El repunte del IPC al 1,5% obligará a una amplia revisión de los convenios

El desplome de los precios en los últimos años ha convertido la inflación en un factor más de ganancia de poder adquisitivo, al margen del incremento retributivo nominal. Sin embargo, la escalada de la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 1,5 por ciento en diciembre y la previsión de que alcance el 2 por ciento de media anual en 2017 augura una amplia revisión de los convenios colectivos que, en un 20 por ciento de los casos, incluyen las denominadas cláusulas de garantía salarial.

La inflación en tasas negativas llevó a los sindicatos a aceptar la histórica reivindicación empresarial de acabar con estas cláusulas, que actualizan los sueldos en función del IPC y que están presentes en convenios como el del metal o la construcción.

En la antesala de la crisis, el 66 por ciento de los asalariados con convenio colectivo estaba protegido por estas cláusulas, mientras en 2015 las tenían el 16 por ciento. Pero la paulatina recuperación de los precios está haciendo a los negociadores recuperar este tipo de cláusulas en la negociación y el 20 por ciento de los trabajadores que han firmado su convenio para este 2016 incluía ya esta garantía, que ahora podría forzar subidas de sueldo excesivas, en un contexto en el que desde instituciones como el Banco de España se sigue apostando por la moderación salarial para consolidar la recuperación económica.

Cierto es que la subida de la inflación hará perder poder adquisitivo no sólo a los nueve millones de pensionistas, que verán incrementada su pensión por la mínima del 0,25 por ciento por cuarto año consecutivo, como aprobó ayer el Gobierno, sino también a los tres millones de funcionarios a los que el Ejecutivo podría hacer un guiño con un incremento salarial del 1 por ciento para lograr el apoyo del PSOE a los Presupuestos de 2017.

Es más, a estos 12 millones de españoles que tendrán menos poder de compra el próximo año hay que sumar otros siete millones de trabajadores afectados por convenios colectivos, cuya alza salarial ha sido del 1,08 por ciento hasta noviembre de 2016 y previsiblemente no será mayor al 1,2 por ciento al que está dispuesta a llegar la patronal, frente a la subida de hasta el 4 por ciento que piden los sindicatos para el próximo año. En total, y grosso modo, 19 millones de españoles verán mermado su poder de compra, cuando según el Banco de España la inflación podría alcanzar incluso el 2,5 por ciento en los meses de febrero y marzo, por el repunte del precio del petróleo, y se situaría al menos en el 2 por ciento en el conjunto del año. El organismo echa así por tierra las previsiones del Gobierno, que en el último plan presupuestario remitido a Bruselas confió en un aumento del IPC del 1,4 por ciento para 2017.

En este contexto de repunte de los precios, la pérdida de poder adquisitivo será generalizada en los sectores mencionados, donde, no obstante, el Gobierno poco más puede rascar, habida cuenta de que el agujero de las cuentas de la Seguridad Social podría ahondar hasta los 18.000 millones de euros a cierre de este ejercicio 2016.

El salario mínimo ‘se salva’

Sin embargo, y fruto de las concesiones al Partido Socialista para lograr su respaldo a los objetivos de déficit y al techo de gasto, el Ejecutivo sí ha podido dar luz verde a la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en treinta años, del 8 por ciento, lo que, en proporción, elevará el poder de compra de este colectivo.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el alza del SMI hasta 707,7 euros mensuales en 2017, desde los 655,2 euros de 2016. El Gobierno considera que este incremento “responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo su competitividad, acompasando la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo”, mientras los analistas plantean que la subida del SMI puede tener un efecto negativo en la contratación.

eleconomista.es

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España dedicó a ayudar a la banca el equivalente al 8,5% del PIB entre 2008 y 2014

España destinó el 8,49% de su PIB a ayudas a la banca entre 2008 y 2014 frente al 4,94% del conjunto de la UE, según un informe sobre ayudas públicas hecho público este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las sumas totales destinadas durante la crisis a la recapitalización y rescate de entidades fue superior en España que en la media de la UE. Las ayudas al sector en 2014, en concreto, se redujeron drásticamente a cero, mientras en el conjunto de UE fueron “prácticamente anecdóticas”, el 0,1% del PIB.

En el citado periodo en toda la UE se destinaron 642.000 millones de euros a la banca. España, con un 15% de esa cifra, es el tercer país que más recursos ha dedicado, por detrás de Alemania y Reino Unido, que han tenido que dedicar importes muy relevantes a sanear su sistema bancario. De acuerdo a esas cifras, España ha destinado a ayudas a la banca un total aproximado de 96.000 millones de euros.

