La Casa Blanca estudia ‘desconectar’ la moneda de Hong Kong del dólar estadounidense para castigar a Pekín

Algunos de los principales asesores del presidente de EE.UU., Donald Trump, quieren que la Casa Blanca socave la vinculación del dólar de Hong Kong con el dólar estadounidense con el objetivo de castigar a Pekín por la reciente ley de seguridad nacional impuesta a esta región administrativa especial china, informó Bloomberg este miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

La medida, que podría limitar la capacidad de los bancos hongkoneses para comprar dólares estadounidenses, también cuenta con detractores dentro de la Administración Trump que argumentan que podría perjudicar a los bancos de Hong Kong y a EE.UU., en lugar de a China.

«Decisión desastrosa»

Hong Kong vinculó su moneda al dólar estadounidense en 1983, lo que le permite fluctuar dentro de una banda bastante estricta que, generalmente, se ha centrado en alrededor de 7,8 por dólar estadounidense. La moneda se ha mantenido fuerte debido a su ventaja de rendimiento sobre el dólar, la demanda de ventas de acciones de las compañías chinas y los flujos persistentes en el mercado local de renta variable.

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Según dos de las fuentes, la Administración Trump da prioridad a encontrar formas de castigar a los bancos con sede en Hong Kong, especialmente a la multinacional británica de banca y servicios financieros HSBC Holdings. De hecho, el mes pasado el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, señaló a su director ejecutivo para Asia-Pacífico, Peter Wong, por firmar una petición que —en su opinión— respalda «la desastrosa decisión de Pekín de destruir la autonomía de Hong Kong».

Paul Chan, secretario financiero de Hong Kong, dijo el mes pasado que el Banco Popular de China podría proporcionar dólares estadounidense en caso de que EE.UU. imponga sanciones contra el territorio. La fijación del dólar está respaldada por alrededor de 440.000 millones de dólares en reservas de divisas, más del doble del dinero en circulación de la ciudad.

«Escenario apocalíptico»

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), Eddie Yue, aseguró que cualquier medida para negar el acceso de esta región administrativa especial china al sistema de compensación del dólar estadounidense sería un «escenario apocalíptico» que «también enviaría ondas de choque a los mercados financieros mundiales, incluido EE.UU.».

Xia Le, economista jefe de Asia en BBVA Hong Kong, calificó la propuesta de «arma nuclear». En este sentido, indicó que, si la medida entra en efecto, se corre el riesgo desacoplamiento completo entre Pekín y Washington. «Es técnicamente difícil de imponer y perjudicará mucho a Estados Unidos», afirmó Xia.

Stephen Innes, estratega jefe de mercado global en AxiCorp, cree que una posible forma de atacar el punto de apoyo del dólar por parte de Washington sería mediante limitaciones a los bancos del país norteamericano a la hora de proporcionar fondos en dólares a los bancos chinos y de Hong Kong, lo que elevaría los costos de dichos fondos «de manera exorbitante».

Otras opciones sobre la mesa

El director del FBI considera que el espionaje de China es "la mayor amenaza a largo plazo" para EE.UU.

El director del FBI considera que el espionaje de China es «la mayor amenaza a largo plazo» para EE.UU.

Sin embargo, Innes cree que este escenario es poco probable, ya que China podría tomar represalias mediante medidas contra los activos estadounidenses, incluidos los bonos del Tesoro y las acciones, así como desestabilizar las parcelas en otros lugares, especialmente aquellos mantenidos por los aliados de EE.UU. en Oriente Medio.

«La inestabilidad impensable que desencadenaría en el ecosistema financiero global basado en el dólar estadounidenses podría impulsar una venta masiva en los mercados de valor de EE.UU.», explicó Innes, agregando que esto sería «un resultado aborrecible para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre». 

El Gobierno estadounidense también contempla otras opciones, que van desde cancelar el tratado de extradición entre el país norteamericano y dicha región administrativa especial china, hasta poner fin a la cooperación de Washington con la policía de Hong Kong.

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La receta alemana para retener su industria

Tras el proceso de privatizaciones iniciado durante los gobiernos de Felipe González y acelerado en los dos mandatos de José María Aznar, España es a día de hoy el país de la UE con menos empresas públicas. Una tendencia que podría empezar a revertirse con la reciente activación por parte del Gobierno, del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un fondo dotado de 10.000 millones de euros para el rescate público de empresas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Iberia, la antigua aerolínea del Estado, privatizada durante el primer gobierno de Aznar, es una de las principales candidatas a ser rescatada con dinero público, ante el desplome del tráfico aéreo con la pandemia.

El objetivo de este fondo es, en palabras del Gobierno, “aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas estratégicas”. El fondo contempla la posibilidad de que uno de los mecanismos de apoyo se base en la entrada de la SEPI directamente en el accionariado de empresas estratégicas en apuros, como un inversor más. ¿Qué consecuencias tendrá la puesta en marcha de esta herramienta para Asturies? CCOO, UGT y USO ya han reclamado la intervención de la SEPI para salvar a Alú Ibérica del cierre. IU y Podemos también. La formación morada ha destacado en Asturies por su defensa de una participación pública en el accionariado de las principales empresas asturianas. Uno de los ejemplos que inspira esta posición es el caso de Volkswagen y el estado alemán de Baja Sajonia. Con un 20% de las acciones, la región es el segundo accionista más importante del Grupo Volkswagen, el principal fabricante de coches del mundo. El objetivo de esta participación pública es blindar los intereses regionales en el consejo de administración del gigante automovilístico, por ejemplo frente a proyectos de cierres y deslocalización de las fábricas alemanas a otros países, asegurar carga de trabajo y buenas inversiones para las plantas ubicadas en este land alemán, así como aumentar los ingresos de Baja Sajonia cada vez que se reparten beneficios. No es una cuestión menor. En 2019 el grupo ganó 13.346 millones de euros. Baja Sajonia comparte la dirección empresarial con los principales accionistas privados del grupo Porsche, principal accionista, y Qatar Holding.

