Zapatero espera que el PSOE «vaya mejorando en la cultura de primarias»

El premio Pura Tomás de la AMSO, un galardón destinado a reconocer aportaciones en materia de igualdad, le fue concedido a José Luis Rodríguez Zapatero en 2016, pero no fue hasta dos años después cuando pudo acudir a recogerlo en mano. En esos dos años la situación del partido ha sufrido muchos vaivenes que no han terminado de asentarse, por eso, y porque la situación interna de la FSA se encuentra en vísperas de una nueva contienda con las primarias para la elección al candidato a la presidencia del Principado, a la hora de recibirle en la agrupación de Oviedo, el secretario general del partido en Asturias, Adrián Barbón, le agradeció «lo que estás haciendo por la unidad del partido, porque hay un momento para decidir y otro para remar juntos». Barbón también recordó el papel que jugó Pura Tomás en la Transición para convencer a dirigentes socialistas en el exilio para que «votaran por el cambio» que dio el control del PSOE a Felipe González.

Hubo un tiempo en que en los mítines y actos públicos del PSOE no se reivindicaba a Zapatero precisamente; en plena crisis y poco después de que terminara su mandato, fueron pocos dirigentes socialistas los que hicieron valer su legado por la cercanía de la debacle económica. De los pocos que lo hicieron, uno de ellos fue el exalcalde de Oviedo, Antonio Masip (presente en el acto) y a quien Zapatero reconoció como «de los más hooligans míos, completamente inasequible que me defendió en las cosas más indefendibles», señaló en tono jocoso. Pero la herencia destacada de Zapatero, y por la que se le reconoció en el premio de la AMSO, fueron sus políticas y leyes a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, la ley de Dependencia y el matrimonio homosexual. Barbón le definió como «el presidente de la igualdad» y añadió que «siempre tendrás las puertas de la FSA abiertas porque estamos orgullosos de tu trabajo».

En su intervención, Zapatero indicó que el PSOE se apasionaba en sus debates internos y más si había un proceso de primarias, «es normal» y apeló al «deber de la unidad del partido» y que las primarias «sean un ejemplo, porque llevamos pocas e iremos mejorando en su cultura, más que en las normas».

El expresidente reivindicó los días en los que se aprobó el matrimonio gay, y que le hicieron descubrir «cuántos obispos había, cuando los vimos manifestarse». Esas medidas, junto a la ley de plazos de la interrupción voluntaria del embarazo, le llevaron a destacar que «España es el país más feminista de los países desarrollados» y también «el más tolerante para que cada cual ame a quien quiera y viva con quien quiera». Todo ello tiene que ver, según destacó, con unas políticas progresistas «y porque defendimos esas causas con total convicción y sin pedir disculpas ni poner excusas».

En este sentido, Zapatero reclamó de cara a las nuevas elecciones el partido asuma la misma disposición «y sepamos conectar con las aspiraciones de la sociedad, que no son las mismas que en 2004 ni en 1982». Añadió que hay «un renacimiento de la memoria histórica» y que su partido puede reivindicar ambas «porque no tenemos problema ni con la memoria ni con la historia». También destacó su deseo de que se revaliden los mandatos socialistas tanto en la alcaldía de Oviedo para hacer la capital una ciudad «abierta, dinámica y cultural», como en el Principado para que sirvan de precedente «para afrontar el máximo deber que tenemos, que es ganar después las generales»

lavozdeasturias

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El vigilante de Cifuentes: “Vi que cogía dos botes, los metía en el bolso y salía”

Cristina Cifuentes ha renunciado a su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid tras un mes negro. Primero el master de la URJC que supuestamente no realizó y este miércoles la gota que colmó el vaso con un vídeo en el que presuntamente se la ve robando en un Eroski en 2011.

Cifuentes ha asegurado que cogió las cremas Olay “por error” y que luego “abonó el importe” de las mismas pero el vigilante que detectó el supuesto hurto tiene otra explicación.

En declaraciones al programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, el integrante de la seguridad del supermercado señala lo siguiente: “Yo estaba en monitores, y vi a una señora rubia con vestido azul que sacaba dos botes, los metía en su bolso y salía”.

Instantes después fue en busca de esa clienta de la que desconocía por completo su identidad: “Yo la traté como a otras clientas”.

En un primer momento, Cifuentes negó el robo: “Negó el hecho y después dijo que lo iba a pagar, pero no tenía nada suelto”, afirma.

Intervino la policía

Cristina Cifuentes estuvo 45 minutos retenida. El vigilante le dijo que todo estaba grabado y que la podían denunciar. La policía intervino y la expresidenta de la Comunidad de Madrid quedó libre ya que la policía explicó que si la clienta pagaba “no se podía denunciar”.