El informe destaca que, hasta el momento, se ha recuperado un 4,4% de las ayudas

En esas ayudas se incluyen las concedidas por el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD), que ascendió a 61.495 millones de euros. De ellos, la cifra concendida por el FROB ascendió a 53.553 millones, mientras que el FGD otorgó 7.492 millones.

El informe destaca que, hasta el momento, se ha recuperado un 4,4% de las ayudas de capital total. En el caso del FROB, en concreto, la cifra recuperada asciende, según el Banco de España, a 2.686 millones de euros. En el corto o medio plazo el procentaje pasará previsiblemente al 9%, según la CNMC, que recuerda que las desinversiones estatales que se lleven a cabo deberán hacerse de forma ponderada y buscar los mayores ingresos de forma que la competencia efectiva en el sector se vea afectada lo menos posible.

Por otro lado, el proceso de venta de las participaciones públicas en las entidades financieras aún no ha finalizado, por lo que a los importes indicados se sumarán en su momento los resultados de la desinversión en BMN y Bankia, de las que el FROB es titular del 65% y el 64,23%, respectivamente. “De lo obtenido de la venta de ambas entidades dependerá en buena medida el grado de recuperación finalmente obtenido”, sostiene el informe de la CNMC.

La CNMC destaca que el objetivo era recuperar la capacidad de intermediación financiera del sistema, facilitar la reducción de la exposición al riesgo inmobiliario y mejorar el acceso a la financiación, así como los mecanismo de identificación y gestión de la crisis. A juicio de la CNMC, estas ayudas han posibilitado una mejora generalizada del sistema financiero español: en sovlencia, las pruebas de estrés muestran una resistencia apreciable superando con holgura los requerimientos; se han reducido los activos dudosos y el acceso a la financiación ha mejorado de manera 

En porcentaje sobre PIB, España ocupa el séptimo lugar, por detrás de Irlanda (34,86%), Chipre (17,53%), Grecia (16,88%), Bélgica (12,04%), Eslovenia (10,11%) y Portugal (8,86%), en cuanto al volumen de PIB dedicado entre 2008 y 2014 a apoyo a la banca. Por detrás de España aparecen Reino Unido (7,36%), Luxemburgo (6,91%) y Alemania (5,63%). Por su parte, los países que menos porcentaje de su PIB dedicaron a la banca fueron Dinamarca (4,6%), Holanda (4,38%), Austria (4,23%) y Letonia (3,91%).

Las ayudas de recapitalización y rescate, a nivel agregado, se han mantenido en niveles relativamente bajos y mayores al inicio de la crisis -el máximo, de 1,41%, se alcanza en 2009-. Los países del centro y norte de Europa acometieron los procesos de reestructuración de las entidades financieras al inicio de la crisis, por lo que concentran en los primeros años el mayor volumen de intervención.

El año 2010 estuvo marcado por la crisis de Irlanda, su intento de solución mediante la emisión de garantías estatales en gran volumen primero, y la aceptación posterior de que era necesaria una recapitalización y un saneamiento extensivo de los balances de sus instituciones crediticias. En 2012 se adoptan las ayudas en Grecia, Chipre, España, Portugal y Bélgica- y en 2013 destaca Eslovenia con la recapitalización de su sistema financiero.

Desde el punto de vista de la evolución del crédito a la economía real, los efectos de las ayudas resultan “menos evidentes”. Así, continuó en 2014 la contracción crediticia, presente desde el inicio de la crisis financiera con tasas interanuales de evolución del crédito negativas. “Dicha contracción está relacionada con el necesario desapalancamiento de empresas y hogares, que partían de niveles de endeudamiento muy elevados al comienzo de la crisis, pero también con la propia situación interna de algunas entidades que, en determinados momentos, no se encontraban en condiciones de satisfacer la demanda solvente de crédito”, apunta el informe de la CNMC sobre ayudas públicas.

elpais.com

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¿Qué rumbo seguirá la economía en 2017? Las 10 claves de Goldman Sachs

El servicio de estudios de Goldman Sachs acaba de publicar sus predicciones económicas para el próximo curso. Según Charles Himmelberg, economista de la casa financiera, la victoria de Donald Trump en las Elecciones Presidenciales ha sido “el factor más determinante a la hora de mirar al futuro y anticipar tendencias”.

