Otegi reclamará una indemnización al Estado tras la anulación de su condena

coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha celebrado «la victoria jurídica» que ha supuesto la anulación de la sentencia del caso Bateragune que, según ha denunciado, fue «una operación política urdida por las cloacas del Estado». Asimismo, ha destacado que también se ha producido una «victoria política» porque la izquierda independentista es, diez años después, «más fuerte».

En rueda de prensa celebrada en San Sebastián, el líder de la coalición soberanista ha analizado la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de estimar los recursos de revisión interpuestos por Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García, Miren Zabaleta Tellería y él mismo y anular de este modo la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el ‘caso Bateragune’.

Junto a Otegi han estado también presentes Rafael Díez Usabiaga y Miren Zabaleta, así como el abogado Iñigo Iruin, quien ha destacado que la sentencia conocida este viernes tiene una fundamentación «sencilla» con un solo argumento: que las sentencias de Estrasburgo tienen «naturaleza vinculante» y son «jurídicamente obligatorias aunque no son ejecutivas» al requerirse que los estados determinen su «modalidad de ejecución».

«En el presente caso es evidente que la falta de imparcialidad objetiva afectaba a todo el proceso de enjuiciamiento y, por lo tanto, la nulidad debía ser total. Eso entendíamos y eso ha entendido también el Supremo», ha destacado, para incidir en que los encausados «no debieron ser condenados en ningún caso».

Respecto a la inhabilitación para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que pesaba sobre Otegi -que le impedía ser candidato a procesos electorales hasta el 28 de febrero de 2021-, Iruin ha recordado que eso ahora ha decaído y el líder de EH Bildu tiene «todos sus derechos políticos en vigor, por lo que se podría presentar a elecciones sin ningún inconveniente».

Asimismo, ha advertido de que respecto a esta cuestión queda pendiente el recurso de amparo interpuesto en su día ante el Tribunal Constitucional, aunque «puede ocurrir que no se pronuncie ya a la vista de la sentencia del Supremo».

Por último, el letrado ha sostenido que «la pelea jurídica no ha concluido» y ha anunciado que reclamarán que se declare la «responsabilidad patrimonial del Estado» por los perjuicios causados, por lo que solicitarán una indemnización.

«Cloacas del Estado»

Por su parte, Otegi ha señalado que la operación que llevó a la cárcel a los encausados por el ‘caso Bateragune’ fue «una operación de estado, sin base jurídica y urdida por las cloacas».

«Se llevó a cabo con un gobierno del Partido Socialista, pero nos enfrentamos a una operación diseñada con distintos objetivos», ha relatado, para añadir que entre estos se encontraba el de «impedir la paz en nuestro país».

A su juicio, el Estado español «no tenía interés en que la izquierda independentista vasca cambiara de estrategia», ya que «algunos estaban más cómodos en otros escenarios».

Asimismo, ha subrayado como «segundo objetivo» el de «dividir a la izquierda independentista» de tal forma que «si se producía una escisión, mejor». «Y por eso encarcelaron a los que creían que éramos los activos más importantes», ha añadido, para situar también entre los «objetivos» que, en su opinión, tenía el Estado español el de «destruir el proyecto independentista y socialista».

No obstante, ha manifestado que hace diez años «la izquierda abertzale era ilegal, Barcina gobernaba en Nafarroa y Patxi López en la CAV», pero diez años después «hemos sido capaces de vertebrar el proyecto nacional, independentista y de izquierdas».

«Hoy EH Bildu es la primera fuerza municipal en el sur del país. El crecimiento del independentismo de izquierda se produce de manera homogénea en los siete territorios. Quienes pusieron en marcha la operación de estado hoy son más débiles y nosotros más fuertes», ha afirmado, para añadir que «además de una victoria jurídica la victoria política está encima de la mesa y desarrollándose en el conjunto del país».

Otegi, que ha considerado «curioso» que la sentencia se haya hecho pública dos semanas después de las elecciones vascas del 12 de julio, ha afirmado además que los condenados han «pagado un precio muy duro», pero están «muy satisfechos del trabajo realizado». «Hicimos lo que teníamos que hacer y pagamos un precio. Por este país hemos estado dispuestos a pagarlo por tratar de construir un escenario mejor», ha expresado.

Por otro lado, ha realizado un «emplazamiento» a quienes «se pasan la vida pidiendo autocríticas, al Estado». «¿Cuándo va a hacer una apuesta por las vías pacíficas y democráticas? ¿Cuándo va a entender que es legítimo defender la unidad de España pero hay que hacerlo con argumentos democráticos y no con la violencia? ¿Cuándo va a decir que la tortura ha sido una estrategia estructural? ¿Cuándo va a aceptar que los vascos tenemos derecho a decidir», ha preguntado.

Por último, Otegi ha considerado que es «un buen día para recordar al conjunto de presos políticos, deportados y refugiados», y se ha referido a la situación de la expresa de ETA Miren Itxaso Zaldua Iriberri, detenida días atrás en Hernani por su presunta participación en el asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Giménez Abad.

«Se le hacen graves acusaciones porque hay un testigo protegido que nadie conoce y que dice que le ha visto no sabemos dónde… Este es el nivel de la justicia en el Estado español. ¿Cuánta gente está en la cárcel con pruebas construidas en las cloacas del Estado?», ha cuestionado.

