Hacienda prolonga a 2017 el recorte inversor en obra pública

2017 tampoco será el año de recuperación de la obra pública en España. El Ministerio de Hacienda ha fijado como punto de partida en el gasto en infraestructuras el recorte de 600 millones de euros aprobado en abril del pasado año, por lo que la inversión en el conjunto de este ejercicio sufrirá un nuevo recorte con respecto a lo gastado en 2016. Al margen de este tijeretazo inicial no está prevista ninguna reducción adicional, según explican fuentes próximas al Gobierno.

El recorte en la obra pública para 2017 tiene su base en el acuerdo extraordinario de no disponibilidad de crédito aprobado por el Consejo de Ministros la pasada primavera. Esta medida supuso una reducción conjunta de 2.000 millones de euros a repartir entre varios departamentos, de los cuales Fomento se llevó la peor parte. El ajuste buscaba calmar los nervios de Bruselas y acercar el déficit del país al objetivo marcado por la Unión Europea.

Las nuevas cuentas en las que está trabajando la Secretaría de Estado de Presupuestos, que dirige Alberto Nadal, partirán técnicamente de este recorte, por lo que el Presupuesto de Fomento será sensiblemente inferior al de 2016. No obstante, explican fuentes de Hacienda, este escenario base está al margen de las “decisiones políticas” que puedan tomarse durante la fase de negociación con el resto de fuerzas parlamentarias. La obra pública ha sido tradicionalmente un vehículo de acercamiento y negociación entre partidos, sobre todo con aquellos de mayor peso a nivel regional como el PNV.

La extensión del tijeretazo al conjunto de 2017 se enmarca en los esfuerzos de contención del gasto público que ha impuesto Hacienda para rebajar el déficit al 3,1% del PIB y cumplir con Bruselas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó el pasado jueves durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados que este curso será el más «exigente» de la legislatura al tener que realizar un ajuste de 16.000 millones de euros para reducir el desequilibrio contable del país.

Los recursos disponibles para el capítulo de infraestructuras seguirán centrándose en el desarrollo del sector ferroviario y, en particular, de la Alta Velocidad. El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asume que su primer año al frente de esta cartera va a ser duro y confía que la tendencia cambie en 2018, una vez que el país rebaje la barrera del 3% de déficit.

Los Presupuestos de 2016 destinaron un total de 5.982 millones de euros a infraestructuras de diverso tipo, con un recorte de 160 millones de euros respecto al año anterior. Este dinero se lo repartieron los ministerios de Fomento, que acaparó 4.037 millones, Medio Ambiente e Industria.

Los planes de Fomento pasan por utilizar este presupuesto para impulsar el AVE como inversión prioritaria y avanzar en las interconexiones con Galicia, Murcia o País Vasco, actualmente ralentizadas por problemas relacionados con los sobrecostes. Las obras públicas ferroviarias también se centrarán en mejorar la red de Cercanías de los principales núcleos urbanos del país.

El capítulo de infraestructuras también será uno de los principales pilares sobre los que gire la negociación parlamentaria en estos primeros meses del año. Fomento está trabajando en el desarrollo de un Plan Nacional de Infraestructuras que pretende presentar antes del próximo mes de junio y que hará de guía maestra para determinar qué obras públicas necesita el país hasta el año 2024.

Por otro lado, el acuerdo entre PP y Ciudadanos para apoyar la investidura de Rajoy incluye modificaciones en el marco de contratación pública para reforzar la transparencia de las licitaciones. Una de ellas será dar más protagonismo al propio Ministerio de Hacienda a través de la Oficina Nacional de Evaluación a la hora de revisar los contratos y fijar preferencias de inversión. A su vez, el acuerdo exige la creación de «comisiones técnicas independientes y libres de injerencias políticas» para la evaluación de los grandes contratos públicos.

En la misma línea, el PSOE ha enviado a De la Serna un documento con propuestas para revisar los procesos de selección de inversiones y la cuantía que tiene que destinarse cada año en función del comportamiento del PIB. «El objetivo es recuperar el fuerte déficit en la inversión de los últimos años», explican fuentes socialistas.

elmundo.es

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La crisis de las cajas: 300 banqueros imputados, una docena de condenados y ninguno en prisión

La grave crisis del sector financiero –y en especial de las cajas de ahorros– que ha costado a los contribuyentes por el momento 60.718 millones de euros, aún no ha conllevado una depuración de las responsabilidades entre los gestores que llevaron a las entidades a la quiebra. En los lentos cauces de la justicia española hasta 300 directivos y consejeros han sido imputados, pero sólo ha habido condenas por el momento para una docena de banqueros, y de ellos, todavía ninguno ha pisado la cárcel.

