La desigualdad entre hombres y mujeres tiene un coste de 100.000 millones

La evidente brecha de género que aún existe en España y que tardará años en cerrarse -tanto como más 200 años, según un informe del Foro Económico Mundial- tiene un elevado coste no solo social sino también económico: más de 100.000 millones de euros anuales es el impacto que tiene esta desigualdad entre hombres y mujeres, según un informe publicado hoy por ClosinGap y que ha elaborado la consultora Afi.

¿Cómo se llega a estimar esta cantidad? Según el estudio -que se basa en datos publicado por la OCDE y el INE- las mujeres españolas dedican de media casi dos horas más al día que los hombres para realizar las tareas del hogar y cuidados familiares. Si esta desigualdad se eliminara, ellas dispondrían de 49,5 millones de horas más cada día. Lo que ha hecho Afi es analizar cuál sería el coste de externalizar estos servicios, lo que les ha dado un valor superior a los 100.000 millones de euros, el equivalente al 8,9% del PIB o a lo que aportan conjuntamente tres grandes sectores: la construcción, la banca y los seguros.

Además, si estos trabajos que hoy por hoy no están remunerados pasaran a cotizar y, a su vez, tributar por ellos, las Administraciones Públicas ingresarían una cantidad próxima a los 39.659 millones de euros, lo que supondría acabar con el agujero que tiene el sistema de las pensiones (con un déficit de 19.000 millones el año pasado).

Pero esta mayor responsabilidad que tienen las mujeres en los cuidados familiares impacta de forma negativa en el mercado de trabajo, ya que una parte de ellas opta por renunciar bien total o parcialmente a su carrera laboral, principalmente después de ser madres. Así, una de cada cuatro trabaja a jornada parcial (un 24,2%, según cifras de 2017), un porcentaje que triplica la tasa de los hombres (7,3%). Y la razón por la que una de cada cinco mujeres está ocupada solo parcialmente es para poder compatibilizar el tiempo con el hogar y cuidado de la familia. En total, son más de 400.000, que si ampliaran su jornada hasta aproximarse a las 40 horas de trabajo a la semana, podrían generar cerca de 12.000 millones de euros adicionales para la economía española, lo que supondría un 1,1% del PIB, según resalta el informe.

Pero además son ellas las que optan, generalmente, por cogerse un permiso por el nacimiento de hijos y excedencias para el cuidado de familiares. Una vez finalizados estos permisos, un 8,3% de esas trabajadoras, cerca de 7.000, sale total o parcialmente del mercado laboral cada trimestre, provocando un coste de oportunidad de 40 millones de horas no trabajadas al año; esto impide que se generen 1.280 millones de euros, un 0,12% del PIB de 2017.

35 días de brecha escolar

El informe apunta a las largas jornadas laborales en España como una de las principales causas que impiden la conciliación. En este sentido, el 40% de los ocupados – hombres y mujeres – cuenta con un horario partido con dos horas destinadas a la comida, una singularidad española con respecto a los países del entorno europeo. Ello supone una hora menos de tiempo disponible cada día laborable para quienes cuentan con ese horario, lo que provoca que dejen de disfrutarse 1.706 millones de horas de tiempo libre al año.

Al mismo tiempo, la falta de sincronización entre calendarios laborales y escolares se traduce en una brecha de 35 días laborables para cerca del 50% de los hogares españoles –aquellos con hijos menores–, lo que supone siete semanas en las que los menores no tienen que ir al colegio pero sí requieren del cuidado de adultos.

hoy.es

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El Gobierno solo tiene un 1% de coches eléctricos, pese a su batalla contra el diésel

Pese a la batalla que ha abierto contra el diésel, el Gobierno se mantiene firme en su apuesta por este tipo de combustible para sus vehículos oficiales. De acuerdo con los datos del Parque Móvil del Estado, a los que ha tenido acceso elEconomista, la Administración suma un total de 10.421 coches oficiales. Y de esa cantidad, 7.337 siguen utilizando el diésel, lo que supone un 70% del total. Otros 2.473 vehículos son de gasolina, el 23,7%, y tan solo hay 499 híbridos y 112 eléctricos, es decir el 4,7% el 1%, respectivamente.

El porcentaje de los vehículos oficiales movidos por electricidad son así mínimos y la cuestión es que lejos de intentar dar un giro a esta tendencia, el Gobierno se reafirma en ella. Así, el Ministerio del Interior ha reservado una partida para la adquisición a Seat de 249 vehículos diésel que irán destinados a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este año, que finalmente fueron rechazados, una subida fiscal al gasoil, además de poner también una Ley de Cambio Climático con la que, a la espera del resultado de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril, pretendía prohibir la venta de los coches que usen carburantes fósiles a partir de 2040 y su circulación diez años después, algo que ha levantado una fuerte polémica.

