El juez da la razón a una madre que quería que su hijo hiciera la primera comunión

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado recientemente un auto en el que avala la petición de una madre para que uno de sus dos hijos menores pueda realizar unos cursos de catequesis como paso previo a hacer luego la primera comunión. La expareja de la mujer y padre de sus hijos había expresado su oposición a que el niño hiciera ahora la comunión, esencialmente por razones de edad. Los progenitores —hoy separados— y los niños viven en un municipio de Mallorca.

Según publica este lunes «Diario de Mallorca», el fallo de la Sala rectifica una decisión previa del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Palma, que en su momento no concedió a la mujer la autorización para poder decidir acerca de si su hijo podía llevar a cabo la catequesis y la primera comunión.

En el recurso de apelación presentado por la madre, estimado ahora por la Audiencia Provincial, la mujer había argumentado que su hijo está bautizado y que acude a actos propios de la Iglesia. La madre había explicado, asimismo, que el niño es educado por ella en la fe católica, si bien en el colegio público al que acude cursa la asignatura de Ética y no la de Religión.

Por su parte, el padre del citado menor, que tiene la custodia compartida de los hijos, se oponía a que el niño hiciera la comunión sobre todo por su «poca madurez» para «comprender el verdadero sentido del sacramento» y porque el propio progenitor consideraba además que la catequesis «constituye un adoctrinamiento».

La resolución de la Audiencia Provincial hecha pública ahora señala que «la primera comunión es, tras el bautismo, el segundo acto importante en la vida de los niños católicos». En ese contexto, para poder acceder al citado sacramento es necesaria «una previa preparación a través de la catequesis». El auto añade que la comunión «suele ir acompañada de una celebración familiar festiva» y apostilla que «en el caso de las niñas, llevan un bonito vestido».

La Sala también se pronuncia con respecto a la oposición del padre del menor a que su hijo hiciera la primera comunión con nueve años. El hombre habría alegado el «poco discernimiento» que se tiene a esa edad y además la «falta de coherencia» con la vida que el niño va a llevar más adelante. El tribunal, sin embargo, considera como «no atendible» la postura del progenitor, «en cuanto no encuentra acomodo en una voluntad contraria a que el niño sea educado en la religión católica».

Los tres jueces —dos mujeres y un hombre— que han dictado la resolución reconocen que no obra en autos «cuál sea la voluntad» del menor, pero añaden que «ello no es óbice para acceder a la petición materna». El auto recuerda, en ese sentido, que «por la edad del niño, no es él quien decide, sino sus progenitores, aun cuando la ley exige que se les oiga a partir de determinada edad».

La Audiencia Provincial resuelve que no encuentra motivo objetivo «por el que deba denegarse a la madre la autorización interesada», al no apreciar «peligro ni perjuicio para el menor», quien «necesariamente» debe realizar los cursos de catequesis para «comprender la trascendencia del acto para el que se prepara».

La resolución concluye señalando que la primera comunión es un acto consecuente al bautismo del niño, que tiene lugar a una edad determinada, que es querida por un progenitor y que no genera daño ni perjuicio alguno al niño ni al padre. Por todo ello, la Sala estima el recurso y la demanda de la madre, que sufragará todo el coste de la primera comunión.

abc.es

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Detenida por morder a un mosso e increparle con gritos de «vergüenza de policía» y «viva España

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a una mujer que la madrugada de este lunes ha mordido en la pierna y ha dado patadas a un agente del cuerpo, han explicado fuentes del cuerpo policial.

Durante la agresión, la mujer, que tenía signos de haber bebido, insultó a los policías con gritos como «hijos de puta», «vergüenza de policía», «dais asco» y «viva España», han indicado fuentes conocedoras.

Los hechos han ocurrido sobre las 3 de la madrugada de este lunes en la calle Mallorca, cuando los Mossos fueron alertados por varios testigos de que se estaba produciendo una pelea entre una pareja en plena calle, según ha explicado la policía catalana.

Al personarse en el lugar una patrulla, observaron que ambos tenían signos de haber bebido y que ella estaba en medio de la calzada, y él intentaba convencerla de que regresara a la acera ante el riesgo de atropello.