“Alguien se quedó con las grabación porque en 15 días se borraban las cintas”, ha finalizado el vigilante en su intervención.

La ley obliga a borrar las imágenes de seguridad en un mes

La legislación actual determina que las imágenes grabadas por los equipos de seguridad de instituciones y locales como centros comerciales sean borradas en el plazo máximo de un mes salvo que se advierta un delito, lo que es comunicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o las requieran éstas o un juzgado.

Varios expertos del sector de la seguridad privada han explicado a Efe la normativa referida a este ámbito, tras la difusión hoy de un vídeo en el que se ve a la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en un cuarto de seguridad dando cuenta de un presunto robo de cremas en un centro comercial en 2011.

Cifuentes ha explicado, en la rueda de prensa en la que ha anunciado su dimisión, que no fue un robo sino de un “error” que subsanó al ser advertida por los vigilantes y tras el que pagó las cremas.

Los expertos explican que, si esto es así, no hay delito y la grabación se debería haber borrado en el plazo legal.

Son la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Protección de Datos las que determinan que las grabaciones de seguridad deben ser eliminadas en el plazo máximo de un mes, salvo que el equipo de seguridad vea delito o incidencia, momento en el que debe comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

También se conservan si son requeridas policial o judicialmente, hasta que los agentes las recojan, según las fuentes.

Las imágenes se graban en discos duros que normalmente tienen capacidad para varios días y, si no hay incidentes, cuando se acaba esa capacidad se graba encima, sobre las imágenes antiguas.

Solo el vigilante que ve las cámaras, el jefe de seguridad y el dueño del local pueden tener acceso a las imágenes, que deben ser custodiadas sin que nadie más acceda a ellas y por supuesto sin grabarlas ni difundirlas.

La ley prevé multas e incluso la inhabilitación del vigilante de seguridad que incumpla esta obligación de confidencialidad.

Las fuentes coinciden en que, si Cifuentes abonó las cremas en aquel momento, lo normal es que no haya denuncia y por tanto las imágenes difundidas hoy deberían haber sido borradas entonces, y por supuesto no difundidas.

Otras fuentes precisan a Efe que, al abonarse lo supuestamente sustraído y no haber denuncia por parte del supermercado, las imágenes no llegaron entonces a la Policía, y muestran su extrañeza por el hecho de que sigan en circulación siete años después.

Fuentes de Eroski han señalado a Efe que la empresa no dispone de documentación alguna sobre el incidente, ya que el supermercado próximo a la Asamblea de Madrid en el que supuestamente sucedieron los hechos fue traspasado a otro operador en octubre de ese mismo año.

Por otra parte, las mismas fuentes han asegurado que Eroski siempre ha cumplido estrictamente el protocolo legal por el que ese tipo de imágenes de seguridad deben destruirse al poco tiempo de su grabación.

lainformacion

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La teoría de la conspiración contra Cifuentes

Cristina Cifuentes se asomó al precipicio el día en que salió a la luz su polémico Máster en la Universidad Rey Juan Carlos. A medida que se conocieron sus ausencias en clase, las firmas falsas de confirmación y la desaparición del Trabajo de Fin de Máster en el campus de Getafe algunos en su propio partido se frotaron las manos aunque fue un profesor universitario afiliado al PSOE quien reconoció haber encendido la mecha. Antes de conocerse el vídeo del presunto robo en un supermercado de Madrid ya le habían lanzado el pasado mes de mayo una acusación por el supuesto trato de favor en los contratos de la cafetería en la Asamblea de Madrid, por los que sería exculpada.

No era un secreto que contaba con varios ojos y ansias de revancha entre sus compañeros populares, pero Mariano Rajoy quiso zanjar el asunto con su habitual camino y la política fue arropada de manera especial por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en la Convención Nacional de Sevilla, esa en la que durante un tiempo su nombre había desaparecido de los asistentes. En la capital andaluza no coincidió con Esperanza Aguirre, su principal rival regional durante años de ‘fuego amigo’

Aquel acto de representación de apoyo colectivo escondía unas rencillas que el equipo de Cifuentes señala y que dentro de la política madrileña se conocían. Su relación con Esperanza Aguirre siempre fue tirante desde que Cifuentes fue delegada del Gobierno en Madrid, pero todo se enquistó cuando con su política de ‘tolerancia cero’ con la corrupción señaló de manera indirecta a los miembros de su partido y colocó a su predecesora en la Fiscalía por la gestión económica de la ruinosa Campus de la Justicia. Hace 15 días, la propia Aguirre sacó a colación los problemas de su sucesora tras el asunto del Máster. «¿Cree que Cifuentes debe dimitir?», se preguntó en voz alta antes de reírse a carcajadas y evitar la respuesta con el argumento de que tenía que ver con el objeto de la comisión de aquel día en la Convención Nacional de Sevilla.

