La cadena alemana Rewe se une al boicot a El Pozo: frena la compra de productos

La cadena alemana de supermercados Rewe, una de las más grandes del país germano, ha paralizado de forma provisional sus compras de producto a la cárnica española ElPozo Alimentación a raíz de las acusaciones sobre maltrato animal.

«A principio de la semana pasada ordenamos paralizar de forma preventiva los suministros de todos los artículos de ElPozo Alimentación a nuestros supermercados Penny y Rewe. En caso de que se confirmen las graves acusaciones contra ElPozo, por supuesto que vamos a tomar medidas de inmediato y poner fin a las relaciones comerciales con la empresa», ha asegurado una portavoz de la compañía en declaraciones a la agencia DPA, que recoge Europa Press.

La televisión pública alemana informó ayer de que otra gran cadena de supermercados germana Edeka, también ha pedido explicaciones a la cárnica española y al igual que Rewe está dispuesta a tomar medidas en el caso de que se demuestre que efectivamente se pudo haber maltratado a los animales.

La paralización de las compras de la cadena germana llega un día después de conocerse que las firmas belgas Colruyt y Delhaize hayan retirado los productos de la cárnica española de la venta al público en sus establecimientos y hayan anunciado que revisarán su cooperación con la empresa española tras el programa de ‘Salvados’.

Delhaize comercializaba ocho productos de la marca ElPozo en sus establecimientos, mientras que Colruyt vendía un único producto, según ha informado el diario flamenco ‘Het Laatste Nieuws’.

Por su parte, ElPozo Alimentación se ha desvinculado hoy de la granja que aparecía en la emisión del programa de televisión y ha reiterado que está estudiando medidas adicionales en materia de bienestar animal, según ha informado en un comunicado.

La cárnica ha explicado que tras el reportaje de La Sexta se abrió un expediente de investigación a la granja proveedora cuyas imágenes aparecen en el vídeo, tras el cual se inició un proceso de desvinculación que ya es efectivo.

ElPozo Alimentación ha señalado que en los últimos meses han revisado los criterios y han aumentado la rigurosidad en el proceso de sacrificio sanitario, además de haber implantado una nueva certificación específica de bienestar animal, y de incrementar de la plantilla veterinaria y frecuencia de los controles a las granjas proveedoras.

lainformacion.com

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Adiós a la doble moneda en Cuba: el Gobierno comienza a retirar el peso convertible

Una botella de aceite a 2 CUC o 48 CUP: es un ejemplo del singular sistema de doble moneda que Cuba mantiene por 24 años y que se alista a eliminar, poniendo fin a privilegios cambiarios que hasta ahora han mantenido la inflación a raya en el país.

En la isla operan dos monedas nacionales: el histórico peso cubano CUP y, desde 1994, el peso convertible CUC, equivalente al dólar y creado en crisis económica tras el fin de la Unión Soviética, ante la imposibilidad de usar dólares en sus transacciones internacionales y en medio del bloqueo de Estados Unidos.

Utilizado inicialmente por turistas, se masificó. Un CUC (1 dólar) equivale a entre 24 y 25 CUP. Los supermercados etiquetan en ambas monedas. En los barrios da igual comprar cilantro con 5 pesos cubanos o 20 centavos de CUC, aunque el albañil cobra sus trabajos privados en CUC.

Para Marlen Leyva, una jubilada de 68 años, «es lo mismo. Un pomo de aceite tiene el mismo valor (equivalente en CUP o en CUC). Ahora todos tenemos el derecho de comprar con moneda nacional (peso cubano) o con CUC» en el supermercado.

Adiós al CUC

En 2008 Raúl Castro lanzó un programa de reformas económicas en el gobierno comunista que rige en la isla desde 1959: flexibilizó los negocios privados y trató de impulsar la inversión extranjera. Empezó a pagar deuda externa. Cuba creció un 1,6% en 2017 y 0,5% en 2016.

