La crisis triplica la deuda pública: en sólo diez años se ha disparado 760.000 millones

La deuda pública sigue desbocada y el Gobierno no consigue atajarla. A cierre de 2017, y según el dato adelantado que ayer ofreció el Banco de España, el conjunto de las Administraciones Públicas adeuda ya 1.144.629 millones, esto es, 1,144 billones de euros. La cifra no sólo supone un nuevo máximo histórico, algo que hace tiempo dejó de ser novedad para convertirse en lo habitual, sino que además evidencia que en los últimos 10 años el dato se ha disparado 760.000 millones. O dicho de otro modo: durante la crisis, la deuda acumulada por la economía española se ha triplicado.

En 2007, el pasivo de España era de algo menos de 385.000 millones. En ese ejercicio, la economía cerró por tercer año consecutivo en superávit, logrando un hito histórico y evidenciando que gozaba de una muy buena salud. Sin embargo, apenas un año después y con la crisis económica causando ya graves problemas, la desviación presupuestaria superó el 4%. En ese momento, la deuda comenzó un imparable ascenso que hizo que en 2008 la cifra fuera ya de más de 440.000 millones.

Mucho peor sería 2009, año que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cerró con un déficit de más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB). La abultada cifra provocó un incremento anual de la deuda de más de 100.000 millones, situación que se repetiría en los siguientes cuatro años.

En el último, 2012, ya con el Gobierno popular de Mariano Rajoy, el déficit volvió a superar el 10% y la deuda total rozaba los 900.000 millones. Las cifras preocupaban, y mucho, en Europa, y Bruselas marcaba de cerca al Ejecutivo. Pero eso no evitó que la economía española siguiese evidenciando graves problemas de deuda, y ya en 2014 el pasivo cerró por primera vez por encima del billón de euros. Aquello supuso que la deuda de España era ya superior al conjunto de su PIB.

Desde entonces, el fuerte crecimiento económico ha permitido mantener estable el pasivo en términos de Producto Interior, pero la cifra total ha mantenido su marcada tendencia alcista. Así, 2015 acabó con 1,073 billones, 2016 con 1,107 billones y 2017 con los mencionados 1,144 billones de euros. A partir este último dato, y según los cálculos del Ministerio de Economía utilizando la previsión de PIB incluida en el Plan Presupuestario, el porcentaje de la deuda de las Administraciones Públicas habría alcanzado el 98,08% del PIB al cierre de 2017 y España cumpliría el objetivo del año. Sin embargo, lo haría por apenas dos centésimas ya que el límite marcado era el 98,1% en el Plan.

Pero más allá de ese cumplimiento, las últimas cifras conocidas confirman una vez más que España va a tardar mucho tiempo en controlar su deuda. De hecho, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF) prevé que el pasivo se reduzca al 60% del PIB en 2020. Parece evidente que esto será totalmente imposible, y estimaciones como las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que habrá que esperar, al menos, hasta 2035 para que se registren esos números.

Por ello, el presidente del organismo, José Luis Escrivá, ya ha dicho que es vital que la deuda comience a reducirse de manera inmediata. «Si la deuda pública española no empieza a bajar del 100% del Producto Interior Bruto (PIB), nos puede dar un susto grande y podemos vernos en una situación muy vulnerable los próximos años», explicó a finales del pasado año en un acto organizado por la CEOE en Zaragoza.

Cada ciudadanos debe 24.589 euros

Por niveles de la Administración, el mayor problema está en el Estado, cuya deuda creció casi un 5% en el último año y roza ya el billón de euros. Entre las comunidades autónomas la situación es dispar, ya que hay regiones como Cataluña, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana con graves problemas de sostenibilidad, y otras como Navarra, La Rioja, Canarias, la Comunidad de Madrid y País Vasco presentan según la Autoridad Fiscal riesgos bajos en su sostenibilidad. Pero en su conjunto, la deuda está en los mayores niveles de la historia, al igual que ocurre en las corporaciones locales, que adeudan ya más de 29.000 millones, y también en la Seguridad Social.

Con todo ello, el conjunto de la deuda de España alcanza los apuntados 1,144 billones de euros, que si se divide entre los 46,5 millones de habitantes que hay en España según el último patrón del Instituto Nacional de Estadística, el resultado es que cada ciudadano debe 24.589 euros. Esa cifra supera, por ejemplo, los 23.106 euros en los que el mismo INE sitúa el sueldo medio.

elmundo.es

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El ‘hachazo’ a las pensiones se vuelve contra el Gobierno: podría costar 330.200 empleos al año

n círculo a punto de cerrarse. Esa podría ser la representación gráfica del efecto macroeconómico que podrían ocasionar en el corto, medio y largo plazo las reformas de las pensiones de 2011, durante el anterior Gobierno socialista, y de 2013, ya con el PP en el Palacio de la Moncloa.

Porque si la destrucción de empleo y la pérdida de cotizantes a la Seguridad Social durante la crisis está detrás de las tensiones que hoy vive el sistema de pensiones y también de dichas reformas (además del evidente envejecimiento de la población), ese mismo retroceso, aunque menos feroz, puede ser también la consecuencia del deterioro del poder adquisitivo al que se verán abocados los futuros jubilados por efecto de estas mismas reformas.

