La empresa debe prohibir los regalos que ‘huelan’ a soborno

La Asociación Española de Normalización (UNE) hará pública este jueves la Norma UNE-ISO 37001, Sistemas de gestión antisoborno, la versión española del estándar internacional que permitirá a las empresas certificar que han adoptado los mecanismos internos adecuados para prevenir, detectar y actuar contra los sobornos. El texto, cuyo contenido adelanta elEconomista, no se limita a asegurar el cumplimiento de la ley, sino que eleva mucho más allá las exigencias a las compañías.

Así, la UNE exige a las empresas que prohíban la oferta, suministro o aceptación de cualquier regalo, hospitalidad, donación o beneficio que pueda “razonablemente percibirse” como soborno. La norma interpreta de forma amplia el concepto de regalo o beneficio, e incluye, por ejemplo, ofertas de entretenimiento, donaciones políticas o de caridad, viajes, gastos de promoción, beneficios para la comunidad, formación, membresías de clubes, favores personales o información confidencial o privilegiada.

El texto ofrece diversos modelos para diseñar una política de regalos certificable. En primer lugar, las empresas podrán establecer una prohibición total de los mismos.

En segundo término, limitarlos en función de su valor, frecuencia -muchos regalos pequeños pueden suponer una gran cantidad-, tiempo de recepción, razonabilidad, identidad del destinatario -en ningún caso de la persona que adjudica un contrato, por ejemplo-, reciprocidad -no se podrá recibir un obsequio más caro del que se está autorizado a dar- o entorno legal.

Finalmente, el certificado admite establecer mecanismos de autorización previa a los regalos, o que se determine la obligación de darles publicidad, documentarlos y supervisarlos.

Donaciones a partidos

La UNE-ISO 37001 también impone un régimen estricto en relación con las donaciones a los partidos políticos, fundaciones y otras organizaciones de beneficencia. En este punto, las compañías deben prohibir las entregas de dinero en las que pueda percibirse voluntad de influir. Asimismo, deben examinar a la formación -o al órgano de caridad- receptora para determinar si es legítimo y no se le está utilizando como canal para el soborno.

Además, el pago debe ser de divulgación pública; no podrá hacerse antes, durante o después de la negociación de un contrato; y deberá ser aprobado por un director.

Por último, la norma también contiene un catálogo de requisitos para los viajes. Entre ellos, que lo pagado se restrinja al viaje, alojamiento y manutención necesarios; que no incluya el pago de los gastos de familiares y amigos; y que en ningún caso se costeen los gastos de vacaciones o recreo.

Para todo tipo de organización

La UNE antisoborno es certificable y compatible con otros certificados de cumplimiento y prevención de delitos, como la UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Además, establece un marco flexible que servirá para acreditar a todo tipo de organización, con independencia de su tipo, tamaño o actividad, y ya sea del sector público o privado, o sin ánimo de lucro.

Su objeto es específicamente la prevención del soborno, sin que cubra el fraude, los cárteles y otros delitos antimonopolio y competencia, el lavado de dinero u otras actividades de corrupción.

Los expertos prevén que la norma se convierta en un instrumento imprescindible en la contratación pública y el tráfico internacional, puesto que el propio texto impone a las compañías que exijan a sus socios que tengan implementado un sistema antisoborno.

La UNE también requiere la designación de un responsable encargado de la materia, procedimientos de formación del personal, evaluaciones periódicas de riesgos -a través de auditorías- y el establecimiento de procesos internos de información e investigación.

eleconomista.com

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Iveco acumula pérdidas por más de 300 millones

Las dos fábricas que la marca italiana Iveco posee en España entregaron el año pasado 49.509 vehículos industriales y autobuses, repartidos entre la planta de Madrid, con 26.706, y la de Valladolid, con 22.803. La cifra conjunta significa una ascensión del 13%, si bien esta no fue homogénea. Mientras el centro industrial madrileño sufrió un descenso del 4,4%, el vallisoletano creció un robusto 43,6%.

En el mercado nacional, Iveco vendió 10.717 vehículos industriales. Sus cupos de mercado son del 19,6% en vehículos ligeros, 51% en medios y 17,7% en pesados. También matriculó 614 autobuses, que le confieren una cuota del 17,2%. Las exportaciones alcanzaron los 43.144 vehículos industriales, con alza de un 14%.

Aluvión de números rojos

Tales ventas, traducidas a valores económicos, representaron una cifra de negocio de 2.492 millones, frente a los 2.391 millones del ejercicio anterior. La exportación aportó 1.888 millones.

Los resultados volvieron a ser negativos. Se cifraron en 39,3 millones de pérdida, que representan un fuerte recorte respecto de los 97,6 millones de 2015. Con el añadido de dicho saldo, los déficits de ejercicios anteriores pendientes de compensar en el balance se elevan a 311 millones.

Traspaso de una filial

Iveco está presidida por Jaime Revilla Arroyo. Logró beneficios de explotación de 40 millones. Pero el resultado financiero se vio lastrado por un ajuste de 65,4 millones en la cartera de valores. Esta rúbrica recoge el impacto de la venta de la participación del grupo en Iveco Latinoamérica, que supuso un quebranto de 63,8 millones.

