La renta básica experimental en Finlandia da sus frutos: primeros signos positivos sobre los parados

Más de cuatro meses después de que se pusiese en marcha el experimento con 2.000 desempleados de la renta básica en Finlandia, llegan los primeros resultados y parece que son positivos. Algunos parados que pasan por situaciones personales complejas ven como su estrés se reduce gracias a esta prestación. Además, como su cuantía es relativamente pequeña no desincentiva la búsqueda de trabajo, por el momento.

Este experimento comenzó el 1 de enero de 2017. Kela, la institución de la Seguridad Social que se encarga de llevar a cabo este programa, transfiere mensualmente 560 euros al mes a 2.000 desempleados con edades comprendidas entre los 25 y los 58 años. En principio se prevé que este plan se extienda durante dos años para poder analizar sus efectos a medio plazo. Este tipo de renta garantizada sustituye el resto de subvenciones o transferencias públicas, lo que mejora la eficacia del sistema público.

Marjukka Turunen, directora de gestión de cambios de Kela, explica que el plan está teniendo algunos efectos positivos: “La idea es darle a estas personas una seguridad financiera para que puedan liberar sus mentas y no preocuparte por el tiempo, por el dinero y por las necesidades básicas”.

Una red de seguridad básica

Las personas que reciben la renta básica pueden centrarse en reciclar sus habilidades y sus conocimientos para alcanzar un puesto de trabajo acorde con sus preferencias, mientras que sin esta red de seguridad muchos de ellos tendrían que aceptar cualquier trabajo, incluso a tiempo parcial, con el objetivo de no perder la prestación por desempleo convencional.

Según Turune, las personas que están recibiendo este ingreso básico garantizado han dado muestras de una mejora en la calidad de su vida, debido a una reducción del estrés que soportan.

“Hubo una mujer que aseguraba que temía que sonase su teléfono porque podían ser los servicios de desempleo ofreciendo un trabajo cualquiera… ella explicaba que no podría asumir cualquier trabajo porque está cuidando a sus padres de edad avanzada en su casa. Este experimento tiene un impacto real sobre la salud mental de las personas”, explica este funcionario finlandés.

Este experto señala que la cifra monetaria de la renta básica es fundamental para no distorsionar el mercado: “Si usted da a la gente 1.450 euros, no habría ningún incentivo para buscar trabajo porque muchas personas podrían subsistir fácilmente con esa cantidad en Finlandia”.

“Tratamos de averiguar la cantidad precisa para que las personas encuentren cierta seguridad, pero a la vez sigan buscando empleo en lugar de quedarse en casa sin hacer nada”, explica Turune.

Con 560 euros al mes se puede sobrevivir en algunos casos, pero si tienes un hijo o personas a cargo la situación cambia radicalmente. “La idea es que den por seguros esos 560 euros al mes”.

eleconomista.com

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Los 81.737 becarios afiliados a la S.S. son solo la punta de un iceberg

Las recientes declaraciones del popular cocinero Jordi Cruz en las que justificaba que los becarios que trabajan con los grandes maestros de las cocinas no deberían cobrar dinero, porque «es un privilegio aprender y trabajar con ellos», han puesto sobre la mesa la situación de un numeroso colectivo, tan necesario como vilipendiado.

En primer lugar, hay que distinguir entre el becario y el contrato en prácticas. El primero es el que se refiere a los estudiantes que realizan prácticas para completar su formación universitaria o profesional y adquirir una especialización. El segundo es el que se utiliza para la inserción de los jóvenes al mercado laboral.

Oficialmente este mes hay 81.737 becarios afiliados a la Seguridad Social aunque, según los sindicatos, es tan solo la punta de un iceberg que oculta a otros varios miles de jóvenes que son víctimas del uso fraudulento de las becas por parte de muchas empresas para encubrir puestos de trabajo.

