El Sindicato de Estudiantes llama a la huelga a los alumnos de la URJC el 27 de septiembre

Juan Carlos (URJC) de Madrid para que el próximo 27 de septiembre secunden una jornada de huelga para protestar por “el trato de favor” del Instituto de Derecho Público de la universidad, ejemplificado, dice el sindicato, en los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

En un comunicado, el Sindicato de Estudiantes manifesta ni estudiantes ni trabajadores “van a permitir que un puñado de mafiosos convierta la universidad pública en un coto privado para ricos y privilegiados”. Denuncia que tanto Cifuentes como Casado y Montón obtuvieron sus títulos “sin cumplir con los requisitos requeridos” y “sin realizar todos los trabajos que se exige al resto de alumnos y alumnas”, al tiempo que califica de “niveles insostenibles” la “falsificación, corrupción y negocios fraudulentos” en esta universidad pública.

Por contra, según el comunicado, a los demás estudiantes “se nos respondía con la subida de tasas, con los recortes en becas y con la privatización que ha expulsado a decenas de miles de jóvenes de las universidades públicas por motivos económicos”.

Por ello, el Sindicato de Estudiantes “exije” la “formación inmediata” de una comisión, formada por estudiantes y trabajadores de la universidad, para “depurar todas las responsabilidades” de esta “trama corrupta” que ha actuado “durante años con impunidad”.

En ese sentido, el sindicato pide “la expulsión fulminante” de todos aquellos que “por activa o por pasiva” consintieron esta situación, “el primero” el actual rector, Javier Ramos, al que acusan de “haber tapado todo”. Finalmente, la organización estudiantil también exige “la dimisión” de aquellos políticos “que se han beneficiado” de esta trama, “comenzando por Pablo Casado”.

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La universidad de Georgetown “ficha” a Casado para hablar de inteligencia artificial

n plena polémica por su historial académico, el líder del PP, Pablo Casado, “vuelve” a su antigua universidad de Georgetown, por la que sacó uno de los máster que estuvieron bajo la lupa. En concreto, Casado ha sido invitado por la Escuela de Negocios McDonough, dependiente de la Georgetown, para intervenir en un debate sobre “La perspectiva de la tecnología y la inteligencia artificial” el próximo jueves. Pero para ello no tendrá que trasladarse a Washington, sino que lo hará en Madrid, en concreto en el Congreso de los Diputados.

La invitación de Georgetown es interpretada en Génova como un espaldarazo a su antiguo alumno, que obtuvo un título de posgrado tras permanecer allí dos meses de verano en el año 2008, en concreto un “CLS del Government Affairs Institute”, según consta en el currículum del Congreso de los Diputados. También fue profesor visitante del “Global Leadership and Competiveness”, de la misma universidad americana.

La invitación de Georgetown es interpretada en Génova como un espaldarazo a su antiguo alumno

El líder del PP compartirá la jornada de debate con Ivan Glasovac, director general de Resolute Consulting (empresa  de relaciones públicas); Meredith Chasney, gestor de contenidos de la empresa Monkimum, y Paul Almeida, de la misma universidad estadounidense de Georgetown ajena, muy posiblemente, al debate que hay en torno al currículum académico del líder popular.

Comparecencia de Sánchez

Por su parte, los populares pretender mantener vivas las sospechas de plagio en torno a la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre diplomacia económica, sobre todo tras las últimas revelaciones de Plagcan en el sentido de que el nivel de “plagio” podría ser muy superior al que Moncloa declaró a través de este sistema de verificación. Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, los populares han registrado una petición para que comparezca en la Cámara Alta, algo que Sánchez ha querido evitar en todo momento por tratarse, dice, de un asunto personal y no político.

Y es que Casado está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo respecto a su posible imputación por presuntas irregularidades en el máster de derecho público que realizó en la Univesidad Rey Juan Carlos de Madrid. La juez del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, apunta a presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio, por entender que se le benefició en calidad de cargo del PP.

La intención inicial de Génova es que su líder “aguante” aún en el caso de ser llamado a declarar por el alto tribunal en calidad de investigado y esperar a la apertura del juicio oral si se llega a ese momento procesal.

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La CNMC multa con 17.000 euros a la radio de Losantos por “incitar al odio”

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 17.000 euros a la empresa Libertad Digital por considerar comentarios de Jiménez Losantos vertidos el pasado 3 de abril en su programa esRadio como susceptibles de incitar al odio a los alemanes. El locutor hablaba de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por el poder judicial alemán en relación con Carles Puigdemont.