Sede de Volkswagen, principal fabricante mundial de coches, en Wolfsburgo, Baja Sajonia.

Wolkswagen fue una empresa pública desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. A partir de esa década se inició su privatización, muy contestada por los poderosos sindicatos alemanes, partidarios de seguir manteniendo el control del Estado. El acuerdo adoptado por los dos grandes partidos de la entonces República Federal de Alemania, la CDU y el SPD, y reflejado en la Ley Volkswagen de 1960, sería una privatización parcial y con muchas condiciones. La República se quedaría el 20% de las acciones y el estado regional otro tanto. El 60 % restante debía distribuirse de manera muy fraccionada entre accionistas privados. Además, para proteger a la empresa de opas hostiles de inversores capitalistas extranjeros, la Ley Volkswagen autoriza al Gobierno alemán y al Gobierno de Sajonia a nombrar a dos representantes en el consejo de vigilancia, en el que también están representados los sindicatos. Estas condiciones cambiaron parcialmente después de una sentencia en 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la UE contra Alemania, que obligaba al Parlamento alemán a modificar la Ley Volkswagen. Según el fallo judicial, favorable a los intereses del principal accionista privado, Porsche, la ley de 1960 restringía la libre circulación de capitales en la Unión Europea. En 2008 el Estado federal vendería sus acciones, permitiendo así a los accionistas privados aumentar su peso, e iniciaría la modificación de la Ley para ajustarla a la normativa europea. Una reforma que en todo caso ha permitido a Baja Sajonia conservar, e incluso aumentar, su participación empresarial, asegurando así cierto control público de una empresa que genera miles de puestos de empleo en este estado regional y en toda Alemania.

Fábrica Volkswagen en Dresde, capital de Sajonia.

La participación pública en las empresas no es una receta mágica e infalible frente a la supresión de puestos de trabajo, de hecho Volkswagen anunció en 2016 su intención de reducir 3.000 empleos en Alemania, pero sí introduce un cierto elemento de freno frente a cierres de plantas y deslocalizaciones. Francia, que también posee acciones en Renault y el grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS y Opel) anunció con el inicio de la crisis, su intención de dar prioridad a las fábricas francesas e iniciar la relocalización de su producción automovilística, algo que podría amenazar a los trabajadores españoles de marcas francesas. La apuesta del Gobierno PSOE-UP por reforzar el capital de la SEPI con 10.000 millones de euros parece inscribirse en este contexto internacional de desglobalización y nuevo proteccionismo industrial. La portavoz de Podemos Asturies en el Parlamento autonómico, Lorena Gil, ha celebrado la creación del Fondo para la SEPI porque “abre posibilidades de futuro para el mantenimiento del empleo y la actividad industrial en compañías actualmente en riesgo de cierre o deslocalización y, por tanto, abre posibilidades de futuro para Asturies que tenemos que aprovechar”. La formación morada aboga por un frente común a nivel político y sindical para asegurar que este fondo se destine a reforzar la participación pública en el sector industrial asturiano, de forma total o parcial, para evitar cierres de empresas como Alu Ibérica y reforzar la participación en la gran industria asturiana con riesgo de deslocalización.

Lorena Gil interviene en el pleno institucional. FOTO: Iván G. Fernández

Desde Podemos Asturies se insiste en que países como Francia y Alemania llevan tiempo con estrategias de relocalización industrial orientadas a que plantas industriales que operaban en terceros países vuelvan a desarrollar su actividad industrial dentro de sus territorios. La portavoz de Podemos Asturies, ha manifestado que España “estaba siendo una anomalía” en relación a la participación pública en el sector industrial, “lo que nos hacía más débiles en el terreno económico”. Desde Podemos abogan por tener una cartera de participaciones industriales que generen un dividendo social, ya que los rendimientos de las inversiones se ingresarán en el Tesoro Público y podrán ser reinvertidos para apuntalar la reindustrialización asturiana y asegurar la creación de empleo de calidad. Alú Ibérica es a día de hoy la empresa ubicada en Asturies que tiene más papeletas para ser intervenida por el Estado. Mientras crece el consenso en torno a esta opción, el ejecutivo autonómico presidido por Adrián Barbón guarda una posición ambigüa, tratando de evitar tanto la confrontación con los sindicatos, partidarios de la entrada de la SEPI, como con el Gobierno de Pedro Sánchez, que aún no se ha pronunciado.

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La fórmula que emplean en Baleares para desalojar en 24 horas: «Funciona con ‘okupas de patada'»

El caso de una vecina de Palma prendió la mecha de la indignación vecinal en las islas. Al regresar de un viaje, la mujer se encontró que un okupa había invadido su salón y se había apoderado de sus cosas. Ni siquiera pensaba abandonar el domicilio de la propietaria en S’Olivaret. El okupa le dijo que la vivienda se la había alquilado una persona, cuyos datos no pudo proporcionar, a la que había pagado 3.000 euros. La mujer, que había accedido por la planta superior, tuvo que irse varios meses a otro inmueble. Ocurrió en 2019.

