El nuevo gel hidroalcohólico en spray de Mercadona que arrasa entre los clientes

En los establecimientos de Mercadona encontramos una multitud de productos para combatir el coronavirus: geles hidroalcóholicos, mascarillas, guantes o productos de limpieza del hogar… Pero, este jueves, la compañía de supermercados lanzó un nuevo producto para hacer frente al virus. Se trata de una nueva loción hidroalcohólica para manos en formato spray.ADVERTISING

Una de las recomendaciones para prevenir la propagación del virus es el lavado constante de manos, lo que ha aumentado el uso de lociones hidroalcohólicas desinfectantes. Así, para seguir el consejo es conveniente llevar un bote degel hidroalcohólico en el bolso o mochila para cuando no se pueden lavar las manos con agua y jabón. Esta nueva opción de Mercadona permite un lavado de manos más seguro y cómodo que un gel tradicional.

La comparativa de serúms de ácido hialurónico del Black Friday de Amazon y Mercadona.

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El formato en spray resulta más cómodo, ya que en este caso el orificio del bote no se obstruye con los resto de productos como ocurre con los geles tradicionales. Además, de esta forma tampoco viertes en tu mano más cantidad de producto de la necesitada, un método que te servirá para ahorrar en gel y, también, es más rápido al no tener que esperar a que las manos absorban el gel. Por todas sus ventajas frente al gel, el nuevo producto ya arrasa en los estantes de las tiendas de Mercadona donde venden más de 7.000 unidades al día de gel hidroalcohólico en spray.

Según indica Mercadona en nota de prensa, el Proveedor Totaler Igepak, especialista en productos en aerosol, es el responsable de elaborar la nueva loción hidroalcohólica de Mercadona que proporciona una loción hidroalcohólica con un 80% de alcohol para la limpieza de las manos sin aclarado, con aloe vera y glicerina, en sus instalaciones de la localidad de Usurbil (Gipuzkoa).

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El BdE avisa: España está más expuesta que el resto de la UE ante un Brexit duro

Hay que llegar a un pacto lo antes posible. El Banco de España considera necesario que el Gobierno alcance un acuerdo comercial con Reino Unido «con la mayor brevedad posible» ante «la fuerte caída de la actividad y la elevada incertidumbre resultantes de la crisis sanitaria». En un artículo analítico publicado este viernes, el supervisor bancario avisa de que, «cualquiera que sea la modalidad final del Brexit, sus efectos económicos serán significativos sobre la economía del Reino Unido», pero también sobre la del área euro y, en particular, sobre España.ADVERTISING

En este sentido, recuerda que la economía española está mucho más expuesta al Reino Unido que otras grandes economías del área euro, «en términos tanto comerciales como financieros». A ello se suma que la salida de Reino unido de la UE se produce en un contexto de «debilidad económica significativa» inducida por la Covid-19. 

El primer ministro británico, Boris Johnson, llegando a Downing Street en imagen de archivo

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La evolución de la pandemia podría limitar potencialmente la respuesta de las políticas económicas a la perturbación del brexit, «en un contexto en el que el despliegue, en términos monetarios y fiscales, está siendo muy considerable», añade el Banco de España. Según las previsiones de Consensus Economics de noviembre, se espera que la economía del Reino Unido caiga un 11% en 2020, mientras que la Comisión Europea cifra esa contracción en el 10,3%, 2,5 puntos porcentuales más severa que en el área del euro, apunta.

La finalización, el 31 de diciembre de 2020, del período transitorio previsto en el Acuerdo de Salida supone la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, un periodo que se ha dilatado más de cuatro años y medio y que pone fin a 48 años de integración. Según el Banco de España, de no producirse un acuerdo antes del 1 de enero de 2021, las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE pasarían a regirse por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto implicaría la introducción de aranceles de «nación más favorecida», esto es, aquellos que los países miembros de la OMC imponen a las importaciones de bienes de otros miembros con los que no tienen un acuerdo comercial preferencial. Además, la ausencia de disposiciones relacionadas con el comercio de servicios «constituiría un elemento añadido de incertidumbre», dada la importancia de las exportaciones de servicios en las relaciones Reino Unido-UE y la inminente pérdida del «pasaporte» de servicios financieros al final del período de transición. 

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La presión fiscal en España se elevó tres veces más que en el resto de la OCDE

La presión fiscal española, que relaciona el peso de los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social con el tamaño de la economía del país, se situó en 2019 en el 34,6%, en línea con el año anterior, superando así la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que bajó al 33,8% desde el 33,9% del PIB del ‘Club de los países ricos’, su primer retroceso en una década.ADVERTISING

A pesar de superar la media de la OCDE, España se situó en vigésima posición entre los 35 países de la organización cuyos datos estaban disponibles, entre los que Dinamarca registró la mayor presión fiscal, con un 46,3%, frente al mínimo establecido por México, con el 16,5%. En comparación con el año 2000, la presión fiscal en España se ha incrementado en 1,5 puntos porcentuales, tres veces más que en el conjunto de la OCDE, según recoge Europa Press. 