Según ha informado el organismo regulador en un comunicado, la sanción administrativa de “carácter leve” se impone por infringir el artículo 4.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).

En particular, se considera probado que el periodista Federico Jiménez Losantos, que conduce el programa informativo ‘Es la mañana de Federico’, que se emite de lunes a viernes de 6 a 12 horas, utilizó, en la fecha indicada, expresiones dentro de un discurso general de queja, protesta, humillación e indignación, que pueden incitar al odio y a la discriminación por razón de nacionalidad.

El organismo regulador recuerda que según el artículo citado “la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres”.

La CNMC recuerda que contra esta Resolución Libertad Digital podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

En su alocución del 3 de abril, reproducida en el expediente, el periodista se refería a la necesidad de actuar ante la decisión de los tribunales alemanes de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont.

“La bofetada que le dio ayer la Unión Europea a España no se la ha dado a nadie. A ningún país de la Unión Europea se le ha dado nunca, jamás, y es no entender la gravedad de lo pasado ehhh, si no se entiende esa gravedad es imposible, los remedios que son necesarios para que no se vuelva a repetir o, mejor dicho, para que el que la ha hecho la pague, es decir, para que Alemania sepa, que es un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes, ¡oy! el ratón le ¡huy! el ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías, todaclase de fechorías. En Baleares, ¡todas! En Baleares hay como doscientosmil alemanes de rehenes. ¿En Baviera?, bueno en Baviera puedenempezar a estallar cervecerías”, señala la transcripción en la que seguidamente se insta a reaccionar.

La CNMC considera probado que el periodista Federico Jiménez Losantos utilizó expresiones dentro de un discurso general de queja, protesta, humillación e indignación, que “pueden incitar al odio y a ladiscriminación por razón de nacionalidad”.

El organismo, que cita en sus fundamentos de derecho resoluciones del Tribunal Supremo, Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos, señala que de la normativa aplicable y de la jurisprudencia se desprendeque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que encuentra sus límites en la protección de otros bienes jurídicos como la dignidad y la igualdad. “En particular, el discurso que inste al odio o a la discriminación contra determinados colectivos no está amparado por esta libertad, y es sancionable”, recalca.

Así, describe que las declaraciones del locutor, esencialmente quejosas, se centran en el, a su juicio, desprecio del tribunal alemán hacia España y por extensión a sus ciudadanos, expresando su frustración y su deseo de que la afrenta sea devuelta, “si bien este último extremo desde una inadecuada perspectiva que puede hacer incluso referencia vagamente a actuaciones indeseablemente violentas contra el colectivo de ciudadanos alemanes”.

Tras el análisis, la CNMC concluye que las expresiones son susceptibles de incitar al odio y a la discriminación por razón de la nacionalidad, en este caso alemana. “La intervención se revela como una expresión desafortunada que tiene calado potencial para generar por sí sola un clima de hostilidad hacia la ciudadanía alemana”, concluye.

En su alegaciones, Libertad Digital argumentó que la imposición de la sanción propuesta supondría una lesión del derecho fundamental a la libertad de expresión, pues la Administración no justifica cómo se han rebasado los límites en el ejercicio del derecho.

Asimismo, considera que las declaraciones no tienen por objeto incitar al odio por razón de nacionalidad, ni se emitieron con dicha intención y que el comportamiento objeto del presente procedimiento no es susceptible de ser sancionado por el tipo que se propone, pues es una conducta atípica.

Además, añade que el programa matinal se realizó en directo por parte del locutor, improvisando y sin sujeción a un guión concreto, propia de su línea editorial, de sobra conocida por la opinión pública. Además, asegura que el procedimiento adolece de defectos de formas que favorecen su indefensión.

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Pedro Sánchez propone una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su comparecencia por los primeros 100 días al frente de La Moncloa para anunciar la intención del Gobierno de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos en 60 días. Fuentes gubernamentales ya habían señalado que  se haría un anuncio “importante” durante el acto ‘Avanzamos’.

Si se cumplen los planes del Gobierno, la reforma “entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se anuncie su tramitación en el Congreso de los Diputados”, según ha matizado Sánchez.