Menos empleo ha llevado a peores pensiones y, de esa forma, puede derivar en menos consumo, menos economía y menos empleo. Nada menos que 330.220 empleos menos de los que cabría esperar al año hasta 2035.

Se trata solo de un ejercicio teórico, pero muy cargado de lógica, que se incluye en el informe ‘Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España’, elaborado por AFI bajo la batuta del economista José Antonio Herce.

El estudio parte de la evidencia, que ya pocos discuten, de que el efecto conjunto de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 será una caída del poder adquisitivo de las pensiones durante las próximas décadas. Hasta de 350 euros mensuales para aquellos que se jubilen ahora.

De hecho, la razón de las modificaciones introducidas en 2011, más centradas en los parámetros de cálculo de las pensiones –elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, por ejemplo– y, sobre todo, en 2013, con la introducción del ya en marcha índice de revalorización, era contener el gasto del sistema de pensiones. Y, de hecho, el Gobierno ya ha cuantificado este ahorro para el Estado en 200 euros por jubilado en el último año.

Pero aún queda la aplicación del Factor de Sostenibilidad a partir del 1 de enero. Mientras que el índice de revalorización ha limitado la subida anual de las pensiones al 0,25% desde 2013, este factor, que tendrá en cuenta elementos a futuro como la esperanza de vida, amenaza con suponer una importante merma para las nuevas pensiones que entren en el sistema.

Según el informe, la tasa de sustitución de estas pensiones, que hace referencia a la equivalencia de la primera pensión sobre el último salario, se precipitará del 81% actual al 63,2% en 2035. Por ello, habrá pérdidas de poder adquisitivo que rozarán el 30% por el efecto combinado de estos cambios.

Menos pensión, menos economía

En un ejercicio poco usual, el informe alerta de que “entre el plano individual y el plano macroeconómico, los efectos pueden ser relevantes, pues el consumo de los jubilados es una parte muy importante del consumo privado”. “Cientos de miles de empleos podrían perderse de manera permanente como consecuencia del impacto agregado de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas”, precisa el estudio.

La razón radica en la conexión del poder adquisitivo de los pensionistas con su capacidad de consumo y ésta con la economía en general. Así, durante los años más duros de la crisis, las pensiones –que se revalorizaban con el IPC, sin entrar a valorar su idoneidad o no– mantuvieron un poder adquisitivo que les permitió ser el sustento de muchos hogares azotados por el paro.

Sin embargo, en el contexto que se prevé a futuro, AFI cree que el consumo total de los hogares españoles se verá “seriamente afectado” y, con él, el PIB, ya que el consumo privado viene a representar alrededor del 60% del mismo.

Esto, de no compensarse con ahorro privado o con nuevas reformas que permitan mantener el poder adquisitivo de las pensiones, tendría un impacto de 46.000 millones de euros en el año 2035 y de 754.700 empleos menos sobre los que cabría esperar ese año. En una estimación anual de este efecto, el resultado sería de 20.100 millones de euros en términos de valor añadido bruto (VAB), un 1,5% del PIB anual de media al año, que dejaría de percibirse.

Y la consecuencia inmediata de este efecto se observaría sobre el empleo: hasta 330.200 puestos de trabajo que, de media, no se cubrirán frente a las perspectivas iniciales, por la reducción de la actividad económica derivada de las menores rentas de los jubilados.

Se trata de un ejercicio teórico, pero de una efecto lógico desde el punto de vista de la teoría macroeconómica que el Gobierno, de forma directa o indirecta, trata de conjurar con medidas como los recientes cambios normativos para fomentar el ahorro privado.

elindependiente.com

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Más del 70% de la acumulación de riqueza en España desde 1950 está vinculada al ladrillo

La riqueza privada en España está vinculada a la tierra, antes a la agraria y ahora a la urbana, más que en otros países similares. Un patrimonio que se hereda de generación en generación, con el cada vez más residual Impuesto de Sucesiones como uno de los pocos métodos redistributivos. La riqueza en España es superior a la renta del país, y al estar mucho menos repartida que ésta, genera una desigualdad cada vez más palpable. Más del 70% de esa acumulación de riqueza desde 1950 se explica por la subida de precios de la vivienda y del suelo urbanizable, según un estudio recientemente publicado.

“El valor de la tierra agrícola era excepcionalmente alto a principios del siglo XX, y el valor del suelo urbano se hizo excepcionalmente alto a principios del siglo XXI”, explica un  nuevo trabajo sobre la composición de los activos en España. La World Wealth and Income Database ( WID.world), una base de datos sobre la evolución histórica de la distribución del ingreso y la riqueza a nivel mundial, ha publicado este mes “La riqueza en España, 1900-2014: Un país de dos tierras (Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands). Los autores son Miguel Artola Blanco (Universidad Carlos III), Luis E. Bauluz y Clara Martínez-Toledano (Paris School of Economics los dos segundos).

Según se detalla, en el último siglo el país ha experimentado una transición muy acelerada desde una economía fundamentalmente agraria hacia a una economía de servicios. La tierra agraria tuvo un rol predominante hasta mediados del siglo XX, cuando fue rápidamente sustituida por la tierra urbana (de ahí el título del artículo, “un país de dos tierras”). En particular, los autores documentan una mayor importancia de la tierra en España respecto de otros países ricos, y cómo los precios de estos activos explican una parte importante de la evolución de la riqueza en el largo plazo.

