La Generalitat desafía al Supremo y libera a Junqueras para la campaña del 14-F

a Dirección general de Servicios Penitenciarios de Cataluña ha formalizado este jueves, por segunda vez, el régimen de semilibertad para los presos del 1-O, que podrán salir este mismo viernes y hacer campaña para las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El departamento de Justicia que dirige la republicana Ester Capella ha dado el visto bueno a ese tercer grado, tras el rechazo en diciembre por el Tribunal Supremo a una primera petición realizada por las juntas de tratamiento de las cárceles en las que se encuentran los presos del procès (Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses).

Fuentes de la dirección de ERC aseguran sentirse “ilusionados” por la “gran noticia” y aseguran que darán la bienvenida a su líder, Oriol Junqueras, y a los suyos “como se merecen, tras la injusticia cometida por el Gobierno de España”.

Junqueras será entonces el gran líder con el que los republicanos pretenden captar los votos necesarios para catapultarse al primer puesto en las próximas elecciones del 14F. Los republicanos ya ensalzan a Junqueras, que será el apoyo moral de su candidato, Pere Aragonès, en campaña, ya que su inhabilitación no le permite figurar en listas electorales.

El ‘as en la manga’ de ERC y Junts

Las mismas fuentes admitieron este miércoles a Economía Digital, que los presos se guardan todavía un ‘as en la manga’ por si la Fiscalía decide recurrir ante el Tribunal Supremo, así como pedir su suspensión mientras no haya una decisión judicial firme.

En caso de que se les revocara el permiso de salida, ERC y JxCat ya apuestan por solicitar los permisos penitenciarios de los que disponen sus líderes al cumplir un cuarto de su condena. “Junqueras va a estar en campaña sí o sí”, sentencian desde ERC. “Esta gente, mi gente, saldrá de la cárcel algún día y no habrá jueces que podrán pararlos”, señaló en rueda de prensa Gabriel Rufián.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto de los últimos comicios catalanes. Foto: EFE.

En este caso, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas esgrimen en un comunicado que “es tiempo suficiente para la confirmación de una evolución positiva, sin incidentes, con pleno compromiso con la tarea encomendada y con una valoración positiva, tanto para el proceso de reinserción sociolaboral como para el mantenimiento del vínculo familiar”.

Los políticos presos independentistas estaban hasta este jueves clasificados en segundo grado y pueden usar permisos de hasta 48 horas a propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles donde están y con la aprobación del Servicio de Clasificación del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Si quieren más permisos, requieren el aval del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que debe velar por el cumplimiento de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo, explican fuentes penitenciarias. Precisamente, este jueves, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, cumple un cuarto de condena; Junqueras este sábado; mientras que los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa lo harán el 11 de febrero, a tres días de la votación el 14F.

Todos podrán solicitar un permiso de 48 días permisos al año, también con un máximo de siete días consecutivos y la decisión final recaerá en el servicio de Medio Abierto de la Secretaría de Medidas Penales y no en el juzgado de vigilancia penitenciaria.

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Vox salva al Gobierno y permite aprobar el decreto de los fondos europeos

El clima electoral en Cataluña, cuya campaña comienza oficialmente esta noche, tiene ya sus efectos en Madrid. Concretamente en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno se ha visto obligado a recalibrar sus alianzas para sacar adelante el decreto que vehicula los fondos europeos para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid-19. La pugna entre ERC y los socialistas trasciende a los comicios y su enfrenamiento ha llevado a un distanciamiento, que se ha hecho visible en su rechazo al citado decreto.

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A pesar de haber sido el socio imprescindible para aprobar los Presupuestos, los republicanos han retirado ahora su apoyo al Gobierno, lo que dejó durante algunas horas en el aire que una importante iniciativa como la de los fondos europeos saliera adelante. El sentido negativo del voto lo anunció el portavoz Gabriel Rufián en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que criticaba que el autor del reparto de los 140.000 millones era la patronal y que “entrega todo el dinero al Ibex”, mientras que no hay “cargos autonómicos, municipales o locales con poder de decisión en el reparto”.

Esto ha obligado al Gobierno a intensificar los contactos con el resto de grupos para lograr su aprobación y encomendarse a formaciones como el PNV y EH Bildu para salvar la normativa. Sin embargo, ha sido la abstención sorpresa de Vox lo que ha acabado por decantar la balanza del lado del Ejecutivo. En concreto, el portavoz de los abertzales, Oskar Matute, ha mostrado desde tribuna su vocación de “ser decisivos y resolutivos” y han avanzado que no “bloquearán” el decreto, tras arrancar al Gobierno el compromiso de ampliar los controles y garantías y aumentar la dotación presupuestaria de los ayuntamientos.

