La pensión pública perderá el 19% de su poder adquisitivo en diez años

Renta 4 ha alertado de una pérdida de valor del 19% de las pensiones públicas en los próximos diez años debido a la desconexión entre la revalorización de estas pensiones, “que se mantendrá en el 0,25% anual durante más de diez años”, y el ritmo del IPC, que según el escenario previsto por el BCE avanzará a un ritmo anual del 2%, lo que situará la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en el 1,75% anual.

Así lo ha augurado el presidente y consejero delegado de Renta 4, Antonio Fernández Vara, durante la presentación este martes del estudio Necesidad de complementar las pensiones públicas. Planes de Pensiones elaborado por la gestora, que ha alertado de un “desconocimiento bastante generalizado” del importe de la futura pensión pública a pesar de la obligación del Gobierno de comunicar dicho importe.

Fernández ha hecho referencia a la Ley de 2011 por la cual se introdujo la obligación, por parte de la Administración, de informar anualmente por correo a los cotizantes sobre la cantidad que les correspondería, una misiva que en 2014 fue sustituida por un simulador de pensión en la web de la Seguridad Social que, desde su punto de vista, “no sirve absolutamente de nada” y “ofrece una información errónea”.

La entidad ha ofrecido un ejemplo por el cual, según dicha herramienta, para una persona de 40 años y un sueldo de 36.000 euros anuales, el importe de la pensión estimada es de 4.300 euros mensuales, es decir, 60.200 anuales, siendo la pensión máxima de 2.574 euros mensuales. Fernández ha destacado que la gente debe ser consciente de las pensiones que tendrán como medida necesaria para potenciar la industria de las pensiones privadas.

Mayor incidencia en los salarios altos

La gestora ha advertido de que la normativa de la Seguridad Social establece valores de retorno con una incidencia superior en la pensión futura de los salarios más altos, cuyo retorno para ingresos de 50.000 euros anuales se situará en el 57% en 2025, trece puntos inferior que en la actualidad. Este porcentaje desciende en tramos superiores hasta el 35% para salarios de 80.000 euros anuales.

“Si deseamos mantener cierto nivel de vida cuando nos jubilemos, tendremos que tener en cuenta la cobertura que nos ofrecen las pensiones públicas y, en la medida en que éstas no alcancen un nivel suficiente, deberemos complementar nuestros ingresos con nuestro propio ahorro”, reza el estudio, que recomienda un mayor ahorro privado “a menor cobertura de la pensión pública” respecto al salario.

En clave demográfica, el estudio se hace eco de datos como el envejecimiento de la población española, que se convertirá en la segunda más envejecida después de la de Japón. Alertan además de que habrá un “envejecimiento del envejecimiento”, es decir, un aumento de la población más anciana, que supera los 80 años, que según el INE será casi el 15% de la población total en 2050. La tendencia, aseguran, será así de un “efecto sustitución” negativo por el cual los nuevos pensionistas llegarán “en mayor cantidad” y con pensiones de 1.350 euros, “que se acercarán a la máxima cantidad”, frente a los 880 euros actuales.

.libremercado.com

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Confebus: “El autobús debe poder subir de 90 a 100 km/h en autovía para ser más competitivo”

La Confederación de Transporte en Autobús (Confebus) cumple un año como único representante y portavoz de las empresas de autobús españolas. La patronal nació de la fusión de Asintra y Fenebus para afrontar los grandes retos del sector en un momento marcado por la renovación de las concesiones de las líneas interurbanas y autonómicas, las bajas temerarias, los cambios normativos desde la Unión Europea, el aumento de la competencia con la llegada de empresas como Blablacar y los bajos precios del AVE, y la necesidad de mejorar la oferta con tarifas flexibles y un aumento de la velocidad media. Descárguese aquí gratis la revista elEconomista Transporte.

Tras un año de mucho trabajo y viajes a Bruselas para velar por los intereses del sector del transporte por carretera, Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, hace un balance del camino recorrido, las mejoras conseguidas y los desafíos que enfrentan las grandes empresas españolas como Avanza, Alsa o La Sepulvedana.

En un sector con una competencia tan fuerte e intereses enfrentados en algunos ámbitos, ¿qué balance realiza del primer año de Confebus?

Ha sido muy positivo. Aunque prácticamente Asintra y Fenebus defendíamos lo mismo, nos diferenciaba la forma de hacerlo. Ahora, al ir con una posición y un mensaje único pactado, la interlocución con las Administraciones es más eficaz y tenemos más presupuesto para hacer lobby, contratar abogados, encargas estudios, poner en marcha iniciativas de comunicación. Hemos bajado los costes de estructura, pero mantenemos las cuotas, por lo que la capacidad de gasto ha subido.

El Gobierno empezó este año a renovar las concesiones de las líneas de autobús interurbanas y tras varios problemas el proceso se ha paralizado. ¿Qué ha pasado?

Los concursos se paralizaron por el problema de las bajas temerarias y por el devenir de varios cambios normativos que han obligado a modificar los pliegos. Por un lado está la Ley de Desindexación de las Tarifas que nos obliga a tener un sistema de revisión de precios marcado por el Ejecutivo mediante una fómula que debe desarrollar el Ministerio de Hacienda. Este proceso todavía está pendiente de entrar en el Consejo de Estado. Entre medias se ha aprobado la nueva Ley de Contratos Públicos que introduce novedades para el sector y que no entra en vigor hasta marzo de 2018, por lo que no habrá más licitaciones hasta el segundo trimestre del año que viene.

