Juristas afirman que no detener a Puigdemont si regresa sería delito

La asociación de juristas catalanes Llibertats ha emitido un comunicado en el que afirma que “si el gobierno de España accediese a la petición de [Carles] Puigdemont de otorgarle garantías de no ser detenido“, en el supuesto que regresase de Bruselas para ser investido, “podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa y desobediencia“.

Dichos juristas citan los artículos del código penal 404 y 410 para exigir al Gobierno que no dicte orden alguna a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para no cumplir la orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de detención del ‘expresident’, en el caso que regrese a España para ser investido presencialmente en el Parlament.

 

No obstante, el abogado penalista Carles Monguilod afirma que dicho escenario podría evitarse, ya que el juez tiene la potestad de oficio de dejar sin efecto dicha orden. “Sin la necesidad si quiera de presencia de todas las partes, al igual que lo hizo con la orden internacional”, por la que Puigdemont tuvo que personarse ante la justicia belga, afirma el penalista.

Uno de los argumentos del juez para exigir la detención del político independentista en Bruselas es el riesgo de reiteración delictiva, que, según Monguilod, “podría descartarse, sin necesidad de detención previa, con que Puigdemont se personase en una vista oral para jurar acatar la Constitución”.

Versión que concuerda con la expresada por la catedrática de derecho constitucional de la UAB y coordinadora general del colectivo Praga, formado por juristas a favor del derecho a decidir, Mercè Barceló. “El Gobierno sólo tiene la obligación de detener a un diputado electo en caso de delito flagrante“, afirma. Lo que, en su opinión, no encaja con la situación de Puigdemont.

La hipótesis de un regreso de Puigdemont previo pacto con el Estado la sostuvo Joan Maria Piqué, portavoz de Carles Puigdemont en Bruselas, recientemente en una entrevista en la BBC  en la que aseguró que el ‘expresident’ de la Generalitat sólo volverá a Catalunya en caso de que el Estado garantice que no será arrestado “cuando ponga un pie” en el país. Algo que previamente también había afirmado el responsable de acción política del PDECat y diputado en el Congreso, Ferran Bel.

elperiodico.com

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Iglesias registra una iniciativa para forzar a Rajoy a convocar el Debate sobre el estado de la Nación

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque “cuanto antes” el Debate sobre el estado de la Nación.

Este tipo de debates se vienen celebrando desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura. La última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y en el segundo semestre fue la investidura de Rajoy, ya a finales de octubre. El año pasado no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo.

No obstante, Iglesias cree que la ausencia del Debate del estado de la Nación estos dos últimos años no tiene que ver con las citas electorales que se han sucedido sino con la llegada de Podemos al Parlamento.

“Cuando nosotros entramos en el Parlamento, el Gobierno decidió que esos debates ya no tienen sentido. A nosotros nos parece una obligación democrática que el Gobierno debata con la oposición estas cosas”, ha defendido en declaraciones a los medios tras anunciar la medida.

En la rueda de prensa que ha ofrecido una hora después, tras registrar la iniciativa, Iglesias ha insistido en que el Gobierno “no está acostumbrado a una oposición” como la que, a su juicio, hace Unidos Podemos.

“Al PP le gustaría una oposición a su medida, le gustaría nombrarla él, como han intentado hacer”, ha criticado Iglesias, que ha comparecido acompañado de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero; su adjunta, Ione Belarra; y la diputada de En Marea, Yolanda Díaz.

“Es verdad que cualquier cosa que propongamos nosotros y que implique control democrático seguramente el PP intentará librarse, pero no les vamos a dejar en paz”, ha avisado el líder de Podemos, al tiempo que ha insistido en que lo que “era una norma parlamentaria”, ha dejado de serlo, a su juicio, desde que llegó Podemos.

En concreto, el grupo confederal pide con su proposición de ley que el Gobierno convoque un Debate de política general sobre el estado de la Nación a lo largo del cuarto período de sesiones de la presente Legislatura. En caso de que el Gobierno no atienda este llamamiento, el partido morado anuncia que pedirá la convocatoria de “un Pleno monográfico sobre la política general del Ejecutivo en torno al estado de la Nación”.

“El Gobierno desprecia al Parlamento”

“El Gobierno desprecia al Parlamento. Tiene que explicar por qué algo que hacía todos los años no se ha hecho desde 2015. El Gobierno no tiene ninguna excusa para no convocarlo y nosotros se lo vamos a exigir cada día”, ha enfatizado Iglesias.

Además, el líder de Podemos ha defendido que es urgente mantener este debate porque la situación que vive España es “muy grave”. “La salida de la crisis es un mito”, ha denunciado en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia, uno de los grandes problemas que hay en España.

“Queremos discutir sobre la situación de nuestro país y de los problemas de los ciudadanos. Sospechamos que el Gobierno está encantado hablando de banderas para que no se hable de su corrupción, que cuesta mucho dinero a los ciudadanos, y de la ineficacia de sus medidas económicas, pero en nosotros va a tener una oposición de verdad que les va a exigir un Debate sobre el estado de la Nación”, ha afirmado.