Los agentes trataron de mediar entre ellos para que dejaran de pelearse y en ese momento ella empezó a increparles, darles patadas y llegó a morder en la pierna a uno de ellos, por lo que finalmente fue detenida por atentado a la autoridad.

abc.es

 

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La Guardia Civil traslada a la Fiscalía las identidades de los autores del acoso a Mónica Oltra

La Guardia Civil ha entregado en Fiscalía las diligencias practicadas en relación al acoso que sufrió el pasado miércoles por la noche ante su vivienda la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por parte de un grupo de ultraderecha. Las diligencias incluyen a las personas identificadas por este acoso, según ha podido saber Europa Press. El vídeo del acoso fue difundido por la formación política España 2000 a través de sus redes sociales.

La Fiscalía también tiene desde la pasada semana la denuncia interpuesta por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, a solicitud y previa autorización del presidente, Ximo Puig, en la que se considera que el acoso a Oltra produjo a la vicepresidenta una “evidente intimidación y desazón”, puede ser constitutiva de un delito de acoso u otros como odio o desórdenes públicos.

Los hechos sucedieron sobre las 21.30 horas del miércoles frente a la casa de Oltra, cuando un grupo de personas llegó en coche y “encapuchados y/o con caretas de la película Scream”, se concentraron ante el domicilio de la vicepresidenta donde desplegaron una gran bandera española sobre la que aparecía escrito ‘Viva la Unidad de España’.

Los concentrados, con un altavoz portátil, emitieron consignas “haciendo sonar un pasodoble seguido del himno de España, mientras grababan hacia el interior del domicilio familiar“, según consta en la denuncia de la Generalitat ante Fiscalía.

Al jueves siguiente de los hechos, la Guardia Civil abrió una investigación, según anunció el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, quien rechazó “cualquier acto intimidatorio”. Moragues explicó que, tras tener conocimiento del escrache a Oltra, la Guardia Civil se presentó inmediatamente en la vivienda, “a los cinco minutos”, abrió una investigación y procedió a realizar identificaciones.

Los agentes elaboraron un primer informe sobre los incidentes y realizaron identificaciones tras las fotografías y vídeos aportados tanto por Oltra como por su entorno. También llevaron a cabo identificaciones de vehículos.

abc.es

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El Govern obliga ahora a los funcionarios recuperar las horas de la huelga tras instigarla

El gobierno catalán ha comunicado a sus empleados públicos que tendrán que recuperar las horas no trabajadas en el “paro de país” del pasado 3 de octubre, pese a que en un principio les garantizó que la ausencia en el puesto de trabajo no supondría ningún descuento salarial en sus nóminas. l Hacienda afirma que descontará del sueldo la jornada de huelga a los funcionarios de la Generalitat

El Govern ha comunicado a la plantilla que tiene un plazo de cuatro meses para recuperar las siete horas y media de jornada correspondientes al día 3.

En una nota informativa a la que ha tenido acceso Efe y que se ha colgado en el portal del empleado de la Generalitat (ATRI), el ejecutivo catalán informa de que el pasado 10 de octubre acordó “considerar justificadas las ausencias de personal al servicio de la administración de la Generalitat y de su sector público, que tienen carácter de recuperables”.

“El personal de administración y técnico y el personal laboral (…) tiene que recuperar el tiempo de ausencia total o parcial, preferentemente una vez acabada la jornada diaria habitual en el plazo máximo de cuatro meses”, señala el texto.

Indignación de los sindicatos

Esta decisión ha causado indignación entre los sindicatos mayoritarios de la función pública, que se quejan de que antes del “paro de país” la Generalitat les aseguró que estas ausencias no se contabilizarían y que, por tanto, serían similares a un permiso retribuido.

Los sindicatos lamentan asimismo que el ejecutivo catalán adoptara una decisión de este tipo en el consejo ejecutivo del pasado 10 de octubre y que no se haya dado a conocer hasta ahora.

Las fuentes consultadas critican que mientras el Govern “desobedece las sentencias del Tribunal Constitucional, hace caso al ministro (Cristóbal) Montoro”, que advirtió a la Generalitat que descontaría la jornada de huelga a aquellos empleados públicos que hubieran secundado el paro.

