Batet cede a la presión del Supremo y aboga por retirar el escaño a Rodríguez

La presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha abogado este lunes por el único camino que podía atajar de raíz el conflicto institucional que se estaba fraguando entre el Tribunal Supremo y el órgano que preside, la de reabrir la vía pararetirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, en contra de la decisión adoptada el martes por la Mesa de la Cámara baja. Aunque antes, el órgano pedirá al Alto Tribunal que le aclare la sentencia tras una votación en la que PSOE y Unidas Podemos volvieron a ejercer su mayoría por cinco voto a tres (con dos del PP y uno de Vox en contra) y en la que Batet se abstuvo de participar.

No fue un aribitrio sencillo, en mitad de un debate bizantino marcado por la postura de los letrados del Congreso, que intepretaron en un informe que la sentencia de un mes y quince días a Rodríguez con la accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo ya estaba cumplida al ser sustituída por el propio tribunal por el pago de una multa –que el parlamentario morado ya abonó–, frente a la de los magistrados del Suremo, «perplejos» por este escrito, que consideraron una «reinrepretación» del fallo.

Marchena exige al Congreso que Alberto Rodríguez cumpla su condena de inhabilitación

Marchena exige al Congreso que Alberto Rodríguez cumpla su condena de inhabilitación

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO / MADRID

La balanza terminó por inclinarla un oficio remitido el miércoles a Batet por parte del presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo, Manuel Marchena, en la que solicitaba que esta le comunicara la fecha de inicio de la inhabilitación de Rodríguez. O dicho de otro modo, una manera sutil de exigirle que se cumpliera con la condena.

Reunión bronca

La presidenta del Congreso convocó este jueves una reunión de urgencia de la Mesa para dar respuesta a Marchena. El debate, que se alargó más allá de las dos horas y media, fue bronco y Batet, según algunos de los asistentes, decicidió pronunciarse por primera vez al respecto. Aconsejada por el secretario general del Congreso, asumió su responsabilidad personal y anunció su decisión de dar cumplimiento a la sentencia y proceder a la retirada del escaño de Rodríguez. Tenía «claro» desde el principio que diputado debía haber perdido su escaño en virtud de la sentencia.

Pero lo que pudo haberse resuelto en ese momento, PSOE y Podemos exigieron, pese a todo, que se socilitara una aclaración de ejecución de sentencia, algo que se aceptó tras someterlo a votación. «Voy a ser claro, aclarar no quiere decir inventar. Según los letrados, la sentencia no dice de forma expresa que nuestro diputado deba perder el escaño», sostuvo tras la reunión el diputado de los morados Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa.

Mientras en el PSOE guardaban silencio, desde Vox, el vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lárazo, celebraba la decisión de Batet, aunque insinuaba que podía haber «influencias externas» que acabaran decantando a la presidenta del Congreso a optar por no retirarle el escaño a Rodríguez. «No es la Mesa ni la presidenta los que deciden retirar el escaño a un diputado, es el Supremo», zanjó. De igual modo se expresaban desde el PP. «El escrito del Supremo ha sido claro, por eso pedimos a la presidencia del Congreso que no dilate más la situación», lamentaba Ana Pastor.

Desde fuera de la Mesa, Ciudadanos tachaba de «espéctaculo» la jornada vivida este jueves en la Cámara baja. El diputado naranja Miguel Gutiérrez considera «absolutamente inconcebible» que Batet no hubiera tomado la decisión en firme. También afirmó que el PSOE «no tendría dudas» sobre la interpretación de la sentencia dsi el afectado fuera diputado de otro grupo político distinto de Unidas Podemos.

Las inhabilitaciones de Homs y Nuet, los precedentes más cercanos en la Cámara baja

La retirada del escaño a un diputado no es un suceso habitual en la historia del Congreso de los Diputados, pero existen precedentes. Los más recientes al debate jurídico que ahora pesa sobre el parlamentario morado Alberto Rodríguez lo protagonizaron Francesc Homs, entonces representante del PdCat, el 29 de marzo de 2017, y posteriormente el de ERC Josep Nuet, el pasado mayo.

En el caso de Homs, con el Partido Popular controlando la Cámara baja y Ana Pastor en la presidencia, el diputado fue condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014. Lo que conllevó automáticamente su expulsión del Congreso.

A diferencia de lo que está ocurriendo con Rodríguez, en su caso la condena no se sometió a debate en la Mesa de la Cámara baja ni los servicios jurídicos emitieron informe. El Supremo notificó la sentencia a Pastor y esta, a su vez, a la Junta Electoral Central, que procedió a notificar a Homs la pérdida de su acta de diputado.

