Evo Banco vira en la estrategia ‘friendly’: gravará comisiones a los peores clientes

Evo Banco, entidad que como ING hizo de la gratuidad del servicio bandera, da una vuelta a su cuenta estrella para fidelizar clientela o, en su defecto, empujar ingresos. Su producto ‘gancho’,  la ‘Cuenta Inteligente’, examinará mes a mes la relación con el cliente para, si no cubre unos parámetros mínimos, cobrarle 8 euros en concepto de comisión y disminuir la retribución de su ahorro desde el 0,2 al 0,01%.Hasta ahora, otorgaba un periodo de gracia de tres meses al usuario poco activo antes de endosarle tarifa alguna, permitiéndole ‘regularizar’ la situación.

La filial de Apollo avanza en la rueda del cobro por prestaciones al usuario menos rentable o, a la inversa, en la batalla por mejorar los resultados con la vinculación azuzada por el Santander con su ‘123’. La entidad ya gestó la ‘Cuenta Inteligente’ imponiendo de requisito ingresos regulares mínimos o contratar un préstamo. Si pasados tres meses no se cumplía, la posición perdía las ventajas -tarjetas gratis y ahorro remunerado- y movía al cliente a una cuenta que facturaba 35 euros al semestre.

A partir de enero, el cliente que deje de cumplir con los requisitos pagará 8 euros al mes siguiente. Sustituye un sistema donde la penalización, además de retrasarse tres meses, corresponde a una tarifa de 5,83 euros mensuales. De alguna forma sigue la estela de entidades como el Santander, que a principios de año encareció el producto estrella con el endoso de tres euros extras al mes y la obligación de usar las tarjetas.

El cobro de comisiones se ha convertido en columna vertebral para las cuentas de resultados de la banca ante la aún insuficiente demanda de crédito y el escuálido margen de la cartera con los tipos hundidos a cero.

Con el lifting al producto, Evo Banco ampliará los supuestos de vinculación, incorporando nuevos criterios a los que asigna una puntuación determinada dejando a decisión del cliente elegir su cesta hasta alcanzar 10 puntos mínimos para beneficiarse de la gratuidad. Una condición que cumplirá con domiciliar nóminas o ingresos mensuales desde 600 euros, como se pedía hasta ahora, pero que se hace más difícil si se eligen otras opciones (suscribir un seguro, un plan de pensiones o cuenta de valores aporta, por ejemplo, 5 puntos).

Son requisitos además susceptibles de ahuyentar a clientes interesados en beneficiarse de la gratuidad en cajeros manteniendo con el banco una relación mínima. La guerra abierta en las comisiones de los cajeros automáticos atacan un flanco que Evo Banco, con el status quo anterior, había convertido en un diferencia ventajosa para captar clientes y que intenta proteger pese al costoso peaje que ahora supone.

La filial de Apollo es la única o de las pocas entidades financieras que permite sacar dinero de cualquier cajero del mundo a sus clientes sin sufrir peajes. En España se hace cargo del coste de uso en las 12.000 máquinas de la red Euro6000 y las pertenecientes al Grupo Banco Popular, o cualquier otro dispositivo nacional siempre que se extraigan cuantías superiores a los 120 euros -ahora bien, el banco dueño siempre aplica una tarifa mínima a Evo-.

Apollo ha inyectado casi 290 millones en la franquicia

La entidad, gestada en 2012 del seno de Novagalicia a inspiración del ING sin comisiones, al que ‘arrebató’ su primer ejecutivo César González-Bueno, pasó a manos del fondo estadounidense en 2014. Y, ahora se encuentra en plena mutación hacia entidad totalmente ‘online’, para lo que clausurará el 90% de sus sucursales -todas menos cinco que conservará en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao- y prescindirá del 60% de la plantilla.

Si bien ha defendido que no es un problema de rentabilidad sino de reposicionamiento como banca digital pura, maximizar las cuentas es prioridad. En 2014 ganó 24 millones de euros, pero Apollo compró la enseña por 60 millones y después ha invertido 225 millones adicionales en su construcción anexionando carteras y negocios como la filial de crédito al consumo. La disyuntiva es mantener el ADN original ofreciendo costosos servicios gratis (cajeros, por ejemplo) o ceder ‘gancho’. Se balancea: fue pionero en despejar que no cobrará las transferencias exprés internacionales y estrecha la vinculación en la cuenta estrella

lainformacion.com

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Inditex es la gran empresa española con más desigualdad salarial

La ONG Oxfam Intermón ha publicado un informe en el que analiza a las compañías del IBEX desde la óptica de la creciente desigualdad en España, pues según los datos de la organización, la brecha salarial se intensificó de manera notable durante la crisis. Esta tendencia tiene su constatación más llamativa en el incremento de un 60% del número de millonarios en España entre 2008 y 2016, mientras que el número de personas que ganan menos de 6.000 euros anuales se incrementó un 35% desde 2012, según el estudio.

A través de los balances de cuentas cerrados en 2016 y de cuestionarios particulares a las compañías, la ONG investiga la desigualdad en las empresas del IBEX, que emplean a más de millón y medio de personas. Inditex no sale nada bien parada. Oxfam corona a la multinacional de Amancio Ortega con la mayor desigualdad salarial entre las empresas del selectivo. Es decir, donde más distancia hay entre los sueldos de los directivos y el sueldo medio de la plantilla, formada por 162.450 personas a cierre de enero de este año.

