Fui al mitin de Podemos y terminé en el sótano de un hospital

Ayer fui a hacer fotos al acto de Pablo Iglesias en Barcelona y tuve la sensación de que más que un político parecía una estrella del rock, una de esas que tienen “grupies” y todo el mundo quiere un “selfie” o tocarle el culo.
Habían cámaras por todas partes, seguidores, y la estrella en el centro de un espacio para tres mil personas vitoreando a su ídolo.
Observando todo ese despliegue me pregunté  ¿En qué se diferencia Pablo Iglesias con otra personalidad con carisma?
Al fin y al cabo veía lo mismo que en cualquier otro acto multitudinario, pero entonces me di cuenta de que estábamos en Barcelona y ese tipo de pasión la ves cuando el Barça gana un partido o viene un cantante famoso, y eso es mucha pasión para un acto de un representante de un partido político con sede en Madrid. Eso ya me dio que pensar.

Pablo da su discurso, da sus titulares y la gente se emociona, se pone de pie, aplaude. Y notas como la emoción se contagia y ¡Repitan conmigo señor Mas y señora Aguirre! Y ¡Claro que se puede! Y más aplausos y más ilusión en el ambiente.
Y entonces termina. Suben al escenario los representantes de los círculos y demás personas de Podemos, cantan una canción, la gente sonríe y de repente Pablo ya no está.
Elvis ha salido del edificio y el concierto ha terminado.
La verdad es que nunca había ido a un mitin de un partido político, así que no puedo comparar más de lo que he visto en la tele de actos de otros partidos. Pero a mí me parece que no son iguales. En éste he visto gente emocionarse de verdad, emoción de la de lágrimas y, sobre todo, mucha ilusión.
Y como este post no es para hacer un análisis político si no dar testimonio de como vive un ciudadano como yo un evento así, sólo puedo decir que ha sido estimulante y como en cualquier concierto (si éste es bueno) te quedas con ganas de un poquito más.
Entonces por aquello de la suerte y de tener buenos amigos, Francesc Bienert, que es candidato al consejo ciudadano con Claro que Podemos de Hospitalet, me comenta que Pablo Iglesias va a tener una reunión con Ramón Montoya y los trabajadores del hospital de Bellvitge y que, si quiero ,puedo acompañarle. Así que no me lo pienso dos veces, voy a comer algo rápido y me voy hacia el hospital
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http://eltestimonial.blogspot.com.es/2014/12/fui-al-mitin-de-podemos-y-termine-en-el.html?m=1

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Pablo Iglesias se deshace en elogios al empresario Jaume Roures

Pablo Iglesias en el mitin de Barcelona

El líder de Podemos protagonizó un lunes plagado de entrevistas (en TV3 y Catalunya Ràdio) y reuniones políticas y por la noche se fue al cine. La cita era en una sala de la calle Aribau y la película, La revolta permanent, un documental fechado en 2006, firmado por Lluís Danés y dedicado a Lluís Llach. Se esperaba que el cine se llenara a reventar, dado el éxito del primer mitin de Pablo Iglesias en Barcelona, pero el pinchazo fue monumental. Apenas un centenar de personas asistieron al pase especial de la película cuyo colofón sería un cinefórum con la participación estelar de la sensación de la izquierda.

Ante una audiencia tan reducida, Pablo Iglesias se sintió liberado de sus ataduras y habló a calzón quitado. No tuvo ninguna clase de reparos en elogiar al productor de la cinta, el empresario Jaume Roures, presidente de Mediapro y convocante del acto, una especie de fiesta por los veinte años de actividad de la productora.

El documental dedicado a Lluis Llach, el autor de “L’estaca” que Podemos utiliza como himno y música de sus actos, gira también en torno a los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976 en los que cinco trabajadores murieron en el desalojo policial con gases lacrimógenos de una asamblea que se celebraba en una parroquia. El hecho inspiró la canción “Campanades a Morts” del cantautor catalán.

