La Gran Recesión generó una enorme presión entre la política democrática y las exigencias de la gobernanza económica. Ahora padecemos sus contradicciones.

En 2014, durante el periodo más duro de la Gran Recesión, se conmemoró el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se repitieron algunas de las preguntas planteadas un siglo atrás y que seguían siendo pertinentes: cómo termina un periodo de gran moderación económica; cómo crecen riesgos colosales que se comprenden poco y apenas resultan controlables; cómo se desarrollan los grandes movimientos tectónicos del orden global y se transmutan en terremotos repentinos; cómo ocurre que marcos de referencia anacrónicos imposibiliten entender qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Entramos en una crisis sin darnos cuenta, o había fuerzas que empujaron hacia ella? ¿Cómo afectan las pasiones de la política popular –los animal spirits de John Maynard Keynes– a las decisiones que adoptan las élites? En definitiva, ¿se puede alcanzar una paz y estabilidad perpetuas?

El historiador británico Adam Tooze ha dedicado un enorme esfuerzo a tratar de responder estas y otras cuestiones en su libro Crash. Abundando en páginas cuyo contenido solo podrá ser entendido por especialistas en economía es, paradójicamente, un texto que va más allá de la economía: plasma la Gran Recesión de principios del siglo XXI, así como el comienzo de un cambio global. En 2009, el presidente de Toyota reconocía: “El cambio que ha afectado a la economía global es de tal magnitud que solo sucede una vez cada 100 años (…) Nos enfrentamos a una emergencia sin precedentes”.

portada crash tooze

Crash. Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo
Adam Tooze
Barcelona: Crítica
2018, 782 págs

Tooze, profesor en las universidades de Yale y Columbia que se autodenomina “historiador de izquierdas”, ha escrito un libro que merece figurar entre los textos de referencia para explicar lo sucedido a partir del verano de 2007. En ese frontispicio también deberían estar, entre otros, Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera, de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart; Austeridad. Historia de una idea peligrosa, de Mark Blyth; La economía desenmascarada, del heterodoxo Steve Keen; y El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty.

La tesis principal de Tooze es que, durante estos años de crisis profunda, extensa y compleja se produjo, sin teorización previa, una mutación desde el capitalismo de mercado hacia el de Estado, con la más formidable intervención de dinero público de la que se tiene memoria para salvar el sistema económico (el mercado) y el sistema político (la democracia). Al día siguiente de la quiebra de Lehman Brothers –parece haberse olvidado el ambiente apocalíptico de aquellas semanas–, el neoconservador George W. Bush, que había hecho del laissez faire el principio rector de la economía, planificaba las primeras intervenciones de centenares de miles de millones de dólares para salvar Wall Street: nacionalizando bancos, aseguradoras, compañías hipotecarias y fábricas de coches.

Es paradójico que al mismo tiempo, en la sede de Naciones Unidas, se abriese el periodo correspondiente de sesiones con Luiz Inácio Lula da Silva como primer orador. El presidente brasileño denunció el caos especulativo que había provocado la caída de Lehman Brothers. A continuación le tocó intervenir a Bush, que pareció desconectado de la realidad. Su discurso se centró en el terrorismo; la crisis financiera, que se extendía como un reguero de pólvora, solo ocupó dos párrafos finales, pese a que su epicentro se encontraba unas calles más allá. Una semana después, el secretario del Tesoro suplicaba al Congreso estadounidense instrumentar el primer paquete de ayudas al sistema financiero –700.000 millones de dólares– con el siguiente argumento: “Si no hacemos esto hoy, el lunes ya no habrá economía”. Los neocons tuvieron que practicar una enorme contorsión ideológica para salvar al sistema de su suicidio. El Consenso de Washington, construcción teórica del neoliberalismo –disciplina fiscal y monetaria– pasó a ser en aquellos días y los años posteriores una piadosa jaculatoria.

«Durante estos años de crisis profunda, extensa y compleja se produjo, sin teorización previa, una mutación desde el capitalismo de mercado hacia el de Estado»

Los dos gobernadores de la Reserva Federal (Fed) que hicieron frente a la gran convulsión que suponía el capitalismo de Estado reaccionaron de distinta manera. Alan Greenspan declaró permanecer en un “estado de conmoción” porque “todo el edificio intelectual se había hundido”. Su sucesor, más soberbio, explicó que no había necesidad de revisar la teoría económica como resultado de la crisis. Inventándose una coartada retórica, Ben Bernanke distinguió entre ciencia económica, ingeniería económica y gestión económica… para continuar en el mismo sitio: “La reciente crisis financiera ha tenido más que ver con un fallo en la ingeniería económica y en la gestión económica que en lo que yo he llamado ciencia económica (…). Las deficiencias en materia de ciencia económica (…) fueron en su mayor parte menos relevantes de cara a la crisis; es más, aunque la mayoría de los economistas no previeron el casi colapso del sistema financiero, el análisis económico ha demostrado ser –y lo seguirá haciendo– de una importancia crítica a la hora de entender la crisis, desarrollar políticas para contenerla y diseñar soluciones de más largo plazo para prevenir su recurrencia”.

Steve Keen rebatió en su ya citado libro estas posiciones autoexculpatorias. La economía neoclásica y su secuela de la “austeridad expansiva” contribuyeron a multiplicar la calamidad que intentaba prever. Si su único fallo hubiera sido no anunciar con tiempo la crisis financiera para que los ciudadanos pudieran guarecerse de la misma, sus portavoces no se diferenciarían de los meteorólogos que no avisan de la llegada de un tsunami: responsables de no haber dado la alerta, pero no de la tormenta misma. La economía neoclásica tiene, según Keen, una responsabilidad directa en la tormenta. Convirtió lo que podía haber sido una crisis del montón en una sistémica, comparable a la Gran Depresión y las dos guerras mundiales. La Gran Recesión fue mucho peor de lo que podría haber sido sin la intervención de los economistas ortodoxos.

Uno de los aspectos menos reconocidos del capitalismo de Estado, que Tooze considera especialmente relevante, fue la respuesta de EEUU (desde Bush a Barack Obama) a la Gran Recesión fuera de sus fronteras. Nunca antes, ni en los años treinta del siglo pasado, un sistema tan grande e interconectado había estado tan cerca de sufrir una implosión global. Cuando se puso de manifiesto la magnitud del riesgo, la Fed introdujo una novedad espectacular: se erigió en proveedora de liquidez en última instancia al sistema bancario mundial (no solo el nacional). A través de las líneas swap de liquidez (crédito para que los bancos centrales pudieran prestar dinero), la Reserva Federal autorizó a un grupo escogido de bancos centrales importantes a conceder créditos en dólares, según la demanda del mercado. En un enorme despliegue transatlántico, con el Banco Central Europeo a la cabeza, se inyectaron billones de dólares al sistema bancario global. Ello contradecía las bases del discurso convencional de predominio del mercado, del “cada palo que aguante su vela” y la reducción del intervencionismo estatal.

«La Fed introdujo una novedad espectacular: se erigió en proveedora de liquidez en última instancia al sistema bancario mundial, no solo el nacional»

Así, las bases del sistema monetario moderno son irreductiblemente políticas. La decisión de la Fed tuvo una trascendencia histórica, pues las líneas swap fueron una de las innovaciones decisivas de la crisis. Y sin embargo, en el debate público han pasado desapercibidas. Pronto se vieron desplazadas por controversias en torno a rescates de instituciones concretas y por las posteriores oleadas de intervenciones de los bancos centrales nacionales o regionales, que recibieron el nombre de “expansión cuantitativa”.