“Por el contrario, otros activos productivos como infraestructura, equipamiento y maquinaria constituye un valor residual, tanto en el presente como en el pasado”, añade el trabajo de investigación. En países como Alemania se invierte más en activos financieros, y esto hace que en la economía nacional haya más inversión en capital (infraestructuras, maquinaria, etcétera).

Riqueza nacional de los países
Comparación internacional de la riqueza nacional

“Cabría esperar que, en las economías modernas, la composición de la riqueza estaría oscilando a una mayor proporción en capital fruto de la acumulación de inversiones en inmuebles, infraestructuras, fábricas, maquinaría, etc. En España desde luego se invierte y se forma capital como cualquier economía de nuestro entorno. Sin embargo, la tierra sigue jugando un papel fundamental en España. En otras palabras, los niveles extraordinariamente altos de riqueza en España se explican, en buena parte, por los precios relativamente altos que alcanza el suelo urbano”, y este a su vez relacionado con el sector inmobiliario, explica a eldiario.es Artola Blanco, uno de los autores.

España ha experimentado en estos años un incremento mucho mayor que el resto de países avanzados en su ratio de riqueza o capital (activos financieros y no financieros, menos pasivos) sobre renta nacional (PIB menos depreciación, más ingresos de rentas extranjeras) debido principalmente al aumento del patrimonio inmobiliario. El crecimiento de la riqueza no se explica por la inversión, sino por la subida del precio de los activos, muy ligada a la vivienda.

Así, según este trabajo, desde 1950 un 45% del crecimiento de la riqueza en España no se explica por la inversión, sino por esta subida en el precio de los activos. Y la vivienda representa un 85% de esta subida en el precio de los activos. Dicho de otro modo, el ladrillo acumula la mitad de la inversión y de las plusvalías de la economía.

Además, por definición la riqueza nacional crece por acumulación de inversión o ahorro, más la subida real del precio de los activos. De ahí se deduce que un 72,2% del crecimiento del patrimonio se debe al “ladrillo”.

“Básicamente la vivienda ha crecido mucho, muchísimo. La riqueza nacional (incluyendo el ladrillo, pero también otras formas de capital) también bastante, pero menos que la vivienda por separado. La otra forma de riqueza que era muy importante en 1950 (la tierra rústica) se ha desvalorizado mucho en este periodo”, analiza Artola.

Además, el valor de la vivienda en España se ha incrementado más que la renta nacional en su conjunto. Si la renta nacional creció anualmente un 4,2% entre 1950 y 2010, el valor de la vivienda subió un 6,3% anual en el mismo periodo. Según los autores, el crecimiento del ladrillo duplica a la subida de la renta nacional desde 1990, y más que la triplica desde el 2000 hasta la actualidad.

La dependencia de la economía española de la construcción se ha puesto bien de manifiesto en los últimos quince años. La burbuja inmobiliaria propició unos enormes niveles de riqueza y una caída del paro a mínimos históricos (7,95% de la población activa en 2007), y su explosión el efecto contrario, con secuelas que aún permanecen, sobre todo en términos de precariedad y desigualdad. En la actualidad la vivienda, sobre todo en alquiler, está experimentando  nuevas subidas en determinadas zonas de España.

Y como destaca otro  reciente trabajo en el que ha participado Martínez-Toledano, a pesar de los aumentos sin precedentes en la riqueza en España, su distribución apenas ha fluctuado desde los ochenta hasta la actualidad. El 10% más adinerado de España acumula durante este periodo en torno al 50-60% de los activos, mientras que el 50% más pobre concentra el 5-10%. Estos niveles de desigualdad son similares al resto de países europeos (Francia, Reino Unido, etc.) y menores que en Estados Unidos y países emergentes como China o Rusia.

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Comparación internacional de la riqueza inmobiliaria

Riqueza en forma de “J”

Otra de las particularidades que se observan en el “paper” académico es que la composición de la riqueza respecto a renta nacional en España muestra una forma de “J” en lugar de la habitual de “U” en otros países.

La forma de “U” es típica de los países europeos que estudiaron Thomas Pikkety y Gabriel Zucman en sus estudios pioneros sobre riqueza y desigualdad en 2014. En estas naciones se había producido una desvalorización enorme de su riqueza durante la primera mitad del siglo XX, fruto de shocks externos (las guerras mundiales, la Gran Depresión, episodios de fuerte inflación etc.). Se empezó así la fase descendente en la forma de U. Por el contrario, desde finales de los 70, la riqueza ha crecido mucho en esos países (al menos más rápido que la renta nacional), completando así la forma de U.

“En España no se produjeron ninguno de estos shocks externos en la riqueza nacional (no es exactamente igual en la privada). De ahí que durante la mayor parte del siglo XX la relación entre renta/riqueza fuese relativamente constante. Lo realmente extraordinario del caso español es el enorme crecimiento de la riqueza desde finales de los 90 y hasta la actualidad, formando así una forma de J (alargada). Ello inevitablemente está relacionado con el boom inmobiliario”, resalta Artola.

eldiario.es

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La unión de Capsa y Celta, alternativa al trono de Lactalis

En España, Lactalis es el rey de la recogida de leche, con más de un millón de toneladas en 2016, un 19% más que el año anterior. La firma francesa marca distancias con sus competidores y la realidad es que en el mercado son pocas las empresas capaces de hacerle sombra. No obstante, en el sector ya se empieza a hablar de una alianza entre Capsa y Lactogal, responsables de marcas como Central Lechera Asturian y Leche Celta, respectivamente, para tratar de pararle los pies.

Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), que también gestiona en Galicia la firma Larsa, es la segunda empresa en recogidas, con un volumen en torno a las 850.000 toneladas. Sumando las algo más de 400.000 que recoge la portuguesa Celta-Lactogal, superarían holgadamente a Lactalis, que crece año tras año a un ritmo similar al de estas compañías, ambas de base cooperativa.

La comunidad gallega es el principal campo de batalla entre las partes. Lactalis recoge allí el 52,5% de la leche que procesa en España, porcentaje que se eleva al 79,5 en el caso de Lactogal, mientras que en el de Capsa apenas representa el 42,9%.

Firmas en ascenso

Como destaca la Asociación Galega Terra e Leite, que ha sido la primera en sugerir abiertamente la alianza entre los principales rivales de la firma francesa, destaca que podría ser “una gran alternativa al dominio exagerado que previsiblemente va a tener Lactalis”.

Asimismo, reconoce que otras firmas como la asturiana Reny Picot, que ha triplicado sus recogidas en el período 2012-2016, están “muy bien situadas” para acudir a los mercados internacionales –tiene las mejores torres de secado de la península– Un caso similar es el de Entrepinares, cuya consolidación recomienda seguir “con mucho interés”, al igual que proyectos emergentes como la planta de procesado que abrirá la firma Goodleit en el polígono coruñés de Teixeiro.

Galicia se descuelga

Quienes parecen quedar fuera de esta lucha son las firmas gallegas. Tanto Leche Río como la cooperativa de segundo grado Clun, liderada por Feiraco, no logran mejorar sus registros y apenas representan el 15% de la recogida de leche en Galicia. Además, en el caso de la firma presidida por Jesús Lence, Terra e Leite es especialmente dura, ya que la sitúa “en caída libre” y asegura que “no es fácil verle su futuro”.

economiadigital.com

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La flexibilización laboral es esencial para lograr buenos resultados en las fábricas»

Tras presentar los mejores resultados de su historia, con un beneficio neto de 1.693 millones de euros en 2017, Michelin afronta este año dispuesta a invertir más en las cuatro plantas con las que cuenta en España (Vitoria, Lasarte, Aranda de Duero y Valladolid). Eso sí, su presidente, Jean-Dominique Senard, lo hará «si mejora la productividad» en unas fábricas en las que emplea a 7.600 trabajadores, con un 90% de puestos fijos y un futuro que vaticina prometedor.

-¿No existe riesgo de deslocalización del grupo a otros países?

-Esta posibilidad no está encima de la mesa, ni para España ni para el resto de fábricas que tenemos en todo el mundo. Lo que sí queremos es mejorar nuestra competitividad en Europa. De hecho, las plantas españolas del grupo son las que tienen mayor competitividad. Incluso estamos en disposición de fabricar aquí productos que después exportamos a India, lo que demuestra nuestra competitividad. Pero también sabemos que no podemos bajar la guardia porque en esta industria debemos luchar el día a día por conservarla. Yo confío mucho en el trabajo de los equipos españoles para que nada cambie en este sentido en el futuro.

«Podemos aumentar la producción de las cuatro plantas, porque aún queda margen hasta máximos» «No tengo ningún problema, absolutamente ninguno, en invertir más en España»

-¿El éxito de sus fábricas se debe a la propia filosofía interna de Michelin o también se ha visto impulsada por la reforma laboral?

-En realidad, por las dos razones. El esfuerzo que hemos hecho en Michelin ha sido enorme. Hemos llevado a cabo una reflexión profunda sobre una mejora en la competitividad y también en la gestión autónoma del trabajo. Es decir, que los equipos de cada factoría se responsabilizaran mucho más con su método de trabajo y los resultados que obtienen. Y a partir de ahí, hemos visto un progreso claro en este campo. Pero también lo hemos conseguido gracias al entorno laboral que ahora hay en España, que ha permitido llegar a este resultado. Porque hoy en día, tal y como está la volatilidad del mercado internacional, resulta esencial esta flexibilización laboral para conseguir éxito y buenos resultados.

-¿Cuál es el peso que tiene España en los resultados del grupo?

-No solemos ofrecer resultados por países. Pero desde luego lo que sí puedo decir es que España tiene un peso muy importante en cuanto a la participación de los buenos resultados en Europa, sobre todo por el excelente nivel de producción y la capacidad de la empresa.

-¿Tiene previsto invertir más aquí?

-A largo plazo queremos realizar unas inversiones en tecnología, en cuanto a la herramienta de producción y también para mejorar las capacidades y la productividad. También queremos invertir en la mejora tecnológica, especialmente de grandes neumáticos tanto para coches, camiones o ingeniería civil. Y queremos invertir, además, en la digitalización para facilitar el trabajo del operario a través de los robots. En cualquier caso, nosotros repartimos nuestras inversiones en los grandes países que conforman Europa. No se trata de hacer acciones puntuales con picos, sino de forma constante. Estamos analizando una inversión más fuerte para preparar la fábrica del futuro.