La Administración ha ido adaptando los pliegos a las nuevas normativas y eso es lo que ha ido retrasando la renovación de las líneas. Ahora están pendientes de ser relicitadas la mitad de las rutas interurbanas que suponen casi el 70% del presupuesto -unos 340 millones en total al año-, ya que son las más importantes y con más demanda.

La Sepulvedana perdió la ruta Madrid-Segovia en favor de Llorente, que fue acusada de realizar una baja temeraria y tuvo que justificar su oferta ante el Ministerio. Después de este concurso, y otros que se adjudicaron con rebajas del 40 y el 50%, como el de Murcia-Cartagena a Globalia, Fomento anunció una modificación en los pliegos. ¿Cómo va el proceso?

Exacto, tras la oleada de ofertas por debajo de la media, Fomento abrió un proceso para cambiar los pesos en las puntuaciones de los contratos y que la parte económica pesara menos que la oferta técnica. La idea era tenerlos hechos para reabrir las licitaciones en junio, pero todo se paralizó con el cambio de la ley de concursos públicos.

A su vez, ha habido que subsanar otros aspectos para blindar la seguridad jurídica de las empresas en el tema de los concursos, ya que un cambio de interpretación de la ley llevó a las empresas de autobús a no poder recurrir las adjudicaciones ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que nos obligaría a ir directamente a la vía de los contencioso administrativo -justicia ordinaria-.

Esto con la nueva normativa ya quedará resuelto porque volvemos a tener derecho a acudir a un tribunal especial y eso supone garantizar la seguridad jurídica para el sector y la Administración, porque los recursos se resuelven más rápidamente y se pueden poner medidas cautelares.

¿Existe preocupación en el sector sobre el futuro y la viabilidad de las líneas que han ganado con bajas temerarias?

Sí, claro que existe preocupación, porque no vale todo con tal de ganar el contrato. Se tiene que hacer una oferta que sea buena técnicamente pero que sea viable, si no, no tiene sentido. Aunque también depende mucho de cómo hayan realizado la oferta, ya que no es lo mismo comprometerse a conseguir una certificación de calidad que comprometerse a tenerla toda la vida de contrato. La competencia es tan bestial que ha que hilar muy fino.

El siguiente gran reto de las empresa de autobús es la renovacón de las líneas autonómicas, que son unas 1.450. ¿Cómo va el proceso?

También van con cierto retraso. Valencia, Castilla León y Castilla-La Mancha están rehaciendo el mapa concesional y el modelo de pliego, por eso va más lento. Las nuevas concesiones que están preparando van a ser más tipo zonal. Es decir, si una empresa gana el contrato de la zona le incluyen todo, las rutas de uso general y de uso especial, es decir, van a meter las rutas de los colegios públicos para administrar mejor los recursos públicos.

Hasta ahora, Educación contrataba por su lado la ruta del colegio y por el otro estaban las líneas regulares. Al sector le sirve para mejorar la ocupación y tener menos costes unitarios, pero lo cierto es que no es muy positivo porque se pierden ingresos. Estaban contratando dos autobuses donde ahora solo te van a contratar uno ,pero el sector está de acuerdo con esta iniciativa porque en las zonas rurales tiene mucho sentido.

¿A nivel nacional se ha realizado o se va a realizar algún cambio?

En términos generales, el Ministerio está sacando las concesiones tal cual eran y muchas no tienen sentido, porque la movilidad ha cambiado mucho. Hay concesiones que a lo mejor deberían estar integradas en otras o que deberían desaparecer. Habría que hacer otro mapa concesional -líneas, rutas-, que es lo que están haciendo en algunas Comunidades Autónomas.

El estado de las estaciones de autobús también preocupa al sector…

Sí, la falta de inversión para su renovación y mantenimiento nos preocupa mucho. En Castilla y León se ha puesto en marcha un plan ambicioso para mejorar la red de estaciones de autobús en Ávila, Valladolid, Soria, Segovia, Astorga o León, que nos gustaría que se copiara en el resto de España. Por ejemplo, en Valladolid van a cambiar la estación de sitio y la van a integrar en la de tren para potenciar la intermodalidad, que es el futuro del transporte.

De nada nos sirve poner esos autobuses tan grandes, potentes y maravillosos cuando te encuentras que el origen o el destino del viaje es un sitio inseguro, que está sucio y que precisa de mucha inversión para adaptarse. Con dos millones de euros de inversión de termino medio por estación de las principales capitales de provincia y con más de 100.000 habitantes -unas 60-, calculamos que haría falta un plan de inversión de 120 ó 150 millones de euros. Quedarían muchas por hacer, pero habría que empezar por algún sitio y 120 millones en los Presupuestos Generales no es nada. Hay un problema competencial, ya que a veces la titularidad de la estación es de la Comunidad Autónoma pero la gestión es municipal o es una concesión privada.

¿En qué consistirían las renovaciones?

Hay que modernizar las estaciones, adaptarlas a la movilidad reducida, mejorar la información, la conectividad y la seguridad y, sobre todo, aprovechar su buena ubicación y el elevado tráfico de personas para potenciarlos como centros comerciales y de ocio mejorando la oferta de tiendas, restaurantes y punto de entretenimiento. Son mejoras que se pueden implementar en muy poco tiempo, pero hace falta voluntad política.

El sector del autobús perdió la primera batalla legal contra Blablacar. ¿Qué está haciendo el sector para plantar cara a la competencia?

La sentencia se ha recurrido, por lo que estamos a la espera de que se pronuncien los tribunales. Mientras tanto, el sector se ha movido para plantarle cara y tratar de frenar la fuga de pasajeros. Por ejemplo, se han analizado muy bien las rutas, se han movido los precios a la baja, se han mejorado mucho los autobuses, que ahora también tienen WiFi y pantallas individuales, y la seguridad. Viajar ahora en autobús tiene más ventajas.