Se obligó a secundar la huelga

En los sindicatos mayoritarios también hay estupefacción porque alegan que ese día hubo trabajadores interesados en acudir a trabajar, pero se encontraron en algunos casos el centro de trabajo cerrado o con dificultades de movilidad para llegar a ellos.

En una nota interna de UGT a la que ha tenido acceso Efe, el sindicato avisa que no permitirá “que se descuente un solo euro de las nóminas y que se intente obligar a recuperar estas horas”.

“Se trata de otra prueba de la falta de respeto del Govern hacia sus empleados”, afirma UGT, que exige al ejecutivo autonómico que “no intente menospreciar” a sus empleados ni “insultar su inteligencia”.

El día del “paro de país”, jornada en la que había convocada también una huelga general por parte de CGT y otros sindicatos minoritarios, la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, justificó que el Govern hubiera dado facilidades a sus funcionarios para secundar el paro y acudir a las movilizaciones convocadas contra las cargas policiales del referéndum ilegal del 1 de octubre.

“Hoy no es un día de huelga, sino de paro nacional”, afirmó entonces Bassa.

Paga Montoro

Los diferentes departamentos de la Generalitat permitieron a sus funcionarios que pudieran participar en este paro sin necesidad de un descuento salarial y sin que computara tampoco como ausencia en su puesto de trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, que tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat y que es el que tiene que dar el visto bueno al pago de la nómina a los funcionarios autonómicos, ya avisó que descontaría la jornada de huelga a los funcionarios catalanes.

Y es que el pago de las nóminas y el de otros servicios públicos básicos como sanidad y educación, entre otros, está actualmente en manos de Hacienda.

eleconomista.com

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El Gobierno que controla una TVE politizada asumirá la gestión de TV3 para “garantizar” información “veraz y objetiva

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este sábado que el Ejecutivo asumirá las funciones que tenía la Generalitat de Cataluña sobre los medios públicos de comunicación, entre ellos, TV3. El Ejecutivo asegura que en el ejercicio de estas funciones se garantizará la información “veraz, objetiva y equilibrada”.

 En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se han acordado las medidas para la aplicación del artículo 155 y preguntado por un periodista de TV3, el jefe del Ejecutivo ha precisado que las funciones que la Generalitat tenía sobre esos medios públicos catalanes pasarán a tenerla los nuevos gestores.

Precisamente esos nuevos gestores son los que a día de hoy acumulan numerosas denuncias del Consejo de Informativos de TVE por los reiterados casos de manipulación y censura. “Los telediarios destacan informaciones que perjudican a la oposición a la vez que minimizan o directamente ocultan las que afectan al Gobierno o al PP”, afirmaba la entidad en su informe sobre los meses de abril, mayo y junio, en el que documentan 70 casos de censura, manipulación, o doble rasero. Los periodistas del ente público han denunciado asimismo la cobertura informativa respecto al conflicto catalán. El principio mes de octubre, de hecho, exigieron la dimisión del director de Informativos por “dejación de responsabilidades” durante el 1-O.

El documento remitido este sábado al Senado por parte del Gobierno establece que, en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual, el ejercicio conforme a este acuerdo de las facultades de la Generalitat garantizará la transmisión de una “información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”, tal y como establece el artículo 26 de la Ley de Comunicación audiovisual catalana.

Condena del Col·legi de Periodistes

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, por su parte, ha condenado la intervención prevista en TV3 y Catalunya Ràdio. En un apunte en Twitter, el colegio también ha calificado de “ataque a la libertad de expresión” este medida de control de los medios públicos catalanes.

infolibre.es

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El Gobierno ha pagado más de 800.000 euros en nueve años para financiar la peregrinación militar a Lourdes

La asistencia de una expedición de guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas al santuario católico de Lourdes (Francia) de forma anual sufragada con dinero público ha sido  recriminada en reiteradas ocasiones por partidos de la oposición y asociaciones profesionales.