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Por otro lado, tomando como referencia el ejercicio 2018, la OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales del país correspondió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 33,9%, frente a la media del 25,7% de la OCDE, mientras que los impuestos sobre la renta de las personas físicas supusieron el 22,2%, frente al 23,5% de media en la organización. En el caso del impuesto de sociedades, el peso de este tributo en la recaudación fiscal de España fue del 7,1%, frente al 10% de media de la OCDE, mientras que la contribución de los impuestos sobre la propiedad en España representó el 7,3% de los ingresos, frente al 5,6% de la media en la OCDE. De su lado, la aportación del IVA se situó en el 19% en España, por debajo del 20,4% de la organización internacional y el peso de los demás impuestos sobre el consumo fue del 10,5%, frente al 12,3% de la media. 

Dinamarca y México, los extremos 

A nivel global, la OCDE destaca que la presión fiscal entre las economías avanzadas se redujo el año pasado en una décima, registrando así su primer retroceso desde 2009 y advierte de que «se espera un descenso mucho mayor de la recaudación en 2020» por el impacto de la pandemia en la actividad económica y en los ingresos por impuestos al consumo. En 2019, el mayor incremento de la presión fiscal entre los países de la OCDE correspondió a Dinamarca, con un alza de dos puntos porcentuales, hasta el 46,3% del PIB, lo que llevó al país escandinavo a ocupar el primer puesto de la organización, por delante del 45,4% de Francia y del 42,9% de Bélgica y Suecia.

Por el contrario, la reducción más intensa de la presión fiscal en 2019 se registró en Hungría, con un recorte de 1,7 puntos porcentuales, hasta el 35,8%. No obstante, los países con menor peso de los impuestos y contribuciones respecto del PIB fueron México, con un 16,5%, Colombia (19,7%) y Chile (20,7%). Los datos de la OCDE muestran que los impuestos sobre las empresas han seguido aumentando su peso, del 9,2% del total de los ingresos fiscales en promedio en 2014 al 10,0% en 2018, aunque aún están por debajo del máximo del 11,5% registrado en 2007 y se espera que volverá a caer como resultado de la crisis actual.

Pablo Casado PP DAVID MUDARRA (PP) 3/11/2020

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En 2018, los ingresos medios por impuestos sobre bienes y servicios disminuyeron en los países de la OCDE, ya que, aunque los ingresos por IVA se mantuvieron estables en el 20,4% de la recaudación total, los ingresos por impuestos especiales cayeron 0,4 puntos porcentuales hasta el 7,2%. En este sentido, la OCDE advierte de que es probable que la crisis de la Covid-19 «afecte significativamente los ingresos fiscales en 2020», especialmente los impuestos al consumo, debido a la fuerte caída de la actividad económica y del consumo tras los confinamientos y el cierre forzoso de muchas empresas.

«Desde la crisis financiera mundial de 2008, hemos visto una tendencia constante de aumento de los ingresos fiscales en la OCDE, que han disminuido ligeramente en 2019 por primera vez», dijo Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política Fiscal y Administración de la OCDE. «Esperamos ver disminuciones mucho más pronunciadas el próximo año cuando el impacto de la Covid-19 comience a ser más evidente», añadió.

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Pfizer se encargará de llevar la vacuna en México congelada hasta el punto de vacunación

Los 34,4 millones de vacunas contra la covid-19 que México recibirá de Pfizer serán custodiadas por la farmacéutica hasta el punto de vacunación, con lo que la empresa resolverá las dificultades para mantenerlas ultracongeladas, explicó este jueves la subsecretaria de la Cancillería mexicana, Martha Delgado.ADVERTISING

«Fue una negociación de la Cancillería para que, por la cadena de ultracongelación de -70 grados, la custodia la tenga Pfizer hasta el punto de vacunación. Y el sector salud está en posición ahí de manejarlo», reveló en una entrevista con Efe la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las autoridades mexicanas habían mostrado sus reservas con la vacuna estadounidense por las dificultades logísticas que presentaba, principalmente en cuanto a la temperatura de mantenimiento, pero este miércoles anunciaron un acuerdo para la adquisición de 34,4 millones de dosis de esta fórmula.

Esa vacuna será la primera en aplicarse en México, a finales de diciembre, una vez la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dé el visto bueno, como ya han hecho las autoridades sanitarias de Reino Unido y muy probablemente lo hagan las de Estados Unidos la próxima semana.

El primer lote, de 250.000 dosis, «irá llegando desde el mes de diciembre», aclaró Delgado, y se aplicará en principio a 250.000 personas del sector salud, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La segunda dosis para estos primeros vacunados -la fórmula de Pfizer consta de dos aplicaciones- llegará «tres semanas después».

VACUNAS A UN BUEN PRECIO

«No es una vacuna (la de Pfizer) de las más caras que yo veo en el mercado. Al contrario, es un precio medio, buen precio. Y para México hemos conseguido también yo creo varias negociaciones que son interesantes en términos del trato económico y del anticipo», consideró Delgado, sin dar las cifras exactas.

La vacuna británica de AstraZeneca, con la que México también tiene un acuerdo al igual que con la china CanSino, tiene un precio público de «cuatro dólares la dosis» sin contar «los procedimientos adicionales que necesita», lo que la convierte en «una de las más asequibles».

Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de CanSino se envasarán en México, por lo que la Cancillería ha empezado un «proceso paralelo» para la importación de los antígenos necesarios.

«AstraZeneca va a empezar a entregar más o menos en marzo o abril para México y va a estar entregando vacunas hasta seis meses después», detalló Delgado.

MILLONES DE VACUNAS A PARTIR DE ENERO

«Las dosis (de Pfizer) empiezan a llegar ya en cantidades de millones en los meses de enero, febrero y marzo, y abril, mayo, junio y julio. Que no se crea (la gente) que todo llega en un periodo de tiempo corto», aclaró la subsecretaria.

México cerró este miércoles un convenio con la farmacéutica estadounidense para adquirir 34,4 millones de dosis, un número que permitirá «ponerse vacunas a hasta 17 millones de mexicanos» a partir de este primer lote de diciembre.

«México accede de manera temprana (a la vacuna) pero eso no quiere decir que va a tener sus vacunas de una vez por todas. Ni ningún país en el mundo. Todos nos vamos a tardar meses en este proceso, meses, meses y meses», insistió.

El país todavía no ha presentado su plan de vacunación, donde detallará los colectivos que la van a recibir y en qué fechas, algo que la Secretaría de Salud dará a conocer el próximo martes.

ADICIONAL AL MECANISMO COVAX

Además de los convenios con Pfizer, AstraZeneca y CanSino, México también se adscribió y fue uno de los principales impulsores del mecanismo Covax, la plataforma de la OMS para garantizar el acceso equitativo a vacunas contra la covid para todos los países.

Sobre si la Secretaría de Relaciones Exteriores está obviando ese acuerdo, para el que México ya ha pagado anticipos, y está buscando las vacunas por otro lado, Delgado explicó que el mecanismo «no ofrece a ningún país más del 20% de su población en vacunas y eso no es suficiente para ninguno».

El Gobierno de México quiere vacunar de forma gratuita a toda su población, de 130 millones de habitantes.

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Militares en activo conocían las cartas al Rey, pero no les dieron importancia

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado este jueves a su nuevo equipo para los próximos cuatro años, formado al completo por primera vez en la historia del país por mujeres, según informa Europa Press.

«Hoy anuncié a Tina Flournoy como mi jefa de personal, Rohini Kosoglu como mi asesora de Política Nacional y Nancy McEldowney como mi asesora de Seguridad Nacional», ha anunciado a través de su cuenta de Twitter.

«Junto con el resto de mi equipo, las personas designadas hoy trabajarán para mantener este virus bajo control, abrir nuestra economía de manera responsable y promover el liderazgo de nuestro país en todo el mundo», ha detallado Harris más adelante en un comunicado.

Los nuevos nombramientos de Harris van en consonancia con el camino marcado por la próxima Administración del presidente electo, Joe Biden, quien días antes ya anunció que su equipo de comunicación estaría formado, también por primera vez en la historia de Estados Unidos, sólo por mujeres.

Biden y Harris ya han explicado que todas estas designaciones van encaminadas a la construcción de una Administración «que se parezca a Estados Unidos», y en la que se vean representados todos los sectores de la sociedad estadounidense, a diferencia de la Administración de Donald Trump y Mike Pence, cuyos equipos están formados mayoritariamente por hombres blancos.

Si bien la presencia femenina es amplia en esta Administración, pues a todos estos nombres se suman el de Janet Yellen, como nueva secretaria del Tesoro, o el de Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional, desde algunos sectores del Partido Demócrata han surgido ciertas críticas acerca de la falta de nombramientos entre los representantes de la comunidad latina y afroamericana.

EQUIPO DE VICEPRESIDENCIA

Tina Flournoy será la nueva jefa de personal de Harris, tras haber estado desempeñando hasta ahora esa misma función para el expresidente Bill Clinton (1993-2001). Con presencia en el Partido Demócrata desde hace 30 años, ha trabajado también para la Federación Estadounidense de Maestros, sindicato con más de 1,6 millones afiliados.Te puede interesar

Rohini Kosoglu, quien se desempeñará como asesora de Política Nacional, es asesora y «una de las asistentes más cercanas» de Harris en el Senado. Fue la primera mujer estadounidense de origen asiático en servir como jefa de personal en el Senado de Estados Unidos.

Nancy McEldowney, antigua embajadora de Estados Unidos en Bulgaria, se desempeñará como asesora de Seguridad Nacional. Ejerció varios cargos durante la Administración Clinton, como directora de Asuntos Europeos, o subsecretaria adjunta de Estado en la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos.

elperiodico

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El 78% de los españoles exigen más mano dura contra los infractores del covid

Casi ocho personas de cada 10, el 78,4%, quiere que se endurezcan las medidas impositivas, como sanciones o multas, si no se siguen las normas de protección contra la expansión de la pandemia de la covid-19. Exigen más manos dura contra los infractores que no se ponen la mascarilla o que se penalicen incumplimientos tan habituales como las salidas de fin de semana allí donde están prohibidas o la acumulaciones de gente aunque sea en espacios públicos. Así lo revela el segundo estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las consecuencias y efectos del coronavirus en la población española, elaborado entre el 23 y 26 de noviembre con entrevistas a 2.131 personas.