¿Qué medidas reclama el sector para ser mucho más competitivo?

Nosotros buscamos que se modernice la actividad para ser más competitivos. Por un lado, nos gustaría implementar las tarifas flexibles que nos permitan seguir los pasos de otros operadores y, con ciertas limitaciones, establecer tarifas valle, pico y llano, según la oferta y la demanda. Pero no nos han dejado, se ha perdido una oportunidad con el nuevo reglamento del transporte terrestre (Rott). A su vez, nos gustaría ir más deprisa en autovía y pasar de viajar a 90 km/h a 100km/h. Subir la velocidad solo en 10 km/h nos permitiría recortar hasta en una hora los trayectos y ser más competitivos.

Los vehículos han cambiado mucho, son mucho más seguros y nuestros índices de siniestralidad son muy buenos y los conductores están muy bien formados. Somos un transporte muy seguro y no entendemos por qué no nos dan 10 km/hora más. Por otro lado, nos gustaría hacer controles de drogas y de alcoholemia a los conductores y no podemos porque los sindicatos se niegan. También queremos conocer su saldo de puntos en el carné. Necesitamos que Tráfico cambie la normativa.

eleconomista.com

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Reino Unido y EEUU compran el 80% de la participación de Bankia vendida por el Estado

El Estado, a través del FROB, ha cerrado hoy la venta de un 7% de Bankia en 818,3 millones de euros, gracias a que sólo en Reino Unido y Estados Unidos ha encontrado a inversores dispuestos a comprar más del 80% de las acciones puestas a la venta, lo que equivale a un 5,8% del banco.

Esto supone que únicamente los inversores con sede en estos dos países destinaron casi 680 millones de euros en la compra de acciones de Bankia, según datos del mercado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha considerado hoy que la operación demuestra la confianza en Bankia, en el sistema financiero español y, en última instancia, en la economía española, al tiempo que ha admitido que no habría podido llevarse a cabo hace 45 días, por la incertidumbre generada por Cataluña.

Una demanda fuerte

La demanda de acciones por parte de los inversores duplicó la oferta de títulos puesta en el mercado por el FROB con la ayuda de Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS.

Estos tres bancos fueron los encargados de llevar a cabo la colocación y consiguieron que en Reino Unido se colocara un 43% de los títulos, seguido de Estados Unidos, donde se ha vendido un 40%, un 11% en el resto de Europa, un 4% en el resto del mundo y un 2% en España.

El fuerte apetito inversor explica que la venta de 201,55 millones de acciones de Bankia se haya hecho por 818,30 millones, a razón de 4,06 euros por título o un descuento del 2,64% respecto a los 4,17 euros del cierre de ayer.

Eso explica, a su vez, la corrección del 2,40 % que Bankia ha sufrido hoy en Bolsa.

La colocación acelerada de Bankia por parte del Estado es la segunda que se lleva a cabo tras una primera, en febrero de 2014, en la que el FROB se desprendió de un 7,5% de la entidad, una participación valorada entonces en 1.360 millones.

Proceso de privatización

La operación, que como recuerda el FROB reactiva el proceso de privatización y la normalización de la entidad tras la inyección de dinero público, favorece la liquidez del valor y las ventas futuras.

Tiene un impacto positivo en la ratio de capital CET 1 “fully loaded” -teniendo en cuenta las futuras exigencias regulatorias- de BFA en el entorno de 75 puntos básicos a nivel consolidado respecto al cierre de septiembre 2017, según cálculos de la entidad.

Tras esta segunda venta, el Estado sigue siendo el principal accionista de Bankia, con una participación del 60,63% que, tras la prevista fusión con BMN, se situará en el 60,93%.

eleconomista.com

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El Estado registra nuevas pérdidas de 70 millones en la venta de un 7% de Bankia

En una nueva operación de venta de acciones cinco años después de la nacionalización de Bankia, el Estado no logra plusvalías, sino una nueva pérdida. El Banco Financiero de Ahorros (BFA), propiedad al 100% del Estado calcula unas minusvalías de en torno a 70 millones de euros tras vender un 7% de su filial Bankia, según ha podido saber EL MUNDO, de fuentes solventes.

Aún así ,el Gobierno ha optado por poner a la venta esta participación apostando que, al dar más liquidez y movimiento al valor, el banco se revalorizará a medio plazo en Bolsa .

En la sesión matinal y tras conocerse la venta con descuento, los títulos de Bankia han arrancado a la baja con caídas superiores al 1%. Según un comunicado oficial del Frob, dueño de BFA, se ha cerrado la colocación acelerada de un 7 % de Bankia, equivalente a 201,55 millones de acciones, por 818,30 millones de euros, un importe de 4,06 euros cada una.

Las pérdidas son mayores si se compara la operación con la venta de un 7,5% de Bankia en 2014 por 1.360 millones de euros, pero a efectos contables se estima que será de los citados 70 millones, por la actualización a la baja del valor contable de Bankia en los libros de BFA a lo largo de estos años. El FROB no oculta en su comunicado que no ha habido plusvalías y no niega que ha vendido por debajo del valor contable de Bankia en BFA pero no facilita una cifra oficial.

Sí especifica que el precio representa un descuento del 2,64% con respecto a los 4,17 euros con los que terminaron ayer la sesión las acciones de Bankia.

