Génova ve la presencia de Ayuso en la Convención del PP como un acercamiento

énova y Comunidad de Madrid entierran el hacha de guerra momentáneamente por el liderazgo de la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, finalmente, podrá acudir presencialmente a la Convención Nacional que el partido celebrará los próximos 2 y 3 de octubre en Valencia y eso es lo importante ahora mismo para la dirección nacional.

“Es un buen gesto”, señalan fuentes del PP a la espera de que amaine la tormenta que ha sacudido a los medios y al partido estos días. Tal y como publicó Economía Digital, el principal asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, no da su brazo a torcer y reclama una lista única para que la presidenta sea baronesa del PP madrileño. Es decir, que ostente el poder de la región como ya hacen otros barones, como por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

Pero la dirección nacional del partido tiene otros planes y prefiere el modelo “que hasta ahora se ha impuesto en el PP madrileño”, defienden, como es la bicefalia. En este caso, una lista compartida de Ayuso con el alcalde José Luis Martínez Almeida, aunque tampoco descartan una tercera vía con la actual presidenta del PP madrileño, Ana Camíns.

Ayuso entierra el ‘hacha de guerra’ asistiendo a la Convención Nacional del PP. Foto: EFE

La presidenta de la Comunidad da por perdida la batalla de adelantar el cónclave regional, tal y como pidió durante esta última semana. Los de Pablo Casado insisten en que se celebrará “cuando toque”. Esto es de cara a la próxima primavera. Para el equipo de Ayuso no hay tiempo que perder porque al conocer el equipo pueden prepararse “mejor” los siguientes comicios, destacan.

Sin embargo y desde Génova son tajantes: “Pablo no va a ceder. En peores plazas ha toreado”, señalan para asegurar que es una batalla que no está cerrada y se seguirá dando tras la Convención Nacional del partido.Leer más: Ayuso presentará su candidatura para presidir el PP de Madrid tras la convención de Valencia

Lo importante en estos momentos es no estropear ni desviar los focos de la puesta de largo de Pablo Casado con la Convención Nacional. El partido celebrará antes más actos por varias comunidades autónomas, pero se espera que el discurso relevante se pronuncie los días 2 y 3 de octubre en Valencia.

Ayuso se reunirá con los principales fondos de inversión

Ayuso pondrá rumbo a Estados Unidos el próximo sábado 25 de septiembre y se prolongará hasta el jueves día 30, con lo que al final podrá volver de su viaje oficial el día 1 de octubre y estar en la convención del PP de Valencia el sábado 2, donde está prevista una mesa con los presidentes autonómicos.

La propia Díaz Ayuso aseguró el jueves pasado que su voluntad es estar en la convención y trataría de reorganizar su viaje para poder estar, como los demás presidentes autonómicos, y como una afiliada más, en Valencia. Dicho y hecho.

Ayuso se reunirá con los principales fondos de inversión americanos. Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

Desde su equipo ya informan sobre más detalles del viaje, dividido entre Nueva York y Washington, donde se reunirá con los principales  fondos de inversión americanos, a los que explicará el potencial económico y comercial de la Comunidad de Madrid.

Ayuso presumirá de políticas liberales y a la vez explicará que la capital de España es “la región locomotora económica de España, líder en inversión extranjera y con los impuestos más bajos del país”.Leer más: Casado frena a Ayuso: “No toca hablar del PP de Madrid”

La presidenta madrileña también tiene en la agenda distintos encuentros de trabajo como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo de las Américas, el Consejo de Asuntos Exteriores o la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos.

Ayuso también ha sido invitada por el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, con el que mantendrá un encuentro el jueves 30 de septiembre en el Capitolio. Desde su equipo mantienen que Ayuso se reunirá con los principales congresistas hispanos de EEUU para vender el proyecto del español que pretende convertir a Madrid en la capital de nuestro idioma para atraer producción musical, audiovisual, cultural, educativa y turística.

economiadigital

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El CGPJ quiere subirse el sueldo más del doble: de uno a casi 3 millones de euros

El punto tres del artículo 122 de nuestra Carta Magna dice, «El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrará a sus miembros por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado«. De esta forma, doce eran elegidos por el propio gremio y el resto por los políticos. Sin embargo, en los años ochenta, un diputado de Euskadiko Ezkerra quiso reinterpretar ese artículo de forma diferente y con cierta picaresca: «El Congreso y el Senado eligen a 12 vocales que sean jueces y magistrados y a ocho de entre juristas de reconocido prestigio». Una idea que sedujo dentro de las filas socialistas y que poco tiempo después materializó. Como la palabra «entre» estaba recogida en el texto, el Tribunal Constitucional aceptó el cambio, pero remarcó que dicha elección tendría que ser por mayoría de tres quintos.

Unas décadas después, esta ‘trampa’ se le ha vuelto en contra a los socialistas. Así, se cumplen hoy 1.036 días con el órgano de gobierno de los jueces en funciones y manteniendo un pulso con el partido de la oposición para llevar a cabo la renovación. Ayer martes el Congreso rechazó la tramitación de la reforma del CGPJ que el PP había propuesto (que consiste en volver al sistema preestablecido). La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que «no hay razones» para que el PSOE vote ‘no’ a la tramitación de la reforma, una iniciativa que, según ha dicho, recoge lo que pide Europa y la mayoría de las asociaciones de jueces. Sin embargo, la propuesta del PSOE busca primero renovar el Consejo con el sistema vigente y, a partir de ahí, abrir un proceso de diálogo sobre el sistema de elección de los consejeros, pero respetando las mayorías parlamentarias que salieron de las urnas.

Como ocurre en otras instituciones, este órgano aprueba un presupuesto propio que se incluye en los Generales del Estado. Sin embargo, en estos casi tres años que lleva en funciones este órgano, solo se ha aprobado un presupuesto estatal, el de 2021. Tras la luz verde del Congreso, el CGPJ pudo hacer efectiva la ejecución de sus gastos, que han aumentado casi un 30% con respecto al último presupuesto de 2018. Fuentes del propio órgano aseguran a La Información que este aumento «se ha podido deber a una actualización con el IPC». 

De entre todas las partidas que se observan hay una que llama la atención: la retribuciones a altos cargos ha aumentado un 172% con respecto al último presupuesto, pasando de poco más de un millón de euros a casi tres millones. La misma fuente del CGPJ asegura que este incremento se debe a «una ley -que entrará en vigor en cuanto se renueve el CGPJ- que hará que todos los vocales tengan dedicación exclusiva y, por lo tanto, sea necesario aumentar su sueldo». Actualmente solo la comisión permanente -donde hay siete jueces- tiene dedicación exclusiva. Los doce restantes -donde hay juristas de reconocido prestigio- no tienen esa dedicación y cobran dietas.

