El Gobierno traslada a la UE su impotencia ante la continua subida de los precios de la electricidad

El Gobierno está llevando a cabo una intensa ofensiva en busca de apoyo de la Unión Europea para lograr moderar los precios de la electricidad, un tema en el que el presidente Pedro Sánchez ha comprometido su credibilidad. La vicepresidenta del Gobierno para la transición ecológica, Teresa Ribera, participa hoy en el Consejo informal de ministros de Energía que se celebra en Eslovenia, donde va a reiterar la propuesta que lanzó este lunes a través de una carta a la Comisión Europea en la que le reclamaba ayuda y fórmulas para poder moderar la subida del precio de la electricidad. Esta es la tercera gestión en esta semana que hace el Gobierno con este objetivo, después de la intervención ayer martes del secretario de Estado para la UE, Juan González Barba, en el Consejo de ministros de Asuntos Generales en el que ya anunció que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez intentará que el tema sea tratado en la cumbre europea prevista para el 21 de octubre.

La carta a la Comisión la firmaban Ribera y la también vicepresidenta Nadia Calviño y en ella dan a entender que no están seguras de que las medidas que ha adoptado el Gobierno con este objetivo estén funcionando con la eficacia que pretenden y que puede que no sean del todo conformes con la legislación europea. Aunque en la carta sostienen que los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno para moderar el precio están de acuerdo con la legislación comunitaria, también pedían a la Comisión que los evalúe con la misma benevolencia con la que ellas aseguran que ha tenido respecto a las medidas que han adoptado otros países, a los que no citan, y que dan a entender que ese caso serían dudosamente legales. «España –dicen en la carta- ha cumplido plenamente las normas europeas a pesar de la sensibilidad política de la crisis actual. Otros países han adoptado medidas menos ortodoxas y la Comisión ha mantenido un enfoque prudente. Esperamos al menos similar tratamiento». El documento de discusión estaba dirigido al vicpresidente ejecutivo de las Comisión, Frans Timmermans, que está a cargo de la agenda del Pacto Verde, Margrethe Vestager que es la responsable de la cartera de Competencia y Kadri Simson, comisaria de Energía. Solamente esta última está presente en la reunión informal de ministros de hoy en la que participa Rivera.

La propuesta de España de que el tema del precio de la electricidad sea tratado en la próxima cumbre ha sido apoyado por otros países, entre ellos Italia, aunque el Gobierno de Roma, que ha tomado medidas más drásticas que España para contener la subida de precios del recibo de la luz, reconoce que es un problema que no solo se circunscribe al mercado europeo, sino que tiene que ver con otros actores mundiales.

Es lo mismo que ya dijo ayer la Comisión Europea, que confirmó haber recibido la carta de las dos vicepresidentas en la que estas piden al ejecutivo comunitario que desarrolle «directrices que permitan a los Estados miembros reaccionar durante los períodos de tensión del mercado energético» teniendo en cuenta que «si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo» de modo que «los Estados miembros no deberían tener que improvisar medidas ad-hoc cada vez que los mercados funcionan mal y luego esperar que la Comisión no se oponga a ellos».

La Comisión ha contestado que estudiará la carta con tiempo pero que mantiene su criterio de que las subidas de la electricidad se deben «a múltiples factores» el más relevante de los cuales es el precio internacional del gas mientras que los aumentos del precio de las emisiones (que si se regulan a escala europea) «solo representan un pequeño porcentaje del precio final» de la electricidad. Los portavoces de la Comisión no se han mostrado todavía muy entusiastas ante la idea propuesta por las vicepresidentas españolas para que se diseñe desde Bruselas «un menú de políticas europeas prediseñado para reaccionar de inmediato a los dramáticos aumentos de precios» y una reforma del mercado energético mayorista para «transmitir los beneficios de las tecnologías renovables hasta los consumidores». Bruselas afirma que antes de entrar en esa discusión es necesario «analizar correctamente» la situación actual e identificas bien las causas de la subida del recibo de la electricidad para no equivocarse de estrategia.

abc.es

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La Policía detecta que gorras y camisas de trabajo que compró hace dos años son «defectuosas»

La Dirección General de la Policía ha dado los primeros pasos para devolver la partida de gorras y camisas de trabajo que adquirió en 2019 al constatar «defectos en la fabricación» que provocan un desgaste acelerado de las prendas. Uno de los errores que se ha detectado es que la placa emblema pierde el color dorado y se queda «totalmente negra».