Por su parte, desde el PNV también han garantizado su apoyo, aunque el decreto “no les guste” porque no se ha basado en el diálogo ni el consenso y no ha tenido complicidad con las comunidades autónomas, sino que ha estado muy centralizado en el Ejecutivo. “Donde ustedes ven cogobernanza, nosotros vemos ausencia”, le ha espetado Idoia Sagastizabal a Carmen Calvo. Aún así, ha asegurado ser “conscientes de que nos estamos jugando la salida de la crisis”, y ha calificado estos fondos como una “tabla de salvación”. Por lo que los jeltzales lo avalarán “en clave de responsabilidad”. “Una vez más les sacamos las castañas del fuego”, ha señalado, al tiempo que ha anticipado que “la paciencia del PNV tiene un límite”.

El Ejecutivo ha pasado apuros para sacar esta normativa adelante, un decreto que es clave para establecer el encaje de los fondos europeos y vehicularlos a través de la administración. El apoyo de EH Bildu y PNV, así como el de otros grupos minoritarios como Más País permitirá al Ejecutivo salvar la situación, después de que se sondeara al PP y Ciudadanos y que estos rechazaran darle apoyo. El Gobierno se ha mostrado abierto a que se tramite como proyecto de ley de manera que se puedan incluir las modificaciones que le demandan las formaciones políticas que les han permitido dar luz verde a la iniciativa.

Desde la formación naranja, se ha afeado al Gobierno que se “vuelven a equivocar de socios”, en alusión a ERC, que les “han vuelto a dejar tirados” y anticiparon que “no van a votar a favor” del decreto, aunque se hayan abierto a introducir modificaciones en su tramitación como proyecto de ley.

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Unidas Podemos sigue perdiendo apoyos y el PSOE se dispara, según el Barómetro del CIS

Parece que el desgaste de la gestión de la pandemia se lo lleva el socio minioritario de la coalición, según el último Barómetro del CIS publicado hoy. Así los de Pablo Iglesias siguen perdiendo apoyos un mes más y si se celebrasen las elecciones obtendrían un 10,7% de apoyos, una décima menos que en el mes de diciembre. Por su parte, el PSOE se recupera y volvería a superar el 30% de apoyos, al lograr un 30,7%, frente al 29,5% que obtuvo en la encuesta del mes de diciembre.

En este sentido, a solo unos días de que arranque la campaña electoral, los de Pedro Sánchez salen fortalecidos y no les pasa factura ni la mala gestión de la pandemia ni sus contradicciones a la ahora de adoptar medidas para frenar la expansión del virus.

Por otro lado, el PP mejoraría y lograría un 20,5% de apoyos, frente al 19,2 del barómetro anterior. Vox cae un punto y obtendría un 13% de apoyos, manteniéndose como la tercera fuerza más votada, mientras que Cs retrocede y pierde casi un punto, al pasar de 10,5% al 9,3% de los apoyos.

Por bloques, la derecha sigue por delante de la izquierda. Así, la suma de PP, Cs y Vox sería de 42,8 frente al 41,4% de la suma del actual Gobierno de coalición. De este modo, se confirma una tendencia que ya se vislumbró en las anteriores oleadas.

Quizás, la principal conclusión que se puede extraer con este resultado es que la popularidad de los morados pierde fuelle, pese a que con los Presupuestos aprobados y la Legislatura encarrilada, traten de diferenciarse frente a los socialistas. No en vano, mantienen la cuarta posición pero los de Arrimadas, que sacan rédito de su estrategia de diferenciarse del Gobierno y ERC, le pisan los talones.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo público este sondeo cuyo trabajo de campo se realizó en las primeras semanas de ese año, coincidiendo con la tercera ola,  con el paso de la borrasca de frío y nieve “Filomena” y tras conocerse que el ya exministro de Sanidad Salvador Illa dejaría el Ministerio para encabezar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas.

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Dimite el fiscal jefe de Castellón tras colarse en la vacunación del coronavirus

El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha presentado su renuncia al cargo por «motivos personales» después de que trascendiera que había recibido la vacuna del coronavirus pese a no formar parte de los grupos prioritarios establecidos por el Ministerio de Sanidad.

Además, la Generalitat investiga si la mujer de Cuesta pudo llevarse desde el centro de salud 9 d’Octubre de la capital de La Plana, del que es coordinadora, al domicilio familiar algunas dosis de la vacuna contra el Covid.

