Bankia reclama la responsabilidad civil de Blesa por el caso de las «black»

Bankia, heredera del negocio de la extinta Caja Madrid, ha presentado un escrito de alegaciones ante la Audiencia Nacional por el que reclama la responsabilidad civil del expresidente de la entidad Miguel Blesa, fallecido el pasado 19 de junio, en el marco del proceso de las tarjetas «black».

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Bankia, que ejerce la acusación particular como perjudicada por los hechos juzgados en esta pieza separada, se opone además en el documento a devolver a los herederos de Blesa cualquier cuantía depositada por el exbanquero durante el procedimiento, incluidos los cerca de 437.000 euros que desembolsó con su tarjeta.

De este modo, la entidad, que también ha registrado estas alegaciones ante el Tribunal Supremo, reclama que se haga efectiva la condena dictada el pasado 23 de febrero por la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que obligaba a Blesa a responder de forma conjunta y solidaria con el resto de condenados de las cantidades totales dispuestas entre 2003 y enero de 2010, cuando todavía estaba al frente de Caja Madrid.

Unos 9,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, cuya cuantía final deberá ser fijada después de que el Supremo se pronuncie acerca de los recursos interpuestos por las partes y de la que habría que descontar lo percibido por los exconsejeros y exdirectivos fallecidos o apartados de la causa, así como los ingresos efectuados al FROB y Bankia.

Las mismas fuentes apuntan a que los magistrados podrían deliberar acerca del escrito a partir de septiembre, una vez inaugurado el nuevo curso judicial y a la vuelta de la pausa estival, dado el carácter inhábil del mes de agosto.

Estas apelaciones se conocen después de que el pasado 31 de julio el Tribunal Supremo declarase extinta la responsabilidad penal del que fuera presidente de Caja Madrid, inicialmente condenado a seis años de prisión por apropiación indebida en el caso de las tarjetas «black», a consecuencia de su fallecimiento.

En su diligencia, la sala segunda del alto tribunal formalizaba y daba traslado a la Audiencia Nacional de una medida contemplada por la ley para todos aquellos casos en los que se produzca la defunción del condenado, incluso antes de que la sentencia se haya hecho firme.

abc.es

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El Santander no dará ‘ni un duro’ a Ángel Ron

l Santander va a compensar a los clientes del Popular que acudieron a la última ampliación de capital y que se vieron afectados por la resolución de hace dos meses. Pero no a todos. El expresidente de la entidad, Ángel Ron, que también fue uno de los accionistas atrapado en esa operación, no verá ‘ni un duro’.

El banco presidido por Ana Botín, según explica El Confidencial Digital, dará “bonos de fidelización” a estos accionistas dentro de un plan, cuyo un coste será de 680 millones de euros. Para ello los clientes afectados tendrán que mantener la relación comercial con la entidad. Pero habrá excepciones.

El Santander dejó claro en una nota a la CNMV el pasado julio que esta compensación no la percibirían aquellos que hubiesen sido miembros del consejo de administración del Popular en cualquier momento antes de su resolución, así como otras personas vinculadas a ellos y los accionistas que individual o concertadamente hayan tenido una participación significativa en Popular declarada en la mancionada Comisión de Mercados y Valores.

El expresidente Ángel Ron y el resto de vocales que estaban entonces en la dirección, apunta este diario digital, invirtieron en esa ampliación de capital en torno a 525 millones. Algo que usarán para defenderse de las demandas de accionistas, que les acusarán de ocultar la situación financiera real del banco.

Ron y estos vocales se defenderán en que ellos también se jugaron si dinero y han perdido sus ahorros como el resto de accionistas. Eso sí, no van a recuperar ni un euro.

El dinero invertido supone una quinta parte de los 2.505 millones que el Popular captó en esa ampliación entre inversores institucionales y particulares. Todos los consejeros acudieron. Así, Ron invirtió unos 138.000 euros y ahora le correspondería recuperar en torno de 128.500, ya que el importe a entregar dependerá de la inversión que se hizo. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%.

Junto a Ron, el mexicano Antonio del Valle, la familia chilena Luksic o la Sindicatura de accionistas tampoco percibirán nada. De esto se librará Emilio Saracho, su sucesor en el cargo, que no llegó a comprar títulos del banco.

elboletin.com

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Las viviendas con piscina se venden un 43% más caras

El precio medio de las viviendas con piscina es de 2.205 euros por metro cuadrado, un 43% más respecto a las viviendas sin ellas, cuyo precio medio de venta se reduce a 1.544 euros por metro cuadrado, según un análisis realizado por el portal inmobiliario idealista.

