Amancio Ortega convierte a Pontegadea en la inmobiliaria más grande de España

El Grupo Pontegadea, que engloba todas las sociedades de cartera propiedad de Amancio Ortega, sus filiales inmobiliarias y participaciones empresariales, cerró el ejercicio 2019 con un beneficio neto de 1.778 millones de euros, con un aumento del 14,7% respecto al ejercicio precedente, tras contabilizar 104 millones de euros en donaciones a la Fundación Amancio Ortega, y elevó el valor de mercado de su cartera inmobiliaria a 15.163 millones de euros.

Esta cifra lo consolida como el operador más grande del mercado inmobiliario español y lo sitúa por encima de sus competidores europeos directos.

El brazo inversor de Amancio Ortega cerró el ejercicio 2019 con una cifra de negocio de 2.261 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% respecto a los 1.916 millones de 2018. De esa cantidad, 1.640 millones corresponden a ingresos por dividendos de sociedades participadas —fundamentalmente del Grupo Inditex— y 621 millones a ingresos netos procedentes del negocio inmobiliario.

En concreto, los dividendos aportados por Inditex a Pontegadea Inversiones (50,01%) y Partler 2006 (9,28%) se elevaron a 1.626 millones de euros en 2019.

Además de la participación del 59,29% en Inditex, en esa fecha el Grupo mantenía participaciones de carácter financiero en Telxius (9,99%), filial de infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica Infra, y Enagás (5%).

En el balance del Grupo Pontegadea a cierre de 2019 se contabiliza una deuda financiera de 1.091 millones de euros y tesorería y equivalentes por valor de 907 millones (con una posición de deuda neta de 184 millones de euros), así como compromisos de donación a la Fundación Amancio Ortega por importe de 268 millones de euros.

Durante el ejercicio 2019, el grupo Pontegadea realizó inversiones inmobiliarias por valor de 2.065 millones de euros, en línea con su objetivo de invertir unos 2.000 millones anuales.

Fuera del ámbito inmobiliario se produjo la compra de un 5% del capital de gestor técnico del sistema gasista.

Las principales inversiones inmobiliarias de 2019 se llevaron a cabo en Estados Unidos, donde destaca la adquisición de los complejos Troy Block y Arbor Blocks, en Seattle, y el 815 de Connecticut Avenue en Washington DC; y en Reino Unido, con la compra de The Post Building. El 61% de la cartera inmobiliaria global se encuentra localizado en Europa.

Reducirá los ingresos por dividendo de Inditex

En relación con la pandemia de covid-19, las cuentas anuales de las sociedades del Grupo Pontegadea advierten que no se han identificado efectos adversos significativos, aunque este factor podría afectar potencialmente a ingresos por arrendamiento y dividendos.

Así, respecto a los dividendos procedentes de Inditex, el gigante textil presidido por Pablo Isla ha previsto un pago de 0,35 euros por acción para 2020, lo que representará un ingreso para el Grupo Pontegadea de 646 millones de euros, un 60,27% menos que los 1.626 millones percibidos en 2019 por este concepto.

Con posterioridad al cierre del ejercicio, el Grupo Pontegadea ha realizado varias operaciones de ordenación societaria para simplificar su estructura, entre ellas la absorción de la sociedad Grilse, propietaria de activos inmobiliarios en España, por Pontegadea España, y la absorción por Pontegadea Inversiones de su filial Pontegadea 2015 con sus participaciones financieras (entre ellas la participación en Telxius).

Asimismo, ha llevado a cabo la escisión de Pontegadea Inversiones de la nueva sociedad Pontegadea GB 2020, que agrupa activos inmobiliarios localizados en el mercado británico.

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Iberdrola invertirá 10.000 millones al año en energías limpias

Iberdrola tiene previsto acelerar su inversión hasta niveles récord en los próximos años ante la oportunidad para la transformación del sector energético que representa la recuperación de la crisis, para lo que elevará este año hasta los 10.000 millones de euros sus inversiones, según ha señalado el presidente y consejero delegado de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, quien prevé mantener un nivel semejante en años posteriores.

«En los últimos años, hemos estado invirtiendo un promedio de alrededor de 5.000 millones de euros. Este año vamos a invertir 10.000 millones en más energías renovables y acelerar la construcción de redes», indica a Financial Times el ejecutivo español.

«No será muy diferente en los próximos años… estaremos a estos niveles», afirma Sánchez Galán. «Estamos en un buen sector en un buen momento», añade.

La apuesta por las energías renovables ha impulsado a Iberdrola a convertirse en la segunda compañía cotizada más grande de España, con una capitalización de mercado de unos 66.000 millones, lo que hace de la empresa la segunda mayor de Europa en el segmento de servicios de energía, detrás de la italiana Enel.

Iberdrola ha impulsado la inversión anual más del 50% en los últimos dos años desde 6.200 millones de euros en 2018, en contraste con las empresas del sector de petróleo y gas, que están reduciendo los gastos de capital bajo la presión de los bajos precios del crudo.