El presidente ofrece desde las 12:00 un resumen de lo que ha sido su acción de gobierno durante algo más de tres meses, desde que el pasado 1 de junio ganó la moción de censura presentada en el Congreso de los Diputados contra el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Sánchez repasa las principales decisiones adoptadas desde entonces, como la aprobación de la sanidad pública universal para todas las personas que residen en España, incluidos los inmigrantes irregulares; el real decreto para poner en marcha la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos; el diálogo con la Generalitat de Cataluña para tratar de rebajar la tensión política; y la reversión de recortes aprobados por el Partido Popular en materia educativa durante los peores años de la crisis económica, entre otros.

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Ignacio González pide a Carmena volver a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha solicitado la reincorporación a su plaza de funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Según ha podido saber EL MUNDO, el ex líder del PP madrileño solicitó formalmente la vuelta al Consistorio madrileño, dirigido en estos momentos por Manuela Carmena, antes del pasado verano y se encuentra a la espera de que se le asigne un destino en la Administración municipal.

González, imputado en el denominado caso Lezo por corrupción, es técnico de administración general en la rama jurídica y se encuentra en excedencia desde 1996, cuando solicitó su salida del Ayuntamiento en situación de servicios especiales.

Desde que en julio de 2015 abandonó la Comunidad de Madrid se encuentra en excedencia voluntaria del Consistorio madrileño. De esta forma, el Ayuntamiento de la capital debe proceder a reincorporar a González automáticamente en el momento en el que tenga una plaza disponible acorde con su categoría profesional.

En estos momentos el caso Lezo se encuentra todavía en fase de instrucción y, por tanto, González aún no ha sido juzgado ni pesa sobre él ninguna condena que lleve aparejada su inhabilitación para cargo público. De esta forma, el proceso judicial en el que se encuentra inmerso González no condiciona su reingreso en el Consistorio.

González ha desarrollado su carrera siempre ligado a la Administración pública. Fue subsecretario del Ministerio de Cultura siendo ministra Esperanza Aguirre, y posteriormente secretario de Estado de Administraciones Públicas y secretario de Estado de Inmigración en el Ministerio del Interior que comandaba Ángel Acebes. Después pasó a la Comunidad de Madrid de la mano de Aguirre y fue vicepresidente de la región, portavoz del Gobierno autonómico, presidente del Canal de Isabel II y consejero de Cultura y Deportes.

El ex presidente madrileño fue encarcelado el 21 de abril de 2017 y salió del centro penitenciario de Soto del Real el pasado mes de noviembre. El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción investigan si percibió comisiones a cambio de contratos públicos en diversas operaciones que están siendo investigadas.

Durante las últimas semanas el instructor ha procedido a levantar el secreto que pesaba sobre las comisiones rogatorias libradas a Latinoamérica, sin que se haya encontrado ningún depósito con fondos a nombre de quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre.

La principal acusación contra él la lidera el ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, que le ha implicado en el cobro de sobornos por la compra de la sociedad brasileña Emissao. Hasta el momento la Fiscalía ha considerado insuficiente el testimonio de Rodríguez Sobrino, ya que no ha podido determinar que González dispusiera de los fondos que sí cobró el ex alto cargo y que le atribuye a él.

La principal novedad en el proceso, tal y como reveló EL MUNDO hace unos días, radica en el hallazgo de 1,4 millones de euros en las Islas Bahamas bajo el control de Fernando Autrán, ex consejero del Canal de Isabel II durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid.

A pesar de que los investigadores disponen de un informe concluyente de la Guardia Civil, que acredita cómo Autrán desvió el dinero a Mónaco y a Portugal tras ser destituido por Gallardón, no ha sido llamado a declarar para justificar la procedencia de este dinero.

elmundo

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El escenario de una tesis bajo sospecha

El proceso de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo como contexto la transición hacia el modelo universitario implantado por la reforma de 2007, el llamado Plan Bolonia. En seis años, es decir, para 2013, las universidades privadas debían acreditar que la mitad de su profesorado tenía el título de doctor; y el 60 por ciento de estos doctores debía estar acreditado por una agencia nacional o autonómica del profesorado universitario. Si no se cumplían estos requisitos, la universidad no podía recibir la acreditación de sus estudios oficiales. La Camilo José Cela no fue la excepción en ese tiempo de urgencias y prisas que tuvieron algunas universidades privadas para adaptarse a las nuevas exigencias. Las fechas de la tesis doctoral de Pedro Sánchez coinciden con ese período y explicarían la aparente laxitud en el rigor científico de la obra y en el nivel académico de los miembros del tribunal. A mayor abundamiento, el rector de la Universidad Camilo José Cela era entonces Rafael Cortés Elvira, quien había sido previamente secretario de Estado para el Deporte entre 1993 y 1996 en el último gobierno de Felipe González.

Todos estos factores crearon el escenario adecuado para la redacción de una tesis en un tiempo récord, pues no hay que olvidar el dato de que Pedro Sánchez fue diputado por el PSOE hasta septiembre de 2011, justo cuando pidió a través de Twitter ayuda para localizar información sobre literatura económica porque tenía «que escribir unas notas sobre diplomacia económica». Petición harto extraña en quien debería estar siguiendo las indicaciones de la directora de su tesis -entre ellas, la bibliografía adecuada para su investigación- y contar con el apoyo de la universidad.

Los datos son objetivos, y negarlos sólo consigue aumentar los perfiles del escándalo causado por las irregularidades constatadas en la tesis doctoral de Pedro Sánchez, e incrementado también por su airada reacción contra este periódico. Lo que conviene al presidente del Gobierno es lo mismo que a todo político sorprendido en un renuncio: ofrecer una versión convincente de lo que sucedió con su tesis doctoral, aunque suponga admitir que, por prisas o por otros motivos, no fue todo lo correcta que debió ser. Y si además fuera acompañado por una explicación institucional de la Universidad Camilo José Cela sobre el procedimiento que siguió dicha tesis doctoral, desde su inscripción hasta la designación del tribunal, mejor aún.

Publicar la tesis en internet, utilizar La Moncloa para que hiciera una comprobación de plagios y amenazar a ABC con acciones legales no han sido reacciones adecuadas para que Pedro Sánchez arrojara luz sobre su tesis doctoral. Las sombras siguen, y más espesas cada día.

abc.es

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España casi duplicó la venta de armas a Arabia Saudí el año que estalló la guerra de Yemen

España batió un récord en la venta de armamento a Arabia Saudí el año en que estalló la guerra de Yemen. Los datos oficiales reflejan que 2015, el ejercicio en que se firmó también la polémica venta de 400 bombas que finalmente se entregarán a Riad, registró operaciones mucho más jugosas con la monarquía saudí. Las exportaciones a ese país representaron un 14% del total y prácticamente duplicaron (crecieron un 86%) las cifras de 2014. Aunque las empresas españolas destinan su producción principalmente a Estados de la UE y de la OTAN, las ventas al Estado de la península arábiga y a otros de dudosa reputación en derechos humanos se han disparado en los últimos años. Ante la creciente presión de ONG críticas con esta evolución, el Gobierno estudia estrechar los controles del uso que hacen del armamento español los territorios que lo adquieren.

Los datos oficiales enmascaran la exportación de las 400 bombas de precisión que España autorizó vender a Riad en 2015. Ese año hay consignadas licencias por valor de 584 millones de euros, el máximo de la serie, aunque la cifra real de ventas fue ligeramente inferior. Los registros del Ministerio de Economía dividen el armamento exportado en categorías y solo detallan las operaciones de mayor cuantía. Dado que esta solo ascendió a 9,2 millones de euros, lo más probable es que aparezca dentro de la rúbrica de bombas, que sumó casi 68 millones.

Lo que está fuera de dudas es que ese año marcó el cenit de una fructífera relación afianzada a partir de 2013, cuando Arabia Saudí se colocó entre los principales destinos de los productos de defensa españoles (hasta entonces las ventas eran muy limitadas). “España vende a un amplio número de países. La mayoría son Estados fiables. Pero en la lista aparecen Arabia Saudí y otros a los que se venden equipos militares”, explica desde Estocolmo Pieter Wezeman, investigador del Sipri, el instituto europeo de referencia en estudios de seguridad.

Tomando todas las ventas en su conjunto, España exportó armas por valor de 4.347 millones de euros el año pasado, más del doble que en 2012. Estos volúmenes colocan a España en el séptimo puesto mundial por volumen de exportación de defensa, según el Sipri, con Arabia Saudí como tercer cliente con mayor peso. Wezeman detecta “pocas restricciones” en los criterios españoles de venta a países con riesgo de represión y pone como ejemplo de buenas prácticas a Holanda, Suecia, Noruega, Alemania y, en menor medida, a Bélgica y Finlandia.