La justicia española establece el ingreso obligatorio en prisión a partir de los dos años, mientras que si la pena es igual o inferior a ese plazo la decisión corresponde a los jueces, y por regla general si el condenado no tiene antecedentes suele librarse. Hasta el momento, todas las condenas impuestas han sido inferiores a ese ‘plazo límite’.

Fue el caso del expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector de la entidad Ildefonso Ortega condenados el año pasado por la Audiencia Nacional a una pena de dos años de prisión para cada uno de ellos por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de CCM, así como a su inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de la condena.

El magistrado José María Vázquez Honrubia del Juzgado Central de lo Penal les impuso además a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros -111 euros diarios durante nueve meses- y les obligó a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas.

En mayo de 2014, el mismo juez Vázquez Honrubia condenó a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a uno a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas al considerar que los cuatro y el fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba se concedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal.

Su decisión se opuso a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que había mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión, y permitió a los exdirectivos a no pisar la prisión.

Lo mismo ocurrió en octubre de 2015, cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a dos años de prisión a la cúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de 18,9 millones de euros en prejubilaciones.

Además de Gayoso, fueron condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.

La sentencia incluyó una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que durase la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos. La Fiscalía había pedido tres años de cárcel. Por su parte, la Audiencia absolvió al exdirector general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes.

El último banquero condenado ha sido el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, condenado a una pena de un año y medio de prisión por falsificar una factura de un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento a Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, que nunca realizó.

Este no es el único frente judicial al que se enfrenta Olivas, que fue imputado en los casos Bankia y Banco de Valencia. En 2015 llegó a ser detenido además por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González en el marco de la investigación del proyecto Grand Coral por diversas operaciones en el Caribe.

elboletin.com

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Unipost se juega tres millones en la Audiencia Nacional

Los conflictos laborales no dan respiro a los Raventós. La plantilla del grupo postal Unipost lleva meses cobrando tarde y, además, todavía no ha recibido el 60% de la paga extra de verano y la totalidad de la de Navidad. Ahora, los sindicatos han decidido llevar estos atrasos ante la justicia, y podrían hacer un agujero de más de tres millones en las ya mermadas cuentas del grupo.

CCOO y la CGT han denunciado a Unipost ante la Audiencia Nacional para reclamar las pagas extras. La CGT registró la demanda en diciembre, mientras que CCOO lo hizo la pasada semana, según explicaron fuentes sindicales. El resto de sindicatos, UGT y USO, podrían adherirse a las denuncias.

Desde la compañía explicaron que “Unipost está negociando con los trabajadores acciones para garantizar la viabilidad sostenible de la compañía”, pero evitaron comentar los procesos en curso.

La mala situación de tesorería llevó al grupo postal a trocear la paga extra de verano y a abonar las nóminas en dos veces. Los sindicatos no aceptaron en calendario de pagos e hicieron huelga contra los impagos, pero Unipost, en vez de acelerar los pagos, incumplió sus propios plazos. La causa, un conflicto con Correos que tensionó todavía más su caja y que aún está en la mesa de la CNMC.

Dos denuncias  

En diciembre, el grupo informó a los sindicatos de que posponía el pago de los tramos pendientes de la extra de verano y de que no pagaría la de Navidad. Para oficializarlo y ganar tiempo, lo llevó a la comisión de convenios, que podría resolver esta misma semana. Sin embargo, los sindicatos consideran que el aplazamiento del 60% de la de verano no es legal porque se comunicó fuera de plazo.

Por ello, la denuncia de CGT sólo hace referencia a esta paga, y el juicio se celebrará el próximo 14 de febrero. En cambio, CCOO ha denunciado ambos retrasos, ya que, de cara al juicio, ya conocerán si la comisión de convenios concede el retraso de la paga de Navidad o no. En cualquier caso, dicho sindicato considera que esta demora también es ilegal, ya que la extra son derechos devengados durante todo el año.

Más de tres millones en juego  

La compañía ha advertido a los sindicatos de que este conflicto pueden dar la puntilla a la compañía. Si la Audiencia da la razón a los trabajadores, puede costarle 3,1 millones a Unipost: 1,1 millones por el 60% de la extra de verano y 2 millones por la de Navidad.

En la actual situación de tesorería del grupo postal dirigido por Pablo Raventós, estos 3 millones pueden costarle muy caros. Unipost logró reducir pérdidas en 2015, de 5 a 2,2 millones. Pero en 2016, los números rojos volvieron a crecer hasta cifras de 2014, según adelantaron fuentes conocedoras de la situación. La causa, la pérdida del contrato con Iberdrola.

Para superar este bache, la compañía consiguió un crédito de la Generalitat, a través de Avançsa. Pero de poco sirvió, ya que un conflicto con Correos dejó a Unipost otra vez al borde del precipicio. La empresa pública retiró la condición de cliente preferente a la empresa de los Raventós, con lo que dejó de hacerle descuentos en el franqueo y le obligó a pagar al día. Unipost lo denunció a la CNMC.

