El Plan Juncker ha financiado en un año 27 proyectos españoles

El Plan Juncker ha financiado en su primer año de aplicación un total de 27 proyectos de firma española con una inversión total de 2.866 millones de euros, según datos del Gobierno, que considera estos resultados “altamente satisfactorios” ya que convierten a España en el “primer país beneficiario” del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE).

Así se recoge en una respuesta parlamentaria al diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) Jordi Xuclá, quien pidió por escrito información relativa al grado de ejecución del Plan de Inversiones Estratégicas planteado por el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker, a mediados de 2015 con una inversión prevista de 315.000 millones de euros en tres ejercicios.

En su respuesta, el Ejecutivo señala que los resultados tras el primer año de aplicación de este programa son “altamente satisfactorios”, ya que según los datos del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 12 de octubre de 2016, el FEIE ha movilizado ya 24.800 millones de euros.

El 11,55% de esa cantidad -unos 2.866 millones de euros- han ido a parar a 27 proyectos españoles. Así, España se convierte en el primer beneficiario en términos de financiación FEIE y en el segundo en relación con la inversión movilizada estimada por millón de euros del PIB.

eleconomista.es

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La banca tiene un riesgo de 20.200 millones por gastos de hipoteca

Las cláusulas suelo han sido las protagonistas del cierre de ejercicio de la banca española y han pasado una costosa factura en los resultados anuales, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera que las cláusulas abusivas lo son desde el inicio de la hipoteca, dando paso a la devolución al cliente de todo lo cobrado de más. Pero este frente jurídico no es el único que pesa sobre los bancos a cuenta de sus hipotecas, el producto clave para el negocio tradicional de la banca española, el minorista, y punto de partida habitual con el que el cliente establece relación financiera con su entidad.

Los gastos asociados a la firma de la hipoteca también están en el punto de mira de los tribunales y pueden generar un coste para el sector que está siendo excesivamente infravalorado por el mercado y por las propias entidades financieras, según apunta un informe de Kepler Cheuvreux. La firma señala que la potencial devolución de los gastos hipotecarios puede llegar a tener un impacto sobre el sector de 20.193 millones de euros.

La estimación resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 por la que se consideraba abusiva una cláusula que establece que debe ser el cliente quien asuma la totalidad de los gastos hipotecarios. Kepler cita además otra sentencia del Supremo, la 550/2000, contra la inmobiliaria Playasur a la que condenó a reintegrar los gastos de formalización de la hipoteca a un total de 76 clientes. Así, el total de costes hipotecarios repercutidos a la banca desde 2000 ascendería a 34.100 millones de euros, una factura que se reduce a 20.193 millones si se excluye el coste del impuesto de actos jurídicos documentados, el gasto más relevante de todos. Si se excluyen las hipotecas que habrían sido ya pagadas entre 2000 y 2016, y sobre las que sus titulares podrían renunciar a reclamar, ese coste total se reduce a 19.565 millones de euros.

“En este momento, vemos una probabilidad entre media y baja de que este riesgo termine siendo un coste. Sin embargo, el riesgo latente es muy sustancial y tiene un claro impacto en nuestra visión del sector”, reconoce el analista de Kepler Chevreux, Carlos García. De hecho, la firma muestra su preferencia por Santander, que se beneficia del entorno alcista de tipos de interés en sus principales mercados y tiene “una sensibilidad limitada” tanto a las cláusulas suelo como a los gastos hipotecarios abusivos.

Impuestos, el mayor coste

En su estimación, Kepler asume una tasa de actos jurídicos documentados del 1%, que se mueve entre el 0,5% y el 1,5% según la comunidad autónoma. Es del 1,5% en Valencia, Andalucía, Cataluña, Cantabria o Murcia, del 0,4% en Madrid para hipotecas inferiores a 120.000 euros y del 0,5% en País Vasco. Los costes de notaría oscilan entre el 0,6% y el 0,8% –Kepler emplea el 0,6% en su ejemplo– a los que se suman los costes de registro, gestión y tasación del inmueble. Para una hipoteca de 117.000 euros, la firma calcula unos gastos totales de 2.878 euros, de los que 1.173 son impuestos.

“Las lecciones aprendidas en otros casos de litigios en Estados Unidos, Reuno Unido y España (cláusulas suelo) muestra que este tipo de riesgos deben tenerse en cuenta”, añade Kepler. Su estimación de los riesgos por costes hipotecarios para la banca cotizada es de un total de 25.300 millones de euros en el peor de los casos y de 14.600 millones en un mejor escenario. Caixabank es la entidad que se lleva la peor parte, con un riesgo máximo estimado de 6.400 millones de euros, el equivalente al 23% de su valor tangible.