La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado este miércoles en el que explica que «tras constatar el incumplimiento por parte del Fiscal Jefe de Castellón, José Luis Cuesta, de lo dispuesto en la Estrategia de vacunación Covid-19 en España, aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ejecutada por las Comunidades y Ciudades Autónomas, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha aceptado la renuncia del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón, quien ha alegado para ello motivos personales».

Cuesta, de 65 años de edad, recibió la vacuna el pasado 11 de enero en un centro de salud de Castellón de la Plana y se encuentra entre las cerca de doscientas personas inoculadas sin hallarse entre los grupos prioritarios que investiga la Generalitat Valenciana.

Además, del fiscal jefe de Castellón, entre los cargos que recibieron la vacuna hay alcaldes y concejales del PSPV-PSOE y del Partido Popular.

[Una concejal socialista de Denia dimite por vacunarse saltándose el protocolo]

José Luis Cuesta fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Carceller, y fue reelegido en el cargo cinco años después, en enero de 2018.

Recientemente ha trascendido que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió trasladar a la fiscal superior de la Comunitat Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuestas injerencias de Cuesta, denunciadas por la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de Instrucción de Castellón.

Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2020, tomó conocimiento del acuerdo adoptado por el TSJCV en relación a la Junta de Jueces de Castellón, sin que haya trascendido si ha adoptado alguna decisión.

La renuncia de José Luis Cuesta es la segunda que se produce este miércoles en la Comunitat Valenciana por el mismo motivo, ya que la concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado que ha presentado su dimisión «irrevocable» después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra el Covid-19 por no «desperdiciar» la dosis.

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La iniciativa privada se llevó el 50% del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid

La iniciativa privada se lleva la mitad del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid, es decir, más de 4.100 millones de euros de los 8.365 millones de euros de la partida liquidada de Sanidad de la región en el año 2018. Esto supone un aumento de más de un 15% en aquellos recursos que van a parar a bolsillos privados si se compara con los datos del año 2015.

Esa es la conclusión a la que ha llegado la organización Audita Sanidad en su análisis sobre El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña. En dicho informe, hecho público este miércoles 27 de enero, analizan la cantidad de recursos públicos que han acabado en manos privadas en el trienio comprendido entre 2015 y 2018, último año para el cual hay datos presupuestarios liquidados. Tal y como han explicado durante la presentación del trabajo, es importante trabajar con los datos liquidados puesto que entre los presupuestos de principios de año y la realidad, “hay desviaciones que rondan los 500 millones, llegando a sobrepasar los 600 millones en 2016”.

De todas las partidas analizadas por Audita Sanidad, la más cuantiosa es la dedicada al gasto farmacéutico, que se llevó más de 1 de cada 4 euros de todo el presupuesto sanitario de la región durante el año 2018, lo que supone prácticamente 2.200 millones de euros, un aumento del 22% respecto a 2015. Ello, según los autores del informe, demuestra “la absoluta dependencia que tenemos de los laboratorios privados”, algo que se ha puesto de manifiesto de manera clara con la vacuna de la COVID-19.

La segunda partida en cuanto a montante fue la destinada al material de laboratorio, quirúrgico o de curas, la cual ha crecido “enormemente” en este trienio: un 36,8% entre 2015 y 2018. Los siguientes puestos los ocupan los conciertos con instituciones sanitarias, principalmente la Fundación Jiménez Díaz; las concesiones administrativas, llamadas “concesiones publico-privadas”, que tienen lugar en los hospitales de Villalba, Torrejón, Valdemoro o Móstoles y que “benefician a fondos de inversión especulativa como Fresenius”. También las iniciativas de financiación privada, es decir, los hospitales de modelo PFI en los que los profesionales sanitarios dependen del servicio público de salud y, el resto, es privado.

Según han explicado durante la rueda de prensa online celebrada este miércoles, en el estudio se observa un importante incremento de las inversiones reales o, lo que es lo mismo, en el gasto en infraestructuras, que creció en un 350% en dicho trienio. Esto se debe a que, durante los años previos, los peores de la crisis, apenas hubo inversión en obra nueva.

A pesar de la mayor inversión en instalaciones entre 2015 y 2018, no se ha construido ni un centro de salud nuevo ni se ha hecho el mantenimiento necesario. «Por lo tanto, ni siquiera con esta subida se consigue un buen mantenimiento de las infraestructuras”, ha señalado Carmen San José, médico de familia e integrante de la plataforma ciudadana.

Ha sido la propia San José quien ha señalado que el sector privado de la Sanidad en la Comunidad de Madrid “constituye un agente verdaderamente privilegiado: absorber más del 49% de todo un presupuesto sanitario nos hace pensar que se está promoviendo que el beneficio privado”, ha defendido. 

