Economía lanza un registro que controle el uso de ‘testaferros’ para blanquear

Casi detrás de cada operación de blanqueo de capitales destapada salen a la luz personas que figuran como titulares de sociedades que han podido ser utilizadas para cometer delitos aunque el negocio pertenezca a un tercero –testaferros-, dentro, muchas veces, de un enjambre de compañías pantalla interpuestas para dificultar el rastreo del dinero. Una ingeniería que entorpece al máximo la labor de fuerzas de seguridad, inspección y judiciales. El Gobierno planea ahora crear un archivo que ayudará al rastreo de estas complejas tramas cuando resulte necesario para los investigadores, según varias fuentes familiarizadas con el proyecto.

Su construcción se incluye entre las medidas contempladas dentro la futura transposición de la directiva de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En el documento puesto a consulta previa por el Tesoro para recabar opiniones y propuestas se detalla la intención de “crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras sin personalidad”. La finalidad, argumenta el documento, es “garantizar una mejora del control y conocimiento de los prestadores de servicios de este tipo, facilitando su supervisión”.

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La actividad de los conocidos como ‘testaferros’ es, a priori, legal, pese a su mala connotación pública. Muchos profesionales crean compañías y permanecen como administradores en nombre de un tercero sin que resulte ilícita su actividad. Es uno de los servicios ofrecidos, por ejemplo, por bufetes y firmas de consultoría ante el alto interés entre inversores en adquirir sociedades para resolver rápido operaciones cuando llegan a otro país. El grueso y proceloso papeleo que tradicionalmente llevaba parejo el proceso de crear una compañía ha estado, de hecho, alentando estos usos. El problema surge cuando el titular real de la sociedad comete el delito, con conocimiento o no del dueño original y que figura como administrador.

La existencia de un registro así dará armas a las autoridades para tirar del hilo con mayor agilidad cuando las fuerzas de seguridad inicien investigaciones. “Del cruce de esos hoy inexistentes listados saldrá una información muy rica cuando afloren nombres de personas con cientos de sociedades en su propiedad, aunque luego toque desbrozar si la actividad es perfectamente legal o encubre actuaciones turbias”, explican las fuentes consultadas.

La creciente sofisticación de los defraudadores y las ventajas que están encontrando en los avances tecnológicos y la interconexión del sistema financiero obliga a actualizar de forma permanente las armas para combatir sus operaciones.

Sociedades pantalla

Uno de los problemas con que tropiezan los investigadores es, precisamente, que la interposición de sociedades pantalla convierte en misión titánica a veces conocer quién es el titular real de la empresa utilizada para efectuar la operación fraudulenta. Otra de las novedades que incorporará la norma, por transposición de la directiva, es que forzará una mayor identificación de los propietarios últimos. Con su entrada en vigor, las sociedades deberán identificar el nombre de los dueños del 10% o más de su capital, frente al 25% que se exigía hasta ahora.

Europa quiere tener además herramientas a escala continental y la directiva promueve la interconexión de archivos antes de junio de 2019. Los notarios crearon en España precisamente un repositorio en 2012, ínédito en otras jurisdicciones, que tiene actualmente identificados a los titulares reales de más de dos millones de sociedades y organizaciones, cuyo cruce de datos permite detectar testaferros y sociedades interpuestas y pantalla.

Es la Base de Datos de Titular Real, que ha servido de consulta a jueces y otros sujetos obligados por ley a evitar operaciones de blanqueo (bancos, aseguradoras, notarios..) y está considerada como ejemplo a seguir por el Gafi, la institución intergubernamental creada para promulgar un marco internacional de prevención del blanqueo de capitales.

Será el repositorio que previsiblemente se interconecte con otros sistemas gemelos en Europa para facilitar el rastreo en investigaciones internacionales. No en vano, es común que una sociedad trust o un fidecomiso pueda operar en otro país, sin que esto sea fácilmente escrutable.

Este archivo sufre, sin embargo, ciertas limitaciones: abarca las sociedades limitadas, pero se escapan muchas de las sociedades anónimas. Y es que la ley no exige la intervención del notario para la transmisión de capital o propiedad de una sociedad anónima. Puede ocurrir que conste la existencia de la compañía original si era una SL y su rastro desaparezca si después se enajena y adopta una entidad jurídica distinta, al no requerir ninguno de los trámites -transferencia y constitución- el certificado del fedatario público.

lainformacion.com

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