PP y C’s alaban el discurso del Rey, el PSOE sólo lo agradece y Podemos lo rechaza

El discurso del Rey sobre la situación de Cataluña no ha servido precisamente para facilitar el consenso entre los grupos políticos. Más bien al contrario. Mientras el PP y Ciudadanos lo alababan como “imprescindible” y “de responsabilidad”, el PSOE apenas ha valorado las palabras de Felipe VI más allá de agradecerlas y compartir su defensa del estado de derecho. Podemos, por su parte, lo ha censurado bajo el lema “no en nuestro nombre”.

“Desde el PP apelamos a que ese mensaje de concordia, ese mensaje de responsabilidad tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas, tal y como solicitó ayer el presidente del Gobierno”, ha afirmado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en una intervención posterior al discurso del monarca.

El dirigente popular ha destacado de las palabras del Rey el mensaje que ha enviado a las personas que se sitúen por encima de la Ley “quebrando la confianza de los españoles y quebrando también la fraternidad en Cataluña”, de las que ha dicho que “tendrán que tener también las consecuencias que recoge el ordenamiento jurídico”.

 

Por ello, ha dicho que el PP quería unirse al “mensaje de tranquilidad” lanzado por el Rey, especialmente cuando se ha dirigido a todos los catalanes para decirles que “no están solos, que la Corona, una vez más, y el Gobierno de España están con todos los que están comprometidos con la construcción de una democracia ejemplar y de un sistema y un Estado de derecho que va a seguir funcionando”.

Entre líneas, el PP aprovecha el discurso del Rey para exigir al PSOE que vuelva al bloque constitucionalista, justo en el día en que los socialistas han pedido la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por los incidentes del domingo en Cataluña. “No hay equidistancia: o se está con los que incumplen la ley o con los que defienden el Estado de derecho”, ha asegurado Casado, que también ha apelado a que el “mensaje de concordia” de Felipe VI “tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas”.

Por su parte, el responsable de Política Institucional y Administraciones Públicas del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha agradecido la intervención del jefe del Estado. “Nosotros, los socialistas, coincidimos en la defensa de la Constitución, del Estatut, de la legalidad, del estado de derecho y de la integridad territorial”, ha asegurado en una breve intervención en Ferraz.

“Apelamos a la calma y a la serenidad para afrontar el futuro con garantías y tranquilidad”, ha afirmado, antes de destacar la “importante apelación a la concordia y entendimiento entre todos los españoles y todos los catalanes” realizada por el Rey. “Esperamos que se extienda por todos los pueblos de Cataluña y de España”, ha zanjado Gómez de Celis.

Por su parte, Podemos cree que el Rey “ha perdido la oportunidad de ser parte de la solución” del conflicto en Cataluña, porque con su discurso de este martes ha demostrado una “nula capacidad para entender España” y su compromiso “con el PP, pero no con la democracia, ni con España, ni con Cataluña”, según explican a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

La formación dirigida por Pablo Iglesias considera que Felipe VI “no ha representado a todos los españoles”, y sólo ha unido “su destino al del PP”. Por ello, aseguran sentirse “preocupados y sorprendidos”. En concreto, Podemos reprocha que el monarca “no ha mostrado ni una sola vez preocupación por los heridos del domingo”, así como que haya “tardado tres días en pronunciarse” y que no haya dicho “nada diferente a lo que ya ha dicho el PP”.

“Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre”, ha sentenciado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

Como él, muchos dirigentes de su partido han mostrado también su malestar por las palabras del Rey. “El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos dialogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia”, ha criticado la portavoz en el Congreso, Irene Montero.

“No ha propuesto ninguna solución, sólo cierre de filas con Rajoy. Su mensaje sólo ha representado a una parte de los españoles, en una práctica que dinamita la democracia. Ha tardado tres días en aparecer, para lanzar un mensaje muy alejado del diálogo. El mensaje de Felipe VI no une, separa aún más al pueblo de Cataluña”, ha asegurado el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, en una serie de mensajes difundidos también en Twitter.

