El Banco de España alerta de los efectos a largo plazo del control de los alquileres

Establecer controles sobre los precios del alquiler de la vivienda es una tentación en la que caen los Gobiernos porque funciona muy bien a corto plazo: atajan rápido el problema de accesibilidad de la vivienda. Lo señala el Banco de España en el informe «La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional» que ha publicado hoy. Pero el organismo advierte de que, de mantenerse estas medidas en el tiempo, pueden tener efectos perversos, como la reducción de la oferta, la disminucion de los gastos de mantenimiento en los inmuebles, así como maniobras para eludir la regulación. El Banco de España resalta en su informe que el control de los precios también puede crear segmentación en el mercado de la vivienda y, por tanto de la población, puesto que estas medidas suelen concentrarse en determinados colectivos sociales o zonas de la ciudad.

El Banco de España examina otro tipo de políticas de vivienda, como el mantenimiento de un parque público relevante. Esta opción presenta la ventaja de centrarse en la causa que subyace tras el incremento del precio del alquiler de vivienda, la insuficiencia de inmuebles ante incrementos de la demanda, pero tiene el inconveniente de que requiere un importante esfuerzo presupuestario, causa a la que atribuye la progresiva reducción de los parques públicos de vivienda en la última década.

La limitación y las dificultades que presentan el establecimiento de controles a las rentas o el aumento de la oferta estatal de inmuebles han provocado que en los últimos años hayan aparecido otro tipo de intervenciones indirectas en el mercado inmobiliario: los beneficios fiscales y los cambios regulatorios en la normativa que rige los contratos del alquiler.

En cuanto a los beneficios fiscales, el Banco de España los considera más útiles si se aplican sobre los propietarios que si son los inquilinos los que los disfrutan, dado que en este último caso, sobre todo si hay limitaciones en la oferta, suelen provocar subidas de los precios y, por tanto, transferencias de rentas desde los inquilinos a los propietarios, si bien apunta que la evidencia disponible respecto a los efectos de la intervención fiscal en el mercado inmobiliario no es muy concluyente.

Pero el informe sí señala que el grado de protección efectiva de los propietarios de la vivienda arrendada está relacionado con el desarrollo y el tamaño del alquiler residencial, política que suele compensarse con la protección al inquilino con una duración mínima del contrato, la actualización de las rentas y las condiciones de rescisión de éste por los propietarios. Ello, a tenor del informe, genera un aseguramiento frente a subidas abruptas de las rentas del alquiler.

elcomercio

Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *