La rajada de Cifuentes contra Ciudadanos, su apoyo en el Gobierno madrileño

Cristina Cifuentes celebró ayer sus dos años al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid acompañada de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, y altos cargos del partido, como Fernando Martínez Maíllo y Pablo Casado.

En su intervención, según informa el diario ‘El Mundo’, Cifuentes criticó con dureza a Ciudadanos, pese a ser el partido que apoya su gobierno. “Intentan crecer a nuestra costa, sin ningún escrúpulo, y atribuyéndose con muy poco pudor los méritos de las medidas que impulsa y que aplica el PP”, dijo la presidenta de la CAM, que también mostró su satisfacción “por haber cumplido el 90% de las medidas del programa electoral”. “La semana pasada Ciudadanos apoyó la reprobación del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, cuando lo cierto es que estamos cumpliendo el acuerdo de investidura en materia de Sanidad, que es la mejor de España”, ha explicado.

Cifuentes ha criticado que Ciudadanos tiende “de forma habitual” a votar en la Asamblea de Madrid junto con Podemos y el PSOE, algo que, a su juicio, la formación naranja hace para “desprestigiar al PP” y porque quieren crecer a su costa. “Esto no es muy leal, espero que en los dos años que quedan podamos reconducir esa relación”, ha manifestado.

En tono crítico se refirió también a Ahora Madrid, insistiendo en la necesidad de recuperar la capital “no para el PP, sino para todos los madrileños”, no reconociendo por tanto su buena relación con la alcaldesa, Manuela Carmena. Cifuentes dijo tras criticar a Ciudadanos que “dentro de este espectáculo hay algo más peligroso, Podemos”. “Le está haciendo la vida imposible a los madrileños, solo aporta suciedad, atascos, más contaminación y sectarismo, sectarismo en todas sus manifestaciones”, ha añadido.

diariocritico.com

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Carmena elimina el himno de España de la fiesta de la Policía Municipal

La festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal, se convirtió ayer en un tablero de ajedrez político en el que abundaron las críticas y reproches sobre la dimensión del acto en sí y las políticas de seguridad del Gobierno de Manuela Carmena. Pero como telón de fondo principal estuvo la polémica adelantada por ABC sobre la concesión de condecoraciones. Y también detalles como la ausencia del Himno Nacional y de «La muerte no es el final», pieza que siempre acompaña el homenaje a los agentes caídos.

El formato del evento, celebrado en el Patio de Cristales del Palacio de Cibeles (siempre, a excepción del año pasado, que tuvo lugar en el auditorio de la Casa de Campo, era en el paseo de Coches del Retiro), fue una de las críticas. Mientras que el Gobierno local defendió la nueva ubicación por ser más céntrica y accesible, desde el PP, su portavoz, José Luis Martínez-Almeida, lo calificó de «acto semiclandestino, a escondidas». «Que sea al aire libre y esté abierto a toda la ciudadanía. Han hecho una parada semiclandestina a la que solo han asistido la alcaldesa y el concejal de Seguridad, sin invitarnos al resto de la Corporación municipal. Es una falta de estilo imperdonable. Y el remate es que se vaya a entregar una medalla en un despacho a un policía. Exigimos que se haga en un acto público».

Begoña Villacís, de Ciudadanos, que también reclamó que el evento regrese a El Retiro, se refirió asimismo a la polémica sobre el veto inicial a la condecoración al líder de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón, a quien la Junta de Recompensas propuso para la Medalla al Mérito Policial (salvó a una mujer transexual de lanzarse desde un puente). Finalmente, el jueves, el Área de Seguridad reculó y reconoció su error; pero la distinción, por esa anomalía, no formó parte de las 29 medallas, 76 cruces y 11 diplomas otorgados ayer en mano por la alcaldesa, Manuela Carmena, y la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, que fue invitada al acto. «La gestión de la Policía Municipal es de las cosas peores que está haciendo este Gobierno», remachó Villacís, que también afeó los expedientes a seis agentes por el escrache al concejal de Seguridad, Javier Barbero, de febrero de 2016: «A esos policías se les impide expresarse libremente. El Ayuntamiento actúa con planteamientos apriorismos ideológicos».

Cambios en las recompensas

El director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, negó ayer a este periódico que haya actuado de espaldas al reglamento de 2013, como denuncia la Asociación de Jefes de la Policía Municipal de Madrid. Confirmó lo adelantado ayer ABC: se reformará el sistema de condecoraciones, en el que participarán, además de los inspectores y subinspectores, sargentos, oficiales y quizá cabos, además de él mismo y el edil. Aseveró que la Junta de Recompensas (encargada de proponer a los meritorios), «está derogada» y que se rige por «una normativa que ya no existe», de 1996: «Son mandos de la escala técnica, deberían conocer su propio reglamento. La decisión sobre las medallas es mía y de Barbero».

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a los aludidos. Insisten en que se ha sacado del listado inicial a, al menos, dos personas por «criterios arbitrarios y políticos», que tachan de «caza de brujas» por parte de Serrano y Barbero. A cambio, se ha incluido a otras cinco que no estaban en la lista inicial de galardonados. Una nómina remitida al Área por la Junta de Recompensas, la misma que los políticos dicen que está derogada, pero que aceptaron en un 96%, excepto en los casos referidos. El asunto puede acabar en los tribunales.

abc.es

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Así traicionó Rajoy al Levante español

Trece años después de la derogación del Plan Hidrológico Nacional por José Luis Rodríguez Zapatero, la situación del sector agrícola del sureste español ha entrado en una fase agónica por falta de agua. Zapatero, siendo ministra Cristina Narbona, suprimió el instrumento jurídico y técnico que habría puesto fin al déficit estructural de la cuenca del río Segura y garantizado los recursos hídricos para mantener la agricultura de la zona, la más intensiva y con mejores resultados de toda Europa.

Pero Zapatero necesitaba los votos de ERC (y del PSC) para llegar a La Moncloa y, en consecuencia, su primera decisión ejecutiva como presidente fue eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. A cambio, los socialistas se sacaron de la manga las desalinizadoras. A su construcción dedicaron 4.000 millones de los fondos europeos destinados al Plan Hidrológico Nacional (PHN), y lo hicieron con tanta solvencia -la habitual en los socialistas- que aún hoy carecen de las acometidas eléctricas y conducciones necesarias para que cumplan plenamente su función.

Los populares tratan ahora de asustar a los regantes con el “¡que viene la Narbona”! (recientemente elegida presidenta del PSOE) para mantener ese voto cautivo, pero lo cierto es que han tenido tiempo suficiente para haber solucionado el destrozo perpetrado por la nueva mandataria socialista y su jefe de entonces, el gran ZP. Lejos de ello, ahora resulta que el PP no quiere tampoco trasvases y su ministra de Agricultura, García Tejerina, trata de convencer a los regantes levantinos de que tienen que cambiar “su modelo productivo”. Eso mismo propone González Pons desde Bruselas, que en una reunión con los agricultores que ven morir sus plantaciones y están ya al borde de la ruina tuvo el cuajo de exigirles que no mencionaran más los trasvases porque ese argumento ya no cala en Europa.

¿Vendrán Tejerina y González Pons al campo de Cartagena a explicar a los miles de magrebíes que viven de la agricultura que tienen que cambiar “su modelo laboral”? ¿Les animarán a entrar en la Universidad para doctorarlos, por ejemplo, en Estudios de Género? Los dos dirigentes populares podrían salir de gira por el agro levantino acompañados de los líderes de Podemos, partidarios también de cambiar el modelo productivo, que llevaría a la indigencia a los trabajadores más necesitados de España en un ejemplo muy gráfico de lo bien que estarían “los de abajo” con las políticas podemitas, que ahora el PP también quiere aplicar.

Los franquistas Indalecio Prieto y José Borrell

Los argumentos para oponerse a llevar agua desde donde sobra hasta donde escasea no pueden ser más romos. De hecho, una cuestión meramente técnica se ha convertido en un arma arrojadiza entre las distintas fuerzas políticas, que cambian diametralmente de criterio según estén en el Gobierno o la oposición. Se llega a tachar de franquistas los trasvases haciendo gala de una gran indigencia intelectual, puesto que el primer Plan Hidrológico Nacional (que, naturalmente, incluía un trasvase de agua desde el Ebro al Levante) fue elaborado por Indalecio Prieto, ministro socialista durante la II República.

A lo largo del franquismo se construyeron embalses para impulsar al sector agrícola, pero el siguiente PHN no lo diseñó ningún ministro de Franco sino uno socialista, Josep Borrell (irónicamente, pareja de la dirigente del PSOE más furiosamente antitrasvasista, la citada Cristina Narbona). Borrell volvió a incluir al Ebro en el eje central del plan, al objeto de utilizar parte de sus 6.000 hectómetros cúbicos excedentarios. De hecho, el plan de Borrel establecía el trasvase de 1.800 hm3 a otras cuencas, casi el doble de lo que contemplaría el PHN elaborado por Aznar poco después.

Aquel Plan Hidrológico no llegó a aprobarse porque previamente era necesario elaborar los planes de cuenca y un Plan Nacional de Regadíos y, además, los socialistas no consiguieron el consenso necesario en el Consejo Nacional del Agua. Era el año 1996 y el felipismo ya tocaba a su fin, sin margen de tiempo suficiente para cumplir todos los trámites y hacer pedagogía. Sin embargo, quedaron suficientemente constatados el empeño de Borrell por articular un plan que, definitivamente, solucionaba el desequilibrio hídrico de la nación y la defensa del proyecto del presidente Felipe González, que en un gesto de apoyo a su ministro llegó a decir públicamente que “algunos se sientan en su botijo y no quieren dar de beber a los que se mueren de sed”.

Fue Isabel Tocino, ya en el primer Gobierno de Aznar, la que consiguió elaborar todos los planes de cuenca y llevar a cabo los trámites para la aprobación del nuevo Plan Hidrológico Nacional, un documento que, finalmente, obtuvo el respaldo de una amplísima mayoría de las comunidades autónomas y del resto de miembros del Consejo Nacional del Agua. El proyecto incluía inversiones de extraordinaria envergadura a lo largo de toda la cuenca del Ebro, donde se sigue dando la paradoja de pueblos cercanos al río más caudaloso de España con problemas de abastecimiento de agua potable. Llegó a ponerse la primera piedra de este Trasvase del Ebro, a su vez piedra angular del PHN, pero las elecciones del 14 de marzo de 2004, en las que el PP resultó derrotado contra todo pronóstico, permitieron la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el resultado por todos conocido.

Pero el que personajes como González Pons y García Tejerina (con el silencio estruendoso del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, hoy compañero del político valenciano en Estrasburgo) traten de engañar a sus votantes carece de relevancia. Lo sustancial es el papel del actual presidente del Gobierno en todo este asunto. Durante sus cuatro años de mayoría absoluta parlamentaria no movió ni un solo papel para solucionar uno de los mayores problemas estructurales de España y eso, tarde o temprano, acabará pasando factura.

Lo que Rajoy no quiere recordar

El 14 de julio de 2005 tuvo lugar en Murcia una de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan. Regantes de Alicante, Almería y Murcia, acompañados de miles de ciudadanos, se reunieron en la capital murciana para protestar por la derogación del PHN y exigir soluciones al Gobierno de ZP ante la falta de agua. En la cabeza de la manifestación, sosteniendo la pancarta, Mariano Rajoy Brey; completaban la terna esa tarde los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana.

Una semana antes, el entonces jefe de la oposición había afirmado en Almería que su primera decisión al frente de un Gobierno del Partido Popular sería (¡exacto!) recuperar el Plan Hidrológico Nacional. No fue tan gráfico como el ministro de Agricultura de Aznar, Arias Cañete, (en octubre de 2000, a preguntas de unos agricultores jumillanos, afirmó que el trasvase del Ebro se haría “por cojones”), pero el mensaje fue igual de nítido. Por cierto, García Tejerina era secretaria de Estado del impulsivo ministro, pero, al parecer, fue la única persona en toda España que no escuchó el exabrupto entusiasta de su jefe: hace pocos días rechazó la posibilidad de cualquier nuevo trasvase ante los agricultores murcianos que acudieron a su despacho en busca de socorro, con el argumento de que ni ella ni ningún dirigente de su partido habían prometido jamás nada parecido. Increíble, pero cierto.

Pues bien, Rajoy llegó en 2011 a La Moncloa con una mayoría histórica, lo que le garantizaba carta blanca para deshacer todas las tropelías de su antecesor. No revertió ninguna. No solo eso. En lo que se refiere al problema del agua, lo cierto es que lo agravó.

María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, acordó con José María Barreda una reforma del Estatuto de Autonomía que ponía fecha de caducidad (en 2015) al Trasvase Tajo-Segura. La secretaria general del PP fue, por tanto, impulsora de una medida que habría acabado con el futuro del sureste español, arruinado a decenas de miles de pequeños agricultores y expulsado del mercado laboral a más de cien mil trabajadores.

Era demasiado hasta para Rajoy. Para evitar una afrenta a la actual ministra de Defensa, en el PP acordaron una solución intermedia a través de un memorándum de gestión que elevó de 240 a 400 hm3 las reservas intocables de la cabecera del Tajo, haciendo mucho más difíciles los trasvases en los momentos de mayor necesidad. Paralelamente, los populares aragoneses, con Rudi a la cabeza, acordaron con los regionalistas elevar también la reserva mínima del Ebro hasta un nivel que, de hecho, jamás ha sido alcanzado, lo que impide también cualquier aportación de caudal en el futuro.

Esas han sido las dos grandes decisiones de Rajoy para gestionar del agua en España, un conflicto en el fondo absurdo, que solo tiene justificación como argumento arrojadizo entre las fuerzas políticas, porque lo cierto es que hay soluciones técnicamente viables para acabar con ese problema ancestral de una vez por todas.

Los expertos en ingeniería hidráulica llevan años proponiendo la interconexión de cuencas (entre el Ebro, Duero, Tajo y Segura) como la solución más barata y ecológica al desequilibrio hídrico español. El agua es un recurso nacional cuyo reparto equitativo es imprescindible si queremos ser un país estructurado. Además, sepan los anti-trasvasistas que los regantes del sureste pagan el agua trasvasada a un precio bastante caro y, además, con religiosa puntualidad. De hecho están dispuestos a cubrir los costes de esta conexión de cuencas, que no perjudica a nadie y supondría el despegue definitivo de la región que exporta los productos hortofrutícolas más apreciados en los mercados europeos. El 80% de las exportaciones españolas de estos productos procede de aquí, lo que convierte a la agricultura de la región en una de las fuentes de empleo y de riqueza más importantes con que cuenta el Levante español.

La traición de la clase política es tan grosera que hasta el representante de los regantes del trasvase Tajo-Segura, poco sospechoso de pertenecer a Podemos, ha tachado de “estafa electoral”, lo que socialistas y populares vienen perpetrando contra los intereses de los productores murcianos, alicantinos y almerienses desde que, hace ahora trece años, Zapatero se cargó el Plan Hidrológico Nacional. El enfado es tan grande que ya se están planteando paros de producción que llevarían al desabastecimiento de hortalizas en los mercados del norte y centro de Europa. Así están los ánimos cuando, inmersos ya en el verano, los agricultores levantinos ven cada vez más cerca la ruina que se les avecina por una mera cuestión de insolidaridad de la clase política autonómica, y de un Gobierno incapaz de tomar decisiones en un asunto que le compete en exclusiva para no perjudicar sus expectativas electorales en determinados territorios.

Ni siquiera para abrir los pozos de sequía, que palían ligeramente el desastre, han estado raudas las autoridades del Ministerio. Esta misma semana firmaron finalmente la autorización, después de casi un año de dilaciones injustificadas ante una situación de extrema gravedad, que llevó a los agricultores a comienzos de abril a tomar la capital murciana con cientos de tractores que colapsaron la ciudad. En cuanto a las desaladoras, las hay que funcionan al ralentí porque no tienen la potencia eléctrica necesaria contratada y están mal conectadas con las redes de riego. Por otra parte el agua desalada (o desmayá, como la denominan los agricultores de la zona), exige fuertes subvenciones públicas, porque su precio de mercado resulta prohibitivo para uso agrícola y, por su composición, es imposible utilizarla de manera intensiva sin causar graves daños a las plantaciones.

Esta es la gestión del Gobierno de Rajoy y estos sus resultados. A él parece darle exactamente igual. ¡No le quita la siesta el Golpe de Estado de Cataluña, le va a molestar que Angela Merkel no encuentre brócoli en su supermercado habitual! Pero en Murcia, el discurso del agua ha permitido al PP ganar elecciones durante 20 años. En 2019 son las autonómicas y al año siguiente las Generales, en las que Murcia aporta 10 diputados al Congreso. Si Mariano cree que su manejo magistral de los tiempos va a evitar un desastre electoral sin precedentes para el PP, entonces es que padece el mismo mal que el campo murciano: una falta de riego monumental.

libremercado.com

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PP y Ciudadanos destinarán contra la pobreza infantil un tercio de lo que acordaron

l Partido Popular y Ciudadanos acordaron en el pacto de investidura una inversión de 1.000 millones de euros para reducir la pobreza infantil en España, que amenaza a un tercio de los niños. Según el INE, el 29,1% de la población de niños, niñas y adolescentes se encuentra en situación de especial vulnerabilidad y riesgo pobreza. Sin embargo, el borrador de los presupuestos plantea una partida de 342 millones. Un tercio de lo acordado.

España lleva desde el 2009 una reducción total de 11.500 millones de euros en la prestación social para la infancia. Hace ocho años, la inversión pública destinada a este sector alcanzaba los 8.800 millones. Cinco años después, la cifra se había reducido a 6.431 millones.

Desde entonces, el Gobierno ha aumentado levemente (y paulatinamente) la cantidad, dejando insatisfecha a la Plataforma de Infancia, organización que aglutina a diferentes movimientos que luchan por mejorar la situación de la infancia. En estos momentos, la cifra de inversión es un 21% inferior a la de 2009.

De hecho, a día de hoy, España tan sólo destina el 1,3% del PIB a protección social a la infancia, lejos del 2,3% de la media UE. El acuerdo que alcanzó Ciudadanos con el PP a cambio de investir presidente a Mariano Rajoy contemplaba esta problemática. Sin embargo, ahora parecen hacer oídos sordos a las cifras del INE en el borrador de los presupuestos.

“Es necesario que los grupos parlamentarios y el Gobierno asuman la envergadura del drama que viven millones de niños y niñas en España, y que se asuma la responsabilidad de Estado que se tiene con ellos”, reclama Adolfo Lacuesta Antón, presidente de la Plataforma de Infancia. “La inversión en los niños y niñas es fundamental para su bienestar pero también tiene consecuencias de gravedad para sus oportunidades futuras”, afirma Lacuesta

elboletin

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Garzón admite el «estancamiento» de Unidos Podemos y la recuperación del bipartidismo

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha garantizado este sábado que no pone en cuestión la confluencia electoral con Podemos, pero ha pedido más visibilidad para su formación y que «la alianza» no se apropie de su trabajo.

Garzón ha presentado a los militantes en la Asamblea Político Social de IU tras un año de trabajo de la actual Dirección Federal un informe para «rendir cuentas», del que ha destacado que se produce «por primera vez en la historia» del partido con el objetivo de transmitir «con honestidad intelectual» y «sin esconder información» la situación actual de IU.

Entre los puntos del citado informe se encuentra la evaluación del pacto electoral con Podemos, aunque Garzón ha subrayado que a juicio de la Dirección Federal este no es «el aspecto central» del documento.

Sin embargo, Garzón ha calificado la alianza con la formación morada como «un buen invento» porque, según él, ha servido para neutralizar «la Segunda Transición y la regeneración del régimen». A pesar de ello, ha llamado a «fortalecer» esta alianza ya que «algo no está saliendo bien» y el bipartidismo «está recuperando cierto pulso».

En este sentido, el coordinador federal de IU ha declarado que su partido está «aplastado por el bipartidismo y la existencia de cuatro grandes partidos» y ha señalado la falta de la visibilidad como uno de los grandes problemas de IU.

A este respecto, ha pedido que la alianza con Podemos no se apropie del trabajo realizado por IU. «Necesitamos ese perfil propio porque creemos que hay sectores de la sociedad que se pueden ver más identificados en nosotros que en nuestros aliados», ha señalado Garzón, quien ha recordado que el objetivo último del socialismo es «mejorar la vida de las personas».

Asimismo, Garzón ha instado a «superar la liturgia de las siglas en pos de un objetivo común», y ha insistido en que la no diferenciación de los méritos de cada uno «perjudica a la alianza».

En cuanto a la estrategia a seguir por IU y, por extensión, por Unidos Podemos, Garzón considera que el trabajo de ambas formaciones no puede limitarse a la actividad en las instituciones y que debe «desplegar los actores políticos más allá».

«El trabajo de la alianza se ha quedado en las instituciones», ha criticado el coordinador federal de IU, quien ha puesto como ejemplo a los concejales de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por «perseguir la corrupción» y a quienes ha enviado su apoyo por encontrarse «en un proceso como respuesta al combate».