En marzo de 2019, la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional sacó a licitación la compra de diverso vestuario para proporcionar la uniformidad neesaria a los alumnos de las escalas básica y ejecutiva del curso 2019-2020. Dividido en ocho lotes independientes, el presupuesto de salida ascendió a 3.197.745,65 euros.

En concreto, las prendas que no han cumplido las expectativas de calidad son los 3.200 gorros de trabajo y las 12.800 camisas polo de trabajo (de mangas corta y larga en idéntica proporción), según se detalla en el oficio que el Servicio de Vestuario remitió el pasado miércoles «a todas las dependencias» al objeto de hacer recuento a nivel nacional de las unidades con tara y solicitar a los proveedores que ganaron el concurso la sustitución.

Camisa deteriorada con la placa ennegrecida.

«Por defecto en la fabricación, las gorras sufren un alto desgaste en la exposición a la luz, ocasionando que éstas se deterioren por una excesiva decoloración. En el caso de las camisas polos, tanto de manga larga como corta, las letras impresas tanto en la parte anterior como posterior se deterioren eliminándose el color blanco, además de la placa emblema que pierde el color, quedándose totalmente negra», explica el jefe de la unidad económica en el citado documento, fechado el pasado 15 de septiembre y al que ha tenido acceso El Independiente.

Fabricadas en poliester (52 %), algodón (46 %) y elastano (2 %), el suministro de las 3.200 gorras de trabajo se encargó a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ángel Gabardós Galindo Sucesores SL y Manufacturas Aura SA por un montante de 46.076,8 euros, lo que arroja un precio unitario de 14,40 euros (impuestos incluidos). Se trata del expediente numerado como 004/19/VE/01.

Desierto por falta de ofertas

Tras quedar desierto inicialmente por falta de ofertas, la Policía Nacional adjudicó el contrato de camisería mediante un procedimiento negociado sin publicidad a la UTE compuesta por Fábrica Española de Confecciones SA y El Corte Inglés SA. Este proveedor suministró las camisas polo de manga corta a 15,13 euros cada uno y las de manga larga a 15,73 euros, ascendiendo el montante a 197.504 euros (expediente 009/19/VE/01).

Detectado el problema, el Servicio de Vestuario envió la pasada semana una comunicación a todas las secretarías generales para que la hagan llegar a su vez a todos los funcionarios del Cuerpo, a fin de hacer un recuento del vestuario que ha resultado defectuoso. De esta forma, cada plantilla deberá remitir antes del próximo 22 de octubre una hoja de excel en la que se detalle el nombre y carné profesional del funcionario, las prendas fallidas correspondientes a los dos citados expedientes de licitación y la cantidad.

La «excesiva decoloración» hace que la placa emblema pierda el dorado y quede «negra»

Según se especifica en el oficio, la Dirección General solicitará la sustitución de las prendas a los suministradores cuando conozca el número total de unidades, momento en el que se pedirá a los agentes las gorras y las camisas deterioradas para proceder al cambio.

El pliego de prescripciones técnicas que reguló el concurso, consultado por este diario, obligaba a todos los licitadores a presentar informes emitidos por laboratorios acreditados con los resultados de los ensayos realizados a las materias primas utilizadas en el proceso de confección. En el caso de las gorras, los parámetros evaluables eran el tejido principal, el forro y el sudadero. En cuanto a las camisas de trabajo, el ensayo alcanzaba el tejido y las medidas.