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Telefónica pide a Europa que lidere la revolución digital para hacer frente a EEUU y China

Telefónica ha planteado la creación de una ‘carta de derechos digitales’ que permita situar la confianza en el uso de los servicios digitales como uno de los elementos clave de una transición digital «centrada en la persona», al mismo tiempo que ha pedido a la Unión Europea que lidere la revolución digital «para hacer frente a China y Estados Unidos».

La carta que propone Telefónica se centra en que las personas deben tener control de sus datos y deben tener la opción de elegir libremente acerca del uso de sus datos personales, por lo que considera que se debe desarrollar y aplicar una nueva «ética de los datos», con mayor transparencia, control y capacidad de elección.

Estos datos tienen un valor económico e incluso podrían ser considerados en el futuro como un nuevo factor de producción con capacidad de generar riqueza, pero, hoy en día, la mayor parte de ese valor está en manos de un número reducido de plataformas digitales gigantes.

De hecho, una parte relevante de la capitalización de estas grandes plataformas se basa en el uso de estos datos, que también podría considerarse como parte del PIB de los países donde residen los usuarios.

En este sentido, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete pide que sea Europa quien lidere el desarrollo a todos los niveles, sobre todo pensando en los ciudadanos europeos, y no quedar relegados por Estados Unidos y China.

Por eso, en su Pacto Digital, Telefónica ve «clave» que la Unión Europea adapte las normas de competencia y tenga en cuenta los nuevos competidores digitales y el papel de los datos, con el fin de que las reglas del juego se apliquen de igual manera para todos, lo que permitiría una igualdad de condiciones para las empresas.

Misma fiscalidad

También cree que es «fundamental» que la fiscalidad en el mundo digital no sea diferente y se tenga en cuenta el lugar donde se realizan las transacciones y se utilizan los servicios, además de que las infraestructuras digitales sean gravadas con impuestos semejantes a los demás sectores de la economía.

En el marco de la crisis del Covid-19, uno de los puntos de esta carta es que el uso de la tecnología digital tenga que ir de la mano «del respeto a la privacidad y el consentimiento de la persona». En algunos países como en Alemania se han desarrollado aplicaciones descentralizadas con altos niveles de protección de la privacidad que han hecho posible «una gran aceptación y adopción de la tecnología por parte de la población».

La visión de Telefónica es que «una digitalización centrada en el ser humano debería enfocarse en el fortalecimiento de la confianza en el uso de la tecnología, basarse en valores y en el uso responsable de la tecnología por parte de los sectores público y privado».

Otro aspecto es que el uso de la Inteligencia Artificial y del ‘big data’ «debe respetar los derechos humanos y la privacidad, cumpliendo criterios de transparencia, comprensibles para las personas y ofrecer seguridad y protección».

La compañía española estima que los países deben establecer estrategias a largo plazo para reforzar su capacidad y soberanía digitales, a fin de poder dar forma e influir en el futuro de la Inteligencia Artificial y los datos, poniendo el foco en el problema existente con plataformas digitales «que acaparan y custodian solo en sus servidores y para uso propio los datos de millones de personas».

Actuaciones llevadas a cabo por la empresa

Telefónica ya está aplicando una serie de principios éticos a la Inteligencia Artificial como que las aplicaciones de IA deban dar resultados justos, sin impactos discriminatorios en relación con la raza, el origen étnico, la religión, el género, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra condición personal; transparencia y facilidad para que los usuarios sepan que están interactuando con un sistema de Inteligencia Artificial, así como qué datos suyos se usan y para qué; o centrada en las personas, al servicio de la sociedad y generar beneficios tangibles para las personas, cuyos derechos humanos no pueden verse vulnerados.

Asimismo, tiene en cuenta una «privacidad y seguridad desde el diseño», es decir, preservando los datos tanto personales como anónimos y agregados, comprometiéndose a verificar la lógica y los datos utilizados por los proveedores.

Telefónica apunta al llamado ‘Humanismo Digital’ como la base de la transformación, al perseguir reducir de forma urgente las brechas digitales, conectar a todos y garantizar la igualdad de acceso al desarrollo y las tecnologías digitales.

Para lograrlo, cree que el incremento de inversiones en redes de fibra ultra rápida y de 5G debe convertirse en una prioridad fundamental para los políticos y reguladores.

«Es fundamental el desarrollo de esta ‘carta de los derechos digitales’ que proteja la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en una sociedad impulsada por los datos. En Telefónica creemos que las posibilidades que abre esta revolución son enormes y debemos aprovechar su potencial para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas y generar riqueza. Todo es nuevo y nada está definido, lo que está generando incertidumbres. Necesitamos nuevas reglas, basadas en valores, que tendremos que escribir. La clave es actualizar el Estado de bienestar poniendo al día los valores europeos comunes: el humanismo», concluye el presidente de Telefónica, José María Alvarez-Pallete.

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UGT señala que España tiene «una oportunidad» para alcanzar un «consenso político» sobre el cambio del tejido productivo

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló este sábado que España está ante «una oportunidad» para alcanzar un «consenso político imprescindible» sobre los planes a implementar para cambiar el tejido productivo y económico del país.