Asimismo, Garzón ha lamentado la pérdida de apoyo popular hacia Unidos Podemos, que en palabras suyas «se ha estancado», y cree que esto «debe revisarse de forma cruda»

abc.es

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Chaves y Griñán, al banquillo tras siete años de instrucción del caso ERE

El primer juicio del caso ERE (y el que más expectación mediática despierta) entra en la cuenta atrás. A partir del próximo 13 de diciembre, José Antonio Griñán y Manuel Chaves se convertirán en los primeros presidentes de la Junta de Andalucía que se sientan en el banquillo.

Están acusados de participar en una supuesta trama de corrupción estructural que perduró durante más de una década en la hegemonía territorial más larga de España. Ambos permitieron la entrega de subvenciones «con total discrecionalidad», «concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito», según dejó escrito el juez en el auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016

Los expresidentes que han dirigido Andalucía durante 23 de sus 36 años de Autonomía comparecerán delante de un tribunal en la Audiencia Provincial de Sevilla, cuando estarán a punto de cumplirse siete años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas 174/2011, más conocidas como el caso ERE.

Junto a ellos, van a ser juzgados otros 20 ex altos cargos de sus respectivos gobiernos por la rama política del caso ERE —denominada «procedimiento específico»—, la primera de las piezas en las que fue dividida la causa que va a ser enjuiciada. Entre los acusados hay seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

La fecha de la vista se acordó ayer en una reunión que mantuvieron los magistrados que compondrán el tribunal con los abogados defensores de los acusados y de la acusación particular que ejerce el PP andaluz.

Conforme al calendario establecido, los días 13, 14 y 15 de diciembre se dedicarán a las cuestiones previas de las partes. Una fase preliminar en la que las defensas y las acusaciones pueden plantear al tribunal causas de posible suspensión del juicio oral, como la enfermedad de letrados y acusados, así como otras alegaciones que puedan afectar al fondo del proceso.

No será hasta el 9 de enero, tras el paréntesis de la Navidad, cuando comiencen a declarar los 22 procesados en la causa. La vista oral puede prolongarse varios meses, a juicio de algunos abogados presentes en la causa, aunque no se ha marcado ninguna duración. Se desconoce, por tanto, cuándo se dictará la sentencia. Las sesiones se celebrarán los lunes y martes en horario de mañana, y los miércoles por la mañana y por la tarde, aunque queda abierta la puerta a ampliar el horario semanal si fuera necesario.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Para Chaves solicitó 10 años de inhabilitación por prevaricación. El PP andaluz también los incriminó por supuesta asociación ilícita, un delito que está castigado con pena de cárcel.

Los obstáculos y suspicacias han perseguido este proceso contra la hegemonía socialista de principio a fin. A los escraches, presiones políticas y judiciales, ataques personales y demoras de documentos que sufrió la juez Alaya durante la larga y compleja instrucción, les sucedieron el cambio de jueces motivado por la marcha de la instructora y, como colofón, la recusación del juez ponente del tribunal que iba a juzgar a Chaves y Griñán. Tal recusación fue promovida por el PP-A y el sindicato Manos Limpias.

La Audiencia Provincial de Sevilla apartó al magistrado Pedro Izquierdo del caso por «sospecha de apariencia de parcialidad». Izquierdo había sido alto cargo de la Junta de Andalucía bajo los mandatos de ambos expresidentes. En concreto, ocupó la Secretaría General para la Justicia entre 2008 y 2014.

Siguiendo el turno de reparto de la sala, lo ha sustituido Juan Antonio Calle Peña, magistrado de la Sección de la Audiencia que preside Izquierdo.

Desoyeron las alertas

Durante más de una década los políticos acusados permitieron que existiera un fondo ilícito de 855 millones de euros, alimentado con los presupuestos públicos, que desvió dinero a falsos prejubilados y a una legión de empresarios cercanos al PSOE, comisionistas, bufetes de abogados, conseguidores y asesorías de sindicatos, con el consiguiente quebranto para las arcas autonómicas. Dinero que es irrecuperable. Sólo el 2,8% de los 128,8 millones de euros reclamados por la Administración ha sido devueltos.