Además, entre los aproximadamente 10.000 contratos de prácticas y de formación que se firman de media cada mes, cientos de ellos corresponden también a becarios, según han confirmado distintas fuentes. Por lo tanto, es prácticamente imposible conocer ni siquiera el número exacto de becarios que están trabajando legalmente, ya que además el marco legislativo es muy amplio y existen una decena de becas distintas, como las de investigación, convenios de cooperación educativa, colaboración, unilaterales de empresas privadas, de administraciones públicas, de formación profesional, etc…

Sentencia del TS de 2013

El número de becarios afiliados a la Seguridad Social ha crecido casi un 14% en 2017 y un 78% desde que una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2013 obligó a las empresas a dar de alta a sus becarios. Sin embargo, no existe una relación laboral entre ambas partes y tampoco están amparados por el Estatuto de los Trabajadores. Hace un mes, la comisión de Empleo del Congreso tramitó una propuesta para revisar aquellas leyes que regulan las prácticas en las empresas y los contratos de las becas con el objetivo de limitar el número de horas de trabajo y mejorar las retribuciones que reciben.

En una gran multinacional, como por ejemplo Repsol, la figura genéricamente llamada becario se enmarca dentro de los programas de integración profesional, mediante los que estudiantes universitarios y de formación profesional realizan sus prácticas en la compañía.

Estos alumnos pueden realizar sus prácticas según distintas modalidades. Por ejemplo, las curriculares son para alumnos de grados universitarios o de formación profesional que realizan las prácticas necesarias para la obtención de título académico correspondiente. No tienen compensación económica y duran tres meses.. Estas prácticas tienen una duración de tres meses. También están la curriculares de alumnos de FP en la modalidad dual para alumnos de FP del ciclo superior de química industrial, laboratorio o administración y finanzas, que realizan una parte de su periodo de prácticas en Repsol con un tutor. Estos alumnos son dados de alta en la Seguridad Social. Las prácticas extracurriculares son para alumnos egresados de la universidad, con una duración de seis meses, ampliable a otros seis, y retribuidas.

Desde la petrolera subrayan que los alumnos de cualquier modalidad se encuentran realizando «un aprendizaje práctico», tutorizado por un profesional de Repsol que le guía y forma. «No desarrollan funciones, sino tareas encomendadas y supervisadas por sus tutores, siempre vinculadas a sus titulaciones académicas», apuntan.

Hay muchos sectores que por motivos de seguridad no existe la figura del becario, como en el de las estaciones de servicio, como confirmó a este periódico Alejandro Ripoll, presidente de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. «Cuando entra un empleado recibe unos cursos de formación, sobre todo en prevención y riesgos laborales, y durante varias semanas trabaja junto a otro compañero veterano que le enseña las tareas».

La figura del aprendiz

Desde la CEOE recuerdan que la figura del aprendiz ha existido históricamente, habiendo sido valorado siempre de forma muy positiva desde el ámbito empresarial al tratarse de un mecanismo que facilita una mejor cualificación de los jóvenes al completar la adquisición de competencias mediante la práctica profesional («saber hacer») y como ayuda en una primera toma de contacto con el mundo laboral, haciéndoles más sencilla la siempre complicada transición del ámbito académico al de la empresa, además de darles una primera visión que les sirve para orientar mejor sus futuros pasos profesionales.

La patronal explica que existen muchos mecanismos que permiten el desarrollo de estas prácticas. «Las empresas normalmente utilizan los contratos formativos (en prácticas y de formación y aprendizaje) ya que generan una mayor seguridad jurídica tanto para los aprendices como para las empresas. No obstante, parece que hay un aumento de la utilización de las becas, tanto remuneradas por las que se cotizan a la Seguridad Social como las no remuneradas».

En estos casos, «entendemos que esta figura debe regularse de forma que no puedan producirse abusos ni fraudes en su utilización que desvirtúen su finalidad, que no puede ser otra que la de cualificar a los aprendices, siendo necesario que se definiera un tiempo limitado de utilización, determinados horarios, la existencia de un tutor, la necesidad de formalizar el acuerdo entre las partes o la imposibilidad de sustituir plantillas por aprendices, entre otras, tal y como se recomienda desde distintas instancias de la UE».

finanzas.com

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Los bancos salen de caza: buscan clientes que quieran comprar bienes ecológicos

a banca ha comenzado a sumarse al boom de la cultura eficiente con el medio ambiente. Las entidades españolas han visto un filón para captar clientes en este terreno y han comenzado a lanzar productos especiales para financiar la compra de bienes ecológicos.

Así, Bankia, Kutxabank y Bigbank han comenzado a comercializar recientemente este tipo de préstamos verdes, que ofrecen precios más bajos que los tradicionales créditos al consumo, cuyos tipos medios rondan de media el 9% en el conjunto del sector.