Al concluir diciembre, el fondo de maniobra de Iveco España arrojaba una suma negativa de 450 millones. No obstante, la sociedad cuenta con el apoyo de su matriz, que le tiene asignada una línea de crédito renovable automáticamente.

La plantilla se rebajó de 3.931 a 3.848 personas, mediante prejubilaciones. La empresa dispone en nuestro país de 215 puntos de venta y asistencia.

cronicaglobal.elespanol.

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La transmisión intergeneracional de la exclusión social en España

Matthew Desmond, profesor de Sociología en la Universidad de Harvard y autor de Evicted: Poverty and Profit in the American City, dice que los desahucios son “quizá el proceso menos estudiado de cuantos afectan la vida de los pobres que habitan en las ciudades”. En Evicted, Desmond nos hace un tour por los barrios más pobres de Milwaukee para contarnos la historia de ocho familias que viven al borde del desahucio. Es decir, Desmond nos hace visita guiada por los barrios más depauperados de Milwaukee para contarnos una historia de desigualdad y exclusión social, donde los desahucios no son más que una ilustración de ello. En Milwaukee como en Sevilla, Madrid o Barcelona, el desahucio no es otra cosa que el resultado final de un proceso en el que convergen muchos factores. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de exclusión social?

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Aquí a la mayoría de la gente se nos vienen a la cabeza escenas como las que encontramos en “El pico” de Eloy de la Iglesia o el “Le Havre” de Kaurismäki. Poca gente suele pensar en personajes como las “Solas” de Benito Zambrano cuanto hablamos de exclusión social. Sin embargo, la exclusión es un fenómeno multidimensional que no se circunscribe a factores económicos (empleo, ingresos), sino que tiene además una vertiente política o ciudadana (educación, salud, vivienda) y social (conflictos familiares, aislamiento social). Quizá el personaje que interpreta María Galiana en la película de Zambrano tenga una pensión equivalente al 150% del SMI. Pero eso no ha evitado su aislamiento social. La exclusión social es un problema con múltiples rostros. ¿Pero qué sabemos de su evolución más reciente en España?

Según un trabajo de Nerea Zugasti para el Observatorio Social de “la Caixa”, en el periodo 2007-2013 se ha producido un agravamiento de los principales factores determinantes de la exclusión. Ha aumentado la exclusión en el mercado de trabajo –sobre todo porque ha aumentado el número de hogares con todos sus miembros en paro y cuyo sustentador principal está desempleado-, pero también la exclusión en dimensiones relevantes como la salud y la vivienda.

Figura 1. Evolución de las diferentes dimensiones relacionadas con la exclusión social

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Fuente: extraído de Zugasti 2017.

Como se observa en el gráfico 1, la exclusión social se ha agravado en los años inmediatamente posteriores a la crisis en casi todas sus dimensiones. Ahora bien, esto no significa que este empeoramiento haya afectado a los diversos grupos sociales de forma uniforme. El gráfico 2 muestra la evolución de las tasas de exclusión entre 2007 y 2013 por grupos etarios.

Figura 2. Evolución de la exclusión por grupos de edad (2007-2013)

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Fuente: extraído de Zugasti 2017.

Durante la crisis se ha duplicado la tasa de exclusión entre los más jóvenes y disminuido la de los mayores de 65. Lo primero es un problema tanto si lo que nos preocupa es la equidad –es difícil hacer responsable a un niño de 10 años por las (malas) decisiones de sus padres–, como si es la eficiencia –estamos perdiendo capital humano en la parte (más) baja de la distribución. Hasta aquí, el diagnóstico. ¿Pero qué podría hacer el policy maker preocupado por los efectos perjudiciales de la transmisión intergeneracional de la exclusión social?

En un artículo publicado recientemente, Luna Bellani y Michela Bia analizan el impacto de la pobreza infantil en nuestros ingresos y riesgo de pobreza futuros y el efecto que tiene sobre ello la variable (intermedia) educativa –para la que en inglés emplean la denominación acrónima de ACME, desconozco si con algún sentido del humor. Bellani y Bia encuentran no sólo que criarse en un hogar (UE-28) que pasa estrecheces económicas hace que disminuyan nuestros ingresos salariales futuros y aumente por 1,4 la probabilidad de incurrir en situaciones de pobreza cuando adultos –un resultado particularmente robusto, observan Bellani y Bia, para los países mediterráneos y del centro y este de Europa–, sino también que la educación juega un rol mediador determinante en el efecto causal que tiene la pobreza infantil sobre nuestros ingresos y riesgos de pobreza futuros, representando más del 30% efecto total. Las malas noticias son que la crisis ha acentuado el riesgo de transmisión intergeneracional de la exclusión social en España. Las buenas que existen políticas que pueden corregir ese problema y que además tenemos evidencia sobre su impacto. Ahora “sólo” (yo sí que tengo sentido del humor) falta alguien con la voluntad política de ponerlas en marcha.

agendapublica.elperiodico.com

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Reseña: “El gran escape” de Angus Deaton,premio Nobel de Economía

Que un premio Nobel de Economía escriba un best seller no es nada fácil, dada la aridez de la disciplina. Ya lo hizo en 2011 Daniel Kahneman, con su famoso Pensar rápido, pensar despacio. Y ahora el escocés Angus Deaton lo ha vuelto a hacer.

