Economía solo gastó en 2016 un tercio de lo que presupuestó para I+D

El Estado (sin contar sus organismos autónomos) solo gastó en 2015 el 51,9% de lo que presupuestó para I+D. De acuerdo con las estadísticas de la Intervención General del Estado publicadas con motivo de los Presupuestos, en la rúbrica de Investigación, Desarrollo e innovación solo se dispuso de 2.661 millones frente a los 5.128 asignados. Si también se toman las tasas de ejecución de los organismos autónomos y agencias estatales, la proporción aumenta un poco y alcanza el 60,6% del presupuesto total de la Administración General. La llamada política 46 se sitúa así en los 3.963 millones, la mitad de los 8.469 millones que se emplearon allá por el 2009.

Semejante grado de falta de ejecución se traduce en que el Estado ha dejado de gastar 18.886 millones entre 2008 y 2015. Junto a la obra pública, las políticas de impulso al I+D se convierten en una de las partidas que más ha sufrido la crisis. Y la situación de 2016 puede haber sido aun más dramática, ya que estos fondos han sido de los más perjudicados por el cierre del gasto que se tuvo que hacer a mitad de año para poder cumplir con los objetivos de déficit exigidos por Bruselas. Los datos parciales de ejecución desvelan que el Ministerio de Economía solo ha desembolsado un tercio de sus créditos presupuestarios para I+D. De los 1.546 millones destinados a la rúbrica de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, el departamento que encabeza Luis de Guindos únicamente ha librado 868 millones, el 56%. Para la sección dedicada a Investigación y desarrollo tecnológico-industrial, Economía tenía asignados 1.788 millones. Sin embargo, solo ha reconocido obligaciones por valor de 303 millones, un 17% del presupuesto.

A la luz de estos guarismos, la secretaría de Estado que dirige Carmen Vela arroja uno de los menores porcentajes de ejecución del conjunto de las Administraciones: uno de cada tres euros no se gasta. La distancia entre lo que se dice que se va a dotar y lo que en verdad se dispone se antoja enorme. Desde luego, ese 35% de ejecución registrado en I+D se encuentra muy lejos de las tasas superiores al 85% que presentan el resto de ministerios

Y una de las razones de este hundimiento radica en que cada vez se dedica más presupuesto a préstamos blandos, esto es capítulo VIII, en lugar de gasto directo como subsidios, transferencias o personal (capítulos I a VII). Los organismos y agencias estatales presentan una ratio de ejecución elevada, del orden del 90%. En cambio, el dinero presupuestado por el Estado se gasta mucho menos. Economía argumenta que se ha diseñado una estrategia de uso más eficiente. Pero el problema estriba en que las Universidades y los centros públicos no están configurados para trabajar con préstamos. Se trata de un dinero que hay que devolver. Y eso implica que muchas de esas líneas de financiación acaban el ejercicio sin utilizarse. De ahí los pobres resultados exhibidos.

El Gobierno ha anunciado que el I+D conseguirá este año un 4,1% más en los Presupuestos. Pero la cuestión reside en cuánto se ejecuta y no tanto en los titulares que se venden. Ya en 2015 los Presupuestos recogían un alza de los recursos disponibles por valor de 312 millones hasta los 6.395 millones en el total de la Administración central incluyendo organismos. Sin embargo, al final el incremento ejecutado solo fue de 112 millones más hasta los 3.963 millones, el primer aumento del gasto real desde 2009. No obstante, viendo el grado de ejecución del año pasado, el cierre del gasto impuesto a mediados de 2016 puede haber hecho retroceder esta partida hasta niveles no conocidos desde finales de los 90. Y la clave para que esta inversión se recupere un poco en 2017 se halla en la ejecución presupuestaria.

elpais.com

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FAES enmienda la plana a Montoro y ve muy elevadas sus previsiones de ingresos en IRPF e IVA

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) considera que el Gobierno atribuye una elasticidad de recaudación “muy elevada” a los principales impuestos (IRPF e IVA) y urge a concluir el proceso de consolidación fiscal, profundizar en la reforma tributaria y de la Administración pública y a actuar “decididamente” en el control del gasto público.

Así lo señala en un análisis titulado ‘Incertidumbres presupuestarias’ la fundación que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar, que considera que las principales incertidumbres para que España pueda cumplir su objetivo de déficit del 3,1% este año se encuentran en la evolución de los ingresos públicos.

Alerta por el empeoramiento del déficit de la Seguridad Social

La fundación recuerda que el ejercicio 2016 se cerró con un déficit público del 4,33% del PIB, lo que supone que respecto a 2015 “solamente” se redujo en 75 décimas, destacando el “escaso avance” que se ha producido en la Administración Central, que redujo su déficit del 2,59 al 2,52% del PIB y, sobre todo, el “importante empeoramiento” del déficit de la Seguridad Social, que alcanza el 1,62% del PIB, “el peor resultado desde que se iniciara el proceso de ajuste”.