Entre las conclusiones y propuestas de Audita Sanidad se encuentra la apuesta por la desmedicalización de la sanidad y por la creación de una industria farmacéutica pública que permita una mayor independencia de las iniciativas lucrativas. Asimismo, solicitan que la sanidad pública se blinde en la Constitución y que se deroguen determinadas normas que permiten la entrada del sector privado en la Sanidad Pública, además del artículo 135 de la Constitución que establece prioridad en el pago de la deuda.

Un Gobierno “al servicio de la ideología neoliberal”

Entre 2000 y 2019, la deuda total de la Comunidad de Madrid se ha multiplicado por ocho, pasando de 4.200 millones a 33.469 millones de euros y creciendo a un ritmo muy acelerado a partir de los años 2007 y 2008. Desde la plataforma desconocen qué porcentaje de dicha deuda corresponde al ámbito sanitario, unos datos que tratarán de recabar o estimar durante el año 2021.

Sí tienen claras cuáles son las causas generadoras de esta deuda sanitaria todavía sin cuantificar: incremento exponencial del gasto farmacéutico y falta de voluntad política para sustituir los medicamentos de marca por medicamentos genéricos; “transferencia desmesurada de recursos a la Fundación Jiménez Diaz”; crecimiento de los costes de los hospitales de gestión privada; procesos de privatización como los procesos de datos, limpieza…; desviaciones entre el presupuesto inicIal y el presupuesto liquidado; “uso y abuso desmedido del contrato menor por la Consejería de Sanidad”, que adjudica a dedo el 99,7% de las licitaciones; o la corrupción en el ámbito de la sanidad, entre otras.

Según explica el economista Vicente Losada, “la deuda ha servido como palanca para imponer el modelo económico del neoliberalismo basado en el empobrecimiento de las naciones, el menoscabo de los derechos y el aumento de las desigualdades”. Desde la organización ciudadana consideran que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha puesto el gobierno de la región “al servicio de la ideología neoliberal”, algo que demuestra el dumping fiscal que se vive en Madrid.

Según sus cálculos, esto ha provocado que entre 2002 y 2018, la CAM haya dejado de percibir unos 6.000 millones de euros debido solo a las bonificaciones sobre el impuesto de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones: “Eso se traslada a una falta de recursos que el Gobierno justifica como un medio para hacer recortes en la sanidad pública”, sostiene Losada.

Ante ello, consideran que el gobierno capitaneado por Isabel Díaz Ayuso solo es una continuación de la política que el PP viene realizando en la región en la que gobierna de manera ininterrumpida desde 1995. “No es una persona que no sepa lo que hace. Son más de 20 años con una política sanitaria que va en una dirección: dar al sector privado aquellos servicios que generan rentabilidad, lo que supone sobrecostes y un resultado en vidas que no parece que les importe”, ha criticado la médico Carmen San José.

Recientemente, un informe del Corporate Europe Observatory ha defendido que “la privatización del sistema sanitario europeo ha tenido efectos mortales, puestos en evidencia durante el último año”. La organización europea señala en el trabajo los casos ocurridos en hospitales o residencias de ancianos, en los que se ha hecho patente que “la subcontratación y la provisión privada de atención médica han degradado significativamente la capacidad de los Estados miembros de la UE para lidiar de manera efectiva con la COVID-19”.

Ayuso ha sido una de las grandes defensoras de la “colaboración público-privada”, convirtiendo su perfil de Twitter en una especie de valla publicitaria para las principales compañías y empresarios del país como Florentino Pérez, El Corte Inglés o el Banco Santander, entre muchos otros. Otras como la constructora Ferrovial ha salido muy beneficiada de la construcción y el mantenimiento del hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal, una obra muy criticada por la oposición por sus sobrecostes y su dudosa necesidad.

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El Congreso aprueba la ley que refuerza la protección y asistencia de víctimas de violencia machista

La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley que refuerza la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuyo texto procede del decreto ley impulsado por el Ministerio de Igualdad sobre esta materia como consecuencia del covid-19, según informa Europa Press. 

El texto ha contado con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, la abstención de ERC y Eh Bildu y el voto en contra de Vox.

Fue en abril cuando la Cámara baja convalidó esta iniciativa de Irene Montero. Los grupos parlamentarios presentes, excepto PSOE y Unidas Podemos, votaron también entonces a favor de que el texto se tramitara como proposición de ley y, así poder realizar modificaciones en el mismo.

Esa tramitación ha culminado este miércoles su primera fase, con la aprobación de la norma, que ahora pasará al Senado para continuar con el proceso.

Entre sus principales aportaciones, se encuentra la declaración de esenciales de todos los servicios de atención y protección a las víctimas de esta lacra, con el objetivo de que estas pudieran seguir beneficiándose de ellos durante el estado de alarma.