 

Por su parte, Ciudadanos considera que se trata de un “discurso imprescindible en momentos tan complicados con un diagnóstico acertado que compartimos, que manifiesta que las instituciones de Cataluña se han colocado fuera de la Constitución y de la Ley. El partido de Albert Rivera destaca la gravedad de “la fractura social en Cataluña” y valora el “mensaje claro de serenidad a los españoles y a los catalanes, asegurando que los poderes del estado van a asegurar el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y autogobierno en Cataluña”.
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Catalexit’, el nuevo riesgo económico para España y Europa

La celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, su gran repercusión mediática a nivel internacional y la amenaza de declaración de independencia que ha lanzado el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, abren un nuevo escenario de alta tensión e incertidumbre política, cuya intensidad afectará, en mayor o menor medida, al conjunto de la economía española e incluso europea en función de lo que suceda a partir de ahora.

Hasta hace poco, el tema catalán no estaba en el radar de los inversores ni de las agencias de calificación, pero esta situación ha cambiado por completo en los últimos días. El Ibex lidera las caídas de la bolsa europea este lunes, arrastrado por los principales bancos catalanes, que registran bajadas superiores al 3,5% durante la sesión. La prima de riesgo también sube con fuerza, superando el nivel de los 120 puntos, mientras que el euro retrocede hasta los 1,17 dólares, cayendo a mínimos de tres semanas frente al franco suizo, tradicional activo refugio.

Todo ello refleja el nerviosismo de los inversores. ¿Qué pasará? La principal preocupación radica en los efectos que podría conllevar la crisis política e institucional abierta en Cataluña. Para empezar, los separatistas de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han convocado una «huelga general» para este martes, pero no se descarta que la declaración de independencia y la posible activación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía acabe por extender las jornadas de huelga y las protestas en las calles.

A nivel nacional, la tensión en Cataluña ya se ha traducido en el retraso de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, después de que el PNV retirara su apoyo al PP, lo cual abocaría al Gobierno a prorrogar las cuentas públicas. De hecho, según cómo se desarrollen los acontecimientos y en base al posicionamiento que adopten los partidos de la oposición sobre este tema, el Ejecutivo podría verse obligado incluso a convocar elecciones generales, más allá de que se adelanten o no los comicios regionales en Cataluña en caso de intervención.

Este particular contexto de confusión e inseguridad amenaza con dañar la recuperación económica. En un momento en el que la economía española ya ha empezado a mostrar ciertos signos de desaceleración, el crecimiento del PIB podría bajar del 3,2% anual al 2,5%, según las últimas previsiones del banco de inversión Berenberg. La agencia Fitch, por su parte, ha señalado este lunes que una escalada sostenida de las tensiones con Cataluña podría interferir de forma negativa en las futuras previsiones del PIB, tras revisar al alza su pronóstico de crecimiento para España, hasta el 3,1% en 2017.

Pero es que, además, el proyecto independentista también supone un riesgo para la propia estructura de la zona euro, ya que, tal y como ha advertido la Comisión Europea, una Cataluña independiente no tendría cabida en la UE y, muy posiblemente, supondría su salida del euro (Catalexit), con todo lo que ello implica. Si Grecia, con un PIB próximo a los 176.000 millones de euros, fue uno de los desencadenantes de la crisis de deuda europea en 2010, las crecientes dudas sobre la situación de Cataluña, cuya economía ronda los 212.000 millones, también pueden desencadenar fuertes tensiones si la desconfianza se apodera de los inversores.

Ambrose Evans-Pritchard, analista de The Daily Telegraph, por ejemplo, advierte de que Cataluña implica una amenaza para el proyecto comunitario mayor que el Brexit. La agencia de inteligencia privada Stratfor avanzaba el pasado junio que, en caso de que la Generalidad declarase la independencia, se acrecentaría el «caos» y obligaría a la comunidad internacional a pedir negociaciones –cosa que ya ha hecho Bruselas este lunes con su llamada al «diálogo»-. Pese a todo, la entidad concluye que «el impulso de independencia de Cataluña no se desvanecerá en un futuro próximo y la fricción entre Madrid y Barcelona persistirá».

Impacto en Cataluña y en España

Por último, mucho se ha hablado de las posibles consecuencias que tendría la independencia para Cataluña, con caídas del PIB que oscilarían entre el 15% y el 30%, según las diferentes estimaciones realizadas al efecto, pero también sería traumático para el conjunto de España.