En concreto, Bankia ofrece desde hace algo más de una semana financiación a particulares y a autónomos para la adquisición de vehículos ecológicos, electrodomésticos de bajo consumo, maquinaria eficiente y reformas de viviendas o locales que conlleven ahorro de energía. El tipo de interés que aplica a este préstamo sostenible es del 6% y no incorpora comisión de apertura.

Sostenible y competitivo

El director de Reputación y Responsabilidad Social Corporativa de Bankia, David Menéndez señala que “la gestión responsable es sinónimo de sostenibilidad y competitividad”.

Por su parte, Bigbank lanzó hace diez días un producto similar al de Bankia, aunque en su caso reclama una tasa de interés distinta en función del bien que se quiere comprar. Por ejemplo, para la adquisición de un coche 100 por ciento eléctrico el tipo anual es del 4,06% incluyendo comisiones. Para vehículos híbridos, el porcentaje se eleva hasta el 6,11%. Y para la colocación de paneles solares en una vivienda, el interés sube hasta el 6,95%. Esta financiera de consumo que opera desde 2011 en España por canales online concede hasta 15.000 euros con plazos de vencimiento de seis años.

Esta firma apuesta principalmente por el segmento de automóviles, ya que según explica su director general, Diego Azorín, los coches eléctricos están aumentado considerablemente en España. “Las ventas de este tipo de vehículos fueron de 2.838 unidades en 2016, con un incremento del 46% respecto al año anterior”, indica.

Kutxabank también tiene disponible un préstamo “verde” en su catálogo de productos. En su caso, el tipo de interés tiene que ser negociado por cada cliente en las oficinas de la entidad. La financiación que otorga alcanza los 75.000 euros con un plazo máximo de amortización de 10 años.

El Santander no cuenta con un crédito específico para la adquisición de bienes sostenibles con el medio ambiente, pero a través de su división de consumo informa en su página web que en 2015 concedió unos 89 millones de euros a clientes para vehículos eficientes. En concreto, los usuarios pudieron hacerse con más de 17.200 automóviles de estas características gracias a esta financiación.

eleconomista.com

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El déficit, en riesgo de irse al 4% este año por la banca y la quiebra de peajes

El déficit público, que debe situarse en el 3,1% al término del año, podría encaramarse al entorno del 4% si dos problemas se agravan: la quiebra de los peajes, que será resuelta con intervención pública; y las ayudas al sector financiero, que el Banco de España valora en unos 1.100 millones, pero que podrían elevarse considerablemente si la situación del Banco Popular, en horas bajas, continúa deteriorándose. FMI: “El ratio de deuda en España es aún muy elevado y requiere más ajustes”.

El Gobierno, en el Programa de Estabilidad que remitió a Bruselas hace ahora diez días, reconoce que las ayudas financieras “y otras operaciones” one off (las que afectan al presupuesto, pero solo durante un ejercicio) costarán este año en torno a 3.700 millones, si bien no especifica qué cantidad se dedicará a cubrir los flecos del rescate financiero; y qué otra servirá para paliar el agujero de las autopistas.

Fomento se halla estos meses ideando soluciones para que la responsabilidad patrimonial del Estado en los peajes sea la menor posible, y calcula que el coste de su intervención no sobrepasará los 2.100 millones. Pero está por ver que lo consiga, pues otras fuentes, como la patronal Seopan, hablan incluso de 5.000 millones. A día de hoy, hasta ocho empresas que gestionan nueve autopistas se han declarado en suspensión de pagos. Están las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), pero también la M-12 que facilita el acceso al aeropuerto de Barajas; la vía Almería-Vera, la AP 36 y la circunvalación de Alicante. Dos de ellas, la R-3 y R-5 madrileñas, están incluso en fase de liquidación.

A sabiendas de que la solución a esas quiebras pasaba únicamente por el apoyo público, los distintos gobiernos han ido demorando ese escenario para no asumir el enorme coste político de rescatar unas infraestructuras que, además, habían sido impulsadas por La Moncloa (en 2003, con José María Azbar). Ni José Blanco ni Ana Pastor, los dos últimos ministros de Fomento, supieron o quisieron solventar el problema, confiando en que la recuperación económica devolvería el tráfico a las autopistas. Solo el nuevo titular de la cartera, Íñigo de la Serna, ha mostrado su intención de tapar el agujero, tras corroborar que ni siquiera el avance del PIB de los últimos tres años no ha servido para corregir las pérdidas de las concesionarias.