El 16% de los encuestados confía en que las personas cumplan voluntariamente con las medidas dictadas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. El estudio del CIS señala también que el 45,5% cree que la reacción de la mayoría de los españoles en la crisis ha sido ejemplar y se siente orgullosa de su país, frente a un 43,5% que se muestra en desacuerdo con esa afirmación.

Desescalada

Un 80,3% estima que, después de la desescalada inicial, muchas personas empezaron a saltarse las normas y solo un 36,6% cree que, cuando termine la pandemia, las cosas volverán a ser más o menos como antes, frente a un 55,6%, que está en desacuerdo con esa pregunta.

Respecto al estado de alarma, aprobado en octubre por el Congreso, el 38,2% de los encuestados está bastante de acuerdo con la medida y un 19% muy de acuerdo, mientras que nada de acuerdo se manifiesta el 18,3% y poco de acuerdo el 16,9%.

El CIS ha preguntado asimismo por si se debería dictar un estado de aislamiento y reclusión en las casas, lo que es rechazado por el 63,1% y respaldado por el 27%. El 62,4% opina que el sector de la población más indisciplinado es el de los jóvenes y el 46,8% de los encuestados se muestra muy preocupado por las personas mayores ante la pandemia y un 44,4%, muy preocupado. Esa preocupación es en el 38,8% de los casos por la posibilidad de que enfermen, un 23,6% por su aislamiento y soledad y un 10%, por las restricciones de sus contactos sociales.

Reticentes a vacunarse

La encuesta del CIS muestra ciertas reticencias en la población española ante la vacuna del covid-19. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, más de la mitad (un 55,2%) prefiere esperar a ver los efectos secundarios antes de inyectársela, y solo uno de cada tres (un 32,5%) afirma estar dispuesto a ponérsela en cuanto esté disponible. Así lo revela la encuesta ‘Efectos y consecuencias del coronavirus (II)’, que señala que solo el 8,4 % de los encuestados no quiere vacunarse en ningún caso. 

La mayoría de los entrevistados, un 82,9%, asegura haberse informado sobre los avances de este fármaco, que se inyectarían de forma inmediata el 32,5%, cuando en el barómetro de septiembre eran el 44,4%, en el de octubre el 40,2% y en el de noviembre -realizado entre los días 3 y 12-, el 36,8%. 

No obstante, el porcentaje aumenta al 37,9% si se lo recomendara su médico por su historia clínica o por miedo a contagiar a algún familiar cercano, mientras que el 16,7% mantiene su negativa rotunda aun incluso en estos casos. 

elperiodico

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España es uno de los países europeos con menos contagios en una segunda ola a distintas velocidades

España encajó el golpe de la segunda ola antes que el resto de Europa y es ahora uno de los países con menor incidencia de casos del Viejo Continente. Notifica casi los mismos contagios que Francia o Alemania, alrededor de 300 por 100.000 habitantes; menos que el Reino Unido, Bélgica o República Checa. Además está lejos de los países de la Unión Europea con peores incidencias, como Italia, Polonia, Suecia y Portugal, por encima de los 650 casos por 100.000 habitantes. El dato de España confirma la caída de casos en todas las comunidades, una situación que ya se nota en los ingresos hospitalarios.

Este escenario, sin embargo, es todavía precario. España es uno de los países europeos con mayor exceso de muertes desde julio y sigue notificando el doble de fallecidos por covid por habitante que Alemania. Además la ocupación de las UCI (25%) está en riesgo extremo y los contagios que reportan la mayoría de comunidades las sitúa en riesgo alto, según el umbral del Ministerio de Sanidad. Ese es el umbral -250 casos por 100.00 habitantes- del que España bajó este jueves según el ministerio, aunque es un dato que no puede ser comparado con el de otros países europeos: Sanidad cuenta los casos por fecha en la que se diagnostican, mientras que el Centro de Control de Enfermedades Europeo (ECDC) pide a los países que informen de los contagios que van conociendo (y que incluyen retrasos, diagnósticos viejos no notificados antes, etcétera). Según esa contabilidad (que es la que usamos en este artículo) la incidencia de España está en 299 casos por 100.000 habitantes, igualmente una de las más bajas de la UE. El ECDC sitúa en 150 casos notificados el umbral para salir de la zona de alerta roja.

En el resto de Europa, la mayoría de países están doblando sus curvas, pero las segundas olas han sido dispares. Todos los países parecen haber pasado su pico de contagios, aunque Portugal, Suecia, Polonia o Italia siguen por encima de 600 casos por 100.000 habitantes.

Una segunda ola a distintas velocidades

Ordenados por fecha del pico de contagios. Casos acumulados por 100.000 habitantes en 14 días,

por fecha de notificación.