Iglesias se mostró tan emocionado con la cinta (uno de los pocos instantes en la historia negra del País Vasco desvinculado del terrorismo etarra), que no pudo dejar de ponderar las virtudes de un empresario, nada menos que las de quien cerró el diario Público con dos ERE en 2012 y a quien El País imputó recientemente la tenencia de cuentas corrientes en varios paraísos fiscales.

Según una nota de La Vanguardia, en el coloquio posterior a la película, Iglesias dijo: “Hace falta la voluntad de un empresario como Jaume Roures, dispuesto a hacer un documental como este”. Un día antes y ante un auditorio enardecido, clamó contra Rato y contra Pujol y llamó “traidores a su pueblo” a quienes tienen cuentas corrientes en el extranjero.

http://www.libertaddigital.com/

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Contratar a guardas de seguridad ‘piratas’ tendrá multas de hasta 600.000 euros

La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.

Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril  de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.

El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

Alerta de los administradores de fincas

Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.

El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.

“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.

La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas.

Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios yaumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.

http://www.elconfidencial.com/

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Pablo Iglesias hizo más cosas este domingo en Catalunya

Pablo acude al maltratado  hospital de Bellvitge al encuentro del personal  que allí trabaja, estos necesitan compartir los problemas con alguien que tenga la voluntad política y la oportunidad de hacer algo al respecto.

Por espacio de un par de horas explican uno tras otro las deficiencias que aquejan al hospital referencia de Barcelona, despilfarro, mentiras y hasta muertes innecesarias y evitables…. Pablo solo escucha y toma notas y solo habla cuando todos han terminado.

Pablo me dio la misma sensación que por TV, eso me pareció hasta raro, es igual de cercano.
(Paco Álvarez, un ciudadano)

 

Pedimos disculpas por la calidad del vídeo entendiendo que esta era una reunión en un despacho y con pocos medios.

http://meinci.info/article_read.php?a=7

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Alcoa retira el ERE y mantendrá las plantas de La Coruña y Avilés

Alcoa ha logrado la cantidad suficiente de bloques de energía en la subasta de interrumpibilidad para permitirle mantener sus plantas de La Coruña y Avilés, tal y como ha adelantado hoy elEconomista.

La compañía acaba de anunciar que tiene la intención de retirar el procedimiento de despido colectivo, una vez que se confirmen oficialmente los resultados de la subasta, y que afectaba a 800 empleados.

Pide un marco energético

La multinacional estadounidense considera que es necesario un marco energético a largo plazo, ya que la interrumpiblidad obtenida solo servirá para un periodo de 12 meses, lo que se suma a la queja mantenida por Unesid y Arcelor Mittal, que incluso han acudido a los tribunales.

Las dos plantas, explica Alcoa, continúan con dificultades y son más vulnerables a la volatilidad de las condiciones de mercado.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya explicó que los anuncios de cierre se debían a otros motivos y criticó a Alcoa por no haber presentado en la primera subasta una actitud competitiva.

http://www.eleconomista.es/

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El PSOE ve “insostenible” que la infanta no haya renunciado ya a sus derechos dinásticos

César Luena, con Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, a su llegada a la juguetería Así, en Madrid, este 23 de diciembre.  INMA MESA

César Luena, con Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, a su llegada a la juguetería Así, en Madrid,

El secretario de Organización del PSOE, César Luena, considera “insostenible” que la infanta Cristina no haya renunciado ya a sus derechos dinásticos, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, haya decidido juzgarla como cooperadora necesaria de su esposo, Iñaki Urdangarin, en la comisión de dos presuntos delitos fiscales.

Para Luena, que el juez haya decidido sentar a la hermana del rey en el banquillo demuestra “que el país funciona y eso es muy bueno”. “Sea Agamenón o su porquero, si hay indicios de un delito fiscal, y los hay, se va al juzgado y que se demuestre si uno es culpable o inocente”, informa Europa Press.