Galardonado en 2015 por la Real Academia de las Ciencias de Suecia por su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar, Deaton ha conseguido que Bloomberg/Businessweek, la revista Forbes y The Financial Times declaren su libro El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad como uno de los mejores de economía e historia económica escritos hasta la fecha.

Deaton es un portento intelectual. Matemático y catedrático de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), es conocido por su capacidad para relacionar dos mundos complementarios: el de la microeconomía y el de la macroeconomía. Abiertamente heterodoxo y autoproclamado keynesiano, Deaton pertenece al grupo de economistas que más duramente han cargado contra las políticas de austeridad, al considerar que “reducen ingresos, recortan beneficios y destruyen empleos”. En los últimos años, su titánica labor se ha centrado en una de sus temáticas estrella: la desigualdad.

Y de eso va, precisamente, El gran escape, de las terribles consecuencias políticas y sociales que genera la desigualdad.

En Occidente ya hablamos con añoranza de mediados y finales del siglo XX, cuando la clase media crecía y la movilidad ascendente era posible con buena formación, con esfuerzo laboral y con claras reglas de juego. Hoy ya no es así. Algo se rompió. Añoramos un mundo que parecía bastante benigno.

Angus Deaton pone en perspectiva esta melancolía: según las variables más significativas –cuánto tiempo vivimos, en qué medida estamos sanos y somos felices, qué sabemos– la vida nunca ha sido mejor que ahora. Y sigue mejorando. La esperanza de vida se ha prolongado un 50% desde 1900 y sigue aumentando; la calidad media de vida se ha disparado; la proporción de personas que viven con menos de un dólar al día (en términos ajustados a la inflación) ha descendido al 14% desde el 42% de 1981. Incluso aunque la desigualdad se ha desbocado en muchos países, a escala mundial se ha reducido, gracias al ascenso de Asia.

La revolución digital permite acceder a información instantánea inimaginable hace tan solo un par de décadas. Y la revolución tecnológica hoy posibilita estar en contacto con amigos y familiares de los que, en otra época, nos habríamos distanciado. La medicina ha avanzado exponencialmente. Y los derechos de las minorías tienen voz propia. La democracia es la forma de gobierno que más avanza y que más consolidada está. Y viajar en coche, en ferrocarril, en barco o en avión para visitar cualquier lugar del mundo está al alcance de muchos.

Pero Deaton nos advierte: el progreso no está siempre garantizado. La humanidad ha pasado la mayor parte de su historia sin hacer ningún avance, sin que la vida se prolongase, ni que los ingresos aumentasen, ni que las minorías se respetasen, ni que los avances médicos o tecnológicos se universalizaran. La incertidumbre, la pobreza y la extrema desigualdad eran la norma.

El gran escape se refiere al proceso que comenzó con la Ilustración y que hizo del progreso la brújula a adoptar. Los dogmas y las creencias de las religiones quedaron relegados y la razón y la ciencia emergieron con fuerza. Un punto de inflexión histórico que trajo consigo la urbanización, la planificación, la industrialización, la educación, la sanidad… con vocación universal.

Con prosa magistral y con sencillez encomiable, Deaton reconoce que hemos llegado a cotas de desarrollo impresionantes (viajando hasta la luna y volviendo tras alunizar ella), pero con externalidades negativas muy peligrosas. Y, entre ellas, dos que pueden ser letales para nuestra civilización: la destrucción masiva de nuestros ecosistemas (la única fuente de vida y la base de nuestra economía) y el aumento de la desigualdad en la mayoría de los países ricos, impactando sobremanera en las clases medias y en los pobres.

Sólo hay una manera de corregir ambos problemas: mediante decisiones políticas considerando un mundo muy globalizado. Si no se abordan pronto ambas cuestiones, para corregirlas, el cambio climático acabará afectando de manera dramática a nuestras vidas y la desigualdad social rampante acabará provocando niveles de frustración, de resentimiento y de odio en capas cada vez más amplias de la población, que acabarán propiciando el ascenso al poder de populismos ingobernables o violentas revueltas de impredecible intensidad y ubicación.

Dado que el progreso nunca está garantizado (se genera a través del trabajo, del esfuerzo y de decisiones políticas, nunca a través del dogma), Deaton nos recomienda reconocer y mantener los imponentes niveles de progreso, pero dotando de una perspectiva global a la economía, para evitar un mundo crecientemente inequitativo y sostenible en su desarrollo futuro. Es eso. O no habrá salida pacífica a la situación actual, en la que cada vez se deja a más y más gente atrás o en la cuneta. Nos conviene a todos, por lo tanto, pavimentar la carretera en esa dirección: la recuperación del crecimiento con equidad (pensando en la provisión de bienes públicos) y reconocer que no hay economías sin ecología. Advertidos estamos.

beerderberg.es/r

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El Tribunal de Cuentas señala que el Plan E de Zapatero generó unas pérdidas de 7.800 millones

El Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como Plan E de Zapatero para reactivar la economía durante la crisis, presentó unas “pérdidas” globales de 7.836 millones, según el Tribunal de Cuentas, que ha detectado numerosas irregularidades en su aplicación.

