Los trabajadores del textil harán huelga este jueves para exigir sueldos dignos

La huelga, que coincide con la negociación del convenio sectorial, tendrá especial incidencia en Cataluña, Galicia y Valencia, comunidades en la que se da una mayor concentración de fabricantes de ropa.

“Es el primer paro de estas características que plantea CCOO en el conjunto del sector desde que estalló la crisis. Durante los últimos años, los trabajadores han peleado por mantener su empleo y, ahora que llega la recuperación económica, se niegan a seguir perdiendo”, ha informado hoy el sindicato en un comunicado.

Según la misma fuente, los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo (La Coruña) también protestarán, a pesar de tener su propio “pacto de articulación”, porque entienden que si lo que hay por debajo se desmorona “lo que está por encima se pone en riesgo”.

También defenderán sus derechos las plantillas que cosen para firmas como Adolfo Domínguez y Carolina Herrera, en Galicia; las que fabrican para Pronovias, Ermenegildo Zegna y el grupo Giró, en Cataluña; las que trabajan para compañías como Confecciones Mirto, Fecsa y Prim, en Madrid. “En Valencia también se espera una muy buena respuesta de las plantillas a la convocatoria de huelga”, según CCOO.

El sindicato que asegura que no firmarán el convenio hasta que las patronales se comprometan a que ningún salario esté por debajo de los 14.000 euros al año en quince pagas, acepten abonar una subida salarial del 2 % en cada uno de los años de vigencia (hasta 2020) y fijen una jornada razonable para el quinto turno de trabajo.

Según la misma fuente, el Consejo Intertextil Español y la Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON) se han mostrado especialmente reacias a fijar en el convenio un salario mínimo de 933 euros al mes.

Actualmente, cobran de media 827 euros mensuales quienes tienen la categoría de auxiliar y de especialista, en su mayoría mujeres. El pasado 13 de julio, el Consejo Intertextil Español, Texfor, Fedecon, Ateval, Apoyade, Unifam y la Agrupación Española del Género de Punto, patronales que han ofrecido un incremento salarial del 2% para 2018 y 2019 y del 1,8% para 2020, aseguraron que no había un motivo coherente que justificara la huelga convocada por CCOO.

eleconomista

19 total views, no views today

Share

Reino Unido someterá a consulta pública todos los posibles futuros acuerdos comerciales

El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, ha anunciado este lunes que el Gobierno del Reino Unido someterá a consulta pública “todos los posibles futuros acuerdos comerciales”.

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, Fox, partidario de un brexit “duro”, ha afirmado que el Ejecutivo conservador “escuchará” las opiniones de la ciudadanía y todas las partes implicadas para que todo el mundo considere “que ha podido expresarse y que sus opiniones se han tenido en cuenta”.

Todos los posibles futuros acuerdos comerciales serán sometidos a consulta pública

“Quiero que la gente se sienta parte de este proceso, y que los beneficios del libre comercio se compartan en todo el Reino Unido”, declaró.

 

Algunos diputados han criticado a Fox por haber hecho su declaración parlamentaria este lunes en lugar de el martes, cuando los Comunes deben votar el proyecto de ley de Comercio que, entre otras cosas, sentará las bases para los tratados posteriores al brexit.

Fox ha sido criticado por algunos diputados

El parlamentario laborista, Barry Gardiner, ha dicho que el ministro forma parte del grupo de conservadores euroescépticos que “quiere llevar las negociaciones del brexit contra las rocas de un no acuerdo” con la UE.

Gardiner también ha acusado a Fox de haber hecho este lunes el anuncio a fin de acortar el tiempo de debate sobre el proyecto de ley de Aduanas, que se votará este mismo lunes por la noche en los Comunes tras el análisis de numerosas enmiendas.

El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, ha indicado que aceptará todas las enmiendas planteadas por los diputados de su partido, el conservador, a fin de asegurar la aprobación de la legislación.

lavanguardia

199 total views, 1 views today

Share

Las mujeres trabajan 26 horas semanales no remuneradas, un 53% más que los hombres

Casi la totalidad (95%) de las mujeres que viven solas están dentro del mercado laboral, en contra de lo que ocurre con las que tienen hijos menores de tres años, que aunque ha aumentado desde 2005 hasta ahora, esta tasa no consigue subir del 80%. En el caso de los hombres, los porcentajes están por encima pero lo que más llama la atención es que «no cambia entre los que tienen hijos y los que no», ha asegurado este lunes Gloria Moreno, una de las autoras de la última publicación de la revista ‘Panorama Social’ de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

Y esta desigualdad también se manifiesta en las horas semanales de trabajo no remunerado. Mientras que en el caso de ellas es de 26,5 horas del total de las 63 que trabajan a la semana, en los hombres ‘solo’ son 14 de las 56 semanales, es decir, las mujeres no cobran por trabajar un 52,8% más horas que los hombres.