En los últimos nueve años el Ministerio de Defensa ha destinado 768.571 euros a financiar este viaje. Por su parte, Interior ha gastado 66.649 euros a lo largo de este lustro para que una delegación de sus agentes estén presentes en este evento. Según datos facilitados por el portal de Transparencia, en total estos dos departamentos han destinado 835.221 euros a esta expedición que se celebra en mayo y que tiene una agenda cargada de eventos religiosos, como misas, vigilias o una “procesión mariana de las antorchas”.

Conga al ritmo de Viva España

Tras una petición de información realizada por eldiario.es, el departamento de María Dolores de Cospedal asegura que esta es la “única peregrinación que recibe financiación pública”. La asistencia a esta actividad subvencionada a cargo de los presupuestos de cada Ministerio, no han estado exentas de polémica. En mayo volvió a levantar polvareda por la difusión de un vídeo en el que algunos de sus asistentes, entre ellos agentes, militares, curas castrenses y religiosas; bailaban una conga al ritmo de Viva España.

Dos senadores, Jon Iñarritu (EH Bildu) y Maribel Mora (Unidos Podemos), preguntaron por el coste de la participación y la finalidad de este evento. El Gobierno les aseguró que la cantidad presupuestada para el encuentro este año fue de 73.000 euros.

Sin embargo, en la respuesta a una una petición de eldiario.es a Transparencia se desprende que la cifra podría ser mayor. Esto se debe a que el Ministerio de Defensa asegura que se gastaron esa cantidad (73.901 euros) pero añade que “los datos relativos a la Guardia Civil han de ser solicitados a esa institución”. Por lo que no aclaran si los gastos de ese Cuerpo están incluidos en esa cifra final. El Ministerio del Interior cifra en 10.851 euros el presupuesto público destinado a la asistencia de 15 de sus agentes al santuario católico este año. Ni Defensa ni la Guardia Civil han aclarado este punto a esta redacción, tras ser preguntados por ello.

23.437 euros gastados por el Ejército del Aire

Desglosando la información de Defensa, este año la representación del Ejército del Aire en Lourdes fue la más cara, supuso 23.437 euros para las arcas públicas. La participación de miembros del de Tierra costó 12.912 euros y la de la Armada, 11.493 euros. Además añaden dos conceptos más que no detallan, uno descrito como organismos ajenos y cifrado en 14.058 euros; otro al que se refieren como gastos comunes y que asciende a 12.000 euros. Total, 73.901 euros en 2017.

La página web del Arzopispado castrense explica que en el programa de la última edición de esta peregrinación internacional, a la que asistieron 12.669 personas procedentes de 43 países, se incluían, entre otras actividades, una vigilia de reconciliación, un homenaje a los caídos, una misa internacional, una eucaristía en la gruta de las apariciones y un vía crucis en la montaña.

Siempre que el Ejecutivo central ha sido interpelado por la asistencia a este evento, han aludido a su carácter histórico. “España ha venido participando en el encuentro desde hace más de 40 años, en el que, además de debatirse cuestiones relacionadas con la paz y seguridad internacional, se realizan otras actividades de ámbito social”, apuntan en la respuesta remitida a los senadores. Entre los eventos del encuentro, reseñan que se celebran actividades porque “en sus orígenes hubo una alta participación de capellanes castrenses”.

Aunque en esa contestación aseguran que la presencia de la delegación española tiene historia ya que se remonta a hace varias décadas. El departamento dirigido por Cospedal solo ha facilitado a esta redacción información relativa a los últimos nueve años, a pesar de que eldiario.es solicitó al portal de transparencia un desglose de la información desde el 2002. Y solo detallada por ejércitos desde el 2012. Por su parte, la transparencia en Interior ha sido más limitada aún al remitir únicamente los datos relativos al último lustro.

Financiación durante el Gobierno socialista

De acuerdo a esta documentación en ambos casos la financiación pública para este evento ha ido disminuyendo. Todavía con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente, en 2009 Defensa destinó 126.487 euros, 107.941 euros un año después y 99.897 euros en 2011. Tras la llegada de Mariano Rajoy (PP) al Gobierno la financiación pública a esta peregrinación militar internacional se redujo: 78.957 euros en 2012, alrededor de 69.000 los tres siguientes años y 74.208 euros en 2016.