Por su parte, Ignacio González, mano derecha de la antigua presidenta madrileña, también se cruzó en su camino antes de entrar en prisión. La trama es todavía más complicada. Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica, aseguró que ambos desarrollaron una «mantenían un relación sentimental conocida por todos» que habría desembocado en favores políticos. «A mí me da igual lo que diga Granados. Ese presunto delincuente está intentando librarse de la cárcel como sea», se defendió Cifuentes sobre la relación extramatriomonial.

Lo cierto es con su persecución de la corrupción situó a González al borde de su propio precicipicio son sus denuncias sobre las irregularidades del Canal de Isabel II. El enfrentamiento nació en 2013, cuando ambos aspiraban a ser candidatos a la Comunidad de Madrid -Cifuentes era delegada de Gobierno y González vivía de la mano de Aguirre-. El político terminó apartado de la política por la ‘operación Púnica’, las irregularidades con un ático en Estepona y unas relaciones de favor con responsables de la Policía Nacional. Entonces, la política fue informada por un antiguo agentes de que se había preparado un dossier con posibles debilidades para atacar su ascenso -cleptomanía, infidelidades y hasta ‘vudú’ a sus rivales-, según desveló ‘El Español’.

El último candidato para las filtraciones es el propio Francisco Granados, enemigo público de Cifuentes desde la cárcel. En el juicio de la ‘trama Púnica’, señaló a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid en la financiación ilegal del PP durante la campaña electoral del año 2007. Según el presunto cabecilla de la trama, la política ayudó desde su puesto como secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid desde 2004 hasta el 2008 y en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 fue además la responsable de dirigentes y movilización del Comité de campaña electoral del PP de Madrid.

diariosur.es

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Cristina Cifuentes presenta su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acaba de presentar su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid  tras divulgarse esta mañana unas imágenes en las que se la ve retenida por un vigilante de seguridad tras, supuestamente, haber sustraído dos botes de crema en un supermercado madrileño en en mayo del año 2011. En ese momento era diputada y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Una nueva revelación que daña aún más la imagen de la presidenta madrileña, inmersa también en el escándalo del máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

En una rueda de prensa convocada de forma urgente, Cristina Cifuentes acaba de presentar su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y ha denunciado una campaña de «acoso y derribo» contra su persona.

«Unas informaciones en las que dan un paso en una campaña de acoso y derribo, que dejó de ser política, para convertirse en personal, se ha traspasado una línea roja, se ha llegado más allá de la política. Es una ataque personal», ha dicho.

«Es una grabación del año 2011 que ya se conocía, que yo fui espiada, investigada desde hace años y este vídeo que obedece a un error involuntario, me llevé por error las cremas, me lo dijeron a la salida, las aboné en el momento y esa grabación se ha utilizado más allá de lo político», ha explicado sobre el vídeo que ha salido a la luz esta mañana.

«Ya se me intentó extorsionar con ese mismo vídeo hace años. Lo puse en conocimiento de la Policía Nacional en ese momento», destacó también.

«En esta cuestión se han traspasado todas las líneas rojas, he cometido errores, pero toda mi vida se pone en tela de juicio con un interés determinado, acabar con el adversario político y también destruir a la persona», ha señalado.

Ha dicho que es «parte del precio que hay que pagar» por, dice, luchar contra la corrupción en la comunidad de Madrid.

Acusan a Cifuentes de robar cremas en un supermercado

Esta mañana, a dos semanas de que expirara el plazo para que se celebre el Pleno de la moción de censura contra Cristina Cifuentes presentada por el PSOE tras destaparse el caso de su máster presuntamente fraudulento, una nueva revelación periodística dañaba aún más la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El periódico Okdiario ha publicado un vídeo -que acreditan del año 2011- en el que se ve a Cifuentes, que en ese momento era diputada madrileña y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, retenida por un vigilante de seguridad tras, supuestamente, haber sustraído dos botes de crema anti-edad en la sección de perfumería de un hipermercado del Puente de Vallecas cercano a la propia cámara madrileña. Según el diario, ambos artículos serían de la marca Olay. Su precio rondaría los 40 euros.