Los salarios más bajos están en Inditex, DIA y Meliá

El salario medio en la multinacional es, según el informe, de 18.548 euros. Hay que recordar que el grueso de la plantilla está en la red de establecimientos, conformada por 141.432 trabajadores del total de 162.450, con remuneraciones más bajas que en administración o logística.  Además, tanto en los centros logísticos como en la red de tiendas, sobre todo en esta, abundan las jornadas a tiempo parcial.

Esto empuja hacia abajo a Inditex, a DIA (salario medio de 15.147 euros) o a Meliá Hotels (18.423 euros), las tres cotizadas que ocupan el vagón de cola del IBEX en cuanto a salario medio. En cambio, una empresa dedicada a la inversión como Merlin Properties, que genera poco empleo directo, eleva el salario medio hasta los 282.477 euros. En conjunto, las compañías del IBEX mantenían un salario medio de 37.507 euros, un 43% superior al salario medio en España.

Sin embargo, en el caso de DIA, Meliá e Inditex, el salario medio es un 30% inferior al sueldo medio español. La cadena de supermercados, dice el estudio, “apenas supera el salario mínimo interprofesional, solo 1,65 veces el SMI”.

Ferrovial y Gas Natural, los sueldos que más aumentan

Los salarios medios de las empresas del IBEX han subido levemente, un 0,3%, en el último año. Ferrovial y Gas Natural son las que más han contribuido a este incremento, con subidas en el último año del 19% y del 15%, respectivamente. En negativo se encuentran IAG Iberia, donde el salario medio cayó un 8,1%, y Bankinter, con un descenso del 6,9%.

Esta es la principal denuncia de Oxfam Intermon, pues según la ONG, los sueldos de los principales ejecutivos crecieron en el mismo periodo, de media, un 15%, frente al ligero aumento del salario medio de las plantillas.

Las eléctricas lideran el ranking

Entre las empresas con una retribución media más elevada, al margen de la socimi Merlin Properties, se encuentran Endesa, Iberdrola, Enagás, Repsol, Amadeus, Mediaset o Red Eléctrica.

En cuanto a la horquilla salarial, la diferencia entre los sueldos más altos de la compañía y los más bajos, el informe destaca que los primeros directivos ganan, de media, 207 veces más que el salario mínimo que abonan a la plantilla.

economiadigital.com

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El BCE regaña a España por su baja productividad laboral

Tras décadas de políticas europeas y ayudas estructurales, los países del sur de Europa siguen sin avanzar en convergencia con el resto de sus socios, al menos no tanto como desearía el BCE, por lo que un grupo de expertos del banco emisor europeo ha elaborado un estudio en profundidad sobre las causas de esa distancia en crecimiento y en renta. En lo que se refiere a España, una de las causas más destacadas es la baja productividad laboral.

En la década de los 60, el PIB per cápita español sí creció claramente por encima de la media de los países de la UE. Sin embargo, el estudio constata una “moderada” convergencia en los noventa y en los primeros años de la unión monetaria, parcialmente contrarrestada por una baja productividad laboral. “La tendencia del crecimiento en España hacia actividades laborales intensivas relativamente no cualificadas”, entre las que el informe se refiere a los sectores de la construcción y los servicios, “ocasionó un adverso efecto en la productividad”, que se hizo notar especialmente en el periodo anterior a la crisis.

Los años 90 y primeros del siglo XXI fueron en nuestro país un tiempo en el que circulaba el dinero, pero eso no redundó en convergencia debido a que no fue invertido en factores clave como I+D o inversiones estratégicas. Los españoles trabajábamos más y ganábamos más, pero no ganábamos en eficiencia a causa de la inadecuada asignación de capital y fuerza de trabajo hacia industrias menos productivas, así como a estrictas regulaciones del mercado laboral que limitaron flexibles organizaciones del trabajo en las empresas. Los bajos índices de productividad de la economía española pueden ser atribuidos, como en otros países del sur de Europa, a una “menor cualificación del capital humano, una baja inversión en I+D, un desfavorable entorno de negocios y, en general, a altas cargas administrativas a las empresas”.

Según este mismo estudio, publicado hoy en Frankfurt, tras la crisis se ha producido sin embargo una perceptible reactivación de la productividad en la economía española, relacionada principalmente con el mejor desempeño de las grandes compañías y que debe extenderse al grueso de la economía y las pymes. Y no es un problema exclusivo de España. Los expertos del BCE consideran “crítico” que los países de la eurozona que aspiran a la convergencia aumenten la resiliencia de sus estructuras económicas a través de la mejora de su gobernanza y su “calidad institucional”. Y en este punto la regañina del BCE se amplía a las administraciones públicas.

El informe destaca que la mayoría de los países periféricos de la UE adoptaron un “amplio y profundo espectro” de reformas estructurales tras la llegada de la crisis pero que, pese a los progresos, incluso después de 2010 la divergencia en calidad institucional se ha incrementado en esferas como el control de la corrupción o el imperio de la ley. Como resultado del empeoramiento de las condiciones económicas, apunta el texto, durante la crisis los tribunales de justicia funcionaron con mayores retrasos y se deterioró su capacidad para gestionar las quiebras bancarias o las insolvencias. Cita concretamente los indicadores de gobernanza del Banco Mundial sobre calidad reguladora o control de la corrupción, que muestran que entre 1998 y 2015 se registró incluso un cierto deterioro en estos aspectos en países como Grecia, España o Italia.