Tooze afirma que estas inyecciones globales de liquidez implicaron “entregar billones de dólares en préstamos a una camarilla de bancos, a sus accionistas y a sus directivos con remuneraciones escandalosas (…) No es un secreto que vivimos en un mundo dominado por oligopolios empresariales, pero durante la crisis y sus secuelas esta realidad y sus implicaciones para las prioridades de gobierno se revelaron abiertamente. Es esta verdad, difícil de digerir y explosiva, con la que se han atragantado las políticas a ambos lados del Atlántico”.

Como medida para estabilizar el sistema capitalista, la respuesta del Tesoro y la Fed fue exitosa: restauró la viabilidad de la banca mundial. También proporcionó un estímulo monetario y una liquidez extraordinaria a todo el sistema financiero, basado en el dólar, a Europa y a los mercados emergentes, cuyas consecuencias aún no han conseguido desmigarse del todo.

Los europeos, mientras tanto, estaban en otro relato, construido en torno a la deuda pública, fundamentalmente de países pequeños como Grecia. La política de la deuda soberana se presentó como el culpable al que cargar todas las responsabilidades. Como admitieron posteriormente altos funcionarios de la UE, aquello no tenía base en la economía. La sostenibilidad de la deuda pública puede ser un problema a largo plazo y Grecia era insolvente, pero el denominador común de la crisis de la zona euro no fue el déficit público excesivo, sino la peligrosa fragilidad de un sistema financiero sobreapalancado, que dependía en exceso de financiación basada en el mercado a largo plazo.

¿Cómo se explica la transformación de una crisis de prestamistas (los bancos) en 2008 en una crisis de acreedores (los ciudadanos) después de 2010? Mientras los contribuyentes europeos lo pasaban muy mal, los bancos y otras entidades de crédito se financiaban con dinero inyectado en los países rescatados: Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y, en otra modalidad, España. Es fácil concluir, opina Tooze, que la lógica oculta de la crisis de la zona euro después de 2010 fue una repetición de los rescates bancarios de 2008, pero esta vez encubiertos. Fue el mayor “gato por liebre” de la historia.

«La crisis del euro después de 2010 fue una repetición de los rescates bancarios de 2008, pero encubiertos. El mayor ‘gato por liebre’ de la historia»

La redistribución a la inversa de los sacrificios está en la base de los cambios políticos que se han multiplicado en muchas sociedades: desde las crisis de representación de partidos políticos tradicionales a la emergencia de los populismos (muchas veces calificados así abusivamente y equiparados a los que sobrevinieron en los años treinta del siglo pasado) o fenómenos como el Brexit, pasando por el crecimiento de la extrema derecha y la victoria de Donald Trump. En el análisis de Tooze, la pérdida de credibilidad del sistema es flagrante y el daño profundo.

El economista Abba Lerner decía que “la economía se ha ganado el título de reina de las Ciencias Sociales eligiendo como dominio problemas políticos ya resueltos”. Cuando se habla de economía política hay que tomarse en serio las exigencias de la política. Esta es una de las partes más finas de Crash: los reveses económicos que dieron lugar a la Gran Recesión se produjeron en muchas ocasiones de modo repentino e inesperado. Además de las tentaciones estructurales de desarrollo lento que genera la integración global, también aparecen rupturas repentinas: sucesos que no se pueden explicar del todo, crisis difíciles de predecir porque no hay avisos previos y, cuando los hay, son de una gran complejidad. Para solucionarlos, lo que se necesita es a veces intangible: nada menos que acción política y liderazgo. En 2008, el sistema necesitaba un rescate a un lado y otro del Atlántico, pero en el plano político hizo falta una frágil y a veces indeterminada coalición entre partidos, forjada por una élite republicana y los líderes demócratas para mantener la cohesión en EEUU y hacer posibles las iniciativas de estabilización global. La posterior polarización política y la elección de Trump en 2016 volvieron a poner de manifiesto la importancia histórica de aquella coalición implícita.

¿Cómo se pueden formar estas coaliciones capaces de tomar decisiones esenciales pero impopulares? El hasta hace poco presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo en un alarde de sinceridad: “Sabemos lo que hay que hacer para salir de la crisis, lo que no sabemos es cómo ser reelegidos después”. La existencia de coaliciones específicas que respondan a ocasiones concretas es un requisito para la gobernanza democrática del sistema capitalista. Es lo que diferenció, por ejemplo, el Tratado de Versalles del Plan Marshall, o la forma en que respondieron a la Gran Depresión dos presidentes tan distintos como Herbert Hoover y Franklin Roosevelt.

La escala de la crisis durante la Gran Recesión ha sido tan empinada que ha generado una enorme presión entre la política democrática y las exigencias de la gobernanza económica. Ahora padecemos sus contradicciones. ●

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Remedios de masas para enfermedades de masas. Una renta básica de urgencia para toda la población

Con la declaración del estado de alerta por la pandemia del Covid 19 y las medidas de confinamiento de la población decretadas por el gobierno, la situación de precariedad y de inseguridad económica acelerada de muchos millones de personas en el reino de España es un hecho. Antes de la pandemia ya sufríamos altas tasas de pobreza junto a un elevado desempleo y empleo temporal, por no insistir en el aumento en los últimos años de la población trabajadora pobre, los hasta ahora 15% de working poor, es decir, trabajadores con contrato legal por debajo del umbral de la pobreza.

En el reino de España, la sucesión de datos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estos primeros días del estado de alerta ya es escalofriante: incontable es la cantidad de empresas que ocupan a muchos miles de trabajadores como Pikolin, Seat, Wolkswagen, Burger King, Nissan, Norweggian, etc. que ya los han anunciado. Hay quien documenta de un retroceso de 10 años en los próximos días en cuanto a cifras de desempleo y que se va a superar la barrera psicológica de los cuatro millones de desempleados. Y algunas previsiones en cuanto a la caída de la producción mundial, de cumplirse, señalan un panorama de recesión al que no se había enfrentado la economía mundial desde la segunda gran guerra.

El pasado 17 de marzo el gobierno español anunció la “mayor movilización de recursos de la historia”, una cifra de 200.000 millones de euros. De los cuales, 117.000 millones de dinero público y el resto, 83.000 millones, a través del sector privado, aunque para estos últimos no se ha dado ninguna concreción de cómo iban a conseguirse. Por lo que hace a la parte pública la proporción es de 100.000 millones para las empresas y de 17.000 para “gasto social”. Entre algunas medidas claramente positivas de este gasto público se enumeran: la congelación de los desahucios, la moratoria de suministros básicos (agua, luz y gas) para colectivos vulnerables y las ayudas para el desempleo —tanto para asalariados como para autónomos— que se prevé va a generar la crisis en la que empezamos a adentrarnos.

Pero la cuestión clave es si con estos recursos —y vale la pena aclarar que se trata de 17.000 millones de ayudas reales en subvenciones, porque los restantes 100.000 millones son avales—se conseguirá paliar la situación en la que va a encontrarse a partir de ahora una inquietante proporción de hogares que ya sobrevivía en condiciones muy precarias aun disponiendo de un empleo, cuando dejen de tenerlo, como parece indicar que va a suceder dada la cascada de ERTE que se avecina. Y decimos esto porque la anterior crisis ya se saldó en lo social con un crecimiento de la desigualdad y un deterioro de las condiciones de vida para la población no rica, pero también con una enorme transferencia de recursos públicos a las entidades financieras. Las cifras que se manejan son distintas según las fuentes: aceptemos los algo más de 60.000 millones de euros que avala el Banco de España y que coincide básicamente con el Tribunal de Cuentas, pero indiquemos que éste es el coste final para las arcas públicas, pero el dinero público movilizado en forma de avales, esquemas de protección de activos y créditos fiscales diferidos, para que la banca haya tenido una amplia zona de confort asegurada con dinero público ha sido sin lugar a dudas muy superior a los 117.000 millones de los que ahora se habla. Por lo que la “mayor movilización de recursos de la historia” es una exageración.