De acuerdo a la información, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid sustrajo los productos de uno de los lineales y fue descubierta por una dependienta,

En la grabación publicada por Okdiario se ve a Cifuentes en una sala anexa junto a un vigilante de seguridad que, supuestamente, le pide que abra y vacíe su bolso y le reclama los productos cosméticos escamoteados.

Los vigilantes, que no identificaron a Cristina Cifuentes como número dos de la Asamblea de Madrid, le reclamaron la mercancía, pero ella, que en un momento de la grabación los saca del bolso y se los muestra al personal de seguridad, argumentó que eran de su propiedad y ya los llevaba en el bolso cuando entró al establecimiento.  

Fue en este punto cuando el vigilante habría llamado a la policía, ante la negativa de Cristina Cifuentes de abonar los frascos de crema. Siempre según Okdiario, dos agentes de paisano de la Comisaría de Puente de Vallecas se personaron en el lugar y sí la reconocieron. Fue en ese momento cuando ella abonó los productos y abandonó el establecimiento por una puerta trasera.

La actual presidenta madrileña habría estado bajo custodia del vigilante de seguridad del establecimiento 45 minutos hasta que allí se desplazaron dos agentes de la Policía Nacional.

El hurto se habría producido el 4 de mayo del 2011, dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones autonómicas

Situación «insostenible»

Tras la revelación de este vídeo, el PP ya consideró como «insostenible» la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, después del vídeo que se ha publicado hoy que muestra imágenes de la dirigente popular tras haber sido sorprendida supuestamente robando en un supermercado. Fuentes de la dirección nacional han calificado así la situación, que incluso algún dirigente consultado ha elevado a «bochornosa».

El primer dirigente del PP en pronunciarse públicamente ha sido el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, que ha dicho que Cifuentes debe dar explicaciones sobre ese vídeo porque «las imágenes son las que son».

«Tendrá que salir y explicar lo que crea oportuno, las imágenes son las que son y el relato, sinceramente, me parece una cutrez», ha subrayado en una entrevista en los Desayunos de TVE.

lavozdegalicia

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Los mejores memes sobre el robo de Cifuentes en el Eroski

Que la política española se ha convertido en un circo es una realidad que ya todos hemos asumido. La última en protagonizar un número es Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid sumergida en el escándalo de su presunto máster cuyo título habría obtenido de forma fraudulenta.

Negándolo todo y aferrándose a su cargo, la madrileña suma una nueva polémica. Esta vez por un presunto robo que habría cometido en un supermercado de Vallecas en 2011, cuando era número 2 de la Asamblea de Madrid. Según ha publicado OKDiario, la presidenta habría sustraídos dos cremas Olay escondiéndolas en su bolso.

Memes e ingenio

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales han tirado de ingenio para sacarle punta al esperpértico caso de Cifuentes. Con mucho sarcasmo e ironía, los memes han ocupado la actualidad para hacer más llevadera una política que cada vez resulta más ridícula

 

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Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, detenido por presunto fraude a la Seguridad Social

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas (equipo descendido el pasado fin de semana a Segunda División) ha sido detenido esta mañana en el aeropuerto de Gran Canaria apenas ha aterrizado su avión privado. Ramírez estaba de viaje de negocios en Miami. Ayer no compareció ante el juez que instruye uno de los casos que tiene abierto por presunto fraude a la Seguridad Social. Por ello, el magistrado dictó orden de búsqueda y captura. Pese a que su abogado recurrió esta orden, Ramírez ha sido detenido, informa el diario local La Provincia.

Esta noche, Ramírez había informado de que se pondría a disposición de las autoridades apenas llegara a España. “La noticia me la comunicaron el viernes. Tenía que declarar el jueves y mis abogados entendían que no tenía que ir porque había recurrido la querella. El jueves se presentaron ellos ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta y ponerme a su disposición, pero algo no habremos hecho bien o ha habido un malentendido porque su señoría no se lo ha tomado bien y creo oportuno poner una orden de captura, pero no soy ningún prófugo, soy muy respetuoso con la justicia”, ha afirmado en la Cadena Ser.

Ramírez aseveró que tenía claro que “cuando aterrice” en Madrid para coger un vuelo a Las Palmas se irá directamente a la policía. “Voy a ir a su encuentro. Sé cómo funciona muy bien esto y voy ponerme a disposición de la autoridad. No voy a ponerme un gorro y unas gafas para esconderme”, insistió. Finalmente Ramírez fue detenido en Gran Canaria, no en Madrid.