Para BBVA, Sabadell y Bankia el riesgo máximo estimado por Kepler Cheuverux es de 4.600 para el primero y 4.300 millones de euros para los otros dos bancos. La factura se reduciría a 3.000 euros en Santander, a 1.600 millones en Popular y de 1.000 millones en Bankinter.

En su defensa, los bancos argumentan que los costes aplicados son legales y que la probabilidad de reclamaciones es muy baja para las hipotecas ya pagadas. La sentencia del Supremo de diciembre de 2015 no especifica en todo caso qué gastos correspondería pagar al banco y cuáles al cliente. Estableció que el banco debía asumir al menos una parte, aunque no llegó precisar cuál.

“El cálculo está hecho pero no provisionado”, reconocen en una entidad, donde insisten que la provisión de fondos que se exige al cliente para la firma no es dinero que se queda el banco.
Tras conocerse la sentencia del Supremo, el pasado diciembre, algunas entidades como Sabadell, CaixaBank o Bankia han comenzado a asumir algunos de los gastos de la hipoteca: el gasto de registro y parte de los gastos de gestoría y notaría.

cincodias.com

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Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft abonaron en 6 años 14 veces menos que Inditex en 2015.

Entre las cinco suman una valoración en bolsa de 2,4 billones de euros y un volumen de negocio de 500.000 millones en todo el mundo. Son las cinco principales multinacionales tecnológicas: Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Todas ellas cuentan con una ingeniería fiscal con la que han logrado reducir al máximo su factura fiscal en España, donde entre todas sumaron sólo en 2015, último año disponible, una facturación superior a los 1.700 millones de euros (más del 60% pertenece sólo a la empresa fabricante del iPhone y fundada por Steve Jobs).

Desde el ejercicio 2010, estas grandes empresas sumaron entre todas sus filiales apenas 60 millones de euros de impuestos por sus beneficios. Esa cifra representa catorce veces menos que lo pagado por todo el grupo Inditex sólo en 2015 que, sólo en España, pagó cerca de 500 millones de euros.

LAS ESTRUCTURAS FISCALES

Las cinco compañías mantienen estructuras fiscales similares, aunque con distintas sedes y operativas. Facebook o Google tienen un esquema similar: la filial española actúa como comisionista y su facturación sólo se basa en los servicios de marketing que llevan a cabo el equipo español para vender los productos publicitarios de la empresa en el país. Depende directamente de su matriz en Irlanda. En el caso del buscador, la empresa ha pagado 7,4 millones de euros de impuestos desde 2010, mientras que la red social suma apenas 370.000 euros.

Apple también tiene su matriz en Irlanda, pero su actividad se basa en dos filiales. Una, Apple Iberia, tiene por objeto los servicios de marketing y soporte de las ventas. Otra, Apple Retail, es la que concentra las ventas de productos electrónicos en sus tiendas físicas y la gestión de éstas. Entre las dos pagaron a Hacienda desde 2010 unos 15,5 millones de euros, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil.

En el caso de Microsoft tiene dos compañías con las que organiza su actividad. Pero la que contiene su negocio principal es Microsoft Iberica (su matriz es Microsoft Holding, que también ‘esconde’ un buen mordisco de sus ingresos de la filial holandesa). Ésta pagó unos impuestos de algo más de 36 millones. A esta cantidad hay que sumar otros más de 30 millones de euros que la Agencia Tributaria le ha exigido tras varias inspecciones en los últimos años y cuyo resultado ha sido impugnado por la propia compañía fundada por Bill Gates.

Amazon es la gran tecnológica con más filiales en España. Cuenta con cuatro: la última en incorporarse, como adelantó EL ESPAÑOL, es Amazon Online España, para gestionar su negocio publicitario. Entre todas, sumaron unos ingresos de unos 339 millones de euros. El saldo acumulado del Impuesto de Sociedades en estos años desde 2010 es positivo, debido a las pérdidas acumuladas, principalmente en la filia Amazon Spain Services (antigua Buyvip).

UN NEGOCIO ‘IRREAL’

Con todo, el negocio que generan las filiales de estas compañías no se corresponde con su actividad real. El caso de Google y Facebook es significativo. Entre ambos se estima que suman más de la mitad de la publicidad online en España. Es decir, en España se trataría de más de 600 millones de euros, según los cálculos de IAB Spain. Entre ambos, ese año 2015 sumaron algo más de 74 millones de euros en ingresos a través de sus dos sociedades locales españolas.