Las diferencias de precios entre pisos con piscina y los que no la tienen varían según las capitales. La mayor diferencia se encuentra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde los precios varían un 59,2%, seguido de Lleida (57,8%), Tarragona (53,7%) y Huesca (49,7%).

Por su parte, en la ciudad de Barcelona la diferencia llega hasta el 39,1%, mientras que en Madrid se queda en un 34,9%.

Por el contrario, en Salamanca los pisos con piscina son solo un 0,4% más caros, seguida por A Coruña (6,5%), Sevilla (8,5%), Girona (9,4%) y San Sebastián (9,9%).

El análisis del portal inmobiliario resalta que el 18,7% de 518.000 pisos en venta publicados en idealista cuenta con acceso a piscina.

Por capitales, Alicante es la ciudad que más casas con piscina tiene anunciados (31,4%), seguida de Ciudad Real (23,1%), Málaga (22,9%), Madrid (21,9%) y Logroño (17%). En Barcelona el 7,7% de los pisos dispone de ella.

eleconomista.com

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Casi 300.000 personas abandonan el mercado laboral en un año

El número de personas inactivas, es decir, que no trabaja ni busca empleo, ha aumentado en el último año en casi 300.000, hasta rozar los 16 millones y marcando un máximo histórico para un segundo trimestre.

Los últimos datos relativos al segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) detallan que son 15.901.500 las personas inactivas en España, una cifra que, si bien ha disminuido en 13.200 respecto al trimestre anterior, se ha incrementado en casi 300.000 en el último año.

De esta forma, el número de inactivos se sitúa muy cerca de los 16 millones de personas al alcanzar la segunda mayor cifra registrada en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE), por detrás de los 15.914.700 del primer trimestre del año.

En la comparativa interanual, más correcta al tratarse de periodos comparables, se refleja un incremento del 1,74% del número de inactivos en el segundo trimestre, el mayor desde el año 1984.

La mayor parte de los inactivos son mujeres (9,2 millones), aunque su número se ha incrementado en 100.000 personas, siendo los hombres, con un total de 6,6 millones, los que más inactivos ha sumado en el último año, casi 200.000 más.

El número de inactivos se ha incrementado en el último año en todos los tramos de edad, menos entre los de 25 a 29 años, 40 a 44 años y 55 a 59 años.

No obstante, los mayores incrementos los han experimentado los mayores de 65 años, que han sumado 140.000 inactivos desde junio de 2016, lo que responde a las personas que dejan de trabajar al jubilarse.

Así, atendiendo a la clase de la inactividad, en el último año se han incorporado 153.500 personas por jubilación o prejubilación, a las que habría que añadir 65.000 más por incapacidad permanente.

También se ha incrementado en 22.100 el número de inactivos por motivos de estudios, y es que entre la población de 16 a 24 años han pasado a la inactividad más de 30.000 personas en el último año.

Incapacitados, jubilados y cuidadores

Además del incremento de los incapacitados y jubilados, destaca el aumento del número de inactivos que se dedican al cuidado de niños, adultos enfermos, incapacitados y mayores, con 97.800 más en el último año.

No obstante, aunque el número de inactivos que habían tirado la toalla y ni siquiera buscaban un empleo se ha reducido en 56.000 personas en el último año, estos desanimados superan aún las 300.000 personas y la mitad de ellos son mayores de 55 años.

En el primer trimestre del año había más de 10,2 millones de inactivos que perdieron su empleo hace más de un año y su número ha crecido en casi 200.000 personas desde junio de 2016.

La mayor parte de los inactivos no ha concluido la educación secundaria (más de 11 millones de personas), si bien destacan los más de 2 millones de personas que tiene estudios superiores y no trabaja ni busca empleo.

Factor que explica la bajada del desempleo

En su último informe de coyuntura laboral, CCOO destacaba precisamente que “el descenso del paro es mayor que la creación de empleo”, debido a que hay “otros factores” que explican la reducción del desempleo.

El sindicato apunta que la población se está reduciendo por el envejecimiento y la emigración, lo que influye positivamente en las estadísticas laborales, al tiempo que aumenta la población activa, “primero por el aumento de las personas desanimadas” y después, por las jubilaciones y otros factores.