Para alcanzar el objetivo de déficit del 3,1% en 2017, los Presupuestos prevén un ajuste en la Administración Central, que debería pasar del 2,52 al 1,1% del PIB, y una reducción menor en el déficit de las comunidades autónomas, que se ven favorecidas por un importante crecimiento en los recursos procedentes del sistema de financiación en más de 5.000 millones, y en el de la Seguridad Social.

En este sentido, FAES augura que, al igual que en los últimos años, serán las corporaciones locales, que tienen marcado el objetivo de equilibrio presupuestario, las que contribuyan con su superávit, que en 2016 fue del 0,64% del PIB, a compensar “posibles desviaciones” de las restantes administraciones públicas.

Desde FAES se hace hincapié en las “incertidumbres” referidas a la evolución de los ingresos, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)ha cifrado en 28.000 millones de euros la desviación en los ingresos en 2016, de los que 13.000 corresponden a las cotizaciones a la Seguridad Social.

En ingresos tributarios la cantidad recaudada ha sido 8.000 millones menor a la presupuestada

“En los ingresos tributarios la cantidad recaudada ha sido 8.000 millones menor de la presupuestada, con una importante desviación en el Impuesto sobre Sociedades, a pesar de las medidas tributarias aprobadas el año pasado, que significaron aumentos importantes en los pagos fraccionados y amplios recortes en las deducciones y otros incentivos fiscales”, apunta FAES.

Los Presupuestos para 2017 se elaboran con unas previsiones de recaudación tributaria, antes de las cesiones a entes territoriales, de 200.963 millones, lo que supone un incremento de 7.400 millones (+3,8%) sobre lo presupuestado en 2016 y de 13.000 millones (+7,9%) sobre lo efectivamente recaudado.

Los ingresos del Impuesto de Sociedades no acaban de despegar

Para FAES, a pesar de que España es uno de los países que más crece de la UE y de que se está dejando atrás la deflación, “otro de los causantes de las desviaciones de los últimos ejercicios”, se está atribuyendo a los principales impuestos, sobre todo IRPF e IVA, una elasticidad de recaudación “muy elevada”, a lo que se suma que los ingresos por el Impuesto de Sociedades “no acaban de despegar”, en buena medida por la acumulación de pasivos fiscales diferidos acumulados a lo largo de los últimos ejercicios.

FAES pide una reforma tributaria y controlar el gasto público

Asimismo, recuerda que en el 2016 las desviaciones en los ingresos se compensaron con una menor ejecución de los gastos, aproximadamente 11.000 millones, mientras que para 2017 los Presupuestos proyectan un crecimiento del gasto del 5,7%, 10.000 millones, en relación con el ejecutado en 2016, del que se destina el 55% a pensiones, prestaciones por desempleo y pago de la deuda pública.

“Es cierto que la negociación de un presupuesto por un gobierno en minoría parlamentaria tiene importantes escollos, que suelen obligar a aumentar el gasto”, indica FAES, que cree que la “relajación” va a producirse principalmente en relación con la oferta de empleo público y la tasa de reposición.

La fundación añade que las cuentas de las administraciones públicas se han beneficiado del crecimiento económico y de la política monetaria del PIB, si bien ve “urgente” concluir al proceso de consolidación fiscal, profundizando en la reforma del sistema tributario y de la Administración pública, y actuando “decididamente” en el control del gasto público, cuya evolución “no debería superar el crecimiento del PIB nominal”.

lainformacion.com

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Ofensiva de CEOE y sindicatos para recuperar el peso perdido en la formación

La concurrencia competitiva— mecanismo de asignación de recursos de la formación—no puede suplir la labor de impulso y orientación de los empresarios y sindicatos. Con este argumento los agentes sociales han comenzado una ofensiva para recuperar el protagonismo perdido en el diseño e impartición de los cursos. UGT y CC.OO. han elaborado un extenso informe en el que argumentan el debilitamiento del sistema desde que en 2015 fue reformado y la CEOE ultima su Libro Blanco con balance y recomendaciones que hará público tras la Semana Santa y presentará al Gobierno y a los grupos parlamentarios.

 El nuevo sistema de formación en las empresas está en marcha desde 2015, fruto del rosario de escándalos y de prácticas irregulares que durante años escaparon a todo tipo de controles y provocaron una bateria de detenciones en España, en especial en Andalucía. Los agentes sociales fueron apartados de la gestión que, junto a la impartición de los cursos, —los que se financian con cuotas sociales, fondos públicos y europeos— se abrieron a la libre concurrencia.

Tras dos años de puesta en marcha de la reforma sindicatos y empresarios han puesto en marcha una ofensiva para demostrar que su exclusión de la gestión no ha tenido los efectos deseados. Los agentes sociales denuncian que trascurridos esos dos años de cambios no se ha publicado ninguna de las normas previstas en la ley y «se vive una situación de transitoriedad y desorden muy graves», aseguran UGT y CC.OO. en un informe que han presentado al Gobierno al que ha tenido acceso ABC.

