Telefónica vuelve a subir los precios de Movistar

Parece que no hay año en el que Telefónica no suba los precios a los clientes de Movistar, su marca principal. Bajo la fórmula de más por más, la compañía de telecomunicaciones ha llevado a cabo subidas anuales en los paquetes convergentes, aquellos que incluyen conexión a internet y televisión, además de línea móvil de voz y datos. Este año no será una excepción.

El Confidencial ha adelantado que esta medida, que para este año se traduce en más datos de navegación para los clientes Fusión, afectará a packs como el Fusion 0, el plan de fibra y móvil más barato de Movistar. Subirá en 3 euros al mes y se quedará en los 53 euros. Incluirá fibra de 100 Mbps o ADSL y 60 euros con fibra de 600 Mbps, a cambio de pasar de 2,2 GB entre las dos líneas incluidas a 10 GB.

También subirá el precio de Fusión Base, la segunda más barata. Sube también tres euros y deja su precio final en 67 euros. Este pack, que se puede contratar con fibra de 100 Mbps o ADSL y 75 euros con fibra de 600 Mbps, pasará de incluir 10,2 GB a casi el doble (20 GB).

Leer más: Así ha subido Telefónica sin respiro sus tarifas desde 2015

Telefónica no dejará intacto Fusión Selección en todas sus versiones. Se trata de la versión similar a los paquete anteriores pero con fútbol (Liga o Champions League) y con una oferta de televisión más completa. El salto será también de 10,2 GB a 20 GB en total, pero la subida en este caso será de cuatro euros. El nuevo precio será de 89 euros al mes para la combinación con fibra de 100 Mbps o ADSL y de 99 euros con fibra de 600 Mbps.

Pasamos a las tarifas Fusión Selección Plus, que costarán cuatro euros más al mes, dejando el precio final de la factura en los 109 euros, y las Total, las más altas, suban 4 euros hasta los 144 euros. En el lado más alto están las tarifas Total Plus, que también se incrementa en 4 euros. Su precio será de 169 euros y tendrá la fibra más rápida y más velocidad de navegación: 5 GB más en las líneas móviles principales y 4,8 GB adicionales en las secundarias.

Telefónica y la subida de precios

La subida de Telefónica, que llegará en marzo, no será la primera de la compañía en este 2020. La compañía abrió la veda a inicios de año cuando retocó sus primeras tarifas al alza, esperando a ver cuál era la reacción de Orange y Vodafone, sus dos principales competidores.

El servicio de fibra de Movistar, de acuerdo a varios portales especializados, era ya 24 euros más caro que hace cinco años. El encarecimiento de la oferta era el octavo que la compañía había encadenado desde 2014, según la misma fuente. 

La compañía azul acordó una subida de su fibra y su ADSL en tres euros mensuales (36 al año), pero sin mejoras asociadas. Se trataba de un encarecimiento que ya afectaba desde 2019 a nuevos clientes, pero que ahora se iba a trasladar a los antiguos.

A diferencia de ahora, la compañía dejó fuera de esta subida de precios a los paquetes convergentes, vitales en el negocio residencial para la compañía por varias razones: suponen la mayoría de accesos contratados y el ingreso medio que llega por usuario supera los 90 euros, siendo la cifra más elevada en el mercado y la más alta en la historia de Telefónica.

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Santander Consumer Finance se hace con el 93,8% de coches.com

Santander Consumer Finance ha adquirido un 93,8% de Autodescuento S.L., sociedad propietaria del portal coches.com, que gestiona la venta online de vehículos nuevo en España. Mediante esta adquisición, Santander Consumer Finance pretende ganar peso en la financiación de coches a través de internet.