A las empresas que pujaron por las distintas prendas se les exigía también la presentación de muestras de los productos al objeto de poder evaluarlas y detectar eventuales defectos. «Una muestra será considerada ‘apta’ (umbral de satisfacción que representa el cumplimiento del pliego) siempre y cuando no presente defectos críticos o una acumulación de más de tres defectos mayores», indicaban las condiciones del concurso.

En el caso de las gorras de trabajo, la valoración emitida tuvo la calificación de «aceptable» y obtuvo una nota de 40 puntos, lo que le permitió pasar a la siguiente fase (apertura de la oferta económica). En concreto, el informe de ensayo llevaba la firma del Instituto Tecnológico Textil Aitex, una empresa especializada con sede en la localidad alicantina de Alcoy.

Al margen de las gorras de trabajo y las camisas de trabajo, el procedimiento de licitación adjudicado en 2019 incluyó otra treintena de productos, entre ellos guerreras, faldas, pantalones rectos, jerseys, zapatos, botas de trabajo, cinturones, calcetines, corbatas, mochilas, chubasqueros, camisetas, pantalones de chándal, manguitos y divisas.

elindependiente

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Delegación de Gobierno impone multas de 600 euros a los organizadores de la marcha nazi de Chueca

La Delegación del Gobierno en Madrid impondrá una multa de 600 euros a los organizadores de la marcha neonazi que el pasado sábado recorrió las calles de Chueca. La Fiscalía se encontraba investigando si las consignas que se proclamaron contra el colectivo LGTBI eran constitutivas de delito.

Este martes, la delegada del Ejecutivo en la Comunidad, Mercedes González, ha detallado que se impondrá a quienes convocaron la concentración sanciones administrativas de 600 euros, lo máximo que permite la ley. Asimismo, se ha incoado expediente sancionador de 800 euros a seis de las personas que participaron por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban bengalas, palos y un puño americano.

González ya ha remitido el informe realizado por la Policía Nacional al órgano competente, que se encuentra estudiando si la marcha es concluyente de un delito de odio. La manifestación se organizó, presuntamente, contra las Agendas 2030 y 2050, aunque derivó en insultos graves hacia el colectivo LGTBI. Durante el transcurso de esta entre la Puerta del Sol y el barrio de Chueca se lanzaron proclamas como “Fuera sidosos de Madrid” o “Fuera maricas de nuestros barrios”.

Organizada por la asociación Madrid Seguro, de ella participaron grupos de corte neonazi como la Asociación de vecinos de San Blas Canillejas; la Asociación de vecinos de Villamantilla; la Asociación de vecinos de Coslada y San Fernando de Henares, el partido España 2000; Juventud Nacional; la Plataforma El Pueblo por la Verdad; la Plataforma Cultural-ñ; la Plataforma por la Dignidad, la Libertad y la Vida; y el Partido Orden y Ley (POLE) y Getafe NR.

Todos los partidos políticos mostraron su repudia a este hecho, aunque Vox ha insinuado que fue un bulo por parte del Gobierno que «apestaba a cloaca socialista«, opinión que comparte sobre las balas que hace meses recibieron varios miembros del Ejecutivo.

elplural

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El Gobierno aprueba la compra de tres A330 MRTT para cubrir una de las carencias del Ejército del Aire

El Ejército del Aire tiene una carencia desde hace años. Se trata de la capacidad de tener varios aviones de transporte multipropósito con capacidad para realizar diferentes misiones como transportar personal o material militar, personalidades VIP o hacer reabastecimientos en vuelo. Unos aviones comodín que apoyen a los que cumplen específicamente con cada una de estas funciones. Algo que se perdió con la retirada del último Boeing 707 en 2016.¿Tiene liquidez Airbus?Descúbralo aquí en nuestra sección Empresas

Los planes siempre han pasado por la adquisición de tres aeronaves MRTT (Multi Role Tanker Transport), pero se han visto retrasados por las estrecheces presupuestarias. Desde este martes, ya se ve la luz al final del túnel. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la compra de tres aviones A330-200 y su posterior transformación a MRTT, dotándolos de una cabina de carga de configuración versátil, por un valor estimado de 810 millones de euros.