Nuet causó formalmente baja como diputado el pasado 4 de mayo, cuando se hizo efectiva la sentencia del Supremo a ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito de desobediencia grave por haber apoyado en la Mesa del Parlamento catalán la tramitación de determinadas resoluciones independentistas que el Tribunal Constitucional había rechazado.

El presidente del Supremo,Carlos Lesmes, notificó la sentencia a Meritxel Batet, que ya se encontraba en la presidencia del Congreso. En aquella ocasión el Congreso pidió también al Alto Tribunal aclaraciones sobre la firmeza de la sentencia y la ejecución de la inhabilitación, ya que alego no haber recibido un auto de ejecución.

Cuando el Supremo respondió, Batet llamó a Nuet para comunicarle la pérdida del escaño y, tras informar a la Mesa y a la Secretaría General de la Cánara, avisó a la Junta Electoral Central para expedir la credencial al siguiente de la lista de ERC por Barcelona que, en este caso, era Gerard Álvarez.

En el caso de Rodríguez, la Mesa decidió, con los votos de PSOEy Unidas Podemos, que el diputado no debía perder su escaño. Pero ahora Batet ha reabierto la posibilidad para evitar un conflicto con el Supremo.

TEMAS

Meritxell BatetTribunal Supremo (TS)Congreso de los Diputados

larioja

Share Button

PSOE y PP renuevan el Constitucional y el resto de órganos salvo el CGPJ

El enfrentamiento del PP con el PSOE a cuenta de las palabras de Arnaldo Otegi y de la relación parlamentaria con EH-Bildu no han sido esta vez óbice para que los dos grandes partidos sigan adelante con el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, para renovar, después de meses y, en la mayoría de los casos, años de bloqueo el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo.

Los nuevos magistrados del Constitucional serán el catedrático Enrique Arnaldo y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, a propuesta del PP, y la ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrada Inmaculada Montalbán y el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel (al que se supone cuota de Unidas Podemos), a propuesta del PSOE. Sus designaciones no alterarán las mayorías actuales del tribunal.

Al frente del Defensor del Pueblo estará el exministro de Educación y excandidato del PSOE a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo. Su adjunta será la diputada popular Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998. Y en Protección de Datos, Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, a propuesta de los socialistas y Borja Adsuara, abogado y consultor de derecho digital, a la del PP.

Vídeo. Ángel Gabilondo, nuevo Defensor del Pueblo. / ATLAS

Además, el acuerdo incluye la designación como consejeros del Tribunal de Cuentas a Enriqueta Chicano, que ya ocupaba ese cargo; Isabel Fernández, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense (UCM); Dolores Genaro, también actualmente del organismo; Elena Hernáez, expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid; Diego Íñiguez, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; Rebeca Laliga, subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; Joan Mauri Majós, profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona; Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada; Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, abogado del Colegio de Vizcaya; María Luz Rodríguez Rodríguez, gerente tributaria de la Diputación de Barcelona y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, defendió que tanto los candidatos del tribunal Constitucional como los del tribunal de Cuentas son «profesionales y técnicos de reconocido prestigio», algo que, adujo, resultaba fundamental para su partido. «Nos damos por satisfechos -dijo-. Para nosotros es fundamental seguir trabajando en el camino del reforzamiento de las instituciones del Estado y este acuerdo camina en esta dirección».

La juez Espejel, recusada en 'Gürtel', nueva magistrada del TC

La juez Espejel, recusada en ‘Gürtel’, nueva magistrada del TC

MATEO BALÍN / MADRID

Horas antes, el principal partido de la oposición había dejado claro que no cree al presidente del Gobierno cuando afirma que en ningún caso negociará con EH-Bildu la excarcelación de los cerca de 200 etarras que aún permanecen en prisión y Pablo Casado cargó, desde Bruselas, contra los socialistas por no romper toda relación los secesionistas vascos. «Nadie negocia en Europa con grupos que no condenan el terrorismo», adujo. En paralelo, sin embargo, su número dos ultimaba ya con el hombre fuerte del Ejecutivo los nombres que integrarán instituciones clave del Estado, como confirmó, también desde la capital comunitaria, el propio presidente.

La decisión del PP de no vincular estas conversaciones, que dan cumplimento a un mandato constitucional, con la batalla partidista es, en sí misma, novedosa. En su día Casado llegó a apelar a asuntos como las críticas de Pablo Iglesias al Rey Juan Carlos o los indultos a los condenados del ‘procés’ como obstáculos para cerrar un pacto de renovación institucional. En la Moncloa creen que ha llegado a la conclusión de que no puede mantener el bloqueo durante dos años más y que la presión tanto interna, de dirigentes y barones populares, como externa, desde la propias instituciones, le han convencido de estaba perjudicando su imagen como líder de un partido de Estado.