Así lo indicó en una nueva entrada de su blog titulada ‘Una oportunidad en nuestras manos’, en la que, tras hacer referencia a los datos conocidos esta semana sobre el aumento del paro y la caída del PIB en el segundo trimestre, marcado por la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma, destacó que «a pesar de todo el esfuerzo por crear una red de salvaguarda de los empleos y tejido productivo, la crisis del Covid-19 está afectando de forma muy negativa al mercado laboral español».

«Negar la evidencia carece de sentido», continúa el texto escrito por el líder de UGT, que considera que «desde el punto de vista social, las medidas de protección establecidas deberán ser prolongadas para proteger a personas y empresas que, en caso contrario, se verán abocadas al desempleo y al cierre».

Sin embargo, Álvarez apunta que «el sostenimiento y mejora de la protección social para empresas y personas trabajadoras, para ciudadanos general, no es la única línea política social a seguir», y que «el país requiere otra mirada».

En este sentido, el líder sindical asegura que «tenemos una oportunidad» y que «ahora es el momento de nuestros políticos y de las organizaciones sindicales y patronales que tanto hemos aportado para soportar esta crisis». «No nos podemos quedar quietos, pero tampoco lanzarnos a proyectos cortoplacistas que no cambien nuestra estructura productiva», afirma, para a continuación indicar que es necesaria «una radical transformación» y que adquieran «verdadero sentido» palabras como «economía verde, transición justa, investigación, digitalización, innovación, energías renovables, transporte sostenible, recualificación y aprendizaje profesional».

Para ello, Álvarez recuerda que España dispondrá de unos 140.000 millones de euros de los fondos acordados por el Consejo Europeo y que, en su opinión, deberán ser empleados en planes sectoriales o globales «que requieren para su éxito que tengan detrás el apoyo de la sociedad en su conjunto».

En esta línea, el secretario general de UGT resalta que «el consenso político es imprescindible» y que «este momento requiere de una visión global, de un contrato o pacto social», por lo que también «es imprescindible el concurso de las organizaciones sindicales y patronales que han demostrado sobradamente durante esta crisis su templanza, sentido común y altura de miras frente a la superficialidad de otros».

«El diálogo social debe comenzar ya», reclama Álvarez, que considera que «los planes que elabore el Gobierno deben discutirse en las mesas pactadas», ya que, «lo contrario restaría vitalidad, fuerza, y la riqueza que aportan las diversas perspectivas».

«Esos planes deben servir para cambiar nuestro tejido productivo, para hacerlo más fuerte frente a las crisis, para dar vida, lo repito una vez más, a unas hermosas palabras que durante demasiado tiempo se han utilizado en vano sin propósito real alguno. Sería un crimen dejar a todas las personas afectadas de una forma u otra en esta crisis sin la oportunidad de futuro que se nos pone en las manos», concluye el texto.

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El Gobierno teme que la covid derive en un nuevo estigma de «gripe española»

En la Moncloa está semana lo han visto claro. En la lucha contra la pandemia hay una batalla contra el virus pero, de manera simultánea, se libran otras muchas escaramuzas entre países. En la guerra contra la covid, explican en Sanidad, no todos los frentes están en los laboratorios y no todos los soldados visten batas blancas. Desde hace unas semanas hay también una batalla por el relato que se libra a base de estadísticas, cifras, PCR, medias verdades y vetos a otros países.

El 21 de junio, Donald Trump resumió la cuestión con una simpleza infantil pero certera: «Las pruebas (de la covid) son un arma de doble filo y esta es la parte mala. Cuando haces pruebas a tanta gente, vas a encontrar más casos. Por eso le he dicho a mi gente que, por favor, retrase las pruebas».

Desde luego, nunca pensaron en el departamento que dirige Salvador Illa que un día iban a terminar dándole la razón al presidente norteamericano en algo. Y es que en el Gobierno y en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirge Fernando Simón ya temen que el coronavirus se convierta en una suerte de nueva gripe española, la pandemia que entre 1918 y 1920 mató a más de 40 millones de personas. Aquella gripe, cuyo origen estuvo en Estados Unidos, se llevó sin embargo el calificativo de española porque en la Primera Guerra Mundial la censura en los países combatientes impidió que los estados más castigados hicieran públicas las cifras reales de la pandemia. España, neutral en aquel conflicto, sí que informó de sus 300.000 fallecidos y cerca de ocho millones de infectados, ganándose la paternidad inmerecida de la enfermedad.

La situación actual, afirman en el CCAES, comienza a guardar ciertos paralelismos con lo ocurrido hace un siglo. España, en la nueva «geoestrategia sanitaria», se ha convertido en los últimos días en el foco de las miradas reticentes de buena parte de Europa por sus altas tasas de contagios. En Sanidad no niegan sus propias cifras, lo que sostienen es que buen parte de esta escalada en número de positivos se debe al gran esfuerzo de «detección precoz» de casos que otras naciones no están haciendo en igual medida.

Ni Illa ni Simón en sus comparecencias de esta semana lo han dicho así de claro porque el Gobierno no quiere abrir un nuevo frente diplomático acusando a socios de hacer pocas pruebas o no ser tan trasparentes con los datos. Pero las insinuaciones de ambos responsables se han venido repitiendo en los últimos días desde que se conoció la decisión del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos o Alemania de establecer vetos, recomendaciones, restricciones o cuarentenas al turismo en España.

