PSOE, Unidas Podemos, Más País e independentistas se unen para tramitar la Ley que elimina las penas a los piquetes

El PSOE, Unidas Podemos, Más País y formaciones nacionalistas es independentistas han garantizado este martes en el Pleno del Congreso su apoyo a la tramitación de la proposición de ley para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, relativo a las penas de cárcel dedicadas a los ‘piquetes’ de huelga y la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto.

En su defensa de la iniciativa, la diputada socialista Andrea Fernández Benéitez ha criticado que este apartado «deja espacio a una interpretación peligrosa y tendenciosa» y que, además, ha sido «útil para reprimir y amedrentar» a quienes, ha dicho, protestaron contra los recortes de derechos y servicios en la pasada crisis.

«Un país libre debería asumir la reivindicación social como lo que es, motor de avance», ha reivindicado Fernández, defendiendo a los sindicatos como un «pilar básico» para la «convivencia pacífica y democrática» y recordando que derechos como la jornada de ocho horas, las vacaciones remuneradas o mejores salarios se lograron gracias a las huelgas.

«La efectividad de una huelga no depende de la intensidad del piquete, sino del trabajo de concienciación y organización previo con los compañeros», ha reivindicado Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, que ha relatado cómo funcionan las coacciones para no hacer huelga tanto por parte de las empresas como de la Policía, «con casco y porra».

Derogación por decreto

Jordi Salvador, de ERC, ha reclamado una derogación urgente de este precepto, a través de un decreto ley y ha recordado que hay 250 sindicalistas pendientes de conocer sus sentencias en aplicación de un precepto para «atar de pies y manos a los trabajadores» durante la crisis. «Fue lo primero que hicieron (el Gobierno del PP) porque venía la reforma laboral y la reforma de pensiones», ha asegurado.

Aun avalando esta derogación, formaciones como Esquerra Republicana, Más País, la CUP o el BNG han reclamado al Gobierno que vaya más allá y aborde una derogación de la ‘Ley Mordaza’. «Nadie hace huelga por capricho», ha señalado Íñigo Errejón, reivindicando que «donde hay miedo no hay libertad».

Por el PNV, Mikel Legarda ha señalado que la huelga está reconocida «como juego de formas en conflicto». «Es una medida de presión y trae en sí misma elementos de coacción», ha aseverado, apuntando a que los «mecanismos de presión de la empresa no suelen ser considerados por los tribunales». Por ello, ha apostado por abrir una «reflexión parlamentaria para encontrar una normativa penal adecuada».

«Siempre con los piquetes frente a los esquiroles», ha subrayado Oskar Matute, de EH-Bildu, que ha pedido también a revisar la normativa sobre servicios mínimos, máxime para casos en los que hasta la propia Administración exige el 100%.

Derecho a trabajo

El PP ha ejercido un turno específico para manifestar su rechazo a la reforma, pues a juicio de su diputado Miguel Ángel Jerez supone «debilitar la protección» de los trabajadores, ya que el delito específico de coacciones en el ámbito de una huelga «protege el derecho fundamental a poder trabajar y a poder trabajar en paz».

Asimismo, ha advertido de que habrá penas más grandes por estas coacciones, con penas de hasta seis años, por la falta de este tipo reducido y ha asegurado que en los últimos años nadie le ha preguntado por la calle por la derogación de este artículo del Código Penal.

También han rechazado la derogación de este precepto sus socios electorales, UPN y Foro Asturias, reivindicando ambos en sus intervenciones la libertad y el derecho a la huelga. «Dar como bueno que a alguien que quiere trabajar le pueden coaccionar o darle una paliza no me parece lo más adecuado», ha dicho Carlos García Adanero (UPN).