De la misma manera, UGT constata que la población activa mantiene “un progresivo descenso, ligado en parte a los procesos de emigración y al efecto desánimo entre el colectivo de desempleo de larga duración”

eldiario.es

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¿Ha superado realmente Europa la crisis? Los salarios y el desempleo desmienten a Bruselas

Según Bruselas, la crisis es ya historia. Ayer, diez años después de que BNP Paribas diera el primera aviso de lo que posteriormente ocurrió, la Comisión Europea hizo balance de lo acontecido durante la última década. Con muy pocas críticas y muchas alabanzas a su propia gestión, la UE subrayó que, a pesar de que la crisis “no comenzó en Europa, los estados miembros actuaron con determinación para contener el impacto

El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, aseguró que gracias a la actuación “decisiva” de la UE la unión monetaria “es ahora más fuerte que antes”, mientras que el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, destacó que “la evolución económica reciente es alentadora”. Y a todo ello, Bruselas sumó que “el desempleo está en su menor nivel desde 2008, la banca es más fuerte, la inversión está creciendo y las finanzas públicas gozan de una mejor salud”. Todo, por lo tanto, rezumó optimismo.

Sin embargo, la realidad es que la situación sigue lejos de ser ideal. Las diferencias entre los estados miembros son aún notables. En países como Grecia (21,7%), España (17,1%) o Italia (11,1%), el paro es varios puntos superior a la media europea. El panorama es aún más preocupante si hablamos de desempleo juvenil que supera el 45% entre los jóvenes griegos y el 39% entre los españoles.

Además, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social -23,1% en la Eurozona, según los últimos datos de Eurostat- sigue estado en valores superiores no sólo a los años que precedieron a la crisis, sino también a las cifras registradas durante la recesión. Asimismo, el índice de Gini, que mide la desigualdad, se situó por encima del 30%, a un nivel similar al del inicio de la crisis en 2008.

Que la recesión todavía no se ha superado lo evidencian también los sueldos, algo que incluso el presidente del Banco Central Europeo (BCE) reconoció hace apenas unas semanas. Mario Draghi, cuyo “haré todo lo necesario” para asegurar el futuro de la moneda común cumplió también recientemente cinco años, afirmó en la última rueda de prensa del organismo que que seguirá inyectando mensualemente 60.000 millones a la economía europea por dos motivos: porque la inflación está lejos del 2%, y porque “la recuperación no ha llegado a los salarios”.

Pérdida de poder adquisitivo

En España los datos sobre este respecto son elocuentes. Según la última Encuesta Anual de Coste Laboral del INE, el salario anual bruto por trabajador se redujo un 0,3% en el último año, hasta situarse en los 22.771 euros, a pesar de que en ese mismo periodo la economía creció más de un 3%.

Además, desde 2008, que es el primer año del que existen datos y cuando la crisis ya estaba golpeando con fuerza, el crecimiento de los sueldos asciende a exiguo 5,2%. En cambio, la inflación ha repuntado más de un 10% en el mismo periodo, por lo que la pérdida de poder adquisitiva es manifiesta.

Este mismo país, que para la UE es ahora un ejemplo de cómo superar la crisis, está todavía tutelado por Bruselas. Junto a España, Francia y Reino Unido siguen aún dentro del procedimiento de déficit excesivo; muestra de que las grandes economías de la región todavía tienen problemas para controlar sus cuentas.

Tal vez por todo ello, Moscovici sí reconoció que «aún queda mucho por hacer», y en esa misma línea Dombrovskis aseguró que «debemos aprovechar este progreso, completar la unión financiera, reformar nuestras economías para fomentar la convergencia, la inclusión y la capacidad de recuperación y mantener las finanzas públicas sostenibles».

elmundo.es

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Cómo calcular la retribución en vacaciones.

a retribución de las vacaciones es una de los derechos más significativos en el ámbito de las relaciones laborales. A partir de los años sesenta, este derecho emerge como uno de los pilares del Estado del bienestar determinando las posibilidades de ocio y turismo de los españoles durante el periodo vacacional. Por esta razón, el método para calcular la retribución toma especial relevancia, al ser un derecho básico en nuestras relaciones laborales.