Pero sea como fuere, las cifras están ahí y julio ha sido un mes nefasto para la pandemia, según los números desnudos que en Sanidad animan a analizar en consonancia con otras estadísticas. Los 614 brotes declarados hasta el jueves han destrozado en cinco semanas los indicadores, hasta el punto de situar a España a la cola de Europa en todos los parámetros y como uno de los países con peores datos de todo el planeta.

Las tablas de Sanidad son tozudas. Los contagios detectados se han multiplicado por cuatro durante julio. Los nuevos positivos han pasado de los 9.842 en todo junio a 39.251 durante el pasado mes, ya sea por esa mayor capacidad de detección que arguye el Gobierno, ya sea fruto de que los nuevos focos se han disparado durante estos 40 días desde la llegada de la ‘nueva normalidad’. En solo un mes, España ha pasado a una media de 328 nuevos casos a una media de 1.266. Y con perspectiva negativa porque Sanidad notificó el viernes 1.525 contagios con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas aunque sumó a sus tablas consolidadas muchos más casos en un solo día, 3.092.

Cifras de abril

España ha vuelto a cifras de abril. El número de casos con fecha de inicio de síntomas en la última semana ha pasado de 309 el 30 de junio a 2.347 el 31 de julio positivos, un aumento del 750%. Pero es otro indicador el que amenaza con estigmatizar a España porque es fáci de usar para comparar países o zonas, el de la incidencia acumulada (IA), el número de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Esta IA a la que miran todos los países se ha disparado en España hasta los 57,5 positivos cada 100.000 habitantes cuando ese indicativo estaba tan solo en 8,5 a finales de junio (aunque llegó a bajar a 7,7 el 25 de junio cuando tocó suelo). Pero la IA es mucho peor si se desciende a las comunidades más castigadas actualmente por los rebrotes. Aragón presenta 380, ocho casos por cada 100.000 habitantes; Cataluña siete por cada 100.000 (con 145 rebrotes) o Navarra con cinco (143 rebrotes). «Si las comunidades redujeran el número de test que realizan conseguirían bajar de forma expeditiva esta tasa a la manera sugerida por Donald Trump», explican los responsables de Sanidad.

Frente a estas IA españolas altas y en pleno ascenso, los países europeos exhiben números mucho más bajos y básicamente estabilizados. Frente a la actual IA nacional de 57,5, Reino Unido asegura tener una IA de 14,6; Alemania, un 9,6; Francia 19; Países Bajos, un 13,5 o Italia tan solo un 5,7. Ninguno de los países europeos exportadores de turistas a España llega siquiera a la mitad de incidencia acumulada del virus de la que hay hoy el territorio nacional y algunos Estados como Italia presumen de tener la décima parte de contagios.

En Sanidad insisten en no abrir una guerra diplomática con los países de lo que depende buena parte del turismo pero cada vez hay más dudas de la fiabilidad de las cifras o del número real de test. No se creen los expertos del Gobierno que la covid se transmita diez veces más en España que en Italia o que el Reino Unido, donde el virus ha dejado 46.000 muertos y se propagó libre durante semanas, tenga ahora casi cuatro veces menos incidencia.

Índices asistenciales deteriorados, pero no estresados

El principal argumento del Gobierno para sostener que no estamos ante una segunda ola y que el repunte de los contagios es fruto en muy buena medida de la «detección precoz» es que los índices asistenciales están a «años luz» del estrés que sufrieron en marzo o abril. Es cierto que en el último mes las hospitalizaciones con fecha de ingreso en la última semana han pasado de 153 a 472, pero está muy lejos de los más de 3.000 ingresos diarios que se computaron en los momentos álgidos de la pandemia. Además, la ocupación de las UCI, el verdadero talón de Aquiles en cualquier epidemia, sigue muy baja hasta el punto de que en la última semana ha habido solo 27 ingresos, frente al medio millar de entradas de los días más duros de la pasada primavera.

Estos número tan aceptables, han explicado esta semana hasta la saciedad Salvador Illa y Fernando Simón, se deben a que es el sistema sanitario el que, tras cribar positivos, sale a buscar a sus contactos, que nunca hubieran sabido que estaban contagiados porque el 70% de los nuevos casos son asintomáticos.

No obstante, la «detección precoz» no explica en su totalidad estos buenos datos asistenciales. Los nuevos brotes se están dando entre trabajadires temporeros y en el ocio nocturno, sectores jóvenes, que han hecho bajar la media de los enfermos de 66 a 45 años en solo cuatro meses.

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Bielorrusia afronta las elecciones más atípicas e inciertas de toda su historia

Bielorrusia, la antigua república soviética que más similitudes conserva con la desaparecida URSS, sobre todo en el aspecto económico, y que lleva ya 26 años dirigida por Alexánder Lukashenko, a quien el expresidente estadounidense, George W. Bush, calificó como «el último dictador de Europa», afronta el próximo día 9 de agosto unas «pseudoelecciones» presidenciales en una situación inédita desde que el país logró la independencia.

La criba de candidatos, el veto a que los que pudieron registrarse tengan acceso a los medios de comunicación durante la campaña electoral, la persecución y amenazas a las formaciones opositoras, la represión contra quienes protestan en las calles, los arrestos y el fraude electoral son los elementos que caracterizaron los comicios en años pasados. Ahora se observa la misma tendencia, pero con la aparición de nuevos factores que hacen que estas elecciones sean las más atípicas e inciertas de la historia reciente de Bielorrusia.