En el caso de Amazon, mantienen dos vías para registrar su negocio en España. Por un lado, a través de sus filiales, que en muchos casos actúan como meras comisionistas (una para su negocio en la nube, otra para servicios, para la gestión de sus almacenes y para su negocio publicitario). Por otro, con la sucursal de su matriz luxemburguesa (Amazon EU Sarl) con la que registra todo su negocio en España, pero se desconocen las cifras pues las presenta en ese país sin desglosar.

SIN NOTICIAS DE LOS DATOS DE APPLE

Hace tan sólo unos meses, la Comisión Europea planteó una decisión histórica: pidió la devolución de más de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados durante los últimos años en Europa. ¿Cuánto de esa cantidad pertenece a España? Se desconoce, pese a que la Comisión Europea ha puesto a disposición de los estados miembros, también el español, el documento en el que revela por primera vez de forma pormenorizada la estructura y las operaciones económicas y financieras de Apple en Europa.

En diciembre, el ministerio de Hacienda no sabía si iba a pedir a Apple impuestos atrasados. “El ministerio no tiene una decisión adoptada”, explicaban a EL ESPAÑOL fuentes gubernamentales. A una pregunta de Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados, el Ejecutivo aseguró hace algo menos de una semana que mantiene “contacto regular con las instituciones comunitarias a través de diversos grupos de trabajo y reuniones periódicas y espontáneas, en los que participa la Agencia Tributaria”.

¿Y GOOGLE?

Google es otra de las que ha sido vigilada de cerca por las autoridades fiscales españolas. Pero aún no ha habido ningún resultado de esa investigación. El pasado verano, inspectores de Hacienda entraron en su sede en una operación con la que querían investigar sus cuentas para detectar si ha habido evasión de impuestos.

Esta investigación a la compañía, que ya tuvo que ponerse al día con Hacienda en 2013 pagando 1,9 millones más y así regularizar el Impuesto de Sociedades pagado en los ejercicios 2007 y 2008.

La empresa fundada por Mark Zuckerberg ha salido indemne. Facebook es la única que no ha sufrido ninguna investigación formal ni de las instituciones europeas, ni de la Hacienda española. Hasta el año 2015 no ha sufrido ninguna inspección, al menos que haya sido recogida en sus cuentas.

elespanol.com

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Las medidas de conciliación pueden aumentar en un 19% la productividad

Los empleados de Mapfre en España saben que tienen que trabajar de 10 a 4 de la tarde. El resto de horas las dejan a libre elección de los trabajadores, que se pueden organizar de la manera en que mejor les convenga. De igual manera, en Repsol el horario de entrada es flexible y abarca desde las 7.30 hasta las 9.30 de la mañana; además, casi cuatro de cada diez trabajadores de esta refinería (un 37%) practica alguna fórmula de teletrabajo, con diferentes modalidades ya sean de uno, dos o incluso tres días a la semana. Éstas son dos medidas de conciliación claras y reales que pueden aumentar la productividad un 19%, algo clave para que la economía del país mejore.

Así lo manifestó este martes el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante su intervención en la ‘Tribuna Sociedad y Empresa’ organizada por Europa Press: “Las medidas de conciliación y flexibilidad son capaces de aumentar en un 19% la productividad”. Riesgo aseguró que esto acarrearía a su vez incrementos en los ingresos de las empresas. Asimismo, puso de relieve un dato curioso: que el incremento de la productividad derivado de políticas de conciliación “ha dado mayor resultado” entre mujeres que entre hombres. De este modo, aprovechó para resaltar la importancia de incrementar la tasa de las mujeres en el trabajo, que en España se sitúa en el entorno del 55%, puesto que afirmó que si se elevara el grado de participación de la mujer en el mercado de trabajo como en Suecia, que es de un 70%, se incrementaría el PIB nacional en un 20%. Y qué mejor manera que incentivar el trabajo femenino que con políticas de conciliación.