El presidente de la segunda mayor cotizada española considera que el sector de las energías limpias será uno de los principales beneficiarios de plan de recuperación de 750.000 millones de euros que prepara la Unión Europea a propuesta de la Comisión Europea y que será debatido por los líderes de la UE la semana próxima.

«Todos quieren salir de la crisis económica lo más rápido posible y buscar sectores que puedan generar empleos rápidamente y hacer que la economía sea más competitiva y sostenible», señala Sánchez Galán, para quien hay dos sectores que proporcionan eso y que ya son prioridades: «el Green Deal [de la UE] y la digitalización». «Nuestro sector está involucrado en ambos«, subraya.

Asimismo, el presidente de Iberdrola sostiene que las redes eléctricas necesitan una mayor digitalización y eficiencia, subrayando que la crisis ha brindado razones adicionales para acelerar el recorte de emisiones de carbono. «Si pudiésemos acelerar los planes nacionales de clima y energía en Europa podríamos crear alrededor de 2 millones de empleos en el continente para 2025», apunta.

De este modo, a pesar de que el Green Deal europeo prevé inversiones públicas y privadas por al menos un billón de euros, el ejecutivo español no prevé problemas para levantar las sumas necesarias en el sector.

«En nuestro sector en la actualidad, si hay estabilidad legal, estabilidad regulatoria y retornos razonables, podemos recaudar el dinero que necesitamos», afirma, recordando que Iberdrola había captado 11.000 millones de euros en bonos ‘verdes’ «a precios muy, muy baratos»

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Amazon irrumpe en los contratos del Gobierno y levanta alarma empresarial

Amazon ha entado de lleno, tras la crisis de la Covid-19, en un negocio inexplorado hasta ahora para la multinacional: el de la contratación pública. Hasta la fecha se trataba de una terreno que estaba reservado a empresas con larga tradición con las diferentes administraciones, pero, tras la pandemia, la compañía de Jeff Bezos quiere que los diferentes gobiernos se conviertan en otro de sus grandes clientes. Acaban de ganar dos contratos de emergencia, sin grandes inversiones, pero el hecho de empezar a competir con compañías asentadas desde hace años o décadas en este tipo de contratos no ha pasado desapercibido entre los afectados.

La irrumpción de Amazon en este nuevo negocio supone una novedad en un mundo empresarial acostumbrado a competir codo a codo por cada acuerdo comercial o de prestación de servicios. Las compañías dedicadas a este tipo de contratación disponen de equipos especializados en estos procesos que preparan a conciencia cada licitación. En ocasiones la oferta ganadora no se decide por su pujanza técnica sino por ser la propuesta más ventajosa para la administración. Si Amazon decide entrar a pujar con estas firmas la competencia va a ser feroz, según auguran en un mercado donde, dicen fuentes implicadas, «nos conocemos todos».

De momento Amazon ya ha ganado dos contratos públicos, ambos adjudicados durante el pasado mes de junio y ambos relacionados con la «adquisición de suministros». Uno de estos contratos hace referencia a la compra de 2.000 tablets para paliar el absentismo escolar originado tras la declaración del estado de alarma. Lo licita el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en Sevilla, por 366.000 euros. Es decir, a 183 euros por cada tablet, un acuerdo que el consistorio negoció directamente con Amazon. El segundo contrato, muy testimonial por apenas 53,75 euros, fue firmado por la Dirección General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) para adquirir 102 vasos para la residencia Bennàger, una instalación de cuidados a mayores situada a las afueras de Valencia.

Fotografía planta Amazon San Fernando / EFE

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Los habituales en este tipo de contrataciones se quejan de que, especialmente en asuntos relacionados con la tecnología, competir con Amazon se antoja muy complicado para ellos. Especialmente si la compañía estadounidense decide presentar ofertas competitivas para quedarse con contratos públicos. Una de las perjudicadas pide, en declaraciones a La Información, que la administración eleve los controles sobre una firma en una época donde, además, la contratación por parte de Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos va a ser clave para algunas.

Hay empresas, además, que vienen trabajando con las administraciones públicas desde hace años y que tuvieron que solicitar el concurso de acreedores durante la anterior crisis, según explican desde una gran contratista. Su escenario actual, tras casi una década de ‘travesía por el desierto’ y después de haberse frenado radicalmente el número de pedidos, hace inviable poder competir con un gigante como Amazon.

​Amazon y sus cuentas depositadas en Luxemburgo

Un detalle que no ha gustado nada entre los competidores de Amazon es la fórmula que ha utilizado la multinacional para firmar estos primeros dos contratos. La administración, en ambos casos, ha suscrito el acuerdo económico con la sucursal en España de Amazon EU SARL. Se trata de la matriz con la que Amazon opera en Europa y su sede está en Luxemburgo. Ello no significa, insisten desde la compañía, que no tribute en España, que sí lo hace, pero sí que, según se quejan, deja un halo de opacidad en todo el proceso de contratación.