Ese mismo año, la presión de los vecinos ante esta injusticia legal llevó al fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, a realizar una reinterpretación de las leyes vigentes, concluyendo que los agentes podrían desalojar a los okupas sin necesidad de una orden judicial y en 24 horas. Eso sí, debería haber «naturaleza delictiva», para que policía y guardia civil pudieran proceder al desalojo.

En principio, esta fórmula legal parecía música celestial para los propietarios víctimas de okupación. También beneficiaría a los dueños de vivienda en Baleares que, aunque no hubieran sufrido las consecuencias de ver su casa usurpada, podrían vivir tranquilos, sabiendo que los delincuentes serían echados de inmediato. Pero hete aquí el quid de la cuestión. En España, adueñarse de una propiedad ajena no hace al okupa delicuente, excepto en algunos casos. Entonces, ¿en qué circunstancias se ha podido aplicar esta instrucción que lleva un año funcionando en Baleares?

Para ‘okupas de patada’

Blanca Llopis, abogada especializada en casos de okupación en edificios de entidades bancarias en Palma, comenta que la instrucción de la Fiscalía está sirviendo a abogados y agentes, pero no es oro todo lo que reluce. «Por suerte, el confinamiento no ha favorecido el incremento de okupas en las islas. La instrucción que dictó la Fiscalía balear para desalojar una vivienda está ayudando, pero relativamente. Digamos que se trata de una herramienta, se aplica de forma excepcional y no es la norma. En cuanto la policía ve algún resquicio de duda, no se arriesga a desalojar. Si en el inmueble okupado hay una familia, si encuentran menores, o les salen los okupas con una factura, no van a actuar. Esta fórmula solo vale para okupas de patada, si no la policía no se la juega. Los agentes prefieren dar parte al juzgado, con el atestado y listo», expone la letrada.

Los destinos turísticos, como las Islas Baleares, repletos de pisos de segunda residencia, a pie de playa, con jardines y piscinas, suelen ser una golosina para los okupas. El objetivo, para ralentizar lo máximo posible la ejecución de lanzamiento, es el del empadronamiento. «Como el okupa obtenga el padrón municipal en el piso okupado, de nada sirve esta herramienta judicial para desalojarlos en el momento», comenta la jurista desde su despacho BM Abogadas, ubicado en Palma.

«Los okupas se las saben todas. Rápidamente te traen una factura de luz, agua… En algunos casos te traen un recibí falso hecho por ellos mismos, alegando que han pagado la comunidad del bloque. Sean o no verdaderas esas facturas, anula la efectividad de la herramienta legal y, por lo tanto, no hay nada que hacer», añade Llopis.

No obstante, los agentes sí han echado mano en los casos claros. Cuando ha habido robo, violencia vecinal, intimidación en el bloque y amenazas de los okupas, entran y los desalojan. Para ello solo será necesario interponer una denuncia en la comisaria más cercana y demostrar con escrituras o contrato de alquiler que el inmueble pertenece al afectado.

«En esos casos sí se procede porque está muy clara la naturaleza delictiva. Pero cabe recordar que el propietario de la vivienda debe ser un particular, nunca una figura jurídica como un banco, las entidades no pueden acudir a esta herramienta de desalojo en 24 horas», matiza la experimentada abogada.

Aumentan las okupaciones

La izquierda política presiona y sigue avalando la okupación de inmuebles, en detrimento de los propietarios, quienes se encuentran indefensos y deben abandonar su casa el tiempo que tarde el procedimiento en el juzgado, pudiéndose demorarse hasta un año o más.

«Mi recomendación es que los propietarios, si no lo tienen claro, acudan a la vía civil. De este modo se aplicará la legislación del desahucio exprés aprobada por Mariano Rajoy en 2018. Es lo más rápido, ya que si no ven que hay indicios de delito, como puede ser entrada a la vivienda mediante la fuerza o la intimidación, no hay otra manera de exigir el desahucio que funcione con más eficacia. Esta ley, al menos, protege tu vivienda, defiende tu posesión», aclara Blanca Llopis.

Sin embargo, dependiendo de la región, el desahucio exprés deja de ser exprés debido a la lentitud del juzgado al que se presente la denuncia. El colapso en las oficinas de Justicia provoca que el procedimiento puede alargarse hasta un año. Por lo que todavía queda mucho por hacer. Baleares ha dado un pequeño paso, pero cabe decir que ninguna comunidad en España ha copiado esta fórmula, mientras que las estadísticas muestran que las okupaciones siguen aumentando.

Según las cifras de condenados por okupación de viviendas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se dictaron 6.028 sentencias por este tipo de infracción y alrededor de 90.000 viviendas fueron okupadas en toda España. Actualmente se calcula que la cifra ronda las 100.000, según datos del comparador de seguros acierto.com. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad privada siguen siendo asignaturas pendientes en nuestro país. Entretanto, los propietarios siguen desprotegidos.

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Bezoya lanza sus botellas de 100% plástico reciclado

Son muchas las iniciativas que las grandes compañías están tomando de cara a un futuro más sostenible y a favorecer una economía circular. Un ejemplo de compromiso sostenible es el llevado a cabo por Bezoya con el lanzamiento de botellas 100% plástico reciclado. Según un reciente estudio, el 80% de los consumidores creen que los temas relacionados con la sostenibilidad son relevantes, por lo que iniciativas como la de Bezoya empujan a que la sostenibilidad se convierte en la clave del futuro.

