El nuevo modelo de IVA angustia a las empresas

Empresas  grandes y pequeñas, de los sectores más variados, consolidadas o de más reciente creación, todas ellas padecen el estrés por la inminente entrada en vigor del nuevo modelo de gestión en tiempo real del IVA, el SII (suministro inmediato de información), que será ya el próximo 1 de julio pero para el que ni mucho menos se ha contado con un plazo suficiente de preparación. «Una locura» es como define la asesora fiscal de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ana Valverde, el despliegue del nuevo sistema después de recibir tantas y frecuentes consultas por parte de las corporaciones asturianas. En ellas se vive «con preocupación» la implantación inmediata de un modelo para el que se han tenido que llevar a cabo grandes costes, tanto respecto a la renovación de programas informáticos como de formación del personal administrativo, y que prevé sanciones de entre 300 y 6.000 euros por los retrasos en la presentación de las facturas.

El SII pretende que las empresas entreguen información sobre la facturación del IVA a Hacienda en un plazo reducido, ocho días desde el próximo 1 de julio y cuatro días desde el próximo 1 de enero. Atañe a las empresas con una facturación anual superior a los 6 millones de euros pero también a las acogidas al régimen de devolución mensual del tributo (Redeme) y a las que operan con grupos de IVA. «Hay empresas que no facturan 6 millones pero tienen muchas operaciones internacionales, tienen mucho IVA a devolver siempre y están en régimen de devolución mensual porque financieramente les viene muy bien. Y aunque habilitaron un periodo especial para renunciar el régimen, estos no lo van a hacer, y ahora están metidos en todo el follón del SII», explica Valverde.

Buena parte del problema es la complejidad de los detalles que hay que trasladar a Hacienda, tanto que «hay que ser un experto en IVA»; pero también la premura con la que se ha desarrollado todo el proceso. El Real Decreto que aprobó la reforma se publicó en el BOE apenas el pasado 27 de mayo, el plazo extraordinario para que las empresas pudieran renunciar al régimen de devolución mensual se aprobó el 29 de mayo, la página web abierta para consultas y un portal de pruebas en la Agencia Tributaria tiene actualizaciones constantes que han llevado a más de un equívoco. «Son plazos superapretados», destaca Valverde quien señala además que la precipitación ha provocado efectos secundarios, «tanto en empresas pequeñas como en las que tienen grandes departamentos de administración, se están volviendo locos, y en muchos sitios se están cambiando las vacaciones porque donde sólo hay una persona no se puede ir en julio».

En los encuentros celebrados meses atrás por la FADE para dar explicaciones sobre el SII se calculó que eran alrededor de 400 empresas las afectadas por la reforma en Asturias. A nivel estatal, la CEOE ha planteado a Hacienda la petición de una demora en su puesta en marcha. El presidente de la patronal, Juan Rosell, le solicitó por escrito a Montoro que ampliara al 1 de octubre el plazo para incorporarse al SII, dejando un período de prueba de tres meses para corregir errores. «Entendemos que esa era una solución razonable, buena para las dos partes y que eliminaría incertidumbres. Pero Hacienda no la ha atendido», lamentaron desde la CEOE, recordando que era la cuarta vez que envían misivas al ministro en relación con el nuevo sistema, siempre sin respuesta.

«La petición de la CEOE era muy lógica, porque lo que pidió es que al menos entrara en vigor el 1 de julio pero en pruebas, sin sanciones, porque el el retraso en la revisión de la facturación conlleva sanciones. Por eso pedimos que luego ya hubiera una entrada en vigor definitiva cuando el sistema esté un poco rodado, a principios del año que viene, o en el ultimo trimestre de este ejercicio; eso sería mucho más razonable», insiste Valverde. Lo previsto es que (aunque no se cuenten sábados, domingos, y festivos ) tengan que entregarse las facturas en ocho días y a partir de enero en cuatro. Un retraso supone una multa del 0,5% del importe de la factura, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000; «imagínate, yo me retraso en enviar una factura de 50 euros, en teoría me podrían poner una sanción ese trimestre de 300 euros», señala la asesora de FADE.

Desde Hacienda han tratado de apaciguar a las empresas indicando que serían flexibles con las sanciones, pero el proceso se ha vivido con preocupación en la patronal asturiana. «Es mucho mayo el peso de las obligaciones que acarrea que el beneficio que van a tener», destaca Valverde.

lavozdeasturias.com

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