En cuanto a la distribución del tiempo dedicado a los cuidados y las tareas del hogar, el estudio de Funcas revela que en la educación de los hijos ellos emplean 23 horas semanales, frente a las 38 de ellas; y a cocinar y realizar tareas domésticas 11 horas en los hombres frente a 20 horas en mujeres. El único valor en el que ambos sexos están a la par es en el cuidado de los nietos, 16 horas semanales en ambos casos.

Asimismo, es remarcable la «incorporación masiva» de las mujeres al trabajo en las últimas décadas, aunque esto no ha cambiado «el modelo tradicional de que los cuidados y las tareas del hogar son una tarea femenina». El estudio explica que la tasa de actividad femenina en 1987 era del 32% y en el mercado de trabajo participaba algo menos de cinco millones de mujeres, pero en 2017 la tasa de actividad se situó en el 53% y el número de mujeres activas superó los diez millones. Destaca el hecho de que en doce años, la máxima tasa de actividad femenina se ha trasladado del grupo de 25-29 años (83% en 2005) al de 40-44 años (86% en 2017).

En cuanto a la brecha salarial, el informe revela que los salarios «marcan diferencias de género importantes». Mientras en Luxemburgo marca un mínimo del 3% y en Estonia y Letonia un máximo del 20%, en España la brecha salarial está en el 11,5%. La situación mejora en comparación con los años de la crisis, cuando llegó a marcar un 19%.

Violencia de género en relación con el empleo

Otro aspecto importante del informe es el relativo a las probabilidades de sufrir violencia doméstica dependiendo del empleo en la pareja. La publicación asevera que las mujeres cuya pareja trabaja son menos vulnerables al maltrato que aquellas cuyos cónyuges no tienen empleo. Por ello, Raquel Carrasco, autora del estudio y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, pide que se promueva la igualdad de género en la educación para que no siga presente el rol del hombre como «proveedor masculino económico en el hogar».

Así, la profesora ha asegurado que las parejas igualitarias en características socioeconómicas son «más proclives» a cuestionar los roles tradicionales de género, «muy especialmente a los relativos al papel dominante del varón», mientras que las parejas «tradicionales» mantienen la ideología de género. Ha destacado que el menor riesgo de violencia de género se da «en aquellas parejas más igualitarias donde sus dos miembros trabajan». Y ha subrayado que «la probabilidad del maltrato físico se reduce del 4 % al 2 % si la mujer no trabaja, y del 4 % al 1 % si la mujer trabaja»

ideal.es

27 total views, no views today

Share

El gobierno de Aznar subvencionó ordenadores, muebles, extintores y una trituradora de papel a la Fundación Franco

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ilegalizar, se presentó durante cuatro años a subvenciones públicas para mejorar su archivo. Y las ganó. Según cuenta la propia asociación en su memoria y confirma la administración pública,  los  150.845,77 euros que obtuvo entre 2000 y 2003 bajo el mandato de José María Aznar, los empleó en digitalizar 30.000 documentos procedentes del despacho y las dependencias personales del dictador Franco y de personalidades del régimen que hicieron donaciones. Aunque custodia documentos del que fuera jefe del Estado por levantamiento militar, es un archivo privado, y la subvención la recibió a cambió del compromiso de dejar una copia de la digitalización al Ministerio de Cultura, como así sucedió.

Sin embargo, el dinero no solo se empleó en este proceso puramente técnico, como mantuvo el gobierno del PP en una respuesta parlamentaria al grupo en En Marea. Cuando el ejecutivo de Rajoy confirmó esas cifras por escrito, en enero de 2017, puntualizó que la subvención fue obtenida en una convocatoria de “libre concurrencia” e  informó de que se empleó, literalmente, “en el desarrollo de proyectos archivísticos“. Lo que no puntualizó es el desglose de gastos, que muestran que también se mejoró la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco con ese dinero. eldiario.es ha tenido acceso a todos los documentos y facturas desglosadas justificadas de esos años gracias a una petición de información al Portal de Transparencia.

La información remitida por el subdirector general de Archivos Estatales a este medio (abajo, el resumen de las subvenciones año a año) muestra que, aunque dos tercios de la ayuda se emplearon en la microfilmación, también se compró material para la Fundación y se invirtió en la seguridad de su local.

Al bucear en las facturas de estos cuatro años se puede comprobar que con el dinero que aportaba el Estado (más el 10% de esa ayuda que aportó cada año la propia Fundación) se contrató a un auxiliar administrativo durante tres años y se pagó a una asesoría contable y fiscal durante dos. Según el recibo que aparece en el expediente, este servicio asesor se circunscribió al proyecto de microfilmado: costaba 25.000 pesetas (150 euros) al mes las gestiones por este asunto.

En el apartado de “operaciones de inversión” se pueden ver gastos justificados y abonados por el Estado como un escáner (204 euros), una impresora, tres ordenadores (de unos 1.500 euros), una encuadernadora (444,27 euros), cartuchos de impresora, armarios archivadores de microfilm o un vídeo adquirido en El Corte Inglés por 23.000 pesetas (138 euros). En la misma factura, del año 2001, hay una televisión, que no se subvencionó y fue abonada por la FNFF. De hecho, en su respuesta a eldiario.es, el Ministerio puntualiza que se pidió el reintegro de 834,34 euros de ayudas ese año 2001 porque la cantidad no había sido “adecuadamente justificada” por la Fundación. También se aprecian gastos menores como un flexo halógeno negro comprado en una tienda de la calle Alcalá de Madrid por poco más de 20 euros (3.447 pesetas de la época).