Pero para sincerar su economía y abrirse más al mundo, debe eliminar este año el CUC. A fines de 2017 Castro dijo que el tema no podía esperar más. Economistas creen que se hará por etapas y empezaría por las empresas estatales.

La reforma «dejará al peso cubano como la moneda oficial y determinará la eliminación gradual del peso cubano convertible (CUC)», anunció en 2013 Marino Murillo, zar de las medidas económicas. La Unión Europea -creadora del euro- ha ofrecido su asesoría.

«La dualidad monetaria crea dificultades sobre la medición económica, para saber si el país tiene competitividad. La doble moneda enrarece la visión», explicó a la AFP el economista Omar Everleny Pérez.

Hace dos años que emitieron billetes CUP con valores de 200, 500 y 1000, para hacer más prácticos los pagos, pues sólo abundaban de 20 y 100.

Se aguardan señales tras el plenario del gobernante Partido Comunista en marzo, aunque el «Día D» podría quedar en manos del sucesor de Castro, quien deja el gobierno el 19 de abril. Pero no es tan simple como retirar una moneda, ya que deberá eliminarse también la tasa preferencial de cambio que tienen las empresas estatales.

Temor de alza de precios

La tasa preferencial de 1 peso cubano CUP por 1 USD permite a las estatales -que representan el 85% de la economía del país- abaratar sus costos de compra. Cuando eso acabe, importarán sus insumos ya no a 1 por 1 sino a un tipo de cambio «normal», que será más alto.

Los costos se encarecerán y se trasladarán al precio de venta al público. Economistas coinciden en que Cuba no tiene las reservas suficientes para subvenciones. La situación es compleja en un país con salarios estatales de 30 dólares en promedio y donde una botella de aceite cuesta 2 dólares, casi el 7% del sueldo.

Pérez recuerda que el incipiente sector privado -como restaurantes- ha trabajado por años con una tasa de USD 1 por 24 CUP. «Podríamos pensar que (el tipo de cambio para estatales) no está lejos de esta tasa. Yo creo que Cuba ha analizado esos factores y por eso ha demorado tanto en la toma de esa decisión, pero hay que hacerla», agregó.

En cambio, las exportadoras recibirán más pesos por dólar vendido y harán contrapeso. «Los sectores beneficiados deberían estar en condiciones de pagar mayores salarios y los perdedores deberían cerrar o fusionarse», consideró el economista cubano Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Colombia.

Si bien un mayor salario ayuda, el temor de un alza de precios puede generar sobredemanda en un país que importa más del 80% de lo que consume. «Pensar en ¡déjame comprar todo porque se va a acabar! lleva a una escasez», aseguró Pérez, que estima un desequilibrio a corto plazo.

Pérez considera que la reforma monetaria debe ir acompañada de una apertura mayor a la inversión extranjera y privada, más allá del bloqueo. «Cuba tiene planes hasta el 2030. Hay líneas estratégicas definidas, pero hay que darle rapidez. Si (empresas extranjeras) ya presentaron propuestas es que no les importa el bloqueo de Estados Unidos», agregó.

economiahoy.mx

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Tres de cada diez españoles admite espiar a su pareja online

Las parejas jóvenes hablan más por whatsapp que por teléfono y el móvil ha pasado a ser (tristemente) uno más en las cenas románticas de cualquiera. El amor también es cada vez más digital. En este contexto, el papel de la privacidad y la transparencia en nuestras relaciones está cambiando por la presencia de dispositivos y actividad online.

Un reciente informe de Kaspersky Lab y Toluna revela datos alarmantes como que el 33% de los encuestados admite espiar a sus parejas online o que la mitad de ellos comparte abiertamente las contraseñas de acceso al teléfono. «Debemos ser conscientes que cuando abrimos la puerta de nuestra vida digital, estamos dejando al descubierto muchas cosas», advierten desde Kaspersky.