El 44% de los consumidores consultados en el reciente estudio de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, afirman haber dejado de comprar productos de marcas que no consideran sostenibles. Las empresas son conscientes de los nuevos hábitos de consumo y esto les impulsa a crear iniciativas que sitúan la sostenibilidad integral como pilar estratégico de su negocio responsable.

Botellas 100% de plástico reciclado

Bezoya forma parte de las compañías que impulsan nuevas campañas para un futuro más sostenible y presenta sus botellas que son 100% reciclables y van en el contenedor amarillo. Están fabricadas con PET, tereftalato de polietileno. Un material que fue producido por primera vez en 1941 y que comenzó a utilizarse en envases en 1976. Es un material ligero, por lo tanto, los envases de este material son más eficientes durante su transporte y distribución, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y, en consecuencia, las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Todos los envases de PET son 100% reciclables. Las botellas pueden tener una segunda vida. El PET es el único plástico que, una vez reciclado, puede tener uso alimentario. El resultado se llama rPET y está certificado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

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El último lanzamiento de Bezoya, bautizado como Compromiso Bezoya, está sustentado en 5 pilares: origen, envasado sostenible, producto, movilidad sostenible y reciclaje. Así, aseguran una gestión responsable en toda su cadena de valor.

5 pilares para un gestión responsable

El pilar origen se basa en preservar la biodiversidad del entorno de su manantial, situado a 1.900 metros de altura en la Sierra de Guadarrama, a través de Red Natura 2000, principal instrumento europeo encargado de la conservación.

El envasado sostenible deriva de que Pascual apuesta por la construcción sostenible de sus plantas, el uso de energía de origen renovable y trabaja para dar una segunda vida a sus residuos, a la vez que fomenta la economía local.

Su planta de Ortigosa del Monte cuenta con la certificación LEED Plata de garantía de sostenibilidad, otorgado por el Consejo de la Construcción Verde de EEUU, que valora aspectos relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible y la selección de materiales.

Además, el 100% de la energía eléctrica utilizada en sus plantas proviene de fuentes de origen renovable y tienen residuo cero a vertedero, es decir, el 100% de los residuos que se generan en sus plantas tienen una segunda vida.

Asimismo, el vínculo con la producción local ha constituido una seña de identidad desde los inicios. El 96% de sus compras son a proveedores locales españoles. Así, generan 185 empleos directos, y 250 empleos indirectos.

El producto final son botellas de 330 y 500 ml hechas 100% con plástico reciclado. Este año 2020, además, sus botellas de 1,5 litros y de 5 litros ya tendrán un 50% de plástico reciclado. El compromiso de la compañía es que en 2022 todas sus botellas sea de plástico reciclado (rPET).

Bezoya lleva utilizando plástico reciclado desde 2017. Desde entonces ya ha reutilizado 2.437 toneladas, el equivalente a 100 millones de botellas de 1,5 litros. Desde 2014 también ha eliminado un 10% de plástico de sus envases, ahorrando 5.800 toneladas de este material; es decir, 237 millones de botellas del tamaño de 1,5 litros.

Este año Bezoya va a recuperar y reutilizar el equivalente a 187 millones de botellas de 1,5 litros.

También envasan parte de su agua en brik y están trabajando en uno más sostenible con materiales procedentes de fuentes renovables. En este sentido, Ribera subraya que «nuestro departamento de I+D+i trabaja, a diario, por un futuro más sostenible buscando proactivamente materiales alternativos y sostenibles para ser la punta de lanza del sector. Buscamos el equilibro entre la necesidad de embalar y la necesidad funcional del producto, buscando alternativas sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria. Porque debemos trabajar el hoy y traer la innovación del mañana».

Mientras que la movilidad sostenible es uno de los ejes principales de su estrategia medioambiental para la descarbonización del transporte. Sus vehículos comerciales son híbridos enchufables y 100% eléctricos y emiten la mitad de CO2 y 10 veces menos óxidos de nitrógeno y partículas que un vehículo promedio en España.

Pascual, a través de su marca Bezoya, busca poner su granito de arena y apostar por un futuro más sostenible porque reciclado se pueden conseguir botellas hechas de botellas, un verdadero éxito de Economía Circular.

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Carmena: un tribunal constata que ocultó su patrimonio

Pese a llevar algo más de un año alejada de la política, Manuela Carmena no deja de sumar varapalos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) constata en una sentencia que la exalcaldesa, que lideraba Ahora Madrid, debería haber desvelado las inversiones que tenía ocultas en una Sicav durante su etapa al frente del Ayuntamiento de la capital española, entre 2015 y 2019 y, por lo tanto, que escondió su patrimonio. El tribunal ordena al Consistorio revelar esta información ahora.

El auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, al que ha tenido acceso ABC y fechado el 30 de junio, desestima el recurso de apelación que había presentado el Ayuntamiento madrileño y, además, le condena a desembolsar 2.000 euros. Dicho recurso era contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, que había dado la razón al jurista especializado en Sicavs Guillermo Rocafort, quien a su vez recurrió judicialmente la respuesta que le había dado el Consistorio al negarse a proporcionar información sobre las inversiones que Carmena declaraba en una sociedad mercantil por valor de 430.000 euros en el Portal de Transparencia de la Corporación municipal.