En España somos todos iguales, sea la familia del rey o yo mismo“, remachó, en declaraciones a los periodistas tras visitar, junto a dirigentes del PSOE madrileño, un comercio de la capital, la juguetería Así, en la Gran Vía, para denunciar los efectos de la desaparición de la renta antigua de la que gozan diversos establecimientos.

Luena también consideró “normal” que la presidenta andaluza, Susana Díaz, no dé su apoyo a ningún candidato socialista a la Moncloa, porque el partido no está “en eso”, sino que ahora está desarrollando su “proyecto” y el siguiente reto serán las elecciones municipales y autonómicas.

No habrá pacto para “esconder la corrupción” del PP

El secretario de Organización también respondió al número dos del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que afirmó que el PSOE sigue en crisis y no ha resuelto aún la crisis de su liderazgo y afeó al secretario general, Pedro Sánchez, que no quiera alcanzar acuerdos con el Gobierno.

El número dos del PSOE replicó que los socialistas han ofrecido a los conservadores un acuerdo para reformar la Constitución y avisó de que lo que no firmarán con ellos es un pacto para “esconder su corrupción sistémica e histórica”, ni tampoco una “gran coalición”. De hecho, recordó que la posición a favor de la reforma de la Carta Magnala aprobó el PSOE recientemente en Zaragoza por unanimidad de sus dirigentes. “Ya me gustaría a mí que todas las crisis fueran así, con unanimidad en las posiciones políticas del partido”, ha ironizado.

Por otro lado, el dirigente socialista recordó que el Grupo Parlamentario Socialista tiene intención de ir mucho más allá que el conjunto de la Cámara con las obligaciones de transparencia sobre los viajes de los diputados y en breve va a “publicar todos los gastos detallados de cada parlamentario”.

http://www.infolibre.es/

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Luis María Anson, fascinado con Pablo Iglesias

A Luis María Anson le gusta el líder de Podemos. Y así lo manifiesta este martes en su artículo del diario El Mundo. El éxito de Pablo Iglesias, titula el académico. Anson sostiene que “lo que caracteriza a la clase política española no es sólo la corrupción sino sobre todo la mediocridad“.

“Una buena parte de los ministros y secretarios de Estado de los últimos veinte años no hubieran podido trabajar en los periódicos que yo he dirigido ni como auxiliares de Redacción”, afirma el periodista.

Así las cosas, Anson tiene “claro” que “el éxito de Podemos se debe sustancialmente a la inteligencia de su líder, Pablo Iglesias. Cuando habla en público, cuando maneja las redes sociales, cuando se expresa ante las cámaras de televisión, cuando debate en las tertulias, contrasta con la inmensa mayoría de los políticos que balbucean, reiteran los mismos argumentos, se repiten y aturullan. Iglesias, al margen de que se coincida o se discrepe de lo que dice, expone sus ideas con claridad, es conciso en la expresión, contenido en los ademanes, convincente con la mirada”, sostiene.

Desde su tribuna, Luis María Anson defiende que “no hay en él (en Iglesias) ni presunción ni prepotencia. Se dirige a todos desde la sencillez”. Y es que, en definitiva, para Anson, “Pablo Iglesias es capaz de ganar votos sin desprenderse de la coleta de caballo percherón con la que se adorna”.

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Monserrat Caballé pacta con Hacienda una multa de 250.000 euros

La soprano española Monserrat Caballé ha cerrado este martes un acuerdo con la Agencia Tributaria con el que pretende esquivar una posible entrada en prisión y hará frente a una multa de unos 250.000 euros, según información de la agencia Europa Press.

La agencia explica que, además de la multa, la cantante lírica deberá devolver la cantidad defraudada al fisco y reconocerá el delito de fraude fiscal a cambio de una pena de prisión menor (seis meses), que le permitirá eludir la cárcel.

A sus 80 años, Caballé estaba imputada por declarar a través de una empresa con sede en Andorra 508.462 euros en 2010, año en que la soprano vivía en España pero tenía fijada su residencia en el pequeño país pirenaico, considerado entonces un paraíso fiscal.