Iglesias ha incidido en esta idea en la rueda de prensa que ha ofrecido después de registrar la proposición no de ley. “El PP va a tener muy difícil explicar por qué no van a un debate sobre el estado de la Nación. Ellos van a querer hablar de guerras de banderas pero como patriotas tenemos que defender que el Congreso se hable de los problemas de España y se tenga un debate que es una tradición en nuestro país”, ha insistido.

“Esto no es una cuestión que tenga que ver con los partidos, tiene que ver con un derecho de los españoles. Tienen derecho a que su Gobierno dé la cara y debata. El presidente del Gobierno no puede estar desaparecido”, ha zanjado.

Sin fecha

La iniciativa registrada por Unidos Podemos habrá de incluirse en el orden del día de un próximo Pleno del Congreso, aunque las sesiones ordinarias no comienzan hasta el 1 de febrero. Si quieren que se debata antes, el grupo confederal debe registrar otro escrito para que la Diputación Permanente vote en su reunión del próximo martes la celebración de un pleno extraordinario para debatir ese asunto.

En todo caso, tanto el PSOE como Ciudadanos ya han adelantado su apoyo a celebrar el próximo mes de febrero el Debate sobre el estado de la Nación, que será el primero para los portavoces de los tres principales grupos parlamentarios de la oposición.

expansion.com

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Qué pasa si el trabajador no se jubila a los 65 años

Antes de la última reforma de pensiones en 2013, los trabajadores estaban obligados a jubilarse cuando cumplían la edad ordinaria de jubilación, salvo algunas excepciones. Sin embargo, desde entonces, no solo ha dejado de existir dicha obligación, sino que, además, el Gobierno incentiva que el trabajador siga trabajando. Es lo que han denominado desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la política del envejecimiento activo. Desde los poderes públicos se argumenta que estos incentivos a la prolongación de la vida laboral se producen para aprovechar el talento de los trabajadores de más edad, pero a nadie se le escapa que también tiene un trasfondo económico. Así, cuanto más tiempo permanezca en activo una persona, más paga a la Seguridad Social y menos tiempo cobra pensión pública.

La legislación actual permite fundamentalmente dos tipos de jubilación para aquellos que quieren seguir trabajando tras cumplir su edad de retiro. La primera de ellas se denomina jubilación demorada.

En esta modalidad el trabajador tiene que haber cotizado como mínimo 15 años en el momento de cumplir la edad ordinaria de jubilación que ese año fije la ley (en 2018 65 años y seis meses). Se reconoce al trabajador un incremento de la pensión del 2% por cada año más completo de cotización si se tenían cotizados hasta 25 años; un 2,75% más, si se hubieran cotizado de 26 a 37 años y un 4% adicional, con más de 37 años cotizados. Si bien, esta jubilación tiene varias limitaciones, no se siguen acumulando cotizaciones más allá de los 70 años y tampoco se genera más pensión una vez que se ha llegado a tener derecho a cobrar la prestación máxima de jubilación.

El segundo tipo de retiro para los que quieren seguir trabajando es la denominada jubilación activa. Los trabajadores que acceden a esta jubilación pueden seguir trabajando después de jubilarse y compatibilizar su sueldo con el cobro del 50% de la pensión. Deben haber cumplido la edad legal de jubilación en cada momento y haber cotizado para cobrar el 100% de la pensión.

Además, desde el pasado 1 de enero aquellos autónomos con diez o más trabajadores a su cargo podrán seguir trabajando y recibir el 100% de la pensión a la que tienen derecho en el momento en el que decidan retirarse, siembre y cuando cumplan los requisitos legales para hacerlo.

cincodias.co

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Hacienda admite que da 30.000 millones en ayudas fiscales sin saber si funcionan

No existe un órgano al que se le hayan atribuido expresamente las tareas que se comentan y, en todo caso, tales trabajos requerirían unos recursos humanos de los que al menos este centro directivo carece en la actualidad”. Ésta es, en su enunciado literal, la contestación remitida por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda al Tribunal de Cuentas en relación a un pasaje de su informe de fiscalización sobre el Presupuesto de Beneficios Fiscales correspondiente a 2015 en el que se cuestionaba que Hacienda no cuantificara el gasto real asociado a cada incentivo ni “menos aún” evaluara el cumplimiento de los objetivos de política económica o social para los que se crearon.

Hacienda no dispone por lo visto ni de la estructura interna ni de los recursos humanos necesarios para determinar el coste real para las arcas públicas de las políticas de incentivo fiscal que pone en marcha y tampoco pierde mucho tiempo en evaluar a posteriori si éstas sirvieron en efecto para alcanzar los objetivos que justificaron su puesta en marcha -y la decisión de detraer un puñado de millones al presupuesto público- o no. Sí da otra información, más enunciativa. Anualmente, publica una Memoria de Beneficios Fiscales en la que a lo largo de 287 páginas proporciona todo lujo de detalles sobre los incentivos existentes en los diferentes impuestos (IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades), el gasto previsto en los Presupuestos y las principales novedades introducidas en el ejercicio, siempre numerosas. Nada se dice, sin embargo, sobre el gasto real derivado de estos incentivos en ejercicios precedentes ni sobre los objetivos alcanzados por su existencia.

