El Gobierno estudia implementar la norma hipotecaria más restrictiva de Europa

España ha gozado de una ley hipotecaria que ha permitido, sobre todo, en la época del boom que la mayor parte de los ciudadanos pudieran tener una casa en propiedad gracias a la concesión de los créditos para su adquisición. Esta situación podría cambiar pronto. El Gobierno proyecta cambios que, de aprobarse, supondrían la normativa más restrictiva de los principales países europeos.

La banca teme que se vayan a producir bolsas de exclusión financiera si las propuestas del Gobierno cuajan, según fuentes del sector, que auguran un endurecimiento de las condiciones para acceder al préstamo, que se traducirá en un encarecimiento del precio y de la exigencia de contar con una solvencia y recursos mayores.

Una de las principales novedades de la regulación diseñada es la modificación de la denominada cláusula de vencimiento anticipado, por la cual una entidad puede iniciar los trámites para la ejecución de la vivienda en caso de impago. Hasta ahora la legislación establece esta posibilidad para los créditos en los que, al menos, se han dejado de abonar tres cuotas. El anteproyecto elimina el plazo y fija que este supuesto se pueda dar cuando el importe alcance el 3% de la deuda durante los diez primeros años y el 5% de la misma una vez cumplido el decenio.

En el sector, según los tipos de hipoteca y las condiciones del mercado, indican que serían necesarios entre 8 y 18 meses de impago para que un préstamo sea considerado moroso, lo que multiplica por más de tres el plazo necesario para poder comenzar el proceso de ejecución. Esta extensión, señalan fuentes de distintos bancos, que invalida el sistema de garantías actual, basado en el activo (vivienda) y proporciona un mayor protagonismo a la garantía personal de los prestatarios, lo que podría provocar que muchos colectivos, principalmente jóvenes, no vayan a poder tener acceso a un piso en propiedad a partir de ahora.

Vencimiento anticipado

En los países de nuestro entorno el plazo legal para considerar un préstamo impagado es menor al que pretende implantar el Gobierno español en la nueva normativa. En Francia no existe un periodo, ya que depende de cada contrato y de los posibles periodos de gracia concedidos por las entidades. En Italia, son siete cuotas las que requiere un banco para iniciar los trámites de ejecución, pero a los tres meses de impago el préstamo es calificado en retraso.

En Alemania, por su parte, no hay un periodo en sí, aunque en para las personas físicas (particulares) se necesita al menos el 2,5% de la deuda sin abonar y que la entidad haya establecido una fecha de vencimiento de dos semanas. Para otros clientes, la normativa germana fija tres meses con impago. Por último, en Bélgica, la ley marca tres cuotas o, incluso, una cuando se haya producido un requerimiento formal mediante una carta certificada al consumidor.

La preocupación en el sector financiero sobre este aspecto es elevado y ya se han hecho llegar al Ministerio de Economía en las distintas reuniones mantenidas. También se la han trasladado a las asociaciones de consumidores para que puedan valorar los efectos negativos que conllevaría un endurecimiento excesivo de las cláusulas de vencimiento anticipado.

Otra cuestión que preocupa a la banca es la intención del Ejecutivo de impedir cualquier comisión en las amortizaciones parciales o totales de la hipoteca a partir del sexto año y limita el costes en los cinco primeros ejercicios de vigencia. Así, en caso de reembolso en el primer quinquenio valida la fijación de una comisión por un importe no superior al quebranto que sufriría la entidad por facilitar el repago por adelantado. De manera orientativa, el Anteproyecto, sometido a consulta, limita el cargo al 0,5% del capital reembolsable anticipadamente si la devolución tiene lugar en los tres primeros años y del 0,25% en cinco siguientes.

Fuentes de la banca alertan de que estas cortapisas harán muy complicado compatibilizar hipotecas a largo plazo con interés fijo, una modalidad en auge en la actualidad, que permite a los consumidores protegerse financieramente ante las oscilaciones futuras del euribor que, en la actualidad, se encuentra en negativo, pero que a partir de 2019 podría iniciar una escalada.

Desde el sector se reclama que haya un equilibrio entre la protección y la exclusión, porque de lo contrario habrá una segmentación de los prestatarios. Además, remarcan que tendrían que buscar una relación entre el clientes y la entidad basada en la reciprocidad de los intereses.

eleconomista.com

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