Un grupo de catedráticos denuncia que Hacienda trata a los contribuyentes como “súbditos”

Treinta y cinco catedráticos de Derecho Financiero y Tributario se han reunido en Granada para aprobar un durísimo manifiesto en el que se cuestiona el modus operandi de la Agencia Tributaria en la era Montoro. El texto pactado por los académicos denuncia, entre otras cuestiones, que la Hacienda española ha cambiado la “presunción de inocencia” por la “presunción de culpabilidad”.

Para ser precisos, el documento considera que “parece haberse dado una cálida acogida en las dependencias administrativas a la presunción de culpabilidad”, lo que ha convertido al contribuyente “en una especie de administrador vicario”. El texto carga con insistencia contra la indefensión que enfrentan los ciudadanos ante los procesos lanzados por Hacienda.

El documento que se está discutiendo en Granada va más allá y critica que hay una notable desigualdad en las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria:”No se contempla al contribuyente como ciudadano, sino como súbdito“. En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha recibido 1,6 millones de reclamaciones desde 2008.

Según dicha estancia, casi la mitad de las quejas de los contribuyentes estaban bien fundamentadas, de modo que los propios organismos de supervisión de Hacienda confirman que la Agencia Tributaria está siguiendo una línea muy cuestionable en su trato con los contribuyentes. Al respecto, el manifiesto critica que”el afán recaudatorio parece ser el único objetivo, con olvido de derechos y garantías individuales”.

Lazos con el PSOE

Y lo más curioso de todo es que este grupo de académicos es próximo al PSOE, evidenciando así, una vez más, que Montoro adelanta por la izquierda a los socialistas. No en vano, la declaración cuenta con el aval de Rodríguez Bereijo, que fue elegido presidente del Tribunal Constitucional en 1995, bajo gobierno de Felipe González. También suscribe el documento Martín Delgado, profesor en distintas universidades y exconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, cargo en el que le sucedió Carmen Calvo. Otro de los firmantes es Martín Queralt, que en los años 80 fue reclutado por el socialista Joan Lerma como Director General de Tributos de la Comunidad Valenciana.

Además, entre los autores del manifiesto está también Fernando Pérez Royo, que fue diputado por el Partido Comunista entre 1979 y 1985 y eurodiputado por Izquierda Unida entre 1987 y 1992 antes de dar el salto al PSOE, por el que fue representante en Bruselas de 1994 a 2004. De modo que los lazos con el partido del puño y la rosa son más que evidentes entre muchos de los académicos que se han reunido en Granada.

Declaración de Granada

El documento critica los pactos con partidos nacionalistas, que define como una peligrosa fragmentación de la unidad de la Hacienda pública española. En este sentido, el manifiesto pide al Gobierno central que “ejerza de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación” y critica que las negociaciones con los grupos separatistas trasladan la idea de que “en la vida pública, todo se compra o se vende”.

En Granada se critica también el deterioro de la seguridad jurídica,”fruto del abandono de los conceptos sobre los que asentó el nacimiento de nuestro Derecho Tributario”, y se critica que las grandes corporaciones “esquiven” el control de Hacienda a base de diseñar complejas estrategias de planificación tributaria.

libremercado

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Hacienda se quedará hasta el 62,5% de cada euro de subida salarial a las rentas bajas

el Real Madrid decide pagar un euro adicional de salario a Cristiano Ronaldo y a un jardinero del Bernabéu que gana 17.000 euros brutos al año, ¿quién tributará más por ese euro, el futbolista o el trabajador raso? Aunque parezca extraño, el operario verá cómo una mayor parte de su euro adicional se queda en manos del Estado. Con la nueva estructura del IRPF pactada entre Hacienda y Ciudadanos, el jardinero pagará un 62,5% en impuestos por ese euro frente al 45% de Cristiano Ronaldo.

Este ejemplo –para el que no se han tenido en cuenta las ligeras variaciones que pueden introducir las distintas tarifas autonómicas del IRPF– refleja cuánto se paga en impuestos cuando se incrementa en una unidad la renta bruta. Los cálculos realizados por Cinco Días, y cotejados por expertos tributarios, revelan que la rebaja del IRPF incluida en los Presupuestos se ha realizado de tal forma que un empleado que cobra menos que el salario medio puede sufrir un tipo marginal efectivo superior al de un millonario. Se trata de una anomalía en el diseño del IRPF, que ya existía, pero con el cambio fiscal se intensificará.