Las últimas sentencias del Tribunal Supremo en la materia (496/2016 y 497/2016, ambas de 8 de junio de 2016) concretan un aspecto fundamental, al aclarar los conceptos que deben incluirse en el cálculo de la retribución cuando el salario del trabajador está compuesto, además del salario base, de comisiones e incentivos, u otros pluses.

Sobre el derecho de vacaciones, el artículo 38 del actual Estatuto de los Trabajadores únicamente estipula su carácter retributivo, su no posibilidad de sustitución por compensación económica y su duración igual o superior a 30 días naturales. En consecuencia, el Estatuto no regula la cuestión fundamental de la retribución a percibir por el trabajador durante el disfrute de sus vacaciones, dejando un vacío legal que únicamente produce inseguridad jurídica.

Ante este panorama es preciso atender a otras disposiciones que inciden en esta materia, siendo todas ellas de derecho internacional. Así, el Parlamento Europeo en su Directiva 2003/88, artículo 7.1, delega a los Estados miembros la obligación de regular las vacaciones en sus ordenamientos jurídicos, aunque no establece cómo se han de retribuir. La respuesta a esta compleja cuestión la encontramos en el artículo 7.1 del Convenio 132 de la OIT, donde se prevé que la retribución a percibir por el trabajador durante el periodo de vacaciones debe ser la normal o media, incluyendo el importe en efectivo de la parte proporcional que se abone en especie y calculada según las directrices de la autoridad competente de cada país.

Es evidente que la normativa expuesta hasta el momento se presenta como insuficiente para conocer el cálculo a realizar que determine la retribución en periodo de vacaciones, por lo que han sido los tribunales quienes han dado respuesta a esta cuestión.

Las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de junio de 2014 (C-118/13, caso Bollacke) y de 22 de julio de 2014 (C-539/12, caso Lock) pretendieron resolver las incertezas expuestas. En síntesis, estas sentencias valoran la desventaja financiera que sufre un trabajador remunerado, en parte por salario base y en parte por comisiones, si en vacaciones únicamente se le abona el salario base. Estas sentencias entienden que se oponen al derecho europeo las disposiciones nacionales que declaren, en estos casos, el derecho a percibir exclusivamente el salario base, ya que colocaría a este colectivo de trabajadores en una situación perjudicial frente a los que perciben siempre el mismo salario. Por ello, estas resoluciones entienden que deben tomarse en consideración las comisiones percibidas para calcular el importe de la retribución durante vacaciones, aunque dejan en manos de los tribunales estatales el establecimiento de las reglas concretas para su cálculo. El Tribunal justifica esta metodología porque esos importes están directamente relacionados con las funciones del trabajador dentro de la empresa, y no se emplean para cubrir exclusivamente gastos ocasionales o accesorios derivados de la ejecución de tareas del trabajador, como podrían ser el kilometraje o las dietas.

En este contexto, las sentencias del Tribunal Supremo antes citadas resuelven un conflicto interno al aplicar la doctrina europea: ambas concluyen que la retribución de las vacaciones debe calcularse teniendo en cuenta todos los conceptos salariales ordinarios, excluyendo tan solo aquellos que supongan un doble pago o sean extraordinarios. Por ende, la retribución durante el disfrute de vacaciones debe incluir todos los conceptos variables percibidos de forma habitual, incluyendo las comisiones e incentivos y pluses. En definitiva, aplican la doctrina establecida por el TJUE interpretando de manera amplia y prácticamente sin restricciones los conceptos que deben promediarse al calcular la retribución durante las vacaciones, con las únicas excepciones de los conceptos que supongan un doble pago o extraordinarios.

Sobre estas sentencias queremos destacar dos puntos muy relevantes. El primero de ellos es la importancia que se da a los convenios colectivos para establecer el método de cálculo, por lo que el análisis de la norma convencional de aplicación es fundamental para dar una respuesta en esta materia. En segundo lugar, estas sentencias recuerdan que, a pesar de la facultad anteriormente mencionada de los convenios colectivos, de ese cálculo siempre debe respetarse la “retribución normal o media” que establece el Convenio 132 de la OIT. Por ello, y para no ir en contra de este concepto, las comisiones e incentivos percibidos de manera habitual y periódica deben tenerse en cuenta.