-Pero, entonces, ¿podría aumentar la producción actual de las fábricas españolas?

-Claro que sí, siempre que se haga a través de la mejora de la productividad de estos centros. Eso es esencial. Esperamos incrementar la producción en España, porque siempre queda algo de margen para alcanzar la capacidad máxima en este aspecto. Siento una gran confianza en los cuatro centros españoles, porque han demostrado a través de la historia de Michelin una lealtad con la empresa. Eso hace que nos sintamos en familia para afrontar nuevos retos y depositar nuestra confianza en este país.

-La competencia a nivel mundial es brutal, con casos como el de China tomando buena parte de la cuota de mercado de firmas históricas como Michelin. ¿Prevén realizar alguna adquisición para reforzar su posición actual?

-Ahora mismo nos encontramos en una fase de crecimiento corporativo y queremos seguir en esta dinámica apoyándola de dos maneras. Por una parte, un crecimiento orgánico, esto es, interno y por nuestros propios métodos, a través de inversiones en equipamiento y maquinaria en nuestras fábricas. Y por otro lado queremos crecer a través de adquisiciones externas. No se trata tanto de comprar una gran compañía, sino de realizar compras en cuanto a tecnología digital y en materiales de alta tecnología. En cualquier caso, todo dependerá al final de quién lo ofrezca y qué es exactamente lo que ofrezca. Si esas posibilidades de inversión tecnológica aparecen en el mercado español, ¿por qué no las vamos a utilizar? No tengo ningún problema en invertir en España, ninguno, absolutamente.

-¿Qué resultados espera para la compañía durante este año, que será prácticamente el último en el que ejerza la presidencia de la corporación?

-En 2017 hemos tenido un año de progreso y también hemos demostrado que lo que decimos lo cumplimos, con respecto a las expectativas generadas a principios del año pasado. Ha habido momentos y factores, como el precio de las materias primas, que han dificultado el desarrollo de la empresa. Pero el resultado final ha sido exitoso. Para 2018 veo un año con mucha confianza. Estamos preparados para hacer de éste otro ejercicio de progreso.

lasprovincias.es

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Estas economías serán las “más miserables del mundo” en el 2018

Bloomberg ha presentado una lista de las economías que serían las “más miserables” en el 2018. Su pronóstico está basado en los datos sobre la inflación y el desempleo en los países correspondientes.

Venezuela ha ocupado el primer lugar de este ‘ranking’ por cuarto año consecutivo con 1.872 puntos, una tasa tres veces mayor en comparación con la del 2017.

Sudáfrica se ha situado en el segundo lugar con 33,1 puntos, la sigue Argentina con 27,1 puntos.

Además, entre los 10 países con la peor economía para el 2018 están Egipto, Grecia, Turquía, Ucrania, España, Brasil y Arabia Saudita.

RT

“Bloqueo económico”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó el pasado jueves en una rueda de prensa con medios internacionales, que 94% de los venezolanos tienen empleo, por lo que la cifra de desempleo solo alcanza un 6%.

En su memoria y cuenta, presentada ante la Asamblea Nacional Constituyente hace un mes, catalogó el año 2017 como “uno de los más difíciles” que ha tenido que atravesar su gestión, en un contexto caracterizado por la baja de los precios del petróleo, principal producto venezolano de exportación, que comenzó su caída de más de 50% en 2015.

La economía venezolana, dependiente de la renta petrolera y con alto nivel de importaciones, afronta una escalada en los precios de bienes y servicios, así como la imposición de sanciones financieras que han sido catalogadas como “bloqueo económico” por el Gobierno.

Las estadísticas de inflación no han sido publicadas por los organismos oficiales porque, según voceros del Gobierno, ha ocurrido una “inflación inducida”, donde los índices “son alterados” por los propios actores económicos. A pesar de esta situación, 74% del presupuesto nacional se ha dedicado a la inversión social.

rtactualidad

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El 78% de los trabajadores españoles dice estar descontento con su trabajo.

78% de los trabajadores españoles dice estar descontento con su trabajo, según un estudio realizado en seis países iberoamericanos por Universia, la plataforma de universidades de Banco Santander, y la consultora de inspiración sobre personas People First. De entre ellos, España es el que peor índice de satisfacción muestra. Una infelicidad y desmotivación laboral que afecta tanto a empleados de menor rango como a cargos directivos, pese a disponer estos de mejores salarios y un impacto mayor en el rumbo de la compañía.

Las razones que pueden llevar a un ejecutivo a la desmotivación hacia su trabajo son diversas. Una es consecuencia directa de la crisis: “Las empresas han tenido que constreñirse y reestructurarse. Los empleados han visto salir a mucha gente y han tenido que cargarse de más trabajo. Eso ha generado preocupación, incertidumbre y estrés en las organizaciones”, afirma Pilar Rojo, directora del Club de Benchmarking de Recursos Humanos de IE Business School. Esto ha llevado, por un lado, a que “perfiles de alta y media dirección tengan que asumir responsabilidades de gestión a las que no estaban habituados”, como explica Merche Aranda, directora del máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching de EAE Business School.