El impuesto sobre la renta es progresivo, con unos tipos impositivos crecientes que van del 19% hasta el 45%. Si eso es así, el tipo marginal efectivo también debería aumentar a medida que se incrementa el salario. Y lo hace, salvo para ciertos tramos bajos, donde la aplicación de la reducción por rendimientos del trabajo genera distorsiones.

Esto es lo que sucede: todos los asalariados por el mero hecho de serlo se deducen 2.000 euros de forma lineal, que se restan de la base liquidable. Además, los declarantes con un sueldo inferior a 11.250 euros tras descontar las cotizaciones sociales gozan de una reducción por rendimientos del trabajo adicional de 3.700 euros. Este importe se reduce paulatinamente hasta desaparecer para los que ganan más de 14.450 euros. Es este beneficio fiscal decreciente el que provoca la distorsión. Cuando el sueldo aumenta, el beneficio decae. Y lo hace de tal forma que por una subida de salario de un euro, la base imponible aumenta en más de dos euros y, por lo tanto, el marginal de dispara. El responsable económico de C’s, Luis Garicano, ya denunció en 2017 que esto venía ocurriendo y aseguró que tipos marginales tan elevados desincentivan el trabajo.

Los Presupuestos reducen el IRPF para rentas bajas, pero dejan para 2,3 millones de trabajadores el marginal efectivo más elevado del mundo

Sin embargo, la reforma pactada entre Hacienda y Ciudadanos consiste en elevar la reducción por rendimientos del trabajo. Ello rebaja la factura fiscal, pero no soluciona el problema de los tipos marginales elevados. Como puede verse en el gráfico, el cambio legal provoca que la distorsión se desplace a la derecha (afecta a rentas más elevadas) y, además, que se agudice. Hasta ahora, un trabajador con un salario bruto entre 12.100 euros y 15.500 euros podía llegar a sufrir un tipo marginal sobre el trabajo del 44,7%. Un nivel elevadísimo, pero que calculadamente era inferior al marginal máximo del 45% que sufren las rentas altas.

Cuando el nuevo IRPF incluido en los Presupuestos se implante definitivamente, las rentas entre 14.000 y 18.000 euros sufrirán un tipo marginal efectivo entre el 47,5% y el 62,5%. Si un trabajador con un sueldo bruto de 17.500 euros logra 100 euros adicionales, pagará 62,5 euros al Estado (56,1 euros por IRPF y 6,4 euros por Seguridad Social). De esos 100 euros, solo 37,5 euros irán a su bolsillo. Ningún país del mundo desarrollado penaliza así las ganancias adicionales de sueldo en estos niveles de renta. Así se desprende de los datos de la OCDE. España tendrá probablemente el marginal efectivo más elevado del mundo para este colectivo. Es cierto que afecta a un tramo muy concreto, aquellos que ganan entre 14.000 y 18.000 euros, sin embargo, justo allí el INE sitúa el salario más frecuente, que asciende a 16.500 euros. En esos tramos se ubican en torno a 2,3 millones de asalariados, que si logran un aumento salarial o realizan horas extras verán cómo más de la mitad de su ganancia adicional se irá a pagar IRPF y Seguridad Social.

Es importante señalar que estos datos no reflejan que las rentas bajas y bajas-medias paguen mucho por IRPF en España. El impuesto es bajo en el marco de la OCDE y lo será aún más después de la rebaja incluida en los Presupuestos y acordada entre Hacienda y Ciudadanos. En primer lugar, el umbral a partir del cual se empieza a pagar IRPF sube de 12.000 euros a 14.000 euros y, además, se rebaja el tributo para rentas inferiores a 18.000 euros.

Sin embargo, ese afán por eliminar el impuesto en los tramos más bajos y, al mismo tiempo, no generar un descalabro en la recaudación, obliga a realizar estas subidas tan bruscas del marginal efectivo. ¿Hay formas para eliminar esta anomalía? Sí, pero ninguna es indolora. Una manera sería suprimiendo la reducción decreciente por rendimientos del trabajo, pero ello se traduciría en un alza fiscal para las rentas bajas. Otra manera sería que ese beneficio fiscal se eliminara más lentamente, pero así se extendería la reducción hacia rentas medidas provocando una inasumible caída de la recaudación. No se puede tener todo.