Continúa el bloqueo

El bloqueo continúa, de momento, en lo que afecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que los dos principales partidos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en febrero. Casado insistió este jueves en reclamar a Sánchez un cambio legislativo para que sean los jueces los que elijan directamente a doce de sus veinte vocales. El Gobierno replica que esa propuesta no cuenta con mayoría en el Congreso, como ya ha quedado demostrado en dos ocasiones en esta legislatura. Sin embargo, tanto en el PP como en el PSOE se muestran optimistas sobre la posibilidad de que, desbloqueados el resto de órganos, se desencalle también este asunto.

El acuerdo sellado este jueves ha ido rápido (apenas una semana) porque, antes de que en febrero fracasara el acuerdo sobre el CGPJ –que se acerca a los tres años con el mandato caducado–, los dos grandes partidos ya habían consensuado, como admitió Bolaños, muchos de los nombres que ahora están sobre la mesa. Entre ellos, el de Gabilondo como Defensor del Pueblo.

TEMAS

Ángel Gabilondo Pujol

eldiariomontanes.es

Share Button

Villarejo asegura que inyectaban hormonas femeninas al rey Juan Carlos para inhibir su líbido: «Su carácter ardiente era un problema de Estado»

El comisario jubilado ha declarado este miércoles en el Congreso con motivo de la comisión parlamentaria de investigación sobre la Operación KitchenVillarejo ha hablado sobre Mariano Rajoy, Luis Bárcenas y también sobre el rey Juan Carlos: «Le dieron hormonas femeninas e inhibidores de testosterona para rebajarle la líbido».https://5d5e8b029b159a1b9ef906c5970aa19f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Lea también – Así es Laurence Debray, la nueva amiga entrañable de don Juan Carlos: francesa, casada y enamorada del rey

El comisario ha respondido así a las preguntas de Gabriel Rufián, que ha perseguido el titular sobre el emérito: «Se consideraba un problema de Estado que este señor fuera tan ardiente», ha dicho Villarejo.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1450856177051574274&lang=es&origin=https%3A%2F%2Finformalia.eleconomista.es%2Finformalia%2Factualidad%2Fnoticias%2F11444487%2F10%2F21%2FVillarejo-asegura-que-inyectaban-hormonas-femeninas-al-rey-Juan-Carlos-para-inhibir-su-libido.html&sessionId=8787bf49345fce65d65ca75e3bd489d65be74a2b&siteScreenName=Informalia&theme=light&widgetsVersion=f001879%3A1634581029404&width=550px

Y es que la múltiples amistades del rey Juan Carlos a lo largo de los años están dando mucho de qué hablar en los últimos meses. El padre del rey Felipe VI mantuvo relaciones muy estrechas con Bárbara Rey o Marta Gayá, pero especialmente con la princesa Corinna, con la que incluso llegó a plantearse el divorcio de la reina Sofía.

Aun así, la líbido del monarca no entraba en los puntos del día en el Congreso. Villarejo ha comparecido este miércoles por la investigación de la Kitchen, la operación parapolicial que se llevó a cabo en 2013 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El ex comisario ha implicado a Rajoy en el entramado, asegurando que se mensajeaba y que incluso se vieron en tres ocasiones: «Creo recordar que, en la medida en que yo no tenía la garantía de que quien me estaba dando las órdenes por parte del señor Rajoy fuera él, quería saber que efectivamente era el que estaba detrás y no era una invención de los enlaces que me mandaban información».

eleconomista

Share Button

Zapatero ve irrelevantes las palabras de Otegi para dar apoyo a los Presupuestos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este jueves que las declaraciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre el apoyo de su formación a los presupuesto a cambio de la excarcelación de 200 presos de ETA es «absolutamente irrelevante».

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, Zapatero ha puesto en valor que Otegi trasladara este lunes a las víctimas de ETA el «pesar» de EH Bildu por su «sufrimiento» y su compromiso a «mitigarlo». «Lo que dijo fue el dolor y el pésame, y cuando subrayó el pesar es arrepentirse», ha apuntado.

El Parlamento Vasco
JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO
  (Foto de ARCHIVO)
16/9/2021

Mira tambiénEl silencio de Bildu impide la condena al terrorismo de ETA del parlamento vasco

Zapatero ha afirmado que esperaba los «pasos» de Otegi y confía en que «harán más». Así, ha celebrado que su Gobierno no tocara «ni una sola coma de ningún artículo» para conseguir el fin de la actividad de ETA y ha defendido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque, a su juicio, «solo ha cumplido la ley» en respuesta a los reproches del PP.