La FNFF justifica en su memoria que estas inversiones se hicieron para los investigadores externos que quisieran consultar los documentos en sus instalaciones. Una explicación en la que tiene dudoso encaje, por ejemplo, la destructora de documentos que compraron y que financió el Estado con 528,10 euros. Las mejoras e inversiones, utilizadas exclusivamente o no por los investigadores externos, han quedado para la sede de la Fundación y para su funcionamiento.

La factura que muestra la compra de una encuadernadora y una trituradora
La factura que muestra la compra de una encuadernadora y una trituradora

Pero hay más compras. Por ejemplo, en 2001 la Fundación Franco pasa a cuenta de las arcas públicas una Copiadora Xerox 5828 que costó 694.000 pesetas (más de 4.000 euros) o un mueble y silla por 318 euros. Este mobiliario, según explica la Fundación en la memoria a la que ha tenido acceso eldiario.es, se ha empleado en una “sala de investigación” con “tres equipos informáticos para los puestos de consulta y medios que faciliten la labor de los investigadores” que quisieran visitarla. El archivo es de titularidad privada.

Pero, además, la organización que ensalza el legado del dictador adecuó sus instalaciones con un sistema de seguridad y antiincendios con estas mismas subvenciones bajo el gobierno de Aznar: 4.508,24 euros que comprendieron detector de humos, pulsador de alarma o extintores. También invirtieron 2.488,90 euros en un sistema antirrobo en el año 2002. Según se relata en las memorias de la FNFF, se instalaron en la zona del archivo.

En la parte de la filmación, se hizo cargo la empresa Proco y se creó una base de datos de “todos los documentos existentes en el Fondo”, se digitalizó en rollos de 35mm y CD las páginas y también se aportaron a la Fundación Franco los muebles de almacenamiento de este material.

Cuando se entregaron a la administración pública los 230 rollos de microfilm, los expertos del Centro Documental de la Memoria Histórica alertaron de que podría haber secretos oficiales contenidos en ese material por las marcas que apreciaron y, según otra respuesta parlamentaria del Gobierno a Alberto Garzón (Unidos Podemos), el subdirector de Archivos Estatales remitió entonces a la fundación franquista la petición de que los retirara del acceso público por su importancia, aunque sigue custodiándolos pese a ser un archivo privado.

eldiario.es ha preguntado a la Fundación Franco si ha retirado los documentos secretos y si el material ofimático y de seguridad que compró con la subvención está solo circunscrito al uso de investigadores externos. De momento, este medio no ha obtenido respuesta.

eldiario.es

36 total views, no views today

Share

Ultimátum del Gobierno para aflorar empleo irregular

Gobierno tiene previsto endurecer los controles sobre los contratos temporales y a tiempo parcial con el objetivo de erradicar posibles casos de fraude. Para ello pondrá en marcha varias líneas de actuación, ennmarcadas en el Plan Director contra la Explotación Laboral, texto cuyo borrador se acaba de someter a consulta pública. Una de las medidas más drásticas que plantea el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Magdalena Valerio es conceder un plazo máximo de un mes a las empresas en las que se detecten irregularidades en los contratos para que afloren esta situación y los regularicen. Si no cumplen, la Inspección de Trabajo se lanzará sobre ellas, «adoptando las medidas que resulten preceptivas».

Según el último anexo del último borrador del documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «las empresas con posibles situaciones de fraude serán objeto de una comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informándoles de los datos obtenidos, instándoles a revisar su situación y advirtiéndoles de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación en caso de no regularización». Para ello, el Ministerio de Trabajo concederá un plazo de 30 días. Después de esta actuación, se iniciará «una segunda fase de comprobación de las modificaciones realizadas por los administrados a través de la herramienta de lucha contra el fraude». El texto añade que «aquellas empresas que continúen con la situación inicial o sólo la hayan modificado parcialmente serán objeto de una actuación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la comprobación de tales extremos».

El Gobierno se empeña muy mucho en recalcar que para poner en marcha ésta y otras medidas tratará de obtener previamente el consenso y lograr una actuación coordinada con las autoridades laborales de las comunidades autónomas, «tanto por la necesidad planteada por cuestiones competenciales como en aras a obtener una respuesta eficaz en el desarrollo» de los planes contra el fraude en la contratación temporal y los contratos a tiempo parcial.

Campañas extraordinarias

En este sentido, el borrador subraya que en el marco de los convenios de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la correspondiente comunidad, se podrán establecer campañas extraordinarias autonómicas «con la finalidad de adaptar la actuación inspectora a las peculiaridades propias de cada ámbito territorial, que tengan una incidencia significativa en materias que integran ambos planes de choque».Como ejemplo, Trabajo cita las actuales campañas de refuerzo realizadas en Baleares en los meses de julio y agosto, y en Canarias, en los meses de octubre y noviembre.