El proyecto inicial fue que los tres aviones MRTT que llegaran al Ejército del Aire fueran aeronaves totalmente nuevas recién salidas de las fábricas de Airbus. Sin embargo, la mala situación económica y la multitud de necesidades que se empiezan a acumular en las Fuerzas Armadas han hecho que se opte por una opción más barata: la compra de tres aviones de segunda mano a Iberia.

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Estas tres aeronaves de segunda mano son aviones Airbus A330, el mismo modelo pensado inicialmente. Su reconversión tendrá lugar en las instalaciones del consorcio europeo en Getafe (Madrid). Una operación, además, a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que tuvo en el Palacio de La Moncloa con el CEO de Airbus en junio de 2020 como apoyo a la industria aeronáutica tras el final del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

El montante económico destinado por el Gobierno incluirá no sólo la compra de los aviones a la compañía aérea española y su transformación, sino también la prestación del soporte logístico asociado, el suministro de repuestos y demás componentes necesarios para su sostenimiento, los cursos y el material de formación del personal usuario y el software y hardware necesarios para la gestión, planeamiento y ejecución de las operaciones.

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EL MADRUGÓN. PRINCIPALES NOTICIAS DE LAS PRIMERAS EDICIONES DE LOS PERIODICOS DE PAPEL 22/09/2021

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Un error identifica a 250 afganos que desean ser acogidos en Reino Unido

El Ministerio de Defensa británico ha iniciado una investigación sobre las circunstancias en las que uno de sus funcionarios envió un correo electrónico a intérpretes afganos en el que copió las direcciones de todos los destinatarios, unos 250, aún residentes en Afganistán. El error pone en peligro la seguridad de los así identificados.

La retirada británica del país asiático, apresurada por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de marcar una fecha exacta para la retirada de todas sus tropas sin avisar antes a sus aliados, ya había deparado otro episodio lamentable. El personal de la Embajada de Reino Unido en Kabul dejó en el edificio fichas de su personal afgano y de solicitantes de empleo.

La conducta de la legación diplomática ha sido criticada por la falta de inteligencia sobre la rápida caída de Kabul en manos del Talibán y la marcha precipitada de la capital cuando colapsó su Gobierno. Fuentes del Ministerio de Defensa expresaron críticas en los medios porque los diplomáticos habrían dejado a jóvenes soldados procesando de la documentación de quienes querían ser evacuados.

Un periodista de ‘The Times’ descubrió en el jardín de la embajada, entre las cenizas de una barbacoa, las fichas de una decena de miembros de la plantilla y de solicitudes de empleo que incluían comprometidos currículums. El reportero entró en la Embajada acompañado por talibanes armados, que habían sido comisionados para proteger el distrito diplomático de Kabul hasta la reapertura de las embajadas.

Cinco mil

Si aquella revelación, al final de agosto, provocó una rápida gestión para localizar a casi todos los identificados en las fichas y evacuarlos, el error anunciado ahora por la BBC deja en mal lugar a un Ministerio de Defensa, que ha sido elogiado por la evacuación y sus esfuerzos para contactar con el millar de personas que habrían cooperado con las fuerzas armadas y permanecen en Afganistán.

Según el Gobierno, se ha ofrecido asentamiento en Reino Unido a unas quinientas personas consideradas como «casos especiales», por haber destacado en la sociedad civil afgana durante los últimos años. Son parte de los 5.000 afganos que serán acogidos este año, parte de los 20.000 a los que se dará el derecho a residir en Reino Unido en los próximos años.

Pero la oposición critica la lentitud del esquema para otorgar permiso de residencia a afganos vinculados a la administración británica en Afganistán. De unos 850 solicitantes, el Ministerio de Interior ha otorgado el permiso a 50 desde el 28 de agosto al 20 de septiembre. Estarían autorizados a ser acompañados por su cónyuge, o equivalente, y por sus hijos, o menores dependientes.