La cantante, de 81 años, sufrió un ictus en 2012 que la ha llevado en los últimos dos años a reducir el número de actuaciones.

Nacida en Barcelona en una familia humilde, Caballé, conocida como “La Superba”, es una de las cantantes líricas más célebres a nivel mundial y ha interpretado a más de 80 personajes operísticos.

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/

 

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Denuncia a once bancos por cobrar comisiones cuando se realizan ingresos en cuentas ajenas

FACUA denuncia a once bancos por cobrar comisiones cuando se realizan ingresos en cuentas ajenas

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a once entidades bancarias por cobrar comisiones abusivas cuando se ingresa dinero en efectivo en una cuenta de otra persona o entidad por ventanilla.

Los bancos denunciados son Abanca, Bankinter, Barclays, La Caixa, Cajasur Banco, Kutxabank, Mare Nostrum (BMN), Popular, Sabadell, Santander y Unicaja.

FACUA, que viene tramitando numerosas reclamaciones de afectados por estas prácticas, ha remitido las denuncias al Banco de España, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad y autoridades de protección al consumidor autonómicas.

Cobran dos veces por el mismo servicio

En estas denuncias, la asociación alerta de que las entidades bancarias están cobrando dos veces por el mismo servicio: una al usuario que recibe el ingreso, que ya paga una comisión de mantenimiento anual de su cuenta, y otra a la persona que lo realiza. FACUA considera que el cobro en este caso implica una vulneración de la naturaleza del propio contrato.

FACUA recuerda que numerosos usuarios utilizan el pago en ventanilla para abonar, por ejemplo, recibos como los de la comunidad de propietarios en la que residen. En estos casos bastantes consumidores se encuentran con esta comisión abusiva que la asociación reclama que desaparezca.

Cajasur y Kutxabank, 4 euros

Cajasur y Kutxabank cobran nada menos que 4 euros por indicar el nombre de la persona o el concepto si el usuario no es cliente de la entidad. Abanca, Barclays, Santander y Unicaja aplican 3 euros por este concepto, seguidos de los 2 euros de Bankinter, La Caixa y Sabadell. Mare Nostrum (BMN) y Popular cobran 1,50 euros.

Las once entidades denunciadas argumentan que cobran esta comisión por indicar el nombre o el concepto y entienden que esto representa un justificante “especial o adicional”.

La asociación denuncia una vulneración de distintos apartados del artículo 62 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La norma establece concretamente en el apartado 2: “Se prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato”.

Asimismo, FACUA recuerda que el Banco de España recoge en su memoria del Servicio de Reclamaciones de 2012 que “la aceptación de ingresos en efectivo para abono en una cuenta de la propia entidad receptora constituye una prestación del servicio de caja, inherente al contrato de cuenta y, por tanto, no puede ser remunerado de forma independiente. Es decir, dado que el servicio de caja en estos supuestos se retribuye a través de la comisión de mantenimiento, el adeudo de cualquier otra comisión se considera improcedente”.

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ISDS, cuando el árbitro es juez y parte

Imagínense una competición deportiva en la que sólo el equipo A tiene derecho a atacar, mientras que el equipo B únicamente se puede defender. En el mejor de los casos, el equipo B no perderá el partido, después de haber invertido tiempo y esfuerzo en frenar la ofensiva, pero nunca podrá contraatacar, y mucho menos ganar.

Algo parecido, con consecuencias mucho más graves para las poblaciones, ocurre con el ISDS (solución de controversias inversor-Estado), un mecanismo de arbitraje presente en los tratados bilaterales de inversión (TBI) y en muchos tratados de libre comercio (TLC) que permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado cuando sientan que algunos de sus “derechos” han sido vulnerados, por ejemplo, por el cambio de una legislación que afecte a sus beneficios presentes o futuros. Este mecanismo también está previsto en el tratado de libre comercio UE-Canadá (CETA), pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo, y en el que se está negociando a puerta cerrada entre la UE y Estados Unidos (TTIP).