Los signos de la desmotivación no siempre son evidentes en el corto plazo, pero sí tienen efectos en la productividad

Y por otro, a que “personas que no tenían como propósito alcanzar esa posición hayan tenido que asumirla. No escucharon su propio mensaje y la frustración crece”, explica Herminia Gomà, psicóloga y directora del Institut Gomà. No ejercer el cargo directivo con libertad de actuación, la rutina de liderar un mismo proyecto y a las mismas personas durante demasiado tiempo, y el miedo a los cambios que se suceden, como los tecnológicos, también son fuentes de desmotivación: “El cambio produce resistencia y escepticismo:no saber si voy a ser capaz de adquirir nuevas competencias, quién me va a dirigir…”, ejemplifica Pilar Rojo.

Todo ello produce efectos que afectan de forma frontal a la productividad, y cuyos signos no siempre se ligan a una falta de atracción por la labor que se desarrolla. “Un mayor cansancio, menos interacción con los compañeros, más seriedad o un carácter más estricto… Pueden atribuirse a factores puntuales. Pero prolongados en el tiempo son rasgos evidentes de desmotivación”, describe Merche Aranda. “Hay miedo a admitirlo y a no transmitirlo, por temor a perder el trabajo y no encontrar otro”, añade Herminia Gomà.

La solución depende de la proactividad del empleado y de la comprensión de la propia empresa

Encontrar una solución satisfactoria solo llegará con el empeño del empleado y de la empresa. El primero, con una actitud proactiva por recuperar las ganas de llegar al trabajo. Para ello, como explica Merche Aranda, hay que ser consciente de la situación, identificar los motivos, y desarrollar planes específicos para arreglarlos:proponerse nuevos retos, plantear un cambio de proyecto, de función… Transmitirlo a la empresa, por tanto, es clave.

Estas cada vez son más conscientes de la importancia de preservar la salud emocional de sus empleados. “El talento va a ser una de las variables que más van a diferenciar a las organizaciones. Saben que va a ser escaso y que hay que tenerlo muy motivado. Por eso están poniendo el foco en su propuesta de valor”, analiza Pilar Rojo. Esa propuesta tiene cinco puntos:el valor que el trabajador percibe de estar en esa empresa, ya sea el proyecto, el sueldo o la flexibilidad horaria; que la labor sea de interés, retadora y con impacto;la posición que ocupa la compañía dentro de su sector, la calidad de su producto, su política social, etc.; las oportunidades de desarrollo que ofrece;y el valor de las personas que la componen, sobre todo, de la alta dirección:“Que su liderazgo sea motivante”, añade Rojo. Para Herminia Gomà, “el liderazgo tiene dos componentes: determinación para lograr los objetivos, y humildad para relacionarte con las personas que van a ayudar a conseguirlos. Cuando no se valora esa carga emocional, nace la desmotivación”.

“Hace diez años no podía hablarse de emociones en la empresa”, cuenta Merche Aranda. La incorporación de la gestión emocional a la cultura corporativa, con herramientas específicas para desarrollarla entre los empleados, define, según Aranda, a una empresa sensible con la salud emocional.

“Oficinas Google” y neuronas espejo

El estílo lúdico que Google imprime al diseño de sus oficinas ha creado escuela. Cada vez son más las empresas que apuestan por un estilo abierto y desenfadado. ¿Cuestión de moda? “Generar entornos positivos fomenta más ganas de ir a trabajar, de que los empleados aprendan mutuamente en un contexto distendido. Esto sí repercute en la eficiencia y en la cuenta de resultados”, afirma Merche Aranda. Como explica la psicçologa y directora del máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching de EAE BusinessSchool, el cerebro cuenta con las denominadas neuronas espejo, que “hacen que las emociones se contagien. Si en la empresa creas emociones negativas, estas se retroalimentan y se crean climas de trabajo poco edificantes. Cuantos menos espacios de expresión emocional positiva haya, pero será el ambiente”. Heminia Gomà, directora del Institut Gomà, apuesta por espacios en los que las personas con mayor creatividad e iniciativa puedan entablar contacto con quienes toman las decisiones

cincodias

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Código de Conducta del Santander: mejor no ir a los casinos y las casas de apuestas

Banco Santander ha actualizado el código de conducta de sus empleados para adaptarlo al MiFID II, la Directiva de Mercados e Inversiones Financieras que entró en vigor en enero pasado y que en España implica una nueva Ley del Mercado de Valores, aún en tramitación.

MiFID II pretende proteger a los particulares, garantiza que el inversor sea consciente de los riesgos a los que se expone (mediante test), separa las funciones de intermediación y asesoramiento y limita los incentivos de las entidades para vender productos a clientes no adecuados.

Santander se obliga así a ser un peldaño más exquisito y modificar las normas de buen hacer profesional de sus trabajadores en pro de la nueva normativa. La entidad ha adaptado requerimientos de MiFID II como las pautas para la clasificación de los clientes y de los productos financieros o los test de conveniencia y de idoneidad.