Países Bajos

Irlanda

Bélgica

1.817

(1 nov)

2.000

Incidencia

actual

1.500

762

(3 nov)

1.000

Pico:

300 contagios

(27 oct)

500

82

409

280

0

S

O

N

D

S

O

N

D

S

O

N

D

España

República Checa

Francia

2.000

1.594

(5 nov)

1.500

988

(8 nov)

1.000

602

(7 nov)

500

542

299

267

0

S

O

N

D

S

O

N

D

S

O

N

D

Reino Unido

Polonia

Alemania

2.000

1.500

890

(17 nov)

1.000

505

(18 nov)

312

(21 nov)

500

634

343

302

0

S

O

N

D

S

O

N

D

S

O

N

D

Suecia

Portugal

Italia

2.000

1.500

803

(21 nov)

801

(21 nov)

669

(3 dic)

1.000

500

660

669

611

0

S

O

N

D

S

O

N

D

S

O

N

D

Fuente: ECDC y elaboración propia.

EL PAÍS

Bélgica (311 casos por 100.000) y República Checa (551) han sido las peor paradas, con más de 200 muertes por 100.000 habitantes en 14 días. España se ha situado en noviembre entre 80 y 100 (una cifra que se ha traducido en cerca de 300 muertes de media diaria) e Italia ya se sitúa por encima.

En las curvas de países como Francia o República Checa -que han subido rápido y caído en picado- se nota la aplicación de medidas muy estrictas para contener el virus. La curva de Alemania, por otra parte, se parece más a una meseta baja, pero larga, alrededor de los 300 casos por cada 1000.000 habitantes. Al no haber bajada, se han endurecido las medidas de cara a Navidad conscientes del riesgo de que los contagios se disparen. Ahora ronda las 40 muertes por 100.000 habitantes en 14 días, la mitad que España (aunque aquí la curva de fallecidos, que es la última en bajar después de las de contagios y la de hospitalizados, ya está en ligero descenso).

¿Por qué baja la curva de contagios?

En España la incidencia de 299 contagios por 100.000 habitantes llega un mes después del pico de 600 casos (registrado la semana del 9 de noviembre) y vuelve a niveles de finales de verano. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Algo que diferencia de forma la curva de España de la de la mayoría de países europeos es que empieza a subir lentamente ya a finales de julio. Si bien en primavera el crecimiento de la epidemia fue tan rápido como la caída tras el confinamiento estricto, en la segunda ola el aumento de casos ha sido más sostenido. “En España la segunda ola empezó antes y las medidas que se tomaron tuvieron un efecto”, confirma Alberto Infante, de la Escuela Nacional de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III. Pero la caída está siendo lenta: “Con medidas más duras, la caída se habría producido antes y la mortalidad sería menor”, añade.

Desde el verano los contagios fueron subiendo hasta comienzos de octubre, para luego dibujar otra joroba que alcanzó su pico a comienzos de noviembre. El virus golpeó el país de forma desigual: Cataluña evitó un pico en verano, pero el País Vasco llegó a la segunda ola a finales de agosto y Madrid tocó techo a finales de septiembre. Hasta hace un par de semanas todavía había comunidades donde crecía la curva (Asturias, Cantabria o Andalucía), aunque ahora baja en todas. También lo hacen los hospitalizados, quizás el mejor termómetro para medir la incidencia real de la pandemia.

Los expertos consultados no tienen una respuesta unánime para explicar la caída de la incidencia. Los factores son muchos y algunos de ellos solo se verán una vez haya pasado la pandemia y se puedan estudiar las consecuencias reales de cada medida: “Todo ha contribuido. Las restricciones sociales, como el toque de queda, los confinamientos perimetrales o el cierre de la restauración, y también la acción sostenida de diagnóstico precoz, rastreo y realización de pruebas diagnósticas”, expone Daniel López-Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Además, aunque de manera variable, hay más concienciación de que hay que tener cuidado”.

En la bajada de esta segunda ola también ha influido el uso de los test de antígenos, un arma que España y el resto de países europeos no tenían en la primera ola. Se utilizan sobre todo para reforzar la detección de infecciones activas (hasta hace pocos meses, solo se hacían PCR). Según López-Acuña, han sido un factor más: “Lo importante es tener capacidad diagnóstica, con PCR y test antigénicos cuando haya que usarlos”. Para Sonia Zúñiga, investigadora del grupo de covid CSIC, “es normal que usar más antígenos haya contribuido a bajar las curvas: se ha empezado a hacer test y aislar mucho más rápidamente, con la consecuencia de estar cortando muchas posibles cadenas de contagios”.

Donde ya se nota una tercera ola es en Estados Unidos, que tiene una incidencia de 700 casos por 100.000 personas en 14 días. Sus hospitales de momento siguen llenándose, aunque hay menos personas ingresadas que en España o Francia. En Europa, todavía no se ve un repunte que haga pensar en una nueva ola, pero los niveles de incidencia todavía son altos y obligan a no relajar las medidas.

elpais.com

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Encallan las negociaciones de los ‘riders’: los sindicatos no ceden y la patronal se radicaliza y se divide

Las negociaciones en torno al futuro de los riders han encallado en dique seco, tras la última reunión celebrada en la tarde del jueves entre Gobierno, sindicatos y patronal.