“No hay un automatismo en el proceso de convergencia” por el mero hecho de ingresar en el club del euro, parece ser el mensaje que el BCE pretende hacer calar en los países sureños, sino que ese proceso debe ser visto como el resultado de “incesantes esfuerzos políticos”, antes después de la adopción del euro. Y por si alguien cae en la tentación de leer esa frase como la justificación de que nos iría mejor sin la moneda única, recuerdan que las “deficiencias de convergencia” proceden de años o incluso décadas atrás y que responden a condiciones de naturaleza estructural de las diferentes economías. El euro, señalan, no es parte del problema, sino de la solución.

Otras de las llamadas de atención del documento se refiere a que una sostenible convergencia económica es una “condición importante para asegurar un fluido funcionamiento” de la Unión Monetaria Europea, advirtiendo además que para su consecución “no hay atajos”, por lo que se requiere una “visión a largo plazo” en la elaboración de las políticas nacionales.

Según el BCE, queda mucho por hacer. Aunque recientemente la dispersión en las tasas de crecimiento del PIB ha alcanzado mínimos históricos en la eurozona, si se compara el periodo entre 1999 y 2016 es “evidente que las diferencias de renta entre los países persisten”, debido a que “varios miembros de bajos ingresos de la eurozona”, entre los que cita a España y Eslovenia solo han mantenido su distancia de renta respecto a la media de la UE”, mientras que otro, peor aún, la han aumentado, como es el caso de Grecia, Chipre y Portugal.

abc.es

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Iberdrola renegocia todos los acuerdos industriales con Siemens Gamesa

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, publicitó ayer su descontento con la gestión de Siemens Gamesa, que ha causado, a su juicio, que el valor en Bolsa del grupo renovable se haya desplomado a la mitad. La cotización cerró ayer a 10,52 euros por título, con un retroceso del 0,38%. Las palabras de Galán tuvieron un amplio eco en su equipo directivo, parte del cual está implicado estos días en la renegociación de sus acuerdos industriales con Siemens Gamesa.

La eléctrica y el fabricante de aerogeneradores mantienen una histórica relación, basada en la doble condición del grupo que preside Ignacio Galán. En la práctica, Iberdrola es cliente y accionista, ahora con el 8% del capital y antes con el 19%, de la filial eólica de la multinacional alemana.

En una jornada ayer en Madrid, Galán extendió sus críticas a Siemens Gamesa y declaró que tuvo que enterarse por los medios de comunicación de sendos profit warnings (rebaja de los beneficios previstos) de la corporación renovable. “No podemos estar contentos con una compañía que ha perdido más del 50% de su valor en seis meses. Cuando ves cosas como la que estas viendo, que hacen un profit warning y casi te enteras por el periódico de que lo va a hacer, que cambian personas de alto nivel… piensas que estamos enloqueciendo y algo está fallando”, afirmó.

Contratos

Las reconvenciones de Galán a la corporación que lidera Markus Tacke tendrán su efecto en las actuales conversaciones sobre los contratos en vigor y en renovación entre ambos grupos.

De hecho, los acuerdos industriales entre los dos grupos se remontan al inicio de esta década. Son unos pactos que incluyen tanto el suministro de aerogeneradores como el mantenimiento de los mismos, esta última una parte cada vez más importante en el sector renovable porque deja margen de beneficios y fideliza al cliente.

Tanto Iberdrola como Gamesa, antes de la entrada de Siemens como accionista mayoritario del productor de turbinas, mantienen una relación comercial basada en el compromiso de la eléctrica para comprar a la compañía renovable hasta el 50% de los nuevos equipos a instalar en sus complejos eólicos.

Sobre ese porcentaje, tanto Iberdrola como ahora Siemens Gamesa han mantenido una estrecha relación, ahora en revisión con las críticas de Galán. El pacto incluye que la multinacional que lidera Galán se ciña a ese 50% o de por finiquitado el acuerdo cuando sus pedidos sumen una capacidad de 3.800 MW, la mayoría en eólica terrestre. De momento, y hasta que se establezcan los nuevos términos, el compromiso de Iberdrola se mantiene hasta 2020. En cambio, el acuerdo en el ámbito del mantenimiento vence en pocos días. En concreto el 31 de diciembre. En la etapa anterior a las reconvenciones en público de Galán, ambas partes suscribieron una opción para alargar este contrato dos años más. Es lo que se negocia estos días, entre otros asuntos. Según dijo ayer Galán, Iberdrola permitió la entrada de Siemens en Gamesa (lo que le reportó a la eléctrica un dividendo extra de 200 millones), en base a un esquema con bastante españolización”, en el sentido de garantizar el futuro de la empresa vasca, “porque queríamos seguir para supervisar que las cosas se hacían razonablemente bien”.