«No pretendemos volver a la situación anterior a la reforma, pero queremos participar en la definición del modelo de formación, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno», aseguran fuentes empresariales a este periódico tras recalcar que «es necesario recuperar la gobernanza social» frente a un sistema «burocratizado».

No responde a las demandas sociales

En el documento que han elaborado la centrales que dirigen José María Álvarez y Ignacio Fernández Toxo explican que la formación permanente ha dejado de responder a las demandas del mercado de trabajo para centrarse en las características formales de la oferta de cursos de centros privados. Añaden que «se ha obstaculizado o impedido la participación de empresarios y sindicatos en la programació, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa y no se ha respetado el carácter finalista de la cuota».

La organización que dirige Juan Rosell, presentará la semana próxima el Libro Blanco de la Formación, un trabajo en el que realizan un diagnóstico de la situación de la formación, que coincide a grandes rasgos con que la realizan las centrales sindicales. Además de la diagnosis, el Libro Blanco incluirá también propuestas de modificación de la normativa actual. La patronal insiste en que la empresa debe ser el centro de la formación en España», aseguran las fuentes consultadas por este periódico que insisten en que la formación debe considerarse como un factor de competividad empresarial. Entre sus peticiones siempre está la generalización del llamado «cheque-formación», que facultaría a las empresas la libertad total a la hora de elegir los centros en los que se imparten las clases.

Burocracia y político

Desde que se aprobó la reforma la patronal que lidera Juan Rosell hizo de la misma «casus belli». Considera que los cambios «ha consolidado un sistema intervencionista, politizado, burocrático y poco transparente en cuanto al destino de los fondos», así como «muy alejado de las necesidades empresariales». La CEOE recuerda que empresas y empleados son quienes financian el sistema mediante la cotización de la cuota de la formación profesional y, por eso, deberían «ser considerados como los auténticos protagonistas del modelo». Cada mes empresa y trabajador pagan un 0,70% de cuota de formación, de los que 0,60 corresponden a los primeros y el 0,10 restante a los empleados. «No se puede dejar la planificación y diseño de la formación en manos de intereses privados», dicen los sindicatos.

Una de las principales críticas que realizan los agentes sociales al Gobierno es que dos años después de aprobar la reforma no se ha publicado ninguna de las normas previstas en la ley y «se vive una situación de transitoriedad y desorden muy graves».

El trabajo sindical refleja que los colectivos afectados por la crisis o con mayor riesgo de pérdida de empleo, como mujeres, jóvenes y personas con bajo nivel de cualificación, no acceden suficientemente a la oferta formativa y las pymes y micropymes han abandonado prácticamente la formación bonificada.

Malos resultados

Entre sus conclusiones, que son compartidas por la organización empresarial, destaca que en 2012 y 2013, mientras el resto de países de la UE-18 han intensificado sus esfuerzos por adaptar las cualificaciones y competencias de su población a las exigencias de cambios del sistema productivo, en España, por primera vez, en más de una década, ha descendido el porcentaje de personas que realizan actividades de formación permanente (ver gráfico adjunto).

Los resultados del documento también reflejan que los trabajadores menores de 35 años, que hasta 2008 representaban la mitad del alumnado de la formación programada por las empresas, no llegan a un tercio en la actualidad. Una reducción que está estrechamente vinculada a la pérdida de más de la mitad del empleo juvenil durante la crisis, pero también, según UGT y CC.OO. a la nueva reforma.

Del documento que las centrales ya han presentado al Ejecutivo se desprende también las pymes cada vez usan menos la formación. La tasa de cobertura ha pasado del 31,1% en 2012 al 27,7% en 2016.

Principio de objetividad

Desde el Ejecutivo se ha insistido desde que se puso en marcha la reforma en que el principal motivo de excluir a los interlocutores sociales del órgano colegiado encargado de decidir a quién se conceden las subvenciones es «evitar cualquier conflicto de interés». Insisten en que han «tratado de garantizar así el principio de objetividad establecido en la Ley de Subvenciones».

abc.es/economia

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España mejora tres puestos en el Índice Mundial de la Felicidad

La última década no ha sido fácil para España. La crisis económica ha golpeado a millones de españoles. La corrupción y el auge del populismo han enrarecido el clima sociopolítico. Pero, a pesar de todo, España sigue estando entre los 40 países más felices del mundo y, de hecho, la última edición del informe nos sitúa tres puestos mejor que en 2016.

Así lo acredita la nueva edición del Índice Mundial de la Felicidad, en la que España se anota una calificación de 6,4 puntos. Esta evaluación nos convierte en el trigésimo cuarto país de la tabla, cerca de países como Francia o Colombia y por delante de otras economías desarrolladas como Italia (puesto 48), Japón (puesto 51), Corea del Sur (puesto 56), Grecia (puesto 87) o Portugal (puesto 89).

Si nos comparamos con 2005-2007, podemos constatar que nuestra felicidad ha caído en los últimos años. Cuando empezó a elaborarse este informe, España lograba una nota de 7 puntos. Hoy, repetir esa calificación nos permitiría ocupar el puesto 14 de la lista.