La reunión acabó «sin acuerdo, ni principio de acuerdo», con las posiciones totalmente alejadas entre todas las partes. Uno de los motivos es que la patronal ha acudido a la reunión dividida y se ha impuesto el criterio de las empresas más afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo sobre los riders, a los que el Alto Tribunal consideró falsos autónomos.ADVERTISING

El empresariado se encuentra en una pugna interna en torno a dos posiciones que confrontan en el asunto de los riders. Por un lado, están las empresas que que rechazan la condición de falso autónomo de estos trabajadores, y que no quieren cambiar su régimen laboral; estas son las plataformas digitales que no acatan la sentencia del Tribunal Supremo y que no quieren cambios sustanciales.

Por otro, están aquellas empresas que también están representadas en la patronal, pero que denuncian que la actividad de estas plataformas digitales y el régimen laboral al que someten a sus trabajadores incurren en una competencia desleal derivada del ahorro de los costes que supone que los riders desarrollen su actividad como autónomos.

Es este sector de la patronal más radicalizado es el que no acata la sentencia del Supremo, al entender que todavía no sienta jurisprudencia, va a ser recurrida y sólo se refiere a una empresa del sector, Glovo. En los últimos días ha ido ganando peso este sector dentro de un empresariado completamente dividido que todavía no ha alcanzado una posición lo suficientemente consensuada.

Trabajo quiere otra reunión el 17 de diciembre

Este jueves, la patronal habría pedido en la mesa de diálogo social sobre plataformas digitales que se mantenga el actual sistema con algunas correcciones; es decir, que no se dé cumplimiento a la sentencia del Supremo, que afirma que en su actividad concurren las características de una relación laboral y que, por lo tanto, están en régimen de falsos autónomos.

Esto provocó la indignación de los sindicatos y la sorpresa en el Ministerio de Trabajo, que esperaba otra postura de la patronal. Así, fuentes sindicales indicaron a Público que la patronal se ha enrocado y que «todo va para atrás«; además, el empresariado habría traslado a las otras partes que no tenía intención de volver a sentarse en la mesa de diálogo hasta enero, cuando tengan una postura más definitiva.

Pese a este aviso de la patronal, en el Ministerio de Trabajo se insiste que las negociaciones continúan y, de hecho, ya tienen la intención de agendar una próxima reunión para el 17 de diciembre, dentro de dos semanas. UGT y CCOO, que harán un comunicado conjunto este viernes sobre la situación, también han pedido que el Gobierno convoque cuanto antes una reunión y que no se rompa el diálogo social en este asunto.

publico.es

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Tres semanas para Navidad: los expertos piden concienciar sobre los riesgos de las cenas más allá del número de comensales

El ministro de Sanidad ha pedido a todos los españoles y españolas que se queden en casa durante las fiestas navideñas «Hemos de quedarnos en casa y limitar contactos», decía Salvador Illa en la rueda de prensa del miércoles en la que anunció el plan que había pactado con todas las comunidades autónomas. Sin embargo, esa casa podrá ser, en lugar de la residencia habitual, una ajena: el plan finalmente permite las reuniones de 10, el toque de queda en festividades señaladas a la 1.30, y los desplazamientos entre comunidades si es para visitar a «allegados y familiares». El ministro no concretó si se va a controlar esto último de alguna manera: «Vamos a ver si es necesario». Sí aclaró que no están previstos justificantes específicos para ello. Y que confía a la «actitud responsable» de la ciudadanía, que ha sido «continua», el que todo salga bien, tanto en lo relativo a los viajes como a los encuentros sociales.PublicidadToque de queda a la 1:30, reuniones de 10 personas y cierre perimetral: las comunidades ratifican la propuesta de Sanidad para NavidadToque de queda a la 1:30, reuniones de 10 personas y cierre perimetral: las medida para la NavidadSABER MÁS

El ministro no lo ha planteado así, pero la realidad es que no hay efectivos suficientes para controlar a todas las personas que quieran hacer esos desplazamientos. El despliegue para los cierres perimetrales tampoco se ha llevado a cabo en todos y cada uno de los límites territoriales de España: en la práctica se ha confiado también en la responsabilidad de la gente y en el efecto disuasorio de las multas que se ponen en las actuaciones policiales aleatorias. Y pasará lo mismo con los aforos de las cenas. «Es imposible controlar todo, también legalmente, eso es un problema serio. Si no se arma mucho escándalo, a nadie le van a decir nada por ser más de los permitidos en el interior de las casas. Por eso todo depende de la conducta de la población», explica Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

A justo tres semanas de la cena de Nochebuena, Hernández y otros expertos consultados por este periódico creen que al plan de Navidad de Gobierno y comunidades le falta algo de claridad, y que es un error que la gente se quede con el asunto numérico, con la hora del toque de queda, o con las excepciones de los viajes. El discurso público se debe redireccionar, consideran, a que la gente entienda cómo tiene que ser una comida lo más segura posible (al aire libre o ventilada, con mascarilla el máximo tiempo posible); a que cuantos menos grupos burbuja se mezclen, mejor; y a que tener cuidado en Navidad es imprescindible para «no llegar a marzo como estábamos el año pasado». La vacuna ya se ve más cerca, pero no llegará a tiempo para salvar a nadie que se infecte en Nochebuena, señala Hernández. Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria de la OMS, lo sintetiza: «Lo sustancial no es que sean 6 o 10 en cenas. Lo importante es que se reduzcan al mínimo el número de burbujas de convivencia habitual».

