El conflicto de intereses de Nadia Calviño da el salto a la prensa europea

Nadia Calviño, la nueva ministra de Economía en el Gobierno de Pedro Sánchez, no ha abandonado la Dirección de Presupuestos de la Comisión Europea, sino que ha alegado motivos personales para solicitar una excedencia que le permita abandonar provisionalmente el cargo. Dicho permiso cubrirá lo que le restaba de mandato en Bruselas a la nueva integrante del Ejecutivo.

Desde la Comisión Europea se ha insistido en que esta decisión no supone ningún conflicto de intereses, pero diversos medios internacionales ya se han hecho eco de lo que está pasando. Es el caso de POLITICO, uno de los medios digitales más influyentes en la cobertura de la actualidad comunitaria.

Esta semana, destacaba el”dilema ético” que enfrenta la nueva ministra de Economía del Gobierno socialista. Si bien la información reconoce que el nombramiento de Calviño gustó en Bruselas por su dilatada carrera en las instituciones europeas, también se destaca la problemática que supone su decisión de no abandonar por completo su trabajo en la Comisión.

Desde el Ejecutivo comunitario parten de que las negociaciones presupuestarias serán delegadas a María Jesús Montero, la nueva ministra de Hacienda de la Administración Sánchez. Esto permitiría evitar que sea la propia Calviño quien se encargue de presionar directamente a quienes eran sus compañeros hasta hace apenas unas semanas.

Pese a este paso atrás en materia de representación institucional, el área de gobierno de Calviño tiene un interés directo en algunas de las cuestiones que deberá negociar Montero. Para ser precisos, la Comisión plantea que los presupuestos europeos incluyan 25.000 millones de euros para acompañar los programas nacionales de reformas económicas, así como 100.000 millones para actividades de investigación.

Estas áreas cuelgan directamente del nuevo departamento de Calviño, que, sin embargo, no podrá pronunciarse al respecto si no quiere incurrir en un flagrante conflicto de intereses que solo se solventaría de forma clara si la nueva ministra renunciase a su trabajo en Bruselas, cosa que, de momento, no está en sus planes, habida cuenta de su decisión de pedir simplemente una excedencia por motivos personales.

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Los indicadores de pobreza y desigualdad caen en España por tercer año consecutivo

España salió oficialmente de la recesión en el tercer trimestre de 2013, tras sufrir la crisis más larga y aguda en décadas, y, desde entonces, la recuperación económica ha permitido recuperar el PIB per cápita previo al estallido de la burbuja, al tiempo que se han creado cerca de 2,7 millones de empleos. Todo ello se ha traducido, igualmente, en un descenso gradual de los principales indicadores de pobreza desde 2014, momento en el que se ubica el positivo punto de inflexión de la economía nacional.

La última Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el INE muestra, en primer lugar, que el ingreso medio anual neto por hogar se situó en 27.558 euros en 2016 —contando sueldos, rentas y prestaciones—, con un incremento del 3,1% respecto al año anterior, mientras que el ingreso medio por persona alcanzó los 11.074 euros, un 3,4% más, siendo en ambos casos el tercer ascenso anual consecutivo.
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La creación de empleo y el aumento general de los ingresos se traduce, entre otros efectos, en una caída de la pobreza real, en referencia a la llamada tasa de”carencia material severa”. Este indicador mide el porcentaje de la población que carece de, al menos, cuatro conceptos de la siguiente lista de nueve:

No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 700 euros).
Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
No puede permitirse disponer de un automóvil.
No puede permitirse disponer de teléfono.
No puede permitirse disponer de un televisor.
No puede permitirse disponer de una lavadora.

En 2017, esta tasa bajó al 5,1%, siete décimas menos que el año previo y dos puntos inferior a la registrada en 2014, cuando alcanzó un máximo del 7,1%. Si en lugar de cuatro, son cinco los conceptos que la persona en cuestión no se puede permitir, dicha tasa caería al 1,8%, inferior, igualmente, a los años previos.
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Lo mismo sucede con la población en riesgo de pobreza. Muchos confunden este indicador con el porcentaje de pobres que existe en España, pero no es cierto. Es un indicador relativo que mide desigualdad, no pobreza absoluta, a diferencia de la “carencia material severa”.

En concreto, indica el número de personas que vive por debajo de un umbral equivalente al 60% de la mediana de ingresos a nivel nacional. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Su valor, por tanto, varía en función de cómo evolucionen los ingresos -si estos crecen, el umbral también subirá- y el número de miembros del hogar.