Supervisar y vigilar

  • Esquema. Entre sus críticas a Siemens Gamesa, Galán declaró que Iberdrola siguió como accionista del nuevo grupo con el 8%, tras ingresar un dividendo extraordinario de 200 millones por otro 11%, “porque queríamos supervisar y vigilar que las cosas se hacían razonablemente bien” y con “un esquema de bastante españolización”. La fusión de los negocios eólicos de Siemens y de Gamesa cumple hoy tan solo ocho meses.
  • Directivos. Los ataques de Galán a la corporación renovable alcanzaron a los numerosos cambios en el equipo de gestión (han salido hasta siete altos cargos). No le ha gustado que pongan de secretario del consejo de administración “a un abogado alemán que no habla español”.

cincodias.com

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El Gobierno endurece la seguridad de las nucleares para darles 20 años más

El Ministerio de Energía quiere ampliar la vida de las centrales nucleares para mantener la competitividad de la industria española. Por ese motivo, el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de poner los mimbres necesarios para que se puedan otorgar licencias para la operación a largo plazo de las nucleares, es decir, hasta los 60 años de vida, lo que supone 20 años más de funcionamiento.

Hasta el momento, existía una regulación del año 2009, pero se han detectado aspectos de mejora y se acaba de endurecer los requisitos para poder gestionar el envejecimiento de las plantas españolas mediante un incremento de los controles y de los planes de vigilancia, tal y como se desprende de la instrucción que acaba de ser aprobada por este organismo.

La normativa sigue las recomendaciones de la Western European Nuclear Regulators Association, así como la reglamentación estadounidense al respecto. De hecho, Estados Unidos ha otorgado ya a 81 de sus 100 centrales nucleares la autorización para operar hasta los 60 años y en 11 más lo están estudiando, pero en el caso español, las eléctricas han sido claras y reclaman mayores garantías antes de acometer las inversiones necesarias.

Los operadores no están dispuestos a gastar una ingente cantidad de dinero para que luego un cambio de Gobierno pueda decretar el cierre de las mismas.

Todas las centrales nucleares superarán en la próxima autorización los 40 años de la llamada vida útil de diseño (Almaraz 2020, Ascó I 2022, Asco II 2025, Cofrentes 2024, Trillo 2027 y Vandellós II 2027) y si los permisos siguen siendo de diez años, la central más longeva llegaría al año 2034.

Si el Gobierno apostase por llevar la vida de las nucleares hasta los 60 años, la central de Almaraz podría llegar a operar hasta 2040 y Vandellós II y Trillo incluso hasta 2047, es decir, justo en el límite de las planificaciones que el Ejecutivo tiene que enviar a la Comisión Europea para los próximos años.

El Ministerio de Energía ha enviado a la CNMC una propuesta de decreto que le permite tomar el control de una central y posteriormente readjudicarla por subasta si un operador no está dispuesto a mantenerla funcionando (la misma solución que quiere aplicar a algunas centrales de carbón).

La entrada de una mayor cantidad de renovables en el mercado mayorista -si se cumplen las previsiones de las subastas se incorporarán cerca de 8.700 MW de aquí a 2020- hará que los precios de ese mercado caigan y dificulte la vida de las centrales tradicionales.

Por ese motivo, en el sector se espera que el Gobierno abra las puertas a un nuevo sistema de pagos por capacidad para poder garantizar el suministro eléctrico, una suerte de primas para las tecnologías tradicionales que ayuden a cubrir la demanda en momentos como el actual de escasez hidráulica.

Antes de tomar una decisión sobre el parque nuclear español, el Ejecutivo esperará a tener sobre la mesa tanto los informes que elabore la comisión de expertos, que se espera que estén listos el próximo mes de marzo, como la comisión interministerial creada para definir el plan nacional de energía y cambio climático que enviará el Gobierno a la Comisión Europea, pero que no se validará definitivamente hasta enero de 2018, lo que da margen para buscar un acuerdo.

Energía, no obstante, ya ha dejado claro que ningún país del mundo ha cerrado el carbón y la nuclear al mismo tiempo por una cuestión de competitividad.

A su vez, el Gobierno prepara la Ley de cambio climático y transición energética, que recogerá la propuesta de mix enviada a la Comisión sobre la que Nadal ya ha adelantado que no quiere grandes cambios.

Para facilitar esta ampliación de la vida de las nucleares, el Gobierno aprobó a principios de junio, tal y como adelantó elEconomista, una modificación de las autorizaciones de funcionamiento de las nucleares, con la intención de darles plazo a las eléctricas para decidir en la renovación de las autorizaciones de explotación.

Las compañías saben que tienen en sus manos importantes bazas, ya que el Gobierno no está preparado para acometer el desmantelamiento de todas las centrales, ni quiere hacerlo: las considera insustituibles y tampoco se puede permitir prescindir de los ingresos que suponen para contener el déficit de tarifa.

Para dar dos años más de negociación, se modificaron todas las órdenes ministeriales vigentes y se incluyó un nuevo procedimiento para las “Revisiones Periódicas de Seguridad” (RPS) cada diez años.

Según la nueva normativa, se abre la puerta a que Energía pueda ofrecer más de 10 años de permiso a las eléctricas sin descuidar el control de la seguridad de este tipo de centrales. Es decir, el Gobierno podría autorizarlas hasta los 60 años y solo acometer las revisiones de seguridad, lo que eliminaría su continuidad del debate político.