Pendientes de la banca

Sin embargo, la quiebra de las autopistas de peaje puede convertirse en secundaria si la situación del Banco Popular, que llegó a dejarse un tercio de su valor en bolsa en solo diez sesiones, sigue deteriorándose. Fuentes parlamentarias cercanas al Gobierno reconocen “cierta preocupación”, aunque “en ningún caso” la situación se parece a la de Bankia en 2012. Entonces, con una imagen de España muy dañada, la crisis de la entidad arrastró a la prima de riesgo hasta niveles insostenibles y acabó provocando un agujero adicional en la economía. “Hoy podemos tener, a lo sumo, problemas con el déficit y Bruselas”, dicen esas fuentes.

Si Popular sufre un deterioro adicional y falla en sus planes de recapitalización (está por ver después de la compra del 3% del capital por parte del grupo chileno Luksic) , el Estado puede verse comprometido de dos maneras. Una sería más desfavorable, con Economía pilotando una intervención que sanee balances; elimine activos tóxicos; devuelva los ratios de capital a nivel de máxima solvencia; y garantice provisiones; acciones éstas que requerirían una inyección elevada. Teniendo en cuenta el tamaño de la entidad, la operación podría compararse a la que en su día se llevó a cabo con CatalunyaCaixa (costó 12.000 millones).

La otra solución, menos costosa, otorgaría al Estado un papel menos relevante, apoyando una fusión a través de pactos con otras compañías. En este sentido, fuentes del sector explican que el Gobierno “está muy preocupado por el déficit”, y antes de intervenir Popular “nos sentaría a las grandes entidades para ver quien puede hacerse cargo”. En cualquier caso, el coste superaría los 3.000 millones que hoy dice necesitar Emilio Saracho.

eleconomista.com

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Imputados varios directivos del Santander y BNP por supuesto blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani, según informa Efe.

“Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC Prívate Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas”, afirma el juez en el auto, que añade que desde que se implantó la obligación de identificar a los ordenantes y a los beneficiarios, suprimiendo la opacidad, las operaciones de HSBC disminuyeron considerablemente: “En 2009 se dieron ocho operaciones hasta desaparecer en 2010 y 2011”, afirma el juez en el auto.

Los imputados en el caso del Santander son Ignacio Benjumea, José Manuel Arraluce, Carlos Iniesta, Carlos Fernández, Jesús Álvarez, Jesús Rivero y Marta Mora. Y por BNP, José Andrés Fernández, Lucía Cuartero y Cristina Arévalo. Las declaraciones están previstas para los días 12, 13 y 14 de junio.

lamarea.com

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La crisis empuja al mercado laboral a un millón de amas de casa

Más de un millón de amas de casa han entrado en el mercado laboral durante la crisis, al pasar de los 3,35 millones de inactivas dedicadas a las labores del hogar que había en 2007 hasta las 2,25 millones que declaraban esta ocupación en el primer trimestre de este año.

Una de cada cuatro personas en edad de trabajar en España son consideradas inactivas, es decir, no ocupadas ni demandantes de empleo, y aunque número se ha reducido durante la crisis, el comportamiento ha sido distinto en función del sexo.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2007 había 8,3 millones de inactivos (el 28 % de la población en edad de trabajar), cifra que se ha reducido respecto a los 7,5 millones del mismo periodo de 2017 (hasta representar al 25 % de esta población).

No obstante, mientras el mercado laboral ha expulsado en los últimos diez años a 300.000 hombres, que han dejado de trabajar y de buscar empleo, ha absorbido a un millón de mujeres, que han salido de la inactividad.

En la actualidad, hay 4,5 millones de mujeres y 3 millones de hombres inactivos, cifras que contrastan con los 5,6 millones de féminas y 2,7 millones de varones que había hace diez años.

En el primer trimestre del año, la mitad de las mujeres inactivas en edad de trabajar (2,25 millones) se dedicaba a las tareas del hogar, cifra que se ha reducido en 1,1 millones de personas en la última década.

Del resto de las inactivas que hay en la actualidad, 1,3 millones son estudiantes, cifra que ha aumentado en apenas 45.000 personas desde 2007, mientras que sólo 200.000 mujeres tienen menos de 65 años y están prejubiladas.