Fuentes de Hacienda no niegan que exista esta distorsión en el IRPF, pero insisten en que lo relevante es que las rentas bajas pagarán menos impuestos cuando se aprueben los Presupuestos. Por ejemplo, un contribuyente que hoy gana 14.000 euros al año dejará de tributar por el impuesto sobre la renta y se ahorrará 752 euros. Y un empleado con un salario de 17.000 euros verá cómo su factura fiscal anual baja de 1.663,9 euros a 1.338,3 euros, un ahorro del 19,5%.

Sin embargo, todo ello es compatible con el hecho de que el sistema fiscal castigue cualquier ganancia adicional de sueldo. Además, es posible que los tipos marginales tan elevados resten efectividad a otras de las medidas estrella incluidas en los Presupuestos, como es el complemento salarial para jóvenes.

cincodias

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La cúpula de Más Móvil se cubre de oro con su boom bursátil

La cúpula de Más Móvil ha empezado a rentabilizar el boom bursátil que vive la compañía desde hace dos años. Treinta directivos de MásMóvil, entre ellos su consejero delegado, Meinrad Spenger, han vendido por 57,2 millones de euros un paquete de 497.500 acciones recibidas en concepto de retribución y representativas de un 2,4% del capital social de la compañía.

Ni un día han tardado los directivos de la compañía en venderse el bono en acciones, que terminaban de recibir, y rentabilizar así este premio aprovechando la larga primavera bursátil que vive Más Móvil.

La compañía ha explicado que las acciones han sido colocadas a un precio de compra de 115 euros por acción, aproximadamente un 4% por debajo de los 119,8 euros a los que cerraron los títulos este miércoles.

El consejero delegado ha recibido 125.000 acciones que ha puesto a la venta, pero, una vez completada la colocación, conserva su participación de aproximadamente un 1,13% del capital social de Más Móvil que ostentaba anteriormente.

A 115 euros por acción, el precio del accionarial en manos de Spenger asciende a 14,37 millones. La colocación privada por cuenta de Andbank, que representa al citado grupo de directivos, ha estado dirigida a inversores institucionales y coordinada por Barclays.

econoiadigital

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La marca española gana peso en la cesta de la compra

Las marcas de gran consumo españolas aumentaron su peso en la cesta de la compra el 3,5% frente a la caída del 4,3% registrada por las marcas globales, según un estudio de la consultora KantarWorldpanel. Ese alza, en un contexto de crecimiento moderado del gasto en productos de gran consumo (0,7%), evidencia la salud de los productos líderes españoles. Según este estudio, que mide cuantas veces una marca es elegida en el punto de venta y con qué frecuencia, Coca-Cola sigue a la cabeza del ránking español, seguida por ElPozoCampofríoCentral Lechera Asturiana y Activia. A estas les siguen GalloDon SimónDanonePescanova y Bimbo.

Publicidad como inversión

Las 50 marcas más elegidas son compradas por todos lo hogares, y entran en una de cada cuatro cestas de la compra y además lideran las innovaciones en sus respectivos mercados. El consumidor español, tradicionalmente marquista, valora especialmente esos productos innovadores. Casi todas esas marcas renombradas y que entran en las cestas de la compra de manera reiterada invierten en publicidad (92%), y la mitad de ellas elevaron en el último año las ventas con algún tipo de promoción.

Líderes sectoriales

Danone es el fabricante que más marcas tiene en el ránking general del estudio de Kantar y también de los lácteos. Henkel es el fabricante con más marcas en la lista destacada de droguería y Procter&Gamble hace lo mismo en higiene y cuidado personal.

Diferencias regionales

El estudio de Kantar sobre marcas preeminentes en la cesta de la compra detecta algunas diferencias regionales en España. Así, Larsa se convierte por primera vez en la marca más elegida en Galicia, y Central Lechera Asturiana, además de su comunidad de origen amplía su liderazgo a Cantabria. El resto de Comunidades Autónomas siguen dominadas por las mismas marcas: ElPozo es líder en seis: Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y Canarias; Coca-Cola lidera en Aragón, Baleares, Catalunya, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid; y Campofrio domina la zona centro-norte liderando Castilla y León junto con La Rioja y País Vasco.

