El Congreso rechaza legalizar el consumo y venta de hachís y marihuana

Fumar porros de hachís o marihuana en público y desde luego comprar y vender estos derivados del cannabis seguirá estando prohibido en España. Los más de tres millones de españoles que fuman, beben o comen habitualmente estas sustancias -entre ellos casi una tercera parte lo hace a diario- se enfrentarán como hasta hoy a importantes multas si son sorprendidos haciéndolo por la calle o en bares o si tienen en su poder aunque sean pequeñas cantidades de estos productos (hasta 30.000 euros).

El pleno del Congreso rechazará esta noche comenzar a tramitar siquiera una proposición de ley de Más País que tenía como objetivo legalizar el consumo y venta tanto público como privado, tanto recreativo como terapéutico, de los derivados del cannabis siempre que se respetasen ciertos controles de seguridad.

Los más de 140 noes de PP y Vox se daban por seguros desde que el partido de Íñigo Errejón registró la iniciativa hace semanas, pero la clave de la derrota estuvo en las bancadas socialistas, que no estuvieron dispuestas a sumarse a los pocos más de 70 síes de la izquierda y de algunos nacionalistas (Más País, ERC, Unidas Podemos, EH Bildu, CUP, JxCat, Compromís, Nueva Canarias) y de Ciudadanos. La derrota de hoy, a la que también ayudó el PNV, anticipa lo que ocurrirá en próximas semanas con otras dos propuestas de legalización del consumo público de hachís y marihuana que traerán también a debate del pleno de la Cámara Baja Esquerra y Unidas Podemos.

El PSOE rechaza apoyar la toma en consideración de la ley porque aunque sí se declara partidario de que España regule y autorice el uso terapéutico bajo control médico de los productos del cannabis no acepta que sea libre e inocuo su uso recreativo. El delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, dependiente del Ministerio de Sanidad, que hoy comparecía para rendir cuentas de su gestión en el Congreso, reiteró los argumentos contrarios a la legalización que comparte con el PSOE. Los derivados del cannabis son drogas peligrosas, dijo, y hacen mal, añadió, quienes «banalizan» sus riesgos, pues recordó que provocan tantos accidentes de tráfico como el consumo excesivo de alcohol, producen brotes psicóticos en jóvenes y generan dependencia al 10% de consumidores habituales y al 50% de los diarios.

De hecho, los socialistas remitieron de nuevo cualquier debate sobre este asunto a los trabajos de la subcomisión parlamentaria monográfica creada la semana pasada a propuesta del PNV. Este foro tiene como objetivo, tras escuchar a expertos, científicos y afectados, hacer una propuesta en el plazo de seis meses al Gobierno, que cuente con el máximo consenso político posible, para que legalice el uso médico del cannabis, definiendo en qué circunstancias autorizarlo, con qué controles y para qué tipo de patologías.

«El no, un regalo a las mafias»

Su postura «prohibicionista» fue duramente criticada por los grupos de izquierda y por Ciudadanos y Más País indicó que consideraba necesario una ley que legalizase todos los usos del cannabis para dar seguridad jurídica a millones de españoles -el 47% de los adultos son partidarios de la legalización-, para reducir el mercado negro, en manos de mafias y pequeños delincuentes, y para hacer aflorar esta economía sumergida, que considera que podría suponer unos 3.000 millones euros anuales más en impuestos, que al menos en un 60% propone destinar a programas de salud pública. «No regular -indicó Errejón- es un regalo a las mafias y una hipocresía».

Más País proponía en su ley permitir el consumo público sin más límites que la mayoría de edad y las restricciones aplicadas al tabaco y autorizar su libre compra y venta por adultos en un mercado regulado. Permitía el autocultivo con límites concretos y la venta en clubes de cannabis o tiendas, pero previa autorización administrativa del profesional, que estaría incluido en un registro con las características concretas de su negocio. Vox, sin embargo, creyó descubrir su intención oculta. «Quieren tener a los españoles colocados», les espetó su diputado Juan Luis Steegmann.

El único uso del cannabis que por el momento apunta en España a una pronta legalización es el terapéutico, apoyada por el 90% de los españoles. Todo indica que tras el informe de la subcomisión habrá una mayoría parlamentaria suficiente para sacar de la clandestinidad a los miles de enfermos que desde hace años usan los derivados cannábicos para paliar los síntomas o los efectos secundarios de sus dolencias. Así lo hacen muchos pacientes oncológicos tratados con quimioterapia u otros que sufren dolores crónicos, pero también algunos con patologías degenerativas como la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la artrosis o la artritis, e incluso niños con epilepsias refractarias.

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Errejón se rebela contra la vicepresidenta y monta su propia plataforma en Andalucía

l líder de Más Madrid, Iñigo Errejón, se adelanta al proyecto de Yolanda Díaz y sella una alianza en Andalucía de cara a las próximas elecciones. Su partido a nivel nacional, Más País, conformará la cuarta papeleta electoral de la izquierda en la comunidad acompañado de ‘Andalucía Por Sí’ e ‘Iniciativa del Pueblo Andaluz’.