Una curiosidad es que las cifras son diferentes dependiendo si la pareja atraviesa por un buen momento o no. Según la encuesta, las parejas que reconocen estar «infelices» son más propensas a pensar que su privacidad se encuentra en peligro (31%) mientras que solo el 15% de los «felices» lo siente así

De hecho, las parejas menos felices quieren mantener en privado algunas de sus actividades (76%), frente al 54% para aquellos que se encuentran en una relación satisfactoria. Entre los principales asuntos que se suelen ocultar está el contenido de los mensajes que se envían a otras personas, cómo gastan su dinero, algunos archivos personales y los sitios web visitados.

Discusiones de pareja

La privacidad y las actividades online son motivo de discusión en las parejas: una de cada tres (33%) ha discutido después de que alguno de los dos haya visto algo que el otro no quería compartir.

Tener pareja y una privacidad online es posible. Hay herramientas como Kaspersky Password Manager que permiten ocultar mensajes y llamadas, borrar el historial de navegación y bloquear cualquier intento de recopilación de datos deteniendo los anuncios emergentes relacionados con nuestras búsquedas.

laverdad.es

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Casi la mitad de la brecha salarial es culpa de los complementos

Casi la mitad de la brecha salarial entre hombres y mujeres es culpa de los complementos salariales, según denuncia CC OO en un informe publicado este martes. Así, los hombres cobran de media 613 euros al mes en complementos retributivos, mientras que las mujeres solo reciben 427 euros, lo que supone que la cuantía que cobran ellas por ‘pluses’ tendría que aumentar un 44% para equipararse con la de los hombres.

“Esto explica por qué las mujeres tienen esa brecha salarial de prácticamente el 30%”, sostuvo el secretario general de CC OO, Unai Sordo, durante la presentación del estudio, quien se marcó como uno de los principales retos del sindicato conseguir que en la negociación colectiva no se vinculen los complementos retributivos a elementos que contengan algún sesgo de género, ya que en realidad estos pluses se fijan en los convenios.

Sordo hizo autocrítica y admitió que la mayor parte de este variable salarial retribuye aspectos “masculinizados” del trabajo, como el esfuerzo físico, la penosidad, la peligrosidad, la nocturnidad, la toxicidad o la disponibilidad horaria. Y abogó por “modificar” en el marco de la negociación colectiva esos pluses para que no se vinculen a conceptos que las mujeres tengan más complicado cumplir.

Sin embargo, admitió que no es una tarea fácil, ya que la actual legislación laboral desincentiva la modernización de los convenios colectivos. “Si queremos modernizar, tendríamos que hacer descarrilar el tren de la ultraactividad, porque dificulta la negociación”, defendió el líder sindical.

Otro de los muchos elementos que determinan el salario es el sector de actividad en el que se trabaja, ya que las mujeres están mayoritariamente en sectores y ocupaciones que tienen remuneraciones más bajas, según recalca el informe de CC OO, que pone de manifiesto además que siete de cada diez asalariados con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) son mujeres, mientras que solo representan el 28% de las personas que ganan más de ocho veces el SMI.

Más guarderías públicas

Pero además del empleo, el informe resalta que hay factores sociales que repercuten en la brecha salarial y que son previos al trabajo e incluso externos a él, ya que “tiene su origen en la desigualdad social, cultural, educativa, en las tareas de cuidados… que soportan las mujeres desde niñas y que les va predisponiendo a sumir roles y tareas diferentes durante su vida”. Por eso, CC OO abogó por combatir la segregación educativa que orienta las elecciones laborales de hombres y mujeres con adecuadas políticas de orientación.

A su vez, el sindicato pidió un gran pacto en el país para impulsar un sistema público para el cuidado de menores y dependientes. “Mejorar la situación de la mujer en el trabajo tiene que ver con una fuerte inversión en infraestructuras sociales”, defendió Sordo, que apuntó que “son ellas las que se ven en la obligación de dar cobertura a estas situaciones de dependencia y maternidad”, lo que las penaliza con trayectorias laborales muy discontinuas.