Tal y como muestra la siguiente tabla, el umbral de pobreza en 2017 -teniendo en cuenta los ingresos del año previo a la realización de la encuesta- para hogares de una persona se situó en 8.522 euros al año, en 12.783 euros en el caso de dos adultos y en 17.896 euros para un hogar de dos adultos y dos menores de 14 años.
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El porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 21,6% el pasado año, frente al 22,3% registrado en 2016. Tras el crecimiento experimentado en 2008 y, especialmente, en 2013, dicha tasa empezó a bajar en 2014 y, si bien sufrió un ligero repunte en 2015, mantiene su tendencia decreciente desde entonces.
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Por otro lado, el 9,3% de los hogares españoles manifestó llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en 2017, lo que supone 6 puntos menos que el año anterior, cayendo de forma sostenida desde 2013, salvo el ligero repunte experimentado en 2016. Asimismo, el 7,4% de los hogares afirma haber tenido retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad…) en los 12 meses anteriores al de la entrevista. Este porcentaje es un punto inferior al registrado en 2016, manteniendo así la tendencia decreciente iniciada en 2014.
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Por último, el coeficiente de Gini, que sirve para medir la desigualdad de renta (valor 0 significa un reparto equitativo entre todos los estratos de renta y el valor 100 lo contrario), también refleja una evolución similar en los últimos años. En 2017, bajó a 34,1 puntos, tras el punto de inflexión acontecido en 2014.

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Hacienda estudia rebajas del IVA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno estudia bajar el IVA a los productos de higiene íntima femenina “por razones de discriminación” y a los productos culturales, en este caso con el objetivo de incentivar su consumo.

En una intervención en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados, la responsable de las arcas públicas ha señalado que se podrían añadir determinados productos al IVA reducido o superreducido pero que esta reforma tiene que abordarse “en su totalidad” y no de manera separada.

Respecto a los productos de higiene íntima femenina, Montero ha argumentado la posible rebaja impositiva para “no gravar mujeres con un impuesto añadido por el simple hecho de ser mujeres”. En la actualidad, compresas y tampones están gravados con un tipo reducido de IVA del 10%, con lo que una eventual rebaja podría implicar que se aplicara el tipo especial del 3%.

Los productos de higiene íntima femenina están gravados con un IVA del 10%

La única excepción es Canarias, donde en vez del IVA se aplica el impuesto general indirecto canario que en el caso de productos de higiene íntima femenina se redujo este año del 3% al 0%. En países como Francia e Inglaterra gravan compresas y tampones al 5,5% y al 5%, respectivamente.

El diputado de ERC Joan Capdevila ha reclamado a la ministra bajar el IVA también a productos básicos como los pañales, gravados con el tipo máximo, del 21%, así como a los servicios de dependencia y a los servicios funerarios. La ministra ha respondido que los posibles cambios fiscales tienen que abordarse “de una forma global” porque si se desmenuza “deja de tener coherencia” y ha añadido que el Gobierno trabaja en el contexto europeo, que quiere avanzar hacia “un espacio fiscal único para el IVA”

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Los privilegios fiscales que contempla el nuevo Estatuto del Artista

El Estatuto del Artista ha sido aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados y regula la profesión en materia de fiscalidad, protección laboral, seguridad social y compatibilidad. El documento recoge 75 propuestas en las que han trabajado Podemos, PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

De todas las nuevas normas, la que más llama la atención es que la profesión artística pasará a tributar con un tipo reducido de IVA del 10%. Es decir, en lugar de pagar el 21% trimestralmente del total de los ingresos -como seguirán haciendo el resto de profesionales autónomos- los artistas tributarán solo el 10% del total de sus ganancias. De esta manera, un autónomo de la construcción que gane 3.000 euros en tres meses pagará 630 euros en concepto de IVA, mientras que un pintor -de brocha fina- abonará 300 euros por los mismos ingresos. Este cambio entraría en vigor con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

En el escrito se incluye que los trabajadores del arte tributen según los ingresos de los últimos 3 ó 4 años y anuncia que se fijará un límite máximo que de superarse pasarían a tributar con la tarifa general y no con la reducida.

El IRPF también se modificará para que los artistas y creadores se puedan acoger a la exención del 30% que contempla la norma. Además, los gastos por formación, compra de instrumentos y herramientas de trabajo o las comisiones de representantes podrán ser deducibles. El estatuto también anuncia una próxima reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el que se estudiará una adecuación de la tarifa general de la Seguridad Social para los artistas.

Finalmente, otra de esas medidas estrella es la de permitir la compatibilidad del cobro de las pensiones públicas y de los derechos de propiedad intelectual. Hasta ahora era incompatible cobrar una pensión de jubilación y los derechos de propiedad intelectual al mismo tiempo. Por lo tanto, con este estatuto un escritor de 70 años podrá seguir escribiendo y cobrando por ello al tiempo que recibe la prestación por retiro laboral.

Subida impositiva para todos los demás

Con la adecuación de las pensiones al IPC el Gobierno se verá obligado a tener que subir los impuestos -aún más- para poder seguir financiando el actual sistema de reparto. “Hay que adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad social y, en materia de financiación, hay que inyectar ingresos complementarios en el sistema público de pensiones”, aseguró la ministra de Trabajo Magdalena Valerio a TVE.