Cataluña representa el 19% del PIB español y es una de las regiones más ricas del país, con una población próxima a 7,5 millones de personas. El plan inicial de los secesionistas, en ausencia de negociación alguna con el Gobierno, es no asumir la deuda pública que le correspondería en caso de ruptura, unos 200.000 millones de euros, al tiempo que la Generalidad se apropiaría de los activos que posee el Estado en Cataluña. Bajo esa hipótesis, la deuda pública de España se dispararía del 99% al 120% del PIB, sin contar los demás efectos fiscales y económicos que produciría la secesión.

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Asalto, robos y ataques de ansiedad en un Caprabo en Barcelona

Tensión entre los comerciantes que han osado abrir sus negocios el día de la huelga convocada por los independentistas. Una horda de manifestantes ha entrado por la fuerza a un establecimiento de la enseña Caprabo en la Gran Vía de Barcelona para obligar a sus dueños a cerrar el local.

Los radicales portaban banderas de CNT, y tal y como ha relatado la responsable del local a Libre Mercado, han «echado a los clientes» de la tienda. «¡Venga fuera!», les han dicho a los que se encontraban comprando en esos momentos. «No les han dejado ni pagar», cuenta la afectada. Se han marchado «todos», hasta un «inglés que decía que él no tenía nada que ver».

El calvario de los presentes no acaba aquí. «Nos han tirado una botella con algún producto dentro y nos han pintado la fachada», denuncia. Los exaltados no se han conformado con forzar el cierre del negocio, y también han aprovechado para robar algunos productos de la tienda. «Se han llevado cosas. Es muy difícil saber el qué, pero ha sido en la zona de chicles y comida preparada», añade.

Pero el momento de mayor tensión se ha vivido cuando la multitud ha empezado a insultar a algunas de las empleadas del establecimiento. «Las han visto con el uniforme y se han empezado a meter con ellas, tanto que a una le ha dado un ataque de ansiedad. Las he mandado a casa, y he tenido que cerrar», narra la responsable. «Ahora estamos aquí tres personas con el cierre echado», asegura.

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Los fiscales lamentan la alineación política de los mandos de los Mossos

La organización señala en un comunicado este martes que no se debe «criminalizar a todo el cuerpo tras su intervención durante la jornada del pseudo-referéndum organizado por las instituciones catalanas» el pasado domingo, si bien lamenta que sus altos cargos no cumplieran con los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Un día después de que se pronunciaran otras asociaciones de fiscales, UPF recuerda en el mismo sentido que «el Estado de Derecho implica también el escrupuloso cumplimiento de los mandatos emanados por las autoridades judiciales en cuanto garantes de esa legalidad». Por ello, consideran que en el caso de los Mossos como policía judicial que son, «la quiebra de confianza generada resulta desoladora».

Para los fiscales progresistas el pasado 1 de octubre «ha sido, sin duda, uno de los días más tristes y dolorosos de la historia reciente de nuestro país», por lo que a su juicio la respuesta debe ser «serena y sosegada».

Añaden no obstante que los hechos del pasado 1 de octubre no han hecho sino revelar la continuidad del Govern de la Generalitat en su «escalada de desprecio» a las normas más básicas de convivencia democrática.

Sujección a las leyes

Partiendo de que el Estado de Derecho es condición indispensable de una verdadera democracia, la UPF recuerda que «las leyes que dejan de ser acordes con un sentir social determinado no se incumplen o desobedecen, sino que se modifican por los procedimientos también legales conforme a las mayorías parlamentarias surgidas legítimamente de las urnas».

Por otro lado, estos fiscales lamentan «la absoluta falta de respuesta política ante los acontecimientos acaecidos en Cataluña, trasladando buena parte de la responsabilidad de su resolución al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial»

Para la UPF los problemas políticos deben abordarse con responsabilidad institucional, diálogo y soluciones políticas que hubiesen evitado la situación límite en la que desgraciadamente nos encontramos tras la deriva secesionista.