Fotografía planta Amazon San Fernando / EFE

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El problema, según denuncian, es que Amazon no entrega al Registro Mercantil las cuentas de esta sucursal española. No se conocen, por tanto, las de los últimos años. Efectivamente, los ingresos, gastos y beneficios del negocio de Amazon en nuestro país se encuentran depositados en el registro luxemburgués. Tal y como indica la propia compañía, las cuentas del año pasado fueron presentadas el pasado 17 de marzo, justo en la primera semana de estado de alarma en España y de confinamiento en toda Europa.

Amazon lleva tiempo poniéndole el ojo a la contratación pública. El año pasado ya inició el proceso de contratación de un ‘manager’ para pugnar por contratos públicos. En este caso quien fichó fue Amazon Web Services. La oferta de trabajo precisaba que el trabajo del nuevo jefe de contrataciones del Estado sería «crear mecanismos efectivos de compra de la nube por parte del Gobierno» y «educar al sector público sobre la importancia de las adquisiciones eficientes para beneficiarse de la nube». «Como parte de este crecimiento», explicaba el texto, Amazon «ha creado un equipo dedicado a los gobiernos español y portugués y al sector público«. De momento los acuerdos con el sector público han llegado de la pata de suministros, no de la tecnológica ni de almacenamiento en la nube.

Pedro Sánchez en Davos

La relación del Gobierno de Pedro Sánchez con Amazon podría definirse como fluida. En la última cumbre de Davos, antes de la pandemia, el presidente se reunió en privado con el CEO de Amazon Web Services, Andy Jassy. Junto con otros importantes directivos de tecnológicas les explicó sus planes de digitalización y economía verde, una hoja de ruta que el Ejecutivo central ha acelerado como consecuencia de la crisis de la Covid. Todo, con la tasa Google sobre la mesa a la espera de su entrada en vigor.

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El Gobierno prorrogará mañana la moratoria de las hipotecas y los cortes de suministros básicos

Gobierno prevé dar luz verde mañana a la ampliación hasta el 30 de septiembre del periodo de percepción del «bono social» y de la garantía de suministro de energía eléctrica, gas y agua, según han informado fuentes del Ejecutivo, que prorroga así iniciativas puestas en marcha como «escudo social» frente a la crisis de la Covid-19.

Estas son algunas de las medidas incluidas en una batería de seis iniciativas que el Ejecutivo prevé aprobar en su reunión de este martes, y que incluyen también la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre por un periodo de 6 meses (con las mismas condiciones).

También se amplía el plazo solicitud de la moratoria arrendaticia, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, según las mismas fuentes, que precisan que está previsto que se pueda solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020 el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Hasta el 29 de septiembre se podrá solicitar la moratoria de deuda hipotecaria, y su funcionamiento será secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (3 meses de moratoria legal más 9 meses de moratoria del sector bancario).

Según las fuentes del Gobierno, también está previsto que se apruebe en este paquete de medidas la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

La garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua se amplía hasta el 30 de septiembre y, asimismo, con el objetivo de homogeneizar las medidas del «escudo social» se amplía el periodo de percepción del bono social.

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Renfe lanza ofertas veraniegas tras las críticas por los precios de los trenes tras el confinamiento

Hace solo unos días que el fin del estado de alarma permite la movilidad de los españoles sin restricciones dentro de territorio nacional, por lo que Renfe ha ampliado su oferta de trenes de media, larga distancia y AVE. Sin embargo, los usuarios critican los altos precios que tienen los billetes, al no encontrar los tradicionales descuentos por reservar con antelación u otras campañas promocionales.

Además, la crisis del coronavirus ha hecho que Renfe aplace la puesta en marcha de Avlo, su AVE ‘low cost’, cuya inauguración estaba prevista para el pasado 6 de abril -en pleno confinamiento- y que prometía viajes de Madrid a Barcelona y viceversa desde 25 euros.

Por ello, este lunes la compañía ha lanzado 220.000 plazas en AVE y Larga Distancia con descuentos de hasta el 50% con la promoción ‘YoVoy verano’, que permite viajar a mitad de precio pero con flexibilidad en cambios y anulaciones hasta agotar existencias.

Los descuentos se aplican a determinados horarios de trenes para viajar en agosto y septiembre. Además, Renfe asegura en un comunicado que también habrá precios promocionales para parejas (2×1) y para familias y grupos reducidos (4 x 100 euros), aunque los precios son variables en función de la línea de tren de la que se trate.

Según Renfe, el objetivo de esta campaña es que los viajeros recuperen la «confianza» a la hora de viajar con «máxima seguridad» y se recuperen los hábitos de movilidad en transporte ferroviario.