El asunto no pasaría de ser un ejemplo más de la carencia de una cultura de la evaluación de las políticas públicas en España si no fuera porque los 631 beneficios fiscales identificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de 2015 restaron más de 40.000 millones de euros a la cuenta de ingresos del presupuesto público – una cantidad capaz de enjugar el 80% del déficit de ese año- o porque la acción a través de incentivos fiscales se ha convertido en una de las principales recetas de la política económica patria de dos década para acá. En 2017, el coste de los beneficios fiscales para el presupuesto público fue de 31.867 millones.

El informe del Tribunal de Cuentas critica abiertamente el modo en que se ponen en marcha los incentivos fiscales en España. Denuncia que no siempre existe un estudio previo de los objetivos que persiguen, que no se define su periodo de vigencia, que no se identifican indicadores que permitan determinar si funcionan o no, que no hay estudio alguno que justifique que el incentivo fiscal es la forma más eficiente de abordar esa política determinada y que ni siquiera se mide, acabado el ejercicio, si el gasto en que se preveía incurrir como consecuencia de ese estímulo fiscal se ajustó o no a lo previsto. Un escenario que en opinión del órgano de fiscalización “impide cualquier análisis de eficiencia de las actuaciones realizadas a través de beneficios fiscales”.

Una lista interminable

Un panorama que no invita a la confianza y en relación, además, a un instrumento de política fiscal que ha estado tradicionalmente bajo sospecha. Un ex alto cargo del Ministerio de Hacienda solía decir que detrás de cada incentivo fiscal está el nombre de una empresa, de un particular o de un grupo de presión. Y trabajos posteriores de personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el Ministerio, como ‘Diagnóstico y propuestas para una reforma fiscal’ del que fuera director general de Tributos, Jesús Gascón, también apuntan de forma más o menos directa a los incentivos fiscales y reclaman un mayor control y transparencia sobre su funcionamiento.

Hablamos de un universo formado por 631 ayudas fiscales diferentes, según el inventario realizado por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, que afectan a cerca de una treintena (26) políticas presupuestarias diferentes y que en muchos casos ni siquiera se sabe los recursos que pueden llegar a detraer a las arcas públicas. Uno de los datos más llamativos proporcionados por el Tribunal de Cuentas es que sobre los 353 beneficios fiscales  reconocidos como tales en el Presupuesto de Beneficios Fiscales (PBF) – no todos los incentivos se reconocen como beneficio en el PBF – Hacienda ni siquiera sabe el coste que pueden acarrear alrededor de un 40% de los mismos: 134 ayudas fiscales que no tienen siquiera reflejo presupuestario.

Se contabilizan en esa lista 68 reducciones fiscales en el IRPF, como la exención de los 2.500 primeros euros en los premios de lotería, la desgravación por arrendamiento de vivienda o la reducción por tributación conjunta; otra treintena que benefician a las empresas, como la reducción para entidades de nueva creación, la deducción por gastos en I+D o las ayudas fiscales por producir en Canarias; y también los tipos reducidos de IVA, además de un buen número de reducciones a diferentes servicios.

Su impacto sobre los agentes económicos es incuestionable y parece exigir un mayor control, del mismo modo que el Gobierno ha decidido hacer con las subvenciones. La política de beneficios fiscales está detrás del famoso 7,3% que los grandes grupos empresariales pagan en impuestos sobre su resultado contable y también reduce la presión fiscales en los otros dos impuestos centrales del canal de ingresos del Estado: el tipo medio del IRPF sería del 17% y no del 13% como es en la actualidad; y el del IVA del 16% actual al 21%, lo que serviría para resolver además las dudas de Europa sobre la singular extensión de los tipos reducidos del impuesto en España.

lainformacion.com

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Los grandes bancos reprochan al PSOE su ‘impuestazo’ mientras debe 70 millones

La propuesta de Pedro Sánchez lanzada la semana pasada de crear un impuesto extraordinario a la banca para garantizar el sistema público de pensiones ha soliviantado a los afectados, las grandes entidades financieras. Los bancos critican la idea del líder del PSOE de imponerles este gravamen teniendo en cuenta, además, la situación financiera que atraviesan los socialistas, que deben a estas compañías varias decenas de millones de euros, un pago al que tendrán que hacer frente en los próximos años. Santander y Caixabank son las dos firmas con las que el PSOE acumula una mayor deuda.

Menos de una semana han tardado los bancos en reaccionar a esta reforma fiscal planteada por Sánchez. Representantes de estas entidades financieras han trasladado a dirigentes socialistas su incomodidad con una medida que se aplicaría si el PSOE alcanza el Gobierno, que les afecta directamente y que lastraría su cuenta de resultados. En conversaciones privadas han hecho saber a los socialistas que recuerden que Ferraz acumula una deuda con los bancos cercana a los 70 millones de euros, según consta en la memoria de 2016, aunque algunas fuentes aseguran que a día de hoy ese capital pendiente ha llegado a los 72 millones. En 2015 la deuda era de 75 millones.