Eso sí, a pesar del deterioro experimentado durante la última década, España empieza a remontar el vuelo. En los últimos cuatro años, nuestra nota ha pasado de 6,32 puntos en 2013 a 6,33 puntos en 2014 y 6,36 puntos en 2015, hasta alcanzar los 6,4 puntos de 2016. La mejoría del último año ha sido suficiente para subir tres puestos en el ranking.

Los nórdicos, en cabeza

En cabeza del informe destacan los países nórdicos: Noruega está en el puesto 1, con una nota de 7,537 puntos; Dinamarca ocupa el número 2, con una calificación de 7,522 puntos; Islandia se aúpa al escalón 3, con una puntuación de 7,504; Finlandia está en el puesto 5, con una evaluación de 7,469 puntos; finalmente, Suecia llega al décimo lugar de la tabla, con una nota de 7,284.

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Midiendo la felicidad

¿Cómo se calculan estos datos? El informe incorpora seis categorías de análisis: nivel de renta, apoyo social, esperanza de vida, libertad de elegir, generosidad y ausencia de corrupción. La puntuación obtenida en estos indicadores se obtiene a partir de datos oficiales o de encuestas en las que cada ciudadano califica su grado de felicidad con respecto a las seis categorías evaluadas.

.libremercado.com

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El Congreso estudia prohibir las campañas publicitarias de productos ‘Sin IVA’

El PNV ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que se prohíban las campañas publicitarias que ofertan productos sin IVA.

La formación nacionalista señala en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, que el IVA constituye una de las principales fuentes de financiación del sector público y “observamos con preocupación algunos tipos de estrategia comercial que se vienen consolidando, principalmente entre las grandes superficies, que creemos que favorecen una percepción distorsionada sobre el pago del IVA“.

“Nos referimos a las campañas publicitarias con lemas tales como Día sin IVA, Ahórrate el IVA, Te descontamos el IVA, Semana sin IVA etc”, precisa la proposición.

Según el PNV, las instituciones públicas deben incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía, impulsando medidas tendentes a concienciar a la opinión pública de la importancia de contribuir y de pagar los impuestos.

“Prácticas publicitarias como las mencionadas no resultan un buen ejemplo para ello. Ha de quedar claro, sin ningún género de duda, que, siendo el IVA un impuesto que grava el consumo, cada compra que las personas consumidoras realicen en los establecimientos que llevan a cabo este tipo de campañas publicitarias está sujeta al IVA, digan lo que digan las mencionadas campañas publicitarias“, indica.

El PNV acepta que las ofertas promocionales puedan contar con un descuento en el precio del producto, “pero nunca será admisible que en la compra en cuestión se exima de la obligación de pagar el IVA por el hecho de que la parte vendedora decida ofertar sus productos a un precio más bajo”.

“Por lo tanto, además del efecto pernicioso respecto a la concienciación ciudadana al que nos hemos referido, es evidente que los eslóganes de las campañas no resultan veraces, porque en ningún caso las empresas que los promueven evitan a su clientela soportar el IVA que ellas deben ingresar. Dichas campañas hacen un flaco favor a un funcionamiento transparente de la economía, fomentan valores que poco tienen que ver con la solidaridad y la honradez, no aportan nada a la construcción de un potente sistema de protección social y no contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa y más solidaria”, agrega la proposición, que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja.

El PNV plantea en concreto que se modifique la Ley General de Publicidad y la del régimen general de la competencia desleal, “para la prohibición de las campañas publicitarias con lemas que anuncien cualquier tipo de campañasin IVA'”.

libremercado.com

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Desigualdad, pobreza y desvergüenza intelectual

En los últimos días, Juan Ramón Rallo ha publicado un par de artículos en los que discute los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento y el bienestar. Conclusión: la desigualdad no sólo no está reñida con el crecimiento y el bienestar, sino que los potencia. Y existe además, dice Rallo, abundante evidencia empírica que apoya esas conclusiones.

Juan Ramón Rallo

Ante tal alud de afirmaciones, la primera reacción de quienes les escriben fue de relativa incredulidad. ¿Cómo pueden esos trabajos haber encontrado una relación positiva entre desigualdad y crecimiento pese a la amplia literatura que apunta en el sentido opuesto? La sorpresa resultó ser aún mayor cuando comprobamos que los artículos que se referían no llegaban a conclusiones tan rotundas como las expresadas por Rallo. No todo vale a la hora de acudir a la literatura científica para defender un argumento. Cualquier artículo de opinión que pretenda convencer de la estructura de cierta realidad debe servirse tanto de las evidencias existentes como de la mayor honestidad posible. El discurso debe estar al servicio de la evidencia, no la evidencia al arbitrio del discurso. Lo contrario, ya se sabe, es osadía intelectual. Empezamos por la evidencia que “muestra” que la desigualdad promueve el crecimiento.