En esta línea, Zapatero ha criticado «la hipocresía» del PP porque, según explica, el Gobierno de José María Aznar trasladó a presos etarras durante su mandato. Es por ello que ha pedido a los ‘populares’ que sean «sensatos» y reconozcan «la objetividad» del fin de ETA.

«En este país hay fuerzas políticas que usan el terrorismo y hay otras que no lo hemos hecho jamás. Como el PSOE que siempre apoyó desde la oposición al PP negociara o combatiera, siempre lo apoyó», ha apostillado. Con todo, el expresidente ha señalado que espera que «en algún momento» se conozcan las actas de las conversaciones con ETA y ha augurado que será cuando las «personas que se jugaron mucho» puedan decirlo afirmando que mediadores internacionales ayudaron en las negociaciones.

lainformacion.com

Share Button

El Congreso quitará el escaño a Rodríguez si el Supremo le insiste, para evitar un choque institucional

El Congreso de los Diputados está dispuesto a ceder finalmente al aviso que le ha llegado desde el Tribunal Supremo este miércoles y despojará de su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por un delito de atentado a un policía durante una protesta, si desde la Sala que debe velar por la ejecución de la sentencia se le insiste en dicho sentido, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja.

De este modo se evitará un choque institucional entre el Poder Legislativo y el máximo órgano del Poder Judicial que parecía inevitable después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, reclamara a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, información sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado morado.

La Sala de lo Penal condenó a Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. En su sentencia, acordó la sustitución de la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros.https://buy-eu.piano.io/checkout/template/cacheableShow?aid=dh3NeYaApe&templateId=OT1NVAIOBVBW&offerId=fakeOfferId&experienceId=EX24LYNZW676&iframeId=offer_f189089a226d1c2f4424-0&displayMode=inline&pianoIdUrl=https%3A%2F%2Fid-eu.piano.io%2Fid%2F&widget=template&url=https%3A%2F%2Fwww.epe.es

Esperando respuesta de Batet

La reclamación realizada por Marchena tiene la finalidad de realizar la liquidación de la condena de Rodríguez, si bien fuentes del alto tribunal señalan a este diario que la indicación que finalmente se dé al Congreso dependerá mucho del contenido de la respuesta de Batet. En todo caso, desde ambas partes se busca frenar un desencuentro institucional que no parece tener precedentes en la historia reciente.

Ante la falta de casos anteriores, otras fuentes del Supremo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA no creen que pueda hablarse de «puñetazo sobre la mesa» de Marchena porque únicamente se pregunta al Congreso por el comienzo de la ejecución de la inhabilitación, si bien reconocen que el tono del requerimiento incluso puede calificarse de irónico. «De este escrito puede deducirse cuál será la respuesta de la Sala», apuntan.

Así, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre lo que entiende que ha sido una «reinterpretación» por parte del Congreso de los Diputados de la condena de inhabilitación y cárcel -esta última sustituible por multa- que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por la agresión a un policía durante una manifestación celebrada en 2014, antes de que éste entrara en política.

Tras solicitarse una aclaración del fallo de la al propio Tribunal Supremo, el martes se conoció el informe de los servicios jurídicos del Congreso, que consideran que el diputado puede permanecer en su escaño pese a la sentencia del Supremo por la sustitución de la pena de cárcel por una sanción. 

Es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales. De hecho, sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó «a nacer en ningún momento» al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

CUMPLIR CRITERIO DE LOS LETRADOS

Las fuentes parlamentarias consultadas apuntan que, en todo caso, desde la Mesa no podía hacerse otra cosa que cumplir con lo señalado por los letrados, ya que de no hacerlo los diputados se hubieran expuesto a ser acusados de un delito de prevaricación

Citan precedentes en el Parlament de Cataluña el el caso de la inhabilitación del expresident Quim Torra, que perdió el escaño por inhabilitación sobrevenida según acordó la propia Junta Electoral Central después de que esta decisión provocara el enfrentamiento entre grupos parlamentarios a cuenta del criterio adoptado por los letrados en dicho órgano. La decisión fue recurrida por Torra ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que confirmó la pérdida del escaño del líder independentista.