En conclusión, las sentencias expuestas interpretan de forma amplia la forma del cálculo de la retribución de vacaciones y desarrollan el derecho del trabajador al descanso efectivo en el disfrute de las mismas. La negociación colectiva es la institución encargada de establecer las reglas a partir de las cuales se calcule la retribución normal o media, que deberán velar por el propósito mencionado. Por lo tanto, los convenios colectivos no deberían perder la oportunidad de regular en este aspecto con el objetivo de evitar perjuicios a los trabajadores afectados.

Montse Rodríguez es directora del área de asesoramiento laboral de BDO.

cincodias.com

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El mercado de las casas se acelera sin el recurso al crédito hipotecario

descenso de los precios de las casas ha tocado suelo hace ya tres años, y desde entonces, subidas moderadas (en torno al 8% este año) se están compatibilizando con ventas crecientes. El mercado no se mueve en volúmenes de compraventas de 2008, pero empieza a tomar un vigor nada despreciable; tanto, que augura un tirón adicional de los precios, salvo que se mantenga la contención en la concesión de crédito. Porque en los seis primeros meses del año, mientras las ventas de casas suben más de un 13%, el nuevo crédito hipotecario desciende más de un 6%.

Cuesta creer que se reproduzca el fenómeno de los primeros años del siglo, cuando la construcción de casas, su venta y el crédito para financiarlas avanzaba cada año más del 20%, y que culminó con niveles muy peligrosos de deuda de los particulares, de mora y riesgo de insolvencia en la banca, y con unos precios de los inmuebles fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población. Si en aquellos años fue la disponibilidad sin límites de financiación uno de los acicates, ahora las autoridades de supervisión están vigilando muy de cerca a unas entidades que, por otra parte, exigen unos niveles de solvencia a los demandantes de crédito muy estrictos.

Los fuertes crecimientos actuales, que en algunas comunidades autónomas superan el 30% en junio (Madrid, Rioja, Navarra, Castilla-León, etc.) no tienen explicación si no se tratara de ventas en muchos casos financiadas por el ahorro acumulado durante los años de la crisis, en los que las familias han estado expectantes esperando tres cuestiones: un abaratamiento de los activos inmobiliarios, una estabilización de la economía y el crecimiento, y una revalorización de los activos financieros, que suponen la base del fortalecimiento del ahorro. Fenómenos como al auge del alquiler, de la mano de la demanda de la población más joven y de la actividad turística en las grandes ciudades, han agitado las ventas. Y aunque hoy no pueda hablarse ni de boom de precios ni de operaciones ni de crédito, conviene mantener la vigilancia del mercado, especialmente del financiero, para evitar los excesos de la primera década del siglo, que han condicionado negativamente la segunda.

cincodias.com

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La empresa no puede eliminar unilateralmente la pausa para el bocadillo

El Tribunal Supremo (TS) rechaza que la empresa pueda dejar de considerar como tiempo efectivo de trabajo la pausa para el bocadillo de forma unilateral, también en los casos en que esta circunstancia fuera admitida por el empresario sin estar recogida en el convenio. Así lo determina en una sentencia del 13 de julio, de la que ha sido ponente la magistrada Segoviano Astaburuaga.

En el litigio, sin embargo, la resolución es en sentido opuesto -se admite que la empresa deje de considerar de forma unilateral el tiempo de la pausa para el bocadillo como parte de la jornada de trabajo-, porque los demandantes no recurrieron la consideración del descanso como una condición más beneficiosa.

“Si la sentencia recurrida hubiera considerado que tal descanso constituía una condición más beneficiosa, el empresario por su única voluntad no podría haber cambiado la consideración de dicho descanso como tiempo no trabajado”, razona la resolución. Sin embargo, al no haber impugnado este extremo en la resolución previa “el mero ajuste de la jornada efectuado por el empresario no requiere acudir al procedimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (ET)” -que regula las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo-.

Más jornadas

En el caso enjuiciado, la empresa, hasta 2014, había admitido que en el calendario laboral se computaran siete minutos y medio de la pausa para el bocadillo como tiempo efectivo de trabajo. A partir de esa fecha, y de forma unilateral, dejó de darles dicha consideración, lo que provocó que la jornada anual pasara de 224,5 días de trabajo a 228,12 jornadas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, en contra del criterio del Juzgado de lo Social, que había absuelto a la demandada, estableció que se había producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin acudir al artículo 41 del ET.