Dos causas abiertas

En estos momentos Miguel Ángel Ramírez tiene dos causas abiertas por posible fraude a la Seguridad Social. Ésta por la que ahora ha sido detenido lo investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas y trata de esclarecer si Ramírez pagó a sus trabajadores (posee una empresa de seguridad) por debajo de lo estipulado en el onvenio colectivo de la vigilancia y seguridad privada.

La otra causa la investiga el Juzgado de Instrucción número 8. Este caso pretende aclarar si Ramírez abonó de forma sistemática a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria sus horas extras como si fueran dietas, un pago éste que está exento de tributación

eleconomista.es

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Las luchas por el poder en política, en la nueva serie “Secretos de Estado”

La serie “Secretos de Estado” (Telecinco), cuyo rodaje concluirá en mayo en Madrid, mostrará la política “como nunca antes en la ficción”, a través de luchas por el poder con deslealtades personales y profesionales que se destapan tras un intento de magnicidio.

Así lo ha asegurado hoy durante su presentación el actor Jesús Castro, que interpreta al jefe de Seguridad del presidente Alberto Guzmán (Emmanuel Esparza), acorralado por enemigos internos y externos cuando se descubre que es infiel a su mujer, Ana Chantelle (Miryam Gallego) y se genera un huracán mediático y político que amenaza la estabilidad del Gobierno.

Este “thriller” político con tintes de drama romántico arranca con la tentativa de magnicidio al presidente Guzmán, personaje que Emmanuel Esparza ha preparado inspirándose en John F. Kennedy y Adolfo Suárez.

Aunque el actor no cree que existan similitudes entre “Secretos de Estado” y la situación política española: “Fracasaríamos si quisiéramos obligar a la gente a estar atenta a una serie que le cuenta lo mismo que el panorama político actual”.

En Hillary Clinton ha buscado reflejarse Myriam Gallego para ponerse en la piel de la primera dama Ana Chantelle, una mujer “con aspiraciones políticas” que no desaprovechará la ocasión al ver a su marido envuelto en un escándalo por su relación extramarital con su jefa de prensa, Michelle Calvó (Paula Campillo).

“He visto ‘House of Cards’ para documentarme pero no me dieron directrices para inspirarme en ella”, ha contado Gallego, para quien esta ficción “habla sobre el poder, la ambición y las cloacas de la política”.

José Luis García Pérez encarna a Gutiérrez Casas, expresidente del Ejecutivo y mentor de Guzmán, papel para el que se ha remitido a obras de Shakespeare porque “ningún político actual está a la altura” de su personaje, verdadero líder en la sombra y organizador de conspiraciones.

“Mi personaje sabe manejar muy bien todo lo que ocurre”, ha manifestado García Pérez, para quien la serie refleja “cómo influye el poder en nuestras vidas” y versa “sobre los políticos y no sobre política”.

La “erótica del poder” es otro elemento en las tramas de esta serie, ha apostillado la actriz Paula Campillo, para quien resulta satisfactorio trabajar en un proyecto “que cuenta la historia de mujeres fuertes sin tapujos”.

Todos los protagonistas han recalcado que “Secretos de Estado”, dirigida por Frank Ariza (“Perdóname Señor”) no pretende plasmar “ninguna realidad actual” y va “más allá de la política para centrarse en las vidas de los protagonistas”.

Aún sin fecha de estreno, la serie está producida por Telecinco en colaboración con Melodía Producciones y se rueda en localizaciones naturales y urbanas de Madrid y alrededores, de forma que el Palacio Villalís de la urbanización La Moraleja se convierte en la residencia del jefe del Gobierno, mientras que la Real Academia de Farmacia y el antiguo hospital de la calle Maudes serán espacios del Palacio de la Moncloa.

lainformacion

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Repsol y Macquaire se hacen de oro con el megacontrato de combustible del Ejército

Las Fuerzas Armadas ya tienen gasolina, gasoil y queroseno de sobra para los próximos dos años. El Ministerio de Defensa acaba de cerrar la adjudicación del ‘megacontrato’ de suministro de combustible y las agraciadas han sido cuatro grandes compañías: las petroleras Repsol y Cepsa; el fondo de inversión australiano Macquaire Bank Limited, que gestiona el negocio de E.ON en España, y la compañía nacional de petroleo de los Emiratos Árabes Unidos, Enoc. Se trata de uno de los mayores contratos plurianuales del departamento que ahora dirige María Dolores de Cospedal.

En este contrato se incluyen los tres tipos de combustible que utilizan los vehículos (de uso común), naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas. Así, según la resolución de Defensa tomada el pasado viernes 20 de abril, Repsol será la encargada de suministrar el gasóleo de calefacción de las instalaciones militares, las gasolinas y gasóleos de los vehículos en Península y Baleares, así como el combustible de los mismos en Canarias.