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en un nuevo impuesto a la banca, uno sobre las transacciones financieras y otro a las empresas tecnológicas. Es decir, cuando cualquiera haga una transferencia bancaria podría tener que pagar un tributo al Estado por ello. Pero, esto no es todo, ya que tampoco descartan subir el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA. También estudian eliminar bonificaciones, reducciones y tarifas planas a las cotizaciones sociales. Es decir, mientras los artistas tienen su propio paraíso fiscal, el resto de contribuyentes seguirán inmersos en el ya infernal sistema tributario español.

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Estas son las tres autopistas donde se eliminarán los peajes

La decisión anunciada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de levantar los peajes de las autopistas cuyas concesiones caduquen entre este año y el próximo afectará concretamente a tres vías: La AP-1 Burgos-Armiñón (Álava) cuya concesión vence el 30 de noviembre; la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de laAP-7 entre Alicante y Tarragona, que caducan el 31 de diciembre de 2019.

Las tres suman 552 kilómetros de longitud, de los 2550 kilómetros de vías de pago existentes en la actualidad en todo el país, un 21% de toda la red. Tal y como hemos informado en ABC, según estimaciones de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), el retorno de estas vías al Estado costaría unos450 millones de euros anuales y, que elevado a todas las autopistas de pago, representaría una carga de 1.000 millones de euros al año para las arcas públicas.

Si la medida anunciada por Fomento tuviera continuidad las próximas vías en ver sus concesiones concluir son los tramos de la AP-7 que unen Barcelona con La Jonquera y Tarragona. Además de la AP-2 Zaragoza- Mediterráneo, entre otras.

114.000 millones en inversiones

Desde Seopan su presidente, Julián Núñez, ha advertido que «no seguir invirtiendo en infraestructuras sería un grave perjuicio para el bienes social de nuestros ciudadanos, y puede comprometer nuestra competitividad a medio plazo». En este sentido, ha estimado en 114.000 millones de euros la necesidad de inversión en infraesctructuras destinadas al transporte, la logística o relacionadas con el medio ambiente

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Goirigolzarri asegura que el rescate a España frustró su plan para sanear Bankia

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este martes en el Congreso que el rescate solicitado por España a la Unión Europea frustró su plan para sanear Bankia, que nunca llegó a ejecutarse, ya que fue el Memorándum de Entendimiento (MOU) con las instituciones europeas el que fijó las condiciones para obtener ayudas financieras.

Así, durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro en la Cámara Baja, Goirigolzarri ha dicho que el Banco de España le pidió elaborar un plan de saneamiento y capitalización “a los pocos días” de incorporarse. Este plan fue remitido el 11 de junio al Banco de España, con unas necesidades de capital para BFA de 19.000 millones (12.000 millones para Bankia, y el resto para sanear a la matriz). Sin embargo, ha señalado que este plan “nunca fue puesto en práctica”.

Dos días antes, ha señalado, el Gobierno solicitó el rescate a la Unión Europea por hasta 100.000 millones y el MOU que acabó aprobándose en julio fijó las condiciones en las que debían pedirse las ayudas. “Esto trastocó totalmente nuestros planes y supuso un cambio radical en los calendarios”, ha aseverado Goirigolzarri.

“Entiendo que haya personas que ya no lo recuerden y que sigan hablando de los 19.000 millones de Goirigolzarri, pero este plan estará tal vez archivado en algún sitio, pero nunca fue puesto en práctica”, ha asegurado el presidente de Bankia. Finalmente, el capital a aportar a través de las ayudas públicas se situó en 17.959 millones de euros, tras determinarse unas necesidades de 24.743 millones en un escenario adverso por Oliver Wyman y tenerse en cuenta el impacto de transferencia de activos a la Sareb y la conversión forzosa de instrumentos híbridos (preferentes y subordinadas), que supuso un descuento de 6.592 millones.

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Quién defiende a las trabajadoras de la fresa?

17.000 mujeres marroquíes desembarcaron a principios de año en las huertas de Huelva. Venían, como otras temporadas, a recoger el fruto rojo de las explotaciones onubenses. El oro rojo, como lo llaman muchos. Este peregrinaje no es nuevo. Se repite año tras año, aunque fuentes sindicales y de las ONG reconocen que esta temporada la cifra ha superado las expectativas de años anteriores. 17.000 mujeres que permanecen durante varios meses repartidas en distintas plantaciones, confinadas en fincas en las que trabajan aunque nadie parece capaz de saber a ciencia cierta cuántas trabajan en cada explotación, ni en qué condiciones se encuentran. La opacidad en los campos de Huelva parece ser más amplia que las luces.

Vienen contratadas en origen, es decir, que a través de un acuerdo entre los Gobiernos de España y Marruecos, el país vecino se encarga de su selección. Se buscan mujeres jóvenes (entre 20 y 45 años), que no estén obesas, preferentemente casadas y que tengan hijos a su cargo, lo que asegura, dicen, su retorno una vez terminada la recolección. Otra característica que exigen es que provengan de zonas rurales, apartadas de las ciudades y con experiencia en el campo. Como reconoce Pastora Cordero, responsable de Igualdad de la Federación de Industria de Andalucía de Comisiones Obreras (CCOO): “mujeres muy necesitadas de ingresos, en su mayor parte analfabetas y con cargas familiares”. Un cóctel explosivo y “un terreno abonado para los abusos, no sólo laborales, sino también sexuales”, como reconoce Laura Limón, vocera de la organización feminista Mujer 24H.