Acuerdos de mejora

Además, se reforzaron los sistemas de atención telefónica a víctimas de esta violencia, ya que la presencial no era posible. Además, se crearon canales a través de WhatsApp para adaptarse a la nueva situación. Durante la tramitacíón en el Congreso, se ha incluido en la norma que este servicio de Whatsapp permanezca tras terminar el estado de alarma en el que se encuentra el país.

Por otra parte, una transaccional firmada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y Eh Bildu permitirá garantizar la protección de víctimas y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas contra hombres denunciados o condenados por delitos relacionados con esta lacra.

Socialistas y morados también han llegado a una transaccional con PP y Ciudadanos por la que se garantiza la provisión de los servicios que se incluyen en el texto «mientras duren las medidas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19» y que impliquen «alteraciones de la normalidad» y también «especial vulnerabilidad» de las víctimas.

Junto a los popularesPSOE y Unidas Podemos han acordado también inclior la prestación de seguimiento especial, por parte de las administraciones, a los hijos de las víctimas mientras se prolongue la situación de emergencia; y un refuerzo para la recuperación sociolaboral de las mujeres que sufren esta violencia, especialmente las que ahora están en ERTE.

Mujeres doblemente discriminadas

Los dos partidos que sustentan el Gobierno han negociado también con PP, Ciudadanos y ERC la recogida de garantías para que las mujeres que sufren discriminación interseccional también reciban los servicios necesarios. Estas son mujeres con discapacidad, que viven en el rural, de etnia gitana o de otros grupos especialmente vulnerables.

También se ha acordado incluir el refuerzo y adaptación de estos servicios a mujeres que sufran doble o triple victimización, es decir, mujeres con alguna discapacidad, que vivan en el rural, que sean de etnia gitana o que pertenezcan a otros grupos sociales más vulnerables.

Los dos partidos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han agradecido el trabajo realizado durante la negociación de esta ley. La portavoz socialista en este debate, Lidia Guinart, ha celebrado la aprobación de una iniciativa que, como ha explicado, nació «en la primera ola de la pandemia» y con el objetivo de ser «una mano tendida hacia las miles de mujeres» que en ese momento sufrían confinamiento con su agresor.

La representante morada, Sofía Castañón, por su parte, ha valorado dos aspectos de lo que ha sido este tiempo de tramitación: por un lado ha destacado que estas medidas que fueron creadas en una situación excepcional se adopten ahora «de forma permanente»; y por otro el «clima de colaboración» vivido estos meses para sacar el texto adelante.

El «espíritu» del Pacto de Estado 

De este mismo clima ha hablado la portavoz de Igualdad del PPMargarita Prohéns, que lo ha calificado como el «espíritu del Pacto de Estado» aprobado en 2017. La popular ha llamado a PSOE y Podemos a continuar en esta línea, trabajando en «lo importante», y dejar los debates que manienen entre ellos sobre «quién presenta qué iniciativa» que, a su juicio, «desvían el foco».

Sí ha lamentado que no se hayan incluido algunas de sus propuestas sobre accesibilidad en los servicios, o una reforma para destinar fondos del Pacto de Estado para ayuntamientos que han tenido que invertir en mejoras como consecuencia de la pandemia.

También la portavoz de ERC en este debate, Pilar Vallugera, ha lamentado no haber llegado a un pacto en lo económico para realizar el traspaso a las entidades locales. Del mismo modo, ha criticado que no se haya aprovechado esta tramitación para dar el paso e introducir el cambio de denominación de violencia de género a violencia, con el objetivo de que su contenido repercuta en «todas las violencias» que sufren las mujeres.

Por otra parte, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado esta aprobación y ha recordado que su partido estará en contra de quienes «quieren dar pasos hacia atrás» en la lucha contra la violencia de género. Su homólogo de PNV, Joseba Agirretxea, se ha referido en su intervención a quienes son «de otro mundo» y niegan la existencia de esta lacra, para señalar el apoyo de los nacionalistas vascos a cualquier medida que mejora la situación de estas mujeres y acabe con la violencia de género.

Ambos se refieren a Vox, el único partido que ha votado en contra. Su portavoz en la comisión, Carla Toscano, ha defendido esta postura señalando que esta ley «atenta de forma flagrante contra el principio constitucional de la igualdad ante la ley» y busca «blindar» económicamente los «chiringuitos» del Gobierno en esta materia. La diputada ha indicado que Vox considera que todas las personas, independientemente de su sexo, son susceptibles de proteccion de sufrir violencia intrafamiliar y, por tanto, todos necesitarían protección y no sólo las mujeres.