El número 2 del departamento de Fátima Báñez anunció que en las “próximas semanas” se convocará la mesa de la calidad en el empleo ya anunciada por la ministra para abordar la conciliación y el huso horario. Lo que busca el Gobierno es lograr un “pacto nacional en todos los ámbitos” para incentivar medidas como la de salir del trabajo de manera generalizada a las 6 de la tarde, el teletrabajo, las ‘bolsas’ de horas o adelantar el huso horario, algo que Báñez ya adelantó hace dos meses y medio durante su comparecencia en el Congreso y en el Senado. Riesgo dejó claro que lo que el Ejecutivo hará es “proponer, no imponer” y para ello realizará “un estudio de los pros y de los contras” para abrir un debate y tomar una decisión. “Tendemos a pensar que tiene ventajas el cambio y por eso lo hemos propuesto”, confesó el secretario de Estado. De esta forma, España, que no está en el meridiano que le corresponde (el de Greenwich), adelantaría una hora su horario y se asemejaría a otros países como Reino Unido o Portugal.

Adelantar el ‘prime time’

Otro tema que se trató en el encuentro es el de terminar la jornada laboral a las 6 de la tarde, algo que el representante del Ministerio calificó como “un objetivo”, pero que en cualquier caso debe ser “dialogado y voluntario por parte de las dos partes”, en referencia a los sindicatos y la patronal. Así, abogó por que el Gobierno establezca unos “incentivos para que en el marco de la negociación colectiva se puedan restablecer jornadas y horarios más razonables”.

La directora general de Recursos Humanos de Mapfre, Elena Sanz, mostró su desacuerdo con esta medida y afirmó que “la negociación de los horarios debería quedar en el ámbito de las empresas”. De igual manera, el director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, Guillermo Tena, calificó de “anacrónico” hablar de a qué hora se sale de trabajar. A lo que Riesgo contestó: “Puede ser anacrónico, pero es mucho mejor que no hablar”.

Por su parte, el director corporativo de Personas y Organización de Repsol, Arturo Gonzalo Aizpiri, apostó por adelantar el ‘prime time’ de la televisión: “Un país en el que el ‘prime time’ empieza a las 22.48 horas creo que tiene un problema”. La directora general de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone España, Remedios Orrantia, lanzó al aire una reflexión: “¿Por qué España trabaja 227 horas más que Alemania y es menos productivo?”. Ahí queda.

diariovasco.com

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Los economistas reclaman que las pensiones mínimas suban con el IPC

Puño de hierro en guante de seda. A la vista del consenso de los economistas parece claro que «la esencia» de las reformas realizadas en 2011 y 2013 en el sistema público de pensiones debería ser intocable si se quiere asegurar su sostenibilidad –derogarlas, argumentan, costaría 5,3 puntos anuales del Producto Interior Bruto (PIB)–, al menos a medio plazo. Ello, sin embargo, no impide que también aboguen por «blindar» de alguna forma las prestaciones mínimas, las más débiles.

Y el mejor medio para ello, según los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es volver a vincular las pensiones más bajas a la evolución de la inflación. De esta manera, cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) superase la revalorización anual mínima que contempla la ley (0,25%) para aquellas, también subirían en la misma proporción (por ejemplo, un 1,6% si tomásemos el dato de 2016).

«No hay margen para volver a la indexación en todas las prestaciones –señaló este lunes Angel de la Fuente, director de Fedea–, pero al menos en la mínima sí». Según las cuentas que hacen en esta asociación, el coste de aplicar dicha medida, incluso ya desde 2018, resultaría asumible porque supondría en torno a un 0,4% del PIB, lo que supone algo más de 4.000 millones. Dicha suma se podría obtener con tributos adicionales o bien elevando un 6% la recaudación del impuesto de la renta (IRPF), objetivo que ve «aceptable».

El principal pero a esa medida sería más bien de orden moral, pues los economistas admiten que rompería el principio de contributividad que, entre otros, rige el sistema de pensiones; según ese precepto, el dinero percibido por un jubilado debería aproximarse lo máximo posible a lo que aportó durante su vida laboral «Ese riesgo existe», admitieron desde Fedea tras presentar un nuevo informe sobre el tema, porque «no hay ninguna medida perfecta» pero, a su juicio, se trata de elegir «entre distintos males» y ver la compensación.

Por ello, desde la fundación abogan por limitar de forma general para los pensionistas la segura pérdida de poder adquisitivo conforme al modelo actual. Así, con un horizonte de revalorizaciones anuales de solo el 0,25%, calcula que para 2060 dicha merma respecto a la evolución de los precios puede llegar al 30%. «No sería bueno que ellos carguen con todo el riesgo de la inflación», y por eso aconsejan que se estudie un porcentaje tope de cuánto sería admisible.