Sin embargo, dentro de sus razonamientos, el TSJ aseveraba que la tolerancia de la empresa en los calendarios laborales de los últimos cinco años, en los que consideraba que 7,5 minutos de los 15 que duraba la pausa eran tiempo efectivo de trabajo, no podía calificarse como una condición más beneficiosa. Algo que solo se produce -explica- si existe la voluntad empresarial de conceder un beneficio por encima de las exigencias legales o convencionales, algo que en este caso no detecta.

Al consentir los demandantes tal pronunciamiento -solo la empresa recurrió en casación el fallo del TSJ-, el TS admite la modificación unilateral de la consideración de la pausa para el bocadillo, puesto que “los trabajadores no tienen derecho a tener una jornada anual inferior a 1.768 horas de trabajo efectivo”.

eleconomista.com

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España, ¿país de camareros?

a buena evolución de los datos de empleo durante los últimos dos años ha trasladado el foco de la polémica no ya a la falta de empleo —aun cuando siga siendo alarmante–, sino a la calidad del empleo creado. Hasta ahora, sin embargo, la mala calidad se predicaba sólo con respecto a una variable: el tipo de contrato laboral (temporal o a tiempo parcial). En las últimas semanas, en cambio, estamos asistiendo a un nuevo objeto de crítica: el empleo se está creando en ramas de actividad con poco valor añadido. De ahí, por cierto, el viralizado titular de que España “se está convirtiendo en un país de camareros”.

La frase parece querer trasladar esencialmente dos mensajes: en España predominan los camareros y, además, éstos son la profesión que más rápidamente se está expandiendo en nuestra economía. Pero ¿es así? No: ni es el grupo predominante de trabajadores ni es el que más rápidamente ha crecido durante la crisis.

Empecemos con una aclaración terminológica: cuando se habla de camareros, en realidad se está haciendo referencia a trabajadores del sector de la hostelería. Por nuestra parte, vamos a intentar afinar al máximo la profesión de camarero a partir de la rúbrica de trabajadores en la actividad de servicio de comida y bebida (que incluye también a cocineros o a repartidores a domicilio). Desde esta perspectiva, ¿cuántos camareros (y cocineros, y repartidores…) hay en España? En 2015, como media, 1,15 millones de personas estuvieron empleadas en esta actividad: 31.000 más que en 2008 (último año pre crisis); a saber, un incremento inferior al 3%.

Así, en primer lugar, la actividad profesional de camarero no es la más numerosa: en España hay 1,88 millones de comerciantes minoristas, 1,34 millones de personal administrativo y de seguridad dentro del sector público y 1,17 millones de trabajadores en el sector educativo. Más que un país de camareros, seríamos un país de tenderos, de maestros o de burócratas. Pero no parece que a nadie se le hayan ocurrido tan llamativos titulares.

En segundo lugar, la actividad profesional de camarero tampoco es la que más está creciendo desde el inicio de la crisis, esto es, desde que iniciamos el camino de un cambio en el modelo productivo desde la burbujística construcción. En términos absolutos, las profesiones que más crecen desde 2008 son: personal sanitario (66.000 más), de dependencia (50.000 más), de servicios sociales (38.000 más), de consultoría (36.000 más) y de servicios deportivos y ocio (35.000 más). Todas ellas, por cierto, crecen más en términos relativos que la de camarero (el personal sanitario ha aumentado un 7,3%, el de dependencia un 22%, el de servicios sociales un 24%, el de consultoría un 54% y el de servicios deportivos un 21%). Otras profesiones que han crecido casi tanto como la de camarero y que no suelen aparecer citadas son: programadores informáticos (26.000 más), burocracia del Estado (22.000 más), servicios administrativos (21.000 más), personal en la industria farmacéutica (19.500 más), aseguradoras (19.500 más) o provisión de electricidad y gas, transporte y almacenamiento (18.000 más). De momento, pues, el modelo productivo no ha mutado sólo ni mayormente hacia la hostelería, pero tales cambios no suelen remarcarse con igual intensidad.