Mientras tanto, el grupo postal privado también tiene un frente abierto con la plantilla en la inspección de trabajo y está sufriendo bajas de algunos trabajadores que, acogiéndose al artículo 50 del estatuto de los trabajadores, reclaman indemnizaciones de 45 días por año a causa de los impagos.

economiadigital.es

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¿Cuánto se ha encarecido la compra con el euro?

Es posible que todavía cuando va a comprar algo realice mentalmente el cambio de la cantidades a pesetas. Aquella fórmula cómoda y sencilla de ‘seis euros equivalen a 1.000 pesetas’ que sirvió para facilitar la transición de una moneda a otra hace ahora 15 años sigue vigente quizás para muchas personas. Además, también resulta una manera práctica de comprobar cómo ha aumentado el coste de la vida en estos tres lustros.

Y es que uno de los efectos inmediatos de la entrada en vigor del euro el 1 de enero de 2002 -en España y otros once países más- fue el alza de los precios debido al redondeo ejemplificado en los comercios de ‘todo a 100’ convertidos de la noche a la mañana en ‘todo a un euro’. Y eso que cada euro equivalía a 166,386 pesetas. Pero este proceso afectó a casi todos los sectores y provocó un aumento de la inflación adicional de 0,5 puntos en ese primer ejercicio, según reconoció el Banco de España. Pero más allá de ese impacto inicial ¿cómo ha afectado la adopción de la moneda única a los precios? ¿su contribución ha sido similar en sueldos y pensiones o ha habido pérdida de poder adquisitivo?

La respuesta está en observar cómo han evolucionado los precios desde 2001 -último año de la peseta- hasta el recién acabado 2016. En ese periodo la inflación acumulada alcanza el 34,5%. Es decir, cada vez son necesarios más euros para llenar la cesta de la compra. Sin embargo, el sueldo medio -que no significa el más habitual- se ha revalorizado la mitad en ese periodo al pasar de los 19.802 euros brutos a los 22.858 euros en 2014, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial del INE.

Esto implica una nada despreciable pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, una situación concentrada en los últimos años de crisis. Aunque algunos parámetros son más positivos. Así, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado un 51,1% en ese periodo.

Pensiones

En el caso de los pensionistas la situación es más favorable. La prestación media (incluye la pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad y en favor de familiares) se ha incrementado un 84,1% desde 2001 al aumentar de los 494,5 euros a los 910,2 el pasado ejercicio. Algo similar ocurre con la pensión media de jubilación, que se ha revalorizado un 86% al pasar de los 565 euros a los 1.050,8 euros. Estos fuertes incrementos, condicionados por las bajas cuantías de partida, quedan en el aire tras la última reforma de las pensiones que desliga su revalorización del comportamiento del IPC. Una medida que ha tenido su primer impacto en 2016 después de que la inflación se situara en el 1,6% y las pensiones subieran el 0,25% mínimo que marca la ley. Un escenario que podría repetirse en este 2017.

En cualquier caso, el comportamiento de los productos desde la adopción del euro ha tenido el encarecimiento -en distinto grado- como denominador común. De hecho, de las 57 rúbricas que componen la cesta de la compra para elaborar la tasa de IPC sólo cuatro son ahora más baratas que en 2001. Estas sorprendentes excepciones a la norma son el azúcar (-10,7%), los electrodomésticos y reparaciones (-12,4%), las comunicaciones (-25,1%) y sobre todo los objetos recreativos (-66,7%). “Al principio el euro tuvo un efecto perverso en los precios que luego se ha recuperado”, señala el profesor de Economía del IESE José Ramón Pin, quien recuerda que en los últimos meses la inflación ha sido incluso negativa.

Entre los productos que más se han encarecido desde la llegada del euro se encuentran elementos básicos y esenciales de la alimentación como el pan (50,4%), los huevos (49,9%), las patatas (72%) la fruta fresca (66,3%), las legumbres y hortalizas (62%), la carne de vacuno (45,9%), el pescado fresco y congelado (34,5%) o la leche (37,5%). Es verdad que cualquier variación en estos productos, que tienen precios relativamente bajos, supone un importante impacto porcentual. Pero también se trata de elementos prioritarios en cualquier hogar. Pero no sólo los alimentos han experimentado un significativo repunte de precios en estos tres lustros. También los españoles han tenido que rascarse más el bolsillo a la hora de renovar su vestuario empezando por el calzado, tanto de hombre (26,5%) como de mujer (30,6%), además del destinado a los niños (21,5%). Lo mismo ha ocurrido con las prendas de vestir masculinas, que se han encarecido un 19,9%, las femeninas un 14,9% y las de bebés y niños un 14,1%.