Clasificación mundial

En su edición global, el estudio Brand Footprint revela que Coca-Cola permanece como la marca de Gran Consumo más elegida del mundo, seguida de Colgate. Maggi, que es la tercera marca a nivel mundial, creció el 14%. El informe concluye además que las marcas locales han sido las más dinámicas también en el resto del mundo, y suponen un 65% del gasto de los hogares, frente al 35% de las marcas globales.

elperiodico.com

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¿Existe riesgo de sobrecalentamiento en la restauración española? Los alquileres empiezan a ser prohibitivos

El mercado de la restauración en España está al rojo vivo al calor de la recuperación del consumo y el auge del turismo, con la llegada de fondos de inversión y grandes cadenas internacionales como mejor prueba de este fenómeno.

“Existe una importante inyección de liquidez en el mercado a través de los grandes operadores y la mayoría de ellos están ‘dopados’, cuentan con un apoyo financiero y una disponibilidad de fondos muy grande”, confirma a el director ejecutivo de la compañía de investigación de mercados NPD, Vicente Montesinos.

La situación es tal que el riesgo de saturación sobrevuela en el ambiente, aunque desde el sector de momento niegan que exista sensación de alarma y creen que todavía hay margen para crecer, pese a que admiten que existen determinadas zonas en grandes ciudades donde no caben más locales y el precio de los alquileres ya es prohibitivo.

Sólo en el último año y medio han desembarcado en el país marcas como las hamburgueserías estadounidenses Five Guys y Carl’s Jr, el grupo de cafeterías canadiense Tim Hortons -que ya ha abierto siete establecimientos en cuatro meses-, la francesa Le Kiosque à Pizzas o la alemana Vapiano.

Además, también han aterrizado otras enseñas de la mano de cadenas nacionales, como es el caso de Comess (Lizarrán), que gestionará las pizzerías Pieology y las hamburgueserías The Counter y Built, o Wagamama a través del grupo Vips.

Presencia de fondos

Los fondos de inversión son parte capital del sector: Nazca (Taberna del Volapié y MasQMenos), KKR (Telepizza), ProA (Vips), Oquendo (Comess) o Blue Gem (Lateral) son sólo algunos ejemplos. De hecho, la última operación de calado se produjo a principios de año, cuando Abac Solutions adquirió a Heineken su filial en restauración, con marcas como Gambrinus o Cruz Blanca.

Fuentes del sector apuntan que el interés de los fondos se debe a que se trata “de un negocio de caja puro, y duro donde te entra dinero a diario mientras tú pagas al proveedor de forma diferida”, con unos márgenes de rentabilidad variables pero interesantes, que pueden oscilar entre el 8 y el 25%.

Las grandes cadenas son las protagonistas de este calentamiento en un mercado apetitoso, valorado en unos 36.000 millones de euros anuales: si de media el sector de la restauración aumentó un 2,5% en ventas en 2017, su crecimiento se disparó por encima del 6%.

Los datos pertenecen a la compañía de investigación de mercados NPD, desde donde lanzan una advertencia: estas grandes cadenas necesitan cambiar de modelo para evitar la saturación.

“Todas las cadenas organizadas cuentan con agresivos planes de expansión y su modelo de negocio se basa en una alta concentración de tráfico de clientes, y ahora mismo si no la obtienen en base a su ubicación, no son capaces de generarla”, razona Vicente Montesinos.

“Burbuja”, en puntos concretos

Esta guerra por espacios céntricos, en calles de moda o en centros comerciales provoca que sí exista “burbuja” en puntos concretos, lo que dispara los precios del alquiler. De hecho, fuentes del grupo Foodbox (Taberna del Volapié, MasQMenos) reconocen que “la imposibilidad de encontrar locales” ralentizó su expansión el pasado ejercicio, por ejemplo.

“Uno de los grandes desafíos es pasar a un modelo más vinculado a la proximidad”, tercia Montesinos, quien recuerda que las cadenas están ocupando los huecos dejados por hosteleros independientes.

