La importante presencia de una banca pública rentable y solvente en gran número de países desarrollados (Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc.) cuestiona la visión ideologizada que ha querido darse en nuestro país sobre las causas que originaron la crisis financiera de algunas Cajas de Ahorros.
El estudio de la profesora Adrianova de la universidad inglesa de Leicester (Public Banks and Financial Stability), usando datos del periodo 1995 a 2007, ha llegado a la conclusión que, para países que tienen características similares, un alto grado de propiedad pública de los bancos es una garantía de mayor crecimiento del PIB.
No solo los bancos públicos pueden propiciar un mayor crecimiento del PIB, también el comportamiento de los bancos públicos, en situaciones de crisis, puede ser más positivo que el de los bancos privados. Las conclusiones de un estudio realizado por Alfredo Schclarek y Michael Brei sobre el comportamiento de 560 bancos privados y públicos en la crisis financiera[1] son que los bancos públicos:
- Prestan más que el sector bancario privado. Los bancos privados redujeron el crédito, como media, un 5,5%, mientras que los bancos públicos incrementaron sus líneas de crédito en un 9,4%, contrarrestando la caída de crédito privado.
- Evitan parcialmente que la crisis financiera se extienda a la economía real.
- Tienen un importante papel en la reconversión de los sectores productivos tras la crisis.
- El crédito de los bancos públicos es muy importante para que las medidas de política monetaria de reactivación tengan éxito. Como se puso de manifiesto en el caso del nacionalizado Northern Rock en el Reino Unido.
- Son considerados más seguros por los ahorradores. Debido a que, ante situaciones de crisis, los bancos públicos son más recapitalizables que los bancos privados, ya que los gobiernos tienen más recursos que los banqueros privados, y por ello sufren menos retiradas de depósitos. Los bancos públicos no tienen como único objetivo maximizar sus beneficios, sino también impulsar la actividad económica.
Incluso “The Economist” señaló en 2010 que los bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil fueron un elemento clave para que esos países sortearan la crisis financiera de 2007 que afectó a las economías desarrolladas del Atlántico Norte. En el Informe del Banco Mundial “Repensando el papel del Estado en las finanzas” se reconoce: “El papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis (…) El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito (…) compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados”.
Los bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil fueron un elemento clave para que esos países sortearan la crisis financiera de 2007 que afectó a las economías desarrolladas del Atlántico Norte.
El porcentaje de la participación del Estado en el sistema financiero en los países desarrollados como consecuencia de la crisis, según el propio Banco Mundial, ha pasado del 6,7% en el periodo 2000-2007 al 8% en los años 2008-2010.
Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una moderna política industrial, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita nuestro país. En un mundo de finanzas globalizadas la productividad a largo plazo depende de la capacidad de captar capitales para fijar conocimiento en ese territorio.
La inexistencia en España de instituciones financieras eficaces en la atracción del capital exterior a largo plazo, los grandes bancos privados de nuestro país hoy no cumplen ese papel, hace muy dificil que nuestro país pueda resolver sus actuales insuficiencias productivas, sobre todo en relación con el sector energético y su alta dependencia de combustibles fósiles importados, y con las carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores abiertos a la competencia internacional.
Asimismo, una potente, competitiva, solvente y profesionalizada banca pública minorista que compita en igualdad de condiciones de mercado que la banca privada, como existe en Francia e Italia, podría ser el bypass financiero que permitiera impulsar el flujo de crédito a los hogares y pymes, haciendo que la recuperación de la actividad económica y la creación de empleo sean más robustas.
Tras la desaparición de las Cajas de Ahorro se ha acelerado la tendencia de nuestro sistema financiero a la oligopolización. La conformación del sector bancario español como un oligopolio concentrado en muy pocas entidades, en el que las tres principales entidades podrían abarcar en breve el 70% del mercado según sus propios planes, la escasez de crédito y el endurecimiento de los criterios de solvencia aumentan los riesgos de exclusión crediticia para un creciente número de particulares y empresas. Reducir los costes financieros que soportan las pequeñas y medianas empresas mejoraría la competitividad estructural de la economía española. La demanda intermedia de servicios de intermediación financiera (incluidos los seguros y planes de pensiones y los servicios auxiliares) representaba en 2009 el 6,5% del PIB, según las Tablas Input-Output de la economía española.