Los elementos más destacados de esta nueva situación se pueden resumir en cuatro: La irrupción de Svetlana Tijanóvskaya, ajena antes a la política, pero ahora principal obstáculo para la reelección de Lukashenko; una mayor combatividad de los bielorrusos contra el régimen a causa del hartazgo ante la eternización del actual jefe del Estado; el giro en la política de Bielorrusia hacia un mayor acercamiento a Estados Unidos y la degradación paulatina que sufren las relaciones entre Minsk y Moscú.

Las fuerzas de seguridad bielorrusas detuvieron el pasado miércoles cerca de Minsk a 33 supuestos miembros del grupo de mercenarios rusos denominado Wagner, cuyos efectivos luchan en Ucrania, Siria y Libia, además de tener presencia en países como la República Centroafricana, Sudán y Venezuela. La Fiscalía General de Bielorrusia les acusa de «terrorismo» e intento de «desestabilización» de la situación política en la víspera de los comicios presidenciales.

El presidente Vladimir Putin reunió el viernes a su Consejo de Seguridad para tratar el asunto y, según la nota de prensa distribuida tras el encuentro, «se expresó el deseo de que el incidente se aclare lo antes posible y sean liberados los ciudadanos rusos detenidos injustificadamente».

Por su parte, Kiril Plétnev, cónsul ruso en Minsk, tras tener acceso al texto de la orden de detención de los presuntos mercenarios, dijo el sábado que se les acusa de haber tejido «un complot con Serguéi Tijanovski, cónyuge de Tijanóvskaya, y el también opositor, Nikolái Statkévich», ambos en prisión actualmente, para sembrar el caos en la república y tratar de derrocar a Lukashenko. Plétnev negó categóricamente tal conspiración mientras Tijanóvskaya aseguró que ni su marido ni ella están vinculados a ninguna maniobra de semejante magnitud y que tales acusaciones no son más que un intento de las autoridades de demonizarles.

También ha causado mucha indignación en el Kremlin la decisión de Lukashenko de enviar a la capital ucraniana los nombres de los 33 rusos detenidos para comprobar si han estado combatiendo contra las tropas de Kiev. La Fiscalía General de Ucrania ha corroborado que 28 de ellos lucharon en Donbass y ha pedido a Minsk su extradición para ponerlos a disposición judicial.

En declaraciones a la publicación digital rusa Vzgliad, el senador ruso, Andréi Klimov, señala que «parece que el presidente de Bielorrusia ha considerado oportuno utilizar todo lo sucedido como un gran escándalo a su favor en la campaña electoral », dejando así claras sus diferencias con Rusia y su disposición a defender a cualquier precio la soberanía del país. Sin embargo, Klimov no estima que tal estrategia de confrontación con Rusia le esté dando buen resultado a Lukashenko a juzgar por el hecho de que Tijanóvskaya cosecha un apoyo cada vez mayor de la ciudadanía.

El jueves, la candidata con más posibilidades de vencer a Lukashenko, si el recuento de votos se efectuara de forma realmente limpia, organizó un mitin en Minsk al que acudieron más de 35.000 personas. No fue la única concentración en apoyo de Tijanóvskaya, en lo últimos días, se han sucedido también en otras ciudades del país. En Gómel, de donde es su marido, se reunieron más de 10.000 manifestantes, número sin precedentes en un acto público en esta ciudad en décadas.

A juicio del politólogo bielorruso, Valeri Karbalévich, «a todas estos mítines hubiera acudido mucha más gente de no ser por el enorme acoso e intimidación policial». El experto cree incluso que «el revuelo en relación con los mercenarios rusos ha servido como justificación a Lukashenko para reforzar la medidas de seguridad y limitar a Tijanóvskaya la posibilidad de celebrar actos electorales».

Una candidata circunstancial pero con un carisma obtenido en tiempo récord

La repentina aparición de Svetlana Tijanóvskaya (37 años) en el tablero político de Bielorrusia, que hasta hace unas pocas semanas era solamente la esposa de uno de los líderes opositores y, según ella misma ha declarado, se dedicaba fundamentalmente al cuidado de sus hijos, además de trabajar ocasionalmente como traductora de inglés, ha sido resultado de una carambola.

A su marido, Serguéi Tijanovski, un conocido bloguero encarcelado en mayo por participar en la ciudad de Grodno en una protesta, le fue rechazada la inscripción como candidato a las presidenciales del próximo día 9. Ella decidió entonces presentar la suya y se convirtió de repente en la opción ideal para recoger los votos potenciales de su esposo y de otros dos candidatos también excluidos, Víctor Babariko y Vitali Tsepkalo.

Tijanóvskaya subraya su condición de política sobrevenida por la necesidad y las circunstancias. Afirma que su objetivo es evitar una manipulación tal de las elecciones que distorsionen el resultado. Espera vencer a Lukashenko para, a renglón seguido, convocar de nuevo unas presidenciales realmente democráticas y en las que puedan participar todos los candidatos que ahora se han quedado en la estacada.

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La desescalada desigual y a trompicones del Gobierno británico

La desescalada en el Reino Unido, el país europeo más castigado por el coronavirus, transcurre de manera desigual para sus ciudadanos, pues mientras algunos de los más vulnerables a la enfermedad, unos dos millones, salen hoy del aislamiento obligatorio, más de cuatro millones ha vuelto a un confinamiento más estricto.