Fuentes de las tres candidaturas avanzan a Economía Digital que esta alianza se convertirá en diciembre en una coalición política en la que figurarán Esperanza Gómez, la cara de Errejón en Andalucía; el alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, de Andalucía por Sí, y José Antonio Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

La alianza ha pillado con el pie cambiado a Yolanda Díaz, quien ya anuncia su intención de conformar un proyecto que aúne a “todas las sensibilidades” más a la izquierda del PSOE.

El órdago de Errejón va más allá porque desde su formación ya avanzan en sumar más partidos como Equo en Andalucía y plataformas ciudadanas y provinciales como ‘Jaen merece más’, que son desconocidas pero suman a la hora de pasar la barrera del 5% que es lo que demanda la ley actual para poder presentarse a los comicios.

Miedo a no salir en la foto

El líder de Más País no quiere sumarse al carro de la vicepresidenta segunda, según ha podido saber Economía Digital. Yolanda Díaz ya advirtió que sobran “egos” en política y, aunque estas declaraciones fueron interpretadas hacia Unidas Podemos, también es una advertencia a que en su proyecto no destacaría su figura.

Díaz está apostando por hacer un partido femenino, como ella misma defiende, con caras como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que podrían dar el salto a nivel nacional. A esta terna también se podría subir, Mónica García.

La candidata de Más Madrid en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Mónica García, y el líder de Más País, Íñigo Errejón (i), tras la valoración de los resultados electorales en la sede del partido en la capital. EFE/Zipi
Mónica García junto a Iñigo Errejón en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid. Foto: EFE/Zipi

La cara de Errejón en Madrid vería con buenos ojos, según fuentes conocedoras, engrosar las listas de este nuevo proyecto de cara a sumar un frente amplio de izquierdas que logre desbancar, en su caso, a la mismísima Isabel Díaz Ayuso.

Un brecha que podría abrirse en el partido de Errejón, ya que el líder de Más País apuesta por seguir consolidando su propio espacio y asemejarse a los verdes alemanes, “porque ahí está el futuro”, repiten los suyos.

Desde Unidas Podemos critican las intenciones de Errejón entendiendo que “su supervivencia depende de su liderazgo” y, de ahí, que no quiera alejarse de ir de ‘número uno’ en las futuras listas electorales.

A esta crítica se suma Pablo Iglesias señalando, en una tertulia, que “no hay que cerrarse a nadie. Ojalá y ojalá los compañeros de Más País quisieran sumar para que construyéramos juntos un frente amplio. Creo que hay algunos que no están por la labor, pero creo que a lo mejor Yolanda es capaz de convencerles”, dijo el exvicepresidente.

Por lo pronto, Errejón va ganando posiciones a Yolanda Díaz en Andalucía con la alianza con dos formaciones andalucistas sellada este lunes y de momento rechazan una supuesta incorporación al futuro espacio de Díaz: “se trata de un proyecto de índole nacional, apegado a Madrid”, señaló Esperanza Gómez. La representante de Más País criticó además que la vicepresidenta no haya visitado Andalucía, “la comunidad que lidera el desempleo”, precisó.

Desde la formación de Errejón explican que se trata de una coalición “federal, autónoma, transversal, ecologista, progresista, feminista y andalucista de izquierdas con marcado carácter de obediencia andaluza”, que pretende alejarse del funcionamiento de lo que han definido como los “partidos sucursales”.

Una idea semejante al proyecto de Díaz. Ahora falta por saber si el temor al adelanto electoral hace mover ficha a la vicepresidenta para acelerar su proyecto y si las fuerzas de más a la izquierda del PSOE consiguen unirse para sumar o, de lo contrario, la izquierda se diluye en una sopa de siglas sin obtener representación. En este caso, seguiría dejando la vía libre a Juanma Moreno (PP) y a sus aliados (Cs y Vox).

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El Gobierno pide a Bildu el fin de los ‘ongi etorri’ y el PNV recela del acercamiento de Otegi al PSOE

l discurso de Arnaldo Otegi en el décimo aniversario del fin de ETA ha provocado una cascada de reacciones. El Gobierno ha aprovechado sus palabras para exigir al coordinador de EH Bildu que dé un paso más adelante para acabar con los homenajes que reciben los etarras. Mientras el Partido Popular vincula toda la maniobra a una estrategia para blanquear los apoyos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha exigido ahora a Otegi que facilite el fin de los ‘ongi etorri’. “No se entendería que continúen realizando recibimientos y homenajes públicos a quienes causaron tanto dolor cuando salen de la cárcel”, ha admitido en una entrevista en la televisión vasca Euskadi Irratia.