En suma, España no es un país de camareros: esta rúbrica (que además no comprende sólo a camareros) apenas ocupa al 5% de la población activa, y no es la más importante modalmente ni la que más ha crecido desde que arrancara la crisis. Insistir en esta descripción sólo contribuye a presentar una imagen falseada del país. Otra cuestión muy distinta, claro, es que el mercado laboral español posea grandes bolsas de personal muy poco cualificado que a corto plazo parece difícilmente reempleable en sectores de alto valor añadido (bolsas mayores que en otros países ricos de nuestro entorno): ése es un problema que venimos arrastrando desde hace lustros (justamente, la construcción concentró un volumen alto de este tipo de trabajadores). Pretender que esto constituye una novedad de los últimos años es, de nuevo, falsear la realidad. Si queremos mejores profesiones y salarios más altos, inevitablemente deberemos avanzar hacia una economía intensiva en capital y en formación; es decir, deberíamos avanzar hacia una economía abierta y libre que promueva en mucha mayor medida el ahorro, la inversión y la especialización formativa en sectores valiosos en el mercado global. El dirigismo estatal de los últimos 30 años no parece que haya dado buenos resultados al respecto.

– Seguir leyendo: http://www.libremercado.com/2016-08-07/juan-ramon-rallo-espana-pais-de-camareros-79729/

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España ya tiene más funcionarios que antes de la crisis y suponen el 16% del empleo total

España creó más de 30.000 empleos públicos el pasado trimestre, lo que provocó que se superasen los 3 millones de ocupados en la administración. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), es la tercera vez que se rebasa esta barrera en el último año y medio, lo que supone superar los 2,9 millones de puestos en el sector público que había en 2007 y los primeros meses de 2008, antes de que comenzase la crisis económica.

Aunque las cifras actuales son similares a las de entonces, sí ha crecido el peso del empleo público en el total de ocupados. Si en 2008, los casi 3 millones de empleados públicos representaban el 14,45% del total, el porcentaje ha subido ahora hasta el 15,97%, ya que la plantilla pública ha recuperado el nivel de 2008 mientras que la ocupación total aún está casi dos millones de personas por debajo.

Sólo en Canarias, Ceuta y Melilla ha bajado

Además, este incremento del peso del empleo público ha sido generalizado, ya que se ha producido en todas las comunidades autónomas, con excepción de Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Canarias, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de autonomías, se ha recuperado el nivel de ocupación de 2008, pero hay 15.800 empleados públicos menos que entonces, lo que ha provocado que el peso del sector público en el empleo haya bajado del 17,5% al 16%.

En Ceuta y Melilla, también ha bajado el número de empleados públicos y ha subido el de ocupados, aunque el peso del empleo en la administración sigue superando el 40% del total en ambas ciudades autónomas.

Aunque no en todas han crecido las plantillas públicas, en las otras 16 autonomías el peso del empleo público sí ha aumentado. Destaca el caso de Extremadura, donde más de uno de cada cuatro ocupados tiene un empleo en la administración. Según la EPA, de los 371.000 ocupados de la comunidad, más de 97.000 son funcionarios, lo que supone un peso del 26,26%, más de diez puntos por encima de la media nacional. Antes de la crisis, la proporción era del 23,9%.

Le siguen en este aspecto las dos Castillas, donde prácticamente uno de cada cinco ocupados lo está en la administración. En el caso de Castilla y León, el porcentaje es del 19,33 y en el de Castilla-La Mancha, del 19,5%. En ambos casos, el número total de empleados públicos hcrecido en este periodo (en 8.000 y 3.100 personas, respectivamente). Antes de la crisis, el volumen de empleados públicos no llegaba al 17% del total.

Cantabria y Andalucía, donde más ha subido

Por encima de la media nacional también se sitúan Andalucía (18,7%), Aragón (18,6%), Asturias (18,6%), Cantabria (17,3%) y Galicia (17,1%). De hecho, Cantabria y Andalucía son las comunidades en las que el peso del empleo público ha crecido más, ya que en ambos casos ha crecido 2,7 puntos en los últimos nueve años.

En el lado contrario se sitúa Baleares, donde el empleo público no supone ni un 12% del total. Cataluña y Comunidad Valenciana le siguen con porcentajes en torno al 12% del total, es decir, cuatro puntos por debajo de la media.

Madrid supone un caso peculiar ya que, a diferencia de antes de la crisis, ahora se sitúa por debajo de la media nacional. En concreto, según la última EPA, el 15,5% de los ocupados trabaja en el sector público, un porcentaje que en el año 2008 ascendía al 15,33% (por entonces por encima de la media nacional). La pérdida de 28.000 empleos públicos en estos años son la clave para que haya cambiado su posición.

eleconomista.com

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