El descontrol fue el caldo de cultivo de un «gran fraude» —como lo calificó Griñán tras declarar ante el Tribunal Supremo—, aún sin cuantificar, que podría haberse atajado si los expresidentes de la Junta de Andalucía no hubieran hecho caso omiso a los contundentes informes que firmó el interventor general de la Administración autonómica (también imputado) cuestionando el procedimiento de reparto de subvenciones. Pero ninguno de ellos movió un dedo para frenarlo.

abc.es

 

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El ‘New York Times’ pide a Rajoy que permita un referéndumndum

En un editorial titulado ‘El desafío de Catalunya a España‘, el influyente diario estadounidense ‘The New York Times’ sugiere este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la conveniencia de permitir un referéndum de autodeterminación en Catalunya: “La mejor salida para España sería permitir el referéndum, y para los votantes catalanes, rechazar la independencia -como han hecho los votantes en Quebec y Escocia-“. “Sin embargo, la intransigencia de Madrid solo inflamará las frustraciones catalanas”, finaliza el texto.

“Un Gobierno central más capacitado podría apaciguar el fervor independentista dándole a la región un mejor retorno económico“, sostiene el editorial. “Catalunya contribuye casi a un quinto del producto interior bruto de España, aunque la región recibe apenas el 9,5% del presupuesto español”, agrega. “Negociando de buena fe con los líderes catalanes para hallar una solución política -en lugar de dejarlo a una interpretación jurídica restrictiva de la Constitución para castigar los esfuerzos de Catalunya para incrementar su autonomía- también ayudaría” a la solución, prosigue el contundente escrito.

“España está decidida a evitar un referéndum de independencia en Catalunya aunque su dura actitud hacia los líderes catalanes probablemente sólo ha incrementado el entusiasmo por una medida con un apoyo cuestionable”, comienza el texto. En una primera valoración de este editorial, fuentes del Govern de la Generalitat han calificado el texto de “bofetada mundial” contra el Gobierno de Rajoy. En Twitter, el ‘president’ Carles Puigdemont ha reaccionado con ironía: “Veo que la idea del golpe de Estado en forma de referéndum no la acaban de comprar”.

 

APELACIÓN AL PSOE

Horas antes de conocerse el editorial, Mariano Rajoy andaba a vueltas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre quién tiene que tomar la iniciativa para llamar al otro y pedirle una cita. Pero ni uno ni el otro parecen dispuestos en estos momentos a dar un paso al frente. El presidente del Gobierno lo dejó claro en la rueda de prensa que ofreció tras el Consejo Europeo, en Bruselas: “Tendré la reunión cuando quiera el señor Sánchez. Creo que es bueno que la tengamos”, dijo antes de reclamarle que explique en qué consiste su idea de “plurinacionalidad”.

Los socialistas sostienen que Sánchez ya telefoneó al jefe del Ejecutivo después de las primarias y consideran que debe ser el inquilino de la Moncloa el que descuelgue el teléfono y lo convoque. Aunque da por hecho el apoyo de los socialistas a la unidad de España, a Rajoy le gustaría que concretara qué significa su apuesta por la “plurinacionalidad”, qué leyes cree que habría que cambiar para que esta fuera una realidad y qué “efectos jurídicos generarían esos cambios”.

Sobre el reto soberanista, en la rueda tradicional de los viernes tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo insistió en reclamar a Carles Puigdemont que lleve su hoja de ruta al Congreso, que envíe otra vez su petición para comparecer a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, si es que la primera se ha “perdido”, y que se deje de “anuncios sobre anuncios”, en referencia a la convocatoria del día 4 para explicar los detalles de la consulta.

elperiodico.com

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Intentan quemar la capilla de la UAM: “La iglesia que ilumina es la que arde”

La capilla de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido atacada este viernes con el lanzamiento de artefactos incendiarios para tratar de quemarla pues los asaltantes han dejado una pintada con el mensaje: “la iglesia que ilumina es la que arde”.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han informado a Europa Press que los vigilantes de la universidad han alertado del ataque sobre las 7 horas de este viernes, avisando de que había cristales rotos y que se habían lanzado a través de las ventanas unos artefactos incendiarios.

Estos artefactos no han conseguido quemar la capilla de la Autónoma pero sí ha dañado una de las tallas que se encontraban en la estancia. Fuera del recinto, los atacantes han dejado una pintada con el lema “la iglesia que ilumina es la que arde”. La Policía Nacional investiga el asalto.