“El nivel salarial que hay en muchos puestos de trabajo desincentiva que las mujeres sean población activa, porque no sale rentable teniendo en cuenta las carencias para el cuidado de los niños”, explicó Sordo, quien puso de relieve que si las mujeres tuviesen en 2018 la misma tasa de actividad que los hombres, duplicarían la tasa de paro masculina.

diariosur.es

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La guerra contra el azúcar fracasa: su efecto sobre el consumo es mínimo

Dinamarca, en 2011, fue el primero en implantar tasas contra el azúcar, y su efecto fue que los daneses empezaron a hacer la compra en los países limítrofes, además de no reducir el consumo y destruir puestos de trabajo. Su fracaso fue tal que en 2013 este impuesto fue eliminado. Posteriormente, en 2014, México también le declaró la guerra al azúcar. Su Gobierno introdujo un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas -es el país que más refrescos per cápita consume del mundo- y para la comida con mayores niveles de calorías y azúcar.

El objetivo era reducir el consumo de este tipo de productos, una medida similar a la que se adopta con el tabaco -más impuestos para que se consuma menos-. Además, el efecto de la subida fiscal repercute más en las clases bajas que en las medias o altas, ya que dedican un mayor nivel de renta al consumo y suelen adquirir con mayor frecuencia este tipo de productos. Otros países como Francia, Italia o Reino Unido implantaron medidas similares a las mexicanas en los últimos años, pero lo cierto es que no han tenido mucho éxito.

Las empresas dedicadas a la producción de estas bebidas aseguran que dichas medidas tienen que ver más con el afán recaudatorio que con su impacto real sobre el consumo. «En México, solo ha servido para hacer a los ciudadanos más pobres», según argumentan. Los estudios oficiales disponibles, por su parte, señalan que el consumo de este tipo de productos apenas ha bajado un 6% en México a pesar de la subida fiscal.

La Asociación de Bebidas Refrescantes en España (Anfabra) se pronunció hace varios meses sobre este tipo de poíticas: «Desde hace mucho tiempo se viene impulsando la reducción del contenido de azúcar, disminuyéndolo un 23% en los últimos 10 años. Estos impuestos no son eficaces para resolver problemas de salud ni para cambiar hábitos de consumo», añadían.

En España, ya se planteó aprobar este impuesto a nivel nacional, pero, finalmente, no pasó la votación en el Congreso. Sin embargo, son numerosas las comunidades autónomas que se han embarcado en una guerra particular contra el consumo de azúcar. Cataluña fue la primera en aprobar un impuesto específico. De hecho, desde marzo, el precio de las bebidas azucaradas ha subido hasta un 50% y la Generalidad ingresó 31 millones extra gracias a esta tasa. Por el momento, no se tienen datos sobre el efecto en el consumo.

Hace unos días, el Parlamento de Canarias también pidió subir los impuestos a las bebidas azucaradas y a ciertos alimentos. Andalucía, por su parte, ha planteado la guerra al azúcar de otra manera, ya que, en este caso, ha prohibido la venta de productos con más de 200 calorías en los centros educativos y ha obligado a los restaurantes a ofrecer agua gratis y a elaborar un menú saludable para incorporarlo en su carta.

Por su parte, a nivel nacional, el Gobierno ha pactado con la industria alimentaria reducir hasta un 10% los niveles de azúcar, sal y grasas en 3.500 productos. Una medida que tendrá su efecto real a partir del año 2020.

 

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Bajas médicas, la nueva línea roja que está dispuesto a cruzar Montoro para contentar a los funcionario –

Hacienda y los funcionarios están cada vez más cerca. Aunque las reuniones se llevan sucediendo desde hace meses, la semana pasada empezó la primera toma de contacto entre Cristóbal Montoro y los principales sindicatos de la Función Pública (CCOO, UGT y CSIF), y ayer lunes arrancaron las negociaciones oficiales. «Confiamos en que haya un acuerdo definitivo a lo largo de este mes», señalan fuentes sindicales a Libre Mercado.