Así lo pone de relieve un informe del Tribunal de Cuentas complementario a otro realizado desde el punto de vista del ámbito local, que estudió una muestra de 400 ayuntamientos beneficiarios del fondo y que concluyó que únicamente el 15 % de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto.

Según ha expuesto hoy en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el presidente de este órgano fiscalizador, Ramón María Álvarez de Miranda, la imputación presupuestaria de las aportaciones realizadas por el Ministerio al fondo no siguió el criterio establecido en la normativa contable relativa a los fondos carentes de personalidad jurídica.

Las cuentas anuales del fondo correspondientes a los ejercicios 2009 a 2011 representan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial, del resultado de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, de conformidad con las normas y principios aplicables.

En el informe, de ámbito estatal, el Tribunal de Cuentas detalla que los resultados del fondo presentaron unas «pérdidas» de 5.435 millones de euros en 2009, 2.304 millones en 2010 y 97 millones en 2011, como consecuencia del criterio contable de registrar como gastos las subvenciones concedidas a las entidades locales y como ingresos los reintegros e intereses de demora cobrados.

De las 8.112 entidades locales a las que correspondía el reparto teórico de los recursos, solicitaron financiación 8.094 municipios, las dos ciudades autónomas y siete mancomunidades, y se autorizaron proyectos, finalmente, para 8.082 municipios, Ceuta y Melilla y seis mancomunidades.

Las inversiones realizadas por las entidades locales no superaron, en ningún caso, el importe máximo de inversión establecido legalmente. Con fecha de 30 de noviembre de 2012 no quedaba ningún proyecto pendiente de liquidación y el importe total pagado ascendía a 7.838 millones de euros, el 97,98 por ciento del total de los fondos inicialmente autorizados.

Respecto al análisis de los criterios para la adjudicación de los contratos establecidos en los pliegos-tipo elaborados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Tribunal considera que eran «excesivamente genéricos e imprecisos».

Hubo retrasos en los plazos en el 83 por ciento de los proyectos analizados y en el 44 por ciento de los proyectos analizados se detectaron demoras en el pago de alguna certificación de obra.

La Intervención General de la Administración del Estado realizó 423 informes de control financiero, en los que halló deficiencias e irregularidades relativas, principalmente, a la falta de compromiso de creación de empleo por el adjudicatario, a la existencia de inversiones que no cumplían los requisitos legales para su financiación y a la justificación fuera del plazo establecido.

Sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de creación y mantenimiento de empleo, el órgano fiscalizador aprecia la desviación a la baja respecto a lo comprometido y la contratación de muchos trabajadores por periodos muy cortos.

Seguimiento

Así las cosas, recomienda que, si se aprueban fondos de similares características, se introduzcan los cambios oportunos en la aplicación informática de gestión de los mismos, facilitando el adecuado seguimiento y control de los reintegros y de los intereses de demora liquidados.

También aconseja al Ministerio que establezca un adecuado sistema de seguimiento del cumplimiento de las condiciones, que se subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en el informe y que se definan de forma más precisa los objetivos del fondo.

Del mismo modo, se sugiere que, en la regulación de instrumentos como el fondo, que constituye el objeto de la fiscalización, exija que en el criterio de creación o fomento del empleo se valore el número de trabajadores nuevos contratados o ya empleados, en función del número de días trabajados.

El portavoz del PSOE en la comisión, Antonio Hurtado, ha querido quedarse con lo «positivo» del Plan E, como los 426.000 empleados creados y los 244.000 que se mantienen, mientras que, por Ciudadanos, Vicente Ten Oliver ha considerado al Plan E como «el mayor ejemplo de fracaso del PSOE para hacer frente a la crisis».

abc.es/economia

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El FMI sitúa a España como la economía avanzada que más crecerá en 2017

Una suerte de optimismo moderado vuelve a impregnar los pasillos del Fondo Monetario Internacional, que esta semana celebra en Washington su Asamblea de Primavera. El organismo multilateral sostiene que la recuperación empieza a tomar forma y la economía global podría estar ante “un punto de inflexión” tras los decepcionantes resultados de los últimos tiempos. En medio de ese panorama algo más soleado, España ocupa un lugar prominente, como la economía avanzada que más crecerá en el 2017, por delante de Estados Unidos y Gran Bretaña. El Fondo ha mejorado su previsión respecto del análisis que publicó el pasado enero en tres décimas para situarla en el 2,6% del producto interior bruto (PIB), una décima más de la cifra utilizada por el Gobierno para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales.