Por su parte, el lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha mostrado más receloso respecto a la iniciativa de Otegi y se ha limitado a exigir más autocrítica a la izquierda abertzale.Leer más: Décimo aniversario del fin de ETA: el PSOE alaba a Otegi aunque sigue sin pedir perdón

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha alineado así con otras formaciones políticas como el Partido Popular que también habían fijado el fin de los homenajes de los etarras como una condición clave tras el conflicto. “Mostrar empatía hacia las víctimas supone terminar con esas prácticas que solo consiguen reabrir dolorosas heridas”, ha subrayado ahora Itxaso.

El delegado del Gobierno también ha reclamado a la izquierda abertzale que realice una “reflexión política sincera” sobre el “carácter totalitario” de ETA, después del discurso que pronunció Otegi en el décimo aniversario del fin de la banda terrorista en el que se reconoció el dolor de las víctimas pero no se produjo una condena expresa sobre la violencia.

Sus declaraciones van en la línea de las manifestadas por otras formaciones de izquierda que han celebrado el gesto de Otegi como Unidas Podemos, Esquerra Republican. “Llegan tarde pero son decisivas”, ha subrayado el líder de Más País, Íñigo Errejón, en Televisión Española.

Urkullu exige mayor autocrítica a Otegi sobre ETA

La decisión de Otegi de reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA también ha provocado una reacción inmediata en el Gobierno del País Vasco. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha elogiado el gesto pero reconocido que echa de menos una “autocrítica” sobre el papel del coordinador del EH Bildu en el pasado.

“No quiero con esto echar agua fría, sino simplemente hacer un ejercicio de realismo en lo que han venido siendo los pronunciamientos”, ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El lehendakari ha calificado el discurso de Otegi como un gesto que hay que valorar “positivamente”, pero ha pedido a la izquierda abertzale que ahora eche la vista atrás para reflexionar sobre el impacto de ETA. “Es necesario un ejercicio de empatía, pero también decir que la violencia como herramienta fue absolutamente injusta y que, por otra parte, una organización terrorista no debió condicionar la vida política del País Vasco”, ha reafirmado el presidente vasco.

El Partido Popular acusa al PSOE de blanquear a Bildu

Las críticas han sido más contundentes desde el Partido Popular que teme que el Gobierno aproveche este cambio en el discurso de Otegi para justificar el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La formación vasca se ha convertido junto con ERC o el PNV en actores fundamental para dar estabilidad al Ejecutivo esta legislatura.

“Intentan blanquear lo inblanqueable”

El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgaiz

El presidente de los populares en el País Vasco se ha alineado con las reivindicaciones expuestas por la Asociación de Víctimas para el Terrorismo y ha adolecido también de la falta de palabras de perdón y condena de la violencia en el discurso del coordinador de EH Bildu. “No lo va a hacer nunca porque ha sido él”, ha afirmado.

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Pedro Sánchez dice que la inviolabilidad de Juan Carlos I «es producto de otra época»


El presidente del Gobierno
 
habló el lunes en una entrevista con Cadena Ser de uno de los asuntos que levantan más ampollas entre los españoles: la inviolabilidad del rey. En este punto, Pedro Sánchez se mostró partidario de suprimir el tercer apartado del artículo 56 de la Constitución: «Lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época; una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia», explica el socialista.

Lea también: Juan Carlos I explicará sus escándalos a todos los españoles (si hace caso al presidente del Gobierno)

Esta no era la primera vez que el presidente mostraba su desacuerdo de que el jefe del Estado esté blindado por esta ley. De hecho, esta es una de las reivindicaciones que las federaciones socialistas de Madrid y Canarias propusieron en el Congreso celebrado por el PSOE el pasado fin de semana en Valencia. Aunque el documento final aprobado por la dirección finalmente no salió adelante, el líder socialistas mostró su voluntad de acabar con la protección absoluta de esta figura.

En este sentido, el presidente del Gobierno admitía que para proceder a la supresión de este punto de la Constitución necesitaría el apoyo del PP, aunque reconocía que sería algo complicado porque «dos no bailan si uno no quiere», dando a entender que la oposición difícilmente le tendería la mano en este asunto.

Por su parte, Pablo Casado concedía a la misma hora una entrevista en Onda Cero, y mostraba su rechazo rotundo a abrir la Carta Magna porque considera que el momento político actual, «con la que está cayendo en Cataluña», no es el más idóneo. Además, Casado considera que este último movimiento de Sánchez responde a las exigencias de algunos de sus socios parlamentarios, ya que el PSOE siempre se ha posicionado en contra de abrir una investigación en el Congreso sobre el rey emérito aludiendo que, según los informes de los letrados de las Cortes, sería inconstitucional.

La interpretación que hace la Fiscalía de este apartado de la Constitución dista mucho, ya que considera que Juan Carlos I dejó de estar blindado ante la ley en el momento en el que abdicó en favor de su hijo, por lo tanto, cualquier irregularidad que cometiera después, podría y debía ser investigada.