Coches.com fue lanzado al mercado en 2009 por Iñaki Arrola e Ignacio Arrola, fundadores de Autodescuento S.L., a quienes se unió Nuño López-Coronado, actual Director de Producto y Marketing, para contribuir al desarrollo del portal. Actualmente, es uno de los principales actores en el mercado de vehículos de ocasión y renting.MÁS INFORMACIÓN

En 2019, coches.com gestionó un volumen de oportunidades de compra-venta equivalente al 32% de las operaciones de compra de vehículos nuevos de particulares en España. Cuenta con más de tres millones de usuarios únicos mensuales y trabaja con miles de concesionarios de venta de vehículos en España, tanto nuevos como de ocasión, distintas compañías de renting y otros operadores del sector.

Según indicó Santander Consumer Finance, esta operación se enmarca dentro de su e»strategia de seguir apostando por la industria de la distribución de automóviles en España, invirtiendo en proyectos de futuro que ayuden a seguir aportando valor a accionistas, concesionarios, fabricantes y consumidores». Esta adquisición permitirá, además, seguir avanzando en la digitalización de los procesos de la entidad, aportar nuevos canales de comunicación y comercialización, y facilitar  alternativas en la financiación de vehículos.

Igualmente, Santander Consumer Finance señaló que mantendrá al frente de la compañía al actual equipo gestor de coches.com. En palabras de Gerardo Cabañas, Director General de coches.com: “Gracias a esta operación podremos extender nuestro negocio y abordar mayores retos, al complementar los recursos de coches.com con los de Santander Consumer. Acercar este tipo de servicios a los concesionarios y reforzar los procesos de financiación es fundamental para digitalizar y evolucionar el mercado. Estamos muy orgullosos de que Santander Consumer nos haya elegido para esta nueva etapa”.

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Iberia lanza un proyecto para que los usuarios compensen la contaminación de sus vuelos

El grupo ha presentado este viernes en Fitur su proyecto para neutralizar la huella de carbono en sus vuelos: les ofrecerá neutralizar la contaminación mediante el apoyo a proyectos sostenibles.

El proyecto de la aerolínea, desarrollado junto a la ‘startup’ (empresa emergente) Climate Trade, consiste en informar a las empresas y particulares de las emisiones generadas por sus vuelos y ofrecerles la posibilidad de neutralizar su huella de carbono mediante el apoyo a proyectos sostenibles.

Iberia ha desarrollado una calculadora de carbono que informa de la cantidad de emisiones generada por su vuelo en función del tipo de avión, el recorrido y el tipo de asiento (turista o business), lo que convierte en una cantidad en euros y permite decidir al pasajero si quiere invertirlo en un proyecto sostenible.

La experta en medio ambiente de Iberia, Marina García, ha señalado que el cálculo es de 3 euros por tonelada emitida, aunque ha precisado que la de los particulares es menor porque no alcanzan esta cantidad de emisiones.

El Corte Inglés, Navantia, BBVA y Endesa son las empresas que participan en esta iniciativa.

Según ha explicado García, actualmente las empresas y particulares podrán compensar sus emisiones solo a través de un proyecto de reforestación ubicado en Perú, aunque no descartan añadir otros a medida que más actores se sumen a la iniciativa.

Esta estrategia forma parte del objetivo anunciado por el grupo IAG, del que forma parte Iberia, de alcanzar las 0 emisiones netas en el año 2050.

A esta iniciativa se suma la renovación de la flota de Iberia por aviones Airbus A350 y Airbus A320neo, que emiten entre un 25% y un 3 % menos de CO2 que las aeronaves a las que sustituyen.

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Biosearch sube en Bolsa por los avances en un medicamento contra el envejecimiento

Los resultados de las pruebas en roedores muestran una mejora «muy importante» en las capacidades de memoria a corto y largo plazo. Biosearch subió ayer un 9,5%, y hoy ha consolidado sus avances con otro repunte del 0,33%.

Las acciones de Biosearch se dispararon un 9,5% en la jornada bursátil de este jueves, después de solicitar una patente internacional para mitigar la pérdida de memoria asociada al envejecimiento a través de una nueva composición de extractos vegetales y DHA (ácido docosahexaenoico).