La jurisprudencia de la JEC es clara y en ocasiones similares ha optado por quitar la condición de diputado a los condenados por sentencia firme, como es el caso, o a quienes, sin ser sentencia firme, hubieran sido condenados por cierto tipo de delitos como atentado contra las Administraciones Públicas o contra las Instituciones del Estado. Es lo que sucedió con Torra, que fue inhabilitado por la JEC pese a no tener sentencia firme.

EL PSOE SE DESMARCA

Desde el ala socialista comienzan ya a desmarcarse de la decisión salida de la Mesa este martes, por la que se mantenía como cargo público al dirigente morado. La situación de Rodríguez es un tema espinoso para el socio mayoritario del Gobierno, cuya postura puede sacudir la coalición y acarrearle tiranteces públicas con Podemos. Es por ello que los socialistas se han cuidado mucho en los últimos días de evitar pronunciamientos y han intentado delegar cualquier decisión política.

Es por ello que los socialistas se escudan directamente en el informe de los letrados para justificar la permanencia del diputado en el Congreso. Fuentes del partido se desligan ahora del acuerdo tomado este martes de mantener el acta de Rodríguez y defiende que no se tomó esa decisión, sino que únicamente se respondió en Mesa a los escritos presentados por PP, CS y Vox que pedían la retirada de su condición de diputado.

La respuesta, alegan, vino de mano del informe de los letrados, que dio carpetazo a estas peticiones. Aseguran los socialistas que no hubo una decisión proactiva por parte de la Mesa del Congreso, sino que simplemente se vino a exponer este informe jurídico que se oponía a los partidos de oposición. 

La incomodidad del PSOE hacia este asunto es notable. En las últimas horas apelan a la prudencia y tratan de volver a desmarcarse de una decisión política al respecto. Adelantan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que esperarán a que llegue el requerimiento del Supremo para que la Mesa se reúna y puedan abordar los próximos pasos a dar.

Por su parte los partidos de la oposición, que este martes ya mostraron su indignación al conocer la decisión de la Mesa para que el diputado de Podemos no perdiera su escaño, seguirán dando la batalla. El PP, de hecho, presentará un escrito de reconsideración al órgano de gobierno de la Cámara Baja para insistir en que Rodríguez debe dejar el acta. 

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, insiste en que el escrito del Supremo alude a que se debe informar de la fecha de la ejecución de la pena, mientras que la Mesa asegura que “ya se ha ejecutado con base en un informe de los letrados” y que, al ser sustituida por una multa, el parlamentario puede quedarse en su asiento de las Cortes Generales. El PP no lo ve así y, por eso, exige que la decisión sea reconsiderada en una nueva reunión de la Mesa “que debería convocarse de forma urgente”.

IMPLICACIÓN DE LA FISCALÍA

Ciudadanos, por su parte, ha optado por otra vía. El partido naranja sigue defendiendo que la Junta Electoral Central es la verdadera competente en el asunto y, de ahí, que el portavoz parlamentario, Edmundo Bal, haya registrado un escrito este miércoles para que se pronuncie y corrija la interpretación que este martes hicieron los letrados de la Cámara asegurando que la pena de multa “anula” la pena de cárcel. Bal insiste en que la pena sigue existiendo y, por tanto, Rodríguez debe ser despojado de su escaño en virtud de la inelegibilidad del artículo 6 de la ley electoral.

Lo que realmente quiere Ciudadanos es que la Fiscalía se pronuncie. Solo las partes (en este caso, el policía agredido por el diputado de Podemos) pueden solicitar un incidente de ejecución ante el Ministerio Público para ver si “la sentencia se encuentra bien o mal ejecutada”. Sin embargo, el movimiento de Ciudadanos ante la JEC implica un pronunciamiento que, aunque rechace la petición de los naranjas, esta respuesta deberá llegar al Supremo que, a su vez, deberá pedir a la Fiscalía su punto de vista. “Hemos optado por esta estrategia jurídica para conseguir que se pronuncie”, explican en el partido de Inés Arrimadas, que siguen “estupefactos” por el informe de los letrados del Congreso.

epe.es/es/

Share Button

La Audiencia Nacional reactiva la extradición del Pollo Carvajal a EE.UU.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado hacer efectiva la entrega del militar venezolano Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal a Estados Unidos, que estaba congelada en espera de que se resolviese un recurso contra la desestimación de su petición de asilo. Tras la notificación de Interior que ayer rechazó la petición, el tribunal da por agotada la vía administrativa.

En una providencia notificada este miércoles, los magistrados resuelven que Carvajal, que se encuentra en la prisión de Estremera, quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional que debe materializar la entrega, Libran oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director del centro penitenciario en el que se encuentra para que se den por enterados.