Estén o no aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ya se ha comprometido a subir el sueldo a los trabajadores públicos. La propuesta de Hacienda es una subida salarial fija del 1,5% para 2018, mientras que para 2019, será del 1,75% y para 2020, del 2%. A estas cantidades habría que sumar otra parte variable que va a depender de la evolución de la economía española. Así, según sus cálculos, el incremento para los próximos 3 años irá desde un mínimo del 5,25% y hasta un máximo del 8%.

Otra reclamación de los sindicatos es que se vuelva a crear empleo público neto en nuestro país, y parece que Montoro también va a aceptar esta petición por primera vez desde el inicio de la crisis. Así, además de cubrir los puestos de los funcionarios que se jubilen, se generarán 200.000 empleos públicos extra.

Otras dos exigencias, sobre la mesa

La tercera exigencia de los funcionarios para que haya pacto con Montoro es la eliminación de los descuentos en la nómina por baja médica vigentes en la actualidad. Fue en julio del año 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto que asestaba un duro golpe a los funcionarios. Una de las medidas más polémicas fue el recorte de la prestación económica en los primeros días de baja de los funcionarios.

A partir de entonces, en caso de baja por contingencia común (enfermedades, maternidad y accidentes no laborales) el sueldo de los funcionarios se reduce un 50% durante los tres primeros días que no puedan asistir al trabajo. A partir del cuarto día, cobran el 75% de la nómina hasta el día 21, cuando vuelven a cobrar el 100%.

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.

«Se estaba penalizando el ponerte enfermo», señalan fuentes sindicales, quienes confían en que Hacienda de marcha atrás a la medida y los funcionarios vuelvan a cobrar su nómina íntegra desde el primer día de la incapacidad, algo que no sucede en el sector privado. Aunque el ministerio de Cristóbal Montoro todavía no se ha pronunciado públicamente al respecto, las mismas fuentes señalan que la propuesta está encima de la mesa.

El Gobierno tomó esta decisión dentro de un plan de lucha contra el absentismo laboral ante la existencia de un gran número de bajas laborales fraudulentas, sobre todo, de pocos días de duración. Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, aseguró que pretendía ahorrar con su implantación 1.000 millones de euros. Su aprobación puso en pie de guerra a los funcionarios, que a raíz de la crisis vieron reducidos muchos de sus privilegios, pero Montoro podría cruzar ahora la línea roja y revertirla 6 años después.

Sobre otro punto que sí se ha pronunciado Hacienda es la vuelta a la jornada laboral de 35 horas para todos funcionarios. Montoro estará dispuesto a reducírsela a los empleados públicos que trabajen por turnos, pero no de forma «generalizarla» como piden los sindicatos. Así, acabar con los descuentos por baja médica podría ser la solución para contentar a los funcionarios que sigan trabajando las actuales 37,5 horas semanales.

libreercado4/

 

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Cómo limpiar toda la “basura” de WhatsApp que acumulas en el móvi

Lo mejor de esta app llamada Limpiador para WhatsApp es que nos muestra todos los archivos acumulados de WhatsApp en un mismo sitio, pudiendo verlos de un solo vistazo y sin necesidad de estar navegando por el almacenamiento del teléfono

Cuando abrimos la app vemos los archivos clasificados por vídeos, imágenes, audio, documentos, GIF etc. Todo ello para tener controlado lo que se almacena en el móvil por el uso de la app. También podemos activar una limpieza automática o periódica de los archivos de WhatsApp, para que no nos preocupemos de esos memes y vídeos que nos hemos descargado y ocupan demasiado espacio en el teléfono.

cincodias

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Por qué debe bajarse el IVA al transporte público

o no soy tonto”, dicen en un anuncio relacionado con el día sin IVA. Nosotros tampoco. Y, lejos de pedir una exención para el transporte público, sabemos que si aplicamos un tipo superreducido del 4% a los precios de los billetes de autobús, metros y cercanías, en lugar del 10% actual, ganará el sistema y, en definitiva, ganaremos todos.