Esas operaciones resultan cada vez más controvertidas, especialmente en el contexto de la guerra de Yemen, un conflicto que desangra al país desde hace más de tres años y en el que la coalición que lidera Arabia Saudí es considerada por la ONU responsable de violaciones de los derechos humanos. Los 270 millones de euros de euros que las empresas españolas de armamento exportaron a Riad el año pasado —con aviones, proyectiles y granadas en la cesta comercial— suponen el 6,2% de todas las operaciones. No es la única partida problemática. La plataforma Armas bajo control, integrada por las organizaciones más activas en este terreno (Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y FundiPau) detectó el año pasado transacciones “de extrema gravedad”, en concreto a Arabia Saudí e Israel, y otras ventas preocupantes a 17 p>

En ese epígrafe figuran, por ejemplo, granadas, bombas, vehículos y piezas a Emiratos Árabes Unidos o armas pequeñas a las fuerzas armadas de Bahréin. Ambos países participan en la coalición saudí en Yemen. También inquietan las armas ligeras vendidas al Ministerio de Defensa en Irak o el material antidisturbios destinado a la policía de Túnez. Fuera de esa región tan convulsa, la munición destinada a la policía brasileña, las armas pequeñas vendidas en Colombia y Perú o el material destinado a Turquía despiertan recelos en esta organización, que se ha reunido recientemente con el Gobierno español para trasladarle sus demandas.

Paralizar las operaciones

“Con el episodio de Arabia Saudí, el Ejecutivo ha perdido la oportunidad de ponerse a la cabeza del mundo en el control de las exportaciones de armamento”, lamenta Alberto Estévez, portavoz de Armas bajo control. Estévez es consciente de que no se puede paralizar sin más todo el comercio armamentístico con países ajenos a la OTAN y a la UE, pero sí pide un gesto —una paralización cautelar de las transacciones— en el caso de los envíos a Riad. Resulta poco probable que el Gobierno, después de anunciar que frenaría la entrega de misiles láser a la monarquía saudí y luego diera marcha atrás ante el riesgo de que ese revés obstaculizara otras operaciones, tome esa decisión tan drástica.

Estévez concede, pese a todo, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez muestra algunos signos de compromiso. Entre ellos, acelerar un equipo que ya estaba en marcha para promover cambios legales que garanticen un mayor control expost de las ventas de armas. “Todo ha mejorado, pero aún queda mucho camino por recorrer, en particular en el control parlamentario de estas operaciones y en transparencia”, resume.

La ley española, que data de 2007, prohíbe exportar material si existe el riesgo de que se emplee contra los derechos humanos, de que salga del país de destino o de que se revenda a terceros. Los territorios sujetos a control deben certificar el cumplimiento de estos requisitos, aunque en la práctica resulta imposible garantizarlos. Una junta interministerial (adscrita al Ministerio de Economía y compuesta también por Exteriores, Defensa, Hacienda e Interior) es la encargada de decidir si concede o no las licencias. Sus deliberaciones son secretas, aunque debe informar al Parlamento cada semestre de lo que autoriza y lo que deniega. Este organismo se reunirá el próximo miércoles.

Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, tiene criterios más transparentes y requiere el visto bueno del Congreso para algunas exportaciones. Pero ni siquiera ese país pone la lupa sobre todas las transacciones. El Departamento de Estado estadounidense rehúsa ofrecer información sobre las 400 bombas vendidas a Arabia Saudí (que previamente fueron transferidas desde Estados Unidos a España) con el argumento de que no puede divulgar detalles sobre operaciones de poca cuantía o que impliquen a un cliente extranjero.

Pocas denegaciones de licencia

La mayor parte de solicitudes de licencias de compra de armas acaban en visto bueno. El Gobierno otorgó el año pasado 1.560 autorizaciones de exportación, frente a solo cuatro denegaciones. Cada caso se revisa de manera individual y la decisión última corresponde al país que vende el armamento. Hay que respetar, pese a todo, reglas de la UE, de la ONU y de la OSCE.