Además, 1,5 millones de estas inactivas son las parejas de la persona de referencia en el hogar en la actualidad, cifra que se ha reducido desde los 2,4 millones de 2007, es decir que hay 900.000 esposas que estaban en la inactividad al inicio de la crisis y que ya no lo están.

Del total de varones inactivos, más de 1,3 millones son estudiantes (cifra que ha aumentado en 260.000 personas), medio millón incapacitados permanentes (135.000 más) y 350.000 amos de casa (130.000 más), mientras que se han reducido los prejubilados y perceptores de otras pensiones en 180.000.

De esta forma, en los últimos diez años han aumentado en 150.000 aquellos denominados como persona de referencia en el hogar y en más de 200.000 los hijos dependientes.

La inmensa mayoría tanto de mujeres como de hombres inactivos dejaron su último empleo hace más de un año y una décima parte de ellos cuenta con educación superior, mientras que un 70 % sólo alcanzó la primera etapa de la educación secundaria.

El comportamiento de las mujeres inactivas durante la crisis ha sido acorde con el que han experimentado las desempleadas y ocupadas.

El número de mujeres demandantes de empleo se triplicó al inicio de la crisis llegando a rozar los 3 millones, si bien en los últimos años se redujo hasta los 2,1 millones registrados en los tres primeros meses de 2017.

Por su parte, el número de ocupadas ha permanecido prácticamente sin variar, aumentando en 22.000 personas durante los últimos diez años, hasta totalizar los 8.322.300 personas.

No obstante, los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril muestran que el número de mujeres cotizantes es el más alto de la historia con 8.408.428 trabajadoras, lo que da muestra del auge que experimenta la incorporación de mujeres al mercado laboral.

eleconomista.es

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La Audiencia Nacional imputa a la antigua cúpula del HSBC por presunto blanqueo y organización criminal

an solo un día después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata comunicara la imputación de siete directivos del Banco Santander y tres de BNP por presuntos delitos continuados de blanqueo de capitales, el magistrado ha dictado otro auto en el que imputa también a las personas que conformaban la cúpula del banco suizo HSBC en 2006 y 2007 por los mismos delitos, al que se suma presunta organización criminal. Las dos se producen en el marco del llamado ‘caso Falciani‘ que destapó nombres de presuntos evasores fiscales con cuentas en el banco suizo.

El magistrado ha citado como investigados al Presidente del Consejo de Administración, a los consejeros delegados en 2006 y 2007 y a otros cuatro directivos de la entidad financiera. En su auto, De la Mata señala al presidente del Consejo de Administración entre 2006 y 2007, Peter Widmer; a los consejeros delegados en ese periodo, Christopher Meares y Clive Bannister, y a otros cuatro directivos.

A través de una comisión rogatoria en Suiza, el juez tratará de aclarar si con esta operativa Santander y BNP ocultaron al fisco español los movimientos de dinero, todo ello con la colaboración del HSBC.

El HSBC, según los informes periciales a los que alude el juez en su auto, está preparado para la ocultación del patrimonio y datos sensibles de sus clientes, “ya que entre las ofertas de servicios figuran la creación de sociedades pantalla facilitadas activamente por sus gestores”.

De la Mata aclara que no está demostrado que la sucursal en España de HSBC participara en estos movimientos, razón por la cual ha decidido investigar a la cúpula de la entidad en Suiza.

Ayer, en una pieza separada De la Mata citó en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y otros tres de BNP Paribas por colaborar en el presunto delito de blanqueo de capitales con el banco suizo HSBC Private Bank Suisse y en la ocultación, además, del 8% de Bankinter en manos de los hermanos Emilio y Jaime Botín.

informacionsensible.com

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Inditex distribuirá la ropa vía Holanda

nditex, el primer grupo textil de mundo, va a reforzar su maquinaria logística con la creación de un centro en Holanda para dar apoyo a las plataformas de distribución de España. Se trata del primer centro de estas características en el mundo del grupo.

El complejo, que Inditex denomina como punto de conexión logística, supondrá una inversión de 100 millones, se localizará en la localidad holandesa de Lelystad, en unos terrenos cercanos al aeropuerto, y creará 400 empleos, inicialmente.