A esto hay que añadir que la siguiente fase en la reapertura de la economía en Inglaterra, que debía comenzar hoy, se ha retrasado hasta, al menos, el próximo 15 de agosto, según informó este viernes el primer ministro, Boris Johnson, a quien sus asesores científicos han convencido de que es necesario echar el freno por el repunte de casos del covid-19.

En consecuencia, no pudieron abrir este sábado sus puertas en Inglaterra -la región más poblada del Reino Unido, con 56 de sus 66,6 millones de habitantes- los casinos, boleras, pistas de patinaje o centros de belleza donde se realizan tratamientos faciales, entre otros.

Tampoco se celebrarán, de momento, bodas con hasta 30 invitados, y los eventos deportivos para los que se iba a permitir la vuelta del público a los estadios o recintos, serán, este fin de semana, a puerta cerrada.

Por contra, algo más de dos millones de personas consideradas “de alto riesgo” por su expediente sanitario ya no están obligadas a aislarse en casa y, desde hoy, pueden, por ejemplo, volver a sus puestos de trabajo, una medida aplicable en casi toda Inglaterra y en Irlanda del Norte y Escocia.

CIERRE DE PUBS A CAMBIO DE APERTURA DE ESCUELAS

Pero además de “poner en pausa” la desescalada, en palabras de Johnson, el “premier” conservador podría verse obligado a tomar decisiones altamente impopulares, como cerrar de nuevo los “pubs” y prohibir “otras actividades” en Inglaterra para permitir el inicio del curso escolar el próximo mes.

El especialista Graham Medley, del Grupo Asesor Científico para Emergencias del Gobierno británico (SAGE, en inglés), afirmó hoy que la reapertura de las escuelas es “clave” y opinó que, para lograrlo, podría ser necesario “un intercambio” en el orden de prioridades del descofinamiento.

Medley efectuó esas declaraciones a la cadena BBC, después de que el asesor médico del Gobierno para Inglaterra, Chris Whitty, también advirtiera este viernes de que es posible que se haya llegado “al límite” de lo que puede estar abierto sin riesgo de aumentar de manera exponencial la prevalencia del covid-19.

“Creo que estamos en una situación en la que la mayoría de la gente piensa que la apertura de las escuelas es una prioridad para la salud y bienestar de los niños, y sabe que, cuando lo hagamos, se van a volver a relacionar muchos hogares”, expuso hoy Medley.

De cara a minimizar la “prevalencia del covid-19 en la comunidad” con la vuelta de los escolares, recordó el experto, quizá sea necesario “cerrar algunas de las otras redes de conexión” y “otras actividades”.

“Podríamos llegar a plantearnos si tenemos que elegir entre una u otra, a qué damos prioridad. ¿Consideramos que los pubs son más importantes que las escuelas?”, planteó Medley.

Asimismo, los ciudadanos de buena parte del norte de Inglaterra, algo más de cuatro millones, deben desde el viernes seguir nuevas restricciones, que les impiden visitar a otras personas en sus casas, ante un rebrote del coronavirus en esa zona del país.

NUEVO CONFINAMIENTO DE CUATRO MILLONES EN INGLATERRA

La directriz significa que los habitantes de ciudades como Manchester y su área metropolitana y los condados de East Lancashire y parte de West Yorkshire no podrán encontrarse en las casas de unos y otros ni en sus jardines, pero cada hogar sí podrá ir al “pub” o a restaurantes siempre que no se mezcle con otro grupo de personas.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha defendido las medidas, que entraron en vigor sin apenas preaviso, al señalar que, según los datos de rastreo de contagios, la mayor parte de las transmisions del virus se produce “entre hogares que se visitan entre sí y gente que visita a parientes y amigos”.

DE LA NORMALIDAD EN NAVIDADES A LA CAUTELA ACTUAL

Esos mismos datos han llevado al Gobierno a abandonar el optimismo del que hacía gala hace apenas dos semanas, cuando Johnson sostenía que la hoja de ruta para la desescalada llevaría al país y a su economía a la “normalidad” en torno al mes de noviembre, “a tiempo para la Navidad”.

Londres ya dio un primer giro brusco en su política sanitaria al imponer el pasado sábado, también sin preaviso, una cuarentena obligatoria de 14 días a los pasajeros llegados de España por el repunte de covid-19 en partes del país.

Ante las quejas del sector turístico y del Gobierno español, el Ejecutivo continúa estudiando la posibilidad de reducir a diez los días de confinamiento y de establecer corredores aéreos a nivel regional con zonas menos afectadas por el virus, como las Baleares y las Canarias.

No obstante, los asesores científicos han advertido al “premier” de que, ahora mismo, no es posible seguir con la desescalada y quizá tampoco sea el momento de relajar las restricciones.

Según cifras oficiales, las muertes por el covid-19 en todo el Reino Unido se elevaron el viernes a 46.119, tras sumar 120 en 24 horas, con 880 nuevos contagios, el mayor número diario en un mes.

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Decidí seguir trabajando más allá de los 65 porque subía mi pensión»: radiografía de una tendencia en alza

Los datos de la Encuesta de Población Activa, EPA, del segundo trimestre del año confirman que cada vez hay más gente que decide seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación. En la actualidad hay 230.000 mayores de 65 años ocupados en España, de los que 53.000 son mayores de 70 años. Esta cifra puede resultar insignificante, si consideramos que en nuestro país viven alrededor de cinco millones de personas de entre 65 y 75 años, pero es que hace cinco años, en 2015, los ocupados mayores de 65 años no llegaban a las 140.000 personas.