Un parque antiguo

Desde el sector se ha insistido en los últimos meses que lo que realmente hay que atacar son los vehículos antiguos, “más allá de aprobar ayudas sesgadas a coches con escasa oferta y que no tienen una tecnología madura”. El parque automovilístico español tiene 12 años de antigüedad y la industria defiende que la cuestión de fondo radica en que los coches diésel actuales son mucho más ecológicos en niveles de emisiones y partículas que los antiguos, por lo que es necesario afrontar una renovación.

Pese a que el Parque Móvil del Estado sigue utilizando mayoritariamente el diésel y el Gobierno sigue apostando por este combustible para las nuevas adquisiciones, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el que regula las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) para impulsar el vehículo eléctrico.

El plan está dotado con 45 millones de euros y va dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Adicionalmente, se habilita una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad. Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros.

En paralelo, se exigirá a los fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable.

Por el momento, el plan Moves del Gobierno ya ha comenzado a levantar ampollas entre los promotores de los vehículos de gas natural y de gas natural licuado, ya que estas tecnologías no se han incluido para los vehículos ligeros en estas ayudas, como solicitaba el sector.

El Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, por su parte, prepara otro plan dotado con 16 millones de euros en el que se espera que puedan incluirse sin limitaciones tecnológicas este tipo de vehículos.

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¿Qué es October? El líder de ‘crowlending’ al que recurren las pymes ante la banca

El ‘crowdlending’ se abre paso, poco a poco, en Europa como modo alternativo de financiación a las pymes, e incluso las instituciones de la UE, como el Banco Europeo de Inversión, o francesas, como el BPI, (equivalente al ICO en Francia) participan en alguna de estas plataformas, como October, líder paneuropeo en esta fórmula. No obstante, las instituciones españolas de crédito público aún no han dado el paso. “La Administración española nos está mirando como al huevo de Colón, pero aún no se decide a participar en nuestras plataformas para ayudar a sus pymes como sí hace Bruselas a través del Plan Juncker o Francia, pero espero que el ICO, en su misión de ayudar a las pymes españolas, pueda encontrar el camino para facilitar la inversión en este tipo de iniciativas”, confiesa el CEO en España de October, principal plataforma de ‘crowdlending’ de Europa, Grégoire de Lestapis.

Industrias Ramón Soler, una empresa catalana de grifería sanitaria con más de 130 años de existencia, necesitaba, hace unos meses, un crédito rápido para poder crecer y adquirir, a su socio, un tercio de su principal planta de fabricación. En apenas 10 días consiguió un préstamo de 830.000 euros a devolver en 30 meses a un interés del 5,25% en October, en el que participaron, además del propio fondo de la compañía francesa, 691 inversores, que invirtieron en el préstamo a Industrias Ramón Soler entre 20 y 2.000 euros. Se trata del máximo permitido por October, la antigua Lendix, a cambio de una rentabilidad del 4%.

Es el ‘crowdlending’, una modalidad de ‘crowdfunding’, una parte más del emergente ecosistema de las Fintech que, aunque es todavía casi desconocida en España, poco a poco se va abriendo paso en nuestro país como una fuente más, además de la bancaria tradicional, de financiación a empresas, principalmente a pymes, pero también al consumo personal.

FINANCIACIÓN PYMES

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De hecho, en 2018, según cifras de la Asociación Española de Crowdlending (ACLE), sus plataformas acabaron con más de 100 millones de euros financiados, frente a los 80 millones del año anterior, y si el crecimiento se mantiene en 2019 superarán los 125 millones de euros. Una cantidad insignificante frente a los 10.000 millones de euros que los bancos españoles, según datos del Banco de España, prestan a las empresas, pero una modalidad de financiación que, a pesar de ser casi desconocida en España, se encuentra en constante crecimiento. Y ello pese a que, “en el mundo anglosajón el 80% de la financiación de las empresas ya no es bancaria, en Francia estamos al 50%, mientras que en España todavía, por desgracia, estamos en un 95%-5%”, explica a La Información De Lestapis.