“Lógico” jubilarse más tarde

Otra de las sugerencias que hacen los expertos de Fedea para que los grupos parlamentarios las consideren, dentro de la propuesta de reforma de las pensiones sobre la que están trabajando –a presentar, en principio, el mes de junio–, es dar otra vuelta de tuerca al aumento de la edad de jubilación, en línea con lo ya pedido por el Banco de España. «Es algo bastante lógico teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de vida o el momento en que se entra ahora en el mercado laboral», aducen aunque no lo ven urgente.

Y aconsejan, además, subir los límites en las bases de cotización de los sueldos más altos, ahora topados en los 3.751,2 euros al mes. En cualquier caso, admiten que algunas medidas solo serían «parches» frente a la «incertidumbre» sobre la evolución futura del gasto público en pensiones (se habla desde un aumento del 5% a una reducción del 2,5%) y de otros factores como la inmigración, el empleo y la productividad.

A imagen de la vida laboral

En otro informe sobre pensiones, presentado a finales de enero, los economistas ya recomendaron la adopción de un sistema de cuentas nocionales a imagen del ya implantado en algunos países nórdicos (Suecia y Noruega) y del este de Europa (Letonia y Polonia), y al que hace poco se ha sumado Italia. Al igual que el método actual sería público y de reparto; la diferencia radica en cómo cuantificaría la pensión para asegurar la estabilidad del sistema. Como su nombre indica, básicamente suponen un fondo virtual donde se van acumulando las aportaciones que el trabajador va haciendo al sistema. Así, a más años empleado y mayor sueldo, pensión más elevada, y justo al contrario si se trabaja menos y la retribución también es inferior.

Pero que no haya lugar a engaño. La fórmula de Fedea, a diferencia del modelo actual (la pensión de jubilación se calcula combinando el número de años cotizados con las aportaciones de los últimos 25), no conlleva una prestación definida. La justificación de las cuentas nocionales, al igual que el historial de vida laboral que la Seguridad Social manda cada año a todos los trabajadores, es que cada uno pueda saber de forma periódica cómo marcha su fondo. Al fin y al cabo hablamos de un registro contable, sin dinero real y donde cada trabajador pasa a ser una especie de accionista a futuro del Producto Interior Bruto.

ideal.es

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Solo una mujer entre los tuiteros españoles más influyentes en Economía

La Economía parece seguir siendo cosa de hombres. Al menos en Twitter. Entre los usuarios españoles más influyentes en esta materia a lo largo de 2016, solo se ha hecho hueco una mujer: la asesora financiera María Muñoz, que ya había gozado de este privilegio en 2012 y 2013.

En la edición 2016 de la lista Tweco, que incluye las cuentas españolas imprescindibles para estar a la última en materia económica en la red social, la de María de la Miel ha sido la única gestionada por una mujer entre las seis seleccionadas. Las otras cinco que han pasado los exigentes cortes establecidos por Crédito y Caución, una de las filiales de la aseguradora Catala Occidente, corresponden a varones.

El elenco Tweco de este año incluye al mediático José Carlos Díez, economista ex de Intermoney que recientemente ha sido escogido por el PSOE para redactar su ponencia económica. La aparición frecuente en medios de comunicación, que ayuda a explicar la influencia de los condecorados en la red social de microblogging, es también una seña de identidad de Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana, que aplica la óptica liberal en sus análisis.

La cuestión de los medios va inscrita en la historia personal de Carlos Rodríguez Braun, economista, periodista y profesor. A él se le suman también el director de inversión de Tressis y miembro del consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino, Daniel Lacalle. La lista de nombres propios influyentes en Economía se completa con Rafa Galán, más conocido en la esfera digital como Perpe, economista madrileño residente en la ciudad china de Shanghái desde hace ya siete años.

Todos ellos comparten análisis al minuto de toda la actualidad económica y enlaces a otros más concienzudos en sus bitácoras personales. Pero no solo eso. En un primer momento, la firma responsable de la lista Tweco hizo una criba desde un umbral mínimo de menciones por parte de los participantes en la selección. Después, de los centenares de cuentas que pasaron el primer corte, se estableció un mínimo de 5.000 seguidores en la red social. Entonces, la lista se redujo a 74 usuarios.

De entre los seleccionados a esa altura, solo permanecieron en la lucha por formar parte de la lista los 20 perfiles que tenían una mayor ratio de autoridad, medida como una diferencia superior a 50 entre seguidores y usuarios a los que siguen. De otra parte, solo 21 cuentas contaban con un porcentaje de seguimiento cruzado superior al 40% entre los 74 usuarios referidos anteriormente. Solo los seis perfiles referidos, cinco hombres y una mujer, han superado todos los requisitos este año.

elboletin.com

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El absentismo hace perder el trabajo equivalente de 900.000 empleados al año

El coste para las empresas por las bajas laborales asciende a 5.500 millones al año.