Esa estimación sugiere que el Ejecutivo ha actuado con cautela al elaborar su cuadro económico, a pesar de que las proyecciones del Banco de España apuntan a una expansión del 2,8% para este año. Mirando hacia delante, sin embargo, la trayectoria es descendente. Tras dos años creciendo por encima del 3%, se pasaría en este ejercicio al 2,6% y al 2,1% en 2018, un porcentaje que en cualquier caso seguirá por encima de la media de la eurozona. Entre los Diecinueve, Alemania e Italia pierden fuelle, mientras Francia sigue instalada en la mediocridad y con unas elecciones cargadas de incertidumbre a la vuelta de la esquina.

El FMI sitúa a España como la economía avanzada que más crecerá en 2017

La revisión al alza de la economía española, motivada por “la fuerte demanda interna”, está en consonancia con el impulso que ha tomado la actividad mundial desde mediados del 2016 gracias al repunte del comercio y las manufacturas. “La aceleración que esperábamos desde hace un tiempo parece estar tomando cuerpo”, afirma el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld. Un dictamen aplicable tanto a los emergentes como a las economías avanzadas. Los precios de las materias primas se han recuperado, gracias al acuerdo de la OPEP para moderar el grifo de la producción de petróleo y “a las expectativas de una demanda global más robusta”. Ese factor ha aliviado las presiones sobre los exportadores de materias primas y ha ayudado a que los riesgos de deflación (caída continuada de los precios) en EE UU o en la zona euro se disipen.

El crecimiento global se situará este año en 3,5% del PIB, una décima más de lo previsto hace tres meses, y cuatro más que al cierre del 2016. En las bolsas, la situación sigue siendo “boyante”, una euforia que el Fondo atribuye a los planes de la Administración Trump para adoptar políticas fiscales de estímulo y reducir las regulaciones, así como a los estímulos en China, que habrían servido para sortear algunos de los riesgos asociados a su transición hacia un modelo económico menos dependiente del comercio exterior.

España es uno de los países donde se ha diluido el riesgo de deflación. Tras acabar el pasado ejercicio con una inflación negativa, este año se situaría en torno al 2,4%, lo que provocará sin embargo que siga reduciéndose el poder adquisitivo de la ciudadanía, dado que los precios aumentarán más que los salarios, según apuntó recientemente el Banco de España. No son buenas noticias para uno de los países donde más ha aumentado la desigualdad desde el estallido de la crisis, una situación que el Fondo explica por “profundo ajuste” que el país acometió para salir del agujero y la devaluación interna que empresas y administraciones pusieron en marcha para recuperar la competitividad.

“La recuperación de los últimos tres años ha sido positiva y cuando el desempleo cae estas tendencias se revierten”, ha dicho el director adjunto del departamento de Investigación, Gian Maria Milessii-Ferretti, refiriéndose a la desigualdad. “Todavía queda mucho margen de recuperación porque el paro es todavía alto, pero se ha progresado”. La previsión del Fondo es que el paro siga cayendo para situarse este año en el 17,7% de la población activa, casi dos puntos menos que en 2016. Un año después quedaría en el 16.6%, una cifra que, no obstante, seguirá doblando a la media europea.

Pese a los brotes verdes que asoman en el horizonte de la economía global, el FMI advierte de que persisten problemas estructurales, como el bajo crecimiento de la productividad y la desigualdad en los ingresos, que siguen restándole ímpetu a la recuperación. “Hay significativos riesgos a la baja que siguen eclipsando las perspectivas a medio plazo”. Uno de ellos reside en la posibilidad de que se produzca “un giro proteccionista que haga estallar una guerra comercial”. Esos temores se derivan en gran medida de los planes anunciados durante la pasada campaña por Donald Trump, aunque hasta la fecha el presidente de EE UU no los ha cumplido. “Hay una distancia enorme entre la retórica electoral y los pasos reales que se han dado”, ha reconocido el economista jefe, Maurice Obstfeld.

elperiodico.com

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Las eléctricas solo podrán cortar el suministro cuando hayan reclamado tres veces el impago

Las comercializadoras de electricidad deberán comunicar a los consumidores los impagos de sus facturas desde el primer momento que suceda. Con posterioridad a esta comunicación, reclamarán fehacientemente el pago, ya sea por correo certificado, burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. En caso de que esta reclamación no pueda ser entregada, se prevé la realización de una segunda reclamación, utilizando vías alternativas de notificación. Por último, y antes de proceder al corte de suministro, deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Si no se ha recibido el pago de la factura en dos meses desde esta tercera reclamación de pago, las comercializadoras podrán proceder a la suspensión del suministro.

Este es el mecanismo que figura en el borrador del reglamento enviado por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a las comunidades autónomas.

Este plazo se ampliará a cuatro meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y adoptar así las acciones necesarias para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social, «evitando los cortes indeseados», subraya el borrador.

Como novedad fundamental, se crea una tercera categoría constituida por los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social. En estos casos, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares.

En cuanto al bono social, el borrador recoge las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación en las Cortes. «Establece un mecanismo más eficiente, basado en criterios de renta de la unidad familiar, para que sea más accesible y refuerce la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social». Así, se crean diferentes categorías para los hogares vulnerables de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para circunstancias especiales (como el grado de discapacidad, entre otras) basadas en supuestos socioeconómicos.