Pero a pesar de que el peregrinaje de temporeras marroquíes se produce cada año, no existe en la zona ningún protocolo con perspectiva de género que prevenga los abusos sexuales, aunque muchas feministas de la zona reconocen que esto es el ABC de la prevención. La ley de violencia de género de 2004 obliga a los poderes públicos a sensibilizar, prevenir y detectar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Sin embargo, y a pesar que decenas de miles de mujeres llegan a Huelva para trabajar por largas temporadas, “no existe ningún protocolo o asesoramiento” a estas mujeres, explica Ana Mateos, responsable de la ONG Asnuci. “Tampoco existe perspectiva de género ninguna“, que permita detectar o prevenir casos de abusos, añade. “Esas mujeres son altamente vulnerables, desconocen la lengua y no tienen más mediadores que las atiendan que los que aportan en ocasiones los propios empresarios en su beneficio”, afirma Mateos. .

De hecho el propio Instituto Andaluz de la Mujer reconoce no tener protocolos de prevención de violencias específicos para este colectivo. Afirman que realizan campañas de sensibilización y formación y que existe un número 900 con traducción simultanea a 51 idiomas, pero no aclaran de qué forma llega esta información a las mujeres temporeras que viven prácticamente confinadas en las fincas y que no conocen el idioma.

Tampoco la Consejería de Justicia de la Junta reconocía tener protocolos de actuación y sí haberse visto sorprendida por las denuncias que comenzaron a surgir a partir de finales de abril en los medios de comunicación.

¿Dónde está la administración?

Varias organizaciones feministas de Huelva y Andalucía, que incluyen a colectivos como Mujer24H, Café Feminista o los sindicatos CNT, CGT y SAT, denuncian que todo este contexto de inseguridad “es fruto de la dejación de funciones de la Administración pública“, que no ha sido capaz de poner en marcha un sistema eficaz de inspecciones de trabajo y mediadores interculturales, a pesar del inmenso volumen de mujeres que llegan a recolectar los frutos rojos en Huelva cada temporada. Afirman que la Administración anima a las mujeres a denunciar los abusos, pero no les da herramientas para hacerlo, por lo que cuando ocurre “es una acción heroica”, en la que tienen que salvar la incomunicación de vivir aisladas en los campos, el abismo de no hablar el idioma y hacerlo sin ninguna red de protección.

“La Administración anima a las mujeres a denunciar los abusos, pero no les da herramientas para hacerlo”

Comisiones Obreras, por su parte, también pone gran parte de la responsabilidad en las administraciones, al señalar que “algunas de las causas del problema que se ha hecho público en esta campaña se debe a la falta de actuación de la Inspección de Trabajo, en su vigilancia en el cumplimiento del convenio, así como en exigir la aplicación de la ley de Igualdad”.

De hecho muy pocas personas u organizaciones de la región reconocían a principios de mayo que existiera un problema en la zona. El espejismo de la normalidad en Huelva era generalizado, hasta que un reportaje publicado en la revista alemana Correctiv hizo saltar todas las alarmas. En él, una periodista alemana y otra italiana publicaron una investigación de meses en la que explicaban las terribles condiciones laborales de las temporeras marroquíes y afirmaban que los abusos y violaciones no eran una excepción, sino un problema ampliamente extendido.

La primer reacción de empresarios, asociaciones agrícolas, muchas ONG y los principales sindicatos fue negar la mayor. De hecho un comunicado conjunto de sindicatos como CCOO y UGT con las asociaciones de productores afirmaba que lo publicado era mentira y que pondrían en manos de la fiscalía las informaciones periodísticas por si fueran constitutivas de delito.

Tampoco las administraciones públicas afirmaban conocer el problema, a pesar de que ya se habían publicado algunos informes sobre el tema. Uno de ellos, titulado “Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y los campos de fresa de Huelva, realizado en 2012 por la Universidad de Huelva junto con la organización Mujeres en zona de conflicto y con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, puso negro sobre blanco muchos de los problemas del sistema de recolección del fruto rojo en la región y la vulneración de derechos de las mujeres. Su objetivo era la “obtención de datos fiables sobre la situación de las mujeres migrantes y el conocimiento de los factores de riesgo y protección” que permitiesen establecer líneas futuras de actuación, que mejoraran “las condiciones del grupo objeto de estudio”. El informe listaba, además, una serie de medidas de intervención dirigidas a las administraciones, que nunca fueron se llegaron a aplicar.