El primer ejemplo de este empleo deshonesto de la evidencia lo encontramos cuando Rallo se apoya (supuestamente) en un trabajo de Neves y otros (2016) para concluir que “el impacto medio de la desigualdad en el crecimiento es negativo y estadísticamente significativo, pero no relevante desde un punto de vista económico”. ¿Seguro? No hace falta interpretar el sentido del artículo para darse cuenta de que no es así, porque los autores dicen literalmente que la “desigualdad debida a la riqueza” tiene un impacto significativo y negativo sobre el crecimiento económico, mientras que la “desigualdad de ingresos” no sólo tiene el mismo efecto negativo sino que incluso es mayor en los países en vías de desarrollo.

Cualquier artículo de opinión que busque convencer de la estructura de cierta realidad debe servirse de las evidencias existentes y de la mayor honestidad

El segundo hito en la carrera hacia la insolencia de Rallo lo encontramos cuando, basándose (supuestamente) en Voitchovsky (2015), sostiene que “la correlación negativa entre desigualdad y crecimiento se obtiene metiendo muchas variables muy distintas dentro de un mismo saco: países desarrollados y países subdesarrollados; o desigualdades derivadas del aumento de la pobreza y desigualdades derivadas del incremento de la riqueza”. El problema es que nada avala la conclusión de Rallo.

Primero, porque el trabajo de Voitchovsky está realizado con una muestra únicamente de países avanzados: no mezcla “países desarrollados y países subdesarrollados” para lograr ese efecto negativo entre las dos variables.Segundo, porque tiene importantes deficiencias que la propia autora no tiene reparos en reconocer cuando afirma que “la desigualdad medida ya sea por el coeficiente de Gini, el ratio 90/75, o el ratio 50/10 no parece estar significativamente relacionada con el crecimiento económico cuando solo una de estas medidas es incluida”.

Manipular los datos no es una práctica científica muy recomendable, seleccionar artículos que presentan tantas deficiencias, tampoco

El problema con el tercer trabajo que menciona para afirmar que la desigualdad promueve el crecimiento (Kolev y Neuhes 2016) no reside tanto en que Rallo tergiverse descaradamente sus conclusiones como en la propia selección de un artículo que presenta tantas deficiencias. Sin entrar en detalles técnicos, ocurre que (1) el tamaño de la muestra es más bien pequeño, (2) no controlan por redistribución (algo más que aconsejable cuando empleas Gini como indicador de desigualdad), (3) los resultados econométricos no están sometidos a un correcto análisis de robustez y (4) la muestra solo toma datos desde la década de 1990, por lo que están muy condicionados por lo ocurrido en los países del Este de Europa. Estirar la interpretación de los datos no es una práctica científica muy recomendable, seleccionar artículos que presentan tantas deficiencias, tampoco.

El cuarto trabajo que cita Rallo es el de Castells-Quinta y Royuela (2017), donde se aborda la distinción entre desigualdad de oportunidades y de resultados. Existe un relativo consenso en que la primera es negativa para el crecimiento al no explotar adecuadamente las potencialidades de sus ciudadanos, generando una brecha entre resultados y esfuerzo. La segunda que se argumenta podría ser positiva al reflejar distintos niveles de esfuerzo y productividades. Esto generaría los incentivos, dentro de un marco de igualdad de oportunidades, para explotar las potencialidades individuales y recibir la recompensa adecuada. Basándose (supuestamente) en Castells-Quintana y Royuela, Rallo sostiene que este tipo de desigualdad “no daña en absoluto el crecimiento económico: al contrario, lo impulsa”.

Susana Ruiz

El problema es que las conclusiones del trabajo no se corresponden con las afirmaciones del autor. No hace falta interpretar nada, porque los autores dicen literalmente que “nuestros resultados señalan, en línea con la literatura, que la alta desigualdad posee un efecto negativo en el crecimiento a largo plazo”. Encuentran que los efectos positivos que menciona Rallo solo explican al 20% de la desigualdad, por lo que el impacto neto de la desigualdad sobre el crecimiento es negativo.

Por último, Rallo ha afirmado en otro artículo que la desigualdad tiene efectos positivos sobre el bienestar de los individuos. Y (supuestamente) basa esta conclusión en trabajos científicos como el de Kelley y Evans (2017). La pega aquí es que, una vez más, Rallo somete a su discurso descaradamente las conclusiones de ese trabajo. Lo que dicen Kelley y Evans es que la desigualdad tiene un efecto positivo sobre el bienestar de los individuos en los países en vías de desarrollo que no parece observarse en los países desarrollados. No es que la desigualdad aumente el bienestar, sino que los aumentos de renta o los cambios en las condiciones de partida ocasionan mejoras de la felicidad subjetiva, aunque ello genere desigualdad de la sociedad. Esto no ocurre en los países avanzados, donde mejorar sus ya de por sí elevados niveles de renta no conlleva los mismos efectos sobre el bienestar de los individuos.