Para ello, la empresa ha reforzado los procedimientos de limpieza y desinfección de todos los trenes, con el fin de ofrecer un entorno seguro durante el viaje, además de haber implantado diversas medidas de embarque, desembarque y a bordo que garantizan la distancia social. Estos procedimientos le han permitido obtener el certificado Aenor frente al Covid-19 para el transporte de viajeros.

La compañía explica que ha implantado un servicio de mantenimiento de la higienización en ruta, que comienza antes de la salida del trencon la higienización de los puntos de contacto de los viajeros en el proceso de acceso a los coches (botoneras, asideros, marcos de puertas, etc.). En el interior del tren y durante el trayecto, el personal de mantenimiento se encarga de mantener las condiciones higiénicas de las zonas comunes, aunque la cafetería no está en uso. Además, en las paradas intermedias repasan la mesa o mesita del respaldo de los asientos que queden libres, los apoyabrazos de las butacas y la sustitución de los cabezales.

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El consumo eléctrico delata la profunda crisis de la industria

El consumo eléctrico refleja cómo el sector industrial sigue lejos de recuperarse tras el bache que ha supuesto la pandemia de coronavirus en España. Las dos principales comercializadores de la industria en nuestro país –Acciona y Fortia– sufren una caída en la compra de energía en junio si se compara con el mismo mes del año anterior. 

En concreto, Fortia vive un descenso de casi el 40% (39,6%), similar al del mes de mayo, puesto que la firma registró una bajada del 40,8% en comparación con el mismo periodo de 2019. Así lo afirma un informe de la consultoría energética JQ Advisors al que ha tenido acceso Economía Digital, basado en datos de REE. Así, Fortia, dedicada al cliente industrial, a penas mejora en junio, lo que refleja que el sector al que pertenecen sus clientes sigue en la UCI.

La otra comercializadora que también cae con fuerza es Acciona, aunque menos que su competidora. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales registra un descenso del 20,5% en comparación a los mismos datos del junio anterior. La bajada es un poco menor que en mayo, cuando la energética se desplomó un 23,8%.

Caída alarmante del consumo energético

El director de operaciones de JQ Advisors, Roberto Pardal, ha revelado a Economía Digital que la fuerte caída y el estancamiento de estas compañías reflejan que «hay algo que no acaba de ir del todo bien en la industria», algo que genera preocupación en el sector: «No estamos en la era Covid, sino en la post-covid». 

Aunque el turismo concentra toda la atención, la industria también ha sufrido mucho. En pleno confinamiento, el índice de producción industrial (IPI) de abril reflejó que el sector había caído un 33,6% con respecto al mismo mes de 2019. Según publicó el Instituto Nacional de Estadística, la producción industrial acusó una inédita caída en abril que, si nos fijamos en los datos de compra energética, en junio todavía no se ha recuperado. 

Naturgy y Endesa se recuperan

Donde la compra de electricidad sí que refleja mayor recuperación es en el consumo doméstico y en el sector servicios. Las tres principales eléctricas –EndesaIberdrola y Naturgy– acusan una leve bajada en comparación con el junio anterior.

Endesa es la que registra la mayor caída, un 11,3%, un poco inferior al 12,4% de la caída en el mes de mayo. Iberdrola empeora porcentualmente su caída, puesto que pasa del 2,1% hasta el 3,9%. Naturgy es la que más se recupera, y pasa del 4,4% hasta solo el 2,7%. 

«Ha habido pequeños movimientos en las grandes empresas para no tener una pérdida de cuota significativa», ha explicado Pardal, que recuerda que estas empresas –que representan el 80% del sector en España–, no han sufrido grandes caídas. 

En cuanto a las comercializadoras emergentes –como Nufri (239,7%), Energía Colectiva (105,9%) o Nace (104,8%)–, se aprecia una subida por su propio crecimiento orgánico. «Hay algunas que están haciendo las cosas bien», ha sostenido Pardal. El experto consultor insiste en reflejar que esta expansión se debe a su esfuerzo, a «innovar productos» y a hacer «trabajo de campo». 

Petroleras y emergentes

Sorprende el gran crecimiento de las petroleras, pese a la crisis energética que ha vivido España por el Covid-19. La petrolera Shell ha crecido un 490,8% en comparación con el año anterior, mientras que CEPSA lo ha hecho en un 36,3%. 

Las empresas, que se están introduciendo en el mercado eléctrico «a base de billetera» para no perder el tren del nuevo paradigma eléctrico, lo hacen a través de comprar pequeñas compañías para crear estructura y se aprovechan de su negocio original en España, el combustible fósil, como puerta de entrada. 

Pardal avisa que las petroleras sí que pueden hacer peligrar a las grandes de la energía en España. De hecho, pese a que la tasa de cambio de empresa energética es muy baja, estas compañías podrían hacerse un agujero en ese casi oligopolio de las tres grandes. Es más, algunas ofrecen servicios compartidos con la gasolina de los coches y otros servicios del hogar, como Repsol, que ya es la quinta eléctrica del país.