El coste de la participación de la Guardia Civil en esta peregrinación no ha variado tanto: 12.331 euros en 2012, 10.910 euros en 2013 y 10.852 euros anuales desde entonces. Con esa cantidad la Dirección General de este Cuerpo asumió la expedición de 15 agentes en el mes de mayo.

La senadora Mora también  preguntó al Gobierno por el resto de asistentes de los Cuerpos de Seguridad. En esa contestación el Ejecutivo aseguró que acudieron seis representantes de la Unidad Militar de Emergencias, once de la Guardia Real, 15 del Ejército de Tierra, 14 de la Armada, 31 del Ejército del Aire y tres del órgano central (Ministerio). En total, 95; cuatro de ellos capellanes. Por su parte, el diario El País llegó a cifrar en 129 los participantes que acudieron con los gastos pagados con dinero público.  Defensa no ha respondido a esta cuestión.

La delegación española que acudió este año estuvo formada por 351 personas, según el Arzobispado castrense. No todos tuvieron el viaje financiado y además de agentes y militares también acudieron alumnos de las academias, familiares y trabajadores civiles de Defensa.

Participación voluntaria

“La participación del personal es voluntaria”, aseguran en la respuesta del Ejecutivo. Según apuntan, “la representación oficial se regula mediante una instrucción de la Subsecretaría de Defensa” y lo deciden autoridades del Ministerio, del Arzobispado y representantes de las Fuerzas Armadas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha sido la que más ha criticado que se financie la participación a este evento con dinero público. “ AUGC debe volver a denunciar un dispendio ajeno a la función de la Guardia Civil, generado además por una actividad impropia de un cuerpo policial de un estado democrático y aconfesional”, aseguraron en un comunicado previo a la edición de 2017. Esta organización fue la que difundió el vídeo de los representantes españoles bailando una conga mientras cantaban ‘ Viva España’ para protestar por su celebración.

“El gasto que supone la realización de determinados eventos, como lo son las peregrinaciones, es un insulto a la dignidad de los militares”, incide Jorge Bravo, Secretario de Organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y aluden a los problemas de las infraestructuras de acuartelamientos, como falta “de mantenimiento y conservación en alojamientos”. “Se hace necesaria una revisión en profundidad de toda esta actividad participativa, entrando al fondo de las normas que regulan y permiten dichos actos”, finaliza.

Por su parte, desde la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) lamentan que Defensa haya destinado más de 700.000 euros a esta actividad cuando las organizaciones que representan a los profesionales de las Fuerzas Armadas “no reciben ningún tipo de subvención”.  Y cuestionan si el departamento dirigido por Cospedal también financia las peregrinaciones de otras confesiones religiosas. “Conforme evoluciona la sociedad, se debería redefinir la normativa que regula la confesionalidad en los Cuerpos de Seguridad”, aseguran fuentes de esta organización.

eldiario.es

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El hombre fuerte de González en el Canal atribuye a Gallardón la coordinación de un desfalco multimillonario

Edmundo Rodríguez Sobrino, exjefe del Canal de Isabel II en Latinoamérica y actualmente en prisión por su implicación en la trama corrupta descubierta por la Operación Lezo, ha alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para obtener beneficios penales a cambio de colaborar con la Justicia, según informa hoy El Mundo. Y de su declaración al juez que instruye la causa destaca la afirmación de que existió “un robo de más de 25 millones de euros siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz- Gallardón”.

Y según la explicación del exgerente del Canal, ese “pelotazo de alguien” se basa en la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal y epicentro de la presunta trama de comisiones, por 83 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco determinó en un auto del pasado mes de abril que el 75% de la compra en 2013 de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, gestionada desde Inassa, supuso una malversación de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) al patrimonio público madrileño. pero la declaración de Sobrino va más allá, puesto que el desfalco provendría de la propia compra original de Inassa.

Según la declaración que publica El Mundo, Sobrino admite haber analizado él mismo la operación para adquirir Inassa por orden del Gobierno madrileño, y en la que asegura que descubrió el desfalco. “Lo que sé es que ocurrió el hecho”, defendió en su comparecencia.