Los hechos se han ido desencadenando del siguiente modo. En el año 2016, el abogado Guillermo Rocafort presentó una solicitud para acceder a la información pública de la declaración de bienes de la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. En dicho escrito pedía conocer el «nombre» y la «naturaleza» de la Sicav donde la exregidora tenía invertidos los 430.000 euros que se declaraban en el mencionado portal. El secretario general del Pleno del Ayuntamiento firmó la inadmisión de la solicitud alegando que los datos publicados eran «los aportados por la propia alcaldesa, en el mes de junio de 2015, de acuerdo con el modelo de declaración de Registro de Intereses (…)».

Fue entonces cuando Rocafort recurrió esa inadmisión judicialmente y los tribunales le han ido otorgando la razón. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 tuvo en consideración que Ayuntamiento no había hecho «una interpretación restrictiva de las causas de inadmisión» y que no estaba motivada esa negativa. Por lo tanto, admitió el recurso de Rocafort, ordenando a tramitar la solicitud de información. Sin embargo, el Consistorio recurrió la sentencia, dictada en primera instancia en el año 2018 aún con Carmena con el bastón de mando. Ahora, con la exregidora fuera de la vida pública y con José Luis Martínez-Almeida al frente, el TSJM ha resuelto ese recurso dando la razón a Guillermo Rocafort.

Captura del fallo por parte del TSJM
Captura del fallo por parte del TSJM

«Podría asumirse el planteamiento del Ayuntamiento, aunque sus conclusiones no son las correctas, si no fuera porque la resolución inadmite la solicitud y lo hace por motivo no acogido en el artículo 18 de la Ley 19/2 013, de 9 diciembre», indica el TSJM en su auto. De este modo, amparándose en la ley, establece que «los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades (…)».

Por lo tanto, estima el Alto Tribunal madrileño que «la información que podría instar debería ser la que conforme a dicha norma debería constar en poder del Consistorio». Y agregan que «ahora bien, la resolución de inadmisión se refiere a datos expresados en modelo de declaración pero no a los contenidos o documentos que sirven de soporte a dicho modelo que son los que representan el contenido de la información que legalmente se ha de tener».

Distinto sería, advierten, «si dicho contenido o documentos no hubieran sido aportados o no existieran o no tuvieran que aportarse», pero en este caso «tal información exige la tramitación y resolución, debidamente motivada, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la norma pero nunca su inadmisión de plano cuando la solicitud, ni siquiera, ha sido tildada de abusiva ni justificada por la norma, acertando el Juzgador de instancia cuando rechaza la imprecación que se realiza en la solicitud pues la misma excede del derecho recogido en el artículo 12. En suma, procederá la íntegra desestimación del recurso de apelación».

Esta última sentencia, ante la que cabe recurso de casación, podría perjudicar seriamente los intereses de Carmena, que últimamente sonaba para ser la próxima Defensora del Pueblo.

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Laboratorios Rovi fabricará en Madrid la vacuna contra el coronavirus de Moderna

La compañía biotecnológica Moderna, que trabaja en una de las vacunas más avanzadas para luchar contra el coronavirus, ha llegado a un acuerdo con Laboratorios Farmacéuticos Rovi, compañía farmacéutica paneuropea especializada y dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y comercialización de pequeñas moléculas y especialidades biológicas, para la fabricación a gran escala del llenado y acabado de la vacuna candidata ARNm contra la COVID-19 de Moderna (ARNm-1273) en las instalaciones de ROVI en Madrid, España.

Como parte del acuerdo, ROVI proporcionará capacidad de llenado y acabado de viales mediante la adquisición de una nueva línea de producción y equipos para la formulación, el llenado, la inspección visual automática y el etiquetado para dar soporte a la producción de cientos de millones de dosis de la vacuna candidata prevista, en principio, para abastecer mercados fuera de los EE.UU. a partir de principios de 2021. ROVI también contratará el personal adicional necesario para llevar a cabo las operaciones de fabricación y producción.

“Moderna está comprometida con ayudar a abordar la crisis de la COVID-19. Nos complace asociarnos con ROVI para suministrar potencialmente cientos de millones de dosis de la vacuna terminada ARNm-1273, una vez aprobada, y ayudar a abordar la necesidad de una vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo”, dijo Juan Andrés, Chief Technology Operations and Quality Officer de Moderna. “La experiencia de ROVI como fabricante global de productos farmacéuticos y su especialización en el llenado y acabado supondrá para nosotros una colaboración importante de cara a establecer cadenas de suministro dedicadas que puedan satisfacer las necesidades de diferentes países y regiones. Estoy encantado de volver a trabajar con ROVI”.

Juan López-Belmonte Encina, consejero delegado de ROVI, comentó: “estamos muy contentos por la colaboración con Moderna, cuya vacuna contra la COVID-19 es una de las más avanzadas en la carrera por resolver esta crisis sanitaria. Nos ilusionaría enormemente que ROVI pudiera formar parte de la solución a esta pandemia que nos afecta a todos y apoyar a Moderna en su abastecimiento a gran escala. Nuestra probada experiencia y capacidades como fabricante de inyectables para terceros nos han permitido alcanzar este acuerdo, que contribuiría al fortalecimiento de nuestra área de fabricación, proporcionándonos, previsiblemente, una oportunidad de crecimiento significativo de esta área. Asimismo, me gustaría agradecer al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento su cercanía y apoyo durante todo este proceso que está siendo fundamental”.