La recuperación que la economía comenzó en 2013 ha supuesto una reactivación del absentismo laboral. Sobre todo, por las bajas por enfermedad común, que son todas aquellas patologías que no se producen como consecuencia del trabajo desempeñado. Por ejemplo, la gripe, un traumatismo por hacer deporte, las migrañas, el dolor de espalda, las depresiones que no se deben al trabajo u otro tipo de causas. En todo caso, es un problema muy grave para las empresas y, en general, para la economía. Tan grave es el problema que su coste en 2016 ascendió a 75.874 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% respecto a 2015 y la cifra más alta de los últimos cinco años. Es decir que, por esta razón del absentismo laboral, el año pasado España dejo de generar una riqueza equivalente al 6,9% del Producto Interior Bruto (PIB). “El crecimiento económico puede llevar consigo que, en la correspondiente proporción, esté descendiendo el miedo a perder el trabajo y se esté haciendo en mayor medida [que antes de la crisis] un uso indebido de esta prestación”.

Éstas son las conclusiones del informe detallado, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, y que acaba de elaborar AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, entidades colaboradoras de la Seguridad Social en la protección de los trabajadores, perteneciente a la patronal CEOE.

La cifra de 75.874 millones de euros es el resultado de la suma de las siguientes cantidades: 64.603 millones de euros responden al valor de los bienes “que se han dejado de producir y prestar” el año pasado por los 913.019 trabajadores que, en ese periodo, faltaron todo el año a su puesto de trabajo. La cifra de empleados con absentismo se obtiene teniendo en cuenta el número de procesos de baja iniciados anualmente, así como la duración en días de los casos, tanto entre los asalariados como entre los autónomos.

El año pasado ascendió a 4.579.773 el número de procesos de lo que también se conoce como Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes. Esta cifra representa un incremento del 16,4%. Si se divide por regímenes de la Seguridad Social, la incidencia media por cada 1.000 trabajadores fue del 21,70% entre los asalariados, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a 2015, y el nivel más elevado desde 2011. Entre los autónomos, el nivel de incidencia fue del 9,17%. En este caso hay un descenso del 0,11% respecto al año anterior. A los 64.603 millones de pérdidas que causó el absentismo en la economía en 2016 por lo que se dejó de producir en bienes y servicios, hay que sumar otro coste: los 5.773 millones de euros, que es el gasto de la Seguridad Social en las prestaciones económicas de las bajas laborales temporales, incluyendo las mutuas colaboradoras. Esta cuantía supone un incremento del 12,4% respecto a 2015, y la cifra más elevada de los últimos seis años. La Seguridad Social, con las mutuas, se hace cargo de la baja laboral a partir del décimo quinto día con los trabajadores por cuenta ajena, y a partir del cuarto día, con los autónomos.

Por último, para llegar hasta los 75.874 millones de euros del coste total del absentismo para la economía, hay que sumar también el coste directo que eso supone para las empresas. En 2016 ascendió a 5.498 millones de euros. Las compañías se hacen cargo de varios gastos: la gestión de la prestación económica entre el cuarto y el décimo quinto día de la baja; las cotizaciones a la Seguridad Social desde el primer día, igual que los complementos y mejoras de las prestaciones que recojan los convenios colectivos.

El informe de las mutuas de accidentes de trabajo describe varias causas para explicar el crecimiento desorbitado de las bajas laborales. La primera razón apunta al frecuente fraude en la prestación de baja laboral por enfermedad común. El informe sostiene la existencia de “comportamientos o conductas que persiguen un uso abusivo de esta prestación”. Es más, las mutuas sostienen que “la mejora de la economía puede estar llevando consigo que, en su correspondiente proporción, se esté perdiendo el miedo a perder el trabajo y se esté haciendo en mayor medida un uso indebido de esta prestación”.

Así, la patronal de las mutuas sostiene que los “empresarios han demandado especial atención del Gobierno sobre este asunto. Demanda que, sin duda, es compartida por la mayor parte de los trabajadores”, dice el informe que, a continuación, añade: “Los comportamientos o conductas que persiguen un uso abusivo de esta prestación, claramente perjudican al resto de los trabajadores”. “Entre otras cosas -dice el informe- por ver incrementada su carga de trabajo por tener que hacer frente al desarrollo de las tareas de los trabajadores en situación de baja, así como por los problemas de organización que tienen que ser afrontados por las empresas”.