La fuente afirma que se ha aprobado este presupuesto por «si acaso» se renovaba el CGPJ durante este año y «no pillase» al órgano sin dinero con el que pagar a los 22 consejeros (el presidente, veinte vocales y el secretario general). El hecho de que no se haya renovado hace que «esa cantidad de dinero se quede congelada y que se use para el siguiente ejercicio«. Teniendo en cuenta que solo hay siete jueces que cobran ese nuevo salario, resulta llamativo que en el presupuesto ejecutado ya se haya utilizado en los dos primeros trimestres más de un 20% de dicha partida. De seguir con esa tendencia, a final de año se podría hacer uso del 80% de los casi tres millones de euros destinados a altos cargos.

Además, en el presupuesto que se está ejecutando este año hay otras partidas que han aumentado significativamente con respecto a los últimos presupuestos de 2018. Destacan los incentivos al rendimiento (un 76% más), la publicidad y la propaganda (casi un 10% más), personal eventual (casi un 15% más), edificios y otras construcciones (un 23% más) o mobiliario (casi un 40% más). El próximo 4 de diciembre se cumplirán tres años desde que expiró el mandato del CGPJ, una anomalía que se pronuncia aún más con el gasto disparado que se está ejecutando en 2021 en este órgano caducado.

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El Gobierno traslada a la UE su impotencia ante la continua subida de los precios de la electricidad

El Gobierno está llevando a cabo una intensa ofensiva en busca de apoyo de la Unión Europea para lograr moderar los precios de la electricidad, un tema en el que el presidente Pedro Sánchez ha comprometido su credibilidad. La vicepresidenta del Gobierno para la transición ecológica, Teresa Ribera, participa hoy en el Consejo informal de ministros de Energía que se celebra en Eslovenia, donde va a reiterar la propuesta que lanzó este lunes a través de una carta a la Comisión Europea en la que le reclamaba ayuda y fórmulas para poder moderar la subida del precio de la electricidad. Esta es la tercera gestión en esta semana que hace el Gobierno con este objetivo, después de la intervención ayer martes del secretario de Estado para la UE, Juan González Barba, en el Consejo de ministros de Asuntos Generales en el que ya anunció que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez intentará que el tema sea tratado en la cumbre europea prevista para el 21 de octubre.

La carta a la Comisión la firmaban Ribera y la también vicepresidenta Nadia Calviño y en ella dan a entender que no están seguras de que las medidas que ha adoptado el Gobierno con este objetivo estén funcionando con la eficacia que pretenden y que puede que no sean del todo conformes con la legislación europea. Aunque en la carta sostienen que los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno para moderar el precio están de acuerdo con la legislación comunitaria, también pedían a la Comisión que los evalúe con la misma benevolencia con la que ellas aseguran que ha tenido respecto a las medidas que han adoptado otros países, a los que no citan, y que dan a entender que ese caso serían dudosamente legales. «España –dicen en la carta- ha cumplido plenamente las normas europeas a pesar de la sensibilidad política de la crisis actual. Otros países han adoptado medidas menos ortodoxas y la Comisión ha mantenido un enfoque prudente. Esperamos al menos similar tratamiento». El documento de discusión estaba dirigido al vicpresidente ejecutivo de las Comisión, Frans Timmermans, que está a cargo de la agenda del Pacto Verde, Margrethe Vestager que es la responsable de la cartera de Competencia y Kadri Simson, comisaria de Energía. Solamente esta última está presente en la reunión informal de ministros de hoy en la que participa Rivera.

La propuesta de España de que el tema del precio de la electricidad sea tratado en la próxima cumbre ha sido apoyado por otros países, entre ellos Italia, aunque el Gobierno de Roma, que ha tomado medidas más drásticas que España para contener la subida de precios del recibo de la luz, reconoce que es un problema que no solo se circunscribe al mercado europeo, sino que tiene que ver con otros actores mundiales.

Es lo mismo que ya dijo ayer la Comisión Europea, que confirmó haber recibido la carta de las dos vicepresidentas en la que estas piden al ejecutivo comunitario que desarrolle «directrices que permitan a los Estados miembros reaccionar durante los períodos de tensión del mercado energético» teniendo en cuenta que «si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo» de modo que «los Estados miembros no deberían tener que improvisar medidas ad-hoc cada vez que los mercados funcionan mal y luego esperar que la Comisión no se oponga a ellos».

La Comisión ha contestado que estudiará la carta con tiempo pero que mantiene su criterio de que las subidas de la electricidad se deben «a múltiples factores» el más relevante de los cuales es el precio internacional del gas mientras que los aumentos del precio de las emisiones (que si se regulan a escala europea) «solo representan un pequeño porcentaje del precio final» de la electricidad. Los portavoces de la Comisión no se han mostrado todavía muy entusiastas ante la idea propuesta por las vicepresidentas españolas para que se diseñe desde Bruselas «un menú de políticas europeas prediseñado para reaccionar de inmediato a los dramáticos aumentos de precios» y una reforma del mercado energético mayorista para «transmitir los beneficios de las tecnologías renovables hasta los consumidores». Bruselas afirma que antes de entrar en esa discusión es necesario «analizar correctamente» la situación actual e identificas bien las causas de la subida del recibo de la electricidad para no equivocarse de estrategia.

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Delegación de Gobierno impone multas de 600 euros a los organizadores de la marcha nazi de Chueca

La Delegación del Gobierno en Madrid impondrá una multa de 600 euros a los organizadores de la marcha neonazi que el pasado sábado recorrió las calles de Chueca. La Fiscalía se encontraba investigando si las consignas que se proclamaron contra el colectivo LGTBI eran constitutivas de delito.

Este martes, la delegada del Ejecutivo en la Comunidad, Mercedes González, ha detallado que se impondrá a quienes convocaron la concentración sanciones administrativas de 600 euros, lo máximo que permite la ley. Asimismo, se ha incoado expediente sancionador de 800 euros a seis de las personas que participaron por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban bengalas, palos y un puño americano.

González ya ha remitido el informe realizado por la Policía Nacional al órgano competente, que se encuentra estudiando si la marcha es concluyente de un delito de odio. La manifestación se organizó, presuntamente, contra las Agendas 2030 y 2050, aunque derivó en insultos graves hacia el colectivo LGTBI. Durante el transcurso de esta entre la Puerta del Sol y el barrio de Chueca se lanzaron proclamas como “Fuera sidosos de Madrid” o “Fuera maricas de nuestros barrios”.