Los bancos a los que el PSOE debe más dinero son Santander y CaixaBank. La entidad presidida por Ana Botín no concedió ningún préstamo a los socialistas pero al hacerse con el Banco Popular heredó los créditos que sí facilitó la firma presidida por Ángel Ron y Emilio Saracho. En total, Santander tiene que recibir en los próximos años 23,4 millones de euros de Ferraz, siempre según dicha memoria de 2016, ya que la de 2017 aún no está disponible. En el caso de Caixabank, la deuda que acumula el PSOE es de 6,8 millones de euros. Ambos bancos fueron los que más abrieron el grifo, concediendo decenas y decenas de créditos a los socialistas, muy lejos de los apenas diecisiete préstamos que también concedieron BBVA, Sabadell o Bankia.

En el momento en que lanzó esta propuesta de crear un impuesto a la banca, Pedro Sánchez argumentó que si los españoles evitaron la caída de los bancos durante la crisis “con el sudor de su frente” es “justo” que ahora estas mismas entidades les ayuden a garantizar sus pensiones. “¿Qué bancos fueron rescatados con dinero público?“, se preguntan con cierto estupor en estas compañías. Efectivamente, ni Santander ni CaixaBank, los dos principales acreedores del PSOE, recibieron un euro de ayudas públicas. Ayer mismo, en la asamblea abierta de León, Sánchez volvió a repetir que “cuando lleguemos al Gobierno, la banca que ha sido rescatada pagará también parte de las pensiones“.

El PSOE, los bancos y los créditos del Popular heredados por Santander

Pese a que el PSOE debe en torno a 70 millones de euros a los bancos, los socialistas no han dudado en recurrir a ellos para obtener liquidez. En la última campaña del 26-J, Ferraz contrató tres préstamos al Banco Popular, ahora Santander, por un total de 8,6 millones de euros (7.445.264,30 del PSOE nacional, 795.000 euros del PSC y 361.000 euros de su entonces aliado Nueva Canarias), según se puede observar en el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El Santander, por su parte, no concedió ningún crédito a ningún partido político salvo una excepción: una hipoteca al PP de 900.000 euros, al 5,6% de interés y que vence en 2020.

Los principales préstamos hipotecarios del PSOE con Banco Popular, ahora Santander, son uno que venció el 31 de mayo de 2017 por 7,5 millones de euros, otro que vence en diciembre de 2027 por 3,4 millones u otros dos que vencen en abril de 2019 y 2030 por 2,8 millones cada uno. El tipo de interés que abonan los socialistas varía desde algunos préstamos concedidos al 1,4% a otros al 3,9%.

El hecho de que el PSOE de Sánchez ponga en la diana a los bancos no ha pasado desapercibido en las entidades financieras, que achacan la estrategia a un intento de los socialistas de robar votantes a Unidos Podemos. La formación de Pablo Iglesias ya anunció en su día un gravamen similar y tiene previsto presentar su propuesta en el Congreso en las próximas semanas adelantándose a Ferraz. Hay que recordar también que el economista Juan Torrres, que fuera colaborador de Podemos en materia económica, colabora ahora con el PSOE y en concreto con el responsable de Política Económica, Manuel Escudero. En la época de Zapatero también se apuntó a los bancos como responsables de los males del país, como acaba de corroborar la exministra Elena Salgado en su intervención en el Congreso la semana pasada.

El Gobierno, por su parte, rechaza cualquier impuesto a la banca, como también Ciudadanos. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Alberto Nadal, aseguró que “lo que sostiene realmente a las pensiones no es la creación de impuestos que destruyen empleo y reducen el crecimiento sino las aportaciones de empresarios y trabajadores al sistema de Seguridad Social, porque quien no estaba trabajando, ahora está trabajando”. No hay que olvidar tampoco que la propuesta de Sánchez generó una polémica con El País, que en un editorial dijo que “la demagogia no garantizará la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

lainformacion.com

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Podemos lanza un ‘Zoido-test’ para ridiculizar al ministro en su comparecencia

Unidos Podemos lanzará este jueves en redes sociales un ‘Zoido test’ para ridiculizar al ministro del Interior durante su comparecencia en el Senado, donde dará explicaciones sobre las cargas policiales en Cataluña para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

La web institucional del grupo de Podemos en el Senado muestra un juego bajo el epígrafe: “Tú también puedes ser ministro del Interior. Supera el test psicotécnico de Zoido”. En ocho fases, el partido de Ramón Espinar se mofa del ministerio a cuenta de controversias como la gestión de la nevada que atascó la AP-6 el día de Reyes, la devolución en caliente de inmigrantes, el encierro de inmigrantes en la cárcel de Archidona o el encuentro del secretario de Estado de Seguridad con el hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

“Para afrontar las titánicas tareas que M. Rajoy le encomendó, Zoido se rodeó de un grupo de fieles y leales servidores a la Patria. Juntos combaten el crimen y garantizan la seguridad de los españoles”, comienza el juego, acompañado de imágenes del ex alcalde de Sevilla en la portada de la Feria de Abril o con una cerveza en la mano.