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El euro perjudicó al bolsillo de los españoles

A pesar de que el 64 % de los españoles creen que el euro ha tenido efectos positivos para el país, persiste cierto mantra en los hogares y las barras de bar de que «con la peseta se vivía mejor». El eterno debate entre los nostálgicos de la rubia y los euroentusiastas cobra vigor cada vez que una crisis atropella la economía. La del covid-19 no ha sido una excepción. Las zancadillas de algunos socios del euro, como los Países Bajos, a las iniciativas que podrían poner coto a las disparidades dentro de la unión monetaria han acentuado ese sentimiento de rechazo hacia una moneda que no logrado cosechar la simpatía de su antecesora. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en eso de que el euro ha perjudicado a los bolsillos de los españoles?

Los informes periódicos que emiten las autoridades europeas apuntan hacia un aumento de la prosperidad. Salvando los años de crisis, el producto interior bruto (PIB) español ha aumentado desde que el euro entró en circulación. Los salarios también, aunque en menor medida que los precios, engordados con el famoso redondeo que obligó a los españoles a pagar más del doble por una barra de pan. Entonces, ¿por qué está tan extendida esa sensación de que se ha perdido capacidad adquisitiva? Porque, de forma intencionada o no, en los cálculos sobre los beneficios que ha traído el euro se sobreestiman los beneficios para las exportaciones y se obvian otros indicadores como el reparto cada vez más desigual de la riqueza y la brecha en términos de competitividad entre los países ganadores y los perdedores del euro.

Cada español ha cedido 5.031 euros desde que la moneda única irrumpió en nuestras vidas, según cálculos del think tank alemán Centro para la Política Europea (CEP). Sus expertos publicaron en el 2019 un polémico informe en el que cuantifican las pérdidas en la prosperidad del país en 224.000 millones de euros, concentradas en los años de la crisis. Antes del 2011, el saldo era positivo, lo que indica que el problema no radica en la moneda única, sino en su gobernanza.

A pesar de las feroces críticas que recibieron sus autores, otro estudio de Bloomberg incide en lo mismo: España ha sido una de las grandes perdedoras del euro, junto a Italia y Francia. «Han sufrido sustancialmente al perder la habilidad de devaluar [la moneda] al responder a la crisis. Tenían un margen de maniobra limitado para rebajar salarios así que su competitividad se deterioró», indica el documento, en el que también explican que los tres países no fueron capaces de aprovechar todo el potencial del euro para profundizar en sus relaciones comerciales dentro del bloque.  Una tesis que comparte el Nobel de economía, Paul Krugman, quien en el 2016 admitió que «si España hubiese mantenido la peseta, su industria sería más fuerte».

Ganadores

¿Quién se ha llevado la parte más golosa del pastel? Alemania y los Países Bajos. Según CEP, cada alemán ha sumado a su bolsillo 23.116 euros desde que la moneda entró en circulación y sus ganancias se acrecentaron durante la crisis, a pesar de las voces populistas que acusaban a los países del sur de esquilmar sus reservas con los rescates. «Experimentaron un bum en el comercio y la competitividad», explican los economistas de Bloomberg. Los holandeses, quienes ahora abanderan la cruzada contra el plan de reconstrucción europeo, se agenciaron 21.003 euros per cápita. Los italianos, a los que tanto han estigmatizado a costa de la pandemia, lideran las pérdidas por ciudadano: 73.605 euros.

No solo se puede medir el éxito o fracaso del euro en dinero contante y sonante. El paisaje industrial 18 años después de la entrada en circulación de la moneda única deja una postal de fábricas cerradas y desempleados de larga duración en los países de la periferia. En España, por ejemplo, el peso de la industria ha caído del 18,7 % al 12,6 %. Si pasamos la lupa a las estadísticas alemanas el cuento cambia mucho. No solo no han perdido músculo industrial sino que lo han ganado a costa de las pérdidas de sus vecinos europeos. Su industria copa hoy casi el 30 % del PIB germano.

La falta de control monetario obliga a los países periféricos a competir con salarios devaluados

La entrada en el euro cercenó el control sobre la política monetaria. España se quedó sin poder para devaluar la moneda como maniobra para ganar competitividad en época de crisis. No solo eso. Tuvo que digerir las políticas de talla única del euro en una unión monetaria con economías heterogéneas y en ciclos económicos distintos, con el daño que eso supuso al potencial de crecimiento. Mientras España se removía en los lodos de la crisis, China inundaba el mercado europeo devaluando su divisa, dopando sus exportaciones y manteniendo a raya el alza de los costes laborales. España, con problemas estructurales heredados de los años de bonanza, se vio forzada a optar por la única vía de escape que le quedaba abierta: la devaluación salarial. Si los españoles sufrieron podas en sus rentas, ¿cómo es posible que el salario medio siguiera creciendo, según el INE? Dos factores: la subida de impuestos y el aumento de la desigualdad entre rentas desde el año 2007 al 2012. «Las reformas introducidas [en esos años] redujeron considerablemente los beneficios y aumentaron los impuestos», sostiene la OCDE.