Carvajal está reclamado por Estados Unidos para ser juzgado en este país por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada. Su defensa viene sosteniendo que la reclamación se basa en acusaciones falsas con el objetivo de trasladarle a suelo estadounidense para obtener bajo coacción información que atesora fruto de su responsabilidad como jefe de la Inteligencia venezolana.

En una estrategia para evitar que se materializase la entrega, Carvajal pidió declarar en la Audiencia Nacional y colaborar con la justicia española en distintos asuntos que pudieran ser de interés. Tras varias semanas en las que ha prestado declaración y ha aportado documentos, el instructor Manuel García Castellón reabrió este martes una causa que se archivó en 2016 sobre una presunta financiación irregular de Podemos y le citó a declarar como testigo el próximo 27 de octubre.

Citación contrarreloj

Ante la decisión de la Sección Tercera, el juez ha remitido un escrito tanto al tribunal como a la Policía para poner en su conocimiento esta circunstancia, en espera de que la extradición no se materialice, al menos, hasta después de su comparecencia del miércoles, según informaron en fuentes jurídicas a ABC.

Entre tanto, la defensa de Carvajal se ha movilizado. En primer lugar, recurriendo la providencia del tribunal para que reconsidere su postura porque entienden que la vía administrativa no está agotada. De hecho, han recurrido esa desestimación del asilo notificada por el Ministerio del Interior y si vuelven a decir que no, se dirigirán entonces a lo Contencioso de la Audiencia Nacional para reclamar. Confían en que la Sala permita que Carvajal siga en España durante el tiempo que dure ese camino.

Carvajal solicitó asilo a España el 1 de mayo de 2019, cuando se encontraba en prisión provisional a la espera de la vista por la orden de extradición que había librado contra él EE.UU. La petición se formalizó dos semanas después con una entrevista personal en la que detalló algunos de los incidentes que había tenido con el régimen de Nicolás Maduro y motivaban que pidiese protección a las autoridades españolas, tal y como adelantó ABC.

Share Button

Felipe González, partidario del regreso a España de Juan Carlos I

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha salido este miércoles en defensa del rey emérito, instalado en Abu Dabhi desde hace más de un año. González, en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona junto a Miquel Roca, se ha mostrado partidario de su regreso a España. «Quiero que vuelva y que se respete su presunción de inocencia», ha asegurado el exmandatario socialista. A su juicio, al anterior jefe del Estado no le valora su «legado» ni se le «aplica la presunción de inocencia». «Todos llevamos una mochila, sobre todo si hemos hecho algo en la vida», se ha justificado. Al respecto, el exdirigente de Convergència y padre de la Constitución, Miquel Roca, que fue abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, ha destacado que es la «fortaleza» del sistema democrático el que permite que todo esto se vaya conociendo, pero en el caso del anterior rey, a su entender lo que ocurre es que la «presunción de inocencia es una presunción». «Es más divertida la presunción de culpabilidad», ha afirmado.

En el décimo aniversario del fin de ETA, González se ha acordado de su «amigo» Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, asesinado por la banda terrorista, y también se ha acordado del atentado de Hipercor, en la capital catalana, en el que la organización terrorista asesinó a 21 personas y causó heridas a 45. «Me cogió en una visita de Estado a Brasil. Cuando median miles de kilómetros, la conmoción es mayor que si estás en la sala de máquinas», ha rememorado. Y ha recordado también que el Gobierno que presidía tenía conocimiento de que ETA preparaba un atentado en Barcelona pero no sabía que a quien asesinaría el comando terrorista era al ministro Ernest Lluch. Antes de entrar al acto, González ha opinado sobre las últimas declaraciones de Arnaldo Otegi. «Creo que ha hecho dos: esa, en la que no pidió perdón, desde luego, y después ha hecho otra, que cambia presos por Presupuestos», ha señalado. A su juicio, es «inaceptable» vincular la situación de los presos con los Presupuestos.

Roca ha criticado a quienes aún hoy, 10 años después de la desaparición de ETA, les cuesta «condenar la violencia y el terrorismo». «Nosotros los hemos hecho siempre», ha afirmado, refiriéndose a lo que en su día era CiU, que apoyó, por ejemplo, la ley de partidos, que permitió la ilegalización de Batasuna. El exportavoz de CDC en el Congreso ha señalado que le parece «ofensivo» que haya quien distinga todavía entre víctimas civiles y las que son policiales o militares.

