro tipo de actividades sindicales, algo que llega a poner en duda, “especialmente en el caso de CCOO, en el que las visitas se realizan por agentes sindicales sin formación en prevención”, critica.

libremercado.com

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El Gobierno subirá las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con rentas bajas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno está trabajando en el reglamento que desarrolla la disposición adicional trigésima de la reforma de pensiones de 2011, en la que se establecen mejoras para las pensiones de viudedad de mayores de 65 años con menores ingresos.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la diputada socialista Carmen Cuello ha reprochado a la ministra el incumplimiento de esta disposición adicional y la decisión que tomó el Ejecutivo de ir aplazándola año tras año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Esta disposición de la Ley 27/2011 establece que el Gobierno adoptará las medidas reglamentarias oportunas para que la cuantía de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública equivalga al 60% de la base reguladora (ahora es del 52% con carácter general), siempre que no perciban ingresos por la realización de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia ni tampoco rendimientos o rentas que, en cómputo anual, superen el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. La disposición establecía que la subida hasta el 60% de la base reguladora se llevaría a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años.

La diputada socialista ha recordado además a la ministra que el Pacto de Toledo también reclamó la subida de las pensiones de viudedad y le ha pedido que la recuperación llegue a los pensionistas con menores ingresos. “Si no suben estas pensiones, lo haremos nosotros”, ha dicho Cuello. De hecho, el PSOE registró hace unos días una proposición de ley en el Congreso para elevar la cuantía de la pensión de viudedad de aquellas personas mayores de 65 años que no tengan derecho a otra pensión pública, no perciban ingresos por trabajos realizados por cuenta ajena o propia, ni tampoco rendimientos o rentas superiores a la propia prestación.

Con esta iniciativa, el PSOE pretende implementar una subida progresiva en el cómputo de estas prestaciones hasta el 59% de la base reguladora en 2018 y el 60% a partir del año 2019. De esta forma, los socialistas quieren hacer efectiva la disposición adicional trigésima de la Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social de 2011.

Sube un 10% desde 2011

La ministra ha señalado al respecto que el Gobierno es “cumplidor” y está trabajando en el reglamento que desarrolla esta disposición para beneficiar y mejorar la protección social de los pensionistas de viudedad mayores de 65 años que tienen menores ingresos. También ha destacado que la pensión de viudedad ha subido una media del 10% desde 2011 y 150.000 de ellas se han incrementado hasta un 15% al aplicarse el complemento de maternidad. “Vamos a seguir mejorando la pensión de viudedad en el futuro”, ha apuntado.

En otra pregunta parlamentaria a la ministra, la diputada socialista Adriana Lastra ha acusado a Báñez de “pasarse por el arco del triunfo” los acuerdos alcanzados en el Congreso para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo.

Báñez le ha respondido que el Gobierno está dialogando de manera “fluida y sincera” con los Grupos Parlamentarios, las comunidades autónomas y los agentes sociales para intentar alcanzar “acuerdos buenos” para España. En este sentido, ha reprochado al PSOE que lleve iniciativas al Congreso que “perturban el debate” que se está desarrollando en el Pacto de Toledo. “Tienen una cara dentro del Pacto de Toledo y otra cara menos constructiva a la hora de venir al Pleno”, ha criticado la ministra, que ha avanzado que Empleo y agentes sociales volverán a reunirse el jueves en el marco de la mesa de diálogo social para pensiones.

libremercado.com

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