Pablo Cambronero, de Cs, ha criticado el «carácter revisionista» de la iniciativa, ha asegurado que «la huelga es un derecho, no una obligación» y que «existen ocasiones en las que los ‘piquetes’ ejercen coacción y violencia». De su lado, Patricia de las Heras, de Vox, cree que con la despenalización se busca «legitimar acciones sindicales violentas». «¿Qué es lo próximo, despenalizar el delito de atentado contra la autoridad?», se ha preguntado.

abc.es

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Ciudadanos lleva a Europa la «mentira» del Gobierno con el IVA de las mascarillas

La directiva es diáfana respecto a la imposibilidad de bajar el precio de las mascarillas», ha sentenciado esta mañana la portavoz del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No es la primera vez que el Ejecutivo se esconde tras esta excusa para no bajar el precio de productos sanitarios básicos para encarar la pandemia del coronavirus, y esta vez la paciencia de Ciudadanos (Cs) ha rebasado su límite.

El eurodiputado de Cs Adrián Vázquez ha trasladado dos preguntas a la Comisión Europea para que aclare si se puede bajar o no el IVA de las mascarillas, como ya están haciendo otros países del entorno de España. «La Directiva 2006/112/CE establece un tipo reducido para una serie de productos entre los que se encuentran los productos farmacéuticos», recoge el eurodiputado en la iniciativa, a la que ha tenido acceso ABC, pero añade: «El 3/4/2020, a petición de varios Estados miembros, la Comisión Europea aprobó suspender temporalmente el IVA y los impuestos a las importaciones de material sanitario (mascarillas de uso quirúrgico, FFPS o geles hidroalcohólicos) y equipos de protección. Así pues, los países que incumplieran el reglamento del IVA durante la pandemia del Covid-19 para bajar eliminar el IVA de esos productos no serían sancionados».

Esa suspensión temporal, que el Gobierno parece ignorar deliberadamente, es a la que se han acogido Francia y Portugal para bajar el IVA de las mascarillas al 5,5 y al 6 por ciento, respectivamente. Pero es que Estados como Países BajosBélgica o Italia directamente han eliminado el gravamen en lo que dure la pandemia.

Hoy el Gobierno, no obstante, ha reiterado que el actual reglamento europeo impide «bajar el IVA de mascarillas», por lo que, según Montero, «no es una decisión» del Ejecutivo mantenerlo en el actual 21 por ciento. Cs fue el primer partido de la oposición en reclamar su reducción al 4 por ciento, una petición que también realizan, entre otros, el PP y Vox.

«De acuerdo con las declaraciones de la Comisión, y las previsiones incluidas en la normativa vigente de la Unión Europea en materia fiscal: ¿puede clarificar la Comisión la precisión de esta declaración? ¿Puede confirmar la Comisión Europea si exime excepcionalmente a los países de cumplir la Directiva 2006/112/CE para bajar o eliminar tributos al material sanitario como mascarillas o EPI?», pregunta Vázquez a la Comisión Europea.

La ministra portavoz, por su parte, ha asegurado que el Gobierno está en contacto con la Comisión para preguntarle si «va a haber un régimen sancionador» a los países que sí han reducido el IVA de las mascarillas o si, por el contrario, «va a permitir a todos los países poder hacer uso de esa bajada del precio». «Me parece mucho más sano que se haga un paréntesis en la aplicación de la directiva y que todos podamos beneficiarnos de esa bajada del IVA», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, que ha defendido que sigue vigente la directiva que impide bajar su importe. Una «mentira», dicen desde Cs, que los liberales pretenden retratar en Europa.

abc.es

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El 85% de los médicos secundan la huelga nacional, según los sindicatos

En torno a un 85% de los médicos han secundado la primera jornada de la huelga nacional en contra del decreto aprobado por el Gobierno y que permite contratar a recién licenciados, sin que hayan cursado la especialidad, para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, según los datos de la plataforma convocante, la mayoritaria Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 

El paro indefinido viene motivado por la «situación insostenible» que atraviesan los médicos en la segunda ola, debido a que «están al límite de sus fuerzas y miran incrédulos la gestión que los responsables políticos están haciendo de la pandemia mientras son ellos quienes tienen  que enfrentarse, cada día, a decenas de pacientes». Asimismo, el objetivo de la huelga es la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 que permite la contratación de médicos sin la titulación de especialista o la movilidad forzosa entre distintos niveles asistenciales y especialidades, «denostando aún más la Medicina Familiar y Comunitaria, colapsada desde hace meses», según CESM. 