October es la plataforma de ‘crowdlending’ comenzó a operar en Francia en 2015 y ahora ya está instalada en cinco países, Francia, Alemania, Países Bajos y, desde octubre de 2016, en España, donde ofreció su primer crédito a una pyme en febrero de 2017. En conjunto, hasta enero de 2019, October, que tiene una comunidad activa de 15.000 inversores y un fondo de 200 millones de euros, ha dado créditos a 554 empresas, por valor de 258 millones, con un préstamo medio de 465.000 euros a 50 meses y a un interés del 5,8%. En España, donde copa el 40% del mercado del ‘crowdlending’, en 2018 ofreció créditos a 50 empresas por valor de 30 millones de euros y el objetivo para 2019 es llegar a los 50 millones en créditos a 75 empresas.

“Un objetivo que puede parecer modesto, pero hay que ir poco a poco porque las empresas tienen que reembolsar y hay que hacer las cosas de manera gradual. Sin volvernos locos”, explica Grégoire de Lestapis, que antes de pasarse a October, a las Fintech, a la llamada economía colaborativa, fue director del BBVA en Francia. “Cada día entran 1.000 pymes en nuestra página que, con tres clics, y en un minuto en nuestra web (october.eu), introduciendo el nombre y el CIF, pueden saber si están en disposición de pedirnos un crédito”. Y es que el sector usa algoritmos matemáticos y ‘big data’ para decidir en minutos si financia o no a una pequeña y mediana empresa.

Gráfico sobre la evolución del crédito para pymes

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Lestapis asegura que “somos una manera de financiación complementaria a la banca”, de hecho Liberbank se ha asociado con October. “A donde la banca tradicional no llega, llegamos nosotros”. Las empresas españolas todavía no se acercan en masa a las plataformas de crowdlending, muchas de ellas cuentan ya con ficha de la CNMV, “por desconocimiento y desconfianza”, pero “damos créditos rápidos, fáciles, sin exigir garantías tipo hipotecas, etc. Los bancos suelen financiar bienes tangibles, activos que puedan tocar, nosotros financiamos también ideas, procesos de digitalización… El banco tradicional intenta fidelizar a sus clientes, pero no puede hacer todo y nosotros aportamos soluciones a las empresas”. 

¿Y el índice de morosidad? “La tasa de morosidad en la banca española está en el 6%, nosotros, October, nos movemos en el 1,8%, que nos permite ofrecer a nuestros inversores una rentabilidad que está por encima del 4%. Nos estamos moviendo en tipos de interés para los créditos del 5,6%, le restas la mora y llegas a un 4% de rentabilidad”, explica el CEO de October en España.

Periodo medio pago

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Otra de las plataformas ‘crowlending’ que operan en España, Arboribus, por ejemplo, dirigida a pequeñas empresas, ha dado ya 441 préstamos a empresas por un total de 19,6 millones de euros. LoanBook cuenta con un millar de inversores a los que se ofrece una rentabilidad media del 5,14%. Su dinero ha financiado a unas 400 pymes, a un tipo de interés medio del 6,8%. Desde su lanzamiento, en 2013, LoanBook ha canalizado 53,35 millones de euros en más de 800 operaciones.

Actualmente, en su marketplace, se puede invertir en 65 operaciones de crédito por un total de 5,66 millones de euros y un interés medio del 6,74%. Mientras, Socilen o Zänk, con un funcionamiento similar, están más dedicadas a los préstamos personales, aunque también financian a pequeñas y medianas empresas.

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Qué empresas están detrás del Big Mac y el Whopper

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17:50

Caixabank

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Más de una decena de suministradores se esconden tras los menús de hamburguesas más famosos del mundo. La mayoría son españoles o filiales de multinacionales en el mercado nacional.

Hace apenas un mes, el presidente de EEUU, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al campeón universitario de fútbol americano, los Clemson Tigers, pero el cierre administrativo le obligó a pedir la comida a domicilio. Se gastó 861,72 dólares y en el menú incluyó las dos hamburguesas más consumidas del mundo: 48 Big Mac y 30 Whoppers. No obstante, lo que comieron los universitarios de Clemson poco tiene que ver con los productos que incluyen los dos menús más icónicos de McDonald’s y Burger King en España.La diferencia está en los proveedores.

“Más del 70% del volumen de compra de McDonald’s España procede de proveedores españoles o con sede en el país, donde trabajamos con 60 socios que emplean a 60.000 personas”, dice Natalia Mota, directora de Compras, Calidad y Medio Ambiente de la multinacional en España. “Nuestro pan es fresco y se recibe a diario en los restaurantes, al igual que las cebollas y los tomates, que se trocean en el momento”, apunta Borja Hernández de Alba, CEO de Burger King España.