En ambas comunidades autónomas se generaliza en dichas fechas la contratación temporal con el fin de atender a los turistas. Trabajo plantea de forma vaga «un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras hasta ahora previstas entre los meses de agosto y diciembre de 2018», y recalca que su objetivo es doble: por un lado, regularizar los contratos temporales suscritos de manera fraudulenta o con superación de los límites temporales de duración.

Esto otorgaría mayor estabilidad laboral a los trabajadores y provocaría un efecto disuasorio sobre los empresarios para prevenir prácticas abusivas y fraudulentas. Por otro, trata de atajar contratos a tiempo parcial en los que la jornada declarada en el contrato no se corresponda con la realmente realizada, procediendo también a su regularización. Con ello busca también disuadir prácticas fraudulentas

larazon

63 total views, no views today

Share

La ex vicepresidenta asegura que no comparte con su contrincante «la forma de hacer política», y le reprocha hacer «un favor» al presidente del Gobierno con sus críticas contra ella

Soraya Sáenz de Santamaría ha dormido cuatro horas, algo habitual en esta campaña, que está siendo mucho más dura e intensa de lo que podían esperar en el PP cuando se inició el proceso interno para elegir al sucesor de Rajoy. Llega a la entrevista con ABC a bordo de la «Sorayeta», el vehículo en el que está recorriendo España, a la busca del voto del compromisario. Acompañada de la exministra Fátima Báñez, inseparable de la candidata, asegura que le salen las cuentas para la votación del próximo sábado en el congreso del PP, y a la vez admite que buscará un pacto con Pablo Casado hasta el último minuto, para que se una a su candidatura. De momento lo que hay es un choque frontal entre los dos aspirantes.

¿Le está sorprendiendo la campaña crítica de Casado hacia usted?

Yo he decidido mi manera de hacer campaña, en positivo, y sin criticar a ningún compañero. Creo que se puede aspirar a presidir el PP sin hacer daño al Partido Popular durante la campaña. Lo voy consiguiendo. Es mi manera de interpretar los principios y valores que me han guiado toda la vida y que me hicieron afiliarme al Partido Popular, ser respetuosa con mis compañeros y poner encima el bien del partido y el bien de España.

Quizás en el PP no estaban acostumbrados a este tipo de ataques directos entre unos y otros.

No forma parte de nuestra filosofía y estábamos muy orgullosos de ello. A mí me avergonzaba muchísimo ver a compañeros del Partido Socialista que entre sí se decían las cosas que se decían y yo no voy a criticar a ningún compañero del partido, ni a los actuales ni a los de antes. Todos hemos construido juntos este partido con muchísimo esfuerzo y nos merecemos un respeto.

¿Vio el vídeo donde se preguntaba cómo renovaría usted al PP con personas como Arenas, Montoro y Celia Villalobos?

Sí, lo he visto, es una prueba absoluta de mal gusto político, y creo que el PP es otra cosa, es la antítesis de ese vídeo. Nuestro partido es un partido intergeneracional, en el que todos nos sentimos orgullosos, desde Gerardo Fernández Albor, que murió el jueves, hasta el último afiliado de Nuevas Generaciones, de lo hecho con esfuerzo.

¿Ve en riesgo la unidad del PP si no logra esa lista de integración?

Voy a trabajar por esa integración. El partido tiene que salir el día 21 unido, fuerte y ganador, y saldremos así si vamos con una lista unitaria. Es lo que me están pidiendo los militantes y los compromisarios.

Después de esta campaña, ¿se sentiría cómoda en un PP presidido por Pablo Casado?

Hay cosas que no comparto, no es mi manera de hacer política, pero este partido nos enseña a ser generosos, a que por delante de comportamientos individuales están los principios que nos inspiran, la defensa de la unidad de España, la libertad, la igualdad de oportunidades, la justicia, la ética del mérito y el esfuerzo, pero además he aprendido a intentar ser siempre una señora, especialmente con los compañeros.

La Comisión Organizadora ha constatado que no hay consenso entre los candidatos para hacer un debate. ¿Por qué no quiere debatir?

A mí un debate con Pablo Casado me vendría personalmente muy bien. Sería muy fácil comparar preparación, trayectoria, currículum, experiencia, programa… Pero no estoy a lo que a mí personalmente me venga bien, estoy a lo que particularmente le venga bien al partido y a España, porque nuestro partido es un bien de los afiliados y está al servicio de nuestro país. Y creo que en la dinámica en la que está Pablo Casado ese debate le haría mucho daño a él, pero también al partido.

¿Sabe ya cuántos compromisarios van a votar por usted el sábado 21?

Pues mire, muchos, pero a mí me gustaría que este no fuera un congreso cuentacompromisarios, sino el congreso de la unidad, en el que tomáramos el relevo de Rajoy y sacáramos un partido unido, fuerte y ganador.