El primer punto en el que se fija Goldman Sachs es el de las expectativas de los mercados financieros ante el nuevo curso: “en comparación con 2016, creemos que hay oportunidad de aumentar ligeramente las ganancias, pero no cabe esperar subidas fuertes de manera generalizada. Las mejores oportunidades estarán en Asia: excluyendo a Japón, los mercados arrojarán un retorno superior al 12%, triplicando los datos del año que termina”.

En segundo lugar, Goldman Sachs cree que la llegada de Trump hará que el crecimiento económico se acelere: “los mercados están hambrientos de crecimiento y han recibido la victoria de Trump con una actitud muy favorable. Las rebajas fiscales que propone Trump pueden impulsar el crecimiento. Es probable que así suceda, ya que el nuevo Presidente cuenta con mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado”.

libremercado.com

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Los técnicos de Hacienda advierten que habrá una nueva subida de impuestos en 2017

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten que en 2017 habrá una nueva subida de impuestos, después de que a principios de este mes el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciara un incremento de algunos impuestos especiales, como el del alcohol y el tabaco, y reformara el Impuesto de Sociedades.

Gestha explica que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobada hoy por el Consejo de Ministros “traerá consigo nuevas subidas de impuestos el próximo año, a la vista de los datos de la ejecución presupuestaria de la Administración General del Estado (AGE) en los once primeros meses de 2016, que evidencian un claro desfase entre lo presupuestado por el gobierno y lo realmente recaudado”.

En concreto, los técnicos de Hacienda estiman que hay una desviación de 12.238 millones de euros debido, por un lado, al aumento en 3.448 millones de los ingresos tributarios que el Ejecutivo estimó en los presupuestos de este año y, por otro, a la merma, a noviembre de 2016, de 8.750 millones de derechos reconocidos por tributos para sufragar los gastos del Estado.

Estimaciones vs realidad

En un análisis pormenorizado, los técnicos explican que el Gobierno estimó en 1.006 millones el aumento de la recaudación derivada de los impuestos directos y las cotizaciones sociales, pero lo cierto es que hasta noviembre estos ingresos se redujeron en 3.377 millones. Asimismo, preveía que los ingresos en concepto de impuestos indirectos caerían en 680 millones, pérdida que finalmente casi se triplicó, situándose en 1.900 millones.

El impuesto que arroja una mayor desviación es el IRPF, para el que Gobierno estimó que se reduciría únicamente en 605 millones por la segunda fase de la reforma fiscal, sin embargo, la realidad es que hasta noviembre se han recaudado 3.020 millones menos que en el mismo periodo de 2015, una pérdida cuatro veces superior a lo presupuestado. En este ranking, le sigue el IVA, que el Gobierno presupuestó que se reduciría en 1.195 millones en 2016, y la pérdida hasta noviembre es de 2.293 millones, casi el doble de lo previsto.

Por otro lado, Gestha recuerda que en 2016 se derogó el pago mínimo a cuenta en el Impuesto de Sociedades, que provocó un desplome recaudatorio, obligando al Gobierno a recuperarlo para el segundo pago a cuenta, gracias al cual se han recaudado 7.637 millones. Así, se ha logrado que este tributo haya remontado la pérdida diferencial de 3.510 millones que registraba hasta el mes de septiembre de 2016, respecto al mismo periodo de 2015, a una pérdida de solo 506 millones hasta noviembre, pues en 2015 se aplicaba un pago mínimo a cuenta en el Impuesto de Sociedades similar al aprobado a finales de septiembre de este año.

Por último, el Ejecutivo presupuestó que la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos aumentaría en 3.488 millones en 2016, una cifra muy alejada de la realidad, pues a cierre del mes de noviembre estos se habían reducido en 3.473 millones. Estas partidas arrojan en su conjunto un desfase de 8.750 millones menos en los once primeros meses de 2016, con un descenso de la recaudación del 7,1%, a pesar de que el Gobierno preveía que ésta aumentará en el conjunto del año un 5%, por lo que, para cumplir con esas estimaciones debería recaudarse en este último mes 12.238 millones más que lo recaudado en diciembre de 2015, algo que se antoja una misión imposible.

De este modo, la prórroga presupuestaria aprobada hoy arrastrará una desviación de ingresos que volverá a comprometer el objetivo de déficit del próximo año, que está fijado en el 3,1% del PIB; objetivo que ya se incumplió en 2015 por, entre otras causas, la reforma fiscal adelantada por el Gobierno, llevando al déficit público de aquel año al 5,1% del PIB, cuando el techo estaba establecido en el 4,2%.