Es decir, si se convive siempre, no es tan importante ser 10 o más en la mesa el día de Nochebuena. Sí lo es si no se convive. Por eso el mensaje en el que se debe insistir es que «el problema es integrar dos o más burbujas porque el círculo se abre a una mayor probabilidad de contagio. Y en que los desplazamientos sean los mínimos», abunda López Acuña, que es también asesor en Asturias y muy crítico con que al final todo se haya convertido en un «regateo entre autonomías como Madrid y el Ministerio» y se haya quedado en un plan «de mínimos». Mario Fontán, ex presidente de la plataforma ARES, que reúne a médicos residentes en Salud Pública, lo repite: «Los límites a las reuniones no dejan de ser arbitrarios pues no hay un umbral a partir del cual se dispare el riesgo. Lo que hay que decir es que, cuantas más personas haya y con diferentes círculos sociales, el riesgo va aumentando». Y recuerda que «no hace falta llegar a 10 personas porque el límite haya cambiado».

Fernando Simón, portavoz de Sanidad, sí se había manifestado en ese sentido: «Hay más riesgo entre seis personas de seis familias distintas que entre 10 de dos». Y Salvador Illa decía también el miércoles que «si puede ser se sea de la misma unidad familiar o como mucho de dos» para las fiestas. El Ministerio intenta difundir desde hace unas semanas las 6 ‘emes’ (Mascarilla, Manos, Metros de distancia, Maximizar ventilación y actividades al aire libre, Minimizar número de contactos y «Me quedo en casa»).  También el plan lleva la recomendación específica de las cuarentenas ‘preventivas’ de estudiantes antes de volver a casa. Pero lo más «visible», según Hernández, sigue siendo el número. Hay que «generalizar» el consejo del aislamiento previo, y focalizarse en «qué queremos evitar y por qué. Mostrar con claridad las situaciones de riesgo: si se reúnen cuatro, cada uno de distinta familia, sin aislamiento de 10 días anterior, hay más peligro que entre 10 que viven en el campo, por ejemplo, y llevan más de una semana sin ver a nadie. Si no se plantea así, parece que si cumples con el número, ya está la cosa hecha».

El objetivo y el tiempo

El objetivo del que hablan todos los expertos es seguir con la tendencia a la baja. Que las Navidades no supongan una ruptura de la curva y la impulsen de nuevo hacia arriba, después de haber conseguido llegar a menos de 250 casos de incidencia acumulada, una cifra muy alta pero sensiblemente menor a los 500 que se alcanzaron. Hernández pide que sea «a la máxima velocidad posible. Con estas incidencias, un despiste puede suponer que se vuelva a subir; lo hemos visto en otros países». Mario Fontán apunta en la misma dirección: de aquí al 23 de diciembre «niveles de transmisión reducidos como después del confinamiento [se alcanzaron los 8 casos de incidencia acumulada, muy poco]» de aquí al 23 de diciembre «son imposibles, porque no se han implementado medidas tan drásticas».

La tendencia descendente, aunque muy lenta, y el factor social y cultural, hacen que Fontán y Hernández entiendan que no se cancelen las Navidades, como sí ha optado por hacer, por ejemplo, Italia –con cifras peores que España en estos momentos–. Pero en general estas celebraciones, con una incidencia muy lejos de lo deseable, que sería menos de 25 o 0, inquietan entre los expertos. Pere Godoy, presidente saliente de la Sociedad Española de Epidemiología, apuntaba a que «llegamos a Navidad en una situación de vulnerabilidad. No es lo mismo hacer eventos con incidencias de 50 que de 300 o 250; hay más posibilidades de contagio, de que haya alguien contagiado». López Acuña se inclinaba más por la opción de Italia, y que se hubiesen seguido permitiendo los viajes solo por los motivos de fuerza mayor contemplados en el real decreto de estado de alarma.