Finalmente, advierten que la fractura social que se vive en Cataluña también la experimentan los fiscales que ejercen en esa comunidad autónoma «bajo una tremenda presión» Por ello, UPF les muestra su «apoyo y admiración, por su compromiso y por su defensa -ahora y siempre- de la legalidad, del interés social y, por encima de todo, del Estado Social y Democrático de Derecho».

La fiscalía estudia actuar ante la expulsión de policías

La Fiscalía General del Estado ha recibido información sobre la expulsión de hoteles de Cataluña de centenares de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han participado en el dispositivo para evitar el referéndum ilegal de este domingo.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que esta información se está analizando para ver si procede iniciar actuaciones, si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos.

Desde el lunes, varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que estaban en ellos a que abandonen sus instalaciones tras su actuación contra la consulta del 1-O.

Un grupo de personas estuvo este lunes a las puertas de uno de los hoteles de Calella para protestar por las cargas policiales durante la jornada del domingo e increpó a los agentes, al tiempo que pedía a la dirección del establecimiento que dejara de alojarlos.

La Fiscalía estudiará si es cierta la información publicada en varios medios de comunicación, en el sentido de que fue la propia alcaldesa de Calella, perteneciente al PDeCAT, quien llamó a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que si no echaban a los agentes, paralizaría la concesión de licencias de reforma pendientes. Los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) llevan días alojados en establecimientos hoteleros de este municipio sin que se hayan producido incidentes.

Los sindicatos policiales reclaman medidas urgentes

Todos los sindicatos de la Policía Nacional han realizado una nueva llamada ante el Ministerio del Interior para que «ataje de inmediato» el acoso que sufren los agentes desplazados a Cataluña en el dispositivo para frenar la independencia, avisando de que, de no ser así, exigirán dimisiones del director general del Cuerpo, Germán López, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En un comunicado, SUP, CEP, UFP, SPP y ASP critican los «ataques, acoso, persecución y señalamiento» en una campaña «simultánea» en la que se han elegido objetivos como hoteles y comisarías para «poner en el centro de la presión de determinado sector social a quienes se han limitado a cumplir con la legalidad durante el 1-O, por orden judicial».

«Esta práctica, de extrema gravedad en una democracia y propia de dictaduras fascistas, descansa en el acoso personal a los agentes». Por eso piden a Zoido que «ataje de inmediato con todas las medidas legales, logísticas, políticas o de cualquier tipo que pongan fin a estas prácticas mafiosas». «Ya es hora de que deje de escurrir el bulto», le dicen al ministro.

Los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía insisten en que se debe actuar contra los Mossos d’Esquadra por su «equidistancia y aversión al cumplimiento de sus obligaciones legales». Por este motivo, insisten en que se deben anular los acuerdos de la Junta de Seguridad del 10 de julio para frenar la integración de la policía catalana en la mesa de evaluación de la amenaza antiterrorista o en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Ocho juzgados estudian la actuación de los Mossos

También quieren que se le retire las condecoraciones otorgadas a mossos y «en lo sucesivo se evite otorgarles» este tipo de reconocimientos. Los sindicatos recuerdan que ocho juzgados investigan «la no actuación de los mossos», por lo que insisten en su petición de retirarle las competencias como policía integral, abriendo un debate sobe el modelo de seguridad pública.

Para los sindicatos, los hechos ocurridos estos días obligan al Gobierno a «eliminar de una vez por todas las escandalosas diferencias salariales que padecen los policías nacionales» con respecto a los Mossos. «Es una obligación democrática», advierten, insistiendo en su alerta de que hay una campaña en marcha para «dinamitar el marco de convivencia».

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El Gobierno ordena devolver a las eléctricas los pagos por el bono social en 2015 y 2016

Con esta información que se publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), Energía da cumplimiento a las distintas sentencias y autos que han dado la razón a las eléctricas sobre la forma en la que se ha financiado esta ayuda, cuyo coste ha rondado los 200 millones de euros anuales.

De ese importe, cada eléctrica tenía que abonar una cantidad en función de su cuota de mercado. Así, en 2016, a Endesa le correspondió el 41%; a Iberdrola, el 37,9% y a Gas Natural, el 14,7%, mientras que en 2015 los porcentajes de reparto fueron similares. En octubre de 2016, el Tribunal Supremo anuló este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que debían pagarlo.