Un día antes de votar hablará Rajoy. ¿Espera que haga un llamamiento a la unidad?

No lo sé, respeto su neutralidad. Así es como él ha decidido que sean las cosas, tiene todo mi respeto, y lo que deberíamos hacer los demás es reconocer su figura, su altura política, su generosidad con el partido y la labor inmensa que ha hecho en España.

¿Su proyecto es una continuidad de lo hecho por Rajoy?

Cada uno tiene su forma de hacer política, pero yo me siento orgullosa de lo que han hecho los gobiernos de Aznar y Rajoy cuando han gobernado. Mariano Rajoy evitó un rescate, se fue con una España unida, con una España que creaba medio millón de puestos de trabajo al año, se fue con una tarea que no le dejaron acabar, porque hubo un pacto entre perdedores que lo echó del Gobierno. Podemos decir muy orgullosos que dejamos una España mejor de la que nos encontramos en 2011.

¿A qué atribuye que haya exministros, que compartieron con usted mesa en el Consejo, que no la apoyan?

Bueno, son diferentes maneras de ver la política. Eso demuestra que Mariano Rajoy supo integrar mucho en su Gobierno y de ahí puedo aprender yo para la integración.

Se confirma que había dos grupos en el Consejo de Ministros, y uno estaba en contra de usted.

No, eso de ir en contra no tiene sentido en un Gobierno, que es solidario. Había algunos ministros que decidieron apoyar a Cospedal y otros decidieron integrarse en mi candidatura. Y todos tienen mi respeto, y después me gustaría que trabajáramos todos juntos.

Los que apoyaron a Cospedal se han pasado a Casado. Esa desunión entre los exministros que trabajaron con usted es la que algunos temen que se produzca en el PP si gana.

Yo quiero integrar, y los militantes nos piden unidad.

En la primera vuelta ganó claramente a Cospedal. ¿Qué ofrece ahora a la secretaria general?

Dolores de Cospedal merece todo mi respeto, porque han sido años muy difíciles. Para nuestro partido será un lujo seguir contando con ella. Hay que integrar todos los equipos, todos somos uno.

Casado dijo en una entrevista en ABC que fueron las políticas de usted las que llevaron al PP a la oposición. ¿Qué pensó al leerlo?

Pues que le estaba haciendo un favor a Pedro Sánchez, porque estaba alejando la responsabilidad de quien la ha tenido, un señor que ha perdido las elecciones, que llegó con la excusa de la corrupción, prometió a Pablo Iglesias, a los independentistas y a dos señores de Bildu todo lo que querían, y nos ha sacado del Gobierno.

¿Se equivocó con la operación diálogo?

Mi diálogo fue con Cataluña. Los catalanes que se consideran españoles, que son la inmensa mayoría, se sienten solos. El Estado en estos 30 años ha ido desapareciendo de Cataluña, y yo lo que he tratado es que ese Estado vuelva, y que los catalanes se sintieran acompañados. Hoy Cataluña no es independiente, por la defensa a ultranza de la unidad que hizo el Gobierno de Rajoy.

Pues el desafío independentista continúa. ¿Iniciaría una nueva operación diálogo con Torra?

Hay una diferencia, ese diálogo lo supimos hacer en compañía de toda la sociedad catalana y los partidos constitucionalistas. Los constitucionalistas salieron a la calle y demostraron su fortaleza a los independentistas. Hay una base social en la que hay que trabajar, no hay soluciones milagrosas.

Le preguntaba si volvería a iniciar una operación diálogo y se sentaría con Torra en La Moncloa.

Yo me senté dos veces con Junqueras, él por indicación de Puigdemont y yo por indicación de Rajoy, para que analizáramos un documento de 46 puntos. En la primera reunión vimos el documento, en la segunda Junqueras me dijo que solo quería hablar de la autodeterminación. Y le dije muy buenas tardes, esta reunión ha terminado.

¿Y con Torra se reuniría ahora?

Lo primero que tenía que haber hecho Pedro Sánchez antes de reunirse con Torra es reunir a los constitucionalistas, como ha hecho siempre Rajoy.

En el PP muchos aseguran que desconocen cuáles son sus principios. ¿Puede definirlos aquí?

En primer lugar, mis principios y valores pasan por no hacer daño a mi partido, en ninguna circunstancia. En segundo lugar, yo me afilié a un partido de centro derecha, con una vocación mayoritariamente social. Considero que se deben hacer políticas desde el liberalismo, pero con un fuerte componente social, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y para mi partido y para mí son importantes los principios del humanismo cristiano, que nos da un sentido histórico y un sentido de la vida y de la familia.

Pues hay quien cree que podía haber recalado en el PSOE, igual que en el PP.

Que vean mis debates con Teresa Fernández de la Vega cuando yo era portavoz en la oposición.

¿Cuando dicen que usted es una mera gestora del BOE, más administrativa que política, qué responde?