El exgerente confiesa que dicha entidad no valía “más de diez millones de euros” y a su juicio se distrajo una importante cantidad, y llega a explicar: “Si no me estuviera grabando mi opinión sobre este asunto sería mucho más personal todavía”, llega a admitir Sobrino. A las preguntas del juez sobre si se repartieron ilícitamente los fondos procedentes del desfalco, Sobrino responde que “no le puedo decir quién cobró pero sí que ocurrió el hecho y quiénes eran los actores”.

La información de El Mundo concluye con la reflexión más valiosa del exgerente y mano derecha de Ignacio González en la empresa pública de aguas: “En el año 2001 estaba de presidente de la Comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, el consejero que estuviera, que es muy fácil averiguarlo, y el director financiero, Gaspar Cienfuegos, que estuvo casi un año”, apunta.

elboletin.com

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El PP plantea limitar la percepción de la renta mínima a mayores de 26 años

El PP plantea limitar la percepción de la prestación de ingresos mínimos, que recoge la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CC.OO. y UGT, a personas mayores de 26 años, y que su duración sea de seis meses, prorrogables por seis más mientras se sigan acreditando los requisitos establecidos.

En sus enmiendas a esta proposición de ley, el PP traslada a las comunidades autónomas decidir la cuantía y los beneficiarios de esta prestación, y aunque también concede financiación estatal para las ayudas, acota su prestación a varios supuestos.

Además de los mencionados, el beneficiario debe de haber residido “de forma legal y efectiva” cinco años en España, dos de ellos ininterrumpidamente inmediatamente antes de solicitar la ayuda, llevar al menos un año dado de alta como solicitante de empleo, no percibir otra prestación económica y no realizar ningún tipo de trabajo, tanto por cuenta propia o ajena.

Asimismo, para poder solicitar la prestación no podrá haberse rechazado ninguna oferta de empleo ni haber rechazado la participación de acciones de promoción, formación o reconversión profesional, además de acreditar la realización de las mismas.

Actualmente, la iniciativa está sometida a una fase de comparecencias solicitada por los ‘populares’, que ya presentaron una enmienda de totalidad para darle la vuelta a la proposición de ley con una propuesta alternativa para constituir un grupo de estudio de las diferentes prestaciones sociales.

Esta semana está previsto que comparezcan ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso la directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al profesor de Filosofía del Derecho en ICADE – Universidad Pontificia Comillas José Luis Rey Pérez.

lainformacion.com

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Cataluña: La CUP llama a los ciudadanos a “la desobediencia civil masiva”

Contra la agresión del 155, (…) instamos a la ciudadanía a una respuesta en forma de desobediencia civil masiva”, reza un comunicado de la formación.

La CUP también ha solicitado que se proclame la independencia en el próximo pleno del Parlament de Cataluña que se prevé que tenga lugar a finales de la próxima semana. “Consideramos que la declaración de la república está plenamente legitimada por los resultados del referéndum del 1 de octubre”, destaca el comunicado.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el pasado sábado su decisión de someter al Senado el cese del Ejecutivo catalán al completo en conformidad con el artículo 155 de la Constitución.

Por su parte, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a Madrid de llevar a cabo “la liquidación del autogobierno” en esta comunidad autónoma y de ignorar la voluntad de los catalanes, llevando a cabo “el peor ataque a la democracia” en Cataluña desde los tiempos del dictador Francisco Franco

rtactualidad

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Cultura del fuego o cambio climático… ¿qué se esconde tras el terror de Galicia

Terrorismo incendiario, el cártel del fuego de las empresas que los extinguen, pirómanos, brigadistas que quieren mantener su puesto de trabajo… todo tipo de teorías circulan mientras el humo aún recuerda la catástrofe. La última ha acabado con la vida de cuatro personas, ha arrasado en un solo fin de semana en Galicia 35.500 hectáreas, lo que supone casi el triple de lo ardido en todo el año, unas 12.600, y deja el número total en 48.100 hectáreas. Las chispas de la indignación siguen brillando, pero los que día a día luchan porque el fuego no sea una amenaza y porque el medio ambiente se tome en serio no creen en conspiraciones.