¿Podría haber ocurrido lo mismo con la peseta? Aunque España podría haber devaluar la moneda, el coste de las importaciones se dispararía, aumentado el ya de por sí alto coste de la energía.

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La banca deberá tener un registro de reclamaciones de clientes a disposición del Banco de España

Las entidades financieras y los prestamistas inmobiliarios tendrán que contar en el futuro con un registro de las reclamaciones interpuestas y resueltas con sus clientes a disposición del Banco de España.

Se trata de una de las medidas que contempla el organismo supervisor y ha compartido con la industria en una consulta previa a la elaboración del proyecto de circular con el que pretender reforzar la información disponible a su alcance para estrechar la supervisión sobre la conducta de las entidades en relación a sus clientes.

El real decreto 84/2015, del 13 de febrero que desarrolla la ley 10/2014, del 26 de junio, ya capacitaba al Banco de España para solicitar información en materia de conducta, transparencia y protección a la clientela a todas las entidades supervisadas. Con el nuevo proyecto daría un paso más estableciendo de manera específica y estandarizada la información que las entidades supervisadas deben elaborar y presentar al organismo.

«La norma busca ampliar las fuentes de información disponibles, que permitan obtener información adecuada y suficiente para el desarrollo de las labores de control y supervisión de las normas de conducta, transparencia y protección a los clientes exigibles a las entidades por el Banco de España», justifica el organismo en el documento puesto a consulta pública.

Su elaboración responde además a la necesidad de atender «la continua innovación experimentada en el mercado de productos y servicios bancarios, y la creciente preocupación por la transparencia y la protección del cliente bancario». Y con los datos que recabe prevé también tener un mejor conocimiento del modelo de negocio de las entidades supervisadas y las tendencias del mercado, «así como las principales controversias generadas en dicho mercado con el cliente bancario».

Por ello, la circular establecerá de manera precisa qué información deberán incluir las entidades en los modelos de estados reservados de obligatoria remisión al Banco de España y qué otra información tendrán que tener a su disposición para eventuales consultas.

A priori, desvela que pedirá una serie de estados de conducta clasificados o estructurados en tres bloques: por tipo de productos y servicios bancarios comercialización, incluyendo los servicios de pago; por fuente de ingresos por intereses y comisiones, y por reclamaciones presentadas en la entidad. Será además obligatorio contar con un registro de reclamaciones.

La normativa será de aplicación a las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito, las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago, los proveedores de servicio de información sobre cuentas, los titulares de establecimientos de compra-venta de moneda extranjera, los prestamistas inmobiliarios, los intermediarios de crédito inmobiliario y las sucursales extranjeras que operen en España de todas esas entidades.

No obstante, el organismo fijará un régimen simplificado de los requerimientos de información en función del tipo de entidad, su tamaño y la tipología de cliente al que prestan servicios, por razones de proporcionalidad.

Las quejas y reclamaciones de clientes son un motivo de preocupación para el supervisor ante el auge que experimentaron en la anterior crisis, en gran parte vinculado a la judicialización de ciertas cláusulas hipotecarias como las suelo, el índice IRPH o las tarjetas ‘revolving’.

El número de reclamaciones presentadas ante el Banco de España se redujo un 25,7% el pasado año, situándose en 14.641, menos de la mitad que llegaron a contabilizarse precisamente al reducirse la litigiosidad por las cláusulas suelo y el reparto de los gastos en la constitución de préstamos hipotecarios.

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El 60% de los españoles ahorró en el confinamiento, con una media de 367 euros

El 61% de los españoles admite que ha logrado ahorrar durante el confinamiento, según refleja la encuesta elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones. De las personas que lograron ahorrar, atesoraron una media de 367 euros al mes. Asimismo, la mitad de la población asegura que continuará dando prioridad al ahorro en el futuro. Para un 26% de los encuestados, los gastos durante el confinamiento fueron aproximadamente los mismos, mientras que un 13% asegura haber gastado más.

Este mayor ahorro revela que el 88% de los entrevistados que asumen el papel de sustentadores del hogar o amas de casa declaran que no han tenido dificultades para pagar los recibos durante el confinamiento. Del 12% que afirma haberlas tenido, tres cuartas partes (75%) han «tirado» de sus ahorros. De ellos, uno de cada cuatro (26%) ha recurrido a ahorros destinados a la jubilación. Una cuarta parte de quienes han afrontado esas dificultades (25%) ha solicitado un préstamo a una entidad financiera, y casi un tercio (31%) a algún familiar o amigo.