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Podemos utiliza a Juan Carlos I para pedir dinero y sufragar su campaña electoral en Cataluña

nidas Podemos lo ha vuelto a hacer. Si el vídeo en el que compara a la Casa Real con la serie ‘Narcos’ ya causó furor, el mismo equipo de los morados vuelve a cargar contra el Rey Emérito para pedir dinero y sufragar así los comicios catalanes de la formación. El vídeo, publicado este martes en sus redes sociales, insiste en que el Rey Emérito no vuelve pero sus microcréditos sí.

La formación de Pablo Iglesias utiliza la imagen del Juan Carlos I, a quien llaman “supuesto patriota” y aseguran que “no vuelve” con un discurso de fondo donde se escucha al monarca saliente hablando de “ejemplaridad” y “transparencia”. A ello contraponen el anuncio de los microcréditos para financiarse en esta campaña de las elecciones a la Generalitat del próximo 14 de febrero

La campaña comienza este viernes y el mismo día que el ministro de Sanidad abandona el cargo para dedicarse por completo a ser candidato del PSC a la Generalitat, los morados piden dinero a través de las redes sociales para financiar sus próximos actos en Cataluña.

Podemos y los microcréditos, en el punto de mira

Más allá del vídeo, de la gracia y de la campaña, los morados están bajo el punto de mira del Tribunal de Cuentas y también del Congreso y del Senado por el método de financiación utilizado. Ya en agosto del año pasado, el Tribunal de Cuentas pidió al Gobierno regular la financiación electoral y, en concreto, a poner un tope a los microcréditos a los que cada vez recurren más partidos para financiar sus campañas, entre ellos, el Partido Socialista y Unidas Podemos.

Con Unidas Podemos imputado como partido por la Justicia e investigado en estos momentos por su presunta financiación irregular, los morados rescatan este sistema para financiar las elecciones en Cataluña.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, conversa con su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, el diputado Enrique Santiago y la diputada de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en el Congreso | EFE/Mariscal/Pool/Archivo

Ya a mediados de diciembre, tanto PSOE como Unidas Podemos rechazaron una propuesta de Vox para poner límites a los microcréditos que utilizan los partidos para financiar sus actividades, pero en todo caso advirtieron que se crearía una subcomisión parlamentaria en las Cortes para estudiar este asunto y otras leyes de financiación de partidos.

En este sentido, la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José De la Fuente, ya lo dejó bien claro asegurando que la actual legislación presenta una “laguna legal” y que es necesario regular los microcréditos, un instrumento utilizado fundamentalmente por PSOE y Podemos y que les permite recibir numerosas pero pequeñas aportaciones de particulares y sí evitar créditos bancarios.

Según explicó, una cosa es el llamado “crowdfunding” (micromecenazgo), del que ya existen “muchos antecedentes” como rifas o fiestas de los partidos para financiarse, y otra los microcréditos que se están generalizando en los últimos tiempos.

Mientras que el ‘crowdfunding’ esta regulado, los microcréditos son figuras “relativamente nuevas” que no disponen de normativa específica y su uso se beneficia de que existe una laguna legal. No se pueden considerar donaciones, ya que el dinero aportado se devuelve, pero no hay más legislación sobre créditos que la que se aplica a las entidades bancarias, con lo que estos préstamos de particulares quedan en el limbo.

“La normativa es insuficiente para regular la naturaleza específica de los microcréditos y por eso el Tribunal de Cuentas recomienda una norma específica sobre créditos de particulares”, avisó la presidenta del Tribunal de Cuentas.

De la Fuente lanzó incluso algunas propuestas que debiera contemplar esa regulación. A su juicio, hay que fijar una cuantía máxima del prestamista, obligar a que las aportaciones sean ingresados en cuentas electorales, garantizar que el microcrédito se devuelva antes de un año natural y que se prohíba la condonación de las deudas a particulares, igual que no se permite a los bancos perdonar sus créditos.

En todo caso, mientras se decide si se hacen o no reformas en este sentido, el Tribunal de Cuentas mantiene su vigilancia y control de estos microcréditos y pide a los partidos que ofrezcan los datos que se exigen para los créditos bancarios y para las donaciones en campaña.

Así, en los informes de fiscalización sobre las campañas electorales todo ingreso y pago se debe realizar en cuentas electorales, no en metálico, y deben constar los datos del aportante (nombre y DNI). Y en los informes anuales se comprueba si ese microcrédito fue devuelto con cargo a las subvenciones electorales y si se han cumplido los requisitos establecidos en la póliza.