El fomento del transporte público no debe ser un mero eslogan publicitario. Tiene que ser una realidad, inaplazable, dados los altos niveles de contaminación y de congestión de tráfico en los grandes núcleos urbanos. Por nuestras ciudades. Por nuestro bienestar. Por nuestras economías. Y, a fin de cuentas, por todos y cada uno de nosotros. ¿Es normal que los billetes de autobús o metro estén gravados de igual modo que las cañas? ¿Tiene algún sentido que paguemos el mismo IVA por comprar unas entradas para asistir a un Real Madrid-Barcelona que por usar el transporte público para ir al trabajo o a clase?

Pues bien, la política fiscal, además de para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos comunitarios, puede servir para reducir las 31.000 muertes que cada año origina en España la contaminación atmosférica, ya que el tráfico rodado es responsable de la mitad de las emisiones dañinas en los centros urbanos -de las que la gran mayoría corresponden al tránsito de coches y motos-. Asimismo, buena parte de los accidentes tiene lugar en las ciudades, que en estos momentos, más que nunca, necesitan provocar un cambio modal.

Y ahora se abre una puerta para que impere la lógica, ya que la propuesta que realizó Bruselas hace unos días de flexibilizar el IVA facilitaría que el transporte público pudiera pasar del tipo reducido actual al superreducido, después de que las autoridades comunitarias hayan dado libertad a los estados miembros para aplicar un tipo u otro a la cesta de productos y servicios.

Se trata de decidir las prioridades. De saber qué es lo urgente y lo importante. No sé qué opinaría de esta propuesta el psicólogo Abraham Maslow, pero en la base de su famosa pirámide debería haber incluido la movilidad de las personas, ya sea para ir a trabajar o estudiar cada día, o sea cual sea el motivo de su desplazamiento. No obstante, casi la mitad de los viajes que realizan en España los 4,5 millones de personas que usan el transporte público diario son, precisamente, por pura necesidad.

Es decir, los autobuses, metros y trenes de cercanías garantizan un derecho universal, como es el de la movilidad, ayudan a la cohesión de los territorios y contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso a un mercado laboral tan desigual hoy en día. Visto lo visto, ¿alguien duda de que el transporte público es un bien básico?

Por ello, y por constituir el cuarto pilar de nuestro Estado del Bienestar, debería estar gravado como un bien o servicio de primera necesidad, es decir, al 4%. Sin embargo, hoy en día tributa como la hostelería o los espectáculos deportivos. Así, la reducción del IVA constituiría otro eslabón más de la cadena de acciones para ir cambiando progresivamente los hábitos de movilidad. Este cambio en la tributación inyectaría 150 millones de euros al sistema, que podrían revertirse, entre otras cosas, en reducir las frecuencias de paso y la duración de los trayectos o en hacer las flotas más sostenibles, lo que además de para fomentar el transporte público serviría para ganar usuarios y ayudaría a limpiar todavía más el sucio aire de las grandes ciudades, después de que el comisario europeo de Medio Ambiente haya dado un ultimátum a España para que actúe contra la contaminación.

De igual modo, permitiría tener más recursos para que, de una vez por todas, el transporte público lidere, como le corresponde, el replanteamiento de la movilidad en las ciudades sobre las bases de la sostenibilidad y la tecnología para mejorar la experiencia de servicio de usuario. En este sentido, la materialización de la aún embrionaria propuesta de Bruselas –deberá de ser aprobada por unanimidad por todos los socios comunitarios- facilitaría aplicar al transporte público un tipo superreducido. Y, por ende, sería un paso más, y fundamental, para cambiar el modelo de movilidad urbana. No tanto por el impacto que tendría en los bolsillos del ciudadano como por el revulsivo que supondría para mejorar aún más la relación calidad-precio del sistema.