Además, se crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

 

abc.economia

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Una potente y eficaz banca pública: garantía de crecimiento inclusivo

La importante presencia de una banca pública rentable y solvente en gran número de países desarrollados (Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc.) cuestiona la visión ideologizada que ha querido darse en nuestro país sobre las causas que originaron la crisis financiera de algunas Cajas de Ahorros.

El estudio de la profesora Adrianova de la universidad inglesa de Leicester (Public Banks and Financial Stability), usando datos del periodo 1995 a 2007, ha llegado a la conclusión que, para países que tienen características similares, un alto grado de propiedad pública de los bancos es una garantía de mayor crecimiento del PIB.

No solo los bancos públicos pueden propiciar un mayor crecimiento del PIB, también el comportamiento de los bancos públicos, en situaciones de crisis, puede ser más positivo que el de los bancos privados. Las conclusiones de un estudio realizado por Alfredo Schclarek y Michael Brei sobre el comportamiento de 560 bancos privados y públicos en la crisis financiera[1] son que los bancos públicos:

  • Prestan más que el sector bancario privado. Los bancos privados redujeron el crédito, como media, un 5,5%, mientras que los bancos públicos incrementaron sus líneas de crédito en un 9,4%, contrarrestando la caída de crédito privado.
  • Evitan parcialmente que la crisis financiera se extienda a la economía real.
  • Tienen un importante papel en la reconversión de los sectores productivos tras la crisis.
  • El crédito de los bancos públicos es muy importante para que las medidas de política monetaria de reactivación tengan éxito. Como se puso de manifiesto en el caso del nacionalizado Northern Rock en el Reino Unido.
  • Son considerados más seguros por los ahorradores. Debido a que, ante situaciones de crisis, los bancos públicos son más recapitalizables que los bancos privados, ya que los gobiernos tienen más recursos que los banqueros privados, y por ello sufren menos retiradas de depósitos. Los bancos públicos no tienen como único objetivo maximizar sus beneficios, sino también impulsar la actividad económica.

Incluso “The Economist” señaló en 2010 que los bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil fueron un elemento clave para que esos países sortearan la crisis financiera de 2007 que afectó a las economías desarrolladas del Atlántico Norte. En el Informe del Banco Mundial “Repensando el papel del Estado en las finanzas” se reconoce: “El papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis (…) El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito (…) compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados”.

Los bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil fueron un elemento clave para que esos países sortearan la crisis financiera de 2007 que afectó a las economías desarrolladas del Atlántico Norte.

El porcentaje de la participación del Estado en el sistema financiero en los países desarrollados como consecuencia de la crisis, según el propio Banco Mundial, ha pasado del 6,7% en el periodo 2000-2007 al 8% en los años 2008-2010.

Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una moderna política industrial, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita nuestro país. En un mundo de finanzas globalizadas la productividad a largo plazo depende de la capacidad de captar capitales para fijar conocimiento en ese territorio.

La inexistencia en España de instituciones financieras eficaces en la atracción del capital exterior a largo plazo, los grandes bancos privados de nuestro país hoy no cumplen ese papel, hace muy dificil que nuestro país pueda resolver sus actuales insuficiencias productivas, sobre todo en relación con el sector energético y su alta dependencia de combustibles fósiles importados, y con las carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores abiertos a la competencia internacional.

Asimismo, una potente, competitiva, solvente y profesionalizada banca pública minorista que compita en igualdad de condiciones de mercado que la banca privada, como existe en Francia e Italia, podría ser el bypass financiero que permitiera impulsar el flujo de crédito a los hogares y pymes, haciendo que la recuperación de la actividad económica y la creación de empleo sean más robustas.

Tras la desaparición de las Cajas de Ahorro se ha acelerado la tendencia de nuestro sistema financiero a la oligopolización. La conformación del sector bancario español como un oligopolio concentrado en muy pocas entidades, en el que las tres principales entidades podrían abarcar en breve el 70% del mercado según sus propios planes, la escasez de crédito y el endurecimiento de los criterios de solvencia aumentan los riesgos de exclusión crediticia para un creciente número de particulares y empresas. Reducir los costes financieros que soportan las pequeñas y medianas empresas mejoraría la competitividad estructural de la economía española. La demanda intermedia de servicios de intermediación financiera (incluidos los seguros y planes de pensiones y los servicios auxiliares) representaba en 2009 el 6,5% del PIB, según las Tablas Input-Output de la economía española.

Para que la banca pública pueda realizar estas funciones, y para evitar que puedan surgir casos de corrupción en relación con su utilización partidista, es necesario un correcto diseño institucional, en el que haya suficientes instrumentos de control democrático sobre su gestión y en el que la norma sea la transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes.

Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una moderna política industrial, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita nuestro país.

Las Cajas de Ahorros no eran bancos públicos.

De forma intencionada en muchos casos, por desconocimiento en otros, se ha producido en todo el proceso de crisis bancaria en nuestro país una identificación entre las Cajas de Ahorros y la banca pública, cuando son instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus sistemas de gobierno corporativo.

