De Guindos se despide con la estocada final a los cooperativistas de pisos

Los miles de afectados en España por la quiebra de cooperativas que pretendían construir viviendas tendrán aún más dificultades para recuperar su dinero a partir del primero de enero de 2016.

La ley 20/2015, supervisada por el ministerio de Economía de Luis De Guindos (independiente), sustituirá la ley 57/1968 que pondrá más obstáculos para que los cooperativistas afectados por el concurso de acreedores puedan reclamar a la aseguradora o al banco acreedor el dinero depositado en el proyecto fallido. De Guindos no continuará en el Gobierno pero la medida desarrollada en sus últimos meses al frente del ministerio ha abierto la polémica.

Así funcionó el fraude

El fiasco de las cooperativas que se lanzaron a construir pisos durante los años de crisis ha dejado a miles de afectados en toda España. La pinchazo del sector, a partir del 2007, dio alas a la promoción de pisos de manos de cooperativas o de falsas cooperativas que han terminado con los ahorro y la vivienda de los afectados.  “Habían captado muchisimo dinero de cooperativistas sin ni tan siquiera tener suelo. Ha sido muy común promover vivienda sobre desarrollos urbanísticos muy “verdes” (se compraba suelo rústico en muchos casos) y con la anulación de los planes urbanísticos, pero con las dificultades para vender todos los pisos, surgieron los problemas”, explica Juan Alberto Pérez Senso, del bufete Pérez-Álvarez.

Los abogados especializados en el fiasco de cooperativas de pisos aseguran que el sistema español ha permitido una tergiversación del espíritu original de la ley. Una cooperativa es, por esencia, la reunión de varias personas para impulsar, de forma espontánea una empresa común. Pero muchos empresarios expulsados de la construcción se han constituido en cooperativas para sacar provecho de un modelo de construcción que floreció en plena crisis.

“Un gestor cobra el 10% de la inversión de la cooperativa. La táctica era fundar una cooperativa con cuatro amigos y captar compradores que daban pagas y señales para el proyecto. Una vez que reunían una buena cantidad, pedían un préstamo bancario. Cobraban el 10% de la inversión y se salían. Si el proyecto finalmente no veía la luz, poco importaba a los gestores, porque ya habían cobrado el 10% de la inversión”, explica el abogado Javier Álvarez.

¿Quién paga los platos rotos?

Hasta ahora, una ley franquista, la 57/68, garantizaba que los fondos aportados por los cooperativistas fuesen cubiertos por las aseguradoras. Pero muchas veces, las cooperativas fallidas no contrataban estos seguros. Entonces, a partir de marzo de este año, una sentencia del Tribunal Supremo abría la veda para que los cooperativistas afectados pidieran explicaciones a la banca por no haber corroborado que el proyecto constructor contaba con los seguros o avales que exige la ley.

En febrero, la Audiencia Provincial de Madrid ya había dado la razón a 1.800 cooperativistas afectados en Getafe. La compañía aseguradora de la cooperativa Propietarios de Suelo de Getafe (PSG) tuvo que devolver a los afectados el dinero aportado por un proyecto que nunca se realizó. La aseguradora HCC asumió 60 millones de euros. El gestor de la cooperativa, que cobraba casi 200.000 euros al mes por su trabajo, fue condenado a siete años de cárcel.

Aseguradoras y bancos, ganan

Los casos se repiten por toda España, especialmente en el este de Madrid donde se proyectaron una enorme cantidad de viviendas de cooperativas que jamás se construyeron como el emblemático caso de Los Berrocales. Sólo en el sureste de Madrid, la cifra de afectados podría ascender a unos 15.000 según las asociaciones. Con la reciente jurisprudencia, los afectados tenían posibilidad de pedir explicaciones a los bancos que avalaron la inversión A partir de enero, será más difícil reclamar al banco que financió el proyecto y a las aseguradoras.

“La ley 57/68 era muy clara. En ella se  establece la obligación de las cooperativas de vivienda de contratar un seguro que garantice al socio que podían recuperar su dinero si la vivienda no se construía. Si no había seguro contratado, el banco o caja era responsable por no verificar la existencia de estos avales”, asegura Juan Alberto Pérez Senso, del bufete Pérez-Álvarez.

Pero a partir del próximo año, los bancos o aseguradores sólo devolverán el dinero aportado a partir de la fase en la que comienzan las licencias de construcción. Por tanto, quedarán desprotegidos la mayoría de los afectados que aportan dinero cuando no hay ni proyecto, ni suelo, ni arquitecto, ni obras. Es, en el fondo, un alivio para la banca y las aseguradoras y un enorme perjuicio para los que se quedan sin el dinero ni el piso.

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