El FROB señala que su objetivo es retomar el proceso de privatización y la normalización de la entidad tras la inyección de dinero público, favorece la liquidez del valor y las ventas futuras, y tiene un impacto positivo en la ratio de capital CET 1 “fully loaded” -teniendo en cuenta las futuras exigencias regulatorias- de BFA en el entorno de 75 puntos básicos a nivel consolidado respecto al cierre de septiembre 2017, según cálculos de la entidad.

Las entidades colocadoras o encargadas de la venta han sido Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS, en tanto que Nomura ha actuado como asesor financiero del FROB y Rotschild como asesor de BFA.

elmundo.es

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La sanidad se perfila como el mayor nicho de empleo en la próxima década

En los 10 próximos años, hasta el 2026, se crearán algo más de 2,5 millones de nuevos empleos en España y 14 de cada 100 de estos puestos serán en la sanidad, pública o privada. Esta es una de las conclusiones principales del informe “El futuro del empleo” que ha elaborado el catedrático de Economía Aplicada Josep Oliver para la multinacional de recursos humanos y de empleo temporal Manpower.

Según el citado informe, cinco sectores -los de sanidad y servicios sociales, industria, comercio, servicios a las empresas y hostelería- generarán una media de 300.000 nuevos empleos por rama hasta el 2026, con un máximo de 350.000 para el primero de ellos por exigencia del envejecimiento progresivo de la población.

Por otra parte, se prevé que educación y administraciones públicas perderán puestos. El informe pronostica una caída anual media del 0,1% en los niveles de empleo de la educación derivada, tanto de “las necesidades financieras del sector público” como por la contracción de la población entre niños y jóvenes.

De esta forma, en el 2026, el sector terciario dominaría con un 74% el conjunto del empleo, mientras que la industria aportaría un escaso 15%; la construcción, el 6% y la agricultura, el 4% aproximadamente.

Retrato robot

El estudio presentado este lunes tiene por objetivo determinar qué tipo de empleo van a expandirse más en la próxima década y, por tanto, en qué sectores, territorios, edades y tipología se va a generar dicha ocupación, según ha explicado el director de Manpower para la región mediterránea, Raúl Grijalba. Según Oliver, se trata de saber “qué cualificaciones serán necesarias y hasta qué punto la oferta de mano de obra será suficiente y con la formación adecuada, o si las instituciones de que disponemos están diseñadas para hacer frente  a lo que parece que serán retos formidables”. El catedrático se refiere, sobre todo, a los retos de la globalización, el tecnológico (robotización) y el envejecimiento de la población que en la mayoría de los países más avanzados están revolucionando el mercado laboral. “Un ejemplo de esta transformación es el incremento de empleos de bajo valor añadido, directamente vinculados a los servicios de atención a las personas”, señala.

Si se pudiera elaborar un retrato robot a partir de las conclusiones del informe se podría llegar a la conclusión de el nuevo empleo de la próxima década será de forma preferente en la sanidad, en la zona de Levante, para un trabajador con un nivel de formación alta (universitaria o de formación profesional) para puestos cualificados de profesionales y técnicos, y con edades bien entre 40 y 50 años, bien entre jóvenes que acceden por primera vez a un trabajo.

Bajo este perfil, se prevé llegará al 2026 con un fuerte aumento del número de trabajadores en el tramo de edad entre 50 y 66 años, que sumará 2,4 millones de personas adicionales hasta representar el 36,5% de la población ocupada (frente al 28,5% actual). En ese momento, habrá también habrá medio millón más de trabajadores con edades entre 16 y 29 años, pero otro medio millón menos que ahora entre 30 y 39 años de edad.

21 millones de empleos

El informe parte de que en la próxima década el empleo crecerá en España a un promedio anual del 1,3%, con tasas más elevadas al principio (2,7% en el 2017) que en la última parte del periodo (0,6% en el 2026). El alrededor de medio millón de nuevos empleos del 2017 dará paso a incrementos anuales más moderados, en el entorno de los 125.000 puestos, diez años después. Con este ritmo, no se recuperará hasta el 2023 el nivel de empleo previo a la crisis (20,5 millones), si bien Oliver también considera “razonable” la hipótesis del Gobierno de alcanzar esta meta en el 2020 a costa, eso sí, de una mayor desaceleración en los años posteriores.

De un modo u otro, Oliver sostiene que el nivel de empleo rozará los 21 millones de puestos en el 2026 y que se llegará a ese momento con excesos de oferta de mano obra en determinados segmentos de mercado laboral (por edad, sexo, territorio o nivel de educación) y con carencias en otros que solo podrán ser resueltos con mayor movilidad geográfica, generacional y educativa, con una mayor incorporación de la mujer al mundo laboral o, llegado el caso, con mayores niveles de inmigración extranjera, como sucedió en los primeros años de este siglo. De momento, el informe presentado por Manpower no incluye una proyección sobre tasas de desempleo en el horizonte del 2026.

Informe del futuro del empleo, por Manpower

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12.000 marineros españoles exigen a Noruega el pago de sus pensiones

Unos 12.000 marineros españoles, embarcados en la flota noruega entre 1948 y 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo), fueron obligados por ley a pagar hasta el 30% de su salario bruto en al país nórdico, aunque al no vivir allí, se les impedía cotizar. Ése es el motivo por el que no reciben una pensión a día de hoy, y por el que ayer domingo algunos de ellos emprendieran en Oslo una serie de manifestaciones.

Los marineros, la mayoría originarios de Galicia, mantienen desde hace año y medio un doble contencioso contra Noruega por la vía civil y social, con el objetivo de agotar las instancias judiciales allí y llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo.