La universidad se dispara

Asimismo, el turismo y la hostelería -dos sectores básicos para la economía española- aumentaron su precio un 44,6% en ese periodo, algo que no ha impedido pulverizar casi cada ejercicio el récord de llegadas de viajeros extranjeros. También llama la atención el alza de la educación universitaria un 78,8% y en el que se refleja el impacto de la subida de matrículas aprobada por el Gobierno en la anterior legislatura. Sin embargo, el producto que más se ha encarecido desde la entrada del euro ha sido el tabaco, que prácticamente ha duplicado su precio (99,7%). En este caso, las diferentes subidas en el impuesto -la última aprobada el pasado diciembre- han tenido una gran influencia en ese repunte.

Ademas, las tarifas del transporte público urbano e interurbano aumentaron más de un 60%. Sin duda, el comportamiento del petróleo en estos años ha tenido una gran influencia en los precios de los productos energéticos, precisamente los que más peso tienen en la inflación. Así, los carburantes se han encarecido un 61% desde 2001. Por su parte, el gas también ha repuntado un 46% y la electricidad otro 60%.

“El euro ha encarecido la cesta de la compra, sobre todo en algunos sectores como la restauración”, reconoce el catedrático de Banca de Esade, Robert Tornabell. Un aumento que, en su opinión, también vino acompañado de un avance de los salarios hasta el estallido de la crisis. “En ese momento se produce una devaluación interna que trae precios más ajustados y también empleos más precarios”, añade Tornabell. En cualquier caso, este experto defiende que pese a los efectos del euro en los bolsillos de los ciudadanos “es más barato vivir en España que en Francia o Alemania”.

Las previsiones de cara a los próximos años coinciden en señalar que la cesta de la compra se encarecerá más con una inflación que podría rozar el 3% en algún mes de este año, según las estimaciones de Funcas.

elcomercio.es

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Dónde el salario permite comprar casa y dónde no

Índice de accesibilidad para comprar una vivienda

Más que cuánto suben o bajan los precios de la vivienda en cada ciudad, el sector inmobiliario vive preocupado desde hace meses por el esfuerzo que debe realizar un hogar tipo para adquirir una casa. Ya durante la pasada semana y coincidiendo con la celebración en Madrid del Salón Inmobiliario Internacional (SIMA) ésta fue una de las cuestiones que fue presentada como uno de los retos a resolver de cara futuro.

Sociedad de Tasación elabora junto con su estadística de precios dos indicadores que tratan de medir precisamente esto: el índice de accesibilidad a la vivienda, y el grado de esfuerzo. Este segundo define el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano medio necesita destinar para la compra de una vivienda tipo. En la actualidad, la tasadora sitúa ese baremo en 7,6 años con una tendencia que vuelve a ser al alza después de haberse moderado significativamente durante la crisis, ya que en 2007 eran necesarios nada menos que 13,7 años. Los expertos consideran que un nivel óptimo sería aquel que se moviera en torno a cuatro ejercicios completos de salario. Luego, lo idóneo es que el esfuerzo siga moderándose bien por la vía del abaratamiento de las casas, o bien por el incremento de los salarios, o incluso por las dos al unísono, según subrayan los analistas. Por su parte, la accesibilidad pone en relación también salarios y precios de los inmuebles, pero tiene en cuenta las diferencias de renta que existen por territorios, así como las deducciones fiscales en el IRPF y las retenciones a la Seguridad Social. De esta manera, estima la relación entre el poder adquisitivo real de un ciudadano medio y el esfuerzo teórico necesario para la compra de un piso y todo con los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

  • Compras por parte de extranjeros

Las cifras de salarios percibidos se someten además a diferentes hipótesis de cálculo de la financiación (plazo de amortización, o tipo de interés, entre otras) para saber cuál sería la cuota que debería destinarse al pago de la vivienda.

Así, el resultado idóneo sería 100. En ese caso quiere decir que los salarios que se perciben son equivalentes o iguales a los sueldos necesarios para poder comprar casa. Todo lo que supere ese dato es que la accesibilidad es buena y, sin embargo, allí donde no llegue a 100, los salarios promedios que se cobran no llegan para comprar vivienda.

El promedio de España en el primer trimestre de este año es de 102, lo cual a priori parece una buena noticia. Sin embargo, el análisis en detalle elaborado por Sociedad de Tasación concluye que existen cinco comunidades autónomas, algunas de las más pobladas del país, donde esa proporción es bien distinta. Se trata de Baleares, con 50 puntos, Madrid, con 84, País Vasco, con 86, Cantabria, con 87 y Cataluña, con 94. En Galicia, el índice está justo en el 100 y en las otras 11 superan esa barrera.