Que no le ganaba los debates a Fernández de la Vega, a Rubalcaba, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera recitando el Código Civil ni las leyes administrativas, sino haciendo política contra el Partido Socialista, no contra mis compañeros de Gobierno.

abc

63 total views, no views today

Share

De la inviolabilidad al aforamiento: el oasis judicial del rey Juan Carlos

La filtración de las conversaciones de una antigua amante del rey Juan Carlos, la ya famosa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ha vuelto a colocar a la monarquía española en el ojo del huracán sin apenas tiempo para recuperarse del revés que a efectos —y afectos— simbólicos supuso la entrada de Iñaki Urdangarin en prisión por el caso Noos.

No es la primera vez que se ventilan en los medios de comunicación los turbios negocios del rey emérito, sobre todo aquellos que tienen que ver con las monarquías de El Golfo Pérsico, pero sí es la primera vez que se aportan datos concretos: en esas conversaciones, que la propia interesada no ha negado, Corinna asegura que el rey Juan Carlos la utilizó como testaferro a ella y a otras personas para ocultar al fisco dinero en Suiza y propiedades en el extranjero; añade que el monarca cobró millonarias comisiones por las obras del AVE a La Meca y que, además, se acogió a través de personas interpuestas a la amnistía fiscal del anterior Gobierno en 2014.

Las acusaciones de Corinna han levantado una polvareda porque suscitan muchas dudas sobre la legalidad de la actuación del rey Juan Carlos. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pedía esta misma semana que se investigue al monarca emérito por posible fraude fiscal y blanqueo de capitales. Podemos ha pedido una comisión de investigación e Izquierda Unida la comparecencia del rey emérito en el Congreso. El BNG también ha solicitado a a la Fiscalía Anticorrupción que entre de lleno en el asunto.

La pregunta surge automáticamente: ¿Puede acabar el rey Juan Carlos procesado ante los tribunales si finalmente se demuestran ciertas las acusaciones de Corinna? La respuesta no es, sin embargo, tan evidente: hay que tener en cuenta al menos dos consideraciones. En primer lugar, hay que valorar el estatus jurídico del rey emérito. Segundo, hay que determinar si estos supuestos delitos son anteriores al 2 de junio de 2014, el día que Juan Carlos abdicó, o si siguen vigentes con posterioridad a esa fecha.

Esa pregunta, la del si el rey Juan Carlos podría acabar siendo juzgado ante un tribunal, se la formularon esta misma semana a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ante la duda de si podría legalmente ser llevado a juicio, Delgado dio una de las claves: “El rey emérito tiene aforamiento pero no inviolabilidad”

Como rey emérito, Juan Carlos mantiene actualmente el privilegio del aforamiento. Esta prerrogativa implica que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero esto sólo ocurre desde el año 2014, el año en que abdicó. Antes del 2 de junio de ese año la figura de Juan Carlos era inviolable —como ahora lo es la del rey Felipe VI— según se recoge en el artículo 56.3 de la Constitución Española.

“La inviolabilidad supone la irresponsabilidad penal de los hechos con lo que no se podría abrir ningún proceso penal sobre los hechos constitutivos de delito”, explica Elviro Aranda, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto constitucionalista. Es decir, que a Juan Carlos no se le puede procesar por las supuestas irregularidades cometidas mientras ocupó el trono. “Creo que no puede ser juzgado con carácter retroactivo”, concluye Aranda.

Muchos juristas creen que el aforamiento, sobre todo en lo que atañe al ámbito civil, vulnera el principio de igualdad ante la ley

Pese a eso, el Gobierno de Mariano Rajoy concedió deprisa y corriendo el aforamiento al rey emérito y a su familia —también resultaron aforadas las reinas Sofía y Letizia y a la princesa de Asturias— en julio de 2014 gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Esa decisión suscitó no pocas dudas sobre su constitucionalidad, tal como informó Público en su momento, porque, además, el aforamiento tenía carácter retroactivo: sólo se le podía juzgar por causas que se produjeran de esa fecha en adelante.

Muchos juristas creen que el aforamiento, sobre todo en lo que atañe al ámbito civil, vulnera el principio de igualdad ante la ley. Además, como recuerdan varios expertos constitucionalistas, el aforamiento persigue “proteger a quien ejerza un cargo público” y no está claro que el rey emérito lo sea en la actualidad.

Los medios hablan con naturalidad del rey emérito pero no están claras cuáles son sus funciones y atribuciones. “Queda un poco en la nebulosa”, recuerda la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, coeditora del blog Hayderecho.com.

Lo cierto es que muchos tildaron ese aforamiento exprés de chapucero.  “Hay que aforar al rey como deuda de gratitud”, afirmó entonces el PP sin rubor alguno. Incluso un portavoz de la Casa Real llegó a afirmar en junio de 2014 que el aforamiento era oportuno para “evitar disparates”.

Aquellos “disparates” se referían a dos demandas de paternidad interpuestas por otros tantos supuestos hijos naturales contra el el rey emérito. Esas demandas llegaron a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y fueron rechazadas en 2015. Desde entonces el rey Juan Carlos ha vivido en un oasis judicial.