“Noruega quiere dilatar todo el tiempo el proceso, porque sabe que el tiempo juega a su favor. Es una agonía, aparte de una sangría económica”, dijo a Efe Alberto Paz Viñas, portavoz de la asociación de afectados Long Hope, aludiendo a la decena de recursos presentados por el Estado nórdico y a la edad de los demandantes.

Paz Viñas criticó la actitud del Gobierno español, que los trata como “apátridas” y se limita a decirles que se personará cuando el caso llegue a Estrasburgo, y recordó que la Unión Europea (UE) y una comisión del Parlamento Europeo han reconocido que sufren una injusticia social grave.

“No significamos nada para el Gobierno español. Creo que ambos nos quieren ver muertos y sacarse el problema de encima. Noruega se ríe de nosotros y España nos deja a nuestra suerte“, afirmó el portavoz, que agradeció en cambio el apoyo de la Embajada en Oslo.

Los representantes de Long Hope tienen previsto realizar movilizaciones similares a partir de marzo en Londres, Berlín, Dublín, Viena, Ginebra, París, Roma, Atenas y La Haya para explicar a nivel internacional sus reclamaciones.

Long Hope ha impulsado 87 movilizaciones en una década, muchas en Galicia, pero también ante las embajadas noruegas en Madrid y Bruselas, y ha conseguido el respaldo de los principales partidos españoles, el Congreso, el Senado y el Parlamento de Galicia.

libreercado

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Cómo podría España retener a sus matemático

Suele decirse que los matemáticos españoles están muy bien valorados fuera de España. Y no es un comentario para inflar el ego de la investigación o para escudarse en consuelos fáciles. “Es cierto, la mejor prueba es que nos contratan”, explica Roger Casals, matemático de 28 años forjado en la Universidad de Barcelona que trabaja a caballo entre el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos y el University College de Londres. “A los 28 años me están ofreciendo plaza fija en Gran Bretaña. La cantera matemática española tiene mucho talento y capacidad”, sentencia.

También en Estados Unidos trabaja Ariadna Farrés, barcelonesa de 36 años, en un proyecto de la NASA. Esta doctorada en Matemática Aplicada investiga desde comienzos de 2017 cómo afecta la presión de la luz solar a la trayectoria de los satélites, por resumirlo de la forma más fácil posible. Tiene contrato, como mínimo, hasta el año que viene, con opción a renovación. Su situación, como la de su colega, es más fácil en el extranjero. “En España tenemos reconocimiento, pero no se ve recompensado. Las becas se han reducido una barbaridad en los últimos años, las plazas de investigación en la universidad no se amplían y los contratos son muy cortos, y si no tienes un mínimo de dos o tres años, no puedes encarar una investigación importante. Es una pena, porque lo crucial, que es el talento, sí lo tenemos. Solo falta explotarlo”, cuenta Casals.

El mismo camino apunta Farrés: “En otros países, la diferencia de sueldo también es grande, como poco el doble, y hay más recursos para investigar, ya sea a través de la universidad o de otros organismos. En España los presupuestos se recortan y las convocatorias para optar a una plaza se retrasan cada vez más”. Estos casos, apuntan, son extrapolables al grueso de los investigadores: “De nuestras respectivas promociones, la inmensa mayoría de los doctorados e investigadores están en la misma situación”.

Pero donde más diferencias se palpan entre España y otros países, como EE UU o Gran Bretaña, es en la forma de evaluar y medir el trabajo de estos profesionales. “En España se sigue dando demasiada importancia al número de publicaciones y de papers que aparecen en la revistas”, cuenta Farrés. Y esto supone un lastre para el avance, además de ser una consecuencia directa del tipo de contratos y becas que se firman en los centros españoles. Si un investigador necesita demostrar sus logros para conservar la beca u optar a la renovación cada pocos meses, o como mucho cada pocos años, publicará mucha cantidad, pero nunca se enfrentará a problemas de gran índole, porque para ellos se necesita tiempo y una estabilidad mínima asegurada. “No puedo dedicar tiempo a grandes incógnitas o proyectos si en seis meses puedo estar en el paro. A mí, en el MIT, nunca me pidieron mi número de publicaciones, sino su calidad”, resume Casals.

No puedo dedicar tiempo a grandes proyectos si en seis meses puedo estar en paro

Roger Casals

España no saca malas notas en lo referente a la producción científica mundial. El estudio Una aproximación a la producción científica matemática en España, elaborado recientemente por la Universidad de La Rioja, situaba al país en el noveno puesto mundial. Entre los años 2000 y 2013 se publicaron en todo el planeta 1.449.172 artículos, de los cuales 54.723, un 4,83%, correspondieron a España. “No es un mal dato, sobre todo teniendo en cuenta que hace 40 años la producción española era del 0,1%, pero hay que tener en cuenta que si te metes a investigar problemas relevantes, el éxito a corto plazo es reducido. Se piden muchas publicaciones, pero quizá no se valora tanto cuál es su calidad”, reconoce el presidente de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid, Francisco Marcellán.

Sería necesario que en España se comenzase a entender esta realidad. “No siempre es fácil demostrar los avances que se hacen en las matemáticas, ya que son una ciencia en parte abstracta. Pero hay problemas que necesitan años de trabajo”, apunta Ariadna Farrés. Por eso ha de cambiar la forma en la que se valora a un profesional de esta índole: “La cantidad de artículos es un factor general que de por sí no es malo, pero no es una razón sólida para conceder becas o contratar. Para esto deben tenerse en cuenta otros aspectos tales como el contenido, la contribución o la forma de trabajar”, insiste Roger Casals.