Los cambios en las condiciones de partida o en la renta ocasionan mejoras de la felicidad subjetiva, aunque ello genere desigualdad de la sociedad

El elenco de temas en los que la evidencia proveniente de los avances del conocimiento debe constituir el punto de partida para un debate público informado por el estado actual de la ciencia y la tecnología es muy extenso, e incluye obviamente las relaciones entre crecimiento económico y desigualdad. En ese sentido, es de agradecer que Rallo trate de enriquecer el debate público sobre la cuestión con el conocimiento y la evidencia proveniente de la literatura económica más reciente. Lo que no es tan de agradecer, y de hecho reprobarlo constituye el objeto principal de este artículo, es retorcer los datos, sesgarlos, manipularlos o incluso directamente falsearlos hasta conseguir que corroboren las conclusiones que nos dicta la ideología y que, por ello, teníamos redactadas antes de consultar esa evidencia. Incorporar el conocimiento científico a la discusión pública está bien. Hacerlo respetando las reglas básicas de la honestidad intelectual está mejor.

*Manuel Alejandro Hidalgo es profesor de Economía en la Universidad Pablo Olavide. Kamal Romero es profesor de Macroeconomía en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros-UCM. Gonzalo López es economista y autor del blog Economictales.com. Jorge Díaz Lanchas es doctor y máster en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Borja Barragué es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

elconfidencial.com/

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El PIB de España representó el 7,5% de la economía de la UE y el 10,4% de la zona euro

El Producto Interior Bruto (PIB) de España alcanzó en 2016 un total de 1,11 billones de euros, una cifra equivalente al 7,5% de la economía de la Unión Europea (UE). Respecto a la zona euro, cuyo PIB sumó 10,74 billones, la economía española representó el 10,4%, según Eurostat.

La economía española se mantuvo en 2016 como la quinta mayor entre los Veintiocho y la cuarta entre los diecinueve países de la zona euro.

En los primeros puestos

Alemania, con 3,13 billones de euros, lo que equivale al 21,1% del PIB de la UE, por delante de Reino Unido, con 2,36 billones (16%); Francia, con 2,22 billones (15%) e Italia, con 1,67 billones (11,3%), fueron las economías con mayor peso de la UE.

En 2015, España representó el 7,3% del PIB de la UE y el 10,3% de la economía de la eurozona. En 2009, la economía española llegó a suponer el 8,8% de la UE y el 11,6% de la zona euro.

expansion.com

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Cómo son las otras ‘huchas de las pensiones’ en la UE

No solo España ha sido previsora con su sistema de pensiones, creando en el año 2000 el fondo de reserva de la Seguridad Social. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , que agrupa a los 35 países más industrializados del mundo, dispone de datos sobre 23 fondos públicos de pensiones en todo el mundo. De estos, ocho países con este tipo de huchas de reservas están en la Unión Europea.

Junto al fondo de reserva español están los de dos países nórdicos, Suecia y Finlandia; dos centroeuropeos, Francia y Bélgica; dos orientales, Polonia y Bulgaria y otro meridional, Portugal.

Un estudio de Elisa Chuliá, profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, analiza para el Instituto BBVA de pensiones, cómo son estas huchas bajo una premisa común a todos ellos: “los fondos públicos de reserva no pueden prestar una garantía absoluta contra riesgos económicos intensos y dilatados en el tiempo, y menos todavía contra riesgos demográficos de cierta entidad y duración”, indica citando un estudio de Holzman, Palmer y Robalino.

Dicho esto, se observa que la mayoría de los países comunitarios con fondos de reserva tienen sistemas de pensiones contributivos, cuyo pilar es público y de prestación definida (las pensiones se calculan en función del salario y los años de vida laboral). Es el caso de Francia, Bélgica, España, Portugal y Bulgaria.

elpais.com/

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Las bajadas de IRPF han costado a España 9.300 millones en dos años, el 40% más de lo que preveía Montoro

Las rebajas de IRPF aprobadas tanto en 2015 como en 2016 han tenido un efecto mucho mayor de lo esperado. Según los datos de la Agencia Tributaria, el recorte de 2015 restó 4.813 millones de euros a la recaudación de 2015, mientras que el de 2016 supuso otros 4.487 millones de euros. De esta forma, suman una merma recaudatoria de 9.300 millones de euros, frente a los 3.861 millones de euros previstos.

De esta forma, la desviación entre las previsiones y la realidad es casi del 40%, ya que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esperaba que la reducción recaudatoria no iba a superar los 5.500 millones de euros entre ambos ejercicios. Sin embargo, la factura ha sido mucho de lo previsto hasta el punto de que Hacienda ha dejado de recaudar más de 12 millones de euros diarios desde que se puso en marcha la rebaja del impuesto.

Este efecto mayor del previsto de la reforma fiscal es uno de los principales motivos de que el IRPF no alcanzara su objetivo de ingresos en 2016, según la Airef. En concreto, el tributo ingresó 72.416 millones de euros en 2016, lo que supone una desviación de más de 3.000 millones respecto a los 75.432 millones de euros previstos en los presupuestos del ejercicio 2016.