Energía aprobó este año el cierre de Garoña con dos importantes inconvenientes: el sexto plan de residuos nucleares está caducado desde 2010 y sigue sin estar operativo el almacén temporal de residuos nucleares. El plan se aprobó en 2006 y desde 2010 debería haberse revisado. De hecho, desde ese mismo año debería estar activo el cementerio nuclear cuya construcción se tiene que acelerar para poder albergar los restos de Garoña. El retraso del ATC ha provocado hasta el momento que se tengan que comenzar a instalar almacenes temporales en las centrales nucleares.

eleconomista.com

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Vascos, riojanos y navarros tienen el mayor nivel de bienestar en España

País Vasco, La Rioja, Navarra y Madrid son las comunidades autónomas que presentan mejores niveles de bienestar tras la crisis y el inicio de la recuperación económica, junto con Cantabria y Castilla y León. Por el contrario, Andalucía y Canarias son las que registran los peores resultados, mientras que Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia se sitúan por debajo de la media nacional de bienestar. En torno a la media figuran Aragón, Cataluña, Asturias, Islas Baleares y Galicia.

Así se desprende de la monografía ‘Las facetas del bienestar: una aproximación multidimensional a la calidad de vida en España y sus comunidades autónomas 2006-2015’, que publicará próximamente la Fundación BBVA y el Ivie y cuyos principales resultados se han dado a conocer este jueves, 30 de noviembre.

El trabajo -realizado por los investigadores Carmen Herrero y Antonio Villar, en colaboración con Angel Soler, técnico de investigación del Ivie- analiza la evolución del bienestar entre 2006 y 2015 con datos del INE y teniendo en cuenta la metodología adoptada por la OCDE en su programa How’s Life, que ofrece información sobre 50 indicadores relativos al bienestar presente y los recursos para mantenerlo.

Según la monografía, se observa una cierta disparidad entre los niveles de bienestar aproximados por las variables objetivas y el grado de satisfacción con la vida. Así, los habitantes de Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, que presentan niveles medio y medio-bajos de bienestar objetivo, son los que tienen una percepción más positiva de su vida (junto con los de Navarra y el País Vasco, con altos niveles de bienestar objetivo). Lo contrario ocurre en el caso de Galicia, que aparece por encima de la media en bienestar objetivo y, sin embargo, es la comunidad más insatisfecha (en torno a tres desviaciones típicas por debajo de la media).

Según How’s Life 2017, España se sitúa actualmente por debajo de la media de la OCDE en los indicadores de renta, empleo, vivienda, educación y satisfacción con la vida, mientras que supera el promedio en las variables del bienestar relacionadas con la salud, las conexiones sociales, el medio ambiente y la seguridad. Excepto en educación, la evolución en el periodo analizado en España ha sido negativa para todos los parámetros objetivos que afectan al bienestar (renta, empleo, vivienda y compromiso cívico).

Renta de los hogares

Según el informe, la renta de los hogares entre 2009 y 2015 cayó en España un 8,7%, el mayor retroceso de todos los países de la OCDE que, en su conjunto, registraron un incremento del 4,3%. Además, este descenso se ha repartido de forma muy diferente entre los distintos grupos de renta. La pobreza, medida por el porcentaje de personas que viven en hogares cuyo gasto es inferior al 60% de la mediana de gasto nacional, ha crecido un 6,07% entre 2006 y 2014.

En cuanto a la tasa de empleo, en 2016 multiplicaba por 2,3 el valor de 2006 para el conjunto de España, llegando a alcanzar la cifra del 26%. Estos altos niveles medios de desempleo esconden grandes diferencias en la intensidad del impacto de la crisis por comunidades autónomas, sexos y, sobre todo, generaciones. La población joven es la que ha sufrido en mayor medida el aumento del desempleo. Los jóvenes de entre 16 y 24 años llegaron a superar el 55% de tasa de desempleo en 2013, y en 2016 ascendió al 44,4%.

Educación, formación y salud

La evolución de las variables educativas ha resultado mucho más positiva, según el análisis. En 2015, casi el 50% de la población en España en edad de trabajar tenía una formación de, al menos, educación secundaria superior, con diferencias sustanciales entre las comunidades autónomas. El abandono escolar temprano se ha reducido en un 27% entre 2006 y 2014, si bien ha aumentado la ya de por sí elevada diversidad regional.

Precisamente, los resultados de PISA muestran que España se encuentra en 2015 en torno a los valores medios de la OCDE, tras experimentar una importante mejora en el área de lectura, una mejora modesta en matemáticas y presentar una desigual mejora en ciencias. Si bien, según el Informe PIAAC (el PISA para adultos), España debe todavía mejorar sustancialmente la formación de su población así como la equidad en el acceso a la educación, dada la gran dependencia de los conocimientos adquiridos del origen familiar.

La salud es uno de los aspectos del bienestar en los que España supera la media de la OCDE. De hecho, es el segundo país del mundo en esperanza de vida al nacer, sólo por detrás de Japón. Entre 2006 y 2015 se ha pasado de una esperanza de vida de 81,1 años a 83 años.

El consumo de tabaco ha disminuido un 11,3% entre 2009 y 2014 (último año disponible), pero el de alcohol ha crecido un 9%, así como la obesidad (7,8%), hasta representar el 16,3% de las personas adultas. En concreto, la obesidad infantil ha crecido un 10,8% entre 2006 y 2012, así como el consumo excesivo de alcohol y el cannabis, que se concentran fundamentalmente en los varones entre 15 y 24 años.