No siempre es fácil demostrar los avances porque en parte trabajamos en algo abstracto

Ariadna Farrés

Para poder dar que hablar en el panorama investigador, España también debería apostar por entrar en el mercado matemático mundial, y no limitarse a ser un formador que ve cómo sus expertos abandonan el país: “Hay matemáticos españoles en EE UU que están siendo contratados en Zurich o en Berlín. Oferta y demanda hay, pero no participamos en ella”, se lamenta Marcellán. Como medidas a tomar para el corto plazo, este catedrático también aboga por llevar a cabo pequeños cambios, como facilitar la carrera posdoctoral, dotar a los centros de la financiación necesaria para poder ampliar los departamentos y promover la movilidad de los investigadores, muy estancada por la burocracia y otros lastres. “En España, el 75% de los autores tienen su plaza en la universidad en la que hicieron la tesis. Hay que promover el movimiento”. Todos estos puntos se recogen, de hecho, en las demandas de la Red de Científicos Españoles, una gran coalición en defensa de la ciencia que nació ayer y que agrupa a 3.500 profesionales dedicados a la investigación que viven fuera de España.

cincodias.com

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Cómo sacarle el mayor partido a la Lotería de Navidad si toca

a vida es sueño y los sueños, sueños son, escribió Calderón de la Barca en su obra maestra teatral estrenada en 1635. Pero a veces los sueños se cumplen, y es en la Lotería de Navidad donde millones de personas ponen toda la ilusión para alcanzar sus anhelos. Como cada año, el próximo 22 de diciembre los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad girarán en el Teatro Real de Madrid para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas y los más agraciados podrán celebrar la lluvia de millones.

El Gordo está premiado con cuatro millones de euros a la serie; el segundo premio, con 1.250.000 euros; el tercero, con 500.000; los dos cuartos premios serán de 200.000 euros, y los ocho quintos, 60.000 a la serie. El importe del décimo continúa siendo de 20 euros. También están las participaciones y la pedrea, que es uno de los premios más comunes debido a la cantidad de décimos en los que puede tocar, reparte 1.794 premios de 100 euros por décimo.

Este año habrá más premios. Ya e stán a la venta 170 millones de décimos. La emisión consta de 170 series de 100.000 números cada una. El total asciende a 3.400 millones de euros y se reparten en premios el 70%, que se traducirá en 2.380 millones de euros. Los españoles gastarán 82,79 euros de media en la lotería de Navidad o del Niño, según un estudio elaborado por Sondea para Securitas Direct y recogido por Europa Press.

Pero no todo el mundo sabe qué hacer con el dinero si le toca la Lotería y cómo sacarle el mayor partido posible. Desde el equipo de Planificación Financiera de Abante dan algunos consejos:

– Lo primero que recomiendan es esperar unos seis meses antes de comenzar a gastar o invertir el dinero que ha tocado, más que nada para acostumbrarse a la idea de poseer una gran cantidad de dinero. “Con este ejercicio, lo que se busca es tener tiempo para pensar qué es lo que realmente queremos conseguir con ese dinero extra que nos ha llegado a la cuenta, para evitar que lo derrochemos movidos por la euforia. La mayoría de las veces, la alegría que nos produce que nos toque el ‘Gordo’ nos lleva a caer en el despilfarro o a llevar a cabo malas inversiones que pueden hacer que ese dinero se evapore rápidamente”, señalan.

De hecho, desde la asociación European Financial Planning Association (EFPA) explican que tres cuartas partes de los ganadores de la lotería tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio.

– También hay que tener en cuenta que Hacienda se lleva una parte del importe del premio. También hay que tener en cuenta que Hacienda se lleva una parte del importe del premio. Si la cantidad recibida no supera los 2.500 euros, estarían exentos en el IRPF, mientras que si es mayor, entonces tributa al 20%. Así, por ejemplo, si el próximo 22 de diciembre tocan 400.000 euros (un décimo), el importe neto que se percibiría en la cuenta sería de 320.500 euros.

– Conviene no perder de vista otras posibles repercusiones fiscales, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones si se quiere donar parte del premio a un familiar. Si no se puede demostrar que el boleto es compartido, estará sujeto a tributación en algunas Comunidades Autónomas.

– Hacer un ejercicio de de planificación financiera. Hay que “pensar cuáles son nuestros objetivos, para ver qué es lo que realmente queremos conseguir con el dinero del premio. Este tiempo de reflexión nos puede servir también para definir nuestro proyecto vital y reinventarnos, puesto que el importe del premio nos puede abrir el camino para cambiar de carrera, dedicarnos a lo que realmente nos gusta o para atrevernos a poner en marcha ese proyecto en el que llevábamos tiempo pensando”, indican en Abante.

– Examinar el coste. Es necesario analizar la situación financiera actual para ver de dónde se parte y si con el dinero extra basta o se necesita más y, por tanto, habría que acudir a los mercados financieros para cubrir ese déficit.

– Si se opta por mantener el dinero inmóvil, existe el riesgo de no cubrir la inflación. Esto se traduce en que con el paso del tiempo se pierde poder adquisitivo a medida que el nivel de los precios se incrementa.

Así, por ejemplo, si se tienen 320.000 euros y no se obtiene ninguna rentabilidad por ellos, pasados 20 años y contando con una inflación media anual del 2% (objetivo que persigue el Banco Central Europeo), el dinero equivaldría a unos 217.994 (actuales).