En la misma ocasión, Pedro Sánchez lamentaba el daño que el padre de Felipe VI ha causado a la Corona española, un hecho que, admitía, le causa «tristeza». Además, aprovechaba para poner en valor el papel del actual rey, «comprometido con la transparencia y austero. Tenemos un gran rey», recordaba.

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JUPOL impulsará una reforma para agravar las penas por agredir a policías

El sindicato JUPOL ha decidido impulsar una reforma legislativa con la que se endurezcan las penas para quienes agredan a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras denunciar dos nuevas agresiones este lunes contra agentes de la Policía Nacional en Zaragoza. De esta forma, la organización sindical solicitará imponer penas más contundentes en los delitos de atentado contra la autoridad, así como, multas de mayor cuantía.

JUPOL, igualmente, pedirá incluir en el Código Penal todo tipo de agresiones que se lleven a cabo contra los agentes de la Policía Nacional. En este contexto, la legislación actual castiga, según el artículo 550.2 del Código Penal, con «penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos». Ante este tipo de agresiones y en defensa de todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, el sindicato JUPOL ha anunciado que se personará como acusación particular en los procesos judiciales relativos a agresiones contra agentes de la Policía Nacional.

Incremento de las agresiones a agentes

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Seguridad durante el año 2020, recogidos por JUPOL, los delitos contra la autoridad aumentaron en un 24% y alcanzaron las 8.254 denuncias. En el 2021, la cifra supera las 6.000 agresiones en los primeros nueve meses del año. Por ello, esta reforma legislativa debe ir encaminada, según el sindicato, a acabar con la sensación de impunidad que tienen actualmente los agresores en una situación que se ha intensificado este año.6

Para JUPOL, el incremento de estas agresiones se debe a la percepción en los agresores de ausencia del principio de autoridad con el que cuentan los agentes de la Policía Nacional. Una sensación que se debe a la falta de contundencia en la legislación vigente, lo que genera una sensación de impunidad en los agresores.

lainformacion

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El PSOE bloqueará la legalización del cannabis frente a la unidad de sus aliados

El Congreso de los Diputados es el escenario ideal para que los partidos de izquierdas demuestren su sintonía o sus suspicacias. En un momento en el que se habla casi todo el rato de «frentes amplios» y «espacios de unidad», las negociaciones parlamentarias que protagonicen el PSOE, Unidas Podemos, ERC o Más País se convierten en un escaparate con cientos de ojos pendientes. La primera muestra ha venido de la mano de una proposición de ley presentada por uno de los líderes de este sector. Íñigo Errejón llevará este martes al pleno de la Cámara una propuesta para que se debata la regularización del uso y consumo del cannabis. Pero el PSOE lo rechazará y la iniciativa quedará en nada.

El líder de Más País fue el más hábil con su propuesta porque sabía que Unidas Podemos y ERC andaban desde hace tiempo dándole vueltas a la cabeza sobre cómo afrontar esta reivindicación. De hecho, la formación ecologista y la de los independentistas catalanes conversaron hace unas semanas sobre la posibilidad de registrar un texto conjunto. No fue posible y Errejón se anticipó. La registró el primero y comunicó que su cupo de defensa de leyes ante el pleno del Congreso, en el periodo de sesiones actual, sería justo el de la ley del cannabis.

El PSOE crea suspense

Fuentes parlamentarias han informado a El Periódico de España que las negociaciones para asegurar la toma en consideración de la propuesta se intensificaron durante las últimas horas del lunes. Poco a poco fueron llegando los apoyos. En esta fase tan inicial del procedimiento parlamentario lo básico es garantizar que habrá mayoría para que la proposición pase a la comisión correspondiente, donde tendrán lugar los trabajos para modificar el texto embrionario. Errejón, personalmente, comenzó a hacer la ronda de contactos. ERC, EH Bildu, Compromís, JxCat, Coalición Canaria, Nueva Canarias comunicaron su sí.

El PNV se desmarcó, lo que estaba previsto. No estaba tanto el respaldo de Ciudadanos, pero, como indican fuentes de este partido, ya registraron hace tiempo una proposición no de ley (sin alcance legislativo) en términos muy parecidos a los de Más País.

Descontados el grupo popular y el grupo vasco, Más País puso toda su energía en el «sí» del PSOE. Era de cajón el intento con los socialistas, pues sin ellos, el Congreso no admitiría la propuesta. El grupo que ahora dirige Héctor Gómez no se mostró muy entusiasta con la medida, al menos con lo que conoció de ella cuando Errejón la presentó. Su posición optó en principio por incentivar los trabajos de una subcomisión, creada hace una semana a instancias del PNV, para ensanchar el margen del cannabis con fines medicinales. Esto mismo es lo que comunicó a sus aliados: antes que asumir una proposición de ley, lo mejor es abrir el debate en dicha subcomisión. Abrirlo en todos los sentidos.