Madrid, País Vasco y Cataluña, los que más inseguridad sienten

Por otro lado, España se sitúa por encima de la media de la OCDE en conexiones sociales y seguridad. Así, la monografía revela que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se ha mantenido muy estable en España, en alrededor de 2,8, durante todo el periodo analizado, inferior a la media de la OCDE que se sitúa en 3,7 (How’s Life 2017). En cuanto a la sensación autopercibida de seguridad, el 80% de las personas se sienten seguras al caminar solas por la noche, muy por encima de la media de la OCDE que se sitúa en el 69%.

Según esta percepción, Cantabria, Asturias y La Rioja serían las más seguras (con un 85%), mientras que los habitantes de Madrid, País Vasco y Cataluña tienen una percepción mayor de inseguridad (pese a que las dos primeras se sitúan por debajo de la media en número de homicidios cada 100.000 habitantes).

Igualmente, en España la media de satisfacción con las relaciones personales se sitúa en el 7,8 (sobre 10). El 75% de la población asegura que contacta con amigos una vez a la semana y el 70% afirma que se reúne con ellos también una vez por semana. Extremadura y Cantabria están a la cabeza en frecuencia de contactos tanto con amigos como con familia, mientras que Cataluña se sitúa en la cola en ambos casos.

Por último, España se sitúa prácticamente al mismo nivel que la media de la OCDE en compromiso cívico. La participación electoral de los españoles en las elecciones generales ha descendido ligeramente entre 2008 y 2015, pero se mantiene por encima del 73%, con diferencias regionales que superan los 12 puntos. En cuanto a la participación en actividades de partidos políticos, destaca la actividad en Cataluña y Navarra, que casi doblan la media nacional, y la baja participación en Andalucía, Aragón y Extremadura. En actividades de voluntariado, destacan la Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Madrid, mientras que Andalucía y Asturias están a la cola.

El análisis muestra que en muchas de las variables asociadas al bienestar, con la excepción de los niveles de empleo, España ha recuperado los niveles del año 2006, aunque aún no se ha llegado a los alcanzados en 2008 y 2009.

eleconomista.com

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Las aerolíneas low cost ganan otra batalla a las tradicionales en El Prat

Si 2017 fue el año de la explosión intercontinental para el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, 2018 va camino de convertirse en el del adiós de algunas aerolíneas míticas. Llegarán aviones de nuevas compañías, como el caso de la coreana Asiana, pero otras ya reconocen que no volverán a la instalación catalanas ante la imposibilidad de competir de las firmas de bajo coste.

La última en anunciar su renuncia fue Aerolíneas Argentinas. La operadora, inmersa en una profunda reestructuración por el gobierno de Mauricio Macri, dejará de volar entre Buenos Aires y Barcelona el próximo 1 de febrero por “razones comerciales ligadas a la estrategia de rentabilidad y optimización de recursos”, una forma elíptica de decir que la ruta no era rentable.

La compañía ya recortó hace pocas semanas el número de frecuencias semanales, de tres a cinco, bajo la excusa de un conflicto sindical con pilotos y tripulantes de cabina. No obstante, el presidente de la aerolínea fue claro: “Venimos siguiendo el desempeño de todas las rutas de manera minuciosa y esta es la ruta internacional con resultados más débiles, al no contar con una frecuencia diaria. Adicionalmente, los quites de colaboración agravaron la situación y contribuyeron a la decisión”, sostuvo Mario Dell´Acqua.

El anuncio coincide con la entrada de nuevos competidores en la ruta. En verano, Level –la low cost de largo radio de International Airlines Group— comenzó a operar tres frecuencias entre ambas ciudades. Ante los buenos resultados, en octubre decidió ampliar su presencia y pasar a volar cinco veces cada semana.

Pero las naves verdiazules no serán las únicas en cruzar el Atlántico entre El Prat y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El pasado 31 de octubre, la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina dio permiso a Norwegian para operar cinco rutas entre España y el país sudamericano, entre ellas el Barcelona – Buenos Aires.

El de Aerolíneas Argentinas no es un caso aislado. Por idéntico motivo, Icelandair no volverá a la capital catalana el próximo verano. La aerolínea nórdica volaba entre Barcelona y Reikiavik entre junio y septiembre, pero no logró atraer al pasajero vacacional español y el flujo de islandeses llegados a Cataluña no fue suficiente.

La razón de la falta de interés del turista peninsular fue el precio: viajar con Norwegian, Vueling y Wow Air resultaba mucho más barato. De hecho, tanto fuentes de Norwegian como de Vueling consultadas por Economía Digital reconocen el buen funcionamiento de la conexión.

La tercera enseña que dirá adiós a El Prat será Air France, aunque en su caso la despedida llegará con matices. Este viernes aterriza en Barcelona el primer avión de Joon, la nueva propuesta del grupo con tintes de bajo coste. La operadora debutará en la capital catalana, una elección que no es casual.

La ciudad mediterránea es uno de los feudos tradicionales de las aerolíneas de bajo coste. Con Vueling Easyjet ofreciendo precios mucho más atractivos, Air France reaccionó. “Joon es una herramienta que nos permitirá operar en mercados con competidores muy agresivos”, justificó Franck Terner, director general del grupo Air France, en una charla con Economía Digital.