Pero su código de conducta también mantiene cuestiones relativas al ocio de sus empleados, la buena educación, la armonía familiar, el respeto al medio ambiente, las relaciones personales y familiares con la entidad o sus vínculos con autoridades, directivos y funcionarios públicos. También aspectos relacionados con la confidencialidad, los regalos e invitaciones que reciben o realizan, la igualdad, el pago riguroso de impuestos, las incursiones en Bolsa de sus empleados, la participación en sociedades offshore (sitas en paraísos fiscales) e incluso a qué dedican el tiempo libre. Porque en el caso de que sea a jugar al blackjack, mejor olvidarse.

El banco desaconseja a sus trabajadores acudir a casinos y casas de apuestas. Y menos aún llevar allí a “personas que mantengan cualquier tipo de relación profesional o de clientela con el Grupo Santander”.

La entidad vela por unos elevados estándares de educación. Prohíbe, por considerar “inaceptables”, cualquier tipo de agresión física o verbal entre sus empleados. Pero también cuida de que sus trabajadores disfruten y promuevan la conciliación familiar, “para mejorar la vida de sus empleados y de sus familias”, según se lee en su Código General de Conducta. “Los empleados de Santander desarrollarán una conducta profesional recta, imparcial, honesta”, ordena y compendia.

Además del Código de Conducta ahora actualizado, los empleados de Banco Santander se rigen por otros prontuarios como el Manual de Procedimientos para la Venta de Productos Financieros, el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Manual de Conducta en el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación

Conflictos de intereses

La entidad pone especial atención en los conflictos de intereses. No solo el empleado se guía por este código de conducta, también sus allegados. Los trabajadores del Santander “no podrán intervenir en operaciones en que ellos figuren como beneficiarios o garantes”, pero tampoco cuando lo sean “sus familiares o personas con quienes compartan intereses económicos”.

En el caso de que el Banco ponga a la venta una promoción de viviendas o el empleado se encapriche de una de las obras de arte de la Colección Santander (su Cristo crucificado con Toledo al fondo, de Sorolla, o su Niños buscando marisco, de Sorolla), no tiene nada que hacer porque el Santander le prohíbe en este código de conducta, “directamente o a través de personas vinculadas, adquirir o arrendar activos o bienes pertenecientes al Grupo”.

El banco también condena las relaciones de exclusividad con proveedores y clientes, de los que tampoco permite aceptar “cualquier tipo de pago, comisión, regalo o retribución”, y eso incluye “tomar dinero a préstamo o recibir cualquier tipo de facilidad financiera”.

Sí se permiten obsequios si se trata de objetos de propaganda de escaso valor, invitaciones normales que no excedan de los límites considerados razonables en los usos habituales sociales y de cortesía y las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales (como regalos de Navidad o de boda), siempre que no sean en metálico y estén dentro de límites módicos y razonables”.

Confidencialidad

La discreción en Banco Santander es un plus. La entidad pide a sus empleados máxima confidencialidad y “abstenerse de transmitir por propia iniciativa o a requerimiento de terceros cualquier información o noticia sobre el grupo o sobre terceros a los medios de comunicación”.

El Banco exige a sus trabajadores que aquellas operaciones que hagan por cuenta propia sean realizadas a través de una entidad del Grupo “y que informen mensualmente sobre ellas a la Dirección de Cumplimiento”.

Ni chantajistas ni morosos

La entidad no tolera los sobornos, tal es así que prohíbe “la entrega, promesa u ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión, regalo o retribución a cualesquiera autoridades, funcionarios públicos, empleados o directivos de empresas” públicos o de otras empresas o entidades.

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Las aseguradoras invitan a los jubilados a canjear sus casas por un sueldo vitalicio

Lo dicen los informes de la OCDE. El problema de los pensionistas españoles es de renta, no de riqueza. Con el negocio de los planes de pensiones individuales y de empleo estancado desde hace años, el sector asegurador ha decidido cambiar de estrategia y lanzar un planteamiento más audaz: estimular la materialización de esa riqueza en manos de los jubilados españoles para paliar el problema de renta que se les viene encima. Y cuando en España se habla de riqueza, se habla de vivienda.

Renta Vitalicia

Aseguradoras y renta vitalicia

Las estadísticas del Banco de España dicen que el 73,5% de la riqueza de las familias españolas está materializada en inmuebles. También que el 82% de los hogares españoles tiene una vivienda en propiedad, el 42%; tiene, además, otro bienes inmobiliarios (la casita en la playa, la casa del pueblo…); y, un dato relevante, el 95,5 % de los hogares de jubilados tiene su vivienda íntegramente pagada. Sin embargo, el horizonte que afrontan los pensionistas españoles no es halagüeño. Una persona que se jubile hoy en España perderá a lo largo de su vida como pensionista unos 350 euros mensuales de poder adquisitivo por la acción de las últimas reforma aprobadas por el Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, según los cálculos realizados por el equipo de investigadores de Analistas Financieros Internacionales para la patronal del sector asegurador, Unespa.