Para que la banca pública pueda realizar estas funciones, y para evitar que puedan surgir casos de corrupción en relación con su utilización partidista, es necesario un correcto diseño institucional, en el que haya suficientes instrumentos de control democrático sobre su gestión y en el que la norma sea la transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes.
Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una moderna política industrial, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita nuestro país.
Las Cajas de Ahorros no eran bancos públicos.
De forma intencionada en muchos casos, por desconocimiento en otros, se ha producido en todo el proceso de crisis bancaria en nuestro país una identificación entre las Cajas de Ahorros y la banca pública, cuando son instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus sistemas de gobierno corporativo.
Las Cajas de Ahorros en España no tenían participaciones negociables, acciones, que pudieran cotizar en el mercado bursátil y que pudieran disciplinar una gestión incorrecta[2], como sucede con la banca privada, pero tampoco eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades políticas por una deficiente gestión.
La liberalización financiera iniciada en 1977 supuso situar a las cajas de ahorro en un limbo en cuanto a los derechos de propiedad, definidas como instituciones privadas de carácter fundacional pero sin el régimen jurídico propio de las fundaciones. La regulación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en los años del boom inmobiliario estaba definida por la Ley 31/1985, aunque la Ley 44/2002 introdujo un cambio en los porcentajes de voto en los órganos de gobierno de las partes interesadas no accionistas, stakeholders en la terminología anglosajona, que tras dicha ley quedaron establecidos en tres grupos: administraciones públicas, clientes-impositores y trabajadores. Dicha Ley dejaba a la concreción de la legislación de las comunidades autónomas los porcentajes definitivos, aunque dentro de unas horquillas: los representantes de las administraciones públicas no debían superar el 50%, la representación de los clientes-impositores debía estar entre el 25 y el 50% y la de los trabajadores entre el 5 y 15%. En la práctica la Ley supuso una reducción del poder de las administraciones públicas en la gestión de las cajas de ahorro, ya que antes superaban el 50% en muchos casos. La representación de las administraciones públicas, no obstante, era plural, ya que debía tener en cuenta el peso de cada partido político en las diferentes administraciones representadas.
La deficiente regulación del gobierno de las cajas de ahorros, y el relajamiento de los mecanismos de control interno, agravó hasta límites exagerados un típico problema de agencia. Los gestores de las Cajas, los altos directivos, fueron concentrando cada vez un mayor poder de esas entidades en sus manos, sin ningún control, de forma que finalmente consiguieron imponer sus intereses por encima de los de las propias entidades, hasta poner en cuestión su propia viabilidad. No había accionistas, ni gobierno en el caso de que hubiese sido una banca pública, que defendieran sus intereses frente a los gestores.
El caso más extremo de concentración de poder es el volumen de fondos de libre disponibilidad inversora en participaciones estratégicas del que dispuso el expresidente de Cajamadrid, el recién condenado Miguel Blesa. Este señor podía decidir el destino de este fondo, que llegó a alcanzar los 2.000 millones de euros, un 0,2% del PIB español, sin dar cuenta ni a la comisión ejecutiva, ni al comité de inversiones, ni al consejo de administración. Algo inaudito, ya que en los bancos privados los gestores deben responder a los accionistas y en los bancos públicos al gobierno que les nombra. De esta peligrosa situación era consciente el Banco de España ya en 2006, pero no tomó ninguna medida, algo que finalmente parece que investigaran los tribunales y el Parlamento.
[1] Public bank Lending in Crisis Time. Alfredo Schclarek (University of Cordoba, Argentina) y Michael Brei (Univertity Paris Ouest, Francia). Mayo 2011.
[2] El gobierno de las cajas de ahorro españolas. Valentín Azofra y Marcos Santamaría. Universia Business Review. Segundo Trimestre 2004.