La carne: OSI y Carpisa

OSI Food Solutions, con sede en Toledo, yCarpisa Foods, localizada en Griñón (Madrid), producen la carne de todos los Big Mac yWhopper que se consumen en España.

La primera es la filial en el mercado nacional de un gigante del sector a nivel mundial: OSI tiene presencia en 17 países y suma 65 fábricas. El crecimiento de esta firma nacida en 1909 en Chicago ha ido de la mano de McDonald’s, del que es proveedor desde 1955.

OSI Food Solutions facturó 104 millones en España y Portugal en 2017, el último año con datos en el Registro Mercantil. La cifra supuso un crecimiento del 16%. La compañía tenía la previsión de crecer un 3,3% en productos de vacuno y un 6,8% en productos de pollo a lo largo de 2018. El año pasado McDonald’s España compró más de 10.000 toneladas de carne de vacuno procedente de 30.000 explotaciones.

Burger King lleva trabajando más de 20 años en España con Carpisa, Bimbo, Heinz o Coca-Cola

Burger King vende cada año 21 millones de hamburguesas Whopper producidas por Carpisa Foods. “Están elaboradas con piezas enteras y seleccionadas de carne 100% de vacuno que procede de la parte delantera de la vaca y de la falda”, señalan.

Carpisa Foods facturó 89,5 millones en 2017, un 18,4% más. La compañía, constituida en 1986, nació para suministrar hamburguesas a Burger King aunque más adelante ha incorporado otros clientes.Su planta de Griñón suma 16.000 metros cuadrados.

Verdura, patatas…

Burger King y McDonald’s sólo comparten tres proveedores principales: Florette, McCain yCoca-Cola. Florette tiene su origen en Vega Mayor, una empresa navarra que fue pionera en la venta de ensaladas listas para consumir en España. La compañía tiene seis fábricas en Navarra (2), Toledo, Cuenca, Murcia y Gran Canaria. Florette cerró 2018 con un récord de ventas de 190 millones, tras crecer un 30% en cinco años.

Además de Florette, Burger King tiene otro proveedor de hortalizas:Kernel Export. La firma murciana se constituyó en 1996, produce más de 25.000 toneladas de alimentos al año y factura más de 60 millones. Trabaja para Burger King desde el año 2000.

Los otros dos proveedores que comparten ambas cadenas son dos multinacionales: McCain y Coca-Cola.La filial española de la multinacional canadiense McCain facturó 79 millones en 2017, un 13% más. Su matriz tiene fábricas en 53 países. No obstante, las patatas que provee McCain a McDonald’s y Burger King no son iguales, ya que ha trabajado con cada una aspectos como el sabor, el tamaño o lo crujiente que deben ser.

McDonald’s suma en total 60 proveedores como OSI, Florette, Hochland,Aryzta, Nestlé o Mahou

Hasta aquí las semejanzas en los productos principales de sus menús. El proveedor de pan de McDonald’s es Aryzta Bakeries Iberia, filial de la empresa alemana del mismo nombre y cuyas instalaciones en España se concentran en Daganzo (Madrid) y Olesa de Montserrat (Barcelona). Hochland, con fábrica en Viladecans (Barcelona), produce el queso delBig Mac. Por su parte, Burger King ha trabajado tradicionalmente con Bimbo España, aunque desde el año pasado cuenta también con Dulcesol como proveedor de sus panes en la zona Este de la Península.

Otros socios en España de McDonald’s son Nestlé (agua), Danone (lácteos), Industrias Lácteas Asturianas (leche y helados), Mahou San Miguel (cerveza) o Helios (kétchup). Por su parte, los de Burger King incluyen a Font Vella (agua), Damm (cerveza), Heinz (kétchup), Danone (lácteos) oDon Simón (zumos), entre otros.

Controles de calidad

“Buscamos relaciones a largo plazo. Trabajamos sólo con proveedores especializados, certificados y de confianza. Y todos ellos deben realizar una auditoría previa para garantizar que sus procesos están alineados con nuestros estándares de calidad”, apunta Borja Hernández de Alba, consejero delegado de Burger King España. Además, sus socios tienen que cumplir con auditorías externas y controles de calidad. Por ejemplo, la carne que elabora Carpisa pasa por hasta tres detectores de metales en su proceso de elaboración. La compañía que gestiona su cadena de suministro es Conway, a través de un almacén en Guadalajara.