Sin diálogo con el Gobierno

«El deretazo supone el golpe definitivo para provocar el hundimiento del sistema de formación especializada que rige con éxito en España desde 1995″, añade el sindicato en un comunicado. 

CESM lamenta además que el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se haya negado a «recibir a los profesionales sanitarios» en plena pandemia, en busca de un acercamiento que hubiera evitado la huelga. 

El paro no se notará en exceso en los centros de salud y hospitales puesto que en algunos servicios se han «impuesto» servicios mínimos del 100 por 100 de los efectivos, según CESM.  

elperiodico

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cierran un acuerdo para regular alquileres e ingreso mínimo vital

«No se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de presupuestos al consejo de ministros». Así de contundentes se mostraban en la mañana de este lunes fuentes de Unidas Podemos sobre el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada en el Senado. Esta tensión se mantuvo hasta las 22.45 horas, cuando Sánchez y Pablo Iglesias daban por superados los principales escollos. Luz verde. Unidas Podemos y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo [aquí, en PDF] para regular los alquileres —el pacto pasa por que el Gobierno apruebe una ley estatal de vivienda en tres meses y que en cuatro pueda llegar al Congreso— y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) [aquí]. El camino para las cuentas públicas en lo que afecta a la coalición de Gobierno está, pues, absolutamente despejado.

En los últimos días, los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos fueron cerrando los flecos para tener listo un anteproyecto. Pero desde hace casi una semana, los asuntos en los que había grandes obstáculos eran dos: las discrepancias en materia de alquileres y sobre el IMV.

El pasado viernes, Unidas Podemos, ERC, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP suscribieron un manifiesto conjunto que reivindicaba impulsar «de forma urgente» la regulación del precio del alquiler para contener su coste en mercados ya tensionados.

Precisamente este manifiesto surgía en la recta final de la negociación del borrador de Presupuestos Generales del Estado. Y desde el partido morado se insistía en la necesidad de que el Gobierno cogiese el guante a las demandas de este manifiesto puesto que le supondría un importante apoyo de cara a sacar adelante las cuentas públicas.

Unidas Podemos demandaba una regulación de precios ya, tal y como recoge el programa de Gobierno, «porque es un tema urgente y facilita la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Catalunya y que está ahora mismo recurrida», recordaban desde la formación integrante del Ejecutivo de coalición.

En materia de IMV, la Vicepresidencia de Derechos Sociales lleva un tiempo exigiendo aprovechar su tramitación parlamentaria para incorporar «avances» que permitan atender mejor las situaciones de falta de ingresos a las que se están enfrentando muchos hogares y corregir problemas en algunos requisitos de acceso que, a ojos de la Unidas Podemos, están limitando su eficacia.

Desde el sector socialista del Gobierno subrayan que en ningún momento vieron peligar a lo largo de este lunes la decisión de Sánchez de llevar el documento al Consejo de Ministros pese a las advertencias que se lanzaron desde Unidas Podemos cuando escucharon que el presidente había trasladado a los líderes autonómicos que el anteproyecto iba a recibir luz verde del Consejo de Ministros el martes.

El proceso

Una vez remitido el anteproyecto de Presupuestos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso, informa Europa Press.

Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.

Tras recibir los Presupuestos, el órgano de gobierno de la Cámara celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto

infolibre

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Garamendi (CEOE) ve «una auténtica barbaridad» extender de una vez el estado de alarma hasta mayo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, calificó este lunes de «auténtica barbaridad» que se plantee extender de una vez el nuevo estado de alarma hasta mayo.