Los empresarios del sector, que se apresuraron a afirmar que tanto el artículo publicado en la revista alemana, como las informaciones posteriores eran en realidad fruto de una campaña orquestada para desprestigiar a la fresa de Huelva, son, según organizaciones y sindicatos, la otra parte del problema. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) llama a los empresarios a trabajar a su lado para limpiar el buen nombre de la fresa de Huelva. “No podemos ser cómplices de que la riqueza económica de Andalucía se haga sobre los hombros de las mujeres más vulnerables”, afirma en un comunicado.

Por su parte, CCOO afirma que el deterioro de la imagen de los productos y de la economía de Huelva “no es beneficioso para nadie” pero entiende que es “responsabilidad de las empresas” establecer medidas para evitar el acoso sexual, por razón de sexo y/o laboral en los centros de trabajo.

Un modelo de producción perverso

Los empresarios afirman que las mujeres son las más idóneas para recoger los frutos rojos. Algunos de los empresarios contactados por Público, afirman que “genéticamente se adaptan mejor a estas labores que los hombres, tienen las manos más sensibles y la recolección es mejor. También por su anatomía las mujeres resisten más tiempo en la posición agachada que requiere el trabajo”, afirma José Manuel Romero, dueño de una de las fincas y exdirectivo de Freshuelva.

“Ya de entrada, los procesos de selección en origen son totalmente discriminatorios”

Para Pastora Cordero de CCOO, esta afirmación está muy lejos de la realidad. “Si quiero tener a la gente más controlada voy a coger a lo más vulnerable de la sociedad. ¿Y quiénes son? Mujeres de países que no saben nuestro idioma, que son prácticamente analfabetas, que vienen aquí con muchísimas necesidades y para las que prácticamente la única fuente de ingresos es ese trabajo. Ya de entrada, los procesos de selección en origen son totalmente discriminatorios”, afirma. Denunciar abusos laborales o sexuales en estas condiciones, es altamente complicado, afirma.

Para esta sindicalista, la premisa de que las mujeres son más aptas para el trabajo es una falacia. Hombres y  mujeres están igualmente capacitados para realizar este trabajo, recalca. “Lo que no se puede hacer es  mirar hacia otro lado”, añade.

El sistema está propiciando los abusos“, comenta a Público Laura Limón, portavoz de Mujeres 24h, una plataforma creada al calor del 8M y una de las que se han puesto a investigar los atropellos que se cometen contra estas trabajadoras a partir de lo publicado desde hace algo más de un mes.

Es un modelo que es depredador con las mujeres, que las abandona, las invisibiliza… y encima les pedimos que denuncien los abusos sexuales. No lo hacemos ni las autóctonas y pretendemos que lo hagan ellas”, añade Limón.

Muchos de los consultados pare este artículo coinciden en afirmar que los abusos sexuales y violaciones no son generalizados, como se da a entender en el reportaje publicado en Alemania, pero que sí son mucho más frecuentes de lo que los empresarios, la administración y algunos representantes sindicales estaban dispuestos a reconocer al inicio. De hecho, lo que resaltan es la gran dificultad para recabar datos fiables. El fruto rojo es una industria potente y el motor de la región, que produce el 95% de la fresa que se recolecta en España y se exporta a otros países europeos. Tan sólo el año pasado se recolectaron 300.000 toneladas de fresas en la región. Según diversas fuentes, las temporeras pueden cobrar cerca de los 1.000 euros mensuales. El convenio del campo de Huelva, les reconoce un salario de 40 euros por jornada, el más bajo de toda Andalucía.

La solución: perspectiva de género

Las expertas consultadas afirman que no quieren que el fruto rojo salga dañado, porque es la mayor fuente de ingresos de la región y porque puede suponer la pérdida de muchos empleos. De hecho, afirman, bien gestionado, puede suponer una fuente de ingresos y de progreso para las temporeras inmigrantes que vienen a recolectarlo, en lugar de una explotación.

Entre la principales acciones, destacan la necesidad de negociar y acordar medidas de mejoras del convenio del campo de Huelva y que este incorpore la perspectiva de género (de la que ahora carece completamente), poner medidas de igualdad, protocolos frente al acoso y dar formación en igualdad a actores que no la tengan, principalmente a los empresarios, capataces y manijeros.

También toca repensar la cantidad de temporeras que son necesarias para trabajar en los campos “Debería mejorarse el sistema y tener unos protocolos garantistas para estas mujeres que se pasan casi todo el tiempo en las explotaciones agrícolas, aparatadas de las ciudades y sin movilidad”, afirma Limón. Explica que es preciso establecer mecanismos claros y compartidos para facilitar a las mujeres conocer sus derechos y poder denunciar. Para ello, es necesario facilitar intérpretes que hablen en árabe y que los empresarios faciliten la entrada de sindicatos y organizaciones a las fincas.