Usos particulares y una agencia estatal

Los objetivos de la medida de Más País son, a grandes rasgos, acabar con la inseguridad jurídica, atajar el mercado negro y permitir la afloración de la economía sumergida. Para ello, Errejón se propone, entre otras cuestiones, legalizar el consumo en la vía pública dentro de unos contornos similares a los que afectan al tabaco, por ejemplo. Se calcula que más de tres millones de personas consume cannabis habitualmente.

La proposición de ley abarca un abanico completo de usos del cannabis, tanto en lo que se refiere al consumo como a la comercialización o al transporte. También al cultivo. Así, uno de sus primeros preceptos regula los usos particulares, que quedan amparados en todos los campos: plantación, tenencia, transporte, depósito, almacenaje, consumo, consumo compartido, investigación o desarrollo.

Se estipula la obligación de colaborar con las autoridades en las inspecciones que lleven a cabo, si bien se regulan excepciones, como la de que «no podrán imponerse sanciones administrativas cuando los usos de los particulares regulados (…) se produzcan en las vías públicas, salvo que los mismos produzcan daños y perjuicios a terceros, impliquen un abuso del dominio público o comprometan la seguridad otras personas, especialmente en el caso de los menores de edad».

En esta línea, quedará sin sanción la conducción por la mera presencia de la sustancia en el organismo, aunque sí se castigará si se constata la influencia de dicha sustancia. Tampoco caben sanciones en el ámbito laboral si el consumo se produce en el tiempo de ocio del empleado, aunque el empleador podrá adoptar las medidas oportunas si son afectadas las prestaciones aparejadas al puesto de trabajo.Noticias relacionadas

La norma regulará los usos profesionales medicinales y determinará un régimen fiscal especial, por lo que la actividad relacionada con el cannabis el Estado obtendrá la consiguiente recaudación. Los proponentes estiman que puede ascender a 3.000 millones de euros al año.

Al final del articulado provisional, Más País promueve la creación de la Agencia Estatal del Cannabis, cuya financiación provendrá de los presupuestos generales del Estado. Se encargará de la gestión y funcionamiento de los registros especiales por los que aboga el autor de la iniciativa.

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Garzón ultima una restricción de la publicidad de comida basura similar a la de las apuestas

El Ministerio de Consumo prepara un real decreto para restringir la publicidad de alimentos no saludables, y trabaja en una medida encaminada a limitar estos contenidos en redes sociales y nuevas plataformas, un ámbito que hasta ahora había escapado de cualquier regulación. El departamento dirigido por Alberto Garzón considera la salud alimentaria como una de sus principales banderas, junto a la lucha contra las casas de apuestas, y ve necesario frenar tendencias como los anuncios de comida basura enfocados a la población infantil, en muchos casos protagonizados por personajes ampliamente conocidos, como es el caso del ‘influencer’ Ibai Llanos. 

Esta propuesta, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, prevé estar lista entre finales de este año y comienzos del que viene, aunque desde Consumo todavía estudian posibilidades y trabajan con los distintos actores implicados para concretar la propuesta. 

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La vía más novedosa que estudian en el departamento de Garzón se centra en la restricción de esta publicidad en nuevas plataformas como TikTok, Twitch, Instagram, Facebook o Twitter, donde los menores de edad están más expuestos al no existir marco normativo. 

La primera de las opciones que se plantean consistiría en acordar con las distintas plataformas un marco de actuación común en esta materia, considerando que las empresas implicadas podrían avenirse a tomar iniciativas propias ante el perjuicio reputacional que supondría negarse a un plan que limite la publicidad de comida basura. En caso de optar por esta vía y una vez fijados los límites, sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia quien podría imponer sanciones en caso de incumplimientos. Las multas, sin embargo, podría tardar años en llegar ante la lentitud del proceso y por la posibilidad de las empresas de recurrir estas propuestas de sanción. 

En la otra opción en la que trabaja Consumo sí existe capacidad sancionadora por parte del Gobierno. Se trata de una propuesta que, señalan fuentes conocedoras, tendría una clara “inspiración” en el Real Decreto que regula la publicidad del juego. Esta norma, que entró en vigor el 31 de agosto, ha reducido notablemente la publicidad en redes sociales de juegos de azar y apuestas.

El presentador de televisión Carlos Sobera, en un anuncio de la casa de apuestas 888.

PUBLICIDAD EN EL JUEGO

Multas de un millón de euros a los anuncios de apuestas fuera de horario

Desde la puesta en marcha de este real decreto, sólo se puede difundir este tipo de contenidos cuando se pueda evitar tecnológicamente que los anuncios acaben llegando a menores, los mensajes en redes de estas empresas están además limitados a los usuarios que fueran clientes previos y todas estas webs y perfiles están también obligadas a difundir periódicamente mensajes sobre juego seguro que alerten al usuario de los peligros de apostar. 