McDonald’s también insiste en su obsesión por el control y la calidad. La empresa cuenta con el sello Aenor que acredita que el 100% de la carne de sus hamburguesas es de vacuno española y ha desarrollado un programa de calidad denominado MAAP para garantizar que todas las explotaciones con las que trabaja cumplen sus estándares de calidad: trazabilidad de producto o bienestar animal, entre otros. La obsesión de ambas firmas es romper con el cliché establecido que equipara a la comida rápida con la mala calidad.

expansion.com

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Caixabank, el Santander, Unicaja, Liberbank y BBVA planean recortes de personal y prejubilaciones este año forzados por la digitalización

La banca española ha aparcado la nueva ola de fusiones por las horas bajas que viven las entidades en bolsa. La ola que llegará antes será la de los recortes de personal. Tras un 2018 algo más tranquilo, este año se presenta con cerca de 10.000 empleados de Caixabank, el SantanderUnicajaLiberbankBBVA ante la puerta de salida.

En el mes y medio de 2019 que llevamos, se han concentrado ya los anuncios de recortes en varias entidades. En algunos casos, como Unicaja y Liberbank, será fruto de la fusión en la que trabajan, y las cifras son todavía orientativas. El caso contrario es el de Caixabank, que ya está negociando las medidas con los sindicatos.

El sector bancario tenía el año pasado unos 168.000 empleados, según datos de las patronales AEB (bancos) y CECA (antiguas cajas de ahorros). Este año perderá unos 10.000, según los planes anunciados por las compañías o filtrados. El Santander será, previsiblemente, el que haga el mayor recorte, de unas 3.000 personas, al margen de su reducción en Reino Unido a causa del brexit.

Caixabank y el Santander: menos oficinas, menos personas

Caixabank fue el más madrugador. Después de anunciar, en noviembre del año pasado, el cierre de unas 800 oficinas por su apuesta por las store, a principios de año puso cifra al recorte de personal que conllevarán los cierres. La cifra que tienen ahora encima de la mesa de negociación con los sindicatos es de 2.157.

Como ha hecho en los últimos años, el banco que preside Jordi Gual tiene intención de que todas las salidas sean voluntarias. Por ello, busca un acuerdo con los representantes de la plantilla. Pero esta vez parece que lo tiene más difícil, ya que los sindicatos están acusando al banco de inmovilismo. Caixabank ofrece prejubilaciones a partir de los 53 años, y 33 días por año de indemnización a los de menos de esa edad.

El Santander anunció también a principios de 2019 recortes de personal en Reino Unido. Este viernes ha transcendido que el plan que tienen para su negocio en el país británico también lo aplicarán aquí. En concreto, serán 3.000 salidas para el cierre de entre 1.000 y 1.200 sucursales. La causa, como en el caso de Caixabank, también es la digitalización, que ha cambiado los hábitos de los clientes y hace necesarias menos oficinas pero con un trato más personalizado.

BBVA y Unicaja y Liberbank, planes más inconcretos

La fusión de Unicaja y Liberbank está previsto que también comporte recortes, pese a que las entidades ya los realizaron cada una por su lado. La unión de estos dos bancos se está negociando y se prevé que se acuerden los términos este semestre. Uno de los puntos calientes será resolver las duplicidades y activar sinergias, lo que comportará cierres de oficinas y también despidos.

Las primeras informaciones hablan de entre 2.500 y 3.000 salidas, entre despidos y prejubilaciones. El último cálculo, el más conservador, apunta a 2.452 salidas. Es del banco de inversión Kepler Cheuvreux, según el cual el banco resultante de la unión despedirá a casi una cuarta parte de los 10.800 empleados que suman.

BBVA es el banco que menos concretos tiene los planes de recortes. De hecho, los ha publicado casi sin querer y sin la estrategia que los acompañarían. En el informe financiero de 2018 publicado en la CNMV, adelanta que este año gastará 480 millones de euros en prejubilaciones. Haciendo una extrapolación con lo que le costaron las salidas en 2018, con este dinero puede jubilar a unos 1.700 empleados.

Estos son los recortes que están ya sobre la mesa o que vienen en camino, pero puede haber más. El sector está viviendo una transformación hacia un uso cada vez más digital que, en el país con más oficinas bancarias por habitante, supone un cambio cultural también para las entidades, que están ante la disyuntiva de adaptarse o morir.

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Las empresas afilan su ingeniería salarial para esquivar el impacto del SMI de 900€

Los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Trabajo indican que la histórica subida del Salario Mínimo Interprofesional alcanzará a 1,3 millones de trabajadores, otras estimaciones elevan ese impacto a cerca de tres millones de nóminas, sea como fuere el caso es que la medida de política social más emblemática adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha metido en un lío a miles de empresas que han visto como de un día para otro una decisión gubernamental hacía saltar por los aires sus previsiones de gasto en el capítulo de personal.