Los títulos de la compañía biotecnológica española reaccionaron al alza nada más hacerse pública esta petición de patente a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de la mañana.

Tras comenzar la sesión en los 1,11 euros por acción, la cotizada registró un alza de sus títulos, hasta el entorno de los 1,20 euros por acción, retomando así sus máximos de este año, para cerrar la jornada, finalmente, en los 1,22 euros por título.

Biosearch Life ha diseñado este nuevo producto que combina extractos de origen vegetal con el aceite rico en DHA. En concreto, la mezcla comprende tres extractos vegetales que abordan el problema del deterioro cognitivo desde diferentes frentes.

Se trata de Ginkgo biloba, que mejora la vascularización del cerebro; Ursolia, un extracto de salvia con actividad antioxidante y antiinflamatoria; y Carositol, un extracto de algarroba rico en Pinitol, por su efecto sobre la respuesta a la insulina; junto con DHA, ácido graso con reconocida actividad beneficiosa sobre la función cerebral.

Pruebas satisfactorias en roedores

Para seleccionar los ingredientes más adecuados, la compañía ha utilizado modelos en roedores y pez cebra que ponen de manifiesto las distintas capacidades neuroprotectoras de cada uno de ellos, mostrando los resultados una mejora «muy importante» en las capacidades de memoria a corto y largo plazo, uno de los principales síntomas asociados a este problema.

Además, también se muestran mejoras en el aspecto físico, logrando un efecto rejuvenecedor. En el caso de los roedores tratados se evidencia un pelaje más fortalecido y con mayor brillantez frente a la textura deteriorada del modelo anciano.

Estos resultados forman parte del compromiso de la compañía en su línea de investigación sobre patologías asociadas a la etapa de envejecimiento, con el fin de desarrollar nuevos ingredientes naturales capaces de prevenir y tratar problemas de salud que afectan a este grupo de población.

«Con esta nueva patente se abre una gran oportunidad para la prevención y tratamiento del deterioro cognitivo a través de una estrategia natural multifuncional», señala la directora de I+D de Biosearch Life, Mónica Olivares.

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Las empresas pagarán 1.000 euros más al año por trabajador por la subida del salario mínimo

Las empresas deberán pagar casi 1.000 euros más este año por cada trabajador que tengan contratado a tiempo completo cobrando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) después de la nueva subida que aprobará el próximo 4 de febrero el Gobierno y que lo situará en los 950 euros al mes. De esta forma, como esta medida beneficia a dos millones de trabajadores –según cálculos de la propia Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz–, supondrá un coste adicional para los empresarios de unos 2.000 millones en 2020, según cifró hoy el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Porque este alza del 5,5% del SMI supone 50 euros más al mes en las nóminas de estos empleados, pero el coste para las compañías no se queda ahí, sino que conlleva un aumento de las cuotas que pagan por ellos a la Seguridad Social, puesto que las bases mínimas de cotización se elevan otro tanto automáticamente. Así, este año se elevarán otro 5,5% hasta situarse en los 1.108 euros mensuales, lo que supone alrededor de 270 euros más al año para el empresario, según advirtió el presidente de la patronal de las pymes. «Realmente, muchas veces los ciudadanos olvidamos cuáles son los componentes de las nóminas que recibimos», apuntó Cuerva.