Subida de impuestos “apresurada”

Gestha cree que las últimas subidas de impuestos, anunciadas por Montoro a principios de diciembre, “se aprueban de forma apresurada, en ocasiones revocando reformas anteriores, y no ponen solución al agujero recaudatorio de Sociedades en España, que desde 2007 se ha hundido un 46,6% cuando se recaudaron 44.273 millones, por lo que registra una pérdida acumulada de ingresos de 197.595 millones”. Y es que, a pesar de las subidas de impuestos que se han acometido en los últimos años, España sigue teniendo, a día de hoy, un diferencial de presión fiscal, incluida las cuotas de la Seguridad Social, de casi 54.000 millones menos que la media de la UE, apuntan los técnicos de Hacienda.

En opinión Gestha, para terminar con este desfase fiscal es necesario abrir un debate lo más amplio posible que finalice con una propuesta de reforma fiscal integral que permita disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, reducir el déficit y el endeudamiento, así como lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos. Esta reforma pasaría, a juicio de los técnicos, por una reorganización tanto de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT), para que funcione de forma más independiente de las injerencias políticas o económicas, como de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para conseguir un más eficaz control del gasto público.

Asimismo, es necesario aplicar un plan de lucha contra el fraude y la elusión fiscal eficaz y realista, para lo que es fundamental aumentar las responsabilidades de la plantilla de la AEAT con exigencia de su cumplimiento, así como la dotación de más medios, ya que actualmente solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países de nuestro entorno como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos (860).

elboletin.com

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La CEOE cree que la reforma del impuesto de Sociedades no es constitucional

a patronal CEOE ha intensificado su cruzada contra la última reforma del impuesto de Sociedades y subraya que podría suponer motivo de inconstitucionalidad. A su juicio, “la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros”.

Según un informe que hizo público este miércoles, elaborado tras consultar a varios expertos, la retroactividad que plantea el real decreto ley aprobado a principios de diciembre “no es admisible, sino que es una técnica legislativa muy perjudicial, manifiestamente mejorable y deja en muy mal lugar a España”.

En ese sentido, sostiene que las medidas consistentes en la limitación de la compensación de pérdidas y de las deducciones por doble imposición, así como la imputación mínima de una quinta parte anual de las pérdidas por deterioro de las participaciones, pueden vulnerar el artículo 86 de la Constitución. A su entender, afectan a una figura central del sistema, como es el impuesto de Sociedades; inciden en la generalidad de los contribuyentes, pues, además de los sujetos pasivos directamente afectados, la mayor tributación se trasladará a miles de accionistas a través de una menor posibilidad de dividendo, así como a los trabajadores. Además, lo hacen al margen de la capacidad contributiva, que es inexistente o ficticia en esas nuevas situaciones gravadas.

El informe subraya que el uso del real decreto o del decreto ley debe ser la excepción a la hora de elaborar normativa de carácter tributario. En este sentido, señala que “estas medidas deben, por lo general, anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados, dando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas”.

“Existían alternativas”

Asimismo, subraya que “es discutible la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilización del decreto ley, pues aunque pueda considerarse urgente reducir el déficit, no son urgentes en absoluto las medidas adoptadas. Y existían muchas otras alternativas como la subida de tipos o la reducción de algunos gastos, sin reformular el hecho imponible por decreto ley.

Desde ese punto de vista de la lucha contra el déficit, “resulta absurdo obtener recaudación imponiendo a las empresas una especie de deuda forzosa a través de los créditos fiscales que se generan o aplazan”. “Carece de sentido”, continúa, “sustituir deuda pública por deuda forzosa distribuida caprichosamente entre las sociedades afectadas por las medidas”.

Para la CEOE, “no es admisible vivir en una continua reforma de los tributos”. “El decreto ley modifica normas aprobadas a finales de 2013, y, entre tanto, se ha producido un proceso de reforma fiscal que supuso una ley nueva del impuesto aplicable para 2015 y que, aunque se suponía que debía dar estabilidad a medio plazo, ya se está enmendando. Algo se está haciendo mal cuando continuamente se modifica lo ya modificado”, señala.

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España, puesto 27 de 28 en el ranking europeo de emprendimiento

El Foro Económico Mundial y el Observatorio Global de la Actividad Emprendedora acaban de publicar un informe sobre el emprendimiento en Europa que deja en muy mal lugar a España.