Desde esta tasadora explican cómo el abaratamiento de los inmuebles y la reducción de los tipos de interés son las dos variables que más han influido en la mejora que se ha producido, ya que a comienzos de 2012, fecha en la que arranca este indicador, ninguna comunidad llegaba a 100, por lo que en todas los salarios reales que se percibían de promedio en España eran claramente insuficientes para comprar una vivienda. Así, la mejor noticia es que cada trimestre que transcurre el indicador mejora y más territorios se suman a la lista de aquellos donde sobre el papel y en términos agregados los hogares tienen capacidad para endeudarse y adquirir una casa. ¿Hasta cuándo durará esta favorable progresión? Los expertos esperan que no se trunque por un cambio brusco en las condiciones de financiación. Y demandan, eso sí, la necesidad de ofrecer información clara y fiable sobre las herramientas financieras y los métodos de cálculo del precio de la vivienda. “Una mayor transparencia junto con una regulación más exhaustiva de los actores involucrados en el mercado, pueden favorecer la inversión en vivienda”, advierte el director general de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno.

Y mientras el mercado se prepara para los retos de futuro, los extranjeros siguen comprando cada vez más viviendas en España. El año pasado adquirieron un total de 76.680 casas de precio libre, lo que supone un incremento del 12,9% y un 20% del total de las operaciones inmobiliarias realizadas durante el pasado año, según las cifras que publicó ayer el Consejo General del Notariado, que ponen de manifiesto que el peso de las compraventas de extranjeros no ha dejado de crecer desde 2007.

Diferenciando entre extranjero residente y no residente, el 51,7% de las operaciones de compraventa fueron realizadas por extranjeros no residentes. Aún así, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros residentes aumentó un 18,2%, tasa superior a la experimentada por los compradores extranjeros no residentes, que se situó en el 8,4%.

Todas las comunidades mostraron avances en el número de transacciones de vivienda libre por parte de foráneos. Cuatro autonomías registraron incrementos inferiores a la media nacional, incluyendo Cataluña (+4,9%), Comunidad Valenciana (+7,2%), Extremadura (+9,8%) y Canarias (+10,3%). Las comunidades restantes mostraron aumentos superiores a la media nacional, destacando La Rioja (+59,1%), Castilla-La Mancha (+57,3%) y Navarra (+41,5%). Aragón (+39,8%), Castilla y León (+34%), País Vasco (+30,7%), Murcia (+25,8%) y Cantabria (+25,5%) mostraron tasas de crecimiento ligeramente inferiores.

Un escalón por debajo, situándose en una tasa ligeramente superior a la nacional, estuvieron Galicia (+23,2%), Baleares (+22,3%), Madrid (+17,3%) y Andalucía (+13,6%).

En 2015, las comunidades con mayor peso en las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros sobre el total de las comunidades fueron Islas Baleares (44%), Islas Canarias (39%), Comunidad Valenciana (37%), Murcia (25%) y Andalucía (25%).

Por el contrario, las regiones en las que las operaciones realizadas por extranjeros tuvieron menos peso fueron País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Extremadura, con datos en torno al 4%. El precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por extranjeros en 2015 se situó en 1.598 euros, lo que supone un incremento interanual del 2,9%.

El precio medio de las viviendas adquiridas por no residentes aumentó un 5,6%, hasta los 1.792 euros, mientras que el precio de los inmuebles comprados por extranjeros residentes se redujo un 0,1%, situándose en los 1.367 euros.

El precio medio de las viviendas adquiridas por extranjeros se situó por encima de la media nacional en Islas Baleares (2.580 euros por metro cuadrado), País Vasco (2.047 euros), Madrid (1.867 euros) y Cataluña (1.856 euros). El resto de comunidades se situaron por debajo de la media nacional, destacando por sus precios más reducidos Extremadura (576 euros), Castilla-La Mancha (597 euros), La Rioja (710 euros) y Castilla y León (712 euros).

En cuanto a la nacionalidad de los extranjeros que compran viviendas en España, los compradores con mayor peso sobre el total fueron los británicos (20,6%), seguidos por los franceses (8,8%), alemanes (7,5%), belgas (5,7%), italianos (5,5%) y rumanos (5,3%). Todos ellos acumulan más de la mitad de las operaciones de compraventas de vivienda libre realizadas por extranjeros en 2015.

Las nacionalidades con mayor actividad en el mercado de compraventa de vivienda libre durante 2015 fueron los rumanos, con un incremento del 59% en tasa interanual. Asimismo, ecuatorianos (+43,1%), británicos (+37,7%), marroquíes (+25,8%), italianos (+18,5%), irlandeses (+17,8%), chinos (+16,8%), suecos (+15%), argentinos (+14,8%) y suizos (+13,6%) presentaron también tasas de crecimiento interanual superiores a la media nacional.

cincodias.com

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Las empresas extranjeras son el 2% del total en España, pero facturan el 28%

Las empresas extranjeras ascienden a 19.216 en España, lo que supone algo más del 2% de las sociedades activas, si bien su facturación equivale al 28% del total, según el Estudio sobre Empresas con accionistas extranjeros en España realizado por Informa D&B, compañía de Cesce.