Primera reunión en Moncloa de sindicatos y patronal

La semana que viene se plantea movida en el ámbito laboral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto reunir en La Moncloa a sindicatos y empresarios para firmar la subida del salario mínimo y abrir de manera oficial la mesa del diálogo social, en la que tendrá un papel protagonista la derogación total o parcial de la reforma laboral. Precisamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado para el próximo jueves a los agentes sociales para iniciar la negociación de los aspectos de la reforma que se cambiarán con urgencia en una primera fase.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, hizo hincapié en que en apenas dos años el incremento del coste por trabajador roza los 4.000 euros anuales, lo que supone un 29% más desde 2018, por lo que advirtió de que hay autónomos que «no podrán aguantar» y tendrán que o bien reducir la jornada de su empleados o incluso se verán obligados a despedir. Por ello, de cara a la negociación que comenzarán la semana que viene para estipular cuál será el alza de la base mínima para los trabajadores por cuenta propia, adelantó que «en ningún caso aceptarán una subida superior a la inflación», es decir, ese 0,9% que ha estimado el Ejecutivo que crecerán los precios a la hora de revalorizar las pensiones. Cabe recordar que el año pasado el Ministerio de Trabajo accedió a que las cuotas para este colectivo no subieran el 22% que lo había hecho el SMI, sino un 1,25%. Falta además por concretar cuál será este año el alza de la base máxima de cotización después de que en 2019 se elevaran un 7% hasta los 4.070 euros.

Y, lógicamente, si aumentan las cotizaciones sociales, habrá más ingresos en el sistema. Concretamente, la Seguridad Social recaudará este año unos 247 millones más gracias a la subida del SMI, según las proyecciones recogidas en un informe sobre el impacto que supondrá esta medida y que acompaña al proyecto de real decreto, que el Ministerio de Trabajo ya ha publicado en su web y está abierto a audiencia pública hasta el próximo 3 de febrero. Así, estima que por cada punto en que se incremente la base mínima de cotización, el Régimen General ingresará 28,9 millones más, lo que da un total de 158,9 millones. A esta cantidad hay que sumar 21,5 millones más que tendrá el sistema agrario, 13,9 millones del de las empleadas de hogar y 52,5 millones por las cotizaciones de los perceptores de las prestaciones de desempleo.

Más poder adquisitivo

La subida del SMI para este año volverá a estar por encima de la inflación prevista (1,1%), lo que permitirá ganar a los trabajadores que cobran esta cantidad 4,5 puntos de poder adquisitivo, según recoge la memoria. Se trata, no obstante, de una cuarta parte de lo que adquirieron el año pasado, puesto que el fuerte avance del 22,3% les hizo ganar 21,6 puntos de capacidad de compra, según señala el informe. De esta forma, el real decreto establece que el SMI queda fijado en 31,66 euros al día, 950 euros al mes y 13.300 euros anuales. Para los trabajadores eventuales y temporeros, el SMI diario será de 44,99 euros, mientras que en el caso de los empleados de hogar, alcanzará los 7,43 euros por hora. Y el texto deja claro que «en dichas cuantías únicamente puede computarse el salario en dinero, sin que el salario en especie que se pueda percibir pueda minorar la cuantía en dinero del SMI».

En esta memoria el Ministerio también hace un balance del impacto que ha tenido la subida del salario mínimo los últimos tres años y concluye que «no parecen haber tenido efectos negativos significativos en el ritmo de creación de empleo». Más concretamente sobre el fuerte alza del año pasado, estima que «no se han encontrado resultados concluyentes», pero «existe evidencia que apoya la idea de que el alza no habría sido perjudicial», ya que España ha continuado creando empleo a un ritmo elevado y la caída del desempleo se ha concentrado en parados de muy larga duración, un colectivo más expuesto a los potenciales efectos negativos.

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Los seis tramos horarios de la factura de la luz tendrán que esperar hasta noviembre

Los cambios que se avecinan en la factura de la luz son de tal calado que no será, como mínimo, hasta el 1 de noviembre cuando las compañías eléctricas pongan en marcha el nuevo sistema de tarificación. Una herramienta que será más compleja que la actual, ya de por sí complicada para muchos usuarios, aunque persigue el objetivo de que las familias realicen un uso más eficiente en sus hogares y, por ende, que puedan ahorrar todos los meses en sus facturas energéticas.