En la actual crisis, parece que el peso se pondrá en sostener las empresas como forma de mantener en lo posible la actividad económica, reducir el impacto de la recesión en ellas y confiar que eso se traslade a un cierto mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Con esta acertada frase se sintetiza lo que queremos decir: “No hace mucho que regalamos miles de millones de euros a la banca, no falta nada para que se le dan cariñitos a las grandes empresas, pero para que quien se quede sin trabajo reciba un triste subsidio, para que las familias accedan a una mínima ayuda, vamos a necesitar horas de negociaciones a cara de perro en el gobierno, porque hoy, en este estado, la supervivencia material de la población no es un derecho”.

Esta movilización de tantos recursos económicos supone aproximadamente un 20% del PIB y van sobre todo destinados a mantener el tejido empresarial e intentar frenar el impacto de la sangría de despidos que se avecina. Se quiere preservar la oferta cuando lo que la sostendrá en primer lugar es la demanda: empezando por el sector servicios, que va a recibir un mazazo bestial con la caída del turismo extranjero.

Que la situación es de emergencia sanitaria parece fuera de toda duda. Como se apuntaba recientemente, la mortalidad y la contagiosidad de este coronavirus, hacen de él un tema de salud de primera magnitud y, por tanto se requieren de medidas sanitarias contundentes. En este punto, las diferencias entre sistemas sanitarios e incluso, políticos, puede marcar el desarrollo y la extensión de la pandemia y, por ende, sus consecuencias sociales y económicas.

El pasado 12 de marzo, el presidente francés Macron dijo que «esta crisis del coronavirus nos ha enseñado una cosa. Hay cosas que no deben pertenecer al mercado. Confiar nuestras vidas en manos de privados es una locura”. Parece que el subconsciente siempre traiciona a los presidentes franceses en los momentos iniciales de una crisis. No podemos menos que recordar a su antecesor Sarkozy cuando en la del 2008 hablaba de la necesidad de refundar el capitalismo sobre bases éticas. Tras tan pomposas palabras, que parecieran anunciar una defensa decidida frente a las barbaridades más evidentes del sistema capitalista, en realidad no hay más que una mera (y huera) reacción visceral a las peores consecuencias inmediatas de la crisis, quizá para justificar las medidas que apuntalen su funcionamiento, pero sin ánimo de pergeñar medidas estructurales que mejoren y garanticen las condiciones materiales de las personas. Sin olvidar que con la pandemia desatada ya en Italia, el mismo Macron decidió mantener la convocatoria de la primera vuelta de las elecciones municipales, a las que la población francesa, con bastante más sentido común, respondió con una abstención del 60%. 12 años más tarde que las de Sarkozy, las palabras de Macron suenan menos creíbles aún. Y el gurú del momento Sarkozy, Joseph Stiglitz, parece anclado en el pasado y sigue en su último libro defendiendo recetas antiguas y esperando volver a los 30 años dorados.

Sin querer entrar en análisis geoestratégicos, la respuesta China a la coyuntura actual, se ha contrapuesto en muchos extremos a la de la Unión Europea, donde ante la inoperancia de las instituciones europeas del momento (alguien podría pensar que afortunadamente, vista las consecuencias de su intervención en la crisis del 2008) reina un sálvese quien pueda, con Alemania a la cabeza e Italia o el reino de España (de momento sin noticias de Grecia) a la cola, por lo que a afectados se refiere y, también en la toma de decisiones. En el inicio de la crisis el Banco Central Europeo hizo poco más que el anuncio de un programa de emergencia para la adquisición de activos públicos y privados de 750.000 millones de euros, para tranquilizar los ánimos de las principales bolsas europeas, en estos momentos a unos niveles de muchos años atrás. Un poco mas tarde la Comisión europea propuso suspender las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Medidas lentas y tímidas, pero que ya de por sí dan una idea de la magnitud de lo que hay y de lo que vendrá. De la salida de esta crisis (primero la sanitaria, luego la social y económica) puede depender la correlación de fuerzas a nivel global. Las imágenes de aviones chinos (y ¡médicos cubanos!) llegando primero a Italia y pronto al reino de España, son una primera prueba de que las cosas quizá cambien en este punto.

En situaciones de emergencia como la actual, suele florecer lo mejor y lo peor de la especie humana. Estos días van llenos de reconocimientos a los trabajadores de la sanidad (pública) por el abnegado esfuerzo que están realizando en condiciones adversas, por la magnitud de la pandemia, pero también por arrastrar años de recortes y de recursos escasos (algunos dirán que no es el momento de recordar estos extremos, pero cuando si no, se va a recordar a los responsables de esta situación su mal hacer político, y recordemos que los recortes desde 2010 han venido tanto del PSOE como del PP). Sin olvidar a otros tantos colectivos de trabajadores de servicios esenciales en esta situación: como el personal de atención domiciliaria a personas dependientes, de residencias de gente mayor (el colectivo más vulnerable), de limpieza, suministro de alimentos, etc. que, paradojas de la vida, suelen ocupar una posición baja en la escala salarial y están totalmente feminizados. Nos cuidan en casa sin cobrar y nos cuidan a todos con salarios muy bajos. Por no olvidar a tanto trabajador público que, de la noche a la mañana y con incertezas por doquier, ha tenido que improvisar sistemas de teletrabajo y organizarse y organizar equipos para atender a las necesidades de la población, otra vez, sin los recursos organizativos y económicos que serían deseables. O las diferentes movilizaciones sociales y comunitarias, articulando colectivos, propuestas y mecanismos de ayuda mutua que, por momentos permiten reconciliarse con la condición humana.

Y al lado de este escenario o, mejor dicho, frente a él, comportamientos egoístas: acaparamientos, subidas abusivas de precios o, muy significativamente, posicionamientos empresariales, especialmente los de empresas que registraron abundantes beneficios y que, a las primeras de cambio, socializan las potenciales pérdidas. Si a esto le añadimos la destrucción de empleo derivada de la no renovación del ingente volumen de contratos temporales y precarios (un dato: más del 40% de la contratación en el reino de España es de menos de un mes, y un 25% de menos de una semana) o las penosas condiciones retributivas y de trabajo, agravadas estos días por las condiciones sanitarias, nos queda un panorama, como poco, desolador.

Y por medio, multitud de actuaciones descoordinadas de diferentes agentes que, cuando son públicos, provocan la zozobra de servidores públicos que se ven enfrentados a problemas ingentes con instrumentos jurídicos, organizativos y económicos escasos. Heterogéneas medidas anunciadas, por ejemplo pizzas o tarjetas para los beneficiarios de becas comedor ahora suspendidas, diferentes exenciones de tasas o impuestos, bonificaciones o subvenciones anunciadas para diferentes colectivos, complementarias o no, medidas todas ellas que, sin tiempo para evaluar ex ante su eficacia y eficiencia en función de los objetivos perseguidos (básica pero no únicamente, porque no se sabe a ciencia cierta cuales son, más allá de hacer algo) y que supondrán un ingente esfuerzo (y gasto) de muchas personas con unos resultados, en términos de impacto social, modestos. Lo que no obsta para que, en algunos casos se reconozca su necesidad.

En ese equilibrio entre el tiempo liberado que permitiría hacer todas esas cosas (aunque solo fuera una parte) que de cotidiano no nos es posible y la intemperie a la que pueden verse abocadas millones de personas que no tendrán garantizadas las condiciones materiales de existencia, es donde ha explotado desde muy distintos lugares y ámbitos (menos los gubernamentales) con más fuerza que nunca la propuesta de la renta básica.