La vacuna de Moderna, ARNm-1273, es una candidata contra la COVID-19 que codifica una forma estabilizada de prefusión de la proteína Spike (S), que fue diseñada por Moderna en colaboración con investigadores del Centro de Investigación de Vacunas (VRC) del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), una parte del Instituto Nacional de Salud (NIH). El 8 de julio, se completó el reclutamiento del estudio de Fase II de ARNm-1273. Se espera que el estudio de Fase III de Moderna, de aproximadamente 30.000 participantes

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Lleida pierde la trazabilidad de los contagios.La Generalitat ha reaccionado demasiado tarde

La pandemia de coronavirus avanza sin control en la comarca de Lleida. Jorge Soler, médico leridano y portavoz de Ciudadanos en materia de sanidad en el parlamento catalán, coincide con el virólogo Fernando Simón en que se ha actuado tarde y advierte de que se ha perdido la trazabilidad de los contagios.

Soler subraya que en Lleida ha fallado algo tan “fundamental” como la trazabilidad de los contactos que han tenido los contagiados por covid-19. Insiste en que “no se puede permitir que los nuevos casos se diagnostiquen tarde y que, además, no se sea capaz de conocer quiénes han sido sus contactos”.Publicidad

Recuerda que la consejera de Salud, Alba Vergés, contrató en su momento a una filial de Ferrovial para hacer los posibles seguimientos en Cataluña por un importe de cerca de 18 millones de euros. A raíz de la polémica que generó esta contratación, la Generalitat intentó hacer marcha atrás, aunque al final acabó solicitando los servicios a esta empresa. Diversos grupos parlamentarios han reclamado más información sobre a quién y en que condiciones se han externalizado los seguimientos.

Soler lamenta la “falta” de transparencia de la Generalitat en los brotes de Lleida. Indica que la consejera Vergés reconoció que no había facilitado toda la información para no alarmar a la ciudadanía. Recalca que tampoco se la facilitó a los diputados.

El pasado jueves, Vergés convocó a los portavoces de sanidad de los diversos grupos sanitarios. Según Soler, les aseguró que la trazabilidad no se había perdido. El viernes, el Servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat montó un hospital de campaña junto al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquel día, de los comunicados de la Consejería de Salud no se desprendía ninguna alarma. No obstante, a primera hora del sábado, el presidente Quim Torra se reunió con los servicios de protección civil para ordenar el confinamiento de Lleida y su comarca.

Si sabían cuál era la realmente la situación desde días atrás, Soler considera “irresponsable” que no se ordenase el confinamiento hasta las 12.00 horas del sábado cuando muchos leridanos ya se habían ido a la playa, a segundas residencias o de cenas con los amigos.

El ‘paciente 0’ de Ordizia viajó a Lleida

Precisamente, el servicio vasco de salud atribuye el ‘paciente 0’ del brote de Ordizia (Guipúzcoa) a un hombre que hace unos días viajó a Lleida. Este broté provocó hasta este miércoles cerca de 50 contagios.

Delegados del sindicato Metges de Cataluña reclaman información, directrices y más personal para controlar la proliferación de contagios. En declaraciones a Economía Digital, aseguran que aún no han recibido refuerzos.

Los seguimientos a los positivos se realizan a dos niveles. Desde la asistencia primaria, se intentan filiar en la medida de lo posible los principales contactos. Sin embargo, carecen de medios para realizar un seguimiento exhaustivo.Publicidad

En algunos casos, personal contratado para los seguimientos ha llamado tan tarde a los positivos que ya se habían recuperado o que debían confinarse y no lo han hecho, según las fuentes consultadas.

A partir del próximo lunes, en Lleida se paralizará probablemente parte de la actividad asistencial habitual para centrarse en los brotes de covid-19, como en plena epidemia, según fuentes médicas aunque esta medida no ha sido confirmada de forma oficial.

A través de Twitter, el virólogo Oriol Mitjà, reclamó hacer test masivos a los temporeros del campo (que están recogiendo fruta) y pasar al confinamiento domiciliario. O sea, el virólogo de cabecera de Torra pide medidas más duras para controlar la pandemia.


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El Corte Inglés alarma a sus accionistas con el dividendo

El Corte Inglés tiene marcado en rojo el próximo 26 de julio, día que celebra su junta genral de accionistas para la validación del ejercicio 2019-2020. A pesar de que antes de la pandemia de coronavirus la compañía presentó más de 300 millones de beneficios, el reparto del dividendo que se discutirá en la reunión ha puesto en alerta a la Fundación Ramón Areces, con un 37,3% del paquete y al jeque catarí Al Thani, socio de la cadena de grandes almacenes con algo más de un 10% bajo su control.

La firma que dirige Marta Álvarez ganó en el pasado año fiscal 310 millones de euros, un 20% más que en el año anterior. Sin embargo, el impacto de la crisis sanitaria aumenta la incertidumbre en torno al reparto del dividendo para los accionistas. 

Según informa este jueves El Confidencial, esa reducción en la retribución será del 50%. A pesar de que a El Corte Inglés le fue concedido un préstamo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), las restricciones que impone el Gobierno -impide el reparto de dividendos para los accionistas de compañías amparadas bajo el ICO- no se aplican a este crédito, por lo que el recorte en el pago a los accionistas corresponde más a una decisión de la directiva. 

En los anteriores resultados, el jeque Al Thani ganó 87 millones de euros a través de su sociedad Primefin, radicada en Luxemburgo, en el ejercicio de 2018, en el que se cifran pérdidas por valor de 46 millones.