En un país como España, con entre 250.000 y 300.000 establecimientos, el tradicional “Bar Paco” pierde peso en favor de las cadenas. Algunas de nuevo cuño, como La Máquina, Larrumba, Lateral o Paraguas, especializadas en restaurantes “singulares”, localizados en grandes ciudades y que despiertan el interés de fondos e inversores. En opinión de Montesinos, hay margen para crecer desde el momento en que las 158 visitas per cápita y año a bares y restaurantes de 2017 siguen lejos de las 186 que había antes de la crisis, aunque no será fácil recuperar esos niveles.

“Si te fijas, el número de pizzerías o hamburgueserías por habitante sigue siendo más bajo que en otros países, ahora son productos incluidos en nuestra dieta habitual”, apunta el presidente del grupo Comess (Lizarrán), Manuel Robledo, quien es tajante: “no hay sobrecalentamiento”.

eleconomista

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Las horas extra pagadas se mantienen un 44% más bajas que en 2008

Las horas extraordinarias pagadas han aumentado este primer trimestre de 2018 y han superado a las no pagadas por primera vez en este periodo desde 2011. El número de horas extra remuneradas o compensadas en descanso se situó en las 3,6 millones de horas a la semana, según los datos recogidos por la EPA. Esta cifra, no obstante, es un 44% inferior a la registrada en 2008. Si comparamos las no pagadas, la caída solo es del 27%. “Para nosotros no es preocupante que no se recuperen las horas extra trabajadas, es preocupante que un porcentaje muy elevado de esas horas no se paguen ni se compensen”, Luis Zarapuz, miembro del gabinete económico de Comisiones Obreras.

Las horas extraordinarias son aquellas que se realizan más allá de la duración máxima de la jornada ordinaria. El Estatuto de los Trabajadores establece que deben ser pagadas o compensadas por tiempo de descanso y que no pueden exceder las 80 horas al año, salvo contadas excepciones. Pese a ello, casi la mitad (el 44%) de las horas extra que se realizan en España son ilegales: no se recompensan de ninguna de las formas marcadas por ley, según los resultados de la Encuesta de Población Activa.

En el primer trimestre de 2008, los trabajadores declaraban que habían realizado un total de 10.230.700 horas extraordinarias a la semana. Entonces, las horas extra no pagadas suponían un porcentaje más reducido respecto al total: un 38%.

Al año siguiente, en el mismo periodo de 2009, se produjo el mayor descenso de estas horas más allá de la jornada: se desplomaron un 36%, hasta las 6.532.700 horas a la semana, pero la caída se debió sobre todo a las horas extra remuneradas. Se iniciaba una etapa de descenso de las horas retribuidas, que no fue acompañado de una tendencia similar de las horas no pagadas. Estas últimas aumentaron y se situaron por encima de las pagadas en el primer trimestre de 2012.

Horas extra realizadas a la semana totales (azul), las pagadas (amarillas) y no pagadas (verdes).
Horas extra realizadas a la semana totales (azul), las pagadas (amarillas) y no pagadas (verdes). Resultados de la EPA de los primeros trimestres

Este primer trimestre de 2018, tras cuatro años de progresivo aumento, las tornas se han vuelto a invertir y las horas extraordinarias pagadas han descabezado a las ilegales. Los sindicatos, advierten no obstante, que la crisis modificó la composición de las horas extra y todavía está por ver si las retribuidas ganan más peso respecto a las no pagadas.

Por sexo, es destacable que en el caso de las mujeres las horas extra pagadas solo se han logrado imponer por un escaso margen a las ilegales. Suponen el 50,3% del total de horas extraordinarias realizadas. En el caso de los hombres, esta cifra es mayor: el 58,6%.

Las horas extra frente a la contratación

Desde Comisiones Obreras y UGT explican que mantener un número de horas extraordinarias inferior que hace una década no es un problema. “Las horas extra tienen que ver con un problema de organización del trabajo en las empresas, que obliga a los trabajadores a cumplir con su jornada y trabajar más horas”, explica Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT. Luis Zarapuz sostiene que en Comisiones Obreras “hemos sido más partidarios de la creación de puestos de trabajo que de prolongar más la jornada de los que ya trabajan”.

El economista del gabinete económico de CCOO añade que “aunque las horas extra pagadas aumentarán previsiblemente con el crecimiento del empleo”, duda de que este incremento devuelva estas horas a los niveles de 2008 a corto plazo. Uno de los motivos, argumenta, es que dos de los sectores que más horas extra remuneradas tenían (la industria manufacturera y la construcción) no han recuperado el vigor en el empleo que tenían hacía una década.