La renta básica universal e incondicional debería ser una de las principales medidas para poder contener los efectos devastadores que va a tener en la vida y la existencia material de muchas familias como ya se ha apuntado en diferentes artículos y medios, pero todo indica que este gobierno no va a estar a la altura de las circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Parece que no se dan cuenta que millones de personas no trabajadoras con contrato o con contratos superprecarios que les impide tener un subsidio de desempleo de subsistencia, van a quedarse al pairo completamente, sin capacidad de generar ingresos en negro, con redes de apoyo informal exhaustas, en fin, un desastre sin precedentes en un país donde las rentas mínimas condicionadas cubren alrededor del 10% de la población pobre. Sí, ¡el 10%!

Cómo algunos salubristas saben “con las enfermedades de masas se requieren remedios de masas” y es aquí donde una medida cómo la renta básica en esta situación de emergencia al ser universal e incondicional simplificaría muchas de las ayudas existentes y que se van a recibir a partir de ahora, a la vez que reduciría las grandes desigualdades sociales que ya tenemos y que se van a intensificar y agudizar en los próximos años. Frente a la creciente desigualdad, la precarización galopante de las condiciones de trabajo, los problemas de vivienda, en definitiva, el deterioro de las condiciones materiales de vida, parece que, en esta ocasión, al menos de momento, la opción elegida ha sido insuflar liquidez y dar ayudas a las empresas, confiando que esto conllevará un mantenimiento de las condiciones de vida de las personas. Había otras propuestas con más vocación de poner el foco en las personas: prohibición de ERTEs en empresas con beneficio, más subsidios y seguros de desempleo, permisos retribuidos para cuidados, etc.; y con propuestas fiscales para financiarlas, pero la voluntad gubernamental, más allá de las grandes declaraciones, ha optado por otro camino.

Mención aparte merece el despliegue del ejército español por muchas calles en un intento de hacer útil una organización costosa para el erario público, además de ultrareaccionaria. Lo apuntaba este centro especializado en los estudios por la paz: “Además de la evidente pérdida del coste de oportunidad de financiar con nuestros impuestos ejércitos y arsenales, queremos también denunciar que las medidas decretadas por el Gobierno otorguen al ejército, principalmente a través de la Unidad Militar de Emergencias, un papel destacado en la gestión de la crisis. La UME solo cuenta con una pequeña asignación específica dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que en 2018 fue de 31 millones (un 0,32% de los 10.200 millones de gasto en Defensa), por lo que estas actuaciones parecen más bien un lavado de cara y una forma de legitimar las FAS. Por otro lado, su labor debería ser desempeñada por cuerpos de protección civil, que están especializados en estas labores pero que cuentan con plantillas y recursos mucho más modestos.”

Efectivamente, hay quien defendiendo la centralización de la crisis, ha confundido la técnica con la política. Y no hay duda que el gobierno español ha aprovechado para una ultracentralización política.

Desde la perspectiva de las respuestas inmediatas como de las que deberían atender a los elementos estructurales de la situación, la renta básica se muestra pertinente. Respecto al primero, como se apuntaba recientemente, los Estados “deberían proporcionar a la gente corriente los medios para tener más resiliencia. La mejor forma sería garantizar a todos los miembros de nuestras sociedades una seguridad económica básica.” Es decir, a corto plazo la apuesta por lo que ya se ha venido en llamar Renta de Cuarentena, una renta básica incondicional y universal, por ejemplo en lo que queda de año y por un importe mínimo a determinar (al estilo de esta propuesta), combinado con una congelación del pago de alquileres además del de hipotecas1, pondría el peso de las medidas, no en la banca o las empresas, sino en las personas con lo que se conseguiría “mantener la demanda agregada y proporcionar más resiliencia a las personas, las familias y las Comunidades”. Evidentemente, no estamos diciendo que debiera ser la única medida, sino acompañada de elementos regulatorios (algunos mencionados anteriormente como la prohibición de ERTEs en empresas con beneficios, o control de precios moratorias en alquileres, hipotecas, etc.) podría amortiguar mucho los efectos de la crisis en la mayoría de la población no rica, especialmente a los más pobres.

Porque, no nos engañemos, donde no parece que vaya a haber variaciones es en el sistema económico, más allá de la grave recesión económica, que si ya apuntaba antes de la pandemia, ahora parece inevitable. Y, en este sentido, si de lo que se trata es de afrontar la crisis sistémica y avanzar en la transformación social, lo que se hace necesario son medidas estructurales, claramente de izquierdas, entre las que la renta básica ocupa un lugar prominente, junto a servicios públicos universales como la sanidad o la educación. El gobierno tiene los recursos para una intervención fiscal. Esta pandemia global requiere de una respuesta contundente por las repercusiones que va a tener y con la tecnología actual sería posible inyectar liquidez a la mayoría de domicilios. ¡No perdamos esta oportunidad! No es oportunismo, es cambio de objetivos. “Rescatar a la gente” quiere decir precisamente eso: apostar por la mayoría de la población. Algo que resulta ajeno a aquellos que consideran que la política es solo el arte de lo “posible”, entendiendo por lo “posible” aquello que no molesta, ni perturba el normal funcionamiento de los grandes poderes privados. Como sostiene, entre otros muchos, este oportuno artículo: “A corto plazo es una cuestión de supervivencia elemental. A la larga, es la gran ocasión para poder plantar batalla y empezar a recuperar la sensatez republicana”.

Nota:

1 Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 25,4% de los hogares del reino de España paga hipoteca y el 17,5% paga un alquiler, concentrado en sectores jóvenes y de bajos ingresos.Jordi Arcarons  es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Daniel Raventós y Lluís Torrens, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017).Paco Ramos  doctor en derecho es Director Ejecutivo de Estrategias de Empleo de Barcelona Activa en el Ayuntamiento de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.Daniel Raventós  es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, «Against Charity» (Counterpunch, 2018).Sergi Raventós  es doctor en Sociología y Trabajador social de una Fundación de salud mental en Barcelona. Es miembro de la Junta de la Red Renta Básica.Lluís Torrens  es economista, profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra y Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Colabora con la asociación REVO prosperidad sostenible. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Jordi Arcarons y Daniel Raventós, «Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa» (Serbal, 2017).Fuente:www.sinpermiso.info, 22-3-20

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Como la élite mundial tratará de beneficiarse de la pandemia. Entrevista a Naomi Klein

La entrevista la realizó Marie Solis

El coronavirus es oficialmente una pandemia mundial que hasta ahora ha infectado diez veces mas personas que el SARS de 2003. En EE.UU., escuelas, universidades, museos y teatros, cierran sus puertas; y pronto, ciudades enteras, harán lo mismo. Los expertos advierten de que algunas personas, sospechosas de estar infectadas por el virus en EE.UU: prosiguen su rutina cotidiana. Porque su empleo no les permite bajas pagadas dadas las deficiencias del sistema privatizado de salud norteamericano.

La mayoría de entre nosotros (NT.: para los ciudadanos norteamericanos) no saben qué hacer ni a quién escuchar. El presidente Donald Trump ha rechazado las recomendaciones de los centros de control y de prevención de enfermedades; y estos mensaje contradictorios han reducido nuestro margen de maniobra para atenuar los daños causados por este virus tremendamente contagioso.