Así lo ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), después de que el BOE publicara este viernes la circular que establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución del sistema. La norma aclara que las empresas distribuidoras y comercializadoras adaptarán sus equipos de medida, los sistemas de facturación y los contratos «antes del 1 de noviembre de 2020». Para la mayor parte de este año los peajes (la parte fija del recibo, que pesa un 40% sobre total) seguirán congelados. Fuentes del sector anticipan que posiblemente no sea hasta enero de 2021 cuando la nueva factura entre en vigor.

En cualquier caso, el recibo vendrá repleto de cambios. En primer lugar, en la parte de consumo habrá tres periodos horarios distribuidos en seis franjas del día. El más caro (horas punta) será por la mañana entre 10.00 y las 14 horas y por la tarde/noche entre las 18.00 y las 22.00 horas. Algo más barato (llano) será por la mañana, de 8.00 a 10.00 horas, y por la tarde de 14.00 a 18.00 horas y por la noche de 22.00 a 24.00 horas. El más barato (valle), entre 00.00 y 08.00 horas. Además, en los fines de semana, todas las horas serán ‘valle’, esto es, las más baratas.

La otra gran novedad estará en la parte de la potencia contratada. Con el sistema actual, solo es posible tener contratada una potencia concreta. Cuando el nuevo sistema se ponga en marcha, por defecto se utilizará lahabitual pero se podrá aumentar la potencia contratada entre 0.00 y 8.00 horas, cuando se pagará mucho menos aun teniendo mayor potencia instalada.

Para evitar sustos, Competencia aclara que en la actualidad todos los llamados contadores inteligentes llevan incorporado unICP (Interruptor de Control de Potencia), lo que supone que sí se interrumpirá el suministro si se sobrepasa la potencia contratada. Pero en el caso de que se opte por instalar un maxímetro, para que no se interrumpa el suministro (por ejemplo, en las comunidades de propietarios para que no se pare el ascensor o una familia que tiene en casa un enfermo con respiración asistida, etc.) no se interrumpe y se tendrá que vigilar la potencia contratada.

Más allá del calendario de implantación y de las nuevas características del recibo, la CNMC también recuerda otro aspecto relevante: el nuevo sistema de tarifas estructuradas hasta en seis horarios, y de dos tramos de potencia, solo estará viable para los usuarios que se encuentren acogidos a la tarifa regulada (PVPC). Se trata de unos 11 millones de hogares que son los que tienen contratada esta modalidad, a la que se puede acceder voluntariamente y sin coste alguno para el consumidor.

El resto de hogares (unos 15 millones de viviendas) tienen contratados precios libres con ‘packs’ que suelen incluir costes fijos para un determinado periodo del año.

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Mal arranque de 2020 para Calviño: aluvión de datos negativos para la economía

La publicación de indicadores económicos por parte del Instituto Nacional de Estadística permite hacer un seguimiento continuo del ritmo de crecimiento de la economía española. Esta información sirve para adelantar tendencias y anticipar problemas. Y, lamentablemente, los primeros boletines de 2020 no son para tirar cohetes.

La primera mala noticia llegó el 7 de enero. El Instituto Nacional de Estadística publicó entonces el Índice de Precios de Exportación, que registró el pasado noviembre una caída del 0,7%, dos décimas por encima del descenso observado en octubre. No le fue mucho mejor a los precios de las importaciones, que aceleraron su descenso al 2,3%, tres décimas más que un mes antes.

Unos días después, el 10 de enero, llegaba el turno del Índice de Producción Industrial. Su aumento en noviembre de 2019 fue de apenas un 1%, mientras que su evolución anual se situó en terreno negativo, con una corrección del 0,5% que, al menos, se convierte en un aumento del 2,1% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

En la misma línea fueron los Indicadores de Confianza Empresarial publicados el 16 de enero y correspondientes al arranque de 2020. Tal medición experimentó un retroceso del 0,4% respecto al cuarto trimestre de 2019, en el que ya se había registrado un descenso del 2,9%. No solo eso: el porcentaje de empresarios que se muestra pesimista sobre el rumbo de la economía en el primer trimestre del año alcanzó el 21,1%, frente a un 63,7% que se posicionó como neutral y un 15,2% que dijo ser optimista.