¿Tenemos tiempo, de aquí al 23 de diciembre, para asimilar bien todo esto? «Estamos a tiempo si hay liderazgo e ímpetu en el mensaje. Pero tengo dudas», responde Hernández. «Hay tiempo, pero poco: la gente hace planes, pide vacaciones, compra billetes. Habría que ser muy contundentes a más tardar la próxima semana. Los huecos del colador, visitar a la familia y allegados, son demasiado amplios», indica por su parte Daniel López Acuña. Y Mario Fontán, más optimista: «Para que la gente entienda lo que hay que hacer nunca es tarde, hay que lanzar estos mensajes por todos los canales de comunicación posibles. Hagamos que la gente tenga las herramientas, dentro de sus condiciones materiales. Y entendamos que todo lo que nos restrinjamos ahora serán ganancias en el futuro». Tampoco es nunca tarde, zanja Fontán, para hacerlo bien a nivel estructural, no solo individual: «Que se refuerce la Salud Pública y Atención Primaria, que la gente cuente con sitios para aislarse, que todas las empresas que puedan manden a teletrabajar. Ojalá no recayera todo en la responsabilidad individual, pero creo que hay que comunicar esos mensajes respecto a las actividades y las reuniones y mientras empujar por que lo estructural se tome en los niveles que corresponde».

eldiario.es

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Los cinco derechos fundamentales que siguen violándose en las residencias de ancianos por la COVID-19, según Amnistía Internacional

Las violaciones de derechos humanos no solo han pasado durante la primera ola, sino que en esta segunda sigue vigente el protocolo que no ordenaba las no derivaciones a las instalaciones hospitalarias, los regímenes de visita siguen dependiendo de las residencias y sigue sin saberse cómo suplir el tema de las bajas de personal que tuvieron las residencias durante la primera ola”, explica Ignacio Jovtis, investigador para este informe de Amnistía Internacional. https://www.youtube.com/embed/nyxuW62VF3k?list=PLnx_ESje4HkC27uT720czpgaaHA8fJzIH

Hasta el 15 de noviembre, habían fallecido por COVID-19 en España 40.749 personas, según datos del Ministerio de Sanidad. Se estima que, durante la primera ola de contagios, un 70% de ellas habían tenido lugar en las residencias de personas mayores. Según Amnistía, el Gobierno publicará en breve un nuevo informe que, se prevé, situaría ese porcentaje entre el 50 y el 47%.  

Como documentamos los medios de comunicación durante la primera ola, los residentes de geriátricos vivieron un auténtico infierno durante aquellos meses. Ahora, Amnistía Internacional publica una investigación que explica desde el punto de vista jurídico nacional e internacional las ilegalidades cometidas. Y lo hace, poniendo el foco en los dos territorios con mayor incidencia de la pandemia en las residencias: en la Comunidad de Madrid y en Catalunya donde, denuncia la ONG, siguen vigentes los protocolos que limitan el traslado a los hospitales de las personas enfermas mayores. 

Según AI, los residentes de los geritátricos vieron violados su derecho a la salud, ya que no recibieron una atención médica adecuada; consecuentemente, el derecho a la vida, en los casos en los que la perdieron por esta causa; el derecho a la no discriminación, puesto que se les negó la atención médica; a recibir visitas y a una muerte digna por razón de edad; el derecho a una vida familiar y privada, aisándolas del mundo exterior; y el derecho a una muerte digna, que llegó al extremo de que hubo personas que murieron tras días o semanas aislados, deshidratadas, malnutridas, sin bombonas de oxígeno ni  cuidados paliativos. Un extremo que habrá que investigar en el futuro, cuando se puedan reunir más pruebas, si puede considerarse tortura o trato inhumano o degradante. 

Amnistía Internacional insta a las Administraciones a que garanticen el derecho de las personas residentes a recibir visitas de sus familiares y conocidos, que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realicen “con base en evaluaciones individualizadas” y urge al Gobierno de España a impulsar “la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado”. 

En el informe, titulado Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España, AI vincula esta situación con “las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria”. 

Su presidente Esteban Beltrán recuerda que “una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”.

Nueve meses después de que se decretara el estado de alarma, AI critica que no se hayan tomado “medidas de refuerzo de personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presión asistencial existentes”.

Como publicamos en La Marea, la falta de personal por las bajas fue tan aguda que derivó en una paradójica situación: mujeres migrantes, negras y trans consiguieron ser contratadas por primera vez para el cuidado de personas mayores en residencias. 

La ONG recoge en su informe la crítica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG): “No nos preparamos suficientemente, creemos que había información científica proveniente de otros países como para intuir la importancia y gravedad de la situación (…) creemos que de haber tomado medidas antes hubieran permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de algún modo haber estado más prevenidos y preparados”.

La falta de transparencia por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat es otro de los aspectos a los que más atención presta el informe: “Tomaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de las mismas y fracasaron en su implementación».

Además, ambas administraciones no adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de las personas mayores residentes”. Y añade que en ambos territorios, hubo periodos en los que no se ingresaban a personas mayores en los hospitales: “Y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya de forma fatalmente tardía. Esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recogido diversos testimonios que daban cuenta de los obstáculos que también existían por parte de los servicios de emergencia para el transporte sanitario (SUMMA y SEM)”. Amnistía también critica la falta de “supervisión eficaz por parte de las autoridades estatales (Fiscalía) y autonómicas (servicios de inspección)”. 

Para evitar que se vuelva a repetir, entre otras medidas, la entidad supranacional señala que es necesaria “una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos”. Para conseguirlo, invita a la ciudadanía a unirse a la ciberacción www.actuaconamnistia.orgdirigida a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas. El objetivo, que pongan en marcha medidas concretas que protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias.

lamarea

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