La rebaja fiscal ha hecho que la recaudación del IRPF se haya quedado estancada en torno a los 72.000 millones de euros. De hecho, los 72.416 millones ingresados en 2016 supusieron una ligera caída respecto al nivel de 2014, a pesar de la mejoría económica registrada en los últimos años.

eleconomista.com

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Guerra sin cuartel” en las comidas a domicilio

Así define Uber la situación del sector de entrega rápida de comida bajo demanda en España. “Es un mercado con muchísimo potencial de crecimiento donde muchos actores compiten por posicionarse como la opción favorita“, aclara Manel Pujol, director de UberEATS España, en una entrevista a MERCADOS durante el evento InnoDelivery organizado en Madrid por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).

De momento, gana terreno -con diferencia- Just Eat. Tras adquirir La Nevera Roja en 2016, esta plataforma abarca aproximadamente un 70% de la cuota de mercado, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre sus competidores están Deliveroo, Resto-in, Glovo (que entrega pedidos de todo tipo, no solo alimenticios) o UberEATS, la última en llegar.

“Uber se caracteriza por intentar democratizar -mediante la eficiencia- servicios que hasta hace poco estaban al alcance de pocos. Lo hemos hecho con los coches y ahora con UberEATS, eliminando el importe mínimo en los pedidos de comida a domicilio”, sostiene Pujol.

El director de este servicio cita otra diferencia con proveedores tradicionales como Just Eat: “Estos cobran una comisión y los restaurantes se tienen que buscar la vida para realizar el envío, o como mucho les pone en contacto con empresas que se dedican a ello. UberEATS cobra una prima algo mayor -un 30%- pero se encarga de la entrega, con sus propios mensajeros”, explica.

En efecto, entre las plataformas de pedidos de comida a domicilio bajo demanda se distinguen dos tipos. Están, por una parte, agregadores como Just Eat, considerados tradicionales por su presencia en el mercado desde hace aproximadamente 15 años. Y por otra parte están los nuevos actores.

Permiten a los consumidores hacer pedidos a una variedad de restaurantes por internet o a través de una aplicación móvil, comparar los menús, valorar el servicio y publicar comentarios. La diferencia es que los primeros dirigen los pedidos a los restaurantes, que manejan la entrega ellos mismos, y los segundos, que construyen sus propias redes logísticas para proporcionar el servicio de envío.

Sectores por explotar

Sea cual sea el modelo, Pujol destaca que “lo interesante del sector es que todavía está por explotar”. Cita datos de la CNMC al respecto, según los cuales entre un 10% y un 15% del total de pedidos a domicilio en España se hace a través de plataformas online, frente a un 90% de encargos telefónicos. “A pesar de que el mercado ya empieza a tener un tamaño considerable, la opción de crecimiento es enorme”, añade Pujol.

A nivel global, el porcentaje de solicitudes online supera la media española, con un 26%. El dato lo recoge un estudio de finales de 2016 de la consultora McKinsey. “Esperamos que esta proporción aumente rápidamente” -señala el informe-, ya que el mercado de entrega rápida de comida “está sufriendo una dramática migración de canales”.

La consultora prevé que el uso de plataformas online en este mercado crezca un 25% anual hasta 2018 y algo menos de un 15% al año hasta 2020. El estudio también señala un aumento de la demanda de comida a domicilio en general debido a dos tendencias: disfrutar de la calidad de un buen restaurante en casa y sustituir comidas precocinadas.

McKinsey cita varios factores críticos para los usuarios de las plataformas de envío de comida. El primero es la velocidad de entrega, que citan como “la mayor variable en la satisfacción del cliente”. Ésta es una de las fortalezas de UberEATS -que asegura rondar una media de 32 minutos- y de Deliveroo y Glovo frente a Just Eat. Otra ventaja para los usuarios es la personalización del servicio que permiten las aplicaciones y webs. En este sentido, Pujol señala que “el mercado tiene la oportunidad de avanzar hacia una entrega de comida a domicilio 3.0, con una experiencia de usuario realmente buena”.

Entre sus próximos pasos, la compañía contempla expandir su servicio a otras ciudades en un medio plazo. Primero quieren consolidarse en Madrid, donde hace menos de tres meses que Uber lanzó este producto. “En nuestro primer mes tras el lanzamiento obtuvimos 30.000 descargas, lo cual duplica nuestras expectativas y los datos de otras ciudades como Bruselas, donde el servicio se puso en marcha casi a la vez”, asegura el director de UberEATS en España. “Es una tendencia muy positiva que nos anima a continuar y a mirar a otras ciudades con cariño”, añade Pujol.

Just Eat es la plataforma con presencia en más ciudades españolas: llega a centenares de localidades en más de 45 provincias. Glovo está presente en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga. “Nos cuesta lo mismo ir a una ciudad con más o menos habitantes, pero una ciudad grande es más rentable“, afirma su cofundador Sacha Michaud. “Queremos seguir creciendo con garantía de calidad, demostrando que cumplimos igual un día soleado que una tarde lluviosa de viernes”, añade. Por su parte, Deliveroo está disponible en Madrid, Barcelona y Valencia, y Resto In en Madrid y Barcelona.