Son las condiciones perfectas para que los gobiernos y la élite mundial desplieguen programas políticos, que de otra forma, encontrarían gran oposición si no estuviéramos todos tan desorientados. Esta cadena de acontecimientos no es exclusiva de la crisis creada por el coronavirus; es el proyecto que los políticos y los gobiernos persiguen desde hace décadas, conocido con el nombre de “doctrina del shock”, término inventado por la activista y autora Naomi Klein en un libro del mismo nombre de 2007.

La historia es una crónica de “shocks”: los de las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas, y de sus consecuencias. Estas consecuencias se caracterizan por el “capitalismo catástrofe”; mediante “soluciones” calculadas y de libre mercado para las crisis que estallan y exacerban las desigualdades existentes.

Según Klein, asistimos ya a un capitalismo catastrófico en el terreno nacional; para responder al coronavirus, Trump ha propuesto un plan de estímulo de 700 millardos de dólares que incluye reducción de cargas sociales (que devastarán la seguridad social) y proporcionará una ayuda a las industrias faltas de oportunidades de negocio causadas por la pandemia: “No lo hacen porque crean que es el medio más eficaz para paliar el sufrimiento causado por la pandemia; formulan tales ideas porque ven una oportunidad para desplegarlas”, ha declarado Klein.

VICE ha preguntado a Klein sobre la forma como el “shock” del coronavirus cede su lugar en la cadena de acontecimientos que describió hace ya más de diez años en La doctrina del shock.

VICE: Empezemos por lo esencial. ¿Qué es el capitalismo de catástrofe? ¿Cuál es su relación con la “doctrina del shock”?

La forma como defino el “capitalismo catástofe” es muy simple: describe la manera como las industrias privadas emergen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala. La especulación sobre las catástrofes y la guerra no es un concepto nuevo, pero se ha profundizado claramente con la administración Bush a partir del 11 de setiembre, cuando el gobierno declaró este tipo de crisis de seguridad sin plazo, y simultáneamente la privatizó y externalizó; esto incluyó el Estado de seguridad nacional en la privatización, así como la invasión y ocupación (privatizada) de Irak y Afganistán.

La “doctrina del shock” es la estrategia política que consiste en emplear las crisis a gran escala para hacer avanzar políticas que profundicen sistemáticamente las desigualdades, enriqueciendo a las élites y debilitando a los demás. En tiempos de crisis, la gente tiende a concentrarse en las urgencias cotidianas para sobrevivir como sea y tiende a contar sobre todo con los que están el poder. En épocas de crisis, desviamos un poco la mirada, lejos del juego real.

VICE: ¿De dónde viene esta estrategia política? ¿Cómo trazar su historia en la política norteamericana?

La estrategia de la doctrina del shock fue una respuesta de Milton Friedman al programa del New Deal. Este economista neoliberal creía que todo estaba equivocado con el New Deal en Estado Unidos: para responder a la Gran Depresión y al Dust Bowl (NdeT: Tormenta de polvo) un gobierno mucho más activo surgió en el país, que se propuso resolver directamente la crisis económica en la época creando empleos públicos y ofreciendo ayudas directas.

Si Vd. es un economista del libre mercado, comprenderá que cuando los mercados quiebran, hay preparado un cambio progresivo que es mucho más orgánico que el tipo de políticas de desregulación que favorecen a las grandes empresas. La doctrina del shock se desarrolló como un medio de evitar que las crisis cedan el lugar a momentos orgánicos en los que surjan políticas progresistas. Las élites políticas y económicas entienden que los momentos de crisis son la ocasión para hacer avanzar su lista de deseos de políticas impopulares que polarizan aún más la riqueza en este país y en todo el mundo.

VICE: Actualmente estamos confrontados con múltiples crisis: una pandemia, falta de infraestructuras para resolverla y hundimiento de la bolsa. ¿Podría explicarnos como cada uno de estos elementos se inscribe en el esquema que Vd. ha descrito en la Doctrina del shock?

El shock en realidad es el mismo virus. Se le ha tratado de manera que maximice la confusión y minimice la protección. No creo que sea una conspiración; es justo la forma como el gobierno norteamericano y Trump han gestionado, completamente mal, esta crisis. Hasta ahora Trump ha tratado esta situación, no como una crisis de salud pública, sino como una crisis de percepción y un problema potencial para su reelección.

Es el peor de los escenarios, máxime si se tiene en cuenta el hecho de que Estados Unidos no dispone de un programa nacional de salud y que la protección de la que se benefician los trabajadores es muy mala: por ejemplo, la ley no establece prestaciones por enfermedad. Esta combinación de fuerzas ha provocado un choque máximo. Va a explotarse para salvar industrias que están en el núcleo de las crisis más extremas a las que hemos de enfrentarnos, como la crisis climática: la industria aérea, la petrolera y gasística, la de los cruceros, y quieren consolidar todo esto.

VICE: ¿Cómo hemos visto esto antes?

En La doctrina del shock hablo de lo que pasó después del huracán Katrina. Grupos de expertos de Washington como la Heritage Foundation se reunieron creando una lista de soluciones “pro libre mercado” para el Katrina. Podemos estar seguros de que ahora se hará el mismo tipo de reuniones. De hecho, la persona que presidió el grupo Katrina fue Mike Pence (NT: la persona que preside ahora el dossier Coronavirus). En 2008, ese movimiento se tradujo en el salvamento de los bancos, cuando los países les entregaron cheques en blanco, que finalmente se elevaron a varios millardos de dólares; pero el coste real de esta situación tomó la forma de amplios programas de austeridad económica (reducciones ulteriores de servicios sociales). Así que no se trata tan solo de lo que pase ahora, sino también de la forma como lo pagarán en el futuro, cuando se presente la factura de todo lo que se debe.

VICE: Si nuestros gobernantes y la élite mundial van a beneficiarse de esta crisis para sus propios fines, ¿qué puede hacer la gente para apoyarse mutuamente?

“Voy a cuidar de mí y de los míos, podemos adquirir la mejor póliza de seguro privado de enfermedad, y si Vd. no la tiene, probablemente es su error, no es mi problema”: he aquí lo que una economía de vencedor mete en nuestros cerebros. Lo que revela en un momento de crisis como ahora, es nuestra interrelación de unos con otros. Comprobamos en tiempo real, que estamos mucho más interconectados de lo que nuestro brutal sistema económico nos permite creer.

Podemos pensar que estaremos seguros si obtenemos buenos cuidados médicos, pero si la persona que prepara o suministra nuestros alimentos, o que envuelve las cajas, no tiene acceso a cuidados médicos y no puede permitirse los análisis, y aún menos quedarse en casa porque no tiene prestación por enfermedad, no estaremos seguros. Si no nos cuidamos unos a otros, ninguno estará seguro. Estamos atrapados.

Las diferentes formas de organizar la sociedad favorecen o refuerzan diferentes partes de nosotros mismos. Si está en un sistema que, como sabe, no cuida de la gente, y no distribuye los recursos de manera justa, entonces nuestro impulso por la acumulación estará en alerta. Piense esto y reflexione en cómo. En vez de empecinarse en pensar en cómo pueden cuidarse a sí mismos y a su familia; Vd. puede cambiar y reflexionar sobre la forma de compartir con sus vecinos y ayudar a las personas más vulnerables.Naomi Klein  Autora, entre otros libros, de ‘La doctrina del shock’ y ‘No Logo’.Fuente:https://zintv.org/naomi-klein-comment-lelite-mondiale-va-tenter-dexploiter-la-pandemie/Traducción:Ramón Sánchez Tabarés

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Un rescate financiero para todos los ciudadanos

No podemos esperar que ni siquiera políticas como las espectaculares medidas monetarias anunciadas por la Reserva Federal y otras similares vayan a terminar con esta crisis. Necesitamos un rescate financiero para las personas. Y lo necesitamos ahora.