Las Cajas de Ahorros en España no tenían participaciones negociables, acciones, que pudieran cotizar en el mercado bursátil y que pudieran disciplinar una gestión incorrecta[2], como sucede con la banca privada, pero tampoco eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades políticas por una deficiente gestión.

La liberalización financiera iniciada en 1977 supuso situar a las cajas de ahorro en un limbo en cuanto a los derechos de propiedad, definidas como instituciones privadas de carácter fundacional pero sin el régimen jurídico propio de las fundaciones. La regulación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro en los años del boom inmobiliario estaba definida por la Ley 31/1985, aunque la Ley 44/2002 introdujo un cambio en los porcentajes de voto en los órganos de gobierno de las partes interesadas no accionistas, stakeholders en la terminología anglosajona, que tras dicha ley quedaron establecidos en tres grupos: administraciones públicas, clientes-impositores y trabajadores. Dicha Ley dejaba a la concreción de la legislación de las comunidades autónomas los porcentajes definitivos, aunque dentro de unas horquillas: los representantes de las administraciones públicas no debían superar el 50%, la representación de los clientes-impositores debía estar entre el 25 y el 50% y la de los trabajadores entre el 5 y 15%. En la práctica la Ley supuso una reducción del poder de las administraciones públicas en la gestión de las cajas de ahorro, ya que antes superaban el 50% en muchos casos. La representación de las administraciones públicas, no obstante, era plural, ya que debía tener en cuenta el peso de cada partido político en las diferentes administraciones representadas.

La deficiente regulación del gobierno de las cajas de ahorros, y el relajamiento de los mecanismos de control interno, agravó hasta límites exagerados un típico problema de agencia. Los gestores de las Cajas, los altos directivos, fueron concentrando cada vez un mayor poder de esas entidades en sus manos, sin ningún control, de forma que finalmente consiguieron imponer sus intereses por encima de los de las propias entidades, hasta poner en cuestión su propia viabilidad. No había accionistas, ni gobierno en el caso de que hubiese sido una banca pública, que defendieran sus intereses frente a los gestores.

El caso más extremo de concentración de poder es el volumen de fondos de libre disponibilidad inversora en participaciones estratégicas del que dispuso el expresidente de Cajamadrid, el recién condenado Miguel Blesa. Este señor podía decidir el destino de este fondo, que llegó a alcanzar los 2.000 millones de euros, un 0,2% del PIB español, sin dar cuenta ni a la comisión ejecutiva, ni al comité de inversiones, ni al consejo de administración. Algo inaudito, ya que en los bancos privados los gestores deben responder a los accionistas y en los bancos públicos al gobierno que les nombra. De esta peligrosa situación era consciente el Banco de España ya en 2006, pero no tomó ninguna medida, algo que finalmente parece que investigaran los tribunales y el Parlamento.

[1] Public bank Lending in Crisis Time. Alfredo Schclarek (University of Cordoba, Argentina) y Michael Brei (Univertity Paris Ouest, Francia). Mayo 2011.

[2] El gobierno de las cajas de ahorro españolas. Valentín Azofra y Marcos Santamaría. Universia Business Review. Segundo Trimestre 2004.

 

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Las primeras señales que auguran el fin de los centros comerciales

Sólo en 2017, las grandes marcas clausurarán más de 3.500 tiendas en todo el país. La revista Forbes acaba de compilar los anuncios de clausuras de las cadenas y el resultado –asegura— es mucho peor del previsto. El auge de la venta on line y el declive de los visitantes a los centros comerciales está mermando los resultados de las grandes marcas.

La cadena de zapatos Payless Shoes cerrará mil tiendas este año, mientras que Radio Shack afronta la liquidación. Cerrará 552 establecimientos y ha comenzado la venta a precios de saldo.

La crisis del centro comercial: cierran más de 3.500 tiendas en Estados Unidos por el comercio electrónico

Le siguen The Limited (250 cierres), Family Christian (240), Wet Seal (171), Crocs (160), JC Penney (138) y Chico (120). La cadena multimarca Macy’s cerrará en los próximos meses 100 tiendas en todo el país y ahora dará el vuelco hacia los zapatos. Sears, otra de las grandes multimarca, sumará 40 más a la larga lista de clausuras de los últimos dos años.

La grave caída de ventas afecta a todos los sectores: la mayor cadena de farmacias (CVS) reducirá 70 establecimientos y Guess y Abercrombie & Fitch, 60 cada una.

Lo que viene en España

Los grandes de la distribución en EEUU ya han encontrado un culpable: Amazon y el resto de tiendas on line que ofrecen precios baratos y una política de retorno de producto difícil de mejorar. Los centros comerciales también están afrontando dificultades en España. Zara ha salido de varios centros comerciales en los últimos meses. Sólo en Madrid las marcas de Inditex abandonaron La Albufera, y también dejaron al centro comercial de Parque Corredor, Getafe 3 y Parque Éboli

La crisis del centro comercial: Inditex y Media Markt sólo buscan tiendas céntricas

La cadena abandona la periferia para concentrar grandes macrotiendas en los centros de la ciudades, una apuesta que resulta mucho más rentable en términos de explotación, según la patronal Acotex. Es la misma estrategia adoptada por Mango, que acaba de abrir su flagship en la céntrica calle Serrano de Madrid.