La tónica se mantuvo ese mismo día, cuando salió a la luz la Estadística de Sociedades Mercantiles del mes de noviembre de 2019. El total de empresas creadas durante dicho periodo fue de 7.331, lo que supone un 8% menos que en 2018. Este indicador se sitúa también en terreno negativo cuando se analizan los once primeros meses del año, periodo en el que se produjo una caída acumulada del 1,7%.

Por el mismo camino fue la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad que salió a la luz el 20 de enero, con datos para noviembre de 2019. La inscripción de tales operaciones fue un 11,8% menor que en el décimo primer mes de 2018. Además, la compra-venta de viviendas inscritas experimentó un descenso del 9,3% respecto al año anterior.

La tónica se mantuvo en las siguientes publicaciones. Por ejemplo, el 20 de enero salió también a la luz el Índice de Garantía de la Competitividad, según el cual se produjo una caída del 1,8% en el mes de noviembre del año pasado. Un día después salieron a la luz las Entradas de Pedidos en la Industria, que experimentaron una caída del 20,2% en los once primeros meses del año, ajustando los datos para descontar los efectos estacionales y de calendario. Y, también el 21 de enero, la variación mensual de la cifra de negocios del sector servicios para noviembre de 2019 se quedó en un magro 0,2%.

En resumen, la publicación rutinaria de indicadores adelantados ha terminado convirtiéndose en un aluvión de malas noticias referidas a algunos aspectos centrales para el crecimiento económico. Una nueva muestra de que cualquier intento de negar la desaceleración se topa continuamente con la cruda realidad de un ritmo de expansión menguante.

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Coca-Cola pone a sus clientes como excusa para seguir usando plástico

Coca-Cola dice que no planea dejar de usar las botellas de plástico de un solo uso. En una entrevista con la BBC durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este martes, Bea Pérez, vicepresidenta senior de sostenibilidad y relaciones institucionales de Coca-Cola, ha explicado que la compañía no va a deshacerse de las botellas porque los consumidores todavía quieran usarlas.

«El negocio no funcionará si no nos adaptamos a los consumidores», ha manifestado. «Así que al mismo tiempo que cambiamos nuestra infraestructura de embotellado, nos movemos hacia el reciclaje e innovamos, también tenemos que mostrar al consumidor cuáles son las oportunidades. Ellos cambiarán con nosotros».

El objetivo a largo plazo de Coca-Cola es que todos sus envases estén fabricados con al menos un 50% de material reciclado en 2030 y que se recoja o recicle una botella o una lata por cada una que venda en ese plazo.

«Independientemente de su procedencia, queremos que cada envase tenga más de una vida», afirmó en su día el consejero delegado de la compañía, James Quincey, en un comunicado de prensa en el que se refería a su misión de sostenibilidad.

Pero todavía tiene un largo camino por recorrer. Un informe de 2019 del grupo activista Break Free From Plastic, citado por la BBC, ha determinado que Coca-Cola es la marca más contaminante del mundo en lo que se refiere a los residuos plásticos.

Por ello, los activistas piden a Coca-Cola que se deshaga por completo de los plásticos en lugar de comprometerse a reciclarlos.

«Los recientes compromisos de corporaciones como Coca-Cola, Nestlé PepsiCo para abordar la crisis desafortunadamente continúan dependiendo de falsas soluciones como la sustitución del plástico por papel o bioplásticos y dependen más de un sistema de reciclaje global fallido», afirmó Abigail Aguilar, coordinadora de la campaña de plásticos de Greenpeace en el sudeste asiático, en un comunicado de prensa divulgado en octubre en el que se anunciaban los datos del informe Break Free From Plastic.