Ese oasis ahora corre peligro: aunque no parece muy probable, no es del todo descartable que el rey emérito acabe procesado. Porque si bien el aforamiento y la inviolabilidad juegan a su favor, la vigencia del delito se le puede volver en contra. Los expertos de Gestha recordaban esta misma semana en un comunicado que “si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular de las cuentas en Suiza y no las ha declarado en el modelo 720, el valor de dichos bienes es imprescriptible y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha”.

“Hay que aforar al rey como deuda de gratitud”, afirmó el PP en 2014 para justificar su decisión

Según Gestha, el monarca emérito “podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves”. Y añadía en su nota: “Si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014 y un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones”.

Nadie tiene claro qué puede ocurrir tras la filtración de las conversaciones de Corinna. El camino se antoja largo y está plagado de incógnitas, pero muchos temen que al final no ocurra nada. Lo cree así el BNG, que en un comunicado ha dicho lo siguiente: “Podría darse el disparate de que, aunque lo que desvelan las informaciones periodísticas fuera probado, el rey no podría ser juzgado ni condenado”. El diputado de Podemos Rafa Mayoral denunciaba este viernes que la monarquía “no responda ante los tribunales”, algo que, según afirmó, conlleva que existan “espacios de impunidad”.

“Nadie debe estar por encima de la ley, se llame como se llame, y los Borbones también tienen que responder por sus conductas”, apostilló, contundente, Mayoral.

publico

64 total views, no views today

Share

El Gobierno prohíbe las narcolanchas tras la muerte de un menor en Algeciras

El Gobierno ha ceñido el cerco al tráfico de drogas con una medida drástica. Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado de las embarcaciones neumáticas y semirígidas de alta velocidad, las denominadas “narcolanchas”, lo que permitirá su decomiso aunque no lleven droga cuando sean detectadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este anteproyecto que reforma la ley orgánica de represión del contrabando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha abordado el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Cabe recordar que justo hace dos meses un niño falleció cuando la embarcación en la que viajaba con su padre fue embestida por una lancha semirígida.

Según ha explicado, estas embarcaciones sólo podrán ser utilizadas por organismos o entidades públicas o servicios de salvamento y será obligatorio su inscripción en un registro que será creado por esta norma, impulsada por el Ministerio de Hacienda en coordinación con Interior.

Montero ha subrayado que el objetivo es avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco. La iniciativa declara “prohibidas” las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar, y penalizará su uso ilegítimo. “Se podrá efectuar el decomiso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de estas embarcaciones cuando sean detectadas, aunque no lleven carga ilícita, y también incoar expedientes sancionadores”, ha señalado.

Montero ha destacado que el contrabando de drogas y tabaco en esa costa andaluza plantea importantes problemas y retos a quienes luchan contra el narcotráfico y produce además una importante alarma social, al causar problemas de seguridad pública y generar “un caldo de cultivo para el deterioro social”.

“El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza“, ha recalcado. El pasado mes de marzo, tras reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya anunció que el Ejecutivo ultimaba un real decreto para prohibir las “narcolanchas”. El decreto se ha convertido finalmente en un anteproyecto de reforma de la ley de represión del contrabando.

rtactualidad

68 total views, 1 views today

Share

«Con la subida de pensiones no buscan salidas, sino callarnos»

La de Cangas de Onís es una de las decenas de plataformas en defensa del sistema público de pensiones existentes en toda España y que, en los últimos meses, han sacado sus reivindicaciones a las calles de la ciudad. Tras esa primera batalla, ayer recalaba en Cangas la portavoz de la Coordinadora Estatal, Victoria Portas (Pontevedra, 1976) con un claro mensaje: se avecina un otoño reivindicativo. Y en él estará presente la plataforma canguesa, «muy fuerte e importante».

-Después de meses de movilizaciones han alcanzado ciertos logros, ¿en qué grado se han cumplido sus reivindicaciones?

-En el punto en el que nos encontramos es el de salida. Hemos conseguido que nos escuchen, que en principio es lo más importante, necesitábamos llamar la atención para que se supiese que existimos. Hoy estamos en ese punto. Pero en reivindicaciones estamos en el punto de salida, a partir de ahora es cuando empezamos de verdad a jugar la partida. Toca un año duro de trabajo.

«Si los jóvenes no tienen salarios altos no habrá pensiones altas, ni hoy ni para ellos»

-Los pensionistas van a notar una subida este mismo agosto, ¿es una cifra digna?

-Va a haber la subida del 1,6% y la del 3% en las mínimas, pero no son las mínimas de los presupuestos generales del Estado, sino de las no contributivas. Ese el es gran problema. Por eso estamos contentos con la reforma que se impone en los presupuestos, pero no en que no indican de que lado van a salir los ingresos. Es obvio que se está incentivando más el déficit de la caja de seguridad social. No buscan una salida, sino callarnos un poco con esa subida. Nosotros somos coherentes porque sabemos que tiene que entrar dinero para que se puedan subir. Esa parte de modificación de la ley de la Seguridad Social no existe y el Pacto de Toledo ni siquiera está trabajando en esa línea. No vale una medida temporal. Y la subida es una medida temporal.