La compañía presidida por Antonio Brufau también servirá el producto a los centros logísticos del Ejército, a los buques militares de uso marítimo que se encuentran en puertos civiles y hará llegar la gasolina de aviación a las bases aéreas y a los aeropuertos civiles donde se encuentren aeronaves militares. Por último, Repsol suministrará el queroseno para las turbinas de tipo A-1 en aeropuertos civiles. En total, son siete lotes para la multinacional española.

Cepsa, por su parte, se ha quedado con cuatro lotes: los correspondientes al combustible destinado a Ceuta, a Melilla, a las bases canarias de Gando y Lanzarote y al queroseno que utilizarán las mismas turbinas A-1 del INTA, el organismo de Defensa encargado de los satélites. El Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal también ha entregado contratos de suministro de combustible para el Ejército a dos compañías extranjeras. En concreto, la citada Macquaire se encargará del combustible para turbinas de aviación (las aeronaves del Ejército del Aire, en general) y Enoc Services suministrará el diésel naval para los buques de la Armada.

Los australianos ganan a Repsol y Cepsa

Pero lo que verdaderamente llama la atención de la adjudicación de este gran contrato no es el número de lotes que se lleva cada compañía, sino el montante económico que Defensa pagará a cada una de las cuatro ganadoras. El Ministerio de Defensa, como es habitual en este ‘macroacuerdo’, no desvela la cantidad concreta que abonará por el combustible que necesita, pero sí ofrece una cifra aproximada en el presupuesto de licitación. Así, se observa cómo Repsol y Cepsa son superadas por el fondo australiano Macquaire, que es el principal adjudicatario.

En cifras concretas, Repsol gestionará en estos dos años un presupuesto (de licitación) que ronda los 200 millones de euros y Macquaire una cantidad cercana a los 300 millones de euros, que es un 50% más que lo que obtiene la firma española. Enoc, por su parte, se queda con 68 millones y Cepsa con unos 58 millones. Todo ello son partidas de base estimadas por Defensa ya que la cantidad concreta no la ha dado a conocer el ministerio. En total el valor estimado del megacontrato de suministro de combustible para las Fuerzas Armadas asciende a 711,29 millones de euros (impuestos incluidos) pero es de suponer que, como es habitual, Defensa se ahorre algunas decenas de millones de euros al haber escogido las ofertas más ventajosas.ionarios

En el anterior megacontrato de combustible para el Ejército, que data de 2015 con Pedro Morenés al frente de la cartera de Defensa (y en el que tampoco se especificaron las cantidades concretas ni desglosadas), la petrolera presidida por Brufau y Macquaire fueron las principales beneficiadas, llevándose varios lotes por valor de 668 millones en dos años: Repsol ganó cinco de los ocho lotes por dos de la firma australiana y uno de Cepsa por 102 millones de euros.

Durante el Gobierno socialista, Repsol también fue la principal adjudicataria de algunos de estos ‘macrocontratos’ de suministro de combustible para Defensa. Así, con Carme Chacón en el ministerio, la petrolera ganó en el último concurso hasta siete lotes por un valor de 276 millones de euros anuales.

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Lucha interna en Cs: un sector pone bajo la lupa a su responsable de seguridad

El actual jefe de seguridad de Ciudadanos, Francisco Lacasa, que es el máximo responsable de los actos públicos a los que acude Albert Rivera y el resto de la ejecutiva nacional del partido, fue directivo y apoderado de una firma dedicada a la protección de espacios públicos y privados que aparece en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. Un pasado que ha provocado inquietud en el partido naranja, una formación acostumbrada a revisar con lupa el currículum y la trayectoria de sus altos cargos.

Las fuentes consultadas por La Información explican que existe algún desacuerdo entre una parte de la cúpula del partido naranja, más cercana a Albert Rivera, y los defensores del propio Lacasa. El jefe de seguridad -añaden- cuenta con destacados apoyos internos, como el del Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso, una persona que precisamente proviene del mundo de la seguridad privada y que ostentó cargos de responsabilidad en diferentes empresas antes de pasarse a la política.

Fuentes oficiales de Cs confirman que su jefe de seguridad trabajó en la empresas citada, pero matizan que Lacasa fue un directivo, no el propietario ni el accionista. Añaden que él “nunca tomó decisiones” relacionadas con todos esos contratos y que “en ningún caso perteneció al consejo de dirección” de las compañías. Una argumentación que, en efecto, puede constatarse en el Registro Mercantil, pero que no ha impedido los recelos en sectores concretos de la formación naranja que se saben escrutados con lupa a la luz de los últimos sondeos electorales.