Organizada por la asociación Madrid Seguro, de ella participaron grupos de corte neonazi como la Asociación de vecinos de San Blas Canillejas; la Asociación de vecinos de Villamantilla; la Asociación de vecinos de Coslada y San Fernando de Henares, el partido España 2000; Juventud Nacional; la Plataforma El Pueblo por la Verdad; la Plataforma Cultural-ñ; la Plataforma por la Dignidad, la Libertad y la Vida; y el Partido Orden y Ley (POLE) y Getafe NR.

Todos los partidos políticos mostraron su repudia a este hecho, aunque Vox ha insinuado que fue un bulo por parte del Gobierno que «apestaba a cloaca socialista«, opinión que comparte sobre las balas que hace meses recibieron varios miembros del Ejecutivo.

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El Gobierno aprueba la compra de tres A330 MRTT para cubrir una de las carencias del Ejército del Aire

El Ejército del Aire tiene una carencia desde hace años. Se trata de la capacidad de tener varios aviones de transporte multipropósito con capacidad para realizar diferentes misiones como transportar personal o material militar, personalidades VIP o hacer reabastecimientos en vuelo. Unos aviones comodín que apoyen a los que cumplen específicamente con cada una de estas funciones. Algo que se perdió con la retirada del último Boeing 707 en 2016.¿Tiene liquidez Airbus?Descúbralo aquí en nuestra sección Empresas

Los planes siempre han pasado por la adquisición de tres aeronaves MRTT (Multi Role Tanker Transport), pero se han visto retrasados por las estrecheces presupuestarias. Desde este martes, ya se ve la luz al final del túnel. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para la compra de tres aviones A330-200 y su posterior transformación a MRTT, dotándolos de una cabina de carga de configuración versátil, por un valor estimado de 810 millones de euros.

El proyecto inicial fue que los tres aviones MRTT que llegaran al Ejército del Aire fueran aeronaves totalmente nuevas recién salidas de las fábricas de Airbus. Sin embargo, la mala situación económica y la multitud de necesidades que se empiezan a acumular en las Fuerzas Armadas han hecho que se opte por una opción más barata: la compra de tres aviones de segunda mano a Iberia.

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Estas tres aeronaves de segunda mano son aviones Airbus A330, el mismo modelo pensado inicialmente. Su reconversión tendrá lugar en las instalaciones del consorcio europeo en Getafe (Madrid). Una operación, además, a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que tuvo en el Palacio de La Moncloa con el CEO de Airbus en junio de 2020 como apoyo a la industria aeronáutica tras el final del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

El montante económico destinado por el Gobierno incluirá no sólo la compra de los aviones a la compañía aérea española y su transformación, sino también la prestación del soporte logístico asociado, el suministro de repuestos y demás componentes necesarios para su sostenimiento, los cursos y el material de formación del personal usuario y el software y hardware necesarios para la gestión, planeamiento y ejecución de las operaciones.

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Prórroga de los ertes: El Gobierno plantea alargar las ayudas hasta el 31 de enero del 2022

El Gobierno ha trasladado a patronal y los sindicatos su intención de alargar cuatro meses más, hasta el 31 de enero del 2022, las ayudas a los ertes covid. Esta ha sido la fecha que los negociadores de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social ha puesto encima de la mesa este martes por la tarde en la segunda reunión para pactar una nueva prórroga. Las actuales condiciones vencen este 30 de septiembre y unos 253.000 trabajadores -50.000 de ellos en Catalunya- siguen afectados, de manera total o parcial, por un expediente de este tipo. La fecha está encima de la mesa, los agentes sociales no se ha opuesto a la misma y ahora la negociación se centra en abordar las condiciones, es decir, cómo se renovarán las ayudas públicas. La próxima reunión será el jueves a las nueve de la mañana.ADVERTISING

La propuesta del Ejecutivo no contempla una prórroga automática y las empresas deberán presentar una solicitud de nuevo expediente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud colectiva de prestación por desempleo para los trabajadores, según han explicado fuentes sindicales. La autoridad laboral competente, en este caso cada departamento de Trabajo de las distintas comunidades autónomas -en Catalunya, el Departament de Treball-, deberá emitir una respuesta en 10 días y si no responde, se considerará la petición como denegada. Desde el Ministerio de Trabajo también están estudiando un paquete de ayudas más garantista para las empresas y trabajadores canarios afectados por las erupciones volcánicas de los últimos días.

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La Seguridad Social ha modificado a la baja su esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas, aunque mantiene las ayudas en caso de cierre obligado por covid. Aquellas compañías que se vean obligadas a cerrar o a detener su actividad por una decisión de la autoridad sanitaria -lo que se conoce como un erte de impedimento– dejarán de pagar el 100% de las cotizaciones de sus trabajadores. En el caso de los ertes por limitación, es decir, aquellos pensados para aforos reducidos, las exoneraciones serán del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 40% para empresas de mayor tamaño. Aquí bajan las ayudas, pues hasta ahora las exoneraciones era de 75% y el 65%, según el tamaño de la plantilla. Por lo que respecta a los ertes para sectores ultraprotegidos, es decir, aquellas ramas de actividad consideradas como especialmente afectados por la crisis covid, se mantienen los mismos CNAEs. Esta es la lista de las actividades que actualmente pueden acogerse a los ‘ertes ultraprotegidos’.

Documento

Ertes – Sectores ultraprotegidosVER PDF

Ayudas ligadas a la formación

Queda una semana para el último Consejo de Ministros ordinario del mes de septiembre y o bien las partes se ponen de acuerdo a lo largo de los próximos siete días o el Gobierno se verá obligado a convocar un cónclave extraordinario donde validar la nueva prórroga. El Ejecutivo ha trasladado este martes su primera propuesta de renovación, después de que en la primera reunión, celebrada la semana pasada, los negociadores de Trabajo Seguridad Social únicamente avanzaron a patronal y sindicatos su intención a modificar el actual esquema de ayudas. Y de ligar a partir de ahora parte de las exoneraciones para las empresas con la obligación de formar a sus trabajadores en erte. Los empleados deberán cursar esas acciones formativas entre el 1 de octubre y el 30 de junio del 2022.Noticias relacionadas

Este último punto inquieta a sindicatos y patronal, ya que deja abierta la incógnita de qué pasaría si una empresa incumple y sus trabajadores no realizan formación alguna. Una consecuencia posible podría ser que la empresa debiera, nueve meses después, retornar las ayudas que ha recibido. Otro fleco por cerrar es la renovación del llamado ‘contador a cero‘, es decir, que las prestaciones de desempleo consumidas por los trabajadores durante estos meses no consuman derecho a prestaciones futuras. La voluntad del Gobierno es renovar esta cuestión y es una de las líneas rojas de los sindicatos.