Prolongar la vida laboral de los ciudadanos es una de las líneas de actuación prioritarias que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere poner en marcha en la inaplazable reforma de las pensiones. En numerosas ocasiones ha manifestado que «existen instrumentos para que los ciudadanos que así lo elijan puedan seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, pero estos instrumentos son desconocidos para gran parte de la población». Los instrumentos de que habla Escrivá son los incentivos a la prolongación de la vida laboral que recoge la reforma de las pensiones de 2011 aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. 

Cuánto mejora mi pensión si sigo trabajando

En 2020, la edad legal de jubilación está en los 65 años y 10 meses, (te puedes jubilar a los 65, si tienes más de 37 años cotizados) y cada año que pase, la edad legal de jubilación estará dos meses más lejos, hasta que en 2027 alcance los 67 años (entonces también se podrán jubilar con 65 los que tengan más de 38 años y medio cotizados).

Si decides prolongar tu vida laboral aumentará el 2% de tu base reguladora por cada año completo cotizado, desde la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación vigente hasta la fecha en que te jubiles, siempre que tengas 25 años cotizados al cumplir dicha edad. El incremento será del 2,75% cuando tengas entre 25 y 37 años cotizados. Y será del 4%, cuando puedas acreditar más de 37 años cotizados. La cuantía resultante no podrá ser superior a la pensión máxima (este año, 2.683 euros mensuales en 14 pagas, es decir 37.567 euros al año). Para una base reguladora de 1.000 euros, esto supone una ganancia de unos 450 euros al año. La ventaja es doble, por una parte, mantienes tu poder adquisitivo durante más tiempo, ya que la pensión suele ser entorno al 75% de tu último sueldo. Y por otra, consigues una pensión más alta para toda la vida.

Qué pasa con las cotizaciones a la SS

Con un gasto en pensiones cercano a los 10.000 millones de euros al mes no es extraño que el Gobierno quiera incentivar que la gente siga trabajando más tiempo. Las nuevas pensiones de jubilación que entran al sistema están en torno a los 1.400 euros, con lo que retrasar un año su alta supone un ahorro al Estado de unos 20.000 euros por persona. Por eso, si decides seguir trabajando más allá de la edad legal, el empresario no tendrá que cotizar a la Seguridad Social por tí, salvo por incapacidad temporal, siempre que tengas la edad legal de jubilación, este año 65 y 10 meses, y los periodos de cotización exigidos, entre 37 y 38 años y medio. Si eres autónomo, tampoco tendrás que cotizar a la Seguridad Social, salvo por incapacidad temporal o contingencias profesionales, siempre que cumplas con los requisitos de edad y años cotizados. Estas exenciones en las cotizaciones no son aplicables a funcionarios y trabajadores de las Administraciones Públicas.

Qué pasa si el empresario no me deja

En teoría, la jubilación es voluntaria, y el empresario no podría despedirte por el mero hecho de que cumplas 65, pero en la práctica las jubilaciones están reguladas por los convenios colectivos, y en la mayoría se incluye una cláusula que permite a los empresarios no renovar tu contrato cuando llegas a la edad legal de jubilación. La reforma de las pensiones de 2011 lo deja muy claro: «En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación…», aunque fija como requisito necesario que «el trabajador afectado deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva». En todo caso, si el empresario no quiere prolongar tu contrato, poco puedes hacer.

España a la cola también en esto

España es el país de la OCDE con menor porcentaje de trabajadores mayores de 65 años en activo, con una cuota de apenas el 2,1%, frente al 11% que contabilizaban de media el conjunto de países de nuestro entorno, según detallaba Crédit Suisse en un estudio reciente. Francia está por encima del 3%, e Italia en un 4%, mientras que Alemania llega al 7,2%, y en el Reino Unido o Portugal se alcanza el 10%. En Islandia o Noruega el retiro legal se alcanza a los 67, y allí el 23% y 11%, respectivamente, de sus mayores de 65 años continuaban en activo. El Gobierno quiere cambiar esta estadística, y es previsible que la próxima reforma de pensiones contemple nuevos incentivos para que los que quieran seguir trabajando después de llegar a la edad ordinaria de jubilación, obtengan más ventajas.

.uppers.es/

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Reino Unido y la UE programan un calendario de negociaciones justo a tiempo para la cumbre clave de octubre

Reino Unido y la UE han programado nuevos encuentros para negociar cuestiones comerciales hasta el 2 de octubre, a menos de quince días de la celebración de una cumbre en la que el bloque espera poder respaldar cualquier acuerdo con Londres, según un calendario publicado por los negociadores británicos el viernes.

Más de cuatro años después de que los ciudadanos británicos votaran para abandonar la UE, y tras un tortuoso ciclo de conversaciones sobre las condiciones de la separación, ambas partes están negociando sobre cómo serán sus futuros lazos en distintos frentes, desde el comercial hasta el de la seguridad y el transporte, a partir de 2021.

La UE ha dicho que los negociadores deben sellar cualquier acuerdo antes de octubre para poder recibir la ratificación de los 27 países del bloque. Sin embargo, el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha señalado que hay margen para cierta demora.