En la resolución del Ministerio de Energía, publicada hoy por el BOE, se ordena el pago de las cantidades abonadas en concepto de bono social en 2015 y 2016 por las comercializadoras de electricidad, a lo que se añadirá «los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro».

Los pagos «se realizarán con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones», añade la orden. La Secretaría de Estado de Energía dará traslado de esta orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como órgano encargado de las liquidaciones, a fin de que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores.

La CNMC deberá enviar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la información sobre las liquidaciones que se realicen. Contra este acto, no cabe la interposición de recurso alguno.

¿Qué es el bono social eléctrico?

El bono social eléctrico supone un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de la factura y de él se benefician determinados colectivos vulnerables, como hogares con un potencia contratada inferior a 3 kilovatios, familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados con la pensión mínima.

Tras la sentencia del Supremo, el Ministerio de Energía ha venido trabajando en un nuevo modelo de bono social, con un nuevo sistema de financiación, que se va a aprobar, según ha anunciado el titular de este departamento, Álvaro Nadal, se aprobará en una pocas semanas.

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La falta de personal cualificado es el principal problema de empleo de las empresas

En 2011, era una cuestión que inquietaba al 3,2% de los empresarios. En 2016, ya preocupaba al 11%. Es más, la falta de trabajadores cualificados es ya el cuarto problema que tienen las empresas españolas para crecer. Los tres primeros son: encontrar clientes, la competencia y los costes laborales de producción.

Así se desprende del avance del estudio sobre ‘Formación, talento y empleo’, que está elaborando el Instituto de la Empresa Familiar y que ha presentado hoy en Toledo, en el congreso del vigésimo quinto aniversario del Instituto.

Según el informe, las principales dificultades para encontrar personal cualificado están en la falta de experiencia laboral: «A la hora de contratar, los empresarios buscan gente que le resuelva los problemas», dijo Juan Corona, director general del IEF. Esta es la cualidad principal que el 69% de los empresarios requiere del nuevo empleado.

Por debajo de ese porcentaje, el 58% de las compañías exige personal que tenga claro los objetivos que hay que conseguir, y el 57% demanda empleados que sepan trabajar en equipo.

Baja formación de los jóvenes

En este contexto, Corona vinculó la falta de personal cualificado con los bajos niveles de formación de los jóvenes. El 35% de quienes tienen entre 25 y 35 años no tienen ni el bachillerato ni formación profesional. Es un nivel muy superior a la media del 16% de la OCDE.

Es más, el informe señala que los países que tienen pocos estudiantes de formación profesional, como España e Italia, tienen tasas de paro juvenil mucho más elevadas que los que tienen modelos mucho más potentes, como Alemania, Austria y Dinamarca.

La tasa de paro juvenil de los primeros ronda el 40% de la población activa de estos trabajadores, mientras que la de los segundos está entre el 8% y el 15%. Paradójicamente, según el informe España tiene 1,5 millones de universitarios, frente a los 700.000 alumnos matriculados en formación profesional.

También es verdad que a mayor nivel de estudios más elevada es la tasa de actividad. Es decir de quienes trabajan o están buscándolo por todos los medios.

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La huelga paraliza transportes y comercios

La protesta del 3-O está funcionando masivamente en transportes, comercios pequeños y otros puntos (corte de carreteras, puertos, etcétera), tiene nula o poca trascendencia en grandes fábricas (como Seat) y de momento no conoce incidentes graves, aunque los bomberos y los Mossos han tenido que rodear la sede del PP, literalmente rodeada de manifestantes. De momento: la Policía Nacional y Guardia Civil estarán en Cataluña de manera indefinida. Zoido ha acudido de hecho a Cataluña, dos días después de los graves episodios que han dado la vuelta al mundo.

El pequeño comercio estaría cerrando en un muy alto porcentaje, según las agencias y las informaciones recabadas hasta ahora. La mayoría de los comercios del centro de la ciudad de Barcelona han amanecido cerrados este martes. Los quioscos de La Rambla, panaderías históricas y tiendas que abren todos los días del año, han decidido bajar la persiana, según Europa Press, mientras que algunas cafeterías de grandes cadenas sí han abierto y se han llenado de ciudadanos de a pie, turistas y trabajadores de la construcción que paraban para desayunar.