Si bien son tres las confirmadas, hay otras compañías que tienen el adiós sobre la mesa. Una de ellas, Brussels Airlines, también presionada por las bajas tarifas ofrecidas por Vueling.

economiadigital.com

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Las empresas españolas aún prefieren los despidos a negociar una rebaja salarial

Ante una situación de dificultad, las empresas continúan inclinándose mayoritariamente por despedir a sus empleados temporales antes que explorar otras opciones como reducciones de salario, ampliaciones de jornada o supresión de incentivos o ayudas a sus empleados. Así lo demuestra la Encuesta Laboral Anual correspondiente a 2016 recién publicada por el Ministerio de Empleo, que demuestra que las opciones de flexibilidad interna impulsadas por el Gobierno en la reforma laboral de 2012 no han terminado de calar aún en la cultura empresarial patria.

La controvertida reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 amplió el catálogo de situaciones en que una empresa puede despedir a un trabajador a coste reducido, de acuerdo, pero también facilitó más que nunca su acceso una extensa relación de opciones de flexibilidad interna para poder reducir sus costes sin necesidad de llegar a la solución traumática de tener que reducir su plantilla de manera permanente.

Obligó a sustituir en los convenios colectivos el concepto de categoría profesional por el de grupo profesional, ofreciendo de este modo a las empresas la opción de organizar sus recursos humanos de una forma mucho más flexible; elevó del 5% al 10% el porcentaje de la jornada anual del trabajador que los empresarios pueden determinar según sus necesidades fuera de la jornada estándar pactada en convenio; amplió las situaciones en que una empresa puede recurrir a la movilidad geográfica de sus empleados; e incluso facilitó la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados por causas económicas.

Nunca antes las empresas tuvieron un marco regulatorio tan favorable para arbitrar medidas, incluso al margen de la negociación colectiva, para reducir sus costes sin necesidad de recurrir a los despidos. Sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que la apuesta gubernamental por impulsar una cultura de la flexibilidad interna en las empresas que desbanque la tradicional inclinación al despido cuando las cosas empiezan a venir mal dadas no termina de arraigar y solo consigue abrirse paso a duras penas, especialmente en las empresas de mayor tamaño.

La recientemente publicada Encuesta Anual Laboral correspondiente al año 2016 revela que el porcentaje de empresas que aplican medidas de flexibilidad interna se mantiene más o menos en los mismos niveles en que estaba en 2013, el primer año en el que se realizó el seguimiento estadístico de este ítem: en torno al 27%. Es cierto que se percibe un avance importante respecto a los dos últimos años – en 2014 fueron el 24,3% y en 2015, sólo el 20,7% -, pero la proporción de empresas que recurren a este opción continúa siendo minoritaria.

Hay buenas noticias. Como las empresas que más recurren a este tipo de medidas son las más grandes resulta que el porcentaje de trabajadores que operan en entornos laborales donde se recurre a la flexibilidad interna son el 41% del total y, además, el 80% de las empresas afirman que no han recurrido a la flexibilidad interna porque, básicamente, no les ha hecho falta en un contexto económico mucho más favorable del que había en 2012 o 2013.

El despido, primera opción

Pero también hay motivos para la inquietud. Según los datos a los ha tenido acceso lainformacion.com, más de la mitad de las empresas admiten que ante una eventual contracción de la demanda de sus bienes o servicios reaccionarían ajustando sus costes laborales. No es su primera opción, antes optarían por reducir otros gastos de estructura o funcionamiento no relacionados con la plantilla. Lo preocupante viene cuando se les pregunta sobre de qué forma ajustarían sus costes laborales una vez agotada la vía del ajuste corriente…

Toda la batería de opciones puestas a disposición de las empresas por la reforma laboral de 2012 no impiden que los despidos en el segmento temporal de la plantilla sean, de largo, la primera opción que contemplan las empresas a la hora de reducir sus costes laborales. Más de la mitad admiten que esa sería la alternativa por la que se inclinarían.

Solo uno de cada cinco asegura que su primera reacción sería reducir a la vez horas trabajadas y salarios para superar la crisis, lo que convierte esta medida de flexibilidad interna en la segunda opción, por delante, por ejemplo, de despedir a los empleados con contrato fijo. Tocar los incentivos salariales que recibe la parte de la plantilla que dispone de retribución variable o reducir otros costes no salariales, como beneficios sociales u otro tipo de ayudas, solo figuran como opción para una parte mínima de los empresarios.

Pánico a bajar los salarios

Sorprende de la encuesta elaborada por el Ministerio de Trabajo que solo un 1,8% de las empresas contemple la reducción de la parte fija del salario de sus empleados como una fórmula para adaptarse a una situación complicada del negocio. La Encuesta Laboral Anual no da una explicación a este fenómeno. Al menos no de manera directa. Una posible explicación podría encontrarse en el modo en que se decide implantar una medida de flexibilidad interna.