Los expertos reconocen la existencia de un cártel del fuego que, en teoría, amañaba contratos públicos, un hecho que investiga la Audiencia Nacional. También son conscientes de que hay pirómanos, (pero solo provocan un 9% de los fuegos) e incluso hay brigadistas que se convierten en potenciales asesinos de compañeros… pero eso no explica lo que se esconde tras el fuego. En el noroeste, hasta el 70% de los incendios es intencionado frente al 55% nacional, es una realidad, como también lo es que antes del año 2075 la superficie quemada podría triplicarse en la Península Ibérica como consecuencia del cambio climático.

“Es condenable y criticable que un cártel de empresas dedicadas a la extinción se haya podido corromper y  amañar el sistema de contratos, o que brigadistas sean al final autores de los hechos, pero en todas las investigaciones, al final, esa mente criminal tras el fuego no es más que el ejército de Pancho Villa. La cultura del fuego es lo que predomina en la mayoría de los casos, eso y la negligencia“, señala Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, cansado del uso político del horror y de las conspiraciones con escaso fundamento.

De la misma opinión es Francisco Senra, analista de incendios de Junta Andalucía. “Es cierto que se está investigando un cártel del fuego por amañar contratos, también se habló siempre de brigadistas. Pero antes se decía por el trabajo temporal de estos, ahora no es así. Y estamos ante un trabajo vocacional que muchos hacen por 1.000 euros al mes, y se juegan la vida”, confirma.

“Este último incendio recuerda al ocurrido en 2006. Y se dijo lo mismo. Lo que no decimos es que el abandono de lo rural es un problema, que en el noroeste de España hay una biomasa espectacular, que el tiempo y la falta de prevención convierte el campo en una bomba”, señala Soto. Senra coincide: “Galicia siempre ha protagonizado más de 50% de los incendios porque se dan todas las condiciones para ello, clima, vegetación…”. En los últimos 20 años, aunque se han ralentizado, el fuego ha quemado una superficie equivalente a la de la Comunidad Valenciana.

De los votos al cambio climático

Cuidar el medio ambiente no da votos, coinciden. Es una política a largo plazo, un estigma para nuestros políticos. Medioambiente siempre es la hermana pobre de los presupuestos. El gasto estatal en actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático cayó en 2017 un 45,6% en comparación con 2016, y retrocede a niveles no vistos desde 2007. También cayeron otras partidas relacionadas con el medio ambiente, como protección y mejora del medio natural (-13,7%), gestión e infraestructuras del agua (-12,4), calidad del agua (-12,0), protección y mejora del medio ambiente (-10,5) y actuaciones en la costa (-7,4).

Las condiciones del cambio climático, la falta de planificación y gestión y el abandono rural, y la cada vez más borrosa frontera entre lo urbano y lo forestal, nos está condenando a sufrir “superincendios”, deja claro WWF en su informe ‘El fuego a las puertas’Otro informe, ‘El cambio climático en España, 2033. Hacía una economía baja en carbono’ ya pronosticaba una mayor intensidad, frecuencia, magnitud y duración del peligro de incendios forestales. Los hechos lo confirman.

Gráfico de incendios en España

Gráfico de grandes incendios en España/ Nerea de Bilbao/WWF.

Hablar de terrorismo incendiario no es nuevo

En la Semana Santa de 1995, días después de que una ola incendiaria con 600 focos en sólo tres días dejara 2.000 hectáreas calcinadas, el entonces Presidente de la Xunta de Galicia, Fraga Iribarne, afirmó que “lo que no se puede evitar es que haya algún terrorista, unos políticos, y otros medioambientalistas que aprovechen estas circunstancias”. ¿Les suena? Nada ha cambiado, al parecer. Y sí lo ha hecho. “Ahora estamos en pleno cambio climático, las temperaturas han subido un grado, en 100 años por primera vez una tormenta tropical se convierte en un huracán… ¿es imaginable un huracán en Galicia? Ya sí. Y no estamos en eso”, destaca Soto.