Esta pandemia no es solo una emergencia médica y económica global. Podría convertirse en un punto decisivo para el sistema actual de cooperación política y económica. En relación con el llamamiento que hemos hecho Robin Niblett, Creon Butler y yo en favor de una respuesta global a la pandemia del Covid-19, las espectaculares medidas de política económica anunciadas por los líderes de las grandes economías son clarividentes. Puede que esta respuesta no esté garantizada en todas las naciones del G20, aunque dada la incertidumbre de la situación y el deseo de mostrar iniciativa colectiva, debería ser impulsada desde este grupo.

Necesitamos algún tipo de apoyo a la renta para todos nuestros ciudadanos, ya sean empleados o empleadores. Quizá podríamos llamarlo un verdadero rescate financiero de las personas (una relajación cuantitativa o QE para las personas).

En el contexto de la crisis económica de 2008 y las aparentes dificultades de las  medidas de estímulo tradicionales para ayudar a las economías y a los ciudadanos –especialmente en un entorno de bajo crecimiento salarial y de desigualdad creciente, tanto real como percibida– han surgido otras ideas.

Tanto la teoría monetaria moderna (TMM) como la renta básica universal (RBU) hunden sus raíces en el convencimiento de que las políticas económicas convencionales no han servido de ayuda. En el centro de estas visiones está la idea de proporcionar dinero a las personas, especialmente a las de bajos ingresos. Este dinero lo suministrarían directamente los bancos centrales, con su capacidad para imprimir moneda. Hasta hace poco, yo mismo tenía escasa simpatía hacia estas ideas, pero la crisis del Covid-19 me ha hecho cambiar de opinión.

Esta crisis es extraordinaria en la medida en que es tanto un shock colosal de demanda como uno aún mayor de oferta. El epicentro de la crisis se ha desplazado de China, y quizá del resto de Asia, a Europa y Estados Unidos. No podemos esperar que ni siquiera políticas tan impresionantes como las medidas monetarias anunciadas por Reserva Federal y otras similares –por poco convencionales que sean en los tiempos modernos– vayan a contener esta crisis.

Estamos pidiendo conscientemente a nuestros ciudadanos que dejen de salir, de viajar, que no vayan a sus oficinas; es decir, que reduzcan toda forma de vida económica normal. Los únicos que no se ven afectados son aquellos que trabajan completamente a través del ciberespacio. Pero incluso ellos tienen que comprar algunos bienes de consumo, como alimentos, e incluso si hacen un pedido en línea, alguien tiene que entregarlo.

Como resultado, los mercados están lógicamente preocupados por un colapso de la actividad económica y, derivado de ello, por un colapso de las empresas, no solo de los beneficios. La expansión de los balances de los bancos centrales no servirá para solucionar ese temor, a menos que sean solo los bancos, estamos preocupados por el ahorro.

Lo que se necesita en las circunstancias actuales son acciones para que cada uno de nosotros confíe en que, si seguimos el consejo de los expertos médicos, especialmente si nos aislamos –restringiendo con ello deliberadamente nuestros ingresos personales–, los gobiernos podrán hacerlo bien. En esencia, necesitamos un rescate financiero de las personas. Un rescate inteligente y persuasivo.

Tras discutir esta idea con un par de expertos económicos, existen considerables dificultades para ir más allá del simple concepto. En EEUU, por ejemplo, la Reserva Federal tiene restricciones legales para hacer transferencias directas de efectivo a personas o empresas, y esto podría ser cierto en otros países. Pero las autoridades fiscales pueden superar este impedimento a través de un bono especial, cuyos ingresos podrían transferirse a individuos y empresarios. Los bancos centrales están en condiciones de financiar fácilmente dichos bonos.

Una decisión de este tipo, además, redundaría en la percepción y la realidad de la independencia del banco central. Yo estoy entre quienes sostienen que los bancos centrales solo pueden ejercer su independencia si lo hacen con prudencia. Otros argumentarán que, en medio del debate sobre la igualdad, cualquier apoyo a los ingresos debe estar dirigido a aquellos con ingresos muy bajos, mientras que los que ganan más o las grandes empresas no deben recibir nada, o muy poco. Comprendo este planteamiento, pero ignora la centralidad del actual shock económico. Todos nuestros cafés y restaurantes, así como muchas de las aerolíneas y otros sectores están en riesgo de no poder sobrevivir, y todos ellos son grandes empleadores.

En este momento, lo esencial es el tiempo, y necesitamos que los responsables políticos actúen lo antes posible. De lo contrario, los mecanismos de transmisión, incluidos los que garantizan el funcionamiento de nuestra forma de vida surgida tras la Segunda Guerra Mundial, pueden verse desafiados.

Necesitamos un rescate financiero inteligente para las personas. Y lo necesitamos ahora.

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Los grandes propietarios piden al Gobierno que no apruebe una moratoria en los alquileres

Los grandes propietarios inmobiliarios han salido en defensa de sus intereses y de las familias con propiedades en alquiler al pedir al Gobierno que no establezca una moratoria en el residencial en arrendamiento, debido a la crisis del coronavirus, porque pondría en peligro ese mercado en un futuro y también el ahorro privado de las familias.

Socimis como Merlin, Colonial, GMP, Intu, La Finca y Unibail, aseguradoras como Allianz y Mutua Madrileña o inmobiliarias como Azora, Klepierre e Iberdrola Inmobiliaria han emitido un comunicado este viernes a través de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) dirigido al Ejecutivo.

«Advertimos del grave riesgo a medio y largo plazo que supone adoptar medidas gravosas y discriminatorias como la condonación del pago del alquiler de viviendas a costa del ahorro privado. Un grave riesgo, sobre todo para jóvenes y familias de renta baja que verán comprometido el acceso a una vivienda en el futuro inmediato, una vez superada esta crisis», señala en el comunicado.

Desde Asipa cree que adoptar este tipo de medidas supondría «un serio atentado contra la necesaria seguridad jurídica del sector, poniendo en riesgo la supervivencia económica de muchos ahorradores privados». Por eso, estas empresas creen que es importante dejar claro, una vez más, que el ahorro institucional no es otra cosa que sociedades de gestión que representan a millones de ciudadanos individuales, frecuentemente a través de planes de pensiones, que deciden unir sus ahorros para facilitar inversiones colectivas más grandes y a más largo plazo.

En los últimos tiempos, formaciones políticas como Unidas Podemos han puesto el foco en este tipo de sociedades como socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) y fondos inmobiliarios para acusarles de ser el causante de la subida de precios de los alquileres. Una aseveración unánimemente refutada por el sector debido a que este tipo de grandes propietarios apenas controlan el 5% del parque conjunto del alquiler, que se encuentra, sin embargo, en manos de familias.

El Gobierno ha estudiado diferentes medidas que pudiesen beneficiar a los afectados por el parón económico sin precedentes por la crisis del coronavirus, entre ellas establecer alguna moratoria en los pagos de rentas del alquiler. Sin embargo, desde el equipo económico del Ejecutivo, hasta ahora se ha descartado esta opción.

Grandes empresas propietarias de viviendas como Blackstone, tal como adelantó Cinco Díasestudian medidas para flexibilizar esos pagos, o establecen moratorias como ya ha realizado Azora, entre otras inmobiliarias. «Queremos recordar que los propietarios privados tomaron la iniciativa y desde el comienzo de la crisis sanitaria están ofreciendo ayudas a aquellos inquilinos cuya situación económica se haya visto afectada por Covid-19, demostrando su compromiso y responsabilidad social, de forma solidaria y adaptada a la capacidad de cada uno para no poner en riesgo su viabilidad», aseveran desde esta asociación de grandes empresas.