“Pero… ¿Qué locos! ¿Por qué habrá cogido esta gente el coche si iba a nevar? Además, esta noche hay fútbol. No hay mejor plan posible que disfrutar del derby desde el palco, en tu amada ciudad de Sevilla”, ironiza la web. “¡Estás muy mosqueado! Una vez más te han vuelto a otmar el pelo y esta vez no lo puedes consentir. Das instrucciones claras a los antidisturibios alojados en el barco de Piolín para que desencaden una furia nunca antes conocida y pongan fin a las aspiraciones separatistas para destruir España”, añade el juego.

Campaña en redes sociales

El grupo parlamentario de Podemos en el Senado explica que la campaña se lanzará en redes sociales con motivo de la comparecencia de Zoido. Aunque su intervención está prevista con motivo del operativo policial del 1-O, Podemos ha ampliado sus críticas en este juego para denunciar la “falta de capacidad” del ministro y que “no está a la altura de las responsabilidades que tiene”.

Juan Ignacio Zoido explicará este jueves en el Senado la actuación policial en el referéndum de Cataluña del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional y el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado en esa comunidad durante el proceso independentista. La intervención de los agentes de la Policía y la Guardia Civil en la jornada de votación, que cargaron en algunos momentos, fue objeto de numerosos reproches y de una guerra de cifras sobre los heridos que esa actuación había provocado.

Después de esa jornada, los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado sufrieron el acoso de los independentistas y tuvieron que abandonar algunos de los hoteles en los que estaban hospedados por la presión de los soberanistas. El Ministerio del Interior tuvo que arbitrar soluciones al alojamiento y contratar los servicios de barcos cruceros, entre ellos el ‘Piolín‘, que suscitó también muchas críticas entre los propios agentes

elindependiente.com

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Huelga en las aulas el 8 de marzo contra la violencia “permanente” hacia la mujer

Parar las aulas. Ese es el objetivo que se ha marcado el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres e Iguales para el próximo 8 de marzo. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, han convocado una huelga general durante todo el día para evidenciar la lucha contra la violencia “permanente” que sufren las mujeres.

Bajo el lema ‘Nos queremos vivas, libres y combativas’, los dos colectivos han reivindicado esa jornada de huelga después de haber pasado un 2017 “absolutamente catastrófico y muy preocupante con respecto a la situación de violencia permanente y de distintos tipos contra las mujeres”. La presidenta del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha llamado a “vaciar las aulas” de colegios e institutos.

De esta manera, el 8 de marzo se realizará la jornada de huelga general, que se espera complementar con una concentración estudiantil, que en Madrid tendrá lugar en la Puerta del Sol. Por la tarde, según han señalado, se celebrará la manifestación del Movimiento Feminista.

“98 asesinatos de mujeres en España en el año 2017, pero este es un dato más de todos los que hay y que revela esta situación de discriminación y violencia contra nosotras”, ha completado García, tal y como ha recogido Europa Press.

elboletin.com

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España dejará de indemnizar por el recorte a las renovables tras el apoyo de Bruselas

ugada redonda. Al menos, de momento. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy notificó como ayuda de Estado a la Comisión Europea el régimen de incentivos alas energías renovables aprobado en 2013 en el marco de su reforma eléctrica. Y lo hizo, entre otros motivos, para blindarse frente a la avalancha de reclamaciones de los inversores internacionales que se consideraban perjudicados por el recorte que les supuso dicha reforma (unos 3.000 millones de euros).

Tal y como esperaba el Ejecutivo, el organismo comunitario publicó un dictamen a finales de diciembre por el que autoriza dicho régimen y rechaza de manera tajante las quejas de los inversores sobre un supuesto trato discriminatorio e injusto.

El Gobierno español se enfrenta en estos momentos a una treintena de arbitrajes de inversores extranjeros de sociedades de renovables, que reclaman casi 7.600 millones de euros por el perjuicio que le han ocasionado los recortes.

El Gobierno, que ha ganado ya dos pleitos, sufrió en mayo del año pasado el revés de un primer laudo condenatorio por parte del Ciadi (tribunal de arbitraje del Banco Mundial), que imponía a España el pago de 128 millones de euros al fondo británico Eiser Infraestructure.

Bajo el lema de que “las ayudas de Estado no son un derecho”, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que firma el dictamen, recuerda que España, como cualquier otro Estado, puede poner fin a un régimen de subsidios cuando lo considere oportuno. Bruselas añade que los inversores no pueden invocar una expectativa legítima de rentabilidad porque el régimen español no había sido notificado a la Comisión y, por tanto, debían saber que era ilegal y podía ser declarado incompatible con las normas sobre ayudas de Estado

No ha sido ese el caso porque Bruselas ha dado por bueno el régimen de 2013 y evita pronunciarse sobre el mecanismo anterior, vigente entre 2007 y 2012 (aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero), dado que aquél fue una continuación de este. En definitiva, que las anteriores primas a la producción de renovables y los actuales incentivos a la inversión son compatibles con la normativa comunitaria.