«Estas estrategias protegen en gran medida el anticuado modelo de negocio de usar y tirar que causó la crisis de los plásticos, y no harán nada para evitar que estas marcas vuelvan a ser designadas como los principales responsables de la contaminación en el futuro», sentenció Aguilar.

Noticia original: Business Insider

Autor: Mary Hanbury

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El Banco de España alerta de los efectos a largo plazo del control de los alquileres

Establecer controles sobre los precios del alquiler de la vivienda es una tentación en la que caen los Gobiernos porque funciona muy bien a corto plazo: atajan rápido el problema de accesibilidad de la vivienda. Lo señala el Banco de España en el informe «La intervención pública en el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia internacional» que ha publicado hoy. Pero el organismo advierte de que, de mantenerse estas medidas en el tiempo, pueden tener efectos perversos, como la reducción de la oferta, la disminucion de los gastos de mantenimiento en los inmuebles, así como maniobras para eludir la regulación. El Banco de España resalta en su informe que el control de los precios también puede crear segmentación en el mercado de la vivienda y, por tanto de la población, puesto que estas medidas suelen concentrarse en determinados colectivos sociales o zonas de la ciudad.

El Banco de España examina otro tipo de políticas de vivienda, como el mantenimiento de un parque público relevante. Esta opción presenta la ventaja de centrarse en la causa que subyace tras el incremento del precio del alquiler de vivienda, la insuficiencia de inmuebles ante incrementos de la demanda, pero tiene el inconveniente de que requiere un importante esfuerzo presupuestario, causa a la que atribuye la progresiva reducción de los parques públicos de vivienda en la última década.

La limitación y las dificultades que presentan el establecimiento de controles a las rentas o el aumento de la oferta estatal de inmuebles han provocado que en los últimos años hayan aparecido otro tipo de intervenciones indirectas en el mercado inmobiliario: los beneficios fiscales y los cambios regulatorios en la normativa que rige los contratos del alquiler.

En cuanto a los beneficios fiscales, el Banco de España los considera más útiles si se aplican sobre los propietarios que si son los inquilinos los que los disfrutan, dado que en este último caso, sobre todo si hay limitaciones en la oferta, suelen provocar subidas de los precios y, por tanto, transferencias de rentas desde los inquilinos a los propietarios, si bien apunta que la evidencia disponible respecto a los efectos de la intervención fiscal en el mercado inmobiliario no es muy concluyente.

Pero el informe sí señala que el grado de protección efectiva de los propietarios de la vivienda arrendada está relacionado con el desarrollo y el tamaño del alquiler residencial, política que suele compensarse con la protección al inquilino con una duración mínima del contrato, la actualización de las rentas y las condiciones de rescisión de éste por los propietarios. Ello, a tenor del informe, genera un aseguramiento frente a subidas abruptas de las rentas del alquiler.

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La trampa de María Jesús Montero: congela las cuentas de las CCAA y no les pagará los 2.500 millones que les debe

Los barones del PP se han rebelado contra Hacienda tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León continúan exigiendo a María Jesús Montero los 2.500 millones que les debe a las CCAA por la liquidación del IVA de 2017, y que la ministra se niega a reembolsar. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero echó un jarro de agua fría sobre los líderes autonómicos al asegurar que la devolución de esta liquidación «correspondía en el 2019, porque el sistema tiene dos años de reparación, y por tanto, al no tener proyecto de Presupuestos y rechazar las fuerzas parlamentarias (los del PSOE), decayó la medida», zanjó la socialista. Montero enterraba así el pago de esta importante cifra.

La respuesta de la ministra ha hecho estallar a las regiones del PP, que hasta amenazan con llevar a los tribunales a Hacienda. Así lo dejó caer ayer miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que instaba a al Gobierno socialista a rectificar «en las próximas horas» o «desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer. Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución», declaró.