En cuanto a la fundación, el recorte del dividendo supondría un descenso considerable de la inyección a una de las mayores fundaciones de España. En sus últimos resultados disponibles, de 2017, figuran unos fondos propios de 471 millones de euros y un fondo de reserva «de libre disposición» de 121 millones.

Los dividendos de El Corte Inglés

En el ejercicio de 2018-2019, El Corte Inglés destinó 75 de los 258 millones de euros en beneficios a retribuir a sus accionistas a través de dividendo; un 25% más respecto a los 60 millones del año anterior. Fue, además, la ciftra más alta repartida por la cadena de distribución en la última década. La cantidad de este año no superaría los 40 millones. 

El reparto será especialmente importante para el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, después de que su sociedad luxmburguesa perdiese 46 millones de euros en 2017, últimos resultados de los que se dispone, y a pesar de los beneficios reportados los dos años anteriores. Quedan por delante tres semanas hasta conocer cuál será finalmente el reparto de un dividendo con el que a principios de la crisis sanitaria ni siquiera se contaba. 

economiadigital

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La DO del vino de Valdepeñas, a punto de estallar por el fraude del etiquetado

La Denominación de Origen (DO) del vino de Valdepeñas está a un paso de saltar por los aires por el presunto fraude en el etiquetado de las botellas. Los productores y García Carrión tienen previsto abandonar la junta directiva y la asociación interprofesional si los estatutos de la DO no se cambian para quitar poder al bodeguero Félix Solís y se elimina de forma urgente el contraetiquetado genérico que, según investiga la Fiscalíase habría usado para vender vino del año como crianza, reserva o gran reserva.

Aunque la marcha de los productores (agricultores) no implicaría la inmediata disolución de la Denominación de Origen, ya que depende de la consejería de agricultura, sí que obligaría a abrir un nuevo proceso administrativo para intentar cubrir su salida, que es difícil porque hay que acreditar un volumen mínimo de hectáreas, y la dejaría prácticamente inservible. Sin su presencia, la DO no podría tomar ninguna decisión ya que hace falta la mitad del quórum para convocar juntas y sacar adelante propuestas.

Sin los agricultores la asociación no podría convocar juntas ni sacar adelante propuestas

El día clave para despejar el futuro de la DO es este viernes 10 julio, fecha en la que se celebrará una Junta Directiva Extraordinaria convocada a petición de las asociaciones de agricultores presentes en la misma: Asaja, UPA, COAC y Cooperativa Agraria. La orden del día tiene tres puntos polémicos que, de no salir adelante, llevaría a los productores y a García Carrión, presente en la DO a través de Avival, a causar baja el 24 de julio.

El punto más controvertido es el cuarto, que recoge el cambio de los estatutos para que ninguna asociación pueda ostentar más de 40% de cada sector (productor o transformador/comercializador) y que en el caso de que sólo hubiera dos organizaciones cada una de ellas tuviera el 50% de los votos.

Valdepeñas despidió a los inspectores que certificaban la calidad del vino

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Según los estatutos actuales, se requiere la mayoría de los votos de cada sector para la toma de acuerdos en la junta directiva y, como el comercializador está dominado por Asevivaldepeñas, con un 68% de los votos, no sale adelante nada que no respalde el bodeguero Felix Solís, que controla la AIDO Valdepeñas (consejo regulador de la DO) a través de dicha asociación, de la que tiene el 65% de los votos. Así, maneja la DO con el 34% de los votos totales de ambos sectores.

Solís, dueño de marcas como Viña Albali, defiende que la DO Valdepeñas «responde al mismo modelo de funcionamiento que el resto de interprofesionales», como DO Rioja o DO Castilla La Mancha. Hay otras DO como Jumilla, Penedés, Toro, Cava o Ribera del Duero que no responden al modelo de necesitar la mayoría en las dos partes (productora y comercializadora) y que requieren solo mayoría simple para los acuerdos. En el caso de DO Rioja, ninguna bodega ostenta una posición mayoritaria o controladora puesto que las inteprofesionales están compuestas por muchas empresas distintas. 

El punto cuarto también va encaminado a quitar poder a Solís, uno de los principales defensores de la contraetiqueta genérica, ya que busca obligar a los miembros de la Junta Directiva o la Asamblea a abstenerse de participar en la deliberación y votación de decisiones con las que tengan conflictos de interés.

Acabar con las tirillas genéricas

Otro punto polémico es la propuesta de retirar de forma inmediata todos los contraetiquetados genéricos de la D.O. que abren la puerta a vender un vino del año como un reserva o crianza. El objetivo es que se sustituyan todas, incluso las que estén en almacenes, por otras que especifiquen el tipo de vino (tradicional, crianza, reserva…) y la añada para evitar fraudes. García Carrión ha denunciado a Solís por utilizar las tirillas genéricas, en las que sólo pone si el vino es tinto, blanco o rosado, para vender su producto haciendo entender que se trata, por ejemplo, de un gran reserva ya que en la etiqueta frontal hace referencia a ello sin serlo.

El tercer punto del día plantea la reprobación del presidente de la DO, el alcalde de Valdepeñas, Juan Martín. El político ha perdido el apoyo de parte de los agricultores, que han manifestado que no está haciendo bien su trabajo ya que parece velar más por el interés de unos que de otros y que la Asociación «necesita unas elecciones». Así, el viernes se puede votar en contra de su ratificación obligándole a irse o fijar nuevas elecciones.