Zarapuz destaca que una de las conclusiones más relevantes que deja la crisis en este sentido es que “la parte ilegal de estas horas, que son las no pagadas, es más estructural que la parte legal”. El especialista explica que las horas extra pagadas han bajado cuando la actividad económica se ha contraído y ahora aumentan con la recuperación. “Las horas extra no pagadas en cambio tienen una parte estructural, de en torno a los 3 millones, que vaya bien o mal la economía se obliga a los trabajadores a que sigan compensando más allá de su jornada”.

Los sindicatos piden que se habilite un registro efectivo de la jornada para poder controlar estas horas extra y, especialmente, los fraudes en torno a ellas. La Audiencia Nacional consideró en enero que los trabajadores carecen de medios para probar la realización de horas extra. UGT y CCOO subrayan que las horas extra no pagadas son un abuso sobre el trabajador, que no percibe compensación ni cotiza por ellas, pero también afectan al propio sistema, que recauda menos en cotizaciones sociales. “Además, hay que dar más recursos a la inspección para que pueda controlar estos temas”, pide Gonzalo Pino.

diario.es

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Un 56% de los expertos inmobiliarios espera una nueva burbuja en el sector

El 60% de los expertos inmobiliarios considera que la economía española aún no ha superado la crisis económica y un 56% percibe que puede volver a producirse una burbuja inmobiliaria, al tiempo que un 76% cree que las tensiones del comercio mundial afectarán a la internacionalización de las empresas españolas.

Así se desprende de la encuesta de coyuntura económica realizada con motivo de la III jornada nacional de Registro de Expertos Contables (RED), que refleja que el 76% de los expertos contables cree que las tensiones que afronta el comercio mundial afectarán negativamente en la internacionalización de las empresas españolas.

Los expertos contables también valoran la solvencia de las compañías españolas y la información financiera que disponen los inversores con un notable, al tiempo que más de un 56% percibe que puede volver a producirse una burbuja inmobiliaria en España.

Por su parte, el futuro vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha señalado en varias ocasiones que España está “lejos” de poder hablar de una burbuja inmobiliaria pese al constante aumento de los precios de la vivienda en los últimos meses, ya que considera que el mercado se está recuperando de la fuerte caída registrada durante la crisis.

En España ya se han registrado más de 3.500 profesionales desde que se creó el REC en el año 2015, que el año pasado elaboró dos guías del experto contable: una sobre la valoración de las empresas y otra sobre la compraventa de compañía

eleconomista

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Adolfo Domínguez plantea un ERE que afectará a 110 empleados

grupo textil Adolfo Domínguez pondrá en marcha un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 110 de sus 1.325 empleados, como consecuencia del proceso de fusión y transformación de tiendas que acometerá durante este año. Un proceso en el que la enseña Adolfo Domínguez absorberá las dos sub-marcas U y AD+, que desaparecerán, y que conllevará la adaptación de 115 tiendas y el cierre de 56 establecimientos. Con estos ajustes, Adolfo Domínguez dispondrá de 416 puntos de venta repartidos en 29 países. Según ha comunicado hoy la empresa, el ERE servirá para negociar traslados de personal, despidos o “modificaciones delas condiciones de trabajo”.

Los primeros seis establecimientos en transfromarse serán los de la calle Fuencarral en Madrid, y los de Málaga, Canarias, Miranda de Ebro y Torrelavega. Además, la tienda icónica de Paseo de Gracia en Barcelona sufrirá una remodelación integral que conllevará su cierre hasta el otoño

La compañía continúa así con su proceso de reestructuración, con unos planes que no han sentado mal en el mercado. Su acción ha crecido por encima del 20% en el último mes.

En el ejercicio 2017-2018, que finalizó en febrero de este año, su resultado operativo fue negativo en 2,1 millones de euros, lo que supuso una mejora del 75% respecto al ebitda del ejercicio anterior, que resultó en pérdidas de 6,5 millones.  Las ventas alcanzaron 113,7 millones de euros, un 3,1% más que en el ejercicio anterior pese a contar con 39 puntos de venta menos. Las pérdidas netas del ejercicio fueron de 6,9 millones de euros, frente all resultado negativo de 22,7 millones del anterior.

cincodias

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El futuro de la Renta Básica Universal

El reciente anuncio de que el gobierno finlandés no prolongará su programa piloto de Renta Básica Universal (RBU) ha reavivado el debate en torno a esta medida. En Estados Unidos y la Unión Europea, la idea de un ingreso mínimo garantizado para todos los ciudadanos ha ganado popularidad durante los últimos años. Se trata de un movimiento transversal, que enfrenta propuestas progresistas y liberales. Pero ni siquiera en la izquierda, donde el empuje por una RBU parece mayor, existe un consenso sobre le deseabilidad de esta medida.