-El Gobierno central apuesta por nuevos impuestos para cubrir las pensiones, ¿quiénes deben pagar?

-El método no solo está en una vía de impuestos, nuestro país adolece desde hace años de dos posturas. Una es la vía de cotizaciones, solamente tres o cuatro países de la Unión Europea tenemos topadas las cotizaciones, es decir, aquí no paga más el que más tiene. Hay que blindar las pensiones a los presupuestos, cuando no cubra vía cotización hay que cubrir con los presupuestos. Está claro que esta vía se alimenta de los impuestos, pero no tienen porqué ser estrictamente a la banca, lo que necesita este país es una reforma fiscal seria y ya. Requerimos las tres reformas: fiscal, laboral y de Seguridad Social. Si nuestros jóvenes no tienen salarios altos no va a haber pensiones altas, ni hoy ni para ellos. Se necesita que cada uno pague por lo que ingrese, si eso hubiese sido real ahora no estaríamos en la situación en la que estamos.

-El Pacto de Toledo no avanza en el cómo se deben revalorizar las pensiones, ¿falta voluntad política?

-Falta muchísima voluntad política. Llevan meses discutiendo porque partidos como PP, Ciudadanos y PNV lo que querían era cerrar un pacto y ya está. Ahora están en la línea de subir en base a un índice de estos que se han inventado, parecido al famoso índice de revalorización anterior, que no vamos a aceptar. Las pensiones, igual que nuestra cesta de la compra, tiene que subir por el IPC real; no hay otra fórmula y no vamos a aceptar otra distinta.

-¿La situación se agrava en el medio rural?

-En todo lo que va como régimen agrario, por cuenta propia o por cuenta ajena, la brecha está en el 46%. Una pensión general comparada con el régimen de autónomos, que es donde ha entrado mayoritariamente la gente del sector agrario, presentan una brecha y eso hay que modificarlo. Si ahondas en cuestión de género la diferencias es abismal y, por sectores, en autónomos o agrario, no tiene nombre. Hay gente con explotaciones agrícolas, con más de cuarenta años cotizados, que en este momento están cobrando menos de seiscientos euros.

-El PSOE les acompañó detrás de las pancartas meses atrás. Con ellos en el Gobierno, ¿volverán a las calles?

-Hay que decirlo claro, nosotros nos concentramos en contra de todas las reformas que hubo desde el año 2011, esa reforma fue del PSOE. O nos tienen negociando al lado o nos tendrán en frente, en la calle. Nosotros estamos preparando un otoño de reivindicaciones independientemente de que el gobierno haya cambiado. Sí que es cierto que en las reuniones que hemos tenido con el PSOE nos han dicho que la línea que van a seguir es esa, pero el movimiento se demuestra andando. Si han conseguido sacar adelante la moción es que hay números para llevar a cabo los cambios

elecomercio

15 total views, no views today

Share

Los técnicos de Hacienda creen que el Rey emérito podría ser investigado por fraude fiscal y blanqueo

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey emérito, Juan Carlos I, la usó como testaferro, demostrando así que no existen «escudos fiscales» para proteger a la familia real. En este sentido, advierten de que el rey emérito podría ser investigado por fraude fiscal y blanqueo si se acredita la veracidad de las cintas grabadas a la amiga de Don Juan Carlos.

Los técnicos abogan por iniciar las investigaciones tributarias, ya que consideran que hay indicios suficientes para llevarlas adelante, pues las acusaciones vertidas en las cintas publicadas «tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique».  

Delito fiscal si lo no declarado supera los 233.000 euros

Así lo aseguran en un comunicado en el que recuerdan que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 desde el año 2013. Y todo ello, explican, a la vista de que las revelaciones de que supuestamente el monarca emérito, a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, creaba «estructuras» opacas, concedía préstamos y propiedades a Corinna que luego le reclamaba y ponía cuentas de bancos suizos a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

En este sentido, Gestha recuerda que si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular del terreno de Marrakech y de las cuentas en Suiza y no las ha declarado en el modelo 720, el valor de dichos bienes es «imprescriptible» y tributará en el IRPF de 2014, último año no prescrito a esta fecha, como una ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del 51,5% al tener su residencia en Madrid.

Los técnicos de Hacienda remarcan también que, en este supuesto, el monarca emérito podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, e incluso si el valor de los bienes en el extranjero no declarados supera los 233.010 euros, podría estar incurso en un posible delito de fraude fiscal en el IRPF de 2014, si la declaración del modelo 720 no fue correcta y completa.

También creen que podría haber un posible delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza paga a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.

Reclaman que la familia real publique los  bienes en el extranjero

Asimismo, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones del rey emérito.

Por último, Gestha señala la conveniencia de que el resto de los miembros de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación en este caso.

lavozdeasturias

67 total views, no views today

Share