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Trudeau, lejos de revalidar la mayoría en el Parlamento canadiense

Con un sabor agridulce, pero sin dar su brazo a torcer ni mostrar un atisbo de autocrítica, Justin Trudeau compareció este martes ante las cámaras para celebrar su triunfo en las elecciones legislativas. Aunque el gubernamental Partido Liberal fue el más votado, los 158 escaños conseguidos se quedan muy lejos de las aspiraciones del primer ministro, que en una arriesgada apuesta convocó comicios anticipados a dos años del fin de su mandato para intentar recuperar la mayoría absoluta de 170 asientos en el Parlamento. No fue así.

Trudeau, de 49 años, se ha dado de bruces contra una realidad que no se esperaba. Creía que su gestión de la pandemia le ayudaría en su ambición de volver a gobernar en mayoría. Sin embargo, en los 36 días que duró la campaña electoral no hizo sino constatar el desgaste sufrido. Tuvo que enfrentarse a multitudes de manifestantes furiosos por las medidas sanitarias contra la covid-19. Uno de ellos incluso le arrojó piedras. Y entretanto le tocó lidiar con las críticas de sus adversarios políticos, sobre todo de los conservadores, por su decisión de convocar elecciones en plena crisis sanitaria cuando el Parlamento funcionaba, pero también su inacción en materia medioambiental o política exterior.

«Ustedes (los canadienses) nos están mandando a trabajar con un mandato claro para salir de esta pandemia hacia un futuro mejor», declaró el primer ministro desde un hotel de Montreal, rodeado de sus hijos y su esposa, Sophie Grégoire. En su agradecimiento a los votantes por los resultados cosechados en las urnas, Trudeau habló de «días brillantes que se avecinan». Aun así, reconoció igualmente que en el que será su tercer mandato necesitará trabajar con otras formaciones para sacar adelante sus propuestas.

Con más de un 95% de las papeletas escrutadas, y a falta solo del recuento del voto por correo, el escenario político en Canadá es prácticamente el mismo que en la anterior legislatura, cuando los liberales contaban con 157 escaños en una Cámara baja conformada por 338 asientos. En ese contexto, el principal rival de Trudeau, el conservador moderado Erin O’Toole, cuya formación tendrá que conformarse con 122 parlamentarios, afeó al mandatario que movilizara al país e hiciera gastar dinero a las arcas del Estado para al final quedar todo igual. «Los canadienses lo pusieron nuevamente (en el poder) con una nueva minoría a un costo de 600 millones de dólares (401 millones de euros) y mayores divisiones en nuestro gran país», lamentó.

Posibles socios

Con la ‘trudeaumanía’ transformada ya en un recuerdo de su arrollador primer triunfo en 2015, a Trudeau le tocará ahora tocar las puertas de otros partidos para intentar conformar una coalición de gobierno. Los favoritos a convertirse en socios del Ejecutivo son el independentista Bloque Quebequés (31 escaños) y el izquierdista Nuevo Partido Democrático (NDP, 26 escaños), tercera y cuarta fuerza política.

El nuevo gabinete tendrá como principal misión trazar la recuperación económica que sigue a la crisis sanitaria provocada por la pandemia, donde Canadá cuenta ya con el 70% de su población vacunada y una de las tasas más bajas de mortalidad entre las potencias del G7. Otro de los asuntos clave será el cambio climático, tras registrar este verano una ola de calor sin precedente y aflorar fuertes dudas sobre la capacidad del país para cumplir con su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero.

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Rusia, culpable del asesinato del disidente Litvinenko en Reino Unido

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera a Rusia «responsable» del asesinato del exespía y opositor Alexander Litvinenko, envenenado en 2006 en Reino Unido.

Litvinenko, un antiguo miembro de los servicios de inteligencia rusos, fue envenenado en un hotel en el centro de Londres con polonio radiactivo 210.

Una investigación pública británica realizada 10 años después concluyó que el asesinato fue «probablemente aprobado» por el presidente ruso Vladimir Putin.

Rusia siempre ha negado cualquier participación en el asesinato del exespía.