El grupo presidido por Pablo Isla mantiene su estrategia de centralizar la distribución de todas sus prendas en las diez plataformas españolas, pero, en el futuro, parte de la ropa podrá pasar por Holanda en su camino hacia las tiendas. “Será un punto de apoyo a los centros actuales, pero la ropa

seguirá viniendo siempre por España cuando la recibamos de nuestros proveedores”, explican en Inditex.

La centralización de la logística es una de las señas de identidad de la estrategia de Inditex y una de las claves de su capacidad para entregar las colecciones con rapidez a la red. Este sistema permite que la ropa de Zara o Massimo Dutti llegue en 24 horas a los locales europeos y en un máximo de dos días a los establecimientos de América y Asia, desde la recepción del pedido en el centro de distribución. Todas las tiendas reciben género dos veces por semana. Este modelo lo están imitando otras firmas, como H&M.

Inditex mantiene esta centralización, pese a que su red ha crecido exponencialmente por todo el mundo hasta 7.292 tiendas en 93 mercados, al cierre del pasado ejercicio.

Hasta ahora, la compañía solo tenía, como apoyo de las plataformas españolas, dieciséis centros para la distribución de las ventas online, localizados en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Europa. El complejo holandés trabajará para todas las enseñas.

La primera fase de la construcción está prevista para 2019. Los puestos de trabajo se podrían duplicar en función de las ventas. Esta inversión forma parte de los 1.500 millones que Inditex se gastará este ejercicio (una parte también irá a las plataformas españolas).

expansion.com

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Cada nuevo trabajador costó 10.038 euros en políticas públicas de empleo

Las cifras hablan por sí solas. España gastará en 2017 un total de 5.500 millones en políticas para combatir el paro, un 5,5% más que el año anterior. Dentro de esta cuantía, 1.868 millones corresponden a la bonificación en la contratación de trabajadores desempleados. La partida más importante, sin embargo, corresponde a actuaciones de carácter formativo, con 2.154 millones. A esta cifra hay que añadir 130 millones de euros para la recualificación profesional de las personas a las que se le ha agotado la prestación de desempleo (plan Prepara). Unas cifras que sirvieron para reducir el paro en 524.500 personas. Ante esas cifras, ¿funcionan realmente estas políticas?

Así, a principios de 2016, según la EPA, había 4.779.500 desempleados, un año más tarde la cifra se situaba en 4.255.000 parados, esto es, 524.500 personas menos sin trabajo. Durante 2016 se invirtieron 5.265 millones de euros en políticas de fomento de empleo. La operación es clara: cada persona que salió del paro costó al Estado 10.038 euros y cada desempleado recibió una media de inversión pública de menos de 500 euros.

Solo dos parados de cada cien encuentran trabajo por el INEM

La inversión en políticas activas se distribuye en España principalmente en subvenciones a la contratación y en dinero para que las comunidades autónomas traten de invertir para aumentar la empleabilidad de sus desempleados. En ninguno de los dos casos ha habido un éxito significativo. Según un informe elaborado por José Ignacio García Pérez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, cuando una empresa contrata a un trabajador por la subvención es a costa de otro empleado, con lo que “el efecto neto es cero”. Asimismo, cuando se termina la política, “el empresario tiene incentivos para despedir a quien haya contratado por las ayudas, con lo que a largo plazo el efecto es nulo o negativo”. Además, según un estudio de Randstad, los servicios públicos de empleo tienen una intermediación del 2%. Es decir, solo dos desempleados de cada cien que encuentran trabajo es gracias al antiguo INEM.

Por otro lado, según un estudio de Fedea, hay cuatro grandes tipos: técnicas de búsqueda, que aumenta la probabilidad de encontrar trabajo un 1,7% y es la más efectiva; orientación profesional, con impacto apreciable sólo en el trimestre en que se recibe; tutoría individual, con la que ocurre lo mismo; e itinerario personalizado, enfocado principalmente a parados de larga duración y con apenas afectos.

Andalucía, la que más baja y la que más paro tiene

El Estado ha acordado distribuir entre las comunidades autónomas casi 1.900 millones de euros para políticas activas de empleo. La partida incluye 129 millones para financiar la primera parte del programa de acción conjunto para la mejora en la atención a parados de larga duración en 2017.