Las empresas subrayan que estas medidas son fruto del acuerdo con los representantes de los trabajadores en entre el 80% y el 90% de los casos. Lo que más se pacta es la ampliación de la jornada de trabajo (92,8% de las empresas), lo que menos, la supresión de incentivos o ayudas de carácter no salarial (80,1%). Todo apunta a que el Gobierno abrió la puerta para que las empresas pudieran tomar decisiones sin necesidad de recurrir a la negociación colectiva, pero que éstas continúan prefiriendo hacer las cosas por la vía de la concertación.

lainformacion.com

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Los sueldos siguen cayendo en las grandes empresas y se recuperan entre las pymes

La recuperación económica y empresarial sigue sin tener un fiel reflejo en el avance del mercado laboral, caracterizado por una elevada temporalidad y una congelación de los salarios a pesar de la mayor creación de empleo registrada en los tres primeros meses de este año. La Central de Balances del Banco de España, en su informe en el que se incluyen los estados de una muestra representativa de las compañías no financieras del país, refleja una realidad que se va constatando a medida que transcurren los meses: las pymes crean empleo a un ritmo mayor que el registrado entre las grandes empresas y, además, lo hacen subiendo sueldos frente al drenaje de las corporaciones.

En el caso de las remuneraciones a los trabajadores, estas siguen siguen sin mejorar. Es más, en los tres primeros meses del año esa cuantía ha caído un mínimo 0,2%, frente al 0,4% que retrocedieron en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si se tiene en cuenta el tamaño de la compañía, el drenaje de los sueldos es mayor aún en las grandes empresas -con un 0,2%- que en el de las medianas -con un alza del 0,9%-. Esta circunstancia se debe, básicamente a que quienes acceden a un puesto de trabajo “tienen remuneraciones más bajas con respecto a los que ya están en planilla, y eso tira hacia abajo del salario medio de la empresa”, indican fuentes del supervisor. Se trata de una realidad que viene registrándose desde hace dos años. De hecho, en 2016, la remuneración en las grandes empresas cayó un 0,3% mientras que en el caso de las medianas subió un 1% y en el de las pequeñas, un 0,8%.

Lo mismo ocurre en el caso de la creación de puestos de trabajo. Como tendencia media, el empleo se mantuvo en una senda de recuperación tanto en 2016, con un incremento del 4,1%, como durante los tres primeros meses de este ejercicio, un periodo en el que el crecimiento ha sido del 2,2%, por encima del 1,5% del año pasado. En el caso de las grandes compañías, el alza del empleo ha sido un 2,2% en los tres primeros trimestres de este año, mientras que en el caso de las medianas ha superado ampliamente el 5%, más del doble que en el de las corporaciones y multinacionales. En 2016, el alza del empleo fue de un 2,7% en las grandes, un 4,4% en las medianas y un 6,5% en las pequeñas.

El documento del Banco de España refleja, en cualquier caso, que hay recuperación de puestos de trabajo, sí, pero “mucho más intensa en el de carácter temporal”, tal y como afirma ese documento. Esos trabajos eventuales han crecido a un ritmo del 8,4% entre enero y septiembre, mientras que el de los fijos lo ha hecho en apenas un 0,9% en ese mismo periodo. Es decir, un alza casi diez veces superior en el primer caso que en el segundo, lo que demuestra que el crecimiento del empleo se basa fundamentalmente en los puestos de trabajo ligados a determinadas profesiones con puntas de actividad en verano o invierno -hostelería, comercio o agricultura, por ejemplo- frente a la consolidación de puestos indefinidos. En este último caso, el crecimiento experimentado este año es mejor que en el mismo periodo de 2016, cuando todavía caía un 0,2%

larioja.com

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Solo el 6% de los pensionistas trabajó pasados los 65

La imagen de una persona jubilada en España poco o nada tiene que ver con la de un señor mayor dando de comer a las palomas o viendo una obra en construcción. Este es uno de los resultados que arroja el estudio Retrato de un Jubilado en España presentado por VidaCaixa.

De él se desprende que el jubilado medio es una persona retirada hace más de 8 años, al cumplir 62,5 años, activa, que utiliza las redes sociales y a la que no le preocupa el dinero, ya que ha conseguido una buena planificación financiera.

En concreto, y aunque la pensión pública sigue siendo la principal fuente de ingresos para el 99% de los encuestados, el 39% de ellos reconoce tener una segunda fuente de ingresos para complementar esa pensión, que recibe en gran parte de los rendimientos generados por su ahorro, sobre todo en planes de pensiones. Eso a pesar de que es una generación que ha disfrutado de pensiones públicas muy generosas, ya que en un 45% vive en un hogar con unos ingresos mensuales de entre 1.000 y 2.000 euros, mientras que el 32% percibe más de 2.000 euros al mes -de ahí que solo el 6% se jubilara pasada la edad de los 65 años- y, además, sabían en un 73% de antemano la pensión pública que recibirían antes de jubilarse, a diferencia de lo que ocurre con las nuevas generaciones.

“Creo que la gente joven no tiene ni idea de lo que va a cobrar cuando se jubile. Nunca se ha llegado a mandar esa carta que prometió el Ministerio y la información que hay en su web está desactualizada, por decirlo de una manera suave”, afirma Tomás Vinuesa, consejero delegado de VidaCaixa, ya que el simulador de la Seguridad Social no incluye ni el factor de sostenibilidad ni la proyección de la inflación, lo que genera una ilusión monetaria.

Sin embargo, conocer de antemano la pensión pública que se va a recibir es una de las recomendaciones que más repiten los jubilados de hoy a los trabajadores (lo hace un 78%). El otro consejo, que defiende un 72%, es que se empiece a ahorrar cuanto antes.

eleconomista.com

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