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“Las rondas de negociaciones tendrán lugar en agosto y septiembre, a menos que las partes acuerden lo contrario”, según un documento publicado en Twitter por el jefe negociador para el Brexit de Reino Unido, David Frost.

Las tres nuevas rondas programadas terminarán el 2 de octubre, antes de la cumbre que celebrarán los 27 líderes de la UE el 15 y el 16 de octubre.

Si las dos partes no llegan a un acuerdo para entonces, es probable que se inicien negociaciones de emergencia para llegar a un acuerdo antes de finales de año, cuando termina el período de transición de Reino Unido.

Una separación sin un acuerdo que mitigue el impacto del Brexit sería la opción más perjudicial tanto para la quinta economía más grande del mundo como para su mayor bloque comercial.

Las diferencias sobre las cuotas de pesca y las garantías de competencia leal han obstaculizado hasta ahora un acuerdo, pero las fuentes de la Unión Europea se han mostrado más positivas en las últimas semanas sobre la posibilidad de alcanzar a tiempo un acuerdo.

reuters

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La Premier valora el uso de un pasaporte clínico para los aficionados en su vuelta al fútbol

La Premier League está estudiando la posibilidad de que los aficionados utilicen «pasaportes clínicos» para que estos puedan volver en el futuro a los estadios. Así lo aseguró Richard Masters, presidente de la competición en una carta publicada en el diario The Times.

Este sistema se compondría de una aplicación que se tendrían que bajar los asistentes a los encuentros y que rastrearía los síntomas del coronavirus así como otros factores. «Estamos preparados para ayudar al fútbol mediante pruebas de lo que es posible hacer, invirtiendo en tecnología y en las mejores soluciones para reducir el riesgo y hacer el retorno de los aficionados a los campos posible», apuntó Masters.

«Los test y los rastreos darán una ayuda vital para que estos puedan volver. Estamos considerando todas las opciones para los días de partido, desde qué hacer con las entradas, cómo ubicar a la gente en los estadios, diferentes horarios para la llegada al campo, controles de temperatura y llevar la comida y la bebida directamente al asiento», añadió Masters.

La próxima temporada de la Premier League arranca el 12 de septiembre, provisionalmente a puerta cerrada. El Gobierno de Boris Johnson cree que los aficionados podrían volver a las gradas para octubre, pero aún no existen certezas sobre ello.

EFE

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Alemania ofrece pruebas de coronavirus gratuitas para los viajeros que regresen

Alemania ofrece pruebas diagnósticas de la Covid-19 a los viajeros que retornen al país desde el extranjero desde este sábado, según una normativa aprobada por el ministro de Salud alemán, Jens Spahn.

Con la regulación, las pruebas diagnósticas se realizarán a todos los viajeros que regresen a Alemania, aunque no muestren síntomas, a las 72 horas de ingresar en el país. Los test podrán realizarse en puntos destinados a tal fin ubicados en aeropuertos o en centros de salud y ambulatorios.

Serán las compañías de seguros de salud las encargadas de pagar las pruebas, por lo que el Gobierno busca ahora cubrir los costes con una asignación más alta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, en el monasterio de Yuso, antes de la celebración de la XXI Conferencia de Presidentes, en San Millán de la Cogolla, La Rioja (España), a 31 de julio de 2020. La conferencia busca el consenso para el reparto de los fondos de recuperación europeos por la crisis del coronavirus. ONLY FOR USE IN SPAIN 31 JULIO 2020;PRESIDENTES;AUTONOMÍAS;COMUNIDADES AUTÓNOMAS;CCAA;COVID-19;FONDO DE RECUPERACIÓN;UE 31/7/2020 ONLY FOR USE IN SPAIN

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Estas pruebas serán obligatorias para los viajeros procedentes de «zonas de riesgo», entre las que están incluidas Cataluña, Aragón y Navarra. Este aviso eleva el grado a la recomendación no vinculante del lunes contra los viajes turísticos a esos destinos.

En algunos aeropuertos, como el de Tegel – en Berlín -, Fráncfort, Múnich y Düsseldorf ya funcionan los centros habilitados para practicar esas pruebas; en otros puntos del país se aceleran los preparativos para tenerlos listos. Hasta ahora, las pruebas son voluntarias, a la espera de que la próxima semana pasen a ser obligatorios, en cuanto se haya asegurado su funcionalidad y regulado las normativas correspondientes.

El propósito es que se facilite el acceso a un test gratuito a todos los viajeros que ingresen en el país, aunque solo de forma obligatoria y en el aeropuerto a los procedentes de zonas de riesgo. Para el resto es opcional y dispone de 72 horas para someterse al test en cualquier consulta médica o centro habilitado para ello. Se aconseja, asimismo, realizar un segundo test pasados unos días, transcurrido cierto tiempo de incubación.

El Gobierno de la canciller Angela Merkel ha optado por la fórmula de los test gratuitos a los viajeros en medio de la alarma por el número creciente de nuevas infecciones. Este incremento se ha observado en todo el país, mientras se temen nuevos rebrotes con el regreso de los ciudadanos de sus vacaciones en el extranjero o de visitantes no alemanes. Hasta el momento, Alemania ha confirmado más de 210.000 personas contagiadas por la COVID-19 y más de 9.000 fallecimientos debido a la enfermedad.

elperiodico

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