Estas empresas alcanzan una facturación de casi 380.000 millones de euros y cuentan con 980.000 empleados, lo que equivale al 17% del conjunto de empresas. El informe muestra que el 74% de las empresas extranjeras en España procede de países de la UE.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, asegura que, “aunque Alemania es el país con más empresas en España, al suponer el 16% de todas las empresas extranjeras, las francesas son las que generaron mayores ingresos”.

Alemania es el país con mayor número de empresas en España, al acaparar el 16% del total de sociedades extranjeras en el país. Le sigue Francia, con un 11%; el Reino Unido, con un 10%, y los Países Bajos, con un 9%. Estados Unidos, el primer país no comunitario, con un 9%.

Sin embargo son las empresas francesas las que generan más ingresos, con el 18% del total. Tras ellas, se sitúan las alemanas, con el 16%, y las italianas, con un 10%. El cuarto puesto es para Emiratos Arabes Unidos, que alcanza el 9% de los ingresos totales generados por empresas extranjeras, gracias a su participación en Cepsa.

Las empresas extranjeras que se instalan en España se decantan generalmente por ubicar su sede en Madrid, con el 40%, si bien en Cataluña se localiza un 28% y en Andalucía, un 8%.

Si se tiene en cuenta su representación respecto al total de empresas en la comunidad, también Madrid y Cataluña son las autonomías con tasas más elevadas, del 5% y 4%, respectivamente, seguidas en este caso por Baleares, donde suponen un 3%.

Principales actividades

Las principales actividades de las sociedades foráneas en España son el Comercio, con un 24% del total; la Construcción, con un 15%; los Servicios empresariales, con un 14%, y la Industria, con un 11%.

Estos sectores son también los más destacados entre las empresas nacionales, si bien en este caso Construcción, con un 25%, supera a Comercio, con un 23%.

Empresas británicas

Algo más del 10% de las empresas extranjeras ubicadas en España procede del Reino Unido, el tercer país con mayor número de sociedades tras Alemania y Francia.

Estas sociedades generan unos ingresos de 29.500 millones de euros, el 2% del total del país, y emplean a 113.653 personas, el 2% también. Son principalmente microempresas, en un 65%. Las pequeñas empresas suman el 17%, las medianas el 13% y las grandes el 5%.

eleconomista.es

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La nueva ley hipotecaria quitará las tasas por pagar antes

La nueva ley hipotecaria en la que trabaja el Gobierno para incrementar la transparencia en la contratación del producto y sus cláusulas, en favor de una mayor protección del consumidor, dará un vuelco a muchos factores. El Anteproyecto de Ley sobre contratos de crédito inmobiliario que traspone la directiva comunitaria, suprime, en términos generales, las comisiones por devolver la deuda anticipadamente. El borrador, que estuvo a consulta hasta el pasado mes de septiembre y cuya aprobación definitiva se estima para mayo, limitaba al 0,5% el cargo “del capital reembolsable anticipadamente” si el reintegro se produce en los tres primeros años del préstamo y al 0,25 si es durante los cinco primeros, y desaparecería al sexto año.

Las condiciones de transparencia sobre la información a facilitar antes de la firma del contrato, el contenido de la oferta vinculante, el análisis de solvencia o las tasaciones incluidas en la directiva estaban muy en línea con la práctica bancaria española, recuerdan fuentes financieras, que, no obstante, no descartan que esa guía se modifique o altere, a tenor del interés del Gobierno en reforzar al máximo la transparencia y que el cliente sepa bien qué contrata.

El Anteproyecto sujeto a consulta garantizaba también el derecho del cliente a cambiar de divisa en su hipoteca y prohíbe las ventas de productos vinculados – aquí sí busca erradicar la práctica de vincular, por ejemplo, el seguro de hogar o vida con el préstamo-.

La norma no impedirá al banco ofrecer varios productos junto al préstamo e, incluso, incentivar su contratación con una oferta de precios atractiva, pero exigirá que informe separadamente de las condiciones de cada producto. Otra regla que sí es novedad para la industria es que buscará abolir los incentivos al personal para que coloque préstamos, para evitar un mal asesoramiento al cliente y asunción excesiva de riesgos para el banco.

eleconomista.es

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Un tercio de la población española apuesta por detener el crecimiento económico

Un tercio de la población española preferiría ignorar o detener el crecimiento económico para lograr la sostenibilidad ambiental. Ésta es la principal conclusión de un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) tras evaluar la opinión pública sobre el crecimiento económico, el medio ambiente y la prosperidad a través de una encuesta en la que ha participado un millar de ciudadanos españoles. El estudio, realizado por Stefan Drews y Jeroen van den Bergh, ha sido publicado en la revista Global Environmental Change.