La investigación de Reino Unido sostiene que el exguardaespaldas de la KGB (la agencia de inteligencia de la Unión Soviética) Andrei Lugovoi y el empresario ruso -y también exagente de la KGB- Dmitry Kovtun, envenenaron deliberadamente a Litvinenko, probablemente administrándole la sustancia radiactiva en su taza de té.

La viuda de Litvinenko, Marina, llevó el caso contra Rusia al tribunal de derechos europeo, con sede en Estrasburgo (Francia), que estuvo de acuerdo con la conclusión de la investigación de Reino Unido.

«El tribunal determinó que había un fuerte caso prima facie de que, al envenenar a Litvinenko, Lugovoi y Kovtun actuaron como agentes del estado ruso», dictaminó el TEDH.

Los exagentes de la KGB Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoi hablando sobre el asesinato de Alexander Litvinenko en 2007.
Pie de foto,Los exagentes de la KGB Dmitry Kovtun y Andrei Lugovoi son los presuntos asesinos de Litvinenko.

Los investigadores concluyeron que el hecho de que Rusia no refutara las afirmaciones de que había organizado el asesinato apuntaba aún más hacia la responsabilidad del Estado.

Tanto Lugovoi como Kovtun han negado cualquier participación en el asesinato.

Un año después de la muerte de Litvinenko, Lugovoi se convirtió en miembro de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, por un partido nacionalista de derecha.

Más tarde condenó la investigación pública de Reino Unido como «un espectáculo y una mentira abierta».

Sin embargo, el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo determinó que estableció «más allá de toda duda razonable» que los dos hombres llevaron a cabo el envenenamiento, desde la compleja obtención de «veneno poco frecuente y mortal», hasta los arreglos de viaje y los repetidos y sostenidos intentos de envenenar a Litvinenko.

¿Quién era Litvinenko?

Alexander Litvinenko huyó de Rusia, donde trabajó como agente del FSB, el servicio de seguridad estatal del país.

El disidente ruso fue a Reino Unido y se hizo ciudadano británico. Se convirtió en un feroz crítico del presidente Vladimir Putin y recibía un sueldo del servicio secreto MI6 de Reino Unido, al parecer investigando los vínculos de la mafia rusa con España.

Alexander Litvinenko, entonces oficial del servicio de seguridad estatal de Rusia FSB, en una conferencia de prensa en Moscú el 17 de noviembre de 1998.
Pie de foto,Litvinenko, cuando era agente del FSB, en una conferencia de prensa en Moscú, en noviembre de 1998.

Litvinenko se reunió con Andrei Lugovoi y Dmitry Kovtun para hacer contactos de negocios y tomar el té en un hotel del centro de Londres el 1 de noviembre de 2006.

Pronto se enfermó y fue ingresado en el hospital con vómitos y mucho dolor poco después. Su estado empeoró y murió el 23 de noviembre. Tenía 43 años.

El TEDH concluyó que si su asesinato hubiera sido una «operación deshonesta», Rusia habría podido demostrarlo. Pero el tribunal dijo que no se hizo ningún intento serio por refutar los hallazgos de las autoridades británicas.

También estableció que Rusia debería pagar a la viuda de Litvinenko 122.500 euros (US$143.700).

bbcmundo

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La venta de música crece en España un 22% en el primer semestre del año

Los españoles dedicaron casi 169,2 millones de euros al consumo de música, tanto en formatos digitales como en la compra de soportes físicos, unos ingresos que suponen un incremento del 22,3% con respecto al mismo periodo en 2020 (138,3 millones de euros). Son los últimos datos ofrecidos por Promusicae, la asociación de productores que representa a la industria discográfica en nuestro país. Desde la misma, hacen hincapié en que las cifras de 2020 están ligadas al inicio de la pandemia y al confinamiento duro, que llevó al cierre de los comercios no básicos. Las ventas de música en soportes físicos se desplomaron entonces y la vuelta a una relativa normalidad ha permitido, en cierta medida, restablecer la compra de CDs y vinilos.