“Son una herramienta de chantaje” y pueden llevar a que los Estados se abstengan de regular sobre ciertos aspectos

Desde que en 1959 Alemania firmara el primer TBI con Pakistán, éstos se han ido multiplicando, principalmente a partir de los años 90, al calor de la expansión de las políticas neoliberales, hasta alcanzar los 2.811 actuales. Todos ellos incluyen el ISDS, que empezó a incorporarse también en muchos TLC a partir del Nafta, firmado entre EE UU, Canadá y México en 1994. Y fue precisamente a partir de la aplicación del Nafta cuando se disparó el uso del ISDS por parte de inversores. Si en 1997 había 19 casos conocidos de denuncias, hoy se acercan a las 600.

Pero pueden ser muchos más, ya que el sistema de arbitraje se hace a puerta cerrada y, como explica Luis Rico, coordinador del Proyecto de Tratados e Inversiones de Ecologistas en Acción, “si una de las dos partes pide que no haya comunicación, no la habrá. Se trata de un proceso poco transparente y sin control ciudadano”. Además, es un mecanismo unidireccional: sólo la empresa extranjera puede denunciar al Estado ante estos tribunales, y no al contrario, aunque estas corporaciones hayan violado derechos humanos o legislación ambiental o laboral.

En los últimos años, muchos han sido los Estados que se han visto obligados a desembolsar sumas ­ingentes de dinero público a multinacionales que los denunciaron amparándose en el ISDS. Como Ecua­dor, que pagó en 2012 la mayor cantidad hasta el momento, 2.300 millones de dólares, a Occidental, una compañía petrolera estadounidense, después de que el tribunal de arbitraje decidiera que poner fin al contrato de esta petrolera equivalía a una expropiación a pesar de que la empresa hubiera violado el contrato. O Eslo­vaquia, que se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto en Sanidad, cuando el nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario. Mientras tanto, Egipto espera el resultado arbitral después de que la empresa Veolia denunciara en 2013 al Estado por sentirse perjudicada por el aumento del salario mínimo.

“El TTIP da pie a que nos unamos todas las luchas que nos oponemos a recortes y privatizaciones”

Alejandro Teitelbaum, abogado diplomado en Relaciones Económi­cas Internacionales, incide en que “se trata de una ‘feudalización’ del derecho, de un derecho corporativo opuesto al derecho público nacional e internacional, que funciona en el interés exclusivo del gran capital transnacional y de los Estados ricos y en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados llamados periféricos y de sus pueblos”. Erika González, de OMAL, añade que se produce“un desequilibrio entre la empresa transnacional, que tiene recursos importantes para llevar adelante estas denuncias, y Estados que no tienen tantos recursos”. Los países periféricos son los más demandados, “también cuando han tomado medidas políticas acordes con las demandas de la ciudadanía”. Según los datos conocidos, el 65% de estas denuncias han sido lanzadas por multinacionales de EE UU y la UE.

Enfriamiento regulatorio

Teitelbaum explica que este mecanismo “comporta la renuncia a la facultad soberana de los Estados de adoptar decisiones de política nacional relacionadas con el interés general sin interferencias extrañas”, y añade que “los Estados han perdido su poder de decisión en las políticas nacionales y no pueden adoptar medidas legislativas, por ejemplo, de protección ambiental o en materia fiscal o laboral porque el inversor, e incluso el futuro inversor, puede reclamar indemnizaciones”.

Una de las peores consecuencias de estos ataques es, también según Luis Rico, que, aunque estos tribunales no pueden decidir sobre la legislación de un Estado,“realmente son una herramienta de chantaje muy potente contra toda regulación, y pueden llevar a un enfriamiento regulatorio”, es decir, a que los Estados se abstengan de impulsar políticas y cambios legislativos por miedo a ser denunciados. Un ejemplo lo vemos en Uruguay, que rebajó sus advertencias sobre los peligros del tabaco incluso antes de que se pusiera en marcha el proceso de arbitraje iniciado por la tabaquera Philip Morris. O en Sudáfrica, que rebajó de un 10% a un 1% el porcentaje de los beneficios que las mineras debían aportar a la población más desfavorecida después de ser denunciada por dos empresas mineras.