“No creemos que haya realmente un negocio económico como tal, sino el uso del fuego como herramienta agricoganadera en todo Galicia, Zaragoza, Zamora, Asturias… El cóctel explosivo es esto, junto a la falta de gestión, a campos llenos de maleza que no se limpian. Los datos son claros, el 55% de los incendios son provocados, de ellos el 22% se producen al quemar para intentar generar pastos, el 15% por quema de residuos, el 9% por pirómanos, el 0,12% por venganzas y el 0,015% por la madera, otro de los mitos que circula, concreta Lourdes Hernández, responsable de la campaña de incendios de WWF España: “Es cierto que se ha hablado mucho del cartel del fuego, pero entre el 35% de los incendios sin resolver no se percibe esa trama. Y hay organismos como Seprona vigilando. Otro ‘bulo’ es el de la especulación inmobiliaria. No se puede edificar en 30 años a no ser que exista un interés general prevalente. Antes sí podía haber, ahora no interesa. Cierto que Terra Mítica y la estación de esqui de Tordesillas no son de interés general, pero eso ya no es como antes. La ley de Montes tiene deficiencias, pero esa versión no es real“, confirma.

Entonces, ¿por qué hay incendios planificados?La gente tiene que pedir permisos, desbrozar sus tierras, eso cuesta tiempo y dinero“, señala Soto, que sabe lo que es cuidar un terreno en Galicia en primera persona. “No todo el mundo lo hace. Y hay miles de minifundios. La gente limpia las tierras con el fuego, se lo han visto a sus padres y abuelos. Cambiar la mentalidad rural es complejo. Los urbanitas vemos el fuego como malo, en el mundo rural no. Como hay poco ganado, menos tierra cultivada, ya no se coge leña como antes, la alternativa al final es el fuego. No solo eso, el monte cerca las casas, se plantan árboles alrededor de las mismas, dejamos que el riesgo entre por la puerta. Y ya es un problema de seguridad pública”.

Lourdes coindice. “En España se dedica el 80% del presupuesto a la extinción y el 20% a la prevención, que al final no deja de ser extinción porque son puntos de agua, pistas, cortafuegos… antes había un mosaico rural, huertos, pastos, ganadería, eso ya no existe. La realidad es que en 2016 se alcanzó la cifra más alta de eficacia de la historia, al ser apagados casi el 74% de los siniestros en fase de conato, pero a la vez , el número de grandes incendios y su impacto no deja de crecer. Y en 2016, el 50% de la superficie quemada se produjo como consecuencia en un gran incendio forestal con una media de 1.799 hectáreas arrasadas. La conclusión es que los grandes incendios no solo se apagan con agua, sino con gestión forestal y planificación”, explica.

De la misma opinión es Francisco Senra, analista de incendios de Junta Andalucía, que también habla de la cultura del fuego en Galicia, “una cultura ancestral con la que se ha convivido siempre. Pero el monte ha cambiado, ya no hay propietarios, ni gente con sus huertas. Y el cambio climático es una evidencia. Plantamos eucaliptos y nos olvidamos de su conservación. Los ciclos de sequía son más largos, más calor… y esto no se soluciona con aviones. Hablamos de una alarma global, porque es imposible atender a 300 incendios de golpe”, asevera.

Entre 2007 y 2016 se produjeron de media 19 grandes incendios, que apenas suponen el 0,15% del total de siniestros, pero son un drama. Hay que tomar el fenómeno en serio más allá de conspiraciones. “Menos del 20% de los detenidos cumplen condena, la norma está bien, pero no se cumple.

Hasta ahora todo monte debía contar con un plan de gestión aprobado, pero lo cierto es que la nueva ley solo se lo exige a los montes declarados de utilidad pública y a los montes protectores. Esto es, aquellos montes en los que no hay aprovechamientos. “Echamos de menos más apoyos para favorecer procesos de agrupación de propietarios, fiscalidad favorable a los productos forestales, políticas de compra responsable que den prioridad a los productos forestales de origen local y de montes gestionados frente a otros productos de origen sintético… hay que planificar de aquí a 40 años y eso a los políticos, que usan el fuego como arma, no les interesa. La política de desarrollo rural es cara, pero a la larga saldría barata”, destaca Lourdes.

lainformacion.com

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