Según Cordero, muchos empresarios no facilitan estas inspecciones ni contacto con las trabajadoras que vivien dentro de las explotaciones.  Otro paso fundamental, según Cordero, es implantar la figura de los mediadores interculturales, que sepa idiomas y que tenga perspectiva de género y que existan en número suficiente y con la capacidad de moverse dentro de las fincas. Lo que no sirve es lo que ocurre ahora, que existen dos mediadores para toda la provincia de Huelva, que tiene unos 70.000 trabajadores durante la temporada. ¿A cuántas personas pueden atender?, se pregunta.

Primeras medidas desde la administración

Este miércoles, la Consejera de Justicia e Interior de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció en una rueda de prensa con empresarios de la fresa, una serie de medidas a poner en marcha de cara a la próximo campaña. Entre ellas, se encontraban las principales reivindicaciones de ONG y las que Comisiones Obreras acordó hace unos días en una reunión específica para aborda este tema. La Consejería lleva desde que estalló el escándalo, reuniéndose con distintos actores para recabar información y opiniones.

Entre las propuestas presentadas por Aguilar y el gerente de Interfresa, Pedro Marín, figuran la puesta en marcha de un protocolo de actuación para evitar los abusos a las temporeras, cuyo eje central será la formación en género de todos los que tengan responsabilidad sobre las temporeras: capataces, manijeros o encargados. También hicieron público el compromiso de asegurar información pormenorizada en los respectivos idiomas para las mujeres temporeras que acuden a la campaña, para asegurar que conocen sus derechos y los servicios a los que pueden acudir, así como elaborar un manual de buenas prácticas para que el trabajo se desarrolle sin incidencias. Aguilar afirmó que en la próxima campaña se incorporarán mediadores a propuesta de las entidades sociales que trabajan en el terreno con este colectivo, para que se haga un seguimiento “desde la proximidad” de la situación de las mujeres.

A pesar de reconocer de que se trata de un paso adelante, las críticas no se hicieron esperar. No sólo por el fondo de lo presentado por la Consejera Aguilar, sino también por la forma. El hecho de que Aguilar hiciera público un paquete de medidas que había recabado de distintas organizaciones de forma sorpresiva y en una reunión con empresarios, levantó críticas. Existen mesas de negociación en las que patronal y sindicatos llevan ya tiempo negociando medidas. De hecho las negociaciones del convenio del campo de Huelva están paradas por los desacuerdos entre empresarios y sindicatos. Ahí, afirman existía sobre la mesa la propuesta de incorporar la perspectiva de género y protocolos específicos.

En un comunicado CCOO ha calificado las medidas anunciadas como “insuficientes y superficiales” y ha añadido que “precisan de una intervención más amplia e integral en la que estén implicadas desde las administraciones locales hasta el Gobierno central para atajar las causas que están generando graves consecuencias a las personas, al sector y a la economía de Andalucía”.

Por su parte, organizaciones feministas y sindicatos como el SAT, CNT o CGT consideran que el protocolo anunciado por Aguilar es “laxo” y que vuelve a colocar la “responsabilidad en las trabajadoras“.
La palabra más repetida por todos los actores consultados ha sido la de “diálogo”. Abrir un debate honesto y amplio, que abarque a todos los actores y que sirva para avanzar en derechos, y que despeje toda duda sobre las condiciones en las se recoge el fruto rojo en la región.

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PwC prevé contratar en España a más de mil personas entre junio y septiembre

Alrededor de 560 de estos nuevos contratados serán recién titulados y el resto -unos 450-, profesionales con experiencia en el sector, según ha informado la compañía en un comunicado.

La firma de consultoría también destinará a los nuevos contratados a las áreas con más crecimiento, como son la ciberseguridad y la transformación digital.

Los recién licenciados han sido seleccionados tras diversos procesos de selección para los que se recibieron más de 16.000 currículums.

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Apple ha ayudado a crear más de 76.000 empleos en España desde 2008

Desde el lanzamiento de la App Store hace una década, la compañía ha contribuido a la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo directos o indirectos en Europa.

La denominada economía de las aplicaciones aporta a Europa 1,76 millones de trabajos gracias al ecosistema de apps de Apple. De estos, 1.57 millones de trabajos están directamente relacionados con la tienda de aplicaciones App Store, 170.000 con su base de proveedores europeos y 22.000 empleados trabajan directamente para Apple en 19 países, según los datos del estudio The App Economy in Europe, elaborado por la firma Analysis Group.

Esto supone que desde el año 2000, cuando contaban con 1.500 trabajadores, Apple ha multiplicado por quince su fuerza de trabajo en Europa gracias a la apertura de 112 tiendas físicas en diez países, once de ellas en España.

Los últimos datos que se conocían sobre el impacto de Apple en Europa correspondían a 2016, cuando la compañía anunció que desde 2008 había ayudado a la creación de 1,46 millones de puestos de trabajo y 1,2 millones de empleos atribuibles al ecosistema iOS y al App Store.

Por regiones, Reino Unido (291.000 trabajos), Alemania (262.000) y Francia (220.000) son los tres principales países en el ecosistema de apps del gigante de la manzana. En cuanto a ciudades, Londres, París y Amsterdam, con cerca de 100.000 empleos en cada una, se han convertido en centros de desarrollo de aplicaciones globales.