De hecho, en el comunicado, las empresas agrupadas en Asipa apuntan a que el ataque a estas compañías es «es injusto, interesado y contradictorio hablar de fondo buitre para referirse a estas sociedades de ahorro colectivo que financian y mantienen grandes parques de vivienda a largo plazo, tan necesarias para dar acceso a la vivienda a miles de familias. El ahorro institucional no es parte del problema, sino parte de la solución».

«Creemos que el uso de este término solo busca justificar la aplicación arbitraria de medidas discriminatorias a este tipo de ahorro, que son más cosméticas que reales, pues este tipo de ahorro solo representa un 2% del total de viviendas en alquiler en España», destaca el comunicado de Asipa.

Algunas de estos grandes empresas patrimonialistas agrupadas en esta asociación empresarial no son propietarias de vivienda, como es el caso de Merlin, Colonial, Unibail o Mutua. Azora, sin embargo, sí es uno de los grandes impulsores de este mercado en España desde 2003, cuando lanzó el vehículo de inversión Lazora, actualmente propiedad de CBRE Global Investors, además de ejercer como gestor de este tipo de casas en arrendamiento. El presidente de la asociación Asipa es Fernando Lacadena, experimentado ejecutivo del sector y actualmente director financiero de Merlin.

Desde Asipa ven con preocupación algunas informaciones aparecidas en medios de comunicación hablan de aplicar la obligación de condonar el pago de las rentas a cualquier ahorrador privado con más de dos viviendas, ampliando la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga más de ocho. «Esta campaña contra el ahorro privado busca ya extenderse, también de forma injusta, hacia pequeños ahorradores«.

En los últimos meses, el sector inmobiliario ha venido recordando al Gobierno la escasez de oferta de vivienda asequible en alquiler que hace que se dispare los precios ante la fuerte demanda de jóvenes y familias que no pueden acceder a los créditos hipotecarios por falta de ahorro. Y exige que con fórmulas de colaboración público-privadas se ponga en el mercado más de 100.000 viviendas al año a bajo coste para los inquilinos.

«Este tipo de medidas tendrían efectos colaterales negativos, porque el verdadero problema de fondo en materia de vivienda en España es la escasez de vivienda disponible para alquilar, sobre todo para los jóvenes y para familias de rentas bajas», recuerdan las empresas.  «Y es el ahorro privado el único que puede financiar el 1,5 millones de viviendas que hacen falta de aquí a los próximos 10 o 15 años, y acudir a la llamada de colaboración de las administraciones públicas para crear el parque social y asequible que se necesita. Y es por ello, que debilitarlo con medidas como las citadas, afectaran a dicha capacidad poniendo en riesgo el acceso a la vivienda de millones de ciudadanos en el medio plazo»

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Goirigolzarri: «En esta crisis la banca no es el problema sino parte de la solución»

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha expresado durante la junta de accionistas de la entidad que se ha celebrado este viernes que, a diferencia de la crisis que dio comienzo en 2008, el sector bancario español está preparado para proporcionar la liquidez suficiente para ayudar a empresas y familias y reactivar la economía cuanod cese el estado de alarma por el Covid-19.

«Entonces, los bancos espñaoles ni tenían liquidez ni capital para fiancniar la economía, ni a las empresas ni a las familias. Algunas entidades tuvieron que ser rescatadas y Bankia es una ejemplo paradigmático. Pero hoy la banca no es el problema sino que forma parte de la solución», ha estimado.

En ese sentido, ha asegurado que, auqnue es difícil estimar el alcance del impacto económico y la duración que tedrá el brote del virus, Bankia está preparada a nivel de solvencia y capital para afrontarlo con garantías. Igualmente, ha alabado los planes de las instituciones fiancieras y del Gobierno para mitigar los daños. «La medias van en la buena dirección y estamos desarrollando todos los planes de apyoo a los clientes gracias a las fortalezas de liquidez y solvencia», ha detallado.

Precisamente, con el objetivo de proteger le capital del banco y poder ayudar a activar la actividad económica tras el parón sufrido con el decreto del estado de alarma, Bankia se ha unido a  Santander y CaixaBank y ha tomado medidas excepcionales en cuanto a la retribución al accionista. Según ha comunicado la entidad en un comunicado remitido a la CNMV, antes de dar comienzo a su junta general de accionistas, para 2020 cancela el pago de cualquier dividendo extraordinario con el fin de proteger el capital del banco.

«El consejo de administración de Bankia considera que mantener el liderazgo en solvencia en estos momentos excepcionales es clave y prioritario y que, por tanto, la política de dividendos de la entidad debe ser de máxima prudencia. Por esta razón, revisa el objetivo de distribución de capital fijado en el plan estratégico 2018-2020, renunciando a cualquier distribución de carácter extraordinario para el presente ejercicio», explica Bankia.

Igualmente, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri pone en duda el reparto de dividendo extraordinario para el ejercicio actual, ya que anticipa que aplicará criterios de «extrema prudencia». Bankia detalla que esta decisión se produce «como medida para dotar a la entidad de la máxima flexibilidad para afrontar las necesidades de financiación de las familias y empresas españolas, en el incierto entorno actual».

«El capital es el mejor seguro ante cualquier tipo de imprevisto y es lo que permite a las entidades desarrollar su operativa de forma segura. Nuestra extraordinaria situación de capital va a permitir ayudar a empresas y clientes particulares en estos momentos tan duros que estamos viviendo y ello indica que hemos decidido ser muy prudentes en el reparto de dividendos», explicó Goirigolzarri durante la celebración de la junta.

No obstante, la entidad puntualiza que esta decisión no afectará a la remuneración de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones en circulación, que seguirá siendo pagada de acuerdo con el marco regulatorio y de supervisión vigente».

El consejo de Bankia ha sometido a votación la aprobación de las cuentas de la entidad correspondiente a 2019, el informe de gestión y el abono de 355 millones de euros en dividendos, con cargo a los resultados de 2019, el próximo 15 de abril, a razón de 0,11576 euros brutos por cada acción, la misma cuantía que el ejercicio anterior.

Además, la junta ha votado el nombramiento de Nuria Oliver como nueva consejera independiente de la entidad para los próximos cuatro años. Tras su incorporación, el consejo de Bankia queda integrado por 13 consejeros, de los cuales tres son ejecutivos, nueve independientes y uno tiene calificación de otro consejero externo. El compromiso de la entidad es que al menos el 30% del consejo de Bania esté formado por consejeras, en 2020.

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Grifols comenzará a producir plasma anti-coronavirus en julio

La multinacional de hemoderivados Grifols espera empezar a producir inmunoglobulina frente a Covid-19 a partir de julio en Estados Unidos con el fin de ayudar a frenar la evolución del coronavirus. Se trata de un derivado plasmático con anticuerpos frente a esta infección.

Este es el plazo aproximado que maneja la multinacional, según ha explicado el presidente del área industrial de la división Bioscience de Grifols, Eduardo Herrero, que recalca, no obstante, que todo dependerá de los ritmos que marque la FDA, la autoridad sanitaria estadounidense.

Grifols pretende usar su experiencia en el terreno de plasma para hacer frente al coronavirus y el miércoles por la noche anunció un acuerdo de colaboración con diversas instituciones estadounidenses y organismos federales de salud pública de ese país, entre ellos la propia FDA, para recoger plasma de pacientes recuperados del Covid-19, procesarlo y producir inmunoglobulinas hiperinmunes.

En una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil español, Grifols, que tiene una gran presencia en EE UU precisó que se trataría del primer tratamiento para combatir específicamente el nuevo coronavirus desde el terreno plasmático.