En el indicador que mide el porcentaje de emprendedores sobre el total de la población activa, España apenas alcanza un 5,7%, lo que nos relega al puesto 22 de 28 países evaluados para el informe. A la cabeza de esta lista aparecen cinco economías que han pasado del comunismo al capitalismo en los últimos 25 años. Son Letonia (13,3%), Estonia (12,6%), Eslovaquia (11,2%), Lituania (10,4%) y Rumanía (10,1%). Los resultados cosechados por estos países doblan los que se anota España.

En el top 15, también figuran países como Holanda (9,6%), Austria (9,5%), Polonia (9,4%), Hungría (8,6%), Portugal (8,6%), Reino Unido (8,5%), Bosnia-Herzegovina (8,4%), Luxemburgo (8,4%), Croacia (8,1%) e Irlanda (7,6%).

Más bajo que el 5,7% cosechado por España es el 5,5% de Alemania y Eslovenia, el 5,4% de Bélgica y Francia, el 5,2% de Dinamarca o el 4% de Italia, convertida en el farolillo rojo del emprendimiento en Europa.

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El informe también evalúa la figura de los intraemprendedores, que son aquellos trabajadores que lanzan nuevos proyectos dentro de las empresas en las que trabajan. En esta categoría, España solo recibe un 2%, lo que nos relega al puesto 26 de 28.

Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica y Finlandia son los cinco países con mayores tasas de intraemprendimiento, con tasas del 9,1%, 9%, 6,5%, 5,8% y 5,5%, respectivamente. Completan el top 15 Noruega, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia, Austria, Suiza, Lituania y Eslovaquia.

El 2% asignado a España nos coloca solamente por delante de Grecia y de Italia, que reciben un 1,1% y un 0,7%. Otros países que se colocan por debajo del 4% son Alemania (3,5%), Francia (3,3%) o Portugal (2,5%).

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Combinando ambas mediciones, vemos que los diez países con mayores niveles de emprendimiento e intraemprendimiento son Estonia (15,8%), Suecia (15,3%), Letonia (14,8%), Países Bajos (14,4%), Reino Unido (14,3%), Eslovaquia (13,9%), Lituania (13,6%), Dinamarca (13,5%), Austria (13%) y Luxemburgo (12,6%).

Sin embargo, hace falta bajar a la penúltima posición para encontrarse con el 7,4% que se anota España. Solo Italia está peor que nosotros: en su caso, la suma de emprendedores e intraemprendedores equivale al 7,4% de la población activa.

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Hacienda pone a disposición de los contribuyentes el cálculo online de las retenciones del IRPF de 2017

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes en su página web el cálculo online de las retenciones del IRPF 2017, aunque el próximo año no incorpora ninguna novedad respecto a 2016, ya que para el siguiente ejercicio no se ha incorporado ningún cambio fiscal en este impuesto.

No obstante, si las circunstancias personales o salariales del contribuyente cambian en 2017, las retenciones que practican las empresas en la nómina de sus empleados pueden subir o bajar el próximo año de acuerdo con los eventuales cambios.

Con esta herramienta, el contribuyente puede calcular la cuantía y el tipo de retención que le corresponden en su nómina según las retribuciones que recibirá en 2017, conforme se establece en el artículo 80 del reglamento del IRPF.

Así, con este programa de ayuda los ciudadanos podrán saber cuál es la retención del IRPF que debe aplicarle su empresa en función de sus condiciones personales y laborales, con solo consignar sus retribuciones brutas anuales y su situación personal y familiar.

La campaña empieza el 5 de abril

Por otro lado, la campaña de la renta de 2016 comenzará el próximo 5 de abril de 2017 para la presentación telemática (el 11 de mayo para la presencial) y la principal novedad es que desaparece definitivamente el programa Padre de ayuda a la confección de la declaración de la renta, que ya se eliminó el año pasado para la mayoría de los contribuyentes y únicamente quedó relegado a los declarantes de actividades económicas, básicamente autónomos.

Por segunda campaña de la renta, los contribuyentes dispondrán del sistema ‘Renta web’, que se generaliza ya para todos los declarantes, cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas (del trabajo, capital o actividades económicas) y que ha venido a sustituir al Programa Padre y al borrador del IRPF, ya que se trata de una mezcla de ambos.