Otras cadenas como Desigual o Mango, o tiendas de souvenirs, han decidido levantar la persiana, si bien la afluencia de público era escasa. En la televisión se han visto grupos de piquetes (sobre todo del minoritario CGT) acudir a tiendas de la estación de AVE de Barcelona Sants.

El transporte público funciona con servicios mínimos en Barcelona en hora punta (entre las 06:30 y 09:30 horas y entre las 17:00 y 18:00 horas). Durante el resto de la jornada la movilidad no está garantizada. En Tarragona se ha suspendido el servicio de autobús municipal, según ha informado la presidenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Begoña Floria, a través de Twitter.

Sectores en los que se espera que la huelga masiva, además de los transportes y el pequeño comercio: la agricultura, los puertos y la estiba, el sector químico. Parece que de momento se cumplen las previsiones de los convocantes.

Los jueces no secundan el paro. Según varias informaciones de agencias y propias, los magistrados y en general funcionarios que trabajan en los juzgados catalanes no han secundado el paro general convocado para este martes por la Taula per la Democràcia. De acuerdo con el TSJC, ninguno de los casi 700 jueces del territorio catalán ha comunicado a la sala de gobierno de este tribunal su intención de no ir a trabajar este martes. El paro general sí que ha provocado que algunos jueces no hayan podido llegar a la hora a sus respectivos juzgados, y también se prevé que algunos juicios previstos para que se celebren este martes tendrán que ser suspendidos por causas ajenas a la magistratura.

Tampoco secundan el paro las grandes fábricas como Seat.

Las carreteras sí notan el impacto de la protesta. Un total de 47 carreteras cortadas en la comunidad a las 11:30 horas, según el Servei Català de Trànsit, además de 3 retenciones y 2 marchas lentas.

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Stuart crece con fuerza frente a Deliveroo, Glovo y UberEats, pagando más a los conductores y cobrando menos. ¿Cómo lo hace?

Buena parte de la actividad universitaria está paralizada en Cataluña este martes por decisión exclusiva de los rectores de los principales centros catalanes.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica (UPC) aplicaron una suerte de lock out como protesta por “la violencia ejercida el 1 de octubre por la Guardia Civil y la Policía Nacional contra los ciudadanos de Cataluña”, según el comunicado difundido por la UPC.

También paraliza la actividad y cierra todos sus centros la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Por su parte, UAB remarca de que no hay ninguna actividad académica, aunque “el personal podrá decidir libremente su asistencia o no al puesto de trabajo» a pesar del cierre decretado por su rector.

Las también públicas Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Universitat de Girona (UDGI) y la Universitat de Lleida (UDLl) sólo secundan paros para este martes. La UDLI suspendió el acto de investidura de honoris causa al misionero Angel Olarán, previsto para el próximo jueves 5 de octubre.

economiadigital.com

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Las mayores universidades de Cataluña paralizan la actividad por orden de los rectores, que imponen la «huelga general» en los centros

Buena parte de la actividad universitaria está paralizada en Cataluña este martes por decisión exclusiva de los rectores de los principales centros catalanes.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica (UPC) aplicaron una suerte de lock out como protesta por “la violencia ejercida el 1 de octubre por la Guardia Civil y la Policía Nacional contra los ciudadanos de Cataluña”, según el comunicado difundido por la UPC.

También paraliza la actividad y cierra todos sus centros la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Por su parte, UAB remarca de que no hay ninguna actividad académica, aunque “el personal podrá decidir libremente su asistencia o no al puesto de trabajo» a pesar del cierre decretado por su rector.

Las también públicas Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Universitat de Girona (UDGI) y la Universitat de Lleida (UDLl) sólo secundan paros para este martes. La UDLI suspendió el acto de investidura de honoris causa al misionero Angel Olarán, previsto para el próximo jueves 5 de octubre.