Tanto González como Roca han defendido lo que algunos califican el régimen del 78 y en concreto han ensalzado los logros de la Constitución. «Me llena de satisfacción que alguien por torpeza nos llame régimen del 78. Es una declaración de principios, porque implica que dejamos atrás otro régimen, lo contrario de lo que nos lo critican», ha asegurado. «Es un orgullo, contribuimos a que hubiera un régimen, los que lo critican no han contribuido a nada», ha rematado. A su juicio, se dicen muchas «tonterías» sobre aquella época y se descontextualiza la historia. Miquel Roca ha calificado a los detractores de la Carta Magna de «ignorantes». Lo que ha conseguido la Constitución es «espectacular». Y ha destacado que fue un «pacto» y por lo tanto un acto de «coraje» y no de cobardía. «Me aburren las críticas a la Carta Magna», ha rematado. Ambos han opinado que podría cambiarse. Pero con consenso, ha reclamado Roca.

TEMAS

España

lasprovincias

Share Button

Nuevo choque en el Gobierno: Podemos no quiere pagar peajes en las autovías

Nuevo desacuerdo en el Gobierno de coalición. Unidas Podemos ha reiterado que no existe un acuerdo en el seno de la coalición sobre la implantación de un sistema de peajes en las autopistas con vistas al año 2024 y ha emplazado primero al PSOE a «recuperar» infraestructuras para el Estado, como la AP-9. «No hay acuerdo sobre esto y, por lo tanto, no va a pasar», ha enfatizado este miércoles el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, respeto a la implantación de peajes en autovías del Estado.

Ayer Echenique ya dejó claro que su formación no apoyará ningún sistema de peaje que implique el pago de uso a las clases trabajadoras. «O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales», lanzó en redes sociales para calificar incluso de «globo sonda» la posibilidad de aplicar un sistema de pago por el uso de estas infraestructuras de cara a 2024.

Unas palabras que ha refrendado el diputado de Unidas Podemos y representante de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, al incidir en que ahora mismo no hay un acuerdo sobre esta materia en el seno de la coalición. De hecho, ha destacado que antes queda «trabajo pendiente», como recuperar autovías bajo gestión del Estado la autovía AP-9 y otras infraestructuras, antes de hablar de otras cuestiones. «Primero recuperar autopistas y luego se hablará de otros debates», ha recalcado.

Mientras, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señaló ayer que el sistema de peajes se implementará, si bien aseguró que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible». El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.

En junio Unidas Podemos ya manifestó su oposición a los planes de implantar el sistema de pago por uso de las carreteras de red del Estado, al entender que es un «impuesto a las clases medias». El propio portavoz parlamentario expresó entonces que abogan por «la fiscalidad verde, pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo». «La propuesta de los peajes no cumple estos criterios», zanjó para insistir en que la única vía era la progresividad.

Posteriormente, el espacio confederal pidió concreción a Transportes sobre sus planes, de cara a que los peajes no repercutieran en la mayoría de la población. Como marco abogaba por centrar la propuesta en base a un sistema progresivo que sustente el pago del uso de estas infraestructuras.

Sobre todo aludía a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el plano particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, siempre que el desplazamiento no sea por motivos laborales, relacionado con los estudios u otras actividades esenciales.

lainformacion

Share Button

Otegi: «Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues votamos»

El líder de la izquierda abertzale se comprometió el lunes por la mañana a intentar reparar el daño causado, el dolor afligido a las víctimas de ETA con su posición y la violencia de la banda. No dijo cómo lo haría. Sólo horas después, ante un grupo de militantes de la izquierda abertzale, se comprometió con el entorno de la banda, con sus presos, a reparar su situación penitenciaria. Esta vez sí desveló la fórmula: aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez. En un acto celebrado por la tarde en Eibar, el líder de EH Bildu afirmó que aún «tenemos a 200 presos» en la cárcel y «si para sacarlos hay que votar a favor de los presupuestos, pues votamos, así de alto y claro os lo dijo», aseguró.https://www.dailymotion.com/embed/video/x84xo85?api=postMessage&apimode=json&autoplay=false&embed_index=1&id=f171512e1af5c24&mute=true&origin=https%3A%2F%2Fwww.elindependiente.com&pubtool=cpe&queue-autoplay-next=true&queue-enable=true&ui-highlight=false

El coordinador general de la coalición, quien mostró un aspectos muy alejado de la solemnidad con la que quiero acompañar su declaración en el Palacio de Aiete, donde aseguró que el sufrimiento de las víctimas «nunca debió haberse producido«, centró gran parte de su intervención en la situación del colectivo de presos de ETA. «Votaremos los presupuestos sin ningún problema y lo haremos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque, como dicen los horteras, eso lo tenemos en el frontispicio». Precisamente este fin de semana la izquierda abertzale vuelve a convocar una marcha en apoyo al colectivo de presos, una de las cuestiones que con mayor insistencia viene movilizando a este entorno político en los últimos meses.