Fracasados los intentos de CEOE para modular la aplicación de la medida y hacerlo más digerible para las empresas, éstas han pasado a la acción y se han puesto a rastrear en la normativa y en los convenios que les son de aplicación los resquicios que les permitan amortiguar el golpe. Y los han encontrado. Según fuentes sindicales, la práctica evasiva que más se están encontrando es la aplicación de la conocida como ‘cláusula de absorción y compensación’, un cauce completamente legal que permite a las empresas desactivar la aplicación de determinados complementos salariales cuando se produce una subida no prevista de la parte regulada del sueldo, en este caso, el mínimo legal.

La operativa en estos casos funcionaría así. Si un trabajador percibía en 2018 un salario de 890 euros mensuales, en los que 850 euros formaban parte de su retribución básica y otros 40 euros se percibían por la aplicación de determinados complementos salariales, en 2019 su retribución mensual no se está actualizando hasta los 940 euros como en principio correspondería sino a 900 euros pelados, a base de dejar sin efecto los complementos salariales que sí percibía antes del cambio legal.

“Las empresas pueden hacer esto con total libertad salvo en los casos en que los sindicatos hemos tenido la precaución de incluir en el convenio la no compensación de los complementos. Pero este tipo de cláusulas no están muy extendidas todavía y nos estamos encontrando con muchas empresas que están absorbiendo el impacto del SMI vía complementos”, aseguran fuentes de CCOO. Uno de los sectores donde se ha detectado este tipo de prácticas es el cubierto por el convenio de Grandes Almacenes, donde operan empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo o FNAC. “En este ámbito no hay trabajadores con un sueldo total por debajo del Salario Mínimo, pero es verdad que hay algunas empresas que han absorbido el impacto de la subida de la retribución básica desactivando la aplicación de los complementos y dejando el sueldo real de los trabajadores al borde del salario mínimo actual”, asegura José Luis Solano, delegado sindical del sindicato Cob.as en FNAC.

Otra táctica que están aplicando las empresas es dilatar la aplicación de la subida del Salario Mínimo en aquellos contratos en que pueden hacerlo: principalmente los que prevén algún premio por el cumplimiento de un número determinado de horas o jornadas de trabajo. Fuentes empresariales aseguran que la propia CEOE ha puesto sobre la mesa la posibilidad de diferir la aplicación en la nómina del nuevo Salario Mínimo de 900 euros hasta el fin de la relación laboral para chequear a posteriori si se ha llegado al umbral mínimo establecido o no. Si se ha llegado por la activación de los premios al rendimiento o a la dedicación previstos las empresas solo tendrían que aplicar el marco salarial preestablecido; si no se llega se podría cumplir con la ley y con el trabajador por la vía de una paga extra a la extinción de la relación laboral.

Fotografía trabajadoras Eulen

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Desde las organizaciones empresariales se justifican estas soluciones de ‘ingeniería salarial’ por la obcecación del Gobierno en no consentir una aplicación más suave o progresiva de la subida del Salario Mínimo, como sí se ha hecho en otras ocasiones – con subidas más modestas del 4% o el 8% en la etapa del PP -, permitiendo a la negociación colectiva modular a lo largo de todo el ejercicio la subida del salario mínimo legal.

Otras empresas han eludido este tipo de ajustes finos y han tirado directamente por la calle de enmedio. Fuentes empresariales aseguran que desde la Inspección de Trabajo se les viene trasladando desde principios de año la detección de una cierta tendencia a sustituir contratos de trabajo a tiempo completo por contratos a tiempo parcial en nóminas afectadas por la subida del salario mínimo. 

Las estadísticas oficiales sobre el mercado de trabajo aún no permiten detectar una tendencia consolidada en esta dirección ni un impacto relevante sobre el normal comportamiento del mercado de trabajo, pero es cierto que desde la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros de Barcelona del día 21 de diciembre el mercado de trabajo ha emitido una serie de señales muy inusuales: el primer día laborable tras oficializarse la decisión del Gobierno de subir el Salario Mínimo a 900 euros (26 de diciembre) las empresas dieron de baja 274.000 contratos en un movimiento sin precedentes en toda la serie estadística de la afiliación a la Seguridad Social; y el primer día laborable tras la entrada efectiva en vigor del nuevo suelo salarial de los contratos firmados en España el número de bajas superó las 600.000.