La empresa en cuestión es Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia S.L., compañía que tenía su social en Barcelona y en la que Lacasa figuró como “director de consultoría de seguridad” y como representante jurídico, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en su perfil de LinkedIn. Más tarde esta firma entró en liquidación tras diferentes problemas financieros.

En concreto, Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia S.L. aparece entre los grandes deudores de la Agencia Tributaria en las tres listas de morosos que el Ministerio de Hacienda ha publicado hasta ahora. El año pasado y en 2016, la compañía adeudaba 10.591.467,84 euros al Fisco, mientras que en 2015 los compromisos con la Agencia Tributaria ascendían a 10.587.810,24 euros. Las deudas, por tanto, no se reducen, sino que se han ampliado ligeramente en los dos últimos años.

Lacasa describe en su LinkedIn que fue director de consultoría de seguridad de Halcón entre agosto de 2009 y junio de 2014. En esos 4 años y 11 meses sus tareas fueron la “gestión y planificación de los proyectos ejecutados, así como de la supervisión técnica de los mismos; acciones de soporte a los departamentos de Operaciones y Comercial, así como coordinación con las demás áreas de la empresa; y captación de clientes reportando al director general”. También desempeñó las funciones de director de Calidad y Auditor Interno, siendo el “responsable del aseguramiento de la calidad de los servicios de seguridad desarrollados por la compañía en todo el territorio nacional conforme al SGI certificado de acuerdo con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, desarrollando las funciones de secretario del Comité de Calidad y reportando también al director general”.

Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia S.L. ya es una firma liquidada. En 2014, el Grupo Halcón, matriz bajo la que operaba Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia S.L., fue declarada en concurso de acreedores tras 25 años de trayectoria en el sector.

Polémicos proyectos en Levante

Durante sus últimos años en activo, la empresa de la que fue directivo y apoderado el jefe de seguridad de Cs trabajó en polémicos proyectos por los que planeó la trama Gürtel del PP, como la Copa América de Valencia o la Ciudad de la Luz de Alicante, durante la época de Francisco Camps en la Generalitat Valenciana. En ambos eventos la firma de seguridad aportaba vigilantes privados.

Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia S.L. también se expandió por el Levante español y recibió importantes servicios privados. Por ejemplo, se encargó de la seguridad en establecimientos de Mercadona o en las tiendas de H&M, así como la vigilancia en urbanizaciones residenciales privadas a las orillas de Mediterráneo. De hecho, la firma tuvo problemas con trabajadores de estos servicios -según relatan los afectados- que en el año 2015 presentaron una denuncia contra Halcón por impagos. Finalmente pudieron cobrar el dinero que se les adeudaba gracias al Fogasa. “Me siento totalmente estafado por esa empresa“, asegura uno de ellos a La Información.

Aterrizaje en Cs

Después de todos estos problemas financieros y la entrada en concurso de Halcón, surgió Astra Sistemas, S.A., una firma de seguridad que los vigilantes de la misma consideran la sucesora de la primera. A esta nueva empresa pasó Francisco Lacasa en 2014, donde estuvo tres años, según se puede leer en su perfil de LinkedIn. En 2017, hace ahora justo un año, fue fichado por Cs como máximo responsable de seguridad.

Lacasa, según detalla él mismo en su perfil profesional, comenzó a trabajar para Ciudadanos en abril de 2017, pero era un viejo conocido en el partido ya que en su día había sido el responsable de la seguridad de los primeros actos de campaña electoral de un incipiente Ciutadans en Cataluña. Se dedicaba -añaden- a preparar los eventos con Albert Rivera y su equipo como protagonistas en un región en la que el nacionalismo hacía difícil el trabajo. Más tarde, con la llegada de Rivera a Madrid, Lacasa aterrizó en la sede de Cs como jefe de seguridad.

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Así se liquida Correos: 9.000 carteros y 300 estafetas menos en cinco años

Al Gobierno le interesa más liquidar Correos que gestionarlo. La empresa pública, uno de los servicios estatales más antiguos, que cumplió su tercer siglo hace dos años, está sufriendo un proceso de desmantelamiento cuyos síntomas más evidentes son, además de la externalización de servicios, la mengua de la plantilla, que ha perdido 9.182 miembros (el 15,5%) en cinco años, y el cierre de casi una de cada cuatro oficinas auxiliares (311 de 1.340).