Sudáfrica se vio obligada a rebajar de un 10% a un 1% el porcentaje de sus beneficios que las mineras debían aportar a la población más desfavorecida

Además, estos “juicios” no se realizan teniendo en cuenta las legislaciones nacionales. Es más, según Álvaro de Regil, coordinador de la Alianza Global Jus Semper, “se deshacen de las jurisdicciones nacionales” y “tienen un sesgo total en favor de las empresas”. Los tribunales “son privados, no sujetos a control, y en ellos no existe posiblidad de apelación”, explica Rico. De hecho, el tribunal más importante de este tipo, al que recurren la mayoría de las multinacionales, llamado CIADI, es dependiente del Banco Mundial. Según Regil, quienes “están al control” en estos procesos “son los inversores institucionales de los mercados financieros, quienes a su vez son dueños de las transnacionales y quienes se encargan de cabildear los tratados en secreto, como sucede ahora en los casos del Acuerdo Transpacífico (TPP) y de la Asociación TransAtlántica (TTIP)”.

“Los árbitros pertenecen a una camarilla de diez bufetes, y pueden actuar a veces como consejeros de multinacionales, otras como fiscales, como árbitros…, pueden ser jueces y parte. Además, no tienen ingresos fijos como jueces, sino que ganan por el número de casos, unos mil euros la hora, así es que están interesados en que haya muchos casos, y para que haya muchos casos los inversores tienen que tener muchas expectativas de ganar”, añade.

Aunque según la Conferen­cia de Naciones Unidas sobre Co­mer­cio y Desarrollo, las empresas han ganado un 31% de los casos, éstos son sólo los conocidos, y, además, en otro 27% de los casos la decisión final fue “acordada” y no se hizo pública. Estos “juicios”, además, son altamente costosos, con una media de ocho millones de euros, y el dinero gastado por el Estado en su defensa no puede ser recuperado.

Aunque la decisión de estos tribunales no es recurrible, en los últimos años diversos países, principalmente los del sur y en mayor medida aquellos que están recibiendo un mayor número de denuncias por aplicar políticas que limitan el poder de las multinacionales, han buscado fórmulas para enfrentarse a sus decisiones. De momento,Ar­gen­tina, el país que más procesos de ISDS ha sufrido, ha sido el único que se ha negado a pagar. Otros Estados, como Bolivia, Ecuador o Venezuela, explica Rico, han abandonado el CIADI, y estos países, junto con Sudáfrica e Indonesia, han dejado de renovar sus tratados bilaterales de inversiones. Por su parte, India ha congelado los que tenía en negociación.

La amenaza del TTIP

Los países de la UE han firmado más de 2.000 tratados que incluyen esta cláusula, pero también han empezado a sufrirla. Un ejemplo paradójico es el de Alemania, pionera en la creación de este mecanismo y que ahora podría convertirse en una de sus víctimas. Después de que el Go­bierno alemán decidiera el cierre de su industria nuclear tras el desastre de Fukushima en Japón, Vatten­fall, una corporación sueca que opera dos plantas nucleares en Alema­nia, denunció a este país y le reclama una compensación de 3.700 millones de euros, la mayor de la historia. Quizá por ello Alemania es uno de los siete países que ahora dicen oponerse a este mecanismo tanto en las negociaciones del TTIP con EE UU como en relación al CETA con Canadá, acuerdo que han amenazado con no ratificar si sigue manteniendo el ISDS.