Pero Vestager advierte que a partir de ahora España no puede pagar sin su permiso ninguna indemnización por los daños causados por el nuevo sistema, ni siquiera cuando se trate de laudos arbitrales. Algo que ha recibido con satisfacción el ministro de Energía, Álvaro Nadal, que hubiese deseado también que las primas de Zapatero se hubieran declarado ilegales. En otras palabras, Bruselas ha bendecido los incentivos actuales (unos 6.000 millones de euros anuales), pero cualquier cantidad adicional que se pretenda pagar, aunque sea porque lo obligue un laudo, debe pasar de nuevo por su ventanilla.

La primera víctima de la doctrina Vestager es Eiser, un caso expresamente citado en el dictamen de la comisaria. Aunque este fondo logró que el Ciadi le diese parcialmente la razón (reclamaba 298 millones), el Gobierno ha dado largas a la ejecución recurriendo la decisión ante el Ciadi. Un portavoz de Energía asegura que si el ministerio ha recurrido “es porque considera que tiene razón. El recurso de anulación ha sido admitido a trámite, así que entendemos que el tribunal lo está pensando y ve que está fundamentado”. Y añade: “seguiremos defendiendo el caso en los tribunales internacionales”.

En su dictamen, la CE advierte que ese pago constituiría una nueva ayuda de Estado. “Los tribunales de arbitraje no son competentes para autorizarlas”, trona la Comisión. Y exige que cualquier pago quede paralizado hasta que el organismo comunitario dé su veredicto sobre esa nueva ayuda. Bruselas se reserva así la última palabra sobre el pago al inversor británico.

La lista de indemnizaciones se podría ampliar rápidamente, según se vayan publicando los laudos. Así, indican fuentes del sector, estarían al caer los correspondientes a los arbitrajes de Antin Infraestructure Service, un fondo radicado en Luxemburgo, y Masdar Solar Wind & Cooperatief, de Países Bajos, que reclaman a España, respectivamente, 238 millones y 260 millones.

Una factura que España no deberá abonar, de ser considerada una ayuda ilegal por la CE. Más concretamente, el consumidor eléctrico, que, por decisión del ministro de Energía, sería el encargado de pagar dichas indemnizaciones.

Caso abierto

El objetivo de la reforma eléctrica fue acabar con el déficit eléctrico y gracias a los recortes el sistema ha llegado a acumular un superávit unos mil millones de euros. Paradójicamente, estos fondos se destinarían, si Bruselas no lo remedia, a indemnizar a los inversores extranjeros. Frente a los nacionales, estos pueden invocar los acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones que España ha mantiene con otros países.

Vestager, de momento, no se ha pronunciado sobre el pago a Eiser. Pero el fondo británico podría haber logrado una victoria pírrica porque el dictamen de la comisaria ya deja claro que no es partidaria de conceder ninguna indemnización tras el cambio de régimen de ayudas. “España no ha violado los principios de seguridad legal y expectativas legítimas bajo el derecho de la Unión”, señala el documento de la Comisión Europea.

El texto está redactado solo en inglés, porque el Gobierno renunció a su derecho a que el dictamen se emitiese en español, en lo que parece una clara señal de las prisas del Gobierno de acelerar la publicación de un dictamen que le favorece y está dirigido, sobre todo, a la comunidad internacional.

La Comisión destaca, como punto de partida, que la mayoría de las reclamaciones contra España han sido planteadas por inversores procedentes de otros Estados miembros de la UE en base al Tratado de la Carta de la Energía, que prevé tribunales de arbitraje en caso de conflictos con los inversores. Bruselas señala, sin embargo, que esos tribunales no pueden pronunciarse sobre conflictos intracomunitarios porque en esos caso prima el derecho de la Unión.

Aparte del procedimiento, la CE también rechaza el fondo de las reclamaciones contra España, tanto las de los inversores intracomunitarios como las de los extracomunitarios. Bruselas considera que ni unos ni otros pueden esgrimir una expectativa de rentabilidad frustrada a partir de un régimen de ayudas de Estado que era ilegal.

Aunque muchos de los fondos denunciantes tienen sede en países europeos, lo que determina si es un inversor es extracomunitario es la nacionalidad de su capital.

Un argumento muy leguleyo y “de mala fe”

Las autoridades de la Competencia europeas han querido aprovechar el caso de las indemnizaciones millonarias reclamadas a España por los fondos internacionales, para hacer valer su poder sobre ayudas de Estado y sobre las reclamaciones entre Estados. Sin embargo, según indican fuentes jurídicas, la decisión de que se le notifiquen las indemnizaciones impuestas por árbitros internacionales resulta “muy leguleyo” y de “mala fe”.

Resulta extraño –añaden–, que el Gobierno notificase los incentivos a las renovables después de su aprobación y una vez que los inversores extranjeros comenzasen a acudir a los tribunales arbitrales.

De momento, Eiser Infrastructure, el fondo británico que logró el año pasado un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que impuso a España que le indemnice con 128 millones de euros logró en junio del año pasado que el juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, reconociese las obligaciones pecuniarias derivadas de dicho laudo.

La decisión judicial supone el reconocimiento e inscripción del laudo como sentencia en la Corte del Distrito de Nueva York. Si España no paga, se enfrentaría a las consecuencias de posibles embargos.