El crédito al consumo cae un 78% y el pequeño comercio hunde las ventas

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Como en crisis previas, la familia se ha mostrado como una institución de fundamental importancia para amortiguar el impacto de la crisis, también a través de transferencias de recursos económicos entre sus miembros. Una quinta parte de los entrevistados (21%) ha ayudado económicamente a algún familiar o amigo. En la mitad de los casos (49%) el importe de la ayuda no ha superado los 300 euros; en una quinta parte (21%) ha alcanzado entre 300 y 600 euros; y en otra quinta parte (23%) ha superado los 600 euros.

La encuesta se realizó a una muestra representativa de la sociedad española de 2.045 personas mayores de edad entre el 27 de mayo y el 13 de junio, a las que se preguntó por su situación durante el confinamiento y por sus expectativas de ahorro a raíz de la crisis provocada por el coronavirus. El sondeo refleja que la mayoría de la población, el 71%, considera la crisis sanitaria más grave que la última gran recesión.

Desde el punto de vista del empleo, el coronavirus ha tenido un impacto dramático. Muchos de quienes trabajaban han pasado a estar sujetos a un ERTE (6,8% de los encuestados) o han perdido el empleo (5,4%). Asimismo, una gran proporción de quienes han podido seguir desarrollando su actividad laboral se han visto obligados a cambiar sus condiciones de trabajo, en particular, horarios y espacios. Un 25% de los encuestados afirma que está teletrabajando, frente a un 61% que ha seguido en su lugar habitual de trabajo. Finalmente, del total de los que teletrabajan, solo un 18% ya lo hacía antes del confinamiento.

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España pierde más de 25.000 millones al año por falta de medios para perseguir el fraude fiscal

La falta de medios para combatir el fraude fiscal provoca que cada año las arcas públicas dejen de ingresar más de 25.000 millones de euros, en una tramposa dinámica que merma los recursos del Estado y cuyos efectos se dejan notar de manera especial en ejercicios como el actual, en el que la pandemia está obligando a movilizar con un ritmo vertiginoso hasta 330.000 millones de euros: 200.000 a través del ‘escudo social‘ y otros 130.000 en endeudamiento para mantener el funcionamiento de la Administración.

La Agencia Tributaria, que esta semana cerraba la campaña de la declaración de la renta al tiempo que abre la del Impuesto de Sociedades , batió el año pasado su récord de detección de fraude con 15.714 millones de euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda al senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia en una respuesta parlamentaria.

Y eso significa que entre 25.000 y 45.000 millones de euros son escamoteados por los defraudadores cada ejercicio, ya que las estimaciones de los expertos sitúan la bolsa de fraude fiscal que sufre España entre los 40.000 y los 60.000 millones de euros.

Resulta llamativo cómo esa cifra lleva dos años por encima de los 15.000 millones de euros cuando solo la había alcanzado en dos de los siete anteriores, en la etapa de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda de los gobiernos de Mariano Rajoy, aunque la propia respuesta indica que «la comparativa interanual se ve muy afectada por la existencia de resultados extraordinarios» con «expedientes singulares que, por su importe y características, es difícil que se repitan en el tiempo».

La gestión de Montoro se caracterizó por otro aspecto, según los datos que constan en otra respuesta al senador, que revelan cómo entre 2011 y 2018 los recortes de personal fueron generalizados entre los inspectores y los técnicos del área de Inspección Financiera y Tributaria: los servicios territoriales (autonómicos) perdieron a 102 de sus 2.801 efectivos en ese periodo y la plantilla Dependencia de Control Tributario y Aduanero, incluida en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, menguaba en 29 de 522, un retroceso de 131 que no se compensaba con el aumento de 33 (de 192 a 225) de los servicios centrales.

Los datos que maneja Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, referentes al conjunto de la Agencia Tributaria, señalan que el recorte afectó a toda la casa, al pasar entre 2011 y 2017 de 1.797 a 1.794 inspectores y de 6.903 a 6.761 técnicos. Al cierre de 2019, ya con María Jesús Montero en la cartera, esos dos grupos habían aumentado en 80 y en 546 miembros, plantilla que prácticamente se mantiene ahora.

Los «significativos» recortes en la plantilla de inspectores

Heredia, que califica de «auténtica barbaridad» el recorte «sustancial» del número de especialistas «dedicados a luchar contra este fraude» en la etapa de Montoro, considera que «si la reducción de inspectores de Hacienda fue significativa, lo fue aún más la cantidad recaudada».

En este sentido, llama la atención sobre cómo la recaudación media por fraude con los gobiernos de Rajoy fue de 13.354 millones de euros por año, «con mínimos como el de 2013, donde sólo se recaudaron 10.950», dato que contrapone con los resultados en este apartado de 2019, el primer año completo de Pedro Sánchez, cuyo registro de 15.714 «supone un aumento de 2.000” frente al promedio anterior.