En España, el número de empleados directos de Apple se ha multiplicado por diez en la última década. La compañía ha ayudado a generar 1.415 trabajos directos y 76.000 indicrectos atribuibles a la App Sotre. Además, los de la manzana presumen de contar en su lista de las 30 ciudades europeas de la economía de apps con dos españolas, Barcelona y Madrid. La capital catalana aparece en el 13º lugar con 22.000 trabajos asociados y Madrid, en el 18º, con 21.000 empleos.

La tecnológica asegura tener relación con decenas de miles de desarrolladores en el Viejo Continente. “Muchos de ellos empezaron sus compañías con una o dos personas y han podido crecer gracias a la inversión que Apple ha hecho en iOS, las herramientas para desarrolladores y la App Store”, señalan.

Proveedores

La compañía de la manzana se muestra especialmente orgullosa de los 170.000 trabajos provenientes de proveedores que ayuda a mantener en suelo europeo. Durante el año pasado, Apple invirtió 10.000 millones de euros en más de 4.300 proveedores y fabricantes europeos.

“Nuestros productos principales (Apple TV, iPad, iPhone, Mac y Apple Watch) incluyen piezas y materiales provenientes de Europa o se fabrican con equipos de proveedores europeos”, afirma la compañía.

En Alemania, cuenta con más de 760 empresas que respaldan su cadena de suministro, la mayor concentración en Europa, mientras que en Irlanda, donde opera desde 1980, la compañía afirma haber invertido más de 550 millones de euros en empresas locales en los últimos dos años. En España, la compañía trabaja con 165 proveedores.

Los grandes desarrolladores españoles

Las tres aplicaciones de origen español con mayor éxito a nivel nacional e internacional son Zara, Idealista y Social Point, según Apple.

El éxito de la última es un claro ejemplo del rápido crecimiento de las aplicaciones en los últimos años. Social Point comenzó en Barcelona en 2008 con la creación de videojuegos para Facebook. Hoy es uno de los mayores desarrolladores de aplicaciones móviles, con más de 50 millones de jugadores mensuales en todo el mundo y una facturación anual superior a los 120 millones de dólares.

En enero de 2017 fue adquirida por Take-Two Interactive (tercer mayor distribuidor y productor de videojuegosdel mundo) por 250 millones de dólares y continúan con su estrategia de crecimiento en el mercado de las apps móviles. Su plantilla actualmente está compuesta por 345 empleados de más de veinticinco nacionalidades distintas. En los últimos dos años han creado 70 nuevos empleos.

Por su parte, Idealista, se centró en el desarrollo de su aplicación en 2008 cuando incorporaron al equipo los dos primeros especialistas en desarrollo de aplicaciones para iOS, que alumbraron la primera versión de idealista en junio de 2009. Desde entonces el tráfico móvil a idealista ha crecido más de un 1.000%. En la actualidad la plantilla de la compañía está compuesta por 550 profesionales, de los cuales un 22% están relacionados con el entorno móvil.

De los 170.000 empleos a través de proveedores…

  • 80.000 comercio minorista
  • 22.000 fabricación
  • 17.700 gestión de instalaciones
  • 17.400 servicios técnico y científico
  • 11.250 otras industrias
  • 10.600 transporte y ligística
  • 5.750 servicios de la información
  • 2.500 construcción

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Cinco claves que explican la guerra fratricida en El Corte Inglés

Jamás, en sus casi 80 años de historia, había vivido El Corte Inglés una situación tan dramática como la actual. Acostumbrada durante décadas al silencio informativo, blindada ante los medios por una férrea política de comunicación, la compañía lleva dos meses sufriendo una cruenta guerra interna, fratricida, que está siendo retransmitida al minuto en los medios. La pugna por el control llegará a su cenit este jueves, cuando el consejo de administración se reúne para debatir la destitución del presidente, Dimas Gimeno.

¿Qué va a decidir el consejo de administración?

El máximo órgano ejecutivo de El Corte Inglés esta citado a las 12.00 horas, en la sede de calle Hermosilla de Madrid. En el orden del día hay dos puntos clave: la propuesta de destitución del actual presidente y el nombramiento de un sustituto. La petición fue realizada a mediados de mayo por cuatro miembros: los dos consejeros delegados, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, y los veteranos Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echeverría. Gimeno se resistió a convocarlo hasta el pasado 30 de mayo, cuando todos los consejeros se vieron las caras para aprobar las cuentas de 2017. En esa reunión se sumaron a la propuesta de expulsar al presidente las hijas de Isidoro Álvarez (primas de Dimas Gimeno y principales accionistas) y Paloma García Peña, representante de Mancor (que controla el 10% del capital). Los dos consejeros restantes -el independiente Manuel Pizarro y el representante de Qatar Shahzad Shahba- apoyaron celebrar la reunión extraordinaria, pero no manifestaron el sentido de su voto.