En el caso del juego, es la Dirección General de la ordenación del Juego quien tiene la capacidad sancionadora en caso de incumplimiento. Si finalmente se aplica una medida similar en el ámbito alimentario, el Ministerio de Consumo tendría que designar a otro órgano sancionador, que podría ser tanto la Dirección General de Consumo como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El fiasco de la autorregulación

Más allá de las plataformas digitales, donde se tendría que regular por primera vez este tipo de publicidad, Consumo también planea revisar la regulación de publicidad en televisión. Hasta el momento, las empresas se autorregulaba por el Código PAOS, un acuerdo de autorregulación firmado en 2012 entre la Agencia Española de Seguridad y Nutrición y los principales agentes del sector por el que se comprometían a limitar “los mensajes publicitarios dirigidos a menores de 12 años”. 

Pero desde el departamento de Alberto Garzón consideran que el sistema de autorregulación hasta ahora empleado es “obsoleto” y “no está funcionando”, y es por ello que ultima ya medidas para fijar una normativa que obligue al sector a restringir la publicidad de los productos menos saludables.  

Para determinar qué alimentos no son saludables, existen distintos baremos que barajan desde Consumo. Uno de ellos es el de Nutriscore, el sistema que puntúa por colores los productos en función de elementos como niveles de azúcares y grasas saturadas. Sin embargo, el departamento de Garzón aseguran que “no tiene por qué ser la referencia”, al existir otros indicadores como las tablas nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. 

Etiqueta nutricional con la clasificación de Nutriscore de un paquete de nueces crudas.

SISTEMA NO OBLIGATORIO

Nutriscore: qué es y cómo funciona la etiqueta nutricional

Restringir la publicidad en horario infantil 

Entre las vías que estudian en el Gobierno existen dos tendencias. Una de estas corrientes se fija en aquellos países que prohíben cualquier anuncio de alimentos que tengan una determinada categoría nutricional, como es el caso del “sello negro” de algunos países de América Latina como Chile, Paraguay, México o Perú. Estos países tienen instaurado un sistema de etiquetado que advierte de altos contenidos en elementos como azúcar, sodio o grasas saturadas, y está prohibida toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de cualquier alimento o bebida dirigido a niños con al menos uno de estos sellos.

La segunda opción, que se encuentra en fase de estudio, contempla la prohibición de publicitar en televisión este tipo de alimentos en las franjas de horario infantil. Un planteamiento que casa con la Ley de Seguridad Alimentaria, que busca proteger especialmente a los usuarios menores de 15 años. 

Esta ley, aprobada en 2011, da una herramienta al Ministerio de Consumo para lanzar una nueva regulación. Y es que en el artículo 46 de la citada ley, en el que se regula la publicidad de alimentos dirigida a menores de 15 años, establece que, “si en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley no se hubiera adoptado estos códigos de conducta, el Gobierno establecerá reglamentariamente las normas que regulen tales comunicaciones comerciales, para garantizar la protección de la infancia y la juventud, así como los medios para hacerlas efectivas”. 

Batalla dentro y fuera del Gobierno

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Desde el Ministerio asumen que esta medida puede abrir una doble batalla, al igual que sucedió con el Real Decreto del juego: por un esperan las protestas de las principales empresas distribuidoras como la Federación de Industrias, Alimentación y bebidas (FIAB), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (ANGED) o la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), que se opondrán previsiblemente a cualquier medida que restrinja la difusión y publicidad de sus productos.

Sin embargo, la segunda contienda tiene como escenario el Consejo de Ministros, donde contarán con la oposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dirigido por Luis Planas, el departamento que vela por los intereses del sector agroalimentario y al que se dirigirán las empresas afectadas. Tampoco se espera el apoyo del Ministerio de Industria de Reyes Maroto, la dirigente que ha atacado con más dureza las iniciativas impulsadas por Alberto Garzón. Así fue cuando lanzó la propuesta de reducir el consumo de carne o con la campaña contra el azúcar; unas medidas contra las que se pronunció la ministra socialista: “Estamos ya un poco cansados de que nos digan lo que no tenemos que hacer. Con moderación, todo es saludable”.

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Sánchez «bendice» la plataforma de Yolanda Díaz para unir el voto de la izquierda

Resultaba interesante que Pedro Sánchez concretara algunos de los anuncios que hizo durante su discurso de clausura del 40 congreso socialista. No sólo ese giro hacia la socialdemocracia, en busca del voto más moderado, sino sus compromisos en torno a la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, y otras más novedosas como la abolición de la prostitución, que es una de las propuestas del cónclave socialista aunque depende de un Ministerio que no controla, el de Igualdad, en manos de Irene Montero.