En los últimos años, países como Holanda, Canadá, India y Kenia han realizado programas similares a los de Finlandia, que por su diseño y aplicación era considerado una referencia en este ámbito. Su iniciativa, que comenzó en enero de 2017, consistía en entregar 560 euros mensuales a 2.000 participantes seleccionados al azar –pero previamente alistados en programas de subvenciones por desempleo o asistencia salarial–. Otro caso de referencia es el programa Mincome, en Manitoba (Canadá), que en los años setenta estableció una renta mínima de inserción en la capital y varios distritos rurales de la región. Por su parte, Suiza realizó un referéndum sobre una RBU en junio de 2016, pero el 77% de los votantes lo rechazaron.

La diferencia entre estos casos ilustra las características de la RBU. A día de hoy, múltiples países cuentan con programas de renta específicos, como el canadiense. La Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, acaba de inaugurar un programa de ingresos básicos para combatir la marginación social. La RBU, sin embargo, es una iniciativa universal. Se aplicaría a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos.

De esta manera, parecería que la RBU es una apuesta más radical que una renta de inserción. En la práctica, el ingreso universal lo defienden un sinfín de actores políticos, a menudo con agendas difícilmente reconciliables. La derecha libertaria ve en su funcionamiento sencillo y poco burocratizado un sustituto ideal del Estado del bienestar. Milton Friedman, el economista liberal, fue un famoso defensor de la medida; en la actualidad, numerosos magnates de Silicon Valley apuestan por una RBU. En el centro, políticos como Hillary Clinton han considerado aplicar, en el conjunto de EEUU, programas como el que actualmente desarrolla Alaska, que distribuye entre sus habitantes parte de sus ingresos petrolíferos. En la izquierda, la RBU se combinaría con un Estado del bienestar robusto y serviría para dotar a los ciudadanos de mayor libertad a la hora de escoger su vocación profesional.

 

trabajos_automatizacion

 

En lo que estas diferentes tendencias convergen es en el diagnóstico sobre el futuro de los mercados laborales. Tras la crisis de 2008, con el auge de las tecnologías de la comunicación y la automatización amenazando con sustituir millones de puestos de empleo, el desempleo estructural no hará más que aumentar. En la economía del conocimiento, una RBU puede consolidarse como herramienta de redistribución y cohesión social.

Con todo, no está claro que exista voluntad política y social para desarrollar estos programas. Si la RBU resulta demasiado pequeña nos encontramos con un complemento salarial antes que con una herramienta genuinamente transformadora. Los programas más ambiciosos, sin embargo, resultan extremadamente caros. En un análisis de diferentes propuestas europeas, el sociólogo Daniel Zamora señala que las moderadas costarían en torno al 6,5% del PIB, en tanto que las más ambiciosas absorberían un 35%. Una carga fiscal insostenible, a menos que viniese acompañada de una reducción considerable del Estado del bienestar y una mayor presión fiscal.

El ministerio de Hacienda español acaba de llegar a una conclusión similar. En un informe reciente obtenido por El Independiente, el Instituto de Estudios Fiscales señalaba que, pese a sus múltiples beneficios potenciales –ahorro en costes burocráticos, favorecimiento del emprendimiento, facilitaría la repoblación rural, entre otros–, un programa de RBU es difícil de aplicar si se pretende cuadrar las cuentas. La investigación se desarrolla en el contexto de la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para establecer una RBU de 426 euros, por el momento encallada.

El estudio planteaba dos posibles escenarios. En el primero, una RBU de menos de 300 euros, que se financiaría mediante recortes considerables en otras prestaciones sociales. En el segundo se mantendría el gasto en pensiones, pero la RBU no llegaría a los 80 euros mensuales, una cifra que difícilmente puede aceptarse como renta universal. En ambos casos, la necesidad de cuadrar las cuentas mitigaría los efectos redistributivos de la medida.