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, fue un paso más allá de Feijoó, y llegó a calificar al Ejecutivo de Sánchez de «Gobierno moroso, gobierno mentiroso«. Galicia reclama 200 millones de euros de la liquidación del IVA del 2017 debido al cambio contable en la recaudación de este impuesto que el PP introdujo hace tres años a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria. Entonces, sólo se contabilizaron 11 meses.

No se creen la excusa de Montero

Burlados y chantajeados se sienten en Andalucía. «No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura», aseguró su presidente en su cuenta de Twitter, el canal que han utilizado muchos de los barones para mostrar su descontento con la decisión de Montero, aunque antes del Consejo de Ministros también lo hicieron por carta.

Juanma Moreno aludía al chantaje porque María Jesús Montero ha culpado al PP de rechazar sus Presupuestos para 2019 en los que los socialistas se comprometían a abonar de esos 2.500 euros impagados. Entonces, la versión oficial que dio el Ejecutivo del PSOE el pasado mes de octubre fue que, en funciones y sin Presupuestos, su Gobierno no podía realizar ese pago. Las regiones del PP no se creyeron la explicación de Montero, ya que había dado la misma excusa para no pagar tampoco las entregas a cuenta y, finalmente, había obtenido el visto bueno de la Abogacía del Estado. ¿Por qué no hacía lo mismo con lo que les debían legítimamente de IVA?

«El Gobierno central se ríe de los andaluces. No vamos a parar hasta que Sánchez le dé al PIN de la tarjeta de crédito para pagarnos un dinero vital para sanidad, educación y servicios sociales», añadió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, mientras que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, calificó este hecho de «robo inadmisible. Los andaluces calculan que les deben 537 millones de euros.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también acusó al Ejecutivo Socialista de «robar a todos los murcianos los 85 millones del IVA que pagamos de nuestros bolsillos en 2017». En Castilla y León, su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, reclama «142 millones de euros del IVA que nos debe. Seremos exigentes y estaremos en primera fila para defender los intereses de nuestra tierra».

En Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha exigido a Montero que «de una vez deje de retener el IVA del año 2017». En la región cuantifican que les pertenecen 337 millones de euros. Madrid ha sido la única que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta deuda. Lo hizo el pasado mes de octubre.

Entregas a cuenta congeladas

Otro de los asuntos que le ha afeado Fernández-Lasquetty a Montero sobre lo anunciado en el pasado Consejo de Ministros es la aprobación de los 103.000 millones de euros para las entregas a cuenta de las CCAA. Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben las regiones en concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar de los impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales). Dos años después, se liquida ese anticipo y, si resulta que al final ha habido más recaudación de la estimada, una situación habitual en periodos de crecimiento, el Gobierno tiene que abonar a las regiones lo que les debe.

María Jesús Montero «ha hablado como si fuera una lluvia de millones que cae para las comunidades autónomas y de eso, nada de nada», aseguró Lasquetty. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es prorrogar las entregas a cuenta de 2019, «con dos pequeños reajustes que se hacen todos los años», aseguró el consejero madrileño, por lo que los 103.000 millones de euros es una cantidad previsiblemente menor que lo que les correspondería a las CCAA según la evolución del PIB –y los ingresos– en el presente ejercicio, según las propias estimaciones del Gobierno. Como se observa en el cuadro, apenas hay una diferencia de 200 millones entre los 102.799 millones de las entregas a cuenta que recibieron las CCAA el año pasado –columna amarilla– y lo que van a recibir este –columna gris–, lo que dejaría la financiación a las CCAA prácticamente congelada y podría provocar tensiones de tesorería en alguna de las regiones.

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«No es verdad que el Gobierno haya hecho nada extraordinario», aseguró Lasquetty. Las entregas a cuenta de 2020 «no se sabrán hasta que el Gobierno tenga un proyecto de Presupuestos, que está por ver», añadió.

«Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE», explica el Gobierno. Su versión es que «para los anticipos de 2020 se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores. De esta forma se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta actualizada de 2019». Los territorios empezarán a recibir estos anticipos «en los próximos días».

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