Israel, China y Myanmar fueron los tres únicos países que recibieron una negativa a sus solicitudes el año pasado, según el informe anual elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio. A Israel se le denegaron dos peticiones para adquirir 10 cañones para desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carro de combate. El motivo fue el cumplimiento de la posición común europea. Myanmar, con 20 pistolas de tiro deportivo, y China, con seis sistemas de clasificación acústica, fueron los otros dos Estados con demandas rechazadas.

elpais

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La crisis de Navantia por las bombas de Arabia Saudí: diez días de conexión telefónica Madrid-Andalucía

El pasado martes, 4 de septiembre, la Cadena Ser adelantó en exclusiva que el Ministerio de Defensa había paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español a Arabia Saudí para bombardear Yemen. La ministra Margarita Robles pretendía devolver al país saudí los 9,2 millones de euros que había recibido por esta venta, dejando sin efecto un contrato firmado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en 2015.  En ese mismo momento, las alarmas saltaban en la otra punta del país. Escuchando los argumentos antibelicistas de Robles y en defensa de los Derechos Humanos, estaba una persona muy próxima a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que escuchaba la noticia en la radio con otras claves muy distintas: “Esto nos va a dar problemas en Navantia”, dijo

48 horas después, los trabajadores de los Astilleros de Cádiz lanzaban un mensaje de alerta: la decisión de Robles y la paralización de la venta de las bombas a Arabia Saudí acababa de poner en riesgo el contrato del país árabe recién firmado con España para adquirir cinco corbetas de Navantia por valor de 2.000 millones de euros, y la creación de 6.000 puestos de trabajo en una de las zonas más castigadas por el desempleo.

La presidenta de la Junta de Andalucía no se enteró de las primeras movilizaciones de los trabajadores de Navantia hasta el jueves 6 por la noche, nada más aterrizar en Carcassone (Francia). Allí debía asistir el viernes a una reunión preparatoria del Comité de las Regiones (CdR) sobre el diseño del nuevo Fondo Social Europeo para el periodo 2021-2017.

“No recuerdo lo que hicimos en Carcassone”

El contenido y el desarrollo de aquella reunión ha quedado en un segundo plano, porque la presidenta andaluza tuvo que improvisar un gabinete de crisis en el mismo hotel de la localidad francesa en el que se estaba quedando, acompañada de algunos de sus asesores. El viernes 7, Susana Díaz, desde Francia, y su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, desde Sevilla, cruzaron docenas de llamadas telefónicas al más alto nivel, tratando de apagar el incendio laboral que acababa de producirse.

Díaz telefoneó primero al presidente del Gobierno  Pedro Sánchez para explicarle la peligrosa carambola que había desatado la decisión de la ministra de Defensa en la Bahía de Cádiz, una de las zonas más azotadas por el paro de España, con uno de los astilleros más guerreros del país. “Si Navantia se levanta en pie guerra, lo de Arabia Saudí va a ser un juego”. Los trabajadores ya habían anunciado paros y movilizaciones y estaban dispuestos a mantener la tensión hasta estar seguros de que el contrato seguía en pie. El vicepresidente andaluz, gaditano de origen, hablaba por un teléfono con el comité de empresa y por el otro con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “No recuerdo qué hicimos en Carcassone esas 24 horas aparte de hablar sobre Navantia”, explica un miembro de la Junta.

Coste político y laboral

Cuando Susana Díaz habla por primera vez con Pedro Sánchez, éste ya era consciente de la gravedad de la situación en los Astilleros de Cádiz, y del coste laboral y político que podía suponer para España y singularmente para Andalucía, que se encuentra al borde de unas elecciones autonómicas decisivas. “Ya está en manos del ministro de Exteriores. Esto no va a llegar a más”, cuentan que dijo el presidente. El lunes 10, Díaz aseguraba en la radio pública andaluza que “Pedro Sánchez le había dado su palabra”. Sin embargo, pese a los mensajes de tranquilidad de los líderes sindicales nacionales o el presidente de la patronal,  el comité de empresa y los trabajadores del astillero gaditano seguían reclamando garantías. De hecho, mantenían aún un calendario de movilizaciones y protestas hasta que vieran “un comunicado oficial”.

Aún no se había producido una rectificación formal por parte del Gobierno, pero el ministro Josep Borrell había iniciado contactos diplomáticos con el Ejecutivo saudí para reconducir la situación, como se confirmó públicamente unos días después.  Había riesgo de que algún otro país estuviese haciendo maniobras con los saudíes para que los contratos cambiaran de ubicación, atentos a la crisis. Y Cádiz seguía viendo crecer la tensión que supone la perdida de 6000 puestos de trabajo sin un plan B anunciado. De hecho, el alcalde de la ciudad, José María González “Kichi”, respaldaba las movilizaciones de los astilleros ante el dilema “entre fabricar armas y comer”, pese a la posición de Podemos durante esta crisis.