Así, la venta de soportes físicos pasó de 18 millones en la primera mitad de 2020 a 25 millones de euros en ésta del 2021. Y por estas mismas circunstancias el mercado digital, que llegó a representar el 87% del total del mercado del año pasado en idénticas fechas, cede ahora casi 2 puntos (85,2%). Sin embargo, asegura Promusicae que «este llamativo crecimiento en venta física (39,6%) se considera como un «rebote» frente al desplome del año pasado, (-44,8%) y no restablece las ventas a los niveles de 2019, que fueron de 32,7 millones de euros, situándose por debajo de estos en un 23,4%. En otras palabras, el sector dejó de ingresar 14 millones en 2020, y en 2021 sólo recupera 7».

El ‘streaming’, a la cabeza

De nuevo, el consumo digital y en concreto el ‘streaming’ a través de plataformas como Spotify, Deezer o Apple Music se sitúa a la cabeza en las preferencias de los usuarios para consumir música. El mercado digital alcanza los 144 millones de euros, lo que implica una subida de un 19,7% respecto al año anterior (120,3 millones). Un 82,3% de esos ingresos provienen del ‘streaming de audio’, en sus modalidades de suscripciones premium y financiadas por publicidad, (118,5 millones), y un 15,5% del consumo de video en streaming (22,3 millones de euros). El apenas 2% restante lo completan las descargas permanentes de canciones, álbumes y vídeos y los productos para móviles (tonos de llamada y escucha). Eso sí, según apunta Promusicae, «se reduce considerablemente el ritmo de crecimiento» que se venía observando en los años previos.

En cuanto a las ventas en formato físico, el vinilo sigue acaparando la atención de los compradores y crece un 74% con respecto al año anterior. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, su parte del pastel sigue siendo menor que la del CD. Prácticamente, un 43% de los discos físicos que se venden en las tiendas son vinilos, aportando en esta ocasión unos ingresos de 10,7 millones de euros a la cifra global. El CD supone un 55,70% de las ventas físicas y anota 13,4 millones durante los primeros seis meses de 2021.

«Cierto alivio»

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, asegura que «da un cierto alivio ofrecer cifras de crecimiento positivas en esta parte del sector de la música. La tendencia es buena y nos está permitiendo recuperar parte de las pérdidas causadas por la crisis de la covid. Ojalá logremos mantener estos resultados hasta final de año y se extiendan al resto de sectores de la cultura». Y añadió, «no obstante, no hay que dejarse llevar por las primeras buenas impresiones, ya que nos estamos enfrentando de lleno al segundo semestre del año y queda mucho trabajo por delante para obtener unos deseados buenos resultados al final del ejercicio. La tendencia de recuperación que señalaba el consumo y venta de música, previa a la pandemia, sufrió un importante frenazo, pasando de un crecimiento del 22,5% en 2019 a un 10,2% a finales de 2020. Superada la primera mitad de 2021, las dificultades e incertidumbres siguen presentes en los comercios y en nuestro día a día, la economía se anima más lentamente de lo previsto y no parece que podamos recobrar en un solo ejercicio las buenas perspectivas que hemos perdido por el camino. Buena muestra de ello es, por ejemplo, la caída de los ingresos que provienen de la recaudación de los derechos de propiedad intelectual, que siguen sin recuperarse debido al cierre nocturno».TENDENCIAS 

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Prórroga de los ertes: El Gobierno plantea alargar las ayudas hasta el 31 de enero del 2022

El Gobierno ha trasladado a patronal y los sindicatos su intención de alargar cuatro meses más, hasta el 31 de enero del 2022, las ayudas a los ertes covid. Esta ha sido la fecha que los negociadores de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social ha puesto encima de la mesa este martes por la tarde en la segunda reunión para pactar una nueva prórroga. Las actuales condiciones vencen este 30 de septiembre y unos 253.000 trabajadores -50.000 de ellos en Catalunya- siguen afectados, de manera total o parcial, por un expediente de este tipo. La fecha está encima de la mesa, los agentes sociales no se ha opuesto a la misma y ahora la negociación se centra en abordar las condiciones, es decir, cómo se renovarán las ayudas públicas. La próxima reunión será el jueves a las nueve de la mañana.ADVERTISING