Y es que, actualmente, los costes de los billetes y abonos en España se encuentran muy alineados con los niveles de renta de la población y son más bajos que en otras ciudades europeas. De hecho, por citar sólo un ejemplo, el abono de transporte mensual en Berlín es casi 25 euros más caro que en Madrid, cuando ambas ciudades tienen un PIB similar, según datos del Barómetro EMTA 2015. Así pues, la rebaja del IVA sería otra palanca más, y determinante, para propiciar el cambio modal en las ciudades y para multiplicar por 20 el crecimiento de los usuarios del transporte público. Esta petición se enmarca dentro de nuestro Plan TP, en el que también plasmamos la necesidad de articular una ley de financiación del transporte público de ámbito estatal, de la que España es el único país europeo que carece, que ordene los recursos que se asignan al sistema y cuyo coste anual es de, aproximadamente, 5.000 millones de euros -de los que alrededor de un 50% se obtiene del precio del billete y el resto, de recursos públicos-. Porque para no ser tontos no vale con decirlo, ni con aparentarlo, sino que hay que demostrarlo.

 Jesús Herrero es secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC)

.elpais.com

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Los empresarios cargan contra Rosell por financiar a Faes con 75.000 euros

La patronal celebra mañana una de sus reuniones más tensas. En la cúpula de la CEOE no ha sentado bien la opacidad con la que su presidente ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). Juan Rosell tendrá que justificar ante el sector más crítico de la confederación los 75.000 euros con los que se ha comprometido a financiar a la fundación del expresidente del Gobierno, José María Aznar, por la realización de «actividades de estudio en el ámbito económico, social y cultural», relacionadas, sobre todo, con el desafío demográfico en América Latina.

«¿Qué le importa a los empresarios españoles la demografía latinoamericana?», cuestiona un alto cargo dentro de la confederación empresarial, que habla directamente de una «donación de Rosell, vía CEOE», a una entidad de «evidente vinculación política». No se nos escape que la histórica Faes nació impulsada por el Partido Popular, aunque el pasado 1 de enero se cumplió un año de su desvinculación del actual partido en el Gobierno.

Son varios los miembros de la patronal que han expresado a este periódico su desacuerdo con la decisión que ha tomado Rosell «de manera unilateral, sin consultar con el Comité Ejecutivo». El contrato se firmó en diciembre del año pasado y se dio a conocer en enero, cuando la comisión de control presupuestario, dirigida por el presidente de Ceim, Juan Pablo Lázaro, descubrió una dotación de 75.000 euros en el capítulo de «gastos extraordinarios» del presupuesto de 2018, y solicitó información detallada.

El convenio ya ha sido firmado, por lo que, pese a la polémica interna que ha desatado, parece complicada una eventual marcha atrás. Sin embargo, aún no se ha reunido la Asamblea General de la CEOE, el máximo órgano encargado de aprobar los presupuestos de la confederación con sede en Diego de León.

Allí se dan cita mañana, de manera conjunta, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. En el orden del día, entre otros asuntos, se incluye la presentación de un informe sobre los presupuestos de 2018 por parte de Lázaro, que está ultimando hoy la comisión que encabeza y que manifestará sus dudas sobre la cuantía destinada a la fundación de Aznar.

Previsiblemente, mañana será el mismo Rosell quien se adelante a justificar su criticada decisión. El cabreo entre muchos de los suyos es importante, por varias cuestiones: primero, porque no ven la necesidad en el objeto del estudio encargado a Faes; segundo, porque consideran dañada la reputación de la organización empresarial al vincularse con la política; y, tercero, porque sospechan que el contrato -cerrado sin consultar con los órganos de la CEOE- ha sido promovido por intereses personales de Rosell.