De la Fuente ya avanzó en diciembre que en los próximos informes anuales sobre partidos políticos se incluirá un anexo, similar al que ya existe sobre la deuda de las formaciones con los bancos, en el que se harán comparativas de microcréditos y sus condiciones.

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Un robot multará a empresas que cesen contratos temporales en fin de semana

El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación del procedimiento administrativo sancionador para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda extender actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario, es decir, que una suerte de ‘robot’ administrativo podrá multar a las empresas en caso de detectar posibles incumplimientos tras el análisis masivo de datos. La medida, promovida por el Ministerio que pilota Yolanda Díaz, ha revolucionado a los inspectores, que consideran que vulnera la legalidad vigente y la seguridad jurídica, y ha pillado por sorpresa porque, como se adelantó en estas páginas, está contemplada en un proyecto de real decreto que todavía se encuentra en fase de audiencia pública (el trámite finaliza este mismo miércoles).

Fuentes de ámbito técnico conocedoras de las posibilidades de aplicación de este novedoso procedimiento en el sistema sancionador de la Inspección explican a La Información que la automatización de las actas de infracción está pensada para atajar el fraude laboral en situaciones específicas como los abusos que se producen en la modalidad de contratación temporal. En este sentido, saltará la alarma cuando la aplicación informática detecte, por ejemplo, que una empresa genera un exceso de altas y bajas de contratos injustificadas, una práctica habitual que utilizan algunas compañías para para ahorrarse costes laborales a la que el Gobierno va a poner coto.

ESCRIVA DOCUMENTOS

Mira tambiénLos informes de Escrivá: así esconde el recorte de las pensiones a los sindicatos

En concreto, como pudo avanzar este medio y anunció después el ministro de Seguridad Social, el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes, con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social durante ese par de días, una práctica que también se realiza en periodos vacacionales e incluso es frecuente en el ámbito público, en sectores como la Educación o la Sanidad. A ojos de José Luis Escrivá, se trata de una praxis «intolerable» que «claramente se va a penalizar». 

Así de tajante se mostraba el ministro a mediados de diciembre, cuando hacía referencia a una «tasa por bajas de contratos». Escrivá cuestionaba el sistema actual, que permite a los empresarios dar de alta y de baja a los trabajadores de una manera extremadamente ágil y que, a su juicio, posibilita estos usos «no aceptables» que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores, al no abonarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o a los periodos de vacaciones, perjudicando a sus futuras pensiones de jubilación.

Se trata, de hecho, de una de las reformas que el Gobierno ha trasladado a Bruselas en el marco de la «modernización» de la legislación laboral. De manera genérica, en este apartado de la ficha el Ejecutivo se compromete a reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral, simplificando y reordenando las modalidades de contratación y generalizando el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al contrato temporal, adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo, penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración y, en definitiva, atajando el fraude laboral.

Revuelta de inspectores

A la espera de que esa tasa específica para las empresas que abusen de los contratos eventuales acabe por definirse en las negociaciones con los agentes sociales, Trabajo empieza a fortalecer la Inspección con nuevas herramientas que permitan agilizar la detección de ese tipo de fraudes. Pero los cambios aprobados este martes, que figuran ya en el BOE, no han sentado nada bien en el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Su presidenta, Ana Ercoreca, considera que «la automatización de las sanciones rompe con los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e imparcialidad de la Inspección» y rechaza tajantemente que un robot pueda «sustituir a los funcionarios». Desde el sindicato critican además que los cambios no les han sido consultados y advierten de que estudiarán «medidas a adoptar» si el Gobierno no la retira.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=la_informacion&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1354109876436410369&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.lainformacion.com%2Feconomia-negocios-y-finanzas%2Frobot-multas-empresas-abuso-contratos-temporales%2F2827556%2F&siteScreenName=la_informacion&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Pero fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por La Información defienden que la medida va dirigida a la «optimización de recursos humanos y técnicos» y que en ningún caso pretende sustituir a los funcionarios por robots. Es más, aseguran que va acompañada de un plan para incorporar efectivos a la Inspección. Desde el departamento de Díaz aseguran, asimismo, que los cambios en el proceso sancionador para hacerlo automático se producirán «sin reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos» y «sin perjuicio de la posterior intervención en fase de instrucción de personal con funciones inspectoras». Así consta en el documento que está hasta este miércoles en audiencia pública y del que se ha acelerado esta medida por cuestiones de «jerarquía normativa».