De la periferia al centro

Incluso las grandes tiendas como Media Markt, que han permanecido fuertes en los centros comerciales de la periferia, ahora cambian de estrategia y se mudan al centro de las ciudades. La cadena alemana, que libra una dura batalla con Amazon, ha abierto en plaza de Cataluña en Barcelona, en la calle de Alcalá en Madrid y ultima la apertura de una nueva tienda a pocos metros de la Puerta del Sol.

Los centros comerciales rebajan alquileres y hacen ofertas a las grandes cadenas de supermercados y a las marcas que atraen público como Inditex, pero cada vez es más difícil llenar sus grandes pasillos al menos que surjan ofertas novedosas.

Es el caso del nuevo centro comercial Sambil, el primer gran outlet de Madrid junto a una parada de metro que abrió donde otro centro comercial había cerrado. Sambil desbordó en su inauguración y generó largas colas de coches el primer fin de semana. La pregunta es ¿se mantendrá o también será batido?

economiadigital.com

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La jornada laboral de seis horas es viable: el experimento en Suecia no tuvo en cuenta varios factores

En febrero, después de casi dos años con jornadas de trabajo de seis horas, las enfermeras del centro geriátrico Svartedalens en Gotemburgo, Suecia, tuvieron que volver a sus turnos de ocho horas porque a primera vista los costes de este experimento superaron los beneficios. No obstante, una nueva investigación vuelve a incidir en los beneficios de los horarios laborales más cortos, unos dividendos que se recogen con el paso de los años: salud y productividad.

La ciudad de Gotemburgo no extendió el experimento, en gran parte porque se acabó la financiación. Costó unos 12 millones de coronas (1,3 millones de dólares) contratar a 17 empleados adicionales necesarios para cubrir los vacíos generados por los horarios más cortos. La ciudad había presupuestado sólo dos años, y los legisladores dijeron que sería demasiado costoso implementar el proyecto en todo el municipio.

De modo que, por ahora, el proyecto llegó a su fin. Sin embargo, existen ahorros claros a largo plazo que el proyecto no tuvo en cuenta. Trabajar menos horas se tradujo en trabajadores más saludables, constató el investigador Bengt Lorentzon en un nuevo artículo. “Estaban menos cansados, menos enfermos, tenían más energía al llegar a su casa y más tiempo para realizar actividades”, explica Lorentzon.

Específicamente, las enfermeras cogieron menos días de baja por enfermedad que cuando trabajaban jornadas más largas de ocho horas diarias. Las bajas por enfermedad disminuyeron en comparación con los enfermeros del grupo de control y respecto a los enfermeros de toda la ciudad de Gotemburgo.

Las enfermeras del grupo de control necesitaron un 62,5% más de días por enfermedad durante el mismo período que los trabajadores del grupo expermiental (los que tenían jornadas de seis horas). Las enfermeras que trabajaron menos horas necesitaron menos tiempo libre durante sus jornadas.

Si bien el estudio comprobó que existían varias mejoras con el cambio de jornada, no midió los potenciales ahorros de costes a largo plazo derivados de unas enfermeras con una salud más fuerte. Pero una cosa es evidente, dice Lorentzon: el hecho de que las actitudes y la salud fueran mejores también estuvo acompañada de una atención de mejor calidad en el centro geriátrico. Es decir, se produjeron ciertos beneficios que son difíciles de medir analizando sólo ingresos y gastos.

En general, la población activa de enfermeras en Suecia presenta una salud más débil que el sueco promedio. Aunque el estudio no duró lo suficiente como para medir totalmente los efectos de las jornadas más cortas sobre la salud, la investigación indica que las enfermeras que trabajan sólo seis horas experimentan beneficios permanentes para la salud, lo cual se traduce en ahorro para la empresa que los emplea.

“La presión arterial es levemente más baja en las enfermeras de Svartedalens y el centro de referencia en comparación con el valor normal correspondiente a todos los profesionales del sector”, según el estudio.

Un nuevo trabajo de investigación publicado en Mayo Clinic Proceedings constató que los empleados más saludables gastan la mitad en atención médica. Analizando a 10.000 empleados en un sistema de salud en Florida, los científicos comprobaron que los que tenían una salud cardiovascular “ideal”, gastan unos 4.000 dólares anuales menos en salud que los que tenían una salud cardíaca “deficiente”.

“Un análisis más completo de Suecia debería incluir esta ventaja”, explica Eduardo Sánchez, uno de los autores del estudio estadounidense y director médico de Prevención en la American Heart Association. “La cuestión es ¿qué medían en términos de costes y qué se incluyó y no se incluyó?” El experimento de Svartedalens no calculó en absoluto el ahorro en salud que implica enfermeras más saludables, tampoco tuvo en cuenta la reducción de costes a largo plazo por el mejor trabajo de unas profesionales más fuertes y productivas.

eleconomista.com

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