Invertir el dinero. Si se decide hacer una inversión y acudir a los mercados financieros, lo esencial es determinar cuál es la rentabilidad objetivo que se necesita, que viene determinada por la diferencia entre lo que se tienen y lo que se necesita, partiendo de la base de que, como mínimo, hay que igualar a la inflación. Después, y en consecuencia, se debe elegir qué cartera o qué activo financiero es el más adecuado para cada perfil.

– Diversificar. El primer consejo es apostar por la diversificación. “Deberíamos buscar una cartera diversificada, tanto por distribución geográfica, como por tipo de activos”, sostienen en Abante. Al pensar en el largo plazo, se debe asumir riesgo para tener una cartera que, además de igualar a la inflación, dé más puntos de rentabilidad. Por ejemplo, si se quiere superar a la inflación en tres puntos (es decir, conseguir una rentabilidad anual media del 5%) se debería construir una cartera con el 50% de la inversión en renta variable.

– Los fondos de inversión son una opción que permite diversificar y que tiene beneficios fiscales.

– La vivienda también juega un papel importante. Es habitual escuchar a gente decir que si les toca la lotería lo primero que harían sería quitarse la hipoteca cuando, a lo mejor, desde un punto de vista fiscal y financiero no es lo más conveniente. Hay que evaluar si la rentabilidad que da el dinero invertido es mayor que el coste de financiación porque, en ese caso, no interesaría amortizar la hipoteca. Respecto a la fiscalidad, hay que tener en cuenta que si la vivienda habitual se compró antes de 2013, ya existe una ventaja fiscal en el IRPF al poder deducir cada año un 15% de una cuota máxima de 9.040 euros.

cincodias.com

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La principal amenaza al Estado del bienestar es siempre el gasto sin control.

Pertenecer a la Unión Europea tiene muchas ventajas, y de hecho, estar en Europa ha proporcionado a España los mejores años de su historia, tanto en calidad democrática como en crecimiento económico. Esto no significa que las instituciones europeas no hayan cometido errores, algunos muy graves, en la gestión de la crisis, pero España hubiese estado mucho peor fuera. Además, gran parte de los errores de la crisis son internos, aunque a muchos no les guste reconocerlo.

La otra cara de los beneficios de pertenecer a Europa es aceptar sus reglas, entre otras las fiscales. Evidentemente, estas reglas también se pueden cambiar democráticamente. Pero incluso fuera de Europa también tendríamos que aceptar reglas fiscales, especialmente si queremos financiar nuestra deuda a un coste razonable. De hecho, prescindir de reglas fiscales lleva a financiar la deuda a un coste prohibitivo, o incluso a no poder emitir deuda, lo que obliga al déficit cero a todas las Administraciones. Al final, la ausencia de reglas fiscales, la indisciplina fiscal, lleva siempre a subidas imprevistas de impuestos y a recortes indiscriminados de gasto público. La principal amenaza al Estado del bienestar es siempre el gasto sin control.

En España, a lo largo de esta larga crisis que se prolonga diez años, hemos sido la nación menos disciplinada, con diferencia. Llevamos una década incumpliendo el objetivo de déficit. Esto ha hecho que nuestra deuda pública se sitúe alrededor del 100 por ciento del PIB, es decir, de todo lo que producimos en un año. Si subiesen los tipos de interés, y en algún momento lo harán, los intereses de la deuda serán un gran lastre, tanto para la financiación del Estado del Bienestar, como también para el crecimiento de la economía. Por otra parte, la desconfianza de nuestros acreedores, en que fuesen a cobrar lo que nos han prestado, llevó a disparar la prima de riesgo, es decir hizo que la financiación fuese más cara en toda la economía.

Esta preocupante situación parecía ir quedando atrás hace unos meses. El acuerdo presupuestario entre Ciudadanos y el PP determinó un presupuesto que, por primera vez en muchos años, se hizo sobre unas previsiones de ingresos razonables, que se están cumpliendo. El resultado es que al final de este año nadie habla de recortes, acuerdos de no disponibilidad, ni de subidas de impuestos. Todas las previsiones ya indican que es muy probable el cumplimiento del exigente objetivo de déficit de 2017, un 3,1 por ciento. De hecho, esto hubiese dado lugar a una reducción de nuestra prima de riesgo, y a una mejora de su calificación. La razón de que esto no haya ocurrido es, como saben los lectores, el golpe a la democracia perpetrado por los separatistas en Cataluña, que ha tenido graves consecuencias económicas, especialmente en la propia Cataluña.

Sin embargo, hay una proposición de ley en trámite que, de aprobarse, daría al traste con el objetivo de déficit y con la estabilidad presupuestaria; me refiero a la proposición de ley de renta mínima. El secretario de Estado de Presupuestos señalaba la pasada semana en el Congreso que su aprobación “provocaría la quiebra de Hacienda y pondría en peligro el sistema de bienestar”. Lo que no se entiende es que el Gobierno del PP, que ha vetado centenares de proposiciones y enmiendas, de acuerdo con su prerrogativa del artículo 134.6 de la Constitución, en esta ocasión no vetase una proposición de ley, que como señalé en estas mismas páginas, simplemente no podemos pagar. El principal problema es que a este gasto superior a los 10.000 millones de euros anuales sólo nos oponemos Ciudadanos y el Partido Popular.

Algo parecido puede volver a pasar con la proposición de ley de Podemos de “reformar” la ley de estabilidad presupuestaria para eximir de la “regla de gasto” a los ayuntamientos con superávit, es decir la gran mayoría. Esto supondría que los ayuntamientos podrían incrementar sus gastos sin subir impuestos para financiarlos. Esto acabaría con el superávit de los ayuntamientos, que no seguirían reduciendo su deuda, e impediría cumplir el objetivo de déficit. Para el Gobierno del PP, en su informe de veto, esto llevaría a tener que subir impuestos, o recortar gastos en el Estado, por un importe superior a los 6.800 millones de euros al año.