En ese texto, el Ministerio detalla que «el análisis masivo de datos para la detección de fraude permite conocer la existencia de posibles incumplimientos de los sujetos obligados, especialmente en materia de Seguridad Social» y que «en ocasiones, la constatación de estos incumplimientos no requiere la intervención directa de ningún funcionario«. Explica también que la actuación administrativa automatizada persigue «articular un procedimiento sancionador ágil, basado en hechos constitutivos de infracción generalmente no controvertidos, y con seguridad jurídica para el administrado» y que los inspectores participarán en el proceso cuando se requiera una valoración jurídica de las alegaciones que puedan efectuar los sujetos presuntamente responsables de las infracciones.

El borrador de real decreto establece que la Inspección «podrá generar a través de su sistema de información, mediante actuaciones administrativas automatizadas, las actas de infracción que resulten pertinentes en virtud de los datos, antecedentes e informes que obren en el mismo, así como en las bases de datos de las entidades que le prestan su auxilio y colaboración». Asimismo, añade que «se podrán generar de forma automatizada las propuestas de resolución que procedan cuando no se hayan presentado alegaciones contra las actas». Es decir, que un robot podrá ser responsable de todo el proceso, desde la detección del posible incumplimiento de la normativa hasta la apertura del acta de infracción a la empresa y la notificación de la propuesta de resolución si el empresario no recurre.

lainformacion

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Galicia: primera comunidad de España que obliga a correr con mascarilla

Las preocupantes cifras de contagios de covid-19 en Galicia han llevado a la comunidad a tomar una decisión inédita en España. La Xunta ha ampliado su listado de restricciones y obligará a correr con mascarilla desde este miércoles, cosa que no había ocurrido desde el inicio de la pandemia en ningún sitio del país.ADVERTISING

La medida forma parte de una listado aprobado esta semana para combatir el coronavirus. Ya no se trata de una recomendación o de un consejo si no se mantiene la distancia de seguridad de dos metros. Se trata de una orden que entra en vigor este miércoles y se mantendrá durante tres semanas.

También con la bici

En Galicia ya solo se podrá correr en solitario y con la boca y la nariz tapadas, respetando también el cierre perimetral que afecte a cada territorio. Ni siquiera en espacios abiertos y sin nadie alrededor se podrá correr o montar en bici sin mascarilla. La protección pasa a ser totalmente obligatoria

El pasado octubre Andalucía obligó también a correr con mascarilla, pero la medida se aplicaba solo en zonas repletas de gente. En Murcia se introdujo la protección obligatoria en casi todos los ámbitos deportivos, pero se acabó incorporando la salvedad de permitir correr sin mascarilla de forma individual en el medio natural.

Polémica en los ‘runners’

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La medida ha levantado la polémica entre los ‘runners’, ya que existen diversos estudios en los que se demuestra que la incidencia del virus al aire libre es mínima si se guarda la distancia de seguridad. El incumplimiento será castigado con multas.

La nueva orden del gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo se añade a otras restricciones como el cierre de gimnasios. Solo es posible la práctica de deporte al aire libre y de forma individual con la mascarilla pertinente. El cierre total de la hostelería o el cierre de comercios no esenciales a las 18.00 horas son otras novedades.

elperiodico

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Los actores critican romper el confinamiento municipal para ir a un mitin

La Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña (AADPC) ha lamentado este miércoles que el Govern permita romper el confinamiento municipal para asistir a un mitin, cuando no lo permite para acudir a una actividad cultural. En un comunicado, la AADPC ha dicho que, «si se puede romper el confinamiento para ir a un mitin político, porque hay que garantizar el derecho a la participación política, se tendría que poder hacer lo mismo para ir al teatro y garantizar el derecho a la cultura, que es un bien esencial«.

Los actores y directores de Cataluña han hecho estas consideraciones después de que la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, haya asegurado este martes que durante la campaña de las elecciones catalanas estará permitido romper el confinamiento municipal para poder asistir a un mitin político. Tras meses luchando para mantener a flote la actividad con un 50% del aforo y sufrir el cierre de salas en otoño ante la segunda ola del covid-19, que los políticos permitan ahora asistir a mítines sin importar el confinamiento municipal y con las devastadoras cifras de contagios y muertes de la tercera oleada les parece fuera de lugar.Te puede interesar

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la ’consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, a su llegada a la reunión semanal del gobierno de la Generalitat en funciones.

CAMINO DE LAS URNAS

El Govern permitirá romper el confinamiento municipal para acudir a mítines electorales

Desde la AADPC exigen «a los grupos políticos la misma responsabilidad que ha demostrado el sector de las artes escénicas con las restricciones de movilidad». Y razonan que, si «se ha pedido al sector cultural que se reinvente para superar la crisis de la covid-19, pedimos a los grupos políticos que también lo hagan para hacer sus mítines de campaña» ahora que se están preparando para las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

elperiodico

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