Eiser y su filial Energía Solar Luxembourg, que presentaron el arbitraje en diciembre de 2013 en el Ciadi invocando el Tratado de la Carta de la Energía, poseen dos plantas fotovoltaicas en Extremadura y Castilla-La Mancha. Defendida por el despacho de abogados Allen & Overy, fue el primer arbitraje que ha perdido España por el recorte de la retribución a las renovables. Ha ganado otros dos y un tercero relativo a los recortes del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Una vez conocido el resultado del arbitraje, Eiser presentó la petición de reconocimiento del laudo contra el Reino de España el 19 19 de mayo ante el citado tribunal neoyorquino. El fondo británico reclama también los intereses acumulados entre el 20 de junio de 2014 y el 4 de mayo de 2017 a un tipo del 2,07% mensual, y a al 2,50% desde el 4 de mayo hasta la fecha de pago

cincodias.com

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Propuesta del Gobierno: quien trabaje 38 años podrá elegir sus mejores cotizaciones para calcular la pensión

a Comisión del Pacto de Toledo que estudia la reforma de las pensiones baraja la posibilidad de permitir a aquellos trabajadores que tengan largas carreras de cotización y sean expulsados del mercado laboral en la antesala de la jubilación, que calculen su pensión tomando toda su vida laboral y descartando unos pocos años en los que hayan cotizado menos.

Según fuentes conocedoras de la propuesta –cuyos autores son el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Pacto de Toledo–, estos trabajadores tendrían que haber cotizado como mínimo el número de años que se exigen para percibir el 100% de la pensión (38 años y seis meses a partir de 2027). Además, el número de años que podrían desechar para el cómputo de su pensión no serían muchos. Aunque este extremo aún no se habría concretado, los autores de la propuesta hablan, por ejemplo, de descartar un máximo de cinco años de peores cotizaciones. Asimismo, precisan que solo se podría acceder a este sistema de cálculo jubilándose a la edad legal, “porque no va a ser un mecanismo de retiro anticipado”, precisan.

En paralelo a esta propuesta, los miembros del Pacto de Toledo están estudiando si se debe ampliar o no el actual periodo de los últimos 25 años con los que se calcularán las pensiones a partir de 2022. En la reforma de pensiones de 2013 se acordó elevar este periodo desde los últimos 15 años cotizados a 25 de forma progresiva. Los que se jubilen en 2018 calcularán su pensión con las bases de cotización de los últimos 21 años y será en 2022 cuando se contabilicen los citados 25 últimos años.

Así, según estas fuentes, se amplíen o no estos 25 años, el Gobierno sería partidario de que los trabajadores con largas carreras de cotización pudieran elegir de forma voluntaria realizar ese cálculo con toda su vida laboral descartando los peores años de cotización. Así, convivirían los dos sistemas. Si bien, desde el PP abogan por ampliar los 25 años que se tendrán en cuenta para los trabajadores en general.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el lunes en Televisión Española que esta ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación beneficiará, sobre todo, a aquellos trabajadores mayores que en los años previos a su jubilación se hayan visto afectados por un despido colectivo o se hayan visto obligados a hacerse autónomos. Empleados que, por lo general, cotizaron a la Seguridad Social más al principio o a la mitad de su carrera que al final.

“Estamos pensando que pueda tenerse en cuenta, no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda la carrera laboral porque mejoraría la pensión futura”, dijo Báñez.

Sin embargo, en una carrera laboral ascendente, en la que se empiece cotizando menos y la situación laboral mejore con los años (algo que suele ocurrir por lo general), tomar toda la vida laboral supondría una merma en la cuantía de la pensión, ya que se tendrían en cuenta las menores cotizaciones de los primeros años de trabajo.

No obstante, se trata de una propuesta a la que le falta mucha concreción, según distintas fuentes parlamentarias y del propio Gobierno. Sí parece que habría consenso entre las fuerzas parlamentarias para que en 2022, a partir de cuando se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados, seguir aumentando progresivamente ese umbral hasta acercarse a toda la vida laboral.

UGT respondió a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular asegurando que no es una solución para “los mayores damnificados por la reforma laboral”. Precisamente ayer este sindicato presentó una campaña de protesta, con un lazo de color marrón, para simbolizar lo que su secretaria de política social, Mari Carmen Barrera, calificó como una “subida de mierda de las pensiones”. Esta campaña arremete contra el índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 y que fija un mínimo de incremento de estas prestaciones del 0,25%, al menos, mientras la Seguridad Social esté en déficit. Con esta subida, los pensionistas españoles perdieron el pasado año 1,75 puntos de poder adquisitivo, respecto a una inflación media en 2017 del 2%. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, criticó que Báñez haya recurrido a “unas declaraciones extemporáneas en un plató de televisión” para anunciar una medida como esta. “Es una propuesta de telediario que puede degenerar en una especie de teléfono escacharrado”, criticó.

cincodias.com

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El PP de Rajoy contrató a la Púnica para mejorar su imagen tras la reforma laboral

l 2012 fue un año muy duro para los españoles. Los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo para tratar de sacar a España de la crisis fueron sufridos por muchas familias: aprobación de la reforma laboral, subida de impuestos, aumento de tasas universitarias, lucha contra el fraude en la Seguridad Social, etc.