El problema es que, esta vez, el Gobierno sí ha vetado, pero lo hizo fuera de plazo. Sorprendentemente, para vetar, por ejemplo, la rebaja del IVA del cine, o la eliminación del impuesto al Sol, con un coste 100 veces inferior, el Gobierno del PP tuvo suficiente con un mes, pero ahora no. En consecuencia, esta proposición de ley llegará pronto al Pleno del Congreso. Lo previsible es que como solo Ciudadanos y el PP estamos a favor de la estabilidad presupuestaria, la proposición de Podemos salga adelante con el apoyo de los independentistas y del PSOE podemizado.

La regla de gasto en España necesita una reforma que la flexibilice. Ésta no sólo es la opinión de Ciudadanos, sino también la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto se puede hacer, dando mayor capacidad de gasto, y también aunque a la izquierda populista no le guste, también para reducir impuestos, sin poner en peligro los objetivos de déficit y la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, lo que no se puede hacer es “eximir” de la regla de gastos, es decir de las reglas europeas de estabilidad, a miles de ayuntamientos. Esto no sólo no es serio, sino que es incumplir nuestras obligaciones con Europa, y con los españoles.

Ahora que estamos saliendo de la crisis, los españoles se merecen que se acaben los recortes, y que se les comience a devolver parte de los sacrificios.

Lo que no se merecen los españoles es que algunos políticos irresponsables vuelvan a las andadas, al gasto sin reglas. Porque este gasto sin tasa ni reglas nos devolvería a la crisis. Hay que cuadrar las cuentas, todo lo demás es un cuento populista que siempre acaba mal.

Por Francisco de la Torre Díaz. Diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos. Inspector de Hacienda del Estado.

eleconomista.com

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Pascual se hunde en las pérdidas

La crisis de la leche tiene en Calidad Pascual a su principal exponente en España. El líder del sector vio como las ventas caían al ritmo del 8,6% entre 2014 y 2016 mientras las pérdidas superaban los 20 millones de euros. Un agujero que se repite año tras año, con un paréntesis en 2015, y que llega impulsado por los problemas propios que le llevan a perder cuota de mercado.

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Corporación Empresarial Pascual perdió 23,7 millones de euros en 2016, una cifra que contrasta con los 343.000 euros de beneficios obtenidos un año antes y que liga con la normalidad de los ejercicios anteriores: en 2013 el agujero fue de 25,4 millones y en 2014 fue de 30,9 millones de euros.

Además, las ventas de la empresa lechera también bajaron. Si en 2014 eran de 738,9 millones de euros, en 2016 fueron de 674,3 millones al agrupar también el negocio de los zumos y el agua Bezoya. Así, la compañía trata de abrir el abanico de divisiones con la penetración en otras bebidas.

Nielsen: Pascual es la única marca que no aprovecha la caída de la marca blanca

De hecho, Economía Digital ya explicó el cambio de rumbo de la compañía hace más de un año. Mientras en los ochenta llenó las televisiones al son de su memorable “voy a tomar leche desnatada Pascual”, ahora reniega de su nombre histórico y en 2016 saltó de Leche Pascual a Calidad Pascual.

Impactada por un sector en decadencia, la crisis del grupo presidido por Tomás Pascual Gómez-Cuétara es especialmente aguda. Según los datos de la consultora Nielsen, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 la firma perdió el 0,2% de cuota de mercado en Cataluña, hasta el 10,4%.

La caída elevó la distancia con el líder de la región, Llet Nostra (14%), y enmarcó a Pascual como la única marca que no aprovechó una rebaja de la presencia de la marca blanca superior al 2%. El resto de firmas, como Central Lechera Asturiana (8,5%) y Celta (7,1%) sí elevaron su huella.

La rebaja del negocio de la leche contrasta con el buen funcionamiento del sector de los zumos. Las firmas Vivesoy logró un 30% de cuota de mercado, mientras que Bifrutas registró un 39%, según las cifras de la memoria. “Es muy destacable, también el buen comportamiento de la marca Bezoya, en el negocio de aguas minerales, en el que ha mejorado su cuota de mercado, acercándose al liderazgo de la categoría”, celebra.

Pascual trató de internacionalizarse ante la crisis del sector lechero

Como ya explicó Economía Digital, Pascual sufrió en años anteriores la asfixia por los precios ajustados de la marca blanca. Para compensarlo, trató de establecerse en Latinoamérica, China e India, pero el fabricante español regresó con unos números ostensiblemente inferiores a los previstos.

Los ejecutivos del grupo alimentario preveían que el 15% de la facturación del 2016 procediese del negocio internacional, un porcentaje que debía dispararse hasta el 30% en 2019. “Es una meta casi imposible de cumplir”, señalaron fuentes internas de la empresa en su momento.

La leche: un sector en crisis

Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el consumo de leche líquida en España cayó desde las 3.527 toneladas de 2010 a menos de 3.200 toneladas en 2016. La única categoría que creció fue la sin lactosa –un 27%–, aunque sólo representa el 7,8% del total de las ventas.

El declive es mundial y se explica por un cambio en los hábitos de consumo. “Hay una confluencia de factores. Hay más preferencia por los zumos vegetales y de frutas. La población joven, que tradicionalmente es la que bebe más leche, también se ha reducido”, explicaba Juan Trincado, responsable internacional de leche Kaiku, una de las principales marcas del País Vasco, el pasado mes de mayo.

economiadigital.com

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