El ejecutivo está aprovechando para hacer caja con ese proceso de desmantelamiento, en el que la venta de 57 edificios en seis años le ha generado ingresos por 21.792.148 euros.

Los datos figuran en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, quien califica de “nefasta” la gestión de la empresa pública y de “brutal” el recorte de la plantilla. “La derecha sigue con su apuesta por cargarse los servicios públicos”, sostiene, mientras insiste en que quiere saber en qué se ha empleado ese dinero, y “por qué no se ha reinvertido en mejorar e impulsar el servicio”.

Sello de urgencia para la venta de edificios

Correos le puso el año pasado el sello de urgente a la venta de edificios y la intensificó hasta el punto de obtener en ese ejercicio casi la mitad de los recursos de los seis años en los que el Ministerio de Fomento, del que depende, ha estado dirigido por Ana Pastor y por Íñigo de la Serna.

Correos obtuvo en 2017 con la venta de nueve edificios, que según el Gobierno “ya no son necesarios para la actividad postal”, un total de 10,6 millones de euros, muy por encima de los 800.000 euros de 2012, el millón del año siguiente, los 2,2 de 2014, los 5,5 de 2015 y os casi dos del ejercicio posterior.

Las principales operaciones cerradas en 2016 fueron las enajenaciones de un edificio de la céntrica calle sevillana Fernando Tirado (cuatro millones), otro de la plaza del Ensanche de Irún (2,17) y uno más de la plaza San Agustín de Logroño (dos), a los que se suma un solar en el número 13 de la avenida Regimiento Galicia de Jaca enajenado por 1,13 millones.

Correos había ingresado más de un millón de euros por una operación inmobiliaria en otra ocasión con el Gobierno del Rajoy. Fue en 2015, con un edificio de la calle Pablo Vallesca de Melilla, aunque se había acercado en otras dos ocasiones: cuando colocó por 990.000 euros un local en el número 10 de la calle Estella de Pamplona y cuando transfirió por 800.000 un inmueble en la avenida Ausias March de Valencia.

Desmantelamiento en el mundo rural

Los recortes de personal y las prácticas laborales en Correos, que en algunas comunidades llegaba a despedir los viernes a empleados que contrataba de nuevo los lunes y cuya bolsa de trabajo va camino de dejar fuera a empleados tras más de una década encadenando contratos eventuales, llevan tiempo provocando la movilización de la plantilla: en divisiones concretas como la de paquetería por los efectos de las externalizaciones y las subcontrataciones hace unos meses y en el conjunto de la plantilla hace unas semanas.

Las 311 estafetas cerradas entre 2012 y 2016 corresponden a “oficinas auxiliares”

El desmantelamiento de Correos está siendo especialmente intenso en las zonas rurales. De hecho, las 311 estafetas cerradas entre 2012 y 2016 corresponden a “oficinas auxiliares”, que son las que predominan en los pueblos, con horarios más reducidos que en las capitales. “Dado que en el ámbito postal no existe la tipología de oficina rural, se recoge la información disponible sobre oficinas auxiliares” en la respuesta, señala el Gobierno.

Las cifras revelan cómo los cierres se concentran en las provincias y comunidades de carácter más rural: 14 de 57 en Aragón, que suponen una de cada cuatro; siete de 28 en Granada, que asume casi la mitad de las 16 clausuradas en Andalucía, once de 27 en Castilla y León (el 40%) y 25 de 121 en Castilla-La Mancha, 28 de 67 en Tarragona y Lleida y trece de 22, casi dos de cada tres, en Galicia.

“Esto supone que en las comarcas con menos población los vecinos se ven obligados a desplazarse a municipios más grandes para poder hacer uso de este servicio”, señala Heredia, que sostiene que “para luchar contra la despoblación de la España rural, no puede eliminarse servicios públicos como éste”. 

Los mayores recortes de personal se han producido en Catalunya, Madrid y Andalucía, con mermas, respectivamente, de 1.676, 1.416 y 1.294 carteros. Esos tajos de entre el 13% y el 17% de la plantilla se ven superadas, no obstante, por el 19% de Murcia, Aragón y Castilla y León y el 18% de Navarra, La Rioja, comunidades, varias de ellas, localizadas en esa despoblada España interior cuyos pueblos llevan décadas sufriendo una constante pérdida de servicios, tanto públicos como privados.

Heredia tiene previsto registrar una batería de iniciativas parlamentarias para, además de conocer el destino de los ingresos por la venta de edificios, aclarar si el Gobierno prevé recuperar esos 9.000 puestos de trabajo e indagar qué futuro les espera a las oficinas que siguen abiertas en las áreas rurales

publico

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