Las nucleares advierten de que tendrán que cerrar de forma precipitada

Apenas una hora después de que el Gobierno expusiera el decreto por el que aprobaba las medidas para amortiguar el alza de la luz, las empresas propietarias de las centrales nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) han reaccionado a los recortes anunciados a través del Foro Nuclear, para alertar de las dificultades para operar las centrales si esas medidas prosperan.

La organización nuclear rechazaba así el decreto aprobado este martes, por el que verán reducidos sus ingresos derivados indirectamente de los altos precios del gas, así como el proyecto de ley por el que también se recortan los ingresos extraordinarios por el CO2 no emitido. Advierten de que su aplicación podría derivar «en el cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Las nucleares sostienen, en un comunicado, que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva. Calculan que para ser rentables necesitan un megavatio/hora de 57 o 60 euros. Y se quejan, como en otras ocasiones, de la «excesiva presión fiscal» que soportan.

Las propietarias de las nucleares recuerdan que tienen previsto realizar inversiones por 3.000 millones de euros hasta 2035, año en el que culmina el plan de cierre pactado con el Ejecutivo. Por ahora, estas plantas aportan un 25% de toda la luz que se genera en España, según REE.

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha expresado que este cese anticipado provocaría «un cierre desordenado de la generación nuclear» y «la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial». En su opinión, si las nucleares se ven abocadas a esta situación, el país tendría una mayor dependencia energética del exterior y habrá un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista, e impediría el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Las nucleares han recordado que funcionan con autorizaciones que se renuevan periódicamente, algunas de ellas concedidas de manera reciente y de acuerdo con los criterios de asignación de derechos de emisión establecidos por la UE.

La reacción de las propietarias de las nucleares llegaba antes que la del conjunto de compañías, aglutinadas en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec). La organización considera la medida que recorta los ingresos de hidroeléctricas y nucleares como «injusta y desacertada». Recuerdan que el plan de choque se basa en «una supuesta sobreretribución» de tecnologías, que no están amortizadas y que «son claves para la transición energética» y, en muchos casos, «operan en pérdidas desde hace años», en clara referencia a la nuclear.

De hecho, las energéticas instan al Gobierno a buscar «soluciones verdaderamente eficaces» ante la volatilidad de los precios en el mercado mayorista.

Argumentan que el sector «ni es responsable de esta situación» ni tampoco «se está beneficiando de ella», y ponen como argumento la caída en Bolsa que han experimentado algunas de estas compañías en lo que va de año. Las eléctricas recuerdan que ya tienen vendida a plazo toda su producción base para este año y más de un 75% para 2022 «a unos precios muy inferiores» a los del ‘pool’ diario. Y son esos precios los que han ido ofrecido a los clientes del mercado libre en los últimos meses.

También se muestran en contra de la medida que obligará a subastar energía a comercializadoras pequeñas y gran industria. «Ya se introdujo en 2007 y no sirvió para bajar precios ni beneficia a los consumidores», indican desde Aelec.

Las eléctricas insisten en que la solución pasa por una reforma de la tarifa regulada, «como sucede en países europeos de nuestro entorno», para evitar el traslado a los consumidores de la volatilidad del mercado. También abogan por «limpiar la factura de la luz de todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución», es decir, extrayendo del recibo todos los cargos adicionales pasándolos a los Presupuestos del Estado; y «acometer una reforma fiscal que alivie la presión» a la que está sometida el recibo de la luz con «altos impuestos».

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