Así lo dijo durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF).

El presidente de CEOE dijo que «no podemos compartir» los plazos y que el nuevo estado de alarma se debe revisar «de una forma más periódica». Garamendi se preguntó «¿Qué hacemos con la semana santa? ¿Directamente nos la cargamos con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo?».

No obstante, señaló que no se opone a tomar medidas sanitarias e incidió en el carácter coyuntural de la crisis.

Por otra parte, defendió que las decisiones que se tomen se hagan «sin renunciar a ningún sector». En su opinión, «es fácil demonizar un sector» citando el comercio, la hostelería y el turismo, y lo consideró un «auténtico error». «Parece ahora que el problema de España es que hay turismo», dijo.

Destacó que en la última negociación para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) «se habían olvidado de mucha gente» en sectores como el comercio o la hostelería y «en el último minuto» se les incluyó.

Garamendi también manifestó que «no nos ha gustado» que el superávit de los ayuntamientos lo pueda tomar el Estado y pidió que «no se los gasten en aceras o en subir los salarios», sino en bajar impuestos locales a los negocios.

expansion

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Casado pone dos condiciones para apoyar el estado de alarma: no más de 8 semanas y un cambio legal «urgente»

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, apoyará el estado de alarma propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez si el Gobierno cumple con dos condiciones: que no dure más de ocho semanas y que se apruebe ya un marco legal modificando «de forma urgente» la Ley de 1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública «que al ser orgánica permitiría limitar la movilidad».

Entre las razones que ha dado Casado para marcar ese plazo de 8 semanas, el líder del PP ha explicado que «según las métricas que tienen las CCAA, la curva de contagios se pueda estabilizar y además, se pueda limitar la movilidad en los tres próximos puentes festivos».

Otra de las razones es tratar de «salvar la campaña navideña» y dar «cierta tranquilidad a los españoles, sobretodo a los mayores, que ven con preocupación que no puedan recibir a sus familias hasta el 9 de mayo».

La opinión de los barones del PP

Desde las regiones gobernadas por el PP han mantenido en las últimas horas esta misma línea. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso aseguró este domingo por la noche que el estado de alarma decretado por el Gobierno «es un fracaso» y «una situación que se podría haber evitado». A pesar de ello, añadió que era «positivo» que ahora las autonomías pudieran «caminar con mayor seguridad jurídica» y las administraciones central y regional «trabajar juntas», que es algo que necesitaban.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha considerado que es «excesivamente largo» el periodo de seis meses de estado de alarma que plantea el Gobierno y se ha mostrado a favor de analizar la situación antes de las navidades.

El presidente murciano, Fernando López Miras, también aseguró que «la situación es muy grave» y «aunque tarde, se han tomado decisiones y son bienvenidas». Mientras que desde Andalucía, Juanma Moreno, explicó que su comunidad «ejercerá siempre sus competencias y responsabilidades, sin rehusar la toma de decisiones. Primaremos la garantía de la salud pública intentando poner en el menor riesgo posible la actividad económica. Juntos volveremos a superar este duro golpe de la pandemia».

libertadigital

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Isabel Díaz Ayuso, incómoda de nuevo en Telemadrid: «Eso no se le pregunta a una presidenta»

Isabel Díaz Ayuso protagonizó anoche un momento muy incómodo a lo largo de su entrevista en el Telenoticias de Telemadrid. La presidente de la Comunidad de Madrid se ha mostrado algo nerviosa cuando ha intentado responder a la pregunta que Silvia Itxaurrondo le hizo sobre el nuevo hospital de pandemias de Valdebebas: «¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?«.

«Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga ya todo dispuesto», respondió la dirigente madrileña.

″¿No van a quedar desasistidos?”, preguntaba Intxaurrondo sin que Ayuso le dejara terminar y evidenciando su tensión: “Parece que es una mala noticia…”. La presidenta autonómica se llevaba manos a las orejas sin que la comunicación fluyera: «Es un nuevo hospital y es una muy buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda». 