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Las ventas de automóviles descienden un 4,6% en Europa en enero, lastradas por España e Italia

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el conjunto del mercado europeo se situaron en 1,2 millones de unidades en enero, lo que se traduce en un descenso del 4,6% respecto al mismo mes del ejercicio precedente, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Destacaron durante el primer mes del año las caídas en España, hasta 93.546 unidades comercializadas, un 8% menos, e Italia, donde se vendieron 164.864 unidades, un 7,5% menos. También bajaron, aunque en menor medida, en Alemania (-1,4% y 265.702 unidades), Francia (-1,4% y 265.702 unidades) y Reino Unido (-1,6% y 161.013 unidades).

ACEA resalta que, pese al retroceso de casi un 5%, el mercado continental registró en enero su segundo mejor dato en un primer mes de año desde 2009.

Volkswagen se situó como la marca más demanda en el ‘Viejo Continente’ en enero, con 141.503 vehículos matriculados, lo que supone un retroceso del 3,5%, seguida de Peugeot, con 81.739 unidades, un 2,2% menos, y Ford, con 78.485 unidades, un 6,6% menos.

El ‘Top 5’ lo completaron Renault, con 72.050 automóviles entregados, un 8,3% menos, y Opel/Vauxhall, con 69.687 unidades, un 6,4% menos.

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Casi 200.000 empleos temporales se convierten en fijos por la presión inspectora

Cinco meses después de su aprobación, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, presentó ayer al Consejo de Ministros el balance del Plan Director por un Trabajo Digno, cuyo objetivo principal es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, lo que permite, al mismo tiempo, reforzar la garantía de sostenibilidad presente y futura del Sistema de Seguridad Social.

De agosto a julio, gracias a este plan de choque, un total de 61.445 contratos temporales irregulares se han convertido en indefinidos, lo que representa tres cuartas partes de los trabajadores afectados. Además, se ha logrado incrementar la jornada de 8.824 personas con contrato a tiempo parcial, lo que supone un 17,5% de los afect+ados por el plan de choque contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial.

Esto es consecuencia directa del envío de más de 81.000 cartas a empresas por situaciones que afectaban a alrededor de 130.000 trabajadores. Una vez recibidas las misivas, las compañías disponen de un mes de plazo para regularizar la situación, de lo contrario, pasarían a aplicarse medidas coercitivas.

Si el plan rápidamente comenzó a dar sus frutos, puesto que en el primer mes de aplicación consiguió que más de 46.000 falsos trabajadores temporales se convirtieran en indefinidos, parece que su efecto se ha ido desinflando. Y es que en los cuatro meses posteriores su eficacia se ha reducido a menos de la mitad, puesto que en un tiempo cuatro veces superior solo ha conseguido dar estabilidad a menos de 20.000 empleos.

Al margen de los resultados obtenidos como consecuencia de la puesta en marcha del plan a lo largo de todo el año 2018 se han transformado en indefinidos 132.501 contratos temporales irregulares, 39.576 más que en el año 2017 (casi un 30 % más) y 50.229 más respecto al 2016 (un 38 % más). En conjunto, la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo, unida a la ejecutada dentro del plan de choque, eleva a 193.946 la cifra total de contratos temporales que se han transformado en indefinidos durante el pasado año. Ello supone más del doble de los resultados obtenidos en el 2017, cuando se transformaron en indefinidos 92.925 contratos.

En materia de ampliación de jornada, la suma de la actuación ordinaria de la inspección de trabajo y la ejecución del plan de choque han alcanzado la cifra de 31.517 ampliaciones, lo que supone el mejor dato histórico en esta materia. La cifra representa un 48,2 % más respecto a los resultados obtenidos en el 2017 (cuando se realizaron 21.259 aumentos de jornada).

Son los mejores resultados cosechados por la Inspección de Trabajo en sus actuaciones en materia de lucha contra el fraude en la contratación temporal.

lavozdeasturias.com

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8.000 vendedoras de Thermomix esperan una reforma legal para cotizar

Unas 8.000 trabajadoras de Thermomix podrían a comenzar a trabajar de forma abierta, sin triquiñuelas, trampas ni condiciones ambiguas que las sometan a inspecciones y sanciones por parte de los inspectores laborales. 

Las vendedoras de Thermomix, trabajadoras a destajo, muchas de ellas de forma esporádica, se enfrentan a cuantiosas sanciones que les convierte su trabajo en una ruina familiar. 

El esquema de ventas de Thermomix, el robot de cocina más popular de España y de Europa, recluta a usuarias a quienes premia por recomendar y explicar los aparatos de cocina a posibles clientes. En ocasiones, se trata de un trabajo habitual, pero a veces el grupo de trabajadoras apenas obtiene ingresos escasos, inferiores a la cuota de autónomos. 