A nueve meses del relevo de Juan Rosell al frente de la CEOE, cualquier movimiento del todavía presidente es observado con lupa por los empresarios, que interpretan sus decisiones en clave de salida. Las fuentes consultadas sospechan que Rosell está acercándose a personalidades de distintos ámbitos políticos y empresariales para preparar su futuro fuera de la patronal.

Es más, la aproximación a Faes sería sólo una de varias en la agenda del patrón, que incluye conversaciones, entre otros, con la fundación del expresidente socialista, Felipe González, según fuentes conocedoras de estos contactos. Por ello, en el punto de mira del segmento más crítico de CEOE están los intereses personales del propio Rosell, que en una reciente entrevista con elEconomista defendió ser partidario de «colaborar con todas las fundaciones, de todos los tipos, ligadas o no a grupos políticos, y de todos los expresidentes del Gobierno».

Preguntado por los rumores sobre su pretensión de presidir Endesa, ante la debilidad del actual presidente, Borja Prado, el número uno de CEOE aseguró que conserva su antiguo despacho en Fecsa y Enher, empresas que dirigió y que fueron adquiridas en 1999 por una de las grandes compañías eléctricas españolas, precisamente, Endesa.

Polémicas decisiones

En su último año improrrogable en la capitanía patronal, Rosell está tomando polémicas decisiones que vienen caldeando el ambiente en el seno de la cúpula de la CEOE ya desde finales del verano pasado.

Su posicionamiento sobre el conflicto abierto entre los independentistas catalanes y el Estado fue tildado de «débil» o «tímido». Tampoco fue entendido por todo su equipo el apoyo al Ejecutivo en una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 20% en tres años, ni su planteamiento de impulsar alzas de sueldos en convenio del 3% anual.

eleconomista

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La Guardia Civil destapa el fraude de un falso jamón de Los Pedroches

La Guardia Civil ha desmantelado una red comercial que vendía un falso jamón de la denominación de origen de Los Pedroches a establecimientos y restaurantes de Tenerife. El cuerpo policial detuvo a un hombre de 56 años que falsificaba las etiquetas con el propósito de vender un jamón ibérico convencional como un producto de máxima calidad y protegido por la Unión Europea

El distribuidor de jamones, que ahora se encuentra en libertad con cargos, se había ganado la confianza de sus clientes al haber sido proveedor de jamones de calidad desde hace dos años, según han detallado los investigadores.

Una vez ganada la confianza de su red de clientes, comenzó a falsificar las etiquetas de los jamones con la denominación de origen de Los Pedroches, una actividad irregular que pudo haber desarrollado desde hace un año.

La denuncia

El comité regulador de la denominación de origen de Los Pedroches puso una denuncia ante la Guardia Civil al percatarse de que el distribuidor publicaba anuncios de los jamones con las etiquetas falsificadas.

“Es posible que un consumidor medio no sepa distinguirla, pero yo tardé un segundo en darme cuenta de que se trataba de una falsificación”, explica Juan Miguel Ortiz, portavoz del comité regulador de la denominación de origen de Los Pedroches.

El consejo regulador trabaja en coordinación con la Guardia Civil en un programa antifraude de Origen España, que aglutina todas las denominaciones de origen del país y que son objeto de especial protección por parte de la Unión Europea. Y apenas tuvieron constancia de la falsificación, denunciaron a la Guardia Civil.

“La falsificación de este tipo puede suponer una diferencia de precio de unos 70 o 75 euros por pieza de jamón”, explica Ortiz.

El distribuidor está siendo investigado ahora por los tribunales por la comisión de un delito contra la propiedad industrial.

Además de la falsificación de las etiquetas, el imputado también vendía jamones 75% ibéricos como si se tratase de 100% ibéricos, un fraude adicional que también ha sido descubierto por los agentes de la Guardia Civil. Es la primera vez en que la denominación de origen de Los Pedroches detecta un fraude de este tipo.

economiadigital.com

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