Itxaurrondo, cuyo semblante cada vez mostraba más preocupación, insistía e intentaba explicarse: «No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales…«.

“Se van a reorganizar, pero yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material… Yo creo que eso a mí no me compete», aseguró la presidenta de la Comunidad entre titubeos. Posteriormente, en el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, Díaz Ayuso se excusó con las siguientes palabras: «Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico, normalmente«.

elperiodico

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Joaquín Leguina: «El PSOE no existe, es una sigla propiedad de un señor llamado Pedro Sánchez»

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha afirmado este domingo que en el PSOE ahora se hace poco caso a los socialistas con experiencia de gobierno porque «el PSOE no existe, es una sigla propiedad de un señor llamado Pedro Sánchez».

Preguntado por lo que les diría a los que opinan que él ha virado a la derecha, Leguina responde: «Que confunden la izquierda con un par de señores (los apóstoles Pedro y Pablo), pero la socialdemocracia es otra cosa». Sobre su opinión de la gestión del Gobierno en relación con el Covid-19, el expresidente de la Comunidad de Madrid ha apuntado que «ha sido lamentable».

Respecto a los errores de Pedro Sánchez, Leguina asegura que escribirá un libro sobre eso. «Si su único objetivo político es mantenerse en La Moncloa no creo que haya cometido muchos errores», ha dicho en una entrevista en Escudodigital. Por otra parte, ha señalado que «no parece una buena idea» aplicar el toque de queda, ya que «no es un método eficaz».

«No comparto esa medida, no me parece una buena idea. El toque de queda no es un método eficaz. Pero bueno, allá ellos, no dan una», ha apuntado el socialista. En este sentido, Leguina cree que es «mucho más efectivo» el sistema que se hizo al principio en Madrid, «coger los sitios más contaminados y cerrarlos».

Sobre la labor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que «no son buenos tiempos para nadie, y tampoco para ella»; y ha apuntado que el problema del PP es «que tuvo una escisión (Vox) que cuenta con más de 50 diputados»

abc.es

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Sánchez otorga a las autonomías un estado de alarma ‘a la carta’ con la condición de mantenerlo hasta mayo


  • El Gobierno insiste en que este estado de alarma no tiene que nada que ver con el de marzo: no hay confinamiento domiciliario y las principales decisiones recaen sobre las autonomías

Hay un párrafo en el preámbulo del Real Decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Gobierno que resume el espíritu del texto: «Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas medidas». PUBLICIDAD

La «autoridad delegada competente» son los presidentes de los gobiernos autonómicos, es decir: son ellos los que van a tener la última palabra sobre toques de queda, limitaciones de reuniones y confinamientos perimetrales. Lo único que hace el BOE de este domingo es habilitarles legalmente para tomar esas medidas sin mirar de reojo a la temida sombra de los jueces, que en reiteradas ocasiones han echado por tierra las medidas regionales por violar algún derecho fundamental

Ahora los Urkullu, los Ayuso y los otros 15 presidentes de comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla) tienen ‘carta blanca’ para adoptar cualquier medida restrictiva y parecen estar conformes con la decisión del Gobierno. Valga como prueba la reacción del presidente de Murcia, el popular Fernando López Miras, mostrando ahora «lealtad y mano tendida» al Gobierno. El gobierno además acepta de buen grado todas las medidas que hasta ahora han adoptado las comunidades, incluidas las zonas básicas de salud de Madrid, «intocables» para la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. 