Según el calendario del contribuyente, recogido por Europa Press, el 5 de abril se da el pistoletazo de salida a la presentación telemática de la campaña de la renta 2016, pero para presentar la declaración del IRPF de manera presencial, habrá que esperar hasta el 11 de mayo y, en ambos casos, se extenderá hasta el 30 de junio. Si el resultado sale a ingresar y se quiere domiciliar el pago, el plazo concluye el día 26 de junio

eleconomista.es

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La crisis ha pulverizado el 30% del sector industrial

Una de cada tres. El tsunami de la crisis ha derribado al 30% de su entramado industrial, lo que significa el cierre de 49.584 empresas del sector manufacturero, según datos del INE y el DIRCE (Directorio Central de Empresas). En término de pérdida de empleos, ha implicado la destrucción de 750.000 puestos de trabajo.

Un análisis realizado por José Carlos Fariñas (Universidad Complutense de Madrid), publicado por el Consejo General del Colegio de Economistas, precisa que el 2009 fue el año en que el sector industrial tocó fondo: cayó un 11%, el triple de la caída de la economía. Para cuando el panorama ya empezó a remontar, hacia el 2014, estaba a un 30% menos respecto a los índices de 2007.

La construcción fue el lastre del sector

Una de las razones para esta caída tan abrupta se encuentra en el derrumbe de la construcción. “La construcción es una fuente potente de demanda de productos industriales”, dice Miguel Tiana, de la Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de España, que va desde la producción de acero o ladrillos hasta de bienes de consumo como muebles, puertas o cerámicos. “Por ello cabe esperar que la intensa contracción de la construcción en España haya provocado un mayor retroceso de la producción industrial”, agrega.

Traducido a números, en el artículo “El impacto de la crisis económica sobre la industria española” Tiana indica que si el sector industrial en general retrocedió un 30%, las empresas proveedoras de la construcción se redujeron un 55% respecto a 2007.

La pérdida a nivel europeo y nacional

Según datos del Eurostat, la caída de la industria en España en términos relativos sólo es superado por Grecia y Malta. Y si se mira un poco más atrás en el tiempo, si en 1970 España representaba el 2,3% de la producción manufacturera, que el año pasado ha registrado un 1,7%.

La caída del sector industrial también reduce su importancia en la economía nacional. Un análisis de Rosario Gandoy y María Elisa Álvarez indican que las manufacturas implican el 13% del PIB y el 12% de la generación de empleo, cuando en 1985 representaba el 23% y 20%, respectivamente.

El golpe de las importaciones

Otra razón para el derrumbe industrial es la fuerte competencia del sector exterior. Las importaciones, sobre todo las originarias de China, han causado una disminución del 25% en la capacidad productiva del sector, concluye un estudio de los economistas Vicente Donoso, Víctor Martín y Asier Minondo.

También hay que tener en cuenta que el cambio estructural en la industria le juega en contra: cuanto más crece la productividad de las manufacturas respecto a otros sectores, a largo plazo disminuyen sus precios relativos. Y eso significa una pérdida frente a otros sectores en el conjunto de la economía, puntualiza Fariñas.

Cuáles serían las soluciones

Para Tiana, el sector inmobiliario no será la tabla de salvación. Si se busca una salida, debería estar en “un mayor empuje de las exportaciones, y en un efecto arrastre de esas ventas sobre la producción nacional”.

Según Fariñas, como “la pérdida de peso de la industria es previsible que continúe en los próximos años”, una solución sería apostar por el cambio tecnológico, lo que implica una mayor inversión en formación y en I+D. Pero las señales que da el Gobierno no son alentadoras: desde diluir el Ministerio de Industria en la cartera de Economía, hasta la menor inversión en investigación: España ha rebajado su objetivo de gasto en I+D al 2% del PIB para el 2020, cuando la UE tendrá una media del 3%.

economiadigital.es

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Cláusulas suelo: cómo reclamar el dinero pagado de más

Todo arrancó con una resolución judicial de mayo de 2013 del Tribunal Supremo que disparaba contra las cláusulas de Cajamar, BBVA y Novacaixagalicia Banco (hoy Abanca). La sentencia niega la licitud de esos instrumentos en las hipotecas de las tres entidades financieras, al considerar que no eran completamente transparentes. La resolución añade que los bancos deben devolver los intereses cobrados de más desde la sentencia del Alto Tribunal.

Pero el peor escenario posible para las entidades financieras, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Bruselas ampliara las devoluciones de las entidades a las firmas de los contratos, se ha cumplido. El impacto potencial es de unos 4.000 millones de euros.