En la Junta también se votará, a propuesta de la asociación que controla Solís, aumentar el rendimiento máximo por hectárea hasta unos 9.000 kilos en un momento en el que la cosecha no va bien por el frío en junio y el fuerte calor de julio y la producción cae en toda España. En este punto, cabe destacar que la DO Rioja ha propuesto recortar el rendimiento por la covid.

eleconomista

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El Gobierno aprueba un aumento de las tasas de la basura de 800 millones al año

El Gobierno aprobó el martes una subida de los costes de las basuras de unos 800 millones de euros anuales mediante una norma que obliga a cubrir todos los costes de los vertederos, incluyendo los de mantener las instalaciones durante un mínimo de 30 años después de haberlas clausurado y, por primera vez, los de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El Consejo de Ministros del martes aprobó el Real Decreto 646/2020por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. Los servicios de comunicación del Gobierno no lo anunciaron, a pesar de su relevancia, por un fallo de comunicación interna, según explican a elEconomista.

El Gobierno imprime transparencia en el sistema de recogida de residuos

El Gobierno imprime transparencia en el sistema de recogida de residuos

La normativa forma parte de la revisión que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está realizando sobre la regulación de los residuos y su tratamiento, empezando por una nueva Ley de residuos y suelos contaminados, ahora en tramitación, que incluye un nuevo impuesto sobre los plásticos con el que se espera recaudar más de 700 millones de euros al año.

El Real Decreto aprobado el martes es una de las principales normas de esta revisión regulatoria. España incumple con creces la regulación europea en materia de vertederos: les remitimos el 54% de los residuos, más del doble de la media comunitaria, y es prácticamente imposible que alcancemos el límite fijado para 2035 de depositar en ellos un máximo del 10% de las basuras.

Sanciones europeas

La situación ha derivado en que la Comisión Europea nos haya abierto varios procedimientos de infracción, alguno de los cuales ya ha llegado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Por eso el Gobierno considera probable que nos multen –ya ha sucedido con la depuración de aguas residuales-, tal y como se ha sancionado a Italia y Grecia: al primero con 40 millones más 42 millones al semestre hasta que cumpla y al segundo con 10 millones y 14 millones al semestre.

Para minimizar el impacto de las previsibles multas y cumplir la normativa europea, la nueva norma establece límites al depósito en vertedero que se endurecen progresivamente hasta llegar al citado 10% máximo -en 2025 no deben pasar del 40%- y obliga a las comunidades autónomas, competentes en la materia, a cumplir dichos objetivos con las medidas que consideren oportunas, pero particularmente con una subida de los cánones sobre el vertido, con la finalidad de aumentar la competitividad de la reutilización y reciclado.

En la actualidad sólo 10 comunidades autónomas aplican tributos sobre el vertido, que se reducen a cuatro -Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra- en el caso de la basura municipal. De acuerdo con varias fuentes consultadas, alguna de ellas oficial, la generalización y el incremento de estas figuras fiscales y su incremento para cumplir los objetivos europeos provocará un encarecimiento del sistema a escala nacional de unos 500 millones anuales.

El impacto de la subida, no obstante, dependerá de numerosos factores, como la situación de partida: el coste total de los residuos varía de los 42,2 euros por tonelada de Asturias a los 189,4 euros por tonelada del País Vasco.

La futura Ley de residuos exige invertir 2.500 millones en las basuras municipales

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El Real Decreto también obliga a los gestores de los vertederos -200 clausurados y 240 activos- a asumir todos los costes de las instalaciones, incluidos los de vigilancia durante décadas, bajo pena de sanciones que pueden llegar a los 1,75 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán que vigilar el cumplimiento de la normativa con inspecciones anuales y los gestores tendrán que emitir un informe, como mínimo cada cinco años, con un análisis económico de su situación.

Además, los residuos tendrán que ser separados y clasificados, y habrá que estabilizar la fracción orgánica de las basuras municipales, lo que exigirá reforzar los sistemas de recogida y tratamiento. Para ello hay que invertir unos 2.500 millones, según los cálculos del Anteproyecto de ley de residuos, que contempla esta mejora.

Repercutir el coste del CO2

Adicionalmente, los gestores de los vertederos tendrán que repercutir en sus tarifas el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones. Se trata de una de las grandes novedades del futuro decreto, no exigida por la legislación comunitaria, pero incluida a petición de la Oficina Española de Cambio Climático, para monetizar estas externalidades del vertido y aproximarlo a su coste real.

En España, de acuerdo con el Inventario de gases de efecto invernadero publicado ayer, el sector de los residuos emite un 4,3% de todas las emisiones de efecto invernadero el país -sobre todo metano, un gas 25 veces más calentador que el dióxido de carbono-, que se traducen en 13,5 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Excluyendo las emisiones de las depuradoras, los residuos sólidos son responsables del 80%. 

El Miteco emitirá una orden en el plazo de dos años para establecer el cálculo de la repercusión económica de las emisiones, pero considerando el precio actual de la tonelada de CO2 en el Mercado europeo de derechos de emisión, que ronda los 28 euros por toneladas, la medida supondrá un encarecimiento directo del vertido superior a los 300 millones de euros anuales.

En resumen, entre la subida prevista de los cánones, que dependerá de la situación de cada territorio, y la repercusión de las emisiones de carbono, el sistema de recogida, tratamiento y depósito en vertedero se encarecerá en unos 800 millones a medio plazo.

eleconomista

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