La actual renovación tiene un espíritu, más velado que manifiesto, de cribar entre aquellas empresas que siguen precisando de un expediente y sus consecuentes ayudas; de aquellas que están ‘apalancadas’ en un expediente y lo mantienen para suavizar mediante recursos públicos el impacto indirecto de la pandemia en sus balances. Es por ello que tras la nueva prórroga las empresas deberán volver a pasar por el SEPE para formalizar un nuevo expediente y que la autoridad pública revise que este se adecúa al nuevo contexto económico. Y los trabajadores afectados deberán volver a realizar los trámites con el servicio público de empleo para renovar sus prestaciones de paro. El sector que más trabajadores continúa teniendo en erte es el servicios y, concretamente la hostelería; hasta el punto de que cuatro de cada 10 empleados en erte trabaja en dicho gremio.

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El Gobierno apremia a ampliar el Puerto de Valencia después del fiasco de El Prat

Las grandes obras están provocando dolores de cabeza a Moncloa. La necesidad de armonizar el desarrollo de las infraestructuras clave con la lucha contra el cambio climático es lo que ha impedido que los planes del Ministerio de Transportes se estén llevando a cabo sin obstáculos. El mejor ejemplo es la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat, que trajo la primera gran crisis para la nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez. Un conflicto con la Generalitat de Cataluña que el Gobierno quiere evitar que se repita en otros proyectos pendientes. Uno de ellos es el remate a la ampliación del Puerto de Valencia, donde falta por construir la nueva terminal que permitirá acoger más tráfico y recibir más contenedores. Lo que ha llevado al Ejecutivo a reclamar que no se paralice el calendario previsto para ello. Como aseguran, cualquier maniobra que detenga los trabajos pondrá en riesgo la capacidad de tráfico del recinto portuario.

Esta advertencia es el principal mensaje de una respuesta parlamentaria remitida al Congreso, que está fechada el 8 de septiembre. Casualmente, el mismo día en el que se anunció oficialmente que se paralizaba la propuesta para extender las pistas del aeródromo catalán. En el documento, al que ha tenido acceso La Información, el Gobierno destaca que los trámites para llevar a cabo la terminal siguen el cauce previsto. Unas naves que se harán sobre la ampliación de la terminal Norte que se finalizó en 2012, y cuyo desarrollo se paralizó por la crisis económica. El plan se reactivó hace unos meses. Lo que abrió una brecha en el Consell valenciano por el rechazo de Podemos a las obras. A lo que hay que sumar las posibles reclamaciones a la Justicia para que lo paralice, abanderadas por el partido morado, Compromís, Esquerra Unida y varias plataformas vecinales y ecologistas.

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Aunque tanto el Ejecutivo como la Autoridad Portuaria de Valencia confirman a esta redacción que las actuaciones para construir siguen su curso, el primero ha querido avisar de las posibles consecuencias si no cuajasen. «De no ejecutarse la nueva terminal, la capacidad del recinto portuario se agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca hasta los diez millones de TEU (la unidad de capacidad del transporte marítimo) en el año 2050«, destaca en el texto remitido a las Cortes. Una afirmación que hacen suya y que sale de un estudio de la de la Confederación de Empresarios de Valencia, la Cámara de Comercio y Propeller. El mismo en el que se apunta a que la terminal generará 6.000 nuevos empleos e incrementará en 600 millones el valor añadido de la Comunidad Valenciana.

Todo el conflicto por esta construcción viene por el posible impacto sobre el medio ambiente y las zonas naturales colindantes al puerto. La preocupación está especialmente en cómo puede afectar a la Albufera de Valencia. Estos riesgos han centrado los argumentos contra la ampliación de administraciones como el Ayuntamiento valenciano o la Conselleria de Emergencia Climática, ambas controladas por Compromís a través de Joan Ribó y Mireia Mollà respectivamente. La consellera fue la que habló más claro hace unos meses, al asegurar que el proyecto entraba en conflicto con la protección que recibe ese entorno natural. Esto motivó que Mollà pidiera la paralización de las obras en una carta al Ministerio de Transición Ecológica. Algo que el Gobierno no ha contemplado, según las fuentes consultadas.

El documento que marca las diferencias de las partes es la declaración de impacto ambiental. La que amparó la ampliación del Puerto de Valencia y la construcción de la terminal Norte se realizó en 2007. Los 14 años que han pasado es lo que motivó que el alcalde Ribó, su partido y Podem pidieran que se hiciera una nueva y se empezara de cero el plan de las obras. Esto fue rechazado tanto por la Autoridad Portuaria valenciana como por Puertos del Estado, que validaron la norma de entonces como la base para dar el paso a la licitación. El Gobierno se abrió a redactar una nueva si era necesario, como destacan desde el Ministerio de Transportes a preguntas de este medio. Pero esto finalmente se descartó, avalando así los informes de la administración que gestiona los puertos del país.

El Prat

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La única salvedad que puso Puertos del Estado al anteproyecto fue la de reclamar que se hicieran más informes ambientales con el paso del tiempo. Una recomendación que salió de los informes correspondientes, en los cuales no participó el departamento de Transición Ecológica de la vicepresidenta Teresa Ribera. En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo recuerda que los responsables de la infraestructura reservaron seis millones para medidas compensatorias. Además, recordaron que ya se han llevado a cabo acciones reparadores del medio ambiente, como la Restauración del sistema dunar de la playa de La Creu de El Saler. Aun así, el proyecto obtuvo todo el aval necesario. La reacción fue el anuncio de acciones judiciales contra el mismo. Las mismas están abanderadas por la Comissiò Ciutat-Port, que agrupa a las asociaciones que ven nociva la construcción.

Más allá de la posible batalla judicial y de la división en el gobierno autonómico que encabeza Ximo Puig, la realidad es que la construcción de la terminal Norte está encauzada. Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia confirman que la licitación se publicará antes de que acabe el 2021. La misma estará valorada en 400 millones de euros. A los que habrá que sumar los más de 1.000 millones que inyectará la naviera MSC, que le permitirá construir y explotar la totalidad de la cuarta terminal de contenedores del recinto. Si esta obra no se lleva a cabo, sus gestores avisan de que habrá problemas para acoger el tráfico de mercancías de los próximos años. Actualmente, el Puerto valenciano gestiona el 40% de las operaciones del tráfico marítimo del país. 