La buena noticia para los hipotecados con suelos en sus préstamos es mala para los bancos con estas cláusulas. Hay dos que no se verán afectados de ninguna forma, puesto que no las utilizaban: Santander y Bankinter. Las repercusiones en el resto varían.

¿Pero qué tienen que hacer los afectados para recuperar el dinero pagado de más? La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo solo puntualiza que las devoluciones no deben limitarse a los importes pagados desde la sentencia del 9 de mayo de 2013, sino que la retroactividad debe remontarse a la firma del contrato.

Pero esto no implica ni mucho menos que las entidades financieras tengan la obligación de devolver el dinero de oficio. La Confederación Española de Cajas de Ahorros se ha apresurado a afirmar que “esta resolución no es de aplicación directa”. “Su impacto en las entidades de crédito se irá conociendo a medida que los juzgados y tribunales españoles, que tengan asuntos pendientes, analicen cómo se aplica en cada caso”, sentencia.

Los afectados deberán reclamar de manera individual

Es decir, de entrada, y a falta de acciones judiciales conjuntas que previsiblemente se presentarán por parte de asociaciones de consumidores y usuarios, la reclamación deberá ser individual. Una vez que se haya determinado el carácter abusivo de la cláusula, la entidad financiera, esta vez sí, se verá obligada a retornar los intereses excesivos desde que se firmó el contrato.

Aquí se añade una sentencia de primera instancia del pasado mes de abril que declara nulas, absolutamente todas las cláusulas suelo, en respuesta a la macrodemanda presentada por Adicae. La buena noticia, para la banca, es que esa resolución no es decisiva, puesto que no es firme, y ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial y podría llegar incluso ante el Supremo.

Por el contrario, Adicae afirma que la sentencia del tribunal europeo abre la puerta a que todos los afectados de esa macrodemanda, unos 15.000, puedan recuperar la totalidad de lo cobrado de más, no solo desde mayo de 2013. “Esta sentencia acelera todos los plazos de resolución”, ha afirmado en rueda de prensa el presidente de Adicae, Manuel Pardos, que reclama a la banca una rectificación.

Los bancos no tienen la obligación de devolver de oficio el dinero

C

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide “las entidades devuelvan de oficio las cantidades cobradas indebidamente”, aunque puntualiza, que,” mientras se espera la reacción de la banca, OCU ayudará, como hasta ahora, a todos los afectados a demandar este abuso si no tuvieran más remedio que acudir a la vía judicial; eso sí, sabiendo ahora que van a recuperar todo su dinero”.

En su día, tras la sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013, BBVA fue el primero en devolver, motu proprio, el dinero. El banco que preside Francisco González anunció en junio de 2013 que retiraba de una vez y para siempre la cláusula a 425.000 hipotecados, a los que además devolvió lo cobrado de más desde mayo de ese año. La cláusula suelo en BBVA fijaba el límite mínimo de intereses en el 2,8%.

Le siguieron las otras dos entidades, Abanca y Cajamar, condenadas por el Supremo por comercializar las cláusulas suelo sin transparencia y han devuelto lo cobrado desde mayo de 2013. Pero el resto de las entidades no lo han hech, salvo sentencia de un juez. También eliminaron las cláusulas suelo CaixaBank y Bankia el año pasado, aunque sin devolver las cantidades cobradas de más. Ni siquiera desde mayo de 2013.

Estos son los casos en los que pueden encontrarse los afectados.

No se ha reclamado

Los clientes que tengan o hayan tenido una hipoteca con suelo y no hayan tomado ninguna medida pueden iniciar la acción con la certeza de que si la justicia les da la razón y considera que su cláusula no era absolutamente transparente se les restituirá el dinero pagado de más desde que firmaron el contrato.

Ignacio Para Mata, socio de V Abogados y miembro de LEAN Abogados, señala que antes de intentar una reclamación a través de los tribunales la mejor opción es tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial. “Siempre será menos complicada y más rápida esta fórmula, si bien es cierto que la vía judicial tampoco implicará costes para los afectados, pues los asumirán las entidades. El acuerdo debe lograr la devolución del importe pagado de más conforme a la sentencia europea”, afirma. En caso de que el banco se niegue a dar la razón al cliente, la única solución será la reclamación judicial.