¿Qué posibilidades tiene Gimeno para mantener la presidencia?

Sobre el papel, ninguna. Los consejeros que respaldan sus sustitución suman prácticamente el 70% del capital. Lejos de ganar aliados, Gimeno ha logrado enemistarse con la mayoría del consejo en los últimos meses. Salvo imprevistos, en la reunión de este jueves votarán a favor de su destitución los dos consejeros delegados y el resto de familias que componen la compleja estructura accionarial de El Corte Inglés. Fuentes próximas al consejo no esperan ningún voto en contra del relevo. Falta por ver, no obstante, si Pizarro y el representante qatarí votarán a favor u optarán por la abstención. El candidato mejor posicionado de partida para coger las riendas es Jesús Nuño de la Rosa, que podría asumir la presidencia ejecutiva y trabajaría, como hasta ahora, codo con codo con Víctor del Pozo. Pero no es descartable que las partes acaben buscando, en este consejo o en el futuro, un presidente de consenso que asumiera el reto de sacar El Corte Inglés a bolsa. Y ese candidato sería Manuel Pizarro, independiente, respetado y con un currículum enviable (ha sido, entre otros cargos, presidente de Endesa y de la Bolsa de Madrid).

¿Cuál es el origen de la guerra?

Para comprender la complicada situación que atraviesa hoy el gigante español de la distribución hay que remontarse a octubre de 2015. Sólo tres meses después de que El Corte Inglés diera entrada por primera vez a un accionista extranjero (Qatar compró el 10% a través de un fondo), el consejo decidió quitarle a Gimeno las atribuciones ejecutivas. Lo puso en manos de dos directivos con una larga trayectoria en la casa, Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa. ¿Por qué la empresa arrebató a Gimeno el poder que había puesto en sus manos Isidoro Álvarez antes de morir? En el entorno del consejo hay quien piensa que el heredero no cumplió con las expectativas, ni supo dar a El Corte Inglés el impulso que necesitaba en la era Amazon. De hecho, el grupo fue perdiendo fuelle y agrandando el agujero de su deuda. En el entorno de Gimeno, por el contrario, se asegura que el consejo nunca le dejó hacer, ni se le permitió poner en marcha un plan para relanzar la compañía y encaminarla hacia la bolsa. Tras el nombramiento de los dos consejeros delegados, Dimas Gimeno, en lugar de dar un paso atrás, lo dio hacia adelante. Multiplicó sus apariciones públicas y asumió un protagonismo excesivo, a juicio de Nuño de la Rosa y Del Pozo, cuya opinión acabaron compartiendo los veteranos Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echeverría.

¿Qué salidas tiene el heredero de Isidoro Álvarez?

Dimas Gimeno ya ha asegurado que impugnará la decisión del consejo de administración. Ese anuncio deja entrever la estrategia que seguramente adoptará cuando deje (a la fuerza) la presidencia. Por un lado, declarará la guerra judicial a sus enemigos en el consejo. Por otro, es probable que impulse acciones para mejorar su imagen y desprestigiar a algunos consejeros; sobre todo a sus primas, las hermanas Marta y Cristina Álvarez, cuya relación familiar está rota. Desde que cuatro consejeros iniciaron el proceso para arrebatarle la presidencia, Gimeno se ha rodeado de un ejército de abogados y asesores de comunicación, lo que explica la enorme presencia en medios que ha tenido El Corte Inglés en las últimas semanas; una circunstancia inédita, tratándose de una compañía históricamente hermética. La última acción ha consistido en promover un vídeo grabado con ex empleados para reivindicarse como heredero de Isidoro Álvarez.  Una estrategia judicial agresiva podría llevar a la expulsión de Gimeno del propio consejo de administración; una posibilidad que ya han explorado los abogados del grupo y que se basaría en el incumplimiento de los estatutos sociales.

¿Hay espacio para una vía negociada?

Sí, en el caso de que Gimeno, una vez despojado del título de presidente, decida hacer caja vendiendo las acciones de su familia. El sobrino de Isidoro Álvarez controla directamente el 2,5% de los títulos, mientras que María Antonia y César Álvarez (su madre y su tío, ambos hermanos de Isidoro) tienen el 31% de IASA. Esta sociedad controla el 22,18% del capital de El Corte Inglés, pero está controlada por las hermanas Marta y Cristina Álvarez, dueñas del 70%). IASA es el segundo accionista de El Corte Inglés, por debajo de la Fundación Areces, que posee el 39% del grupo y cuyo presidente es Florencio Lasaga. La compleja estructura accionarial y intrincado reparto de poderes deja las manos atadas a Dimas Gimeno a la hora de abandonar el capital. Para vender el paquete familiar tendría que llegar a un acuerdo con el resto de accionistas, o bien esperar a que se produzca una hipotética salida a bolsa de El Corte Inglés; una posibilidad que no está ni mucho menos clara y, en cualquier caso, se produciría a medio plazo.

elindependiente

 

 

 

 

 

 

 

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