Otegi ha defendido siempre la necesidad de terminar con lo que la izquierda abertzale considera una política penitenciaria «de excepción» que es la que se aplica a los presos de ETA. El alejamiento que desde 1989 se viene aplicando a estos internos se ha ido desmontando de modo progresivo desde hace dos años. Actualmente la mitad del colectivo de presos se encuentra ya en prisiones vascas y el resto en cárceles cercanas a Euskadi.

El gesto de Otegi hacia las víctimas facilita futuros  pactos de Bildu con el Gobierno

El gesto de Otegi hacia las víctimas facilita futuros pactos de Bildu con el Gobierno

Era el ‘elefante’ en la sala que a casi todos incomodaba. Las necesidades recíprocas les llevaron a convivir con él, a entenderse entre ellos y seguir ignorándolo. Unos por necesidad […]

Ahora, el movimiento de apoyo a los presos quiere que se proceda no sólo al acercamiento de todo el colectivo a cárceles vascas -que desde el pasado 1 de octubre está bajo el control del Gobierno vasco- sino a acelerar los procesos de evolución de grado y facilitar las excarcelaciones. Otegi aseguró, en una intervención adelantada por Antena 3 y Vocento, que «ahora es el momento, es un momento crítico, un momento difícil, un momento importante y vamos a darlo todo, vamos a ponerlo todo». Señaló que necesitan tiempo para «preparar a este pueblo y resolver la cuestión de los presos».

La izquierda abertzale ha mostrado desde que Sánchez accedió al poder una disposición al acuerdo con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, al que ya respaldó las cuentas el año pasado. En esta ocasión su posición ha sido de plena disposición a volverlo a hacer y ayer el propio Otegi se encargó de subrayar que la cuestión de los presos de ETA es clave para volver a apoyar las cuentas.

La izquierda abertzale ha subrayado siempre ante su militancia que este gobierno es la mejor opción frente a la alternativa que representaría un Ejecutivo liderado por Pablo Casado con el apoyo de Vox. El lunes defendió en Eibar que no sólo desea facilitar que Sánchez agote los dos años de legislatura sino que «necesitamos que este Gobierno pase otros cuatro años en el poder». Destacó que sólo de este modo se podrá ganar tiempo para «solucionar el tema de los presos, necesitamos fortalecer nuestra posición y eso requiere tiempo».

elindependiente

Share Button

Procesado el PP de Valencia y 49 concejales de la época de Rita Barberá por blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado auto de procesamiento contra 49 investigados en el conocido como ‘caso Taula’, entre los que se encuentran concejales, asesores y miembros del Grupo Municipal Popular en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de la ciudad, por un delito de blanqueo de capitales en las elecciones locales de 2015.

El juez considera que recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del PP -mil euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de estos comicios, en una maniobra ilícita conocida como ‘pitufeo’. De hecho, el magistrado también acuerda procesar al Partido Popular como persona jurídica.

La investigación revela de un «modo diáfano» que entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad de Valencia «ingresó y destino a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente y muy especialmente en la campaña del 2007».

Del auto, consultado por ABC, se entiende que esa actividad articulada «exclusivamente» en el ámbito local de la formación -que «se confudía plenamente» con la labor política y económica de los populares en el consistorio- era «opaca, aparentemente a la estructura nacional» del partido y «fue llevada a cabo por pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa».

En concreto, el instructor señala al exvicealcalde de Valencia y número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau -en prisión provisional por el ‘caso Azud’-, como el «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable», mientras la entonces secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster, era la encargada de administrar ese dinero.

El magistrado ve indicios de malversación de caudales públicos y cohecho impropio en la actuación de Grau durante la campaña municipal de 2007, mientras en el caso de 2011, la conducta del exvicealcalde presenta indicios de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales, delito del que también sería responsable García-Fuster.

En 2015, esas sospechas se amplían a medio centenar de personas relacionadas con el PP -excepto una de las asesoras que devolvió el dinero recibido- e incluso al propio partido.

Por otra parte, el instructor ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles, María José Alcón y Emilio del Toro, al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados. Además, sobresee la causa por malversación a la exconcejal popular Beatriz Simón.

Del mismo modo, ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado que era diputado autonómico Miguel Domínguez y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez da veinte días a la Fiscalía y a las acusaciones populares personadas en esta pieza del ‘caso Taula’ para que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.

abc.es

Share Button