Menos comida y más ropa

Más allá de restaurantes, una variedad de establecimientos venden en internet alimentos preparados, ya sea en forma de conservas, platos preparados, productos frescos, bebidas y un largo etcétera. “Este sector representa un 16% de las compras online“, comenta David Sastre, director de Clientes de SEUR. “De los 19 millones de consumidores online en España, sólo un 1,2% compra alimentación. Eso sí, la factura promedio digital triplica a la física, con una media de 70 euros”, añade.

La empresa de paquetería recoge estos y otros datos sobre hábitos de consumo de los compradores por internet en un estudio realizado entre más de 23.000 consumidores de 21 países. Según este barómetro, publicado en marzo de 2017, la moda domina las ventas web en la mayoría de los países europeos, con una cuota del 20%, que se reduce un punto (hasta el 19%) en el caso de España. Un 50% de los compradores online españoles adquirió algún producto de moda en 2016. A esta categoría le pisan los talones la tecnología y la electrónica, junto con los libros. Un 44% y un 42% de usuarios -respectivamente- compraron estos productos en el último año.

El mercado que se reparten estos sectores de comercio electrónico en Europa corresponde actualmente al 9,6% de las compras totales, según el barómetro de SEUR. En España, cada cliente realiza una media de 17 pedidos al año. Un 63% los hace desde un ordenador portátil, un 53% desde uno de sobremesa y un 35% desde un teléfono inteligente (cifra que aumenta en el caso de los compradores millennials). Como en el caso de la comida a domicilio, el lugar preferido de entrega de los productos es la propia residencia, aunque un 25% de los usuarios ha optado en alguna ocasión por recibirlo en un punto de conveniencia.

En cuanto a métodos de pago, la mayoría (el 72%) opta por tarjetas de débito, de crédito, Mastercard o Visa, y un 57% elige monederos digitales como Paypal. Los datos coinciden con los de otro estudio reciente sobre comercio electrónico paneuropeo realizado por Mastercard, que apunta al pago con tarjeta como opción mayoritaria entre los españoles. También señala que los españoles “son los europeos más receptivos al uso de nuevos medios de pago electrónicos”. Un 54% utiliza sistemas de pago y gestión de compras en el móvil y un 37% usa aplicaciones bancarias.

El índice de Mastercard también recoge los productos más consumidos online. Su análisis coincide en gran medida con el de SEUR: la ropa y accesorios se llevan el 43% de las operaciones, seguidos por las reservas de hotel (38%), productos electrónicos como teléfonos móviles, ordenadores o tabletas (37%) y la venta de entradas (35%).

Otro de los aspectos cuantificados tanto por Mastercard como por SEUR es el comercio electrónico transfronterizo. Ambos coinciden: en España, dos de cada tres consumidores online (un 66%) afirma haber comprado productos en páginas web de otros países. El 68% lo ha hecho en Europa; el 49%, en China y el 34%, en Estados Unidos.

Comprador ‘millennial’

El perfil del consumidor online español encaja en la categoría millennial (en una franja de edad de entre 16 y 35 años). Éste suele comprar entre semana, tiene menos poder adquisitivo que la media europea, necesita tener control de la entrega y que se ofrezca más de un intento y sólo compra si las opciones de devolución están totalmente claras. Es la radiografía que hace Miguel Ángel Comendador, director de Desarrollo de Negocio de UPS.

Comendador señala los cinco errores más comunes de las tiendas online. El primero, ofrecer sólo entregas a domicilio; el segundo, no permitir distintos niveles de urgencia de entrega, con diferentes precios; el tercero, no mostrar la fecha de entrega, “lo cual resta credibilidad al producto”; el cuarto, una política de devoluciones pobre y el quinto, la falta de flexibilidad y de control de gestión del producto por parte del usuario para poder realizar cambios una vez esté en proceso de envío.

Los datos del estudio de SEUR reflejan la importancia de estos aspectos. Un 92% de los compradores asegura que es más probable que compre en un sitio web si dispone de la opción de entrega al día siguiente y un 90% comprará online si puede conocer la ventana horaria de una hora en la que recibirá su pedido. Además de estos requisitos previos a la compra, hay ciertos miedos que frenan a los usuarios a la hora de decidirse a usar tiendas online. El análisis de Mastercard concluye que el fraude es la mayor preocupación -para un 64% de los encuestados españoles- para no comprar por internet.

En cuanto a innovación y futuro de las compras digitales, el director de Clientes de SEUR insiste “en el manido mensaje de poner al cliente en el centro”. Destaca la necesidad de personalización; la omnicanalidad, integrando los diferentes canales de venta y la flexibilización de las políticas de devolución. Sastre califica de “tendencia disruptiva” la incursión de servicios de reparto urgente, en el plazo de una o dos horas. “Es una extensión natural de nuestro negocio”, afirma.

La entrega inmediata ya no es sólo cosa de la comida a domicilio, ni de gigantes del comercio electrónico como Amazon. Pequeños y medianos comercios online incorporan esta opción mediante plataformas como Inminute o servicios como SEUR Now como valor añadido y de diferenciación en la era de la inmediatez.

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