La propuesta del Ejecutivo no contempla una prórroga automática y las empresas deberán presentar una solicitud de nuevo expediente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud colectiva de prestación por desempleo para los trabajadores, según han explicado fuentes sindicales. La autoridad laboral competente, en este caso cada departamento de Trabajo de las distintas comunidades autónomas -en Catalunya, el Departament de Treball-, deberá emitir una respuesta en 10 días y si no responde, se considerará la petición como denegada. Desde el Ministerio de Trabajo también están estudiando un paquete de ayudas más garantista para las empresas y trabajadores canarios afectados por las erupciones volcánicas de los últimos días.

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La Seguridad Social ha modificado a la baja su esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas, aunque mantiene las ayudas en caso de cierre obligado por covid. Aquellas compañías que se vean obligadas a cerrar o a detener su actividad por una decisión de la autoridad sanitaria -lo que se conoce como un erte de impedimento– dejarán de pagar el 100% de las cotizaciones de sus trabajadores. En el caso de los ertes por limitación, es decir, aquellos pensados para aforos reducidos, las exoneraciones serán del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 40% para empresas de mayor tamaño. Aquí bajan las ayudas, pues hasta ahora las exoneraciones era de 75% y el 65%, según el tamaño de la plantilla. Por lo que respecta a los ertes para sectores ultraprotegidos, es decir, aquellas ramas de actividad consideradas como especialmente afectados por la crisis covid, se mantienen los mismos CNAEs. Esta es la lista de las actividades que actualmente pueden acogerse a los ‘ertes ultraprotegidos’.

Documento

Ertes – Sectores ultraprotegidosVER PDF

Ayudas ligadas a la formación

Queda una semana para el último Consejo de Ministros ordinario del mes de septiembre y o bien las partes se ponen de acuerdo a lo largo de los próximos siete días o el Gobierno se verá obligado a convocar un cónclave extraordinario donde validar la nueva prórroga. El Ejecutivo ha trasladado este martes su primera propuesta de renovación, después de que en la primera reunión, celebrada la semana pasada, los negociadores de Trabajo Seguridad Social únicamente avanzaron a patronal y sindicatos su intención a modificar el actual esquema de ayudas. Y de ligar a partir de ahora parte de las exoneraciones para las empresas con la obligación de formar a sus trabajadores en erte. Los empleados deberán cursar esas acciones formativas entre el 1 de octubre y el 30 de junio del 2022.Noticias relacionadas

Este último punto inquieta a sindicatos y patronal, ya que deja abierta la incógnita de qué pasaría si una empresa incumple y sus trabajadores no realizan formación alguna. Una consecuencia posible podría ser que la empresa debiera, nueve meses después, retornar las ayudas que ha recibido. Otro fleco por cerrar es la renovación del llamado ‘contador a cero‘, es decir, que las prestaciones de desempleo consumidas por los trabajadores durante estos meses no consuman derecho a prestaciones futuras. La voluntad del Gobierno es renovar esta cuestión y es una de las líneas rojas de los sindicatos.

La actual renovación tiene un espíritu, más velado que manifiesto, de cribar entre aquellas empresas que siguen precisando de un expediente y sus consecuentes ayudas; de aquellas que están ‘apalancadas’ en un expediente y lo mantienen para suavizar mediante recursos públicos el impacto indirecto de la pandemia en sus balances. Es por ello que tras la nueva prórroga las empresas deberán volver a pasar por el SEPE para formalizar un nuevo expediente y que la autoridad pública revise que este se adecúa al nuevo contexto económico. Y los trabajadores afectados deberán volver a realizar los trámites con el servicio público de empleo para renovar sus prestaciones de paro. El sector que más trabajadores continúa teniendo en erte es el servicios y, concretamente la hostelería; hasta el punto de que cuatro de cada 10 empleados en erte trabaja en dicho gremio.

elperiodico

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