En virtud de este acuerdo divulgado el miércoles, Grifols pone a disposición del proyecto su red de centros de donación de plasma aprobados por la FDA; y se encargará de examinar e identificar a los donantes, juntamente con otros organismos de salud estadounidenses, y de procesar el plasma para producir las inmunoglobulinas hiperinmunes en sus instalaciones especialmente diseñadas y aisladas para enfermedades infecciosas en Clayton (Carolina del Norte, EE.UU.).

Herrero ha explicado  que Grifols pretende empezar a recopilar plasma de pacientes recuperados del Covid-19 «a principios o mediados de abril», y que se propone hacerlo en los estados de Washington, California y «posiblemente también en el de Nueva York», ha aclarado.

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El Gobierno trabaja con el sector industrial para la fabricación a gran escala de material sanitario

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trabaja con el sector industrial española para reorientar la actividad manufacturera a la fabricación a gran escala de material sanitario con el objetivo de atender al incremento de la demanda por la extensión del coronavirus.

Este lunes la titular del departamento, Reyes Maroto, ha mantenido una reunión telemática con las principales asociaciones del sector industrial y los sindicatos mayoritarios con este objetivo.ADVERTISING

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«En este momento es crucial garantizar el abastecimiento para proteger la salud de la población, de los profesionales sanitarios y de los trabajadores destinados en servicios esenciales o en labores de abastecimiento», ha señalado la ministra al final de la reunión.

Durante la reunión se han analizado las líneas de trabajo desarrolladas con empresas de sectores como automoción, aeroespacial o digital para poner en marcha líneas de producción a gran escala de mascarillas de todo tipo, gafas, batas desechables, electroválvulas y respiradores.

Así, ya se están desarrollando líneas de trabajo con diferentes empresas que han ofrecido adaptar su producción mediante impresión 3D como, por ejemplo, las iniciativas desarrollada por el Consorcio Zona Franca-SEAT-HP-Leitat.

Además, en colaboración con la Federación Española de Empresas de la Confección (Fedecon), se trabaja con empresas textiles para la fabricación de mascarillas higiénicas y batas en talleres de corte y confección.

En el caso del sector del cemento, las empresas se han ofrecido a colaborar para la eliminación de los residuos generados en la crisis en la medida en que las empresas puedan seguir funcionando.

Paralelamente, el Ministerio trabaja estrechamente con las principales empresas españolas especializadas en la fabricación de mascarillas, equipos de protección individual, gafas, guantes y respiradores para aumentar y agilizar su capacidad de producción a corto plazo, siguiendo las indicaciones del Comité Técnico de Gestión de la crisis del coronavirus, y en especial del ministerio de Sanidad.

También en el ámbito de geles y soluciones hidroalcohólicas, mantiene líneas de trabajo con empresas de los sectores cosmético y perfumería (a través de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, STANPA), y de bebidas espirituosas, para que fabriquen solución a granel y envasada, siguiendo las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento.

Igualmente, los equipos de la Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Dirección General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad) siguen trabajando en nuevas opciones de producción y localización.

En la reunión han estado presentes responsables de la patronal de la industria digital Ametic, de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), de Farmaindustria, la Federación Española de Empresas de la Confección (Fedecon), la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y los sincdicatos UGT-FICA y CCOO-Industria.

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Los Anticapitalistas consuman este fin de semana su escisión de Podemos

Los Anticapitalistas, antigua Izquierda Anticapitalista que cofundó Podemos y que han permanecido desde entonces como corriente interna del partido, consumarán con toda probabilidad su separación este fin de semana con la votación telemática de esa propuesta en la llamada Conferencia Confederal que abarca a todos sus inscritos.

Anticapitalistas decidió mantener la votación hasta este sábado, aunque no el encuentro presencial de la Conferencia, a pesar de la epidemia de coronavirus, que sí llevó a Podemos a suspender toda su Asamblea General prevista para el pasado sábado 21 de marzo, incluidas las votaciones de los cargos orgánicos y los documentos programáticos y éticos.

Fuentes de Anticapitalistas justificaron el mantenimiento de la votación señalando que «hay bastante consenso en torno a abandonar» Podemos, como se desprende de que «los debates con las bases militantes ya están hechos y van en esa línea».

Así las cosas, la votación a la pregunta de si «permanecer o abandonar Podemos como proyecto estratégico» se presenta puramente como «una formalidad». No se han registrado más propuestas alternativas a la de la dirección de Anticapitalistas, y los inscritos votan ya desde el martes con las únicas opciones de votar sí a la separación, votar no o abstenerse. Este sábado es el último día de plazo para votar y este domingo se conocerá el resultado de la consulta.

La cuestión parece bastante decantada desde que el pasado 12 de febrero la principal figura mediática y único cargo institucional de esta corriente en España, la diputada andaluza Teresa Rodríguez, escenificó la separación en un vídeo en Twitter junto al secretario general del partido, Pablo Iglesias.

Rodríguez en principio la limitaba a la esfera andaluza, donde ella quería potenciar Adelante Andalucía como organización autónoma, pero Iglesias la entendió desde el principio como ruptura de todo Anticapitalistas. De hecho mencionó en ese vídeo al eurodiputado Miguel Urbán, otra figura carismática de la corriente y que también se ha mostrado desde entonces a favor de abandonar Podemos, formación de la que llegó a ser secretario de Organización en sus orígenes.

Contra la coalición con el PSOE

Los Anticapitalistas, críticos con la intención de la dirección de Podemos de cobernar con el PSOE desde las elecciones de abril de 2019, ya anunciaron dos días después de la firma del preacuerdo de coalición entre Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 12 de noviembre, que estudiarían abandonar el partido ante una rúbrica que «lo cambia todo». Entienden que someterse al Partido Socialista y su socialiberalismo incumple el objetivo fundacional de la formación, por lo que desde ese mismo día avanzaron su propósito de hacer oposición al nuevo Ejecutivo.

En las últimas semanas, la hasta ahora corriente interna de Podemos ha criticado el plan de medidas económicas y sociales aprobado por el Consejo de Ministros para afrontar el impacto de la epidemia de coronavirus, al estimar que se centraba en dar liquidez a las empresas y censurar que no prohibiera los despidos.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, anunció precisamente este viernes el acuerdo de prohibirlos en la actual situación de parón de la actividad por el estado de alarma.

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La Cámara de Comercio de España alerta de que Europa «se la juega» en esta crisis

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha advertido de que Europa «se la juega» en esta crisis sanitaria provocada por el covid-19 y si «no está a la altura de las circunstancias, provocará una grave desafección de los ciudadanos que darán la espalda a la Unión Europea».

Bonet ha subrayado este sábado, en un comunicado, que «ni las empresas ni los ciudadanos europeos pueden esperar quince días más» a que los ministros de Finanzas lleguen a un acuerdo sobre un plan de medidas de choque.

Por ello, ha apoyado «la firmeza» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reclamación a la Unión Europea de medidas contundentes para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.

Según Bonet, el paraguas europeo es «fundamental» para que el Gobierno español pueda acometer nuevas medidas de apoyo económico y social que permitan hacer frente a los «devastadores efectos» económicos de esta emergencia sanitaria.

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha recordado que proteger la salud de las personas es ahora la prioridad, por lo que es fundamental atender las indicaciones del Ministerio de Sanidad y colaborar en todo momento con las autoridades para detener la propagación de esta pandemia.

Sin embargo, además, la Administración «tiene que amparar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y a las empresas que están inmersas en graves dificultades, ya que son la clave para encarar con éxito las fases posteriores de recuperación de la economía y reconstrucción económica y social de España»

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