No obstante, las mutuas señalan que hay un “absentismo estructural” derivado de la “excesiva carga burocrática” que se debe al siguiente motivo: “La separación radical de funciones” entre los organismos que satisfacen la prestación económica, las mutuas y las entidades de la Seguridad Social, y las que ofrecen la asistencia sanitaria, que son los servicios de salud de las comunidades autónomas.

expansion.com

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La tasa de empleo entre los 65 y 69 años en España, la segunda más baja de Europa

La tasa de empleo de las personas que siguen trabajando en España entre los 65 y los 69 años se sitúa en el 4,9 %, “muy por debajo” de la media europea, que alcanzó el 11,7 % en 2015, según ha afirmado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en un comunicado.

La mayor tasa de empleo entre esa edad en la Unión Europea la tiene Estonia, con un 29,3 %. Por detrás, se sitúan Suecia (21,6 %), Reino Unido (21,2 %), Irlanda (19,2 %) y Portugal (18,2 %).

Letonia (17,5 %), Rumanía (17 %), Lituania (16,1 %), Dinamarca (15,3 %), Alemania (14,5 %), Finlandia (14,2 %), Países Bajos (13,1 %), Chipre (12,1 %), República Checa (10,7 %) y Polonia (9,5 %).

Con la tasa más baja, únicamente por detrás de España, se sitúa Hungría (4,6 %) y con la misma tasa que España está Bélgica (4,9 %). Por encima de España, completando el ranking, se sitúan Eslovaquia (5,2 %), Luxemburgo (5,3 %), Francia (5,9 %), Eslovenia y Croacia (6,7 %), Gran Bretaña (7,9 %), Malta e Italia (8,6 %) y Austria y Bulgaria (0,3 %).

Así, el IEE ha recordado que el Gobierno está apostando por prolongar la vida laboral “como una de las medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones”. Además, ha señalado que es “incuestionable” buscar mecanismos “eficientes” para lograr esta prolongación.

lne.es

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El Constitucional obligará a reformar el impuesto de plusvalía municipal

Los Tribunales Superiores de Justicia han ido emitiendo sentencias contrarias a las liquidaciones de este impuesto en los casos en los que no haya existido una ganancia para el contribuyente. Por ejemplo, recientemente, Eroski ganó un litigio al Ayuntamiento de Leganés, que le exigía casi un millón de euros por una venta en el que el supermercado perdió dinero. Además, se plantearon cuestiones de inconstitucionalidad en la medida en que el tributo podría ser contrario a la Carta Magna. Según avanza El Español y han confirmado posteriormente fuentes cercanas a Hacienda, el Tribunal Constitucional ya ha tomado la decisión de declarar inconstitucional el impuesto, lo que supone un duro revés para los municipios que se enfrentan a un alud de reclamacionesa

El caso que ha resuelto el Alto Tribunal tiene su origen en Irún, cuando el municipio reclamó 17.899 euros a una empresa que habia comprado un inmueble por 3,1 millones de euros y lo vendió por 600.000 euros. El contribuyente recurrió esa liquidación y el Juzgado de lo contencioso-administrativo de San Sebastián planteó una cuestión de inconstitucionalidad en la medida en que el impuesto podía ser contrario al artículo 31 de la Constitución Española, que señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El juzgado de San Sebastián también planteó al Alto Tribunal la posibilidad de que la configuración actual del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos pueda limitar el derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución en la medida en que no permite una prueba a contrario que demuestra que no ha existido revalorización.

El Constitucional considera que el impuesto de plusvalía es contrario a la Carta Magna. Si bien la sentencia hace referencia a una norma foral, el efecto de su decisión será generalizado porque la misma norma que ahora ha tumbado el TC aparece en la Ley de Hacienda Locales. El Gobierno deberá abordar una reforma en profundidad de este impuesto municipal para que no actúe en operaciones en las que se hayan producido minusvalías.