Pese a su apoyo entre múltiples partidos y movimientos de izquierda, la RBU compite con políticas económicas alternativas. La más destacada es la de una garantía pública de empleo, actualmente propuesta por varios senadores demócratas (Bernie Sanders, Corey Booker y Kirsten Gillibrand) interesados en presentarse a las elecciones presidenciales de 2020. La propuesta buscaría garantizar el pleno empleo mediante una coordinación entre el gobierno federal y los municipios estadounidenses. En las propuestas más ambiciosas, incluye cláusulas para demandar al gobierno federal en el caso de que resulte imposible encontrar empleo.

Los defensores de esta medida señalan, entre otras cosas, que la RBU no tiene en cuenta el valor socio-cultural del trabajo. Parece evidente que recibir un ingreso universal no supliría la sensación de contribuir a la sociedad desempeñando una actividad laboral determinada. Los partidarios de la RBU responden, no sin razón, que muchos trabajos en absoluto motivan a quienes los desempeñan. En esta tesitura, un ingreso básico garantizaría la posibilidad de elegir vocaciones. Al margen de la posición que prevalezca, el debate sobre la viabilidad de la RBU continuará en el futuro.

politicaexterior

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Los sindicatos rechazan un cambio de horario en las macrooficinas de Santander

n grandes avances. Eso es lo que ha dado de sí la reunión entre los sindicatos y Santander para llegar a un acuerdo de homologación entre las condiciones de este banco y las de la plantilla de Popular, según aseguran fuentes de los representantes de los empleados.  Fuentes de CC OO aseguran que el banco ha admitido algunas de las peticiones de la plantilla, pero vincula todo a la propuesta del cambio de horarios para las macrooficinas que está inaugurando en la actualidad, “con lo que sitúa las posiciones muy distantes”.

El banco que preside Ana Botín ha propuesto así a los sindicatos introducir dos semanas de licencia o permiso especial antes del parto y, por tanto, con anterioridad al disfrute de una baja de maternidad.

Esta era la tercera reunión que se lleva a cabo para la homologación de las condiciones
laborales de los trabajadores. En esta negociación la entidad ha ofrecido que este permiso sea de dos semanas, así como el establecimiento de 12 días de lactancia remunerados.

Modificación  de horarios

El banco ha cedido ligeramente en alguna de las peticiones de los sindicatos, que no ha compensado, según  las mismas fuentes, las exigencias de Santander, entre ellas, la de la propuesta de modificación de horarios de las oficinas Smart red (un tipo de sucursal que incorpora centros de atención y asesoramiento al cliente), que los sindicatos solicitaron separar de
la negociación de la homologación de condiciones laborales, algo que la firma financiera ha rechazado.

El nuevo horario propuesto por la entidad para las 1.000 megaoficinas que tiene afectaría a todo el personal comercial. Su jornada sería de lunes a jueves entre las 8.30 y las 9.00 horas, con salida
para comer entre las 14.00 y las 14.30 horas, dos horas de descanso y vuelta entre las 16.00 y las 17.00 horas hasta las 18.00 o 19.00 horas, y los viernes de 8.30 a 14.30 horas.

La propuesta inicial del banco era que los comerciales cobrarían 1.800 euros adicionales al año más el abono de la comida los días que hagan jornada partida, si bien este viernes ha trasladado a los sindicatos que esta paga ascendería a 2.200 euros.

CC OO reclama que este cambio de horarios, con apertura por la tarde, sea voluntario, flexible y con la “compensación suficiente y adecuada y una carrera profesional que recompense la modificación de condiciones”

Paga en acciones

Los sindicatos han pedido nuevamente a la entidad que conceda a los trabajadores, incluidos
los procedentes de Popular y Pastor, una paga en acciones como “reconocimiento” a los esfuerzos realizados durante el proceso de integración.

UGT propuso, además, que se incorporara un premio de 1.000 euros para los trabajadores con antigüedad superior a los 30 años, que finalmente se rebajará a 25 años, según la propuesta hecha por la entidad.

La unificación de los planes de pensiones quedó pospuesta, como se decidió en la primera reunión, hasta que se produzca la fusión efectiva de ambas entidades.

cincodias

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