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El Gobierno dice que la marcha neonazi de Chueca se convocó usando un engaño

La Delegación del Gobierno en Madrid va a interponer sanciones administrativas a los convocantes de la manifestación del pasado sábado en el entorno del barrio de Chueca, en la que se profirieron consignas homófobas, por haber «engañado» en el motivo de su marcha ya que comunicaron que lo harían contra la Agenda 2030 y finalmente arremetieron contra el colectivo LGTBI.

Así lo ha anunciado este lunes la delegada, Mercedes González, tras asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum (NEF) con la portavoz del PSOE en la Asamblea, Hana Jalloul, presentada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, donde ha tildado de “lamentable” lo sucedido durante la marcha impulsada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas bajo el lema «Di no a las Agendas 2030-2050». Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la marcha en la que un grupo de manifestantes profirió consignas tales como «fuera sidosos de Madrid» o «fuera maricas de nuestros barrios».

Mercedes González ha mostrado “su más profundo rechazo y repulsa” ante lo vivido y ha trasladado “su más absoluta solidaridad y cariño” al colectivo LGTBI, que últimamente “está muy vilipendiado”. “Siento en el alma que hayan tenido que vivir en sus calles esas imágenes tan absolutamente lamentables”, ha insistido González, quien, no obstante, ha explicado que la Delegación del Gobierno “no autoriza manifestaciones”, sino que simplemente se le comunica las convocatorias que haya, de acuerdo al derecho de manifestación de la Constitución.

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19/9/2021

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Pero -ha continuado- este organismo tampoco «tenía ninguna posibilidad de prohibir la manifestación» porque no había dato alguno que indicará que «iba a acabar como acabó». De cualquier forma, ha reconocido que “desgraciadamente” la Delegación “no puede prohibir manifestaciones por el simple hecho de que no comparta el objeto” porque “prima” el derecho a la manifestación.

También ha señalado que la asociación convocante ya había organizado anteriormente otras marchas, con “muy poca convocatoria, apenas 50 personas”, sin que “nunca se hubiera producido ningún tipo de altercado”, al igual que este sábado “tampoco hubo ninguno durante el recorrido”. Por otro lado, ha respondido a quienes han pedido su dimisión tras estos hechos, apuntando que “entiende que la gente haga política con esto”, aunque ha apostillado que “todos saben perfectamente que la Delegación no puede prohibir manifestaciones por el simple hecho de que no les guste la convocatoria”.

Finalmente ha reprobado que desde Vox hayan acusado al PSOE de estar detrás de esta marcha, y ha pedido a todos los responsables políticos que «ayuden a calmar» la situación, que es “cada vez más peligrosa y cada vez se está echando más leña al fuego”

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Exit, la organización que ayuda a abandonar la ultraderecha

Nada más entrar en su página web, queda claro su objetivo: “Estamos aquí para ayudarte a salir de la extrema derecha. No es fácil, pero te respaldaremos en cada paso del camino”. Se trata de Exit, una organización sin ánimo de lucro, creada en Reino Unido a finales de 2017, y que opera en casi todo el territorio de las islas ofreciendo respaldo y asesoramiento a las personas que quieren abandonar su pertenencia a grupos de extrema derecha.

No obstante, la vertiente británica de Exit nació a partir de un proyecto homónimo alemán que lleva en torno a 20 años ayudando a la gente a salir de bandas neonazis. Incluso en Estados Unidos, donde el racismo es endémico en muchas zonas —sobre todo del sur del país—, existe Life After Hate (vida después del odio), una organización donde exmilitantes del supremacismo blanco ayudan a quienes están dispuestos a dejar los círculos ultras en los que se enrolan.

A pesar del crecimiento de los delitos de odio, y de la entrada de la extrema derecha en las instituciones, en nuestro país no existe ninguna agrupación similar

Julius y Randy
Sanar el odio: exneonazis tratan de salvar a otros del infierno del que salieron

MIQUEL RAMOS7

Exit lo integran antiguos militantes de colectivos de ultraderecha que un día decidieron abandonar el fanatismo y la violencia y, por lo tanto, quien acude a ellos no se encuentra con abogados o fanáticos religiosos, sino con una amplia red compuesta íntegramente por personas que han pasado exactamente por la misma experiencia, y que intentan ayudar aprovechándola y estableciendo conexiones entre las distintas agrupaciones locales de apoyo que están diseminadas por gran parte del territorio británico. Esta red de solidaridad se coordina totalmente en remoto, utilizando tecnologías muy sencillas como las aplicaciones de mensajería para avisar y movilizar a los asociados más cercanos a la zona geográfica desde donde se recibe la alerta.

Exit lo integran antiguos militantes de colectivos de ultraderecha que un día decidieron abandonar el fanatismo y la violencia, quien acude a ellos, encuentra una amplia red compuesta íntegramente por personas que han pasado por la misma experiencia

El primer paso es el más difícil

“Algunas de las personas que han acabado contactándonos estuvieron guardando el número de teléfono durante varios meses antes de decidirse a dar el paso inicial”, explica un integrante de Exit Reino Unido, que prefiere que no se publique su nombre. Reconoce que el mayor temor de quienes acuden a ellos en busca de ayuda es la confidencialidad, por eso desde el primer momento la organización se empeña en remarcar este aspecto: “No somos la policía y no estamos aquí para juzgarte. No corres ningún riesgo al contactarnos y todo lo que digas quedará entre nosotros”, proclaman. También dan la facilidad de ocultar la identidad, y se comprometen a que el usuario reciba una respuesta en las 24 horas posteriores a la toma de contacto, que puede ser telefónica, por correo electrónico, rellenando un formulario disponible en la web, o a través de Facebook.

El funcionamiento es bastante sencillo. El interesado contacta por cualquiera de esas vías y automáticamente recibe una respuesta programada que le agradece su valentía, le dedica palabras de ánimo y le informa de que en las próximas horas alguien del equipo se comunicará con él. El siguiente paso prioriza el encuentro cara a cara, aunque existe la posibilidad de hablar por videollamada. Eso sí, siempre se anteponen las preferencias del usuario, que se sienta lo más cómodo posible. A partir de los encuentros y las charlas, los colaboradores de Exit se hacen una idea más exacta de cómo pueden ayudar y trazan un plan a medio o largo plazo que va desde el apoyo emocional hasta la cooperación para encontrar trabajo, una nueva casa, o para restituir las relaciones rotas con familiares o amigos.