Sólo el 4% expresó una clara e incondicional apuesta a favor del crecimiento


Según Stefan Drews, que llevó a cabo la investigación en el contexto de su tesis doctoral, “durante décadas, ha habido un debate académico y público sobre si el crecimiento económico es compatible con los objetivos medioambientales y si se trata de un buen indicador del progreso. Aunque esta cuestión ha recibido una atención considerable por parte de los medios de comunicación y de los foros públicos, hay muy poco conocimiento sistemático acerca de lo que piensa el público en general. Esto nos sirvió como motivación para iniciar la investigación”.

La encuesta investigó la opinión de los españoles sobre qué tipo de estrategia de crecimiento y medioambiente deberían seguir las políticas públicas. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados (59%) está a favor de continuar con el crecimiento, ya que se puede combinar con la sostenibilidad ambiental (habitualmente denominado crecimiento verde). El 21% se mostró a favor de ignorar el crecimiento como objetivo político (a-crecimiento), mientras que el 16% apoyó detenerlo por completo (decrecimiento). Sólo el 4% expresó una clara e incondicional apuesta a favor del crecimiento (crecimiento a cualquier precio).

El cuestionario presentaba 40 preguntas sobre aspectos diversos del debate acerca del crecimiento económico. Por ejemplo, la creencia más generalizada a favor del crecimiento (con una adhesión del 80%) es que el crecimiento es necesario para crear puestos de trabajo. Al mismo tiempo, alrededor del 40% de la población cree que “una buena vida sin crecimiento económico es posible”.
Otro tema controvertido del debate es si el crecimiento económico ilimitado es o no posible. Respecto a cuándo creen que el crecimiento económico podría llegar a su fin en los países ricos industrializados, los encuestados ofrecieron respuestas que van desde una visión muy pesimista hasta una muy optimista. Un considerable 44% cree que el crecimiento económico podría detenerse en los próximos 25 años. En el otro extremo, casi el 30% cree que el crecimiento podría ser infinito. Las razones socioeconómicas (como la desigualdad) tienen más peso que las ambientales (por ejemplo, la escasez de energía) a la hora de justificar las creencias en el fin del crecimiento. Una gran confianza en la tecnología y en el ingenio humano son las principales razones argumentadas por quienes creen en el crecimiento ilimitado.

La encuesta también incluía preguntas sobre cuestiones socio-demográficas y psicológicas. Los resultados muestran que las personas con valores más conservadores (por ejemplo, quienes dan mucho más valor a la “tradición” y la “seguridad”) mantienen puntos de vista especialmente fuertes a favor del crecimiento. Asimismo, las personas más religiosas y con tendencias políticas de centro-derecha tienen una visión más positiva sobre el crecimiento económico.

“El valor general de este estudio es que proporciona una imagen completa y matizada de la opinión pública sobre las relaciones entre el crecimiento económico, el medio ambiente y la prosperidad”, dice Stefan Drews. Los resultados sugieren que no sólo existe polarización de opiniones entre los académicos, sino también entre el público en general. Los responsables políticos pueden aprender del estudio que el objetivo social del crecimiento económico es cuestionado por muchas personas por motivos tanto sociales como ambientales.

El Salmón Contracorriente

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Qué europeos pagan más impuestos indirectos?

La presión fiscal en Europa es muy diferente en los países miembros de la Unión. Los estados nórdicos, por ejemplo, son los que más recaudan a través de sus impuestos, con porcentajes cercanos al 45% del PIB. Si se pone el foco en los impuestos indirectos, la diferencia es notable entre los países del Oeste de Europa y los del Este: en los primeros se recauda más a través de los impuestos indirectos mientras que en los últimos se obtienen más ingresos con la tributación directa, según World Economic Forum.

Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo y no repercuten directamente sobre la renta del contribuyente. El país donde se paga más impuestos indirectos es, de lejos, Dinamarca, con una presión fiscal del 30,6% del PIB. Le siguen Suecia y Bélgica, con un 18,3% y un 17,4%, respectivamente. España se sitúa en el puesto número 15, con un 10,6%.

País

Impuestos indirectos (% PIB)
  1. 1. Dinamarca
    30,6
  2. 2. Suecia
    18,3
  3. 3. Bélgica
    17,4
  4. 4. Finlandia
    16,3
  5. 5. Italia
    15,2
  6. 6. Reino Unido
    15,1
  7. 7. Luxemburgo
    14,8
  8. 8. Malta
    13,9
  9. 9. Austria
    13,4
  10. 10. Irlanda
    13,1
  11. …15. España
    10,6
Fuente: World Economic Forum

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La renta básica universal, cada vez menos una utopía, empieza a testarse en Europa

Ya no es un concepto desconocido. El debate sobre la renta básica universal está ahora mas vivo que nunca. Sus defensores la contemplan como un nuevo derecho para todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su situación o ingresos, una prestación pública incondicional y libre de impuestos. Cobrar por existir ha dejado de ser una utopía.