La gestión de Borrell terminaría con una desautorización rotunda a Margarita Robles. “La ministra de Defensa actuó por su cuenta. Cuando nosotros dimos el aviso de alerta, el ministro Borrell ya se había puesto manos a la obra para frenar la operación de Robles”, explican fuentes del Ejecutivo andaluz.

Este miércoles 12, España envió finalmente las bombas comprometidas a Arabia Saudí argumentando que “son de precisión y no producen daños colaterales”, y el país árabe confirmó que el contrato de las corbetas de Navantia seguía en pie y en la Bahía gaditana. Susana Díaz telefoneó a Pedro Sánchez el jueves 13 por la mañana para darle las gracias personalmente y los trabajadores de Navantia desconvocaron las movilizaciones.

eldiario.es

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El error de Celáa: Sánchez no es el primer presidente del Gobierno doctor

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, se enorgulleció este viernes de que “Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno doctor”.

Así lo aseguró en su defensa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, esta información no es cierta, ya que Leopoldo Calvo-Sotelo era doctor. El segundo presidente del Gobierno desde la reinstauración de la democracia, que gobernó entre febrero de 1981 y diciembre de 1982, era ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con el número uno de su promoción, por el que recibió un premio, el Escalona, y se doctoró por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en 1968. Sánchez podrá compartir además con Calvo-Sotelo haber sido presidente en una legislatura corta.

Pero Calvo-Sotelo no es el único presidente del Gobierno de la democracia con un currículum abultado. José María Aznar es inspector de Hacienda del Estado y Mariano Rajoy, registrador de la propiedad.

Los otros dos presidentes socialistas coinciden en su formación en Derecho. Felipe González se licenció en Derecho y trabajó como abogado laborista y profesor de Derecho del Trabajo. Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero se licenció en Derecho y fue contratado como profesor colaborador de Derecho Constitucional. El primer presidente del Gobierno de la democracia, Adolfo Suárez, era licenciado en Derecho y empezó estudios de doctorado, aunque no llegó a defender su tesis.

expansion

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La Audiencia reduce de dos años a nueve meses la pena al rapero Hasel

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha reducido de dos años un día a nueve meses y un día (mínimo legal) la pena impuesta en marzo al rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasel, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona e Instituciones del Estado. Los magistrados cree, como hizo el tribunal, que efectivamente cometió estos delitos, pero apuntan a que deben aplicarse el castigo menor posible, entre otros motivos, porque a la banda a la que exaltaba, los Grapo, hace años que está desparecida.

Hasel fue condenado, por segunda vez, hace más de medio año por el contenido de 64 mensajes publicados en Twitter y una canción en el canal Youtube. En aquellos comentarios, además de acusar al Rey emérito y al actual de homicidio y de malversación o a las fuerzas de seguridad de asesinatos o torturas, el rapero escribió, junto a la foto de un miembro de los Grapo, «las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá». La Sala entendió entonces que ese comentario equivalía a dejar la protesta pacífica en favor de la actuación violenta.

La Sala comparte el criterio de la sentencia de instancia de que en los hechos juzgados no se ha tratado de sancionar penalmente, como alegaba Hasel en su recurso, una discrepancia respecto a ideologías políticas.

El tribunal argumenta que los mensajes publicados por el rapero en las redes sociales, «reincidiendo en actos semejantes que realizó en el pasado», tienen un «indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas como Grapo», así como de miembros terroristas concretos, que van más allá de «la expresión de coincidencia con objetivos políticos», «o camaradería nacida de vínculos ideológicos».

Pero los magistrados alegan que el cantante enalteció a terroristas de una organización que lleva un «tiempo importante sin realizar acciones terroristas». También creen que hay que rebajar la pena porque el acusado, condenado ya en 2014 a dos años de cárcel por enaltecimiento, son simples reiteraciones de aquellos comentarios y sus expresiones actuales son «menos explícitas que aquellas por las que se le condenó en un pasado». Por último, la Sala tiene en cuenta que algunos de los tuits fueron publicados con anterioridad a la reforma del Código Penal de 2015 que agravó el enaltecimiento.

hoy.es

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