En este contexto, el Partido Popular a nivel nacional, conocedor del desgaste político al que se enfrentaba –en marzo de ese año el Gobierno del PP padeció una huelga general – contrató los servicios del presunto conseguidor de la trama Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen en internet y en las redes sociales. Así lo pone de manifiesto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un informe, fechado el pasado 20 de diciembre, al que ha tenido acceso El Independiente, donde se detallan cómo fueron esos trabajos de mejora de la ‘reputación online’ que contrató Génova 13.

El investigado Alejandro de Pedro comercializó sus servicios para la formación a nivel nacional tras trabajar para el PP de Madrid

En dicho documento, los agentes explican que tras llevar a cabo distintos trabajos para el Partido Popular de Madrid, el investigado Alejandro de Pedro trató de comercializar sus servicios para la formación a nivel nacional, “manteniendo contactos con diversos miembros de la formación llegando a elaborar un proyecto piloto en torno a la mejora del posicionamiento online de las reformas aplicadas por el gobierno nacional”.

Esos trabajos no se materializaron hasta abril de 2012, dos meses después de que el Ejecutivo de Rajoy aprobase mediante ‘decretazo’ la que ha sido su medida económica más polémica, la reforma laboral.

En el informe, la UCO subraya que, aunque la propuesta de trabajo de experto se recibió en 2011, “no es hasta abril de 2012 cuando existe constancia de la materialización de trabajos de reputación online para el PP Nacional mediante un proyecto piloto relativo a la difusión de noticias favorables a la política de reformas puesta en marcha por el Gobierno”.

Luchar contra tuits desfavorables

En el citado proyecto, que estaba presupuestado en 5000 euros, se contemplaban dos acciones a corto plazo: en primer lugar, potenciar las acciones enmarcadas dentro del contenido publicado en la página web www.laverdaddelasreformas.es; y, en segundo término, acciones de dinamización de contenidos en la red social Twitter. Se trataba de lanzar 5000 tuits a través de 350 perfiles falsos creados por la empresa EICO, perteneciente a De Pedro, para contrarrestar los comentarios perjudiciales para la imagen de los populares.

De Pedro llegó a elaborar un proyecto piloto en torno a la mejora del posicionamiento online de las reformas aplicadas por el Gobierno de Rajoy

Asimismo, en su informe, los agentes de la Guardia Civil ponen de manifiesto que el enlace entre el presunto conseguidor de Púnica y la dirección nacional del partido fueron dos personas: José Manuel Moreno, director de Sistemas de Información del PP –imputado en el caso de los discos duros- y Cristina Mena González, responsable de contenidos y webs del área de comunicación del partido.

Además, en el documento remitido a la Audiencia Nacional, la UCO recoge varios correos electrónicos que fueron intervenidos en los registros llevados a cabo en las sedes de las empresas EICO y Madiva. Por ejemplo, el 22 de mayo a las 18:45 horas, De Pedro y Mena cruzan una cadena de mails con el objeto de contrarrestar en internet noticias desfavorables vinculadas con la huelga educativa.

Veinticuatro horas más tarde, el 23 de mayo de 2012 a las 19:03 horas, desde la cuenta de Cristina Mena se expone que le manda al conseguidor un documento con tweets sobre la reforma laboral. Un día después, la empleada del PP envía otro correo a Alejandro de Pedro, indicando que “están a tope y están dando mucha caña al tema educación por la protesta de los rectores, que le pasa varias noticias”.

Difusión de noticias favorables

El 28 de mayo, De Pedro envío a otro mail a Mena donde le remite un informe final de actuación. El adjunto a dicha comunicación muestra un informe de actuación sobre “La verdad de las reformas”. “El informe remitido describe las acciones acometidas desde EICO en el marco de este proyecto piloto consistentes a grandes rasgos en la generación y difusión de noticias favorables al cliente en diarios controlados por EICO, en la viralización en redes sociales de dichas noticias o en la generación y difusión de mensajes en la red social Twitter mediante la red de perfiles falsos creada por EICO”, recalca la UCO.

En su extenso informe, la Guardia Civil concluye que “tras la prestación de servicios durante la campaña de 2011 para el PP regional de Madrid, Alejandro de Pedro comercializó sus servicios al PP Nacional para el posicionamiento online de contenidos favorables a la campaña de reformas del gobierno en un proyecto de corto plazo, valorado en 5.000 €, que tras su realización no tuvo continuidad aparentemente”.

Los agentes explican que pese a que aquellos trabajos llegaron a materializarse “no se ha hallado entre la documentación disponible factura u otro documento justificativo del pago de los mismos aunque como se ha señalado consta en la documentación tributaria de EICO la facturación en el año 2012 de la cantidad de 21.240 € al Partido Popular, desconociéndose en este momento si corresponden a estos u otros trabajos”. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ya tiene encima de la mesa el presente documento de la UCO.

elindependiente.com

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