Por su parte, el Arzobispado de Madrid ha emitido un comunicado censurando el nuevo ataque que ha sufrido la capilla de la Universidad Autónoma. En este sentido, expone que se han generado daños en las paredes, el suelo, en una imagen de San José y en una puerta.

“El Arzobispado de Madrid reza por los responsables y manifiesta su dolor por este tipo de actos que quiebran la verdadera convivencia en sociedad”, ha insistido para recalcar que la universidad debería ser el lugar por excelencia “de búsqueda de la verdad y confrontación racional de ideas; un lugar donde siempre se defienda la verdadera libertad, cuya expresión más auténtica se manifiesta en la libertad religiosa como subraya la Iglesia y se reconoce en los Derechos Humanos”, destaca.

El Arzobispado de Madrid agradece asimismo la condena del ataque por parte de las autoridades académicas de la Universidad Autónoma y su interés por esclarecer lo ocurrido.

lainformacion.com

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La Diputación de Toledo retira a Franco la Medalla de Oro de la Provincia

El pleno de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado este viernes retirar al anterior jefe del Estado, el dictador Francisco Franco, la Medalla de Oro de la Provincia, máxima distinción que otorga esta institución y que le fue concedida en enero de 1972 con 17 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.

Precisamente, Franco –que residió en Toledo durante varios años como cadete de la Academia de Infantería- recibió la primera Medalla de Oro de la Provincia “como Generalísimo y Caudillo de los ejércitos, por encarnar todas las esencias de las virtudes señeras y representativas de los más altos ideales de la Patria”. Cuarenta y cinco años después de aquella distinción y después de que la Diputación toledana haya sido gobernada a lo largo de este tiempo por UCD, PP y PSOE –actualmente los socialistas gobiernan con el apoyo de IU y Ciudadanos- ha sido ahora cuando se ha eliminado a través de una propuesta de IU que ha contando con el apoyo del PSOE y la abstención del PP –el único diputado provincial de Ciudadanos no ha asistido al pleno-.

Según Jorge Vega, diputado provincial de IU, “se cumple así con la Ley de Memoria Histórica que fue aprobada hace diez años y que persigue eliminar cualquier vestigio de una etapa negra de la historia de nuestro país que supuso el más duro golpe a la democracia”. La moción aprobada no sólo implica la desaparición de ese galardón sino que, además, se reclama a la familia Franco y a la Fundación Francisco Franco que devuelvan la medalla de oro, la “caja noble” que contenía el galardón y que se fabricó para la ocasión y la placa con dedicatoria que la Diputación hizo llegar a Franco días después para recordar este hecho histórico.

Una de las primeras organizaciones en aplaudir esta iniciativa ha sido el Foro por la Memoria Histórica, que considera que todas las distinciones que le fueron concedidas a Franco deben ser retiradas porque “exaltan la persona del dictador, su papel en la Guerra Civil y la posterior represión llevada a cabo durante la dictadura”.

larioja.com

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La sorprendente cláusula que el comisario Villajero exigió a Évole en su entrevista

ste domingo 25 de junio laSexta emitirá la entrevista que Jordi Évole ha hecho al comisario José Manuel Villarejo para hablar, entre otras cosas, del caso Gürtel, el pequeño Nicolás o la Operación Cataluña. Una entrevista cuya preparación “fue la más rocambolesca de mi vida”, ha reconocido el periodista, que ha desvelado la sorprendente clausula que le impuso en caso de que sea emitida.

“El último día pretendía que firmáramos un documento con una claúsula en la que me exigía que si no emitíamos la entrevista, y yo yenía los brutos de esa entrevista, “me vería obligado a pagarle 600.000 euros a una asociación contra el cáncer con la que él colabora”, desveló este jueves en ‘Mas vale tarde’. Una condición ante la que Évole se quedó atónito.

El periodista se le quedó mirando y le dijo pero “yo no tengo 600.000 euros, no me puedo compremeter a esto, perdone que le decepcione, porque igual pensaba que los de la tele nadábamos en la abundancia”. Ante esto el comisario rebajó la cifra hasta los 300.000 euros con el consiguiente rechazo por parte de Évole.

Tras esta segunda negativa firmaron un acuerdo en el que no se incluye esta millonaria claúsula.

Más allá de esto, Évole ha admitido que tras cinco horas de entrevista, que se quedarán en 70 minutos, “no sabría decir qué es verdad y qué es mentira en todo lo que nos dijo”

elboletin.com

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