Sánchez reivindica la socialdemocracia y las figuras de González, Zapatero y Rubalcaba

Sánchez reivindica la socialdemocracia y las figuras de González, Zapatero y Rubalcaba

Socialdemocracia. Esa ha sido la palabra más repetida por Pedro Sánchez en su intervención de clausura del 40 congreso federal socialista. Pero no sólo. Porque las alusiones a Felipe González, […]

Pero quizá lo más llamativo de su entrevista en la SER haya sido la manera en que ha «bendecido» los planes de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de crear una plataforma o frente amplio a la izquierda del PSOE con el que presentarse a las próximas elecciones generales.

Asume Sánchez que seguirá necesitando de un socio para tener opciones de seguir gobernando en el futuro. Por ello, tras afirmar que Díaz es «una muy buena ministra de mi Gobierno», ha apostado por ese «proceso de unión» a la izquierda del PSOE «porque nuestro sistema penaliza la división. Necesitamos a todos el espacio progresista en plena forma porque así podremos hacer cambios mucho más rápidos y profundos».

Sánchez pide a su ejecutiva que trasladen a los territorios «el trabajo del Gobierno»

Respecto a este mismo asunto, Sánchez ha pedido a su nueva ejecutiva, con la que se ha reunido hoy tras someterse a las preguntas de Angels Barceló, que trasladen a los territorios «el trabajo del Gobierno» y comunicarlo bien, tal y como ha revelado el portavoz de Ferraz, Felipe Sicilia, que este lunes se estrenaba en el cargo, También que escuchen «a los ciudadanos para ver cuáles son sus demandas y atenderlas como partido y como gobierno».

Interrogado Sicilia sobre la salud electoral de su socio de gobierno, ha explicado que «estamos muy convencidos de que el PSOE va a salir con fuerza y con todas las ganas en las próximas elecciones para ganar la confianza de los ciudadanos». Pero también «queremos que le vaya bien a los partidos de la izquierda porque somos de izquierda.»

Se ha mostrado partidario de revisar la inviolabilidad del rey, pero sin Ley de la Corona

Por otro lado, Sánchez, en la SER, se ha mostrado partidario de revisar cuestiones como la inviolabilidad del rey, por entender que «es producto de otra etapa, no de la de una democracia consolidada que mira hacia adelante con confianza». Sin querer entrar en el debate de si el Rey emérito debería volver a España y rechazando que e hayan planeado una Ley de la Corona como tal, ha expresado su tristeza el debate en torno al ex jefe del estado «no tanto por el rey Juan Carlos, sino porque tenemos un rey comprometido con la transparencia y la ejemplaridad. Es una persona austera, y tiene una forma de actuar contemporánea. Tenemos un gran rey».

En la misma medida se ha negado a la creación de comisiones parlamentarias de investigación que servirían no para juzgar políticamente la actuación de una persona, sino para juzgar a la institución. «Hay grupos que quiere abrir un debate sobre la institución, sobre la monarquía parlamentaria», ha denunciado.

El PSOE se compromete a legislar para prohibir la prostitución y multar a los clientes

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El PSOE se va a comprometer en la ponencia marco de su 40º Congreso a hacer «el esfuerzo» de impulsar este legislatura una ley abolicionista de la prostitución que incluya […]

No ha avanzado grandes cosas sobre la reforma laboral y la ley mordaza, pero, en cambio, ha explicado que con respecto a la abolición de la prostitución, «he hablado con la ministra de Igualdad y creo que, además de una gran mayoría parlamentaria, estará a favor de eliminar la esclavitud de las mujeres. Creo que ella tiene también alta sensibilidad y empatía con esta causa».

Niega que haya habido un giro, del «somos la izquierda» de hace cuatro años a su actual reivindicación de la socialdemocracia, como parte del mismo hilo conductor. Es más, asegura que se afilió al PSOE en 1993 porque «tuve siempre ese compromiso socialista, socialdemócrata que lideraba Felipe González»

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Los letrados del Congreso concluyen que Alberto Rodríguez puede conservar su escaño, pese a la condena del Supremo

Los servicios jurídicos del Congreso consideran que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez puede permanecer en su escaño pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En su sentencia, el tribunal acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros.PUBLICIDADhttps://00214fd9f73fb24d96bddfdce71d85f5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción que ya ha sido abonada es lo que esgrimen los letrados de la Cámara Baja para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales.

Los letrados señalan que el Tribunal Supremo «pudiendo haber impuesto una pena privativa de libertad, que hubiera sido, ahora sí, determinante de la causa de inelegibilidad contemplada en el artículo 6.2 a) de la LOREG, el Tribunal no lo hizo».

Así consta en el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara que este martes será objeto de análisis en la reunión que mantendrá la Mesa del Congreso para tomar una decisión sobre las consecuencias de la citada sentencia.PUBLICIDADhttps://00214fd9f73fb24d96bddfdce71d85f5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

El informe del letrado

El informe, al que ha tenido acceso NIUS, concluye que de esa sentencia «no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez».