Pero los inspectores laborales están aplicando con dureza la norma en su lucha contra el fraude y contra los falsos autónomos. Una sentencia judicial en Valencia determinó que las vendedoras de Thermomix son trabajadoras y, por tanto, deben estar dadas de alta en el régimen de trabajadores autónomos (RETA). 

“El problema es que algunas de ellas cobran menos dinero que el que deben pagar por su actividad. Una vendedora de Thermomix puede ganar 100 euros cualquier mes pero está obligada a pagar 300 euros como autónoma. Es una situación claramente injusta”, explica Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.

La reforma legal 

Una subcomisión parlamentaria trabaja en la reforma del sistema RETA para permitir que trabajadores esporádicos tengan una cotización mucho más razonable. 

La asociación ATA ha propuesto que este tipo de trabajadoras coticen sólo si su ingreso mensual equivale al 50% del salario mínimo interprofesional al mes. Es decir, que se vean obligadas a cotizar sólo si perciben más de 450 euros al mes. 

La subcomisión parlamentaria recibió opiniones de expertos durante 2018 y se inclina a crear un régimen que incluya ciertas excepciones para que se flexibilice el trabajo de este equipo de trabajadoras cuya actividad puede ser esporádica. 

Se trata de un grupo creciente que hasta ahora ha estado dominado por grupos de vendedores y comerciales como los de Thermomix y Avon. Pero, con la venta por internet, este tipo de profesionales con trabajo a destajo aumentan en distintas empresas emergentes. 

Las asociaciones de autónomos consideran que la ley no sólo debe tomar en cuenta si trabajan de forma habitual, sino también sus ingresos reales para evitar cargas laborales que desfavorezcan este tipo de salidas laborales. 

Hasta ahora, Thermomix, que sigue abriendo sucursales por toda España, se niega a contratar plantilla directa, porque, asegura, ésta es la fórmula que mejor funciona. Usuarias que se hacen suscriptoras del producto porque lo conocen pero que no necesariamente dedican una jornada o media jornada laboral a este tipo de trabajos. 

economiadigital.es

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Banco Santander prepara un ERE para 3.000 empleados en España

Banco Santander prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) para 3.000 de sus empleados en España. Esta medida supondrá además el cierre de hasta 1.200 sucursales.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín quiere adecuar la red de oficinas tras la absorción de Banco Popular, lo que supondrá el cierre de entre 1.000 y 1.200 sucursales dada la proximidad de muchas de ellas, según publica Expansión.

Los responsables de Santander España tienen previsto iniciar las conversaciones con los sindicatos para negociar un expediente de regulación de empleo en la red de sucursales del banco en las próximas semanas, de cara a que se pueda llegar a un acuerdo durante el mes de abril.

Todo indica que la propuesta que haga el banco a los sindicatos sea muy parecida a la que finalmente se alcanzó en diciembre de 2017 y que afectó a los servicios centrales de Santander España, donde se habían integrado los correspondientes a Santander y a Popular​.

El pasado noviembre el banco negoció con los sindicatos un protocolo de empleo para evitar que se ejecuten medidas “traumáticas” para los trabajadores. En su momento los sindicatos descartaron que fuera la antesala de un ERE.

El protocolo marcaría, supuestamente, las líneas básicas de negociación ante una posible reestructuración de la plantilla. Así, de cara a los ajustes, el banco garantizará el diálogo y la búsqueda de soluciones alternativas a la pérdida de empleo, como prejubilaciones pactadas, incentivos para salidas voluntarias, excedencias y otras opciones habituales en este tipo de procesos.

También reduce plantilla en Reino Unido

En enero la entidad anunció el cierre de sucursales también en Reino Unido. Allí cerrará 140 oficinas en Reino Unido, lo que afectará a 1.270 empleados que serán despedidos o recolocados. De hecho, la compañía tiene la intención de recolocar al menos un tercio de los trabajadores. Por tanto, los despidos podrían situarse en unos 850.

En este caso la justificación de Banco Santander es la digitalización. “El cierre de oficinas y el recorte de personal se realizan en respuesta a cómo los clientes eligen llevar a cabo sus gestiones bancarias”, explicaron.

El mayor banco español ha argumentado que en los últimos tres años, el número de transacciones efectuadas en oficinas del banco ha caído un 23%. En cambio, las gestiones mediante banca online se han duplicado durante el mismo periodo.

economiadigital.es

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