En España, muchos medios de comunicación le entregan constantemente el altavoz a la ultraderecha para que difunda su discurso, imponga su agenda y fije sus marcos

“No somos Antifa”

Exit se esfuerza muchísimo en dejar totalmente claro y explicar con detalle, en todas sus plataformas y vías de contacto, quiénes son y qué hacen. Saben que las personas que se acercan a ellos suelen responder a un perfil bastante concreto, principalmente hombres y jóvenes de áreas económicamente deprimidas, muchas veces con intrahistorias de violencia familiar o de acoso escolar, que en algún momento empezaron a verse seducidos por los discursos simplistas de exaltación del patriotismo y las proclamas antiinmigración y antiglobalización que difunde la extrema derecha. Por eso remarcan constantemente que no están “alineados con ningún movimiento político”, y aclaran su punto de vista: “Creemos que ser patriota es algo bueno y, aunque entendemos tus ideas, la violencia nunca resuelve nada […] Además, ser miembro de ciertos grupos como National Action, Scottish Dawn, o NS131 [los principales colectivos fascistas de Reino Unido] es un acto criminal que podría conducirte a una sentencia de cárcel”.

“No somos Antifa” es otra de las cosas que recalcan. Ellos mismos han sufrido el deterioro que ha provocado en sus vidas la pertenencia a grupos de ultraderecha, pero una cosa es abandonar ese círculo de violencia, aislamiento y rabia, y otra muy distinta dejar de tener ideas conservadoras de la noche a la mañana. “Estamos en contra del racismo, el odio y la división, pero creemos que la única forma de avanzar es sentarse y hablar con la gente sin juzgar”, declaran desde el organismo. “Hemos comprobado una y otra vez que esto funciona, y que incluso el activista de extrema derecha más entusiasta puede convertirse en alguien dedicado a su familia y a su entorno”.

“Algunas de las personas que han acabado contactándonos estuvieron guardando el número de teléfono durante varios meses antes de decidirse a dar el paso inicial”, explica un integrante de Exit Reino Unido

Acerca de su financiación y su supervivencia económica, Exit es “una empresa de interés comunitario, sin embargo hace poco hemos solicitado el estatus de organización benéfica, aunque la resolución de los trámites puede llegar a alargarse”. Comentan que reciben donaciones privadas, y que alguna vez se han beneficiado de subvenciones del Gobierno británico. “La Oficina del Alcalde para la Policía y el Crimen (MOPAC) [algo así como la concejalía de Seguridad] ha financiado hasta dos proyectos en los que hemos impartido formación sobre cómo se puede ayudar a personas con pocos recursos económicos a abandonar clanes de ultraderecha”. Admiten que desde hace un tiempo la financiación pública ha decaído, pero de momento, y mientras continúan solicitando fondos estatales, reciben respaldo económico de Small Steps Consultants Ltd, un organismo similar, que imparte talleres y ejerce pedagogía para concienciar sobre la amenaza de la extrema derecha en la sociedad civil.

El Exit germano, además de las reuniones, las charlas y el apoyo psicológico, llega a ofrecer protección policial para casos en los que el sujeto está amenazado por su antiguo clan. También dispone de un boletín informativo, un podcast y un dossier para los medios de comunicación donde dan recomendaciones para informar sobre violencia y extremismo, para que no se incurra en lo que a menudo buscan los colectivos ultras: que los medios les difundan gratis la propaganda.

“No somos Antifa” es otra de las cosas que recalcan. Ellos mismos han sufrido el deterioro que ha provocado en sus vidas la pertenencia a grupos de ultraderecha, pero una cosa es abandonar ese círculo de violencia, aislamiento y rabia, y otra muy distinta dejar de tener ideas conservadoras de la noche a la mañana

En España no existe nada parecido

No sorprende que la red de apoyo alemana sea tan sofisticada. El pasado mes de mayo el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, confesó que la ultraderecha es la principal amenaza para la seguridad del país. Lo hizo en una rueda de prensa en la que presentó un informe sobre los crímenes de motivación política de toda la nación, que durante el último año han alcanzado el punto más alto desde que se empezó a recoger datos hace dos décadas. Según las cifras de la Oficina Federal de Policía Criminal, durante el 2020 en Alemania se cometieron casi 45.000 delitos de motivación política, y más de 23.500 fueron perpetrados por la extrema derecha (violencia contra minorías raciales, apología del fascismo, incitación al racismo, la xenofobia o el antisemitismo, odio…).

En España los números no son mucho más esperanzadores. Tal y como refleja el Informe de la evolución de los delitos de odio en España, en 2019 la Policía registró casi 2.000 incidentes y delitos de odio en nuestro país, de los que el 35% (más de 1.100) tuvieron motivaciones ideológicas. Justo por detrás se encontraron los relacionados con el racismo y los que más se han disparado desde entonces, los que tienen que ver con la orientación sexual de la víctima.

El pasado mes de mayo, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, confesó que la ultraderecha es la principal amenaza para la seguridad del país

La pandemia, y las restricciones derivadas para controlar la alerta sanitaria provocaron que durante el primer semestre de 2020 todos los delitos cayesen, sin embargo se observa que los de componente racista y xenófobo ya han superado a los vinculados a la ideología, y la tendencia al alza de los motivados por la orientación sexual continúa al alza. Con todo, estos datos son solo la punta del iceberg, ya que diversas oenegés y agencias europeas de derechos humanos apuntan a que únicamente el 7% de los delitos de odio acaba denunciándose en comisaría.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) indica que, en los últimos cinco años, los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+ han crecido más de un 30%, pero sobre todo pone el acento en la cuestión cualitativa (el aumento de la “virulencia” de las agresiones) más que en la cuantitativa (el número total de casos, que también ha subido). En la memoria colectiva se encuentra el asesinato de Samuel, el joven coruñés al que sus agresores apalearon hasta matarlo mientras le gritaban “maricón”.

No obstante, y a pesar del ascenso y recrudecimiento de los delitos de odio, en España no existe ninguna organización que desempeñe una labor social similar a la que lleva a cabo Exit. Desde la sede británica aseguran que les llegan “peticiones de ayuda y asesoramiento de países como Francia, Australia o Rumanía”. Son conscientes de “que hay una necesidad creciente [de este tipo de iniciativas] en muchos países” donde la extrema derecha está en pleno auge, y admiten que estarían encantados “de apoyar a España” si fuese necesario.