Se ha reclamado y hay sentencia

Una de las casuísticas más complejas que plantea el nuevo fallo europeo es qué ocurre con aquellos particulares que ya acudieron a los tribunales y obtuvieron una sentencia a favor de una alta instancia que, siguiendo la doctrina del Supremo, limitaba lo que debía devolverles la banca a lo cobrado desde mayo de 2013. “En caso de que ya haya sentencia firme, no se puede volver a reclamar la devolución de las cantidades, ya que se supone que es un hecho ya juzgado, y el sistema jurídico español es muy claro en ese punto: la cosa juzgada, no se puede volver a juzgar”, asevera Vicente Morató, director general del despacho Martínez Echevarría Abogados. Concuerdan con él los departamentos jurídicos de algunas entidades financieras y los abogados de una de las cuatro grandes consultoras internacionales.

Roberto Rodríguez, del Defensor de tu Vivienda, abre una ventana a la esperanza y aunque admite que estos afectados “tendrán una mayor dificultad para volver reclamar la totalidad del dinero” sí que considera que hay opciones de litigar después de que se pronuncie la Corte de Luxemburgo. Coincide con él Ignacio Para Mata de V Abogados: “El hecho tiene la entidad suficiente como para iniciar una nueva reclamación.

La reclamación está en proceso

Dependerá de como esté formulada la reclamación. Si en ella se solicitaba el dinero pagado de más desde la firma de la hipoteca, no hay ningún problema. En caso contrario, si se exigía la devolución de los intereses solo desde el  9 de mayo de 2013, se tendrá que hacer una ampliación de la demanda.

Si se acordó con el banco renunciar a litigar

Otra caso recurrente es el de aquellos hipotecados que acudieron a su banco para reclamar la devolución de lo cobrado por cláusulas suelo opacas y aceptaron firmar un acuerdo con la entidad por el que se les devolvía lo cobrado de más desde mayo de 2013, o el momento de la firma, a cambio de comprometerse a renunciar a litigar por lo abonado antes de ese periodo. También se produjeron metamorfosis de hipotecas variables a fijas y otras modificaciones.

Los abogados consultados animan a los afectados a reclamar a su banco o en los juzgados puesto que existen precedentes en los que los tribunales han considerado nulos acuerdos de este tipo, incluso cuando estaban firmados ante notario. Desde Martínez Echevarría abogados advierten, sin embargo, que no hay posibilidad de reclamar si el pacto está homologado judicialmente por haber sido fruto de un acuerdo en el curso de una demanda. El experto de LEAN Abogados matiza que ya existen sentencias que prueban que las coletillas del tipo renuncio a presentar una reclamación judicial son inválidas en la mayoría de los casos

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Ciudadanos pretende acabar con la letra pequeña de las hipotecas

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha solicitado este viernes la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, para, en palabras del secretario general del grupo naranja, Miguel Gutiérrez, “que nos explique cómo piensa hacer esta adaptación de nuestra ley hipotecaria en beneficio de los ciudadanos, y no, como estaba hasta ahora, en beneficio de las entidades financieras”.

Gutiérrez ha recordado una reciente proposición de ley del partido centrista, previa a la sentencia europea conocida esta semana que acaba con las cláusulas suelo, en la que se pedía la retroactividad total para indemnizar a los afectados, y no únicamente desde 2013, cuando el Tribunal Supremo falló sobre estas cláusulas. A su juicio: “Es una medida que va a favorecer a todas aquellas personas que se han visto sujetas a una condición abusiva e injusta”.

Acabar con la “letra pequeña”

En un artículo publicado este viernes en El Mundo, el propio Albert Rivera y el responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, abogan por “acabar para siempre con la letra pequeña” de las hipotecas. Todo ello dentro de la creación de una nueva agencia independiente de protección del consumidor, que en este caso concreto, según Rivera y Garicano, debería “proponer contratos tipo que eviten nuevos engaños“.

El líder centrista y su responsable económico definen cómo deberían ser las hipotecas que firmen la mayoría de ciudadanos: “El contrato hipotecario, por ejemplo, debe ser estándar excepto en tres cosas: el tipo de interés, la duración y la cuantía. No es razonable esperar que alguien sin formación jurídica entienda un prolijo documento de muchas páginas”. Rivera fue empleado de una entidad financiera antes de comenzar a los veintiséis años su actividad política.

Por otra parte, Gutiérrez ha abogado por un sistema de arbitraje como la mejor manera de resarcir a los afectados: “Para evitar pleitos individuales que colapsen el sistema judicial. Debería ser un arbitraje gratuito para los usuarios, puesto que ya han pagado de más por estas cláusulas”.

libremercado.com

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