Votación en el Congreso 

Habrá que esperar a este lunes para ver cuál es la postura del líder popular Pablo Casado ante la votación de la prórroga del estado de alarma, que el Gobierno quiere validar esta misma semana en el Congreso. Pedro Sánchez llamó al líder popular por teléfono este domingo en «una conversación cordial», según ha confesado el propio presidente del Gobierno.PUBLICIDAD

Pedro Sánchez otorga así un estado de alarma ‘a la carta’ a las regiones después de la avalancha de peticiones de líderes regionales que recibió este pasado viernes. Pero esa ‘concesión’ no es gratis: el Gobierno quiere que sólo haya una prórroga al estado de alarma y que dure hasta mayo: es decir, que no tenga que buscar el apoyo parlamentario cada quince días como ocurrió en mayo -se renovó hasta en seis ocasiones-. Y parece que ese apoyo está garantizado, también por la líder de Ciudadanos, aunque a Inés Arrimadas no le agrada la delegación en las comunidades y pide un mando centralizado. 

Así que, como insisten fuentes del Gobierno, este estado de alarma «no tiene nada que ver con el de marzo». Aquél decretaba un confinamiento domiciliario; éste habilita a las comunidades a decidir las medidas más oportunas (si bien se insiste que siempre en coordinación con el Ministerio de Sanidad). Los expertos que asesoran al Gobierno dicen que seis meses es el tiempo mínimo para terminar de doblegar la curva, pero el Gobierno confiesa que espera que las medidas den frutos antes de Navidad. 

niusdnacionaliario.es

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Sanidad paga 5,2 euros por almacenar botes de gel hidroalcohólico que costaron 3,9

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a una empresa domiciliada en Rubí, Barcelona, la provincia natal de Salvador Illa, el almacenamiento de 55.080 botes de 500 ml. de gel hidroalcohólico pertenecientes a una partida de 260.000 que el pasado 26 de marzo adquirió a la compañía china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd.https://14fbf5ce88fcd34d39bea9278fe0adbc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

En total, el Estado pagará 291.108,3 euros por ese servicio de almacenaje, con lo que el coste de la custodia de cada uno de esos botes para las arcas públicas ascenderá a 5,28 euros, según se desprende del anuncio de la formalización del contrato que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves, 22 de octubre, día en el que se celebraba en el Congreso de los Diputados el debate de la moción de censura presentada por Vox. Se trata de 1,3 euros más de lo que pagó Sanidad por la compra de cada uno de ellos en el momento más álgido de la pandemia: 3,98 euros. Según la memoria justificativa de aquella adquisición, el proveedor asiático percibió 779.301,75 euros por la partida de 260.000 botes. A esa cantidad el Ministerio de Sanidad tuvo que añadir 163.653,37 euros en concepto de un IVA del 21%, y 77. 930, 17 euros en concepto de «tasas, aranceles y otros 10%».

El montante total de la operación para las arcas públicas fue de 1.020.885,28 euros. A cambio, la empresa Shandong Liagnfu Pharmaceuticals se comprometía a suministrar 125.000 botellas de gel hidroalcohólico de 500 ml., otras 125.000 de 250 ml., y 10.000 más de un tamaño de 50 ml. En la memoria explicativa figura que estas últimas eran una «donación», y su coste ascendió, por tanto, a 0 euros.javascript:false

55.080 de esos botes son precisamente los que el Ministerio de Sanidad ha encargado ahora custodiar, sin que haya trascendido si no habían sido todavía entregados a España por la firma china, siete meses después de sellarse el contrato de su compra, o si han permanecido durante este tiempo en nuestro país en algún lugar ignorado. En cualquier caso, dichos botes de gel hidroalcohólico no se han usado, pese a que en la justificación de la necesidad del contrato el Ingesa exponía en marzo que «en la situación actual de emergencia para hacer frente a la expansión de la Covid-19 resulta de aplicación la tramitación de emergencia por parte de los órganos de la Administración General del Estado». Y añadía que «por tanto, tener a disposición del Sistema Nacional de Salud de este producto debe considerarse como una prioridad en estos momentos, ya que permitiría evitar posibles contagios». En este sentido, subrayaba que «a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras».

«Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada».

larazon

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