Sobre la ausencia de una iniciativa similar a Exit en nuestro país, la abogada Nora Rodríguez señala que “el enorme vacío institucional, tanto a nivel policial, como judicial, o de Gobierno, pero también en seguimiento o asesoramiento es una de las carencias a la hora de afrontar este problema”. Destaca que tampoco existe estructura alguna “a nivel colegio o instituto, los profesores no tienen herramientas”, y puntualiza que “hasta hace muy poco ni siquiera se hablaba de los grupos neonazis, más allá de algún reportaje esporádico en televisión”.

Rodríguez señala que, muchas veces, los jóvenes que se unen a bandas neonazis “ni siquiera lo hacen por una cuestión ideológica”, sino que detrás suele haber otras razones como la búsqueda de sentirse aceptados dentro de un grupo, sobre todo si la persona ha sufrido acoso o algún tipo de exclusión. También indica que, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, donde los grupos ultras son el atractivo de muchos chavales de clase obrera, en España la tónica general es la de jóvenes de familias sin problemas económicos: “A veces se mira hacia la precariedad y el malestar para justificar que se unan a estos grupos, pero no creo que eso sea el principal motivo”.

Hace unos meses, la Fundación Rosa Luxemburgo publicó el informe De los neocón a los neonazis, donde analiza la cosmogonía de la extrema derecha española y vertebra un mapa donde se pone en contexto el surgimiento, la evolución, las conexiones y el alcance de estos grupos durante las últimas décadas en nuestro país, desde la muerte del dictador hasta el actual gobierno de coalición, pasando por la soflama reaccionaria durante los gobiernos de Zapatero (2004-2011) contra leyes sociales como el matrimonio igualitario o el aborto. Una de las cosas que hay que tener clara es la distinción entre la extrema derecha que se encuentra fuera del sistema, es decir, las pequeñas bandas, grupos o siglas que jamás han tenido representación política, y que se organizan por su cuenta y a un nivel más local (como los ultras ligados a equipos de fútbol o las entidades como Hogar Social o Bastión Frontal), y la extrema derecha que está insertada dentro del sistema, ya sea en forma de asociaciones o fundaciones que en algunos casos llegan a percibir subvenciones públicas, o directamente como partidos políticos que participan en el juego democrático (Vox o la fundación Franco, por ejemplo).

La irrupción de Vox en la política nacional ha provocado que muchos de esos grupúsculos ultras que pululaban por la esfera civil hayan quedado automáticamente integrados en el paraguas ideológico del partido, cuyo crecimiento comenzó en 2018, en las elecciones al Parlamento de Andalucía

Precisamente la irrupción de Vox en la política nacional ha provocado que muchos de esos grupúsculos ultras que pululaban por la esfera civil hayan quedado automáticamente integrados en el paraguas ideológico del partido, cuyo crecimiento comenzó en 2018, en las elecciones al Parlamento de Andalucía que dejaron al PSOE sin gobernar la autonomía por primera vez en democracia. Tras esos comicios, los votos de Vox fueron fundamentales para que el PP accediera a la Presidencia de la región y, a partir de ahí, la formación de extrema derecha ha ido aglutinando un suelo electoral cada vez mayor, hasta que en las generales de 2019 entró por primera vez en el Congreso de los Diputados como tercera fuerza política con 52 escaños y casi cuatro millones de votos. Algo inédito en nuestra historia democrática más reciente.

Entre la información y la propaganda

Aunque ha resurgido con la llegada de Vox a la política nacional, el debate sobre cómo deben tratar los medios de comunicación a la ultraderecha no es nuevo, y en él surgen varias preguntas: ¿Cómo debe ser tratada la extrema derecha en los medios? ¿Hay que censurarla? ¿Es ético difundir sus mensajes de odio? ¿Dónde se encuentra la línea entre información y propaganda?

A veces, la línea entre información y propaganda es muy fina. Es habitual que Vox genere polémica con un tuit, o con un cartel electoral donde carga sin tapujos contra el feminismo o señala a los inmigrantes, y la inmensa mayoría de los medios lo difundan como noticia. También es normal que, indignada, muchísima gente lo comparta en sus redes sociales, aunque sea para criticarlo. Sin embargo, lo que se consigue es muy simple: el mensaje, que además casi siempre es falso, se difunde de forma masiva y acaba llegándole a millones de personas.

Desde Al Descubierto, una web especializada en el análisis de los movimientos políticos y sociales relacionados con la extrema derecha, inciden en esta idea. Afirman que “no hay que censurar nada, porque no se trata tanto de la información que revelas, sino de cómo la cuentas […] Tienes que hablar de ellos, porque suponen un gran peligro, pero no hay que cederles el espacio”. El colectivo recuerda, además, que “en el caso de Vox, que es tercera fuerza y está en todas partes, es importante hablar de ellos desde tus propios marcos de debate, no desde los marcos que te impone el propio partido u otros medios de comunicación […] Es muy importante llamarles también por su nombre y no presentar sus ideas como aceptables o equiparables a otros partidos u organizaciones”.

En unas charlas para mèdia.cat (publicadas también en La Marea), a principios de 2021, los periodistas Miquel Ramos y Jordi Borràs comentaron algunas ideas acerca de cómo informar sobre la ultraderecha. En uno de los puntos reflexionan precisamente sobre esto, y aseguran que hay que diferenciar entre ponerles “un micrófono a sus representantes, y que ellos digan lo que les dé la gana, y hablar de lo que tú quieres con respecto a ellos”, pero sin facilitarles una plataforma mediática que siempre van a utilizar para colar su mensaje e imponer su agenda. “No hay que dejar que el altavoz lo tengan ellos, y el problema es que últimamente todo el mundo se lo da […] En España a la extrema derecha siempre se la ha blanqueado más de la cuenta”, sentencian en Al Descubierto.

Uno de los términos que más se repiten últimamente, sobre todo en las redes sociales, es el de batalla cultural. Es innegable que la extrema derecha, institucionalizada en las siglas de Vox, está intentando socavar las conquistas sociales mediante un lenguaje cargado de odio y confrontación. “Hasta hace poco no era nada habitual escuchar discursos racistas, machistas, etc, de forma tan descarada”, asegura Ramos, que además insiste en que a los grandes grupos empresariales y mediáticos —a los que pertenecen la mayoría de medios de comunicación de nuestro país— “les interesa esta caricaturización de los extremos, porque lo que defienden este tipo de organizaciones les es inofensivo: las empresas del Ibex no tienen ningún problema con el programa económico de Vox. Defienden sus intereses, es una cuestión de clase que la clase alta defienda a sus perros de presa”.