Para Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Plural y del grupo Izquierda Unitaria Europea, que organizaron en diciembre unas jornadas contra el TTIP en el Euro­par­la­mento en Bruselas, “el ISDS es la parte más importante del tratado porque es un aviso a navegantes. Cualquier política que intente poner recursos al servicio de las mayorías se expone a denuncias de las multinacionales. Es un secuestro total de la democracia”. Ante las críticas contra este sistema, la UE lanzó en marzo una consulta pública a la que respondieron 150.000 personas, de las que más de 131.000 se mostraron contra el ISDS. Se­gún Albiol, “no basta con una consulta vía internet, debe haber referéndums vinculantes para que la población pueda decidir si quiere o no el TTIP”, y añade que “para conseguir una mayoría de parlamentarios en contra se necesita movilización en la calle, presión a los partidos y a los gobiernos, un movimiento que haga que los eurodiputados se opongan”.

“[El ISDS] es un secuestro total de la democracia”, dice la eurodiputada de Izquierda Plural Marina Albiol

Ante las denuncias públicas contra este sistema y la oposición de ciertos países, entre los que no se incluye España, la UE ha anunciado ciertas modificaciones en el mecanismo ISDS. “La UE está haciendo una campaña tremenda e incluso reconoce que es un mecanismo costoso y unidireccional, y es cierto que han hecho algunas reformas, pero quedan muchos hilos sueltos por los que las multinacionales pueden seguir incidiendo sobre la regulación de los países”, explica Luis Rico.

En cualquier caso, según los entrevistados, el ISDS no es más que uno de los mecanismos perversos incluidos en TTIP, CETA y otros tratados de libre comercio. En palabras de Albiol, estos tratados “ponen al pueblo a los pies de las multinacionales. Hablamos de reducir las regulaciones y eliminar las que perjudiquen a las multinacionales, pro­te­ger menos el medio ambiente, los derechos laborales, los servicios públicos, la seguridad alimentaria o la agricultura. Pero, aunque consigamos pararlo, hay que vigilar que no metan por la puerta de atrás las políticas que manan de él”.

Luis Rico considera que “el TTIP no es nada nuevo bajo el sol, sino una herramienta fuerte más que refuerza los recortes de la troika. No está cambiando nada, sino reforzando políticas actuales, pero esto nos da un marco de lucha global porque toca todas las luchas: la ambiental, el fracking, los transgénicos, las políticas municipales, los movimientos en defensa de servicios públicos, e, igual que el Acuer­do de Libre Co­mer­cio de las Amé­ricas supuso un marco global para la unión de los movimientos sociales de América Latina, el TTIP da pie a que nos unamos todas las luchas que nos oponemos a recortes y privatizaciones”.

El TTIP y la cooperación regulatoria

Uno de los puntos previstos por el TTIP es la “cooperación regulatoria”, que, en palabras de la Comisión Europea, es “una importante herramienta para ayudar a desmantelar las barreras regulatorias existentes y a evitar que surjan nuevas”. En la práctica, esta “cooperación”, como denuncian las organizaciones de la sociedad civil, provocará por un lado una regulación a la baja a nivel social o medioambiental, al armonizarse las legislaciones según el interés de las corporaciones. Pero además permitirá a las multinacionales y los lobbies, a través de su participación en el Consejo de Cooperación Regulatoria, presionar permanentemente, una vez aprobado el TTIP, para modificar regulaciones a lo largo de los años.

Tratados a gran escala amenazan a los países

Paralelamente a las negociaciones sobre el TTIP y el CETA, éste último ya finalizado y a la espera de ser aprobado, 50 países, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos, negocian un acuerdo sobre el comercio de los servicios (TISA, por sus siglas en inglés). Al igual que el TTIP y el resto de tratados en negociación, el TISA está envuelto en opacidad, pero se prevé que, de ser aprobado, provoque la privatización masiva de servicios públicos en todos los países que lo suscriban. Paralelamente, Estados Unidos negocia otro tratado a gran escala con 12 países del Asia-Pacífico, el TPP, que abrirá más sus fronteras a los intereses de las transnacionales.

 

 Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/25091-isds-cuando-arbitro-es-juez-y-parte.html

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