Durante la última Conferencia Sectorial de Empleo, celebrada el pasado mes de abril, la ministra Báñez anunció que serán 1.893,3 millones de euros los que se distribuirán entre las comunidades autónomas, un 5% más que en 2016.

El presupuesto para políticas activas de empleo se ve incrementado en casi 93 millones de euros este año respecto al anterior y de esa cantidad 20,4 millones irán a financiar programas de formación profesional para el empleo y 72,1 millones a programas de fomento del empleo.

CCAA CCAA

CCAA

Sin embargo, resulta curioso que Andalucía, la comunidad con más paro, sea la única que ha visto reducida su asignación, un 3,08% menos que el año pasado. Por el contrario, Canarias, cuyo diputado es clave para desbloquear acuerdos en el Congreso, es la que más ha visto aumentada la cantidad que recibe: un 12,02% más que el año pasado.

lainformacion.com

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OHL despedirá a una cuarta parte de su plantilla tras pactar con los sindicatos un doble ERE

OHL ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre el doble expediente de regulación de empleo (ERE) que planteó a comienzos de mes en sus negocios de construcción y de construcción industrial en España, que finalmente afectará a un total de 457 trabajadores, según informaron CC.OO y UGT.

El acuerdo supone rebajar en un 17% el número inicial de afectados, si bien la cifra aún supone algo más de la quinta parte (el 23,8%) de la plantilla total que actualmente suman estas dos divisiones de la compañía.

El grupo que preside Juan Villar-Mir presentó el doble ERE en el marco de las medidas que aborda para reducir costes y aumentar su rentabilidad.

Asimismo, lo circunscribió en el contexto de “fuerte” caída de la actividad constructora en España, que provoca que, en la actualidad, OHL obtenga del exterior el 80% de los ingresos de esta división.

En concreto, el ERE de la división de construcción afectará finalmente a 335 trabajadores, un 17% menos respecto a los 404 inicialmente estimados, si bien supone el 23% de la plantilla de este negocio en España. No obstante, puede tener un impacto menor, dado que contempla 36 recolocaciones.

En el caso de OHL Industrial, el ERE incluye a 122 empleados, un 18,6% menos que los calculados originalmente, pero un 27% del total.

El acuerdo entre la dirección de OHL y los sindicatos ha sido ya refrendado por los trabajadores en las correspondientes asambleas e incluye un nuevo descenso de efectivos afectados respecto al ofertado por la compañía la pasada semana.

AHORRO PARA EL GRUPO

OHL cifra en 34,2 millones el coste que supondrá para el grupo este ajuste de personal. En concreto, supondrá 28,6 millones el de construcción y otros 5,6 millones el de industrial.

Como contraprestación, la compañía, inmersa actualmente en una estrategia de reducción de deuda y costes para volver a la rentabilidad, calcula que la disminución de plantilla redundará en una ahorro recurrente anual de 38 millones de euros.

INDEMNIZACIONES

En cuanto a las indemnizaciones de los trabajadores que resulten afectados por los ERE, el grupo ha elevado su oferta inicial de treinta días por año y plantea las mismas condiciones en los dos ajustes, que además varían en función de la edad de los empleados.

Así, para los trabajadores de menos de 59 años de edad ofrece 32 días por año con un tope de 25 mensualidades, además de una paga lineal de 1.000 euros por año con un máximo de 20.000 euros (veinte años).

Para los que tengan entre 59 y 63 años, el grupo asegura el 85% del salario hasta que cumplan los criterios para la jubilación, y en el caso de los de más de 63 años, veinte días por año con un máximo de doce mensualidades.

CASCADA DE ERE’s EN EL SECTOR

El ERE que OHL acaba de pactar con los sindicatos sucede a los que en los últimos años han abordado otras grandes constructoras en España, consecuencia, según las empresas, del parón que la obra pública registra en el país.

Así, durante 2016 Sacyr pactó un recorte de plantilla en España de 327 efectivos, Isolux de 435 y FCC de 610. En el caso del grupo controlado por Carlos Slim, se trató del tercer ERE en tres años. Con anterioridad también recortaron efectivos Acciona o Comsa.

La patronal de grandes constructoras Seopan indicó recientemente que las firmas asociadas a la organización ajustaron sus plantillas en 2.600 efectivos, un 12%, sólo durante el pasado año.

elespanol.com

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