«Llevamos años llamando la atención sobre el diferencial de personal y de recursos con los países de la UE y la OCDE, con los que estamos casi a la mitad tanto en efectivos por ciudadanos como en inversión«, señala Carlos Cruzado, presidente de Gestha, que anota que «eso se refleja en los resultados. Si duplicáramos los efectivos duplicaríamos los resultados».

El sindicato lleva tiempo denunciando uno de los efectos secundarios de esas políticas como es la detección de menor cantidad de presuntos delitos fiscales y de su denuncia ante los tribunales, así como de una notable mengua de las cuantías afloradas por esa vía. El desplome fue de tal magnitud en los últimos años como para registrar sendos retrocesos de más del 80% entre 2011 y 2017, con 837 casos y 79,3 millones menos.

«Eso se debe a varios factores entre los que destaca la infrautilización de los técnicos, aunque hay otros como la ausencia de estudios técnicos oficiales sobre la economía sumergida y el fraude o la propia tipificación del delito«, indica Cruzado, que pone sobre la mesa uno de los contrasentidos que plantea esta realidad: «el desplome de las denuncias ha coincidido, paradójicamente, con escándalos como el de los papeles de Panamá, el de football leaks  o el de los papeles del paraíso, lo que evidencia que los casos de fraude más que reducirse han ido en aumento”.

¿Quién y cuánto defrauda en España?

Como ocurre con la mayoría de los delitos e infracciones, no hay un cálculo preciso del volumen de dinero que los defraudadores escamotean a la hacienda pública, ya que se trata de episodios con una elevada cifra negra, como ocurre con el tráfico de drogas, de la que las autoridades no llegan a tener noticias; entre otras causas, por esa escasez de medios para perseguirlas.

Gestha estimaba hace unos años en 60.000 millones el fraude tributario generado por la economía sumergida, que entonces cifraba en un 24,6% del PIB; un agujero que incluía otros 30.000 millones no pagados en cotizaciones sociales.

«Aunque parece una perogrullada, el fraude depende, fundamentalmente, de la probabilidad percibida por cada sujeto de que su comportamiento evasor sea detectado, y de las sanciones que le impongan en tal caso», explica Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, uno de los principales expertos del país en la materia y autor, junto con Félix Domínguez Barrero y Fernando Rodrigo Sauco de El hueco que deja el diablo  y de su posterior ampliación, publicados por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada).

El estudio cifraba en 20.000 millones de euros el fraude en el IRPF en 2014, una cifra que ha aumentado en casi 700 desde entonces, y a la que habría que sumar un volumen similar procedente de otros impuestos como el IVA, que los datos de Eurostat reducen a 1.800 millones, con uno de los niveles de escamoteo más bajos de la UE, y Sociedades.

El segundo de esos trabajos, que compara los datos de Contabilidad Nacional con los de las declaraciones del IRPF, cifra en el 23,8% las rentas no declaradas en España, aunque con dos bloques muy diferenciados: «Un nivel de cumplimiento muy alto y estable de las rentas del trabajo, y un nivel bajo, aunque creciente, de las restantes», como las empresariales, las profesionales y las del capital. Los contribuyentes declaran el 90% de las primeras pero apenas el 35% de las segundas.

El control de las rentas salariales y el descontrol de los paraísos

Ese cuadro contrasta con algunas inercias de la Agencia Tributaria, que tiene adscrita «al 80% de la plantilla al control del fraude de particulares, autónomos, microempresas y pymes y al 20% de la plantilla a la investigación de los fraudes de multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas», indica Cruzado.

«Las rentas del trabajo están muy controladas, a través de las retenciones, por lo que la probabilidad de detección del fraude es muy alta, y apenas se evaden«, indica López Laborda, que destaca cómo otros tipos de rentas «están menos sujetas a control», por lo que «la probabilidad de detección del incumplimiento es más reducida, y se evaden más».

En este sentido, el catedrático sostiene que «la clave está en aumentar esa probabilidad de detección, lo que significa, primero, dotar de suficientes recursos personales, materiales y normativos a la administración tributaria, para que pueda actuar con eficiencia y efectividad», y, por otro lado, de «seguir fortaleciendo el suministro y, en su caso, publicación, de información (por las empresas y por los países), para poner coto a la utilización de otros países para defraudar los impuestos españoles».

La utilización de paraísos fiscales por sus contribuyentes es otro de los flancos que el fisco español sigue sin resolver, tal y como puso sobre la mesa la inconstitucional amnistía fiscal de Montoro. El economista Gabriel Zucman «estima que los españoles tienen en la actualidad 179.000 millones de euros en paraísos fiscales, lo que representa un fraude de unos 10.000 millones de euros anuales» en IRPF, Patrimonio y Sucesiones, explica López Laborda.

Zucman calcula que el 11,1% de la riqueza española está en otros países, una cifra estrechamente «relacionada con el alto fraude en la declaración de rentas del capital mobiliario», anota el catedrático

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