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Telepizza negocia una alianza con el gigante propietario de Pizza Hut

Ganar peso internacional para el desarrollo de la marca y competir mano a mano con los líderes mundiales de la resturación. Ese es el objetivo por el que la cadena española Telepizza, la mayor empresa de reparto de pizza a domicilio fuera de Estados Unidos, está negociando una gran alianza corporativa con Yum!, el gigante norteamericano propietario de Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken y Taco Bell.

Tras la segregación de su negocio en China, Yum! cerró el último ejercicio con una facturación de 6.400 millones de dólares (5.387 millones de euros), tiene 43.500 restaurantes en 135 países y suma una plantilla de cerca de 90.000 trabajadores. La empresa, que se creó en 1997 con el nombre de Tricon Global Restaurants -nació a partir de la escisión en el grupo PepsiCo de su división de comida rápida- es hoy la mayor del mundo de su sector por número de establecimientos y abre a Telepizza una gran vía de crecimiento internacional.

La cadena que preside Pablo Juantegui cerró el último ejercicio con una facturación de 339 millones de euros y tiene 1.440 restaurantes repartidos en 19 países. La facturación total de la cadena, que incluye tanto la venta de las tiendas propias, como la de las franquiciados, se elevó el año pasado a 517 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 5,1%.

Estrategia de crecimiento

La compañía española admitió ayer en un comunicado a elEconomista que «la estrategia de crecimiento es una apuesta corporativa de Telepizza, por lo que constantemente estamos buscando oportunidades y analizamos posibles alianzas con el objetivo de impactar positivamente en nuestros clientes, franquiciados, empleados y accionistas».

Fuentes externas consultadas por este periódico apuntan que es una operación corporativa que contaría ya con el asesoramiento de UBS y Bank of America, además del despacho de abogados Linklaters. Se trataría así de las mismas firmas con las que contó Telepizza para su vuelta a la bolsa española en 2016.

Estas fuentes no descartan que la alianza pueda ir incluso más allá y que pudiera haber una posible entrada de Yum! en el capital de Telepizza, algo que la española parece descartar en este momento. El mayor accionista de Telepizza es el fondo KKR, con el 20,4% del capital, seguido de Fidelity con el 5%.

Valoraciones

Al cierre ayer de la bolsa, Yum!, que cotiza en Nueva York, sumaba una capitalización de 25.506 millones de dólares (unos 21.600 millones de euros). Telepizza, por su parte, tiene un valor en el mercado de 497 millones. En el último año la cadena se ha revalorizado un 9,19%, pero ha perdido un 36,4% desde su regreso al parqué en abril de 2016.

Aunque de dimensiones mucho mayores, la estrategia de crecimiento de Yum! es muy similar, en cualquier caso, a la de la cadena española. El gigante con sede en Louisville (Kentucky, Estados Unidos), encara su crecimiento fundamentalmente con tiendas franquiciadas. De hecho, el 75% de sus restaurantes en todo el mundo operan bajo está fórmula y la idea de su consejero delegado, Greg Creed, pasa por seguir potenciándola.

En la misma línea también, Telepizza tiene 971 locales franquiciados o en régimen de masterfranquicia, el 67% del total, frente a los 469 locales propios.

Crecimiento

La compañía cuenta con un total de 687 establecimientos en el mercado español, pero el equipo directivo que encabeza Juantegui ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión internacional. En este sentido, el primer semestre del presente ejercicio ha sido especialmente fructífero en nuevas aperturas tanto a nivel nacional como en el exterior.

En este periodo se han abierto así 51 locales, 19 de los cuales se han instalado en los cuatro nuevos países con presencia de la marca: República Checa, Paraguay, Irán y Reino Unido. Actualmente, la empresa cuenta con fábricas propias en seis países (España, Portugal, Polonia, chile, Colombia y Perú), así como como con fábricas con máster franquicias en otros seis territorios: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Centro América, Rusia, Bolivia y Ángola; al margen de almacenes de socios en Ecuador y Polonia.

Juantegui ha manifestado en distintas ocasiones que la empresa mantiene una fuerte «apuesta por la internacionalización», especialmente en las regiones de Europa y América Latina. De hecho, las ventas internacionales ya representa un 35% sobre el total del grupo. En la misma línea también, el equipo directivo está potenciando la digitalización del grupo y la venta a través de Internet como vía de crecimiento.

eleconomista.com


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