La conclusión más inmediata del trabajo realizado por AFI cae por su peso: los futuros pensionistas necesitarán generar rentas complementarias a su pensión pública por esa cuantía si quieren mantener su poder adquisitivo en los próximos años. A la conclusión le sigue una evidencia: el ahorro formalizado en planes de pensiones de empleo o individuales no alcanza ni de lejos para cubrir ese ‘gap’, ni por el porcentaje de población que lo tiene contratado ni por el volumen de las aportaciones realizadas. ¿Hay solución? Según el informe la hay y pasa por “desamortizar el ingente patrimonio inmobiliario español en beneficio de sus propietarios”, un objetivo para el que se requiere de un pequeño cambio de mentalidad que lleve “a los propietarios de vivienda mayores de 65 años a contemplar sin reparos el uso de su vivienda al objeto de obtener una renta para toda la vida“. Llegamos así al objeto del trabajo: la defensa de las rentas vitalicias como instrumento más adecuado y  más viable para ‘blindar’ las percepciones reales de los futuros jubilados ante la inminente caída de las pensiones.

Tu vivienda a cambio de un sueldo para toda la vida

¿Qué es una renta vitalicia? En la dimensión aseguradora, que es en la que se centra el estudio, se trata de un contrato de seguro según el cual el tomador abona una prima única inicial de una cuantía ‘X’ por la que se garantiza una renta ‘Y’ durante el resto de sus días. Un ejemplo. Si una persona de 67 años que se jubilara hoy mismo quisiera compensar esos 350 euros mensuales de potencial pérdida de poder adquisitivo que sufrirá su pensión en los próximos años mediante la contratación de un seguro de renta vitalicia, la cuantía que debería abonar como prima única de seguro estaría en el entorno de los 63.000 euros.

Pero, ¿quién puede permitirse eso?, se podría pensar. Pues la mayoría de los españoles, contesta el informe realizado por AFI para Unespa. Lo único que habría que hacer, sostienen, es que llegado el momento de la jubilación los pensionistas materializaran el valor de su vivienda y emplearan una parte de los recursos obtenidos a garantizarse un sueldo para toda la vida. Problema resuelto. Lo que dice el estudio es que dado que la riqueza inmobiliaria media de las familias españolas ronda de los 150.000 euros, solo haría falta destinar una tercera parte de lo obtenido con la materialización de la misma para garantizarse una jubilación tranquila y sin sobresaltos. Además, la operación tiene una interesante ventaja fiscal, ya que la ganancia patrimonial puesta de manifiesto con la venta de cualquier activo está exenta hasta un valor de 240.000 euros si acaba dedicándose a la contratación de una renta vitalicia.

Hasta ahora el mercado no lo ha interpretado así. Según los datos proporcionados por Unespa, el número de usuarios que han transformado una parte de su patrimonio en un seguro de renta vitalicia es de 17.754, decididamente una cifra marginal. En el sector asegurador creen que es por desconocimiento. Entienden que es un instrumento seguro por definición ya que garantiza una renta desde su contratación hasta el momento del fallecimiento, lo que impide lo que, aseguran, es una de las principales preocupaciones de las personas mayores: sobrevivir a sus ahorros. “Lo que permite este instrumento es ahorrar mejor, no es necesario ahorrar más”, remachó José Antonio Herce, socio de AFI.

La patronal aseguradora también recalca su flexibilidad. Se puede constituir en diferentes momentos, la prima a pagar es determinada por el titular en función de sus necesidades, es posible rescatar el capital en todo o en parte, es posible hacer un uso compartido del seguro y también se puede modular la edad de inicio del disfrute. En la parte negativa, su naturaleza radicalmente actuarial, que hace que si un tomador fallece antes de la edad media de fallecimiento de las personas de su sexo perderá parte del patrimonio aportado a este instrumento financiero, lo cual tiene el reverso de que si es más longevo sacará mayor partido a su inversión.

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Estas son las ayudas al alquiler y a la compra de vivienda que el Gobierno aprobará en menos de un mes

os planes de Fomento pasaban por aprobar este programa en enero, pero finalmente ha retrasado su puesta en marcha para incluir «medidas de acuerdo con las comunidades autónomas» que permitan «agilizar la puesta en marcha de las ayudas».

Para evitar que este retraso afecte a los beneficiarios del programa, el Plan de Vivienda tendrá carácter retroactivo. Es decir, las ayudas podrán solicitarse con efectos al 1 de enero. Así lo anunció ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso de los Diputados donde añadió que se exigirá a las comunidades autónomas que cofinancien el 30% del programa, planteado en mayo de 2017.

Estas son las principales ayudas recogidas en el plan:

Hasta 10.800 euros

El Plan de Vivienda recoge ayudas de hasta 10.800 euros para aquellos menores de 35 años que decidan adquirir un inmueble, siempre y cuando no tengan una vivienda en propiedad, su renta sea inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el inmueble vaya a constituir su residencia habitual.

Pago de hasta el 50% del aquiler

El Gobierno pretende contrarrestar la subida de precios que ha registrado el alquiler en España durante los últimos años. Para ello, establece financiar parte del arrendamiento a los jóvenes y a mayores de 65 años, que podrán recibir ayudas de hasta el 50% del importe del alquiler de un piso. Todo ello siempre y cuando la renta mensual sea inferior a 900 euros.

Nuevas ayudas a desfavorecidos

De igual forma, se amplía el límite de las rentas de alquiler hasta los 900 euros (desde los 600 anteriores) por el que los colectivos más desfavorecidos (hogares por debajo del triple del IPREM) podrán acceder a ayudas de hasta el 40% del alquiler. Las ayudas podrán extenderse durante un periodo de tres años.

abc.es

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