Los ayuntamientos recaudan unos 2.000 millones por el impuesto de plusvalía

Los municipios obitnenen al año a través de la plusvalía municipal en torno a 2.000 millones de euros. La recaudación no ha cesado de crecer, incluso durante la crisis inmobiliaria. Ello refleja que el impuesto no sigue la lógica del mercado. A la espera de conocer los detalles de la sentencia, los contribuyentes que, a pesar de registrar pérdidas, han pagado el impuesto de plusvalía, podrán recurrir y exigir las devoluciones.

http://cincodias.com

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España dejará de ser una de las 20 principales economías del mundo en 2050

España perderá paulatinamente peso en el concierto económico internacional en los próximos años y en 2050 ya no estará entre las 20 mayores economías el mundo, según concluye el informe de PWC El Mundo en 2050. ¿Cómo cambiará el orden económico mundial? hecho hoy público, que analiza la evolución de las 32 mayores economías del mundo.

A pesar de que el PIB mundial ya se habrá duplicado ya para 2042, señala el informe, España irá cayendo y en 2050 habrá perdido 10 posiciones, desde el puesto 16 al 26, experimentando una abrupta caída desde 2030 que le llevará a ser el país de la lista que más peso pierda desde ese año. El motivo es el ascenso inexorable de los países emergentes, que coparán seis de los siete -y 14 de los 20- primeros lugares del ránking.

“En 2016 la economía española era la decimosexta mayor del mundo, según los datos el FMI. Sin embargo, España solo será capaz de retener una posición similar, la 17, hasta 2030. A partir de entonces, el ascenso de los países emergentes la hará caer”, señala el informe de proyecciones económicas de PwC.

Pero no será el único desarrollado que vea descender su peso en el contexto económico mundial en las próximas décadas. “Si en 2015 las economías de los países que integran el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y el E-7 (Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía) tenían prácticamente el mismo tamaño; en 2040 el PIB de las siete mayores economías emergentes duplicará al de los más desarrollados“, concreta PWC.

Los países más ricos van envejeciendo

El informe estima que en 2042 la economía mundial se habrá multiplicado por dos y entre 2016 y 2050, registrará un crecimiento medio anual del 2,5%. En ese periodo, los países del E-7 aumentarán su actividad un 3,5% de media anual por un 1,6% de los desarrollados. En este contexto, la economía de UE solo supondrá el 9% del PIB mundial en 2050 frente al 15% actual.

No obstante, el PIB per cápita seguirá siendo mayor en los grandes países desarrollados. “La única buena noticia para los siete grandes países más ricos es que continuarán teniendo un mayor PIB per cápita -salvo, probablemente, en el caso de Italia-, que los emergentes y, aunque la diferencia irá reduciéndose paulatinamente, no se igualarán antes del 2050″.

Las proyecciones de PWC apuntan a un crecimiento medio anual en torno al 3,5% hasta el año 2020, del 2,7% hasta el 2030, del 2,5% hasta 2040 y del 2,4% hasta 2050. “Esta moderación del crecimiento mundial se irá produciendo a medida que vaya envejeciendo la población en edad de trabajar de los países desarrollados y que los mercados emergentes vayan madurando”.

No sólo España caerá

Y no sólo España caerá: también lo harán Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Vietnam será el país que más crecerá y otras economías florecientes como Bangladesh o Nigeria entrarán en el ránking.

Así, dentro de 33 años China seguirá siendo la mayor economía del mundo y aumentará su peso hasta el 20% del PIB global. El gigante asiático, que ya ha superado a Estados Unidos como la mayor economía del mundo, liderará la clasificación y aglutinará el 20% del PIB global -dos puntos más que en 2016-.

India, por su parte, subirá a segunda posición y relegará a Estados hasta el tercer puesto, seguida de Indonesia, Brasil, Rusia y México, superando a Japón que cae de la cuarta a la octava posición en la clasificación del PWC. Alemania caerá cuatro puestos (del quinto al noveno) y Reino Unido perderá uno (del décimo al undécimo).

En estos países, “la caída no se debe a que sus economías se vayan a deteriorar en las próximas décadas, sino al mejor comportamiento relativo de los emergentes. Italia es el país que experimentará un mayor descenso del G-7, de la posición nueve a la 21”.

“Reino Unido mantendrá su posición relativamente bien, comparada con otras economías desarrolladas, a pesar del impacto del Brexit y gracias al incremento de la población en edad de trabajar”, aunque esto dependerá de que el país siga abierto a la entrada de trabajadores extranjeros, advierte el documento.

*El análisis elaborado por la consultora se ha realizado a partir de un modelo econométrico que tiene en cuenta, entre otros, factores demográficos, como el crecimiento de la población en edad de trabajar, la calidad del mercado laboral, el desarrollo tecnológico y la acumulación del ‘stock’ de capital.

expansion.com

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