En concreto, según el análisis de los letrados, en este caso no concurre «ni la causa de incompatibilidad sobrevenida» contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ni ninguno de los supuestos que, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, comportarían «bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado» o bien la pérdida del escaño.

nius

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Sánchez y Casado anuncian la renovación de cuatro altos cargos cuyos sueldos públicos nos cuestan casi 500.000 euros brutos al año

Renovación o no de cargos y de sueldos públicos. Tras más de ocho meses de reuniones y negociaciones, el PSOE y el PP han llegado a un acuerdo sobre la renovación de la Agencia de Protección de Datos, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

En febrero de este año, únicamente consensuaron el nombramiento de la administración de RTVE. En el acto donde se ha comunicado el acuerdo se encontraban presentes el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. A pesar de la presencia de Lesmes, su organismo se ha quedado fuera de la negociación. A principios de septiembre este digital informaba de la petición llevada a cabo por el PP para cambiar a la fiscal general del Estado, y exministra, Dolores Delgado.

Sánchez y Casado
Sánchez y Casado (ED. EFE).

Hace apenas unos días se publicó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022. En estos se podía observar un aumento del 2% en el sueldo de los funcionarios, así como de los ministros y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre los que verán incrementado su sueldo, si salen adelante estas cuentas, será el presidente en funciones del CGPJ, Lesmes. Con esta subida, su retribución alcanzará, si no cesa, un total de 145.361 euros brutos al año, 2.851 más que lo presupuestado para 2021. Lesmes es también el presidente del Tribunal Supremo.

Los vocales del CGPJ recibirán 125.366 euros anuales en 2022 cada uno, 2.458 euros más que en 2021. El secretario general del órgano de gobierno de los jueces, José Luis de Benito, tendrá una retribución de 122.476 euros, frente a los 120.074 que habrá cobrado este año. El presupuesto destinado por el Ejecutivo al CGPJ será de 76 millones de euros, un incremento del 4,2% en un año.

Los cuatro cargos que renovarán su posición se harán oficiales la última semana de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Esto es lo que cobran actualmente los encargados de los cuatro organismos anunciados:

Agencia de Protección de Datos

La directora de la Agencia de Protección de Datos desde 2015, Mar España Martí, tiene una retribución anual de 96.750 euros. España Martí es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1989, es por ello que su salario cuenta con 10 trienios de antigüedad. La directora ha trabajado en diferentes entes públicos como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda o el Defensor del Pueblo.

Tribunal de Cuentas

La presidenta del Tribunal de Cuentas es María José de la Fuente y de la Calle. La remuneración anual, dividida en 14 mensualidades, es de 123.267 euros, según los PGE de 2021. En 2022 el nuevo responsable cobrará 125.733 euros, además de los trienios correspondientes. Los mandatos de este órgano colegiado se renuevan cada tres años, por lo que aún está pendiente de anunciarse la continuación, o no, de la presidenta. De la Fuente se licenció en Derecho y es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas desde 1993.

Accedió a la presidencia en 2018, pero también ha ocupado otros cargos importantes dentro del Tribunal como directora de la Unidad de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo. El presupuesto destinado a este organismo para 2022 aumentará en un 7%, casi un millón de euros más que este año, y alcanzará los 28 millones de euros en total.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo es el encargado de defender los derechos y libertades públicas de los ciudadanos a través de la supervisión de las acciones de las administraciones públicas. A nivel nacional, este cargo lo ocupa de manera provisional Francisco Miguel Fernández Marugán, que normalmente opera como adjunto primero. El sueldo asignado al Defensor es de 128.341 euros al año, mientras que el del adjunto primero es de 119.659 euros, que es lo que cobra Marugán actualmente. El alto cargo es economista por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y funcionario del Cuerpo Superior del Estado y de Inspectores de Hacienda. Aquí puedes consultar los sueldos públicos de los nueve defensores del pueblo autonómicos.

Tribunal Constitucional

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, era uno de los presentes cuando se anunció el acuerdo de renovación. Accedió al cargo en 2017 tras haber pasado por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial durante su trayectoria profesional. El salario de este cargo es el mayor de los mencionados a lo largo del artículo, cobra 157.576 euros anuales. El año que viene serán 160.728 euros. Según el breve desglose del Portal de Transparencia del Tribunal Constitucional, 45.361 euros pertenecen al salario, mientras que 112.214 euros se reciben como “otras remuneraciones”. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, tiene un sueldo asignado de 148.116 euros en 2021. Para 2022 son 151.078 euros.

A falta de saber qué pasará con el CGPJ, los sueldos de estos altos cargos ascienden a 497.253 euros y, probablemente, más de 510.000 euros el año que viene. El coste para el contribuyente es mayor porque no se han computado en esa cifra las cotizaciones a la Seguridad Social ni los trienios de antigüedad para los que son funcionarios. La retribución supera con creces la del del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cobra 84.845 euros al año. Para el próximo ejercicio serán 86.542 euros, 12 pagas de 7.212.

sueldopublico

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