Actualmente, la mayoría de los medios de comunicación en España está bajo el manto de grandes grupos de comunicación que conforman poderosos oligopolios, lo que merma la pluralidad de las líneas editoriales. En los últimos años también se ha convertido en algo corriente ver en los espacios de infoentretenimiento que se emiten en prime time (horario de máxima audiencia) a tertulianos, algunos de ellos directores o consejeros de periódicos, radios o diarios digitales, divulgar las tesis de la extrema derecha.

Al Descubierto manifiesta que “Vox ha tenido una enorme facilidad para ser escuchado precisamente porque ha sido tratado como una opción política más por parte de las televisiones y los principales periódicos, salvo contadas excepciones”. Desde su punto de vista, las nuevas formas de hacer periodismo, donde la inmediatez y la visibilidad suelen imponerse a la profundidad y el rigor, también favorece que el discurso de los ultras se disperse con mucha más facilidad: “La dinámica actual de buscar el clickbait [titulares sensacionalistas que buscan que los usuarios cliquen masivamente en la noticia] está provocando que el discurso de la extrema derecha se difunda de una manera nunca antes vista”.

Para intentar cribar la información de entre la propaganda, el colectivo pone el acento en la urgencia de crear “una estrategia comunicativa que permita vencer eso de forma eficaz. Hay que combatir los bulos, derribar sus marcos […] firmar un pacto ético entre medios de comunicación para no cederles los espacios, tampoco en las redes, y así tratar de que no se cuele en ellos su agenda”.

La Justicia no ve delitos de terrorismo

Campañas como la que criminalizaba a los menores extranjeros no acompañados en el Metro de Madrid, o las que señalan directamente al movimiento feminista, crean un caldo de cultivo de crispación y violencia en parte de la sociedad civil que, en muchas ocasiones se refleja en la comisión de delitos de odio o de apología del fascismo. Partidos como Vox “contribuyen a que crezca ese clima de discriminación cuando señalan a colectivos como los homosexuales o los inmigrantes. Ese discurso de odio provoca que aumenten las agresiones”, asegura la abogada, que también relaciona la difusión mediática de las ideas de la extrema derecha con el crecimiento de las agresiones y los delitos de odio: “Si hay un discurso racista y homófobo constantemente amplificado en la televisión, si viralizas y difundes un mensaje de que los menores no acompañados delinquen y son peligrosos, esto siempre acaba en agresiones […] Y ahora prácticamente estamos viendo racismo abierto en prime time las 24 horas”.

En muchos casos esos ataques y actos violentos suponen la destrucción directa de bienes materiales o la agresión severa a una persona, pero desde el punto de vista penal este tipo de acciones, y los grupos ultras que las cometen, nunca son juzgados por cargos de terrorismo. Por el contrario, la justicia únicamente suele quedarse en la acusación por tenencia de armas, la asociación ilícita o la organización criminal como argumentos jurídicos para actuar contra ellos.

“No se trata como terrorismo, aunque es lo que hacen estos grupos”, remarca Rodríguez, y lamenta la lentitud del sistema judicial

“No se trata como terrorismo, aunque es lo que hacen estos grupos”, remarca Rodríguez, y lamenta la lentitud del sistema judicial, que provoca que transcurra mucho tiempo desde que se comete el delito y se realiza la detención hasta que se dicta la sentencia: “Vemos detenciones, pero luego cuando llega el proceso judicial, mucho después, no hay condenas por terrorismo […] Y la tipificación existe, pero se aplica mal, y cuando se aplica no se juzga, sin embargo hay gente juzgada por terrorismo que solo ha hecho una pintada en la pared”.

Tal y como detalla el documento de la Fundación Rosa Luxemburgo, desde principios de la década de los 2000 se han desarticulado en España varios grupos neonazis y realizado múltiples detenciones que, en muchos casos, han terminado con penas de cárcel. Sin embargo, y a pesar de que alguno de los procesados llegó a estar en posesión de explosivos, jamás se le atribuyeron cargos de terrorismo.Archivado en: Fascismo

elsaltodiario.com/

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Pedro Sánchez suspende su viaje a Nueva York y se desplazará a La Palma tras la erupción del volcán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja ya rumbo a Canarias para conocer sobre el terreno la situación provocada por la erupción volcánica, según han informado fuentes de Moncloa, lo cual le ha obligado a «aplazar» el viaje previsto esta semana EEUU para la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente pretende seguir desde el terreno la evolución de los acontecimientos, como ha informado con dramatismo él mismo en las redes.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=KettyGarat&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd192ZGxfY2hpcnBfMTI3OTQiOnsiYnVja2V0IjoiY29udHJvbCIsInZlcnNpb24iOjN9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1439617885626847240&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.libertaddigital.com%2Fcanarias%2F2021-09-19%2Fpedro-sanchez-suspende-su-viaje-a-nueva-york-y-se-desplaza-a-la-palma-tras-la-erupcion-volcanica-6819361%2F&sessionId=0c9ce2544276f92da8ce2e16850674420f1c9cf0&siteScreenName=libertaddigital&theme=light&widgetsVersion=1890d59c%3A1627936082797&width=550px

Es el segundo viaje que ha tenido que suspender Pedro Sánchez en menos de un mes, después de que a finales de agosto se viera obligado a cancelar la gira africana por la crisis de Afganistán y las labores de evacuación de los colaboradores afganos de España y EEUU, en las que España se erigió en ‘hub europeo’. La cancelación ha sorprendido a buena parte de los periodistas españoles que siguen al presidente ya en Nueva York, esperando la llegada del jefe del Ejecutivo español. La anterior suspensión se produjo apenas 24 horas antes de emprender el vuelo rumbo a Egipto y Kenia los días 23 a 27 de agosto.

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En esta ocasión, también esperaba en Nueva York una parte de la delegación española que ejerce de ‘avanzadilla’ en los viajes presidenciales en la preparación de encuentros de carácter económico al margen de la cita anual en la sede de la ONU.

El espacio aéreo de La Palma sigue abierto, aunque Enaire ha recomendado a las aerolíneas no operar de momento vuelos a la isla. La erupción comenzó sobre las 15:15 en el entorno de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso, dentro del complejo de la Cumbre Vieja.

libertadigital

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