La generalización de la idea de que la revolución digital hará desaparecer una gran cantidad de puestos de trabajo, sustituyendo la mano de obra humana por máquinas o robots, explica la propagación de los defensores del ingreso básico. Hay una importante corriente de opinión que sostiene que los cambios estructurales que la tecnología provocará en la economía dejarán sin oportunidades laborales a una parte de la población. Esta nueva situación sólo podría ser subsanada con un nuevo contrato social en el que, mediante nuevas medidas de redistribución de la riqueza, se alcance una nueva cota de Estado de Bienestar.

Manuel Muñiz, director del Programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard, asegura que esa alteración estructural ya ha comenzado a generar una “distribución desigual y una estancación de rentas en determinadas clases sociales”. Este incremento en la desigualdad también explica el auge del populismo y los movimientos antiglobalización.

¿Puede pagarse?

Europa es el continente en el que el ingreso mínimo universal está dando sus primeros pasos. Finlandia y Holanda están empezando a experimentar con la medida, mientras que Suiza sometió a referéndum su inclusión (el 77% votó en contra). La primera pregunta es lógica: ¿Cuantos países tienen la suficiente capacidad financiera como para ser capaces de costear un gasto tan grande?

El coste para las arcas estatales derivado de la aplicación de esta medida, con su consiguiente efecto en el déficit público y en las políticas fiscales, es precisamente uno de los principales argumentos en los que se basan los detractores de esta prestación “para todos”. Sin embargo, los defensores de la renta básica señalan que ésta “absorbería” las ayudas ya vigentes, como las de desempleo o jubilación. Es decir, los ciudadanos que ya reciben una prestación superior a la renta básica no obtendrían ninguna bonificación, mientras que los demás dejarían de cobrar sus actuales ayudas -si las tienen- y empezarían a percibir la cuantía universal fijada.

Hacia un nuevo modelo social

Más allá de la viabilidad financiera de la implantación, el verdadero debate viene después. Proporcionar dinero a la gente de forma incondicional, sin pedir nada a cambio, es algo que revoluciona el actual modelo de sociedad. Uno de las aspectos más importantes (y, al mismo tiempo, una de las dudas) es el de cómo afectaría la prestación a la actitud de los ciudadanos hacia el mercado laboral. Los analistas más pesimistas auguran un cambio de mentalidad que destruiría el mercado laboral.

Como explicaba a este periódico Jennifer Blanke, economista jefe del World Economic Forum, la clave es “establecer un ingreso lo suficientemente alto para llevar a todo el mundo hasta cierto nivel de renta, pero suficientemente bajo para que no afecte a las decisiones sobre trabajar o invertir. Y no está claro si es posible”.

Por el contrario, los defensores de la renta básica universal reivindican la seguridad financiera que aportaría, un factor que, además de ayudar a mantener la paz social, favorecería el crecimiento económico al incentivar el emprendimiento y la formación.

Otros beneficios

Entre las ventajas de la prestación, hay quien señala que serviría para romper el círculo vicioso de la pobreza en el que algunas familias están instaladas. Al no requerirse ningún tipo de condición para su recepción, aquellas personas que antes no intentaban mejorar su s- ituación por miedo a perder las ayudas que percibían dejarán de estar condicionadas. También se evitaría el impacto psicológico que para algunas personas supone el solicitar subsidios públicos.

Por último, aunque menos importante, hay que señalar el ahorro en términos de burocracia que esta medida “unificadora” le supondría al Estado. En países como Finlandia, la cantidad de distintas ayudas disponible es enorme, por lo que la implantación de la renta básica universal facilitaría el proceso administrativo.

El caso de Finlandia

El Gobierno de Finlandia ha aprobado que 2.000 de sus ciudadanos desempleados de entre 25 y 58 años empiecen a percibir, de forma incondicional y obligatoria, 560 euros libres de impuestos durante los próximos dos años, independientemente de si encuentran trabajo o no. En Finlandia, donde gobierna el Partido del Centro (liberales), el paro afecta al 8,8% de los trabajadores y el sueldo medio es de 3.628 euros al mes.

De esta forma, el Kela (Instituto de la Seguridad Social del país escandinavo) quiere hacer un experimento para comprobar cuales son los efectos de la renta básica universal en los ciudadanos, antes de tomar una decisión definitiva sobre su aplicación a toda la población. La complejidad de su Seguridad Social es una de las razones por las que Finlandia va a experimentar con una prestación que ayudaría a simplificar el sistema de ayudas y subsidios.

No serán pocos los ojos que estén pendientes de lo que suceda tanto en Finlandia como en Holanda, dónde este año también se ha empezado a testar la medida. No en vano, estos proyectos podrían ser la avanzadilla de una nueva versión del Estado de Bienestar.

eleconomista.es

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