Uno de cada cuatro universitarios en España sigue en paro tres años después de titularse, la tercera peor tasa de la UE

España es uno de los tres países de la Unión Europea en los que más difícil es encontrar trabajo para quienes se acaban de graduar en la universidad. Según los últimos datos publicados por Eurostat, la tasa de empleo de quienes completaron sus estudios superiores universitarios en los últimos tres años fue del 76% en 2020, es decir, que casi uno de cada cuatro seguía en paro pese a haber alcanzado un alto nivel en el sistema educativo.

El dato de España es uno de los peores de toda la Unión Europea y se sitúa ocho puntos por debajo de la media comunitaria, que asciende al 83,7%. Solo Grecia, donde sólo el 61% de los recién graduados tienen trabajo pasados tres años de obtener el título, e Italia, con una tasa del 64%, registran niveles de empleo peores a los de España en este sector de la población. 

Lejos quedan las cifras de Estados como Países Bajos (94,5%), Malta (93,4%), Alemania (93%), Austria (93%), o República Checa (91%), que rozan el pleno empleo en los recién graduados universitarios y copan los primeros puestos en inserción laboral de universitarios.

Si se amplía el periodo de referencia de tres a cinco años después de la obtención del título, la empleabilidad de los graduados españoles mejora cinco puntos (hasta el 81,2%), una cifra todavía seis puntos por debajo de la media comunitaria, que en este caso es del 87,2%.

Pese a los malos datos de España en comparación con los vecinos del Viejo Continente, completar los estudios superiores amplía claramente las oportunidades de obtener un empleo, aunque el puesto luego no esté relacionado con la rama de estudios que se cursó. Mientras que el 65,7% de la población general en edad de trabajar en España tenía un empleo en 2020, el número de recién graduados con trabajo era diez puntos porcentuales superior.https://datawrapper.dwcdn.net/9kRdJ/1/

La profunda herida de la crisis de 2008

Además, la pandemia ha empeorado ligeramente las perspectivas de los universitarios españoles de cara a conseguir su primer empleo. En 2020 la tasa de empleo se redujo 1,3 puntos respecto al ejercicio anterior, pasando del 77,2% al 75,9%, una caída muy similar a la de la media europea, que pasó del 85% al 83,7%. 

Sin embargo, el daño causado por el coronavirus no es nada comparado con las consecuencias que tuvo la crisis económica de 2008. En 2007 España alcanzó su mejor cifra de recién graduados con trabajo de toda la serie histórica. Entonces, quienes se titulaban en la universidad conseguían empleo en los tres años posteriores a su graduación en el 89,6% de los casos, una cifra superior a la media comunitaria del 85,6% de aquel año.

Sin embargo, la crisis asestó un duro golpe a la tasa de empleo de los recién titulados en España, que se redujo un 25% entre 2007 y 2013. En 2013 se registró el mínimo histórico (66,8%) y la brecha con el resto de la UE se ensanchó hasta los 13 puntos porcentuales. En general los universitarios del Viejo Continente resistieron mucho mejor el golpe de la crisis que los españoles. En la media de la UE, el porcentaje de recién graduados con trabajo solo disminuyó un 7,4% entre 2007 y 2013. Desde ese último año, la tasa de empleo ha ido mejorando, pero nunca se ha llegado a recuperar el nivel anterior a la crisis.

Solo la mitad de quienes se quedaron en bachillerato trabajaba tres años después

España es el segundo país con mayor abandono escolar de la UE y supera en un 60% el objetivo fijado para 2020

Abandonar los estudios antes de la universidad reduce en gran medida las posibilidades de entrar en el mercado laboral. Los datos de Eurostat reflejan que apenas el 50,6% de jóvenes que solo completaron el bachillerato u otras enseñanzas superiores no universitarias y no siguió estudiando tenía trabajo tres años después. Una tasa 25,4 puntos más baja que la de los universitarios.

En este apartado España es también el tercer país comunitario con peores cifras, aunque en este caso los niveles son mucho más próximos a los de Grecia (45%) e Italia (50,1%), que son, de nuevo, quienes ocupan los últimos puestos en la lista.  

Además, estos perfiles han resistido mucho peor el efecto de la pandemia que los graduados universitarios. La tasa de trabajadores de este grupo se redujo un 18% respecto a 2019, una caída cuatro veces superior a la de la media comunitaria, que se situó en el 72,4% en 2020, solo un 4% menos que el año anterior.https://datawrapper.dwcdn.net/DShX9/2/

En su conjunto, el porcentaje de universitarios y bachilleres o graduados de otras enseñanzas superiores recién titulados fue del 69,6% en España, una cifra muy alejada de los objetivos de la UE para 2020, que pedían alcanzar el 82%.

La inserción laboral de los recién graduados con mayor competencia educativa está muy condicionada por las características del mercado laboral español, que tiene una de las mayores tasas de desempleo de la UE. En España el 27,4% de los jóvenes entre 20 y 29 años no tenía trabajo el año pasado, un dato que en el conjunto de la UE solo es peor en Grecia, donde alcanzó un 29,5%.

20minutos

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Imputan por presuntos delitos fiscales a la Organización Trump y a su director financiero

La Organización Trump y su director financiero, Allen Wisselberg, han sido imputados este miércoles por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan, si bien se espera que los cargos se revelen este jueves, informan medios estadounidenses.

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Sin embargo, se espera que ni el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ni sus hijos estén incluidos en los cargos, si está previsto que Wisselberg se entregue en la mañana de este jueves a las autoridades, según han informado fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.ADVERTISING

La organización y el director financiero han sido imputados forma parte de la investigación penal del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, y se refiere a los impuestos no abonados por beneficios otorgados a Wisselberg. Según recoge la agencia Bloomberg, entre estos estarían un apartamento o un coche de empresa.

Cualquier cargo contra Weisselberg, de 73 años, aumentará la presión sobre el leal ayudante de Trump, que ha servido a la familia durante más de 40 años y es la única persona que no se apellida Trump a la que el expresidente confía su dinero.

El director financiero de la organización ha negociado los préstamos de Trump, es cofirmante de sus cuentas, ayuda a tramitar sus impuestos y, junto a los hijos del expresidente ha supervisado el fideicomiso que mantenía todos los activos de Trump mientras estaba en el cargo.

En cuanto a la empresa, un conglomerado empresarial que se dedica principalmente a la gestión y desarrollo de bienes inmuebles, «las consecuencias directas de cualquier condena penal podrían ser una multa masiva o podría incluir algún tipo de libertad condicional», según ha indicado la exfiscal federal Miriam Baer.

Trump se vio forzado a ceder el control de la firma a sus hijos en 2017, al asumir la Presidencia de Estados Unidos, pero nunca ha llegado a desvincularse del todo.

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Los españoles apuestan online un 50% más que antes de la pandemia pese a la Ley Garzón

Los ciudadanos españoles apostaron online más en el primer trimestre de este año que en el mismo periodo de 2020 y también de 2019, es decir, antes de que estallase la pandemia del coronavirus y de que se aprobase la ley Garzón (el pasado noviembre) que reguló la publicidad del sector. En concreto, gastaron un 50% más: mientras que de enero a marzo de 2019 emplearon 4.635 millones de euros para este fin, la cifra alcanzó los 7.042 millones en esos tres meses de 2020.

Así lo revelan los datos publicados por el Ministerio de Hacienda de la mano del Ministerio de Consumo, que no incluyen lo que los españoles gastaron online en Loterías y Apuestas del Estado. De esa cantidad, los operadores ganaron 240 millones de euros, un 24% más que en el mismo trimestre de 2019 y un 10% más que en 2020.

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Por juegos, de los 240 millones de ingresos, más de 110 proceden de apuestas (46%), 99,5 millones de casinos (41%), 25 millones de póker (10%) y 3,6 del bingo (2%). De su lado, las apuestas deportivas se dispararon un 28% frente a 2020, dato que contrasta con el crecimiento del sector de las apuestas en general, que solo subió un 6%.

En cuanto a las cuentas activas, es decir, el número de usuarios que han realizado al menos una apuesta al mes (aunque una persona podría tener varias cuentas en diferentes operadoras), en el primer trimestre de este año eran más de 1,1 millones, un 23% más que en el mismo periodo de 2020 y un 22% más que en el de 2019. De media, cada mes se crean 423.000 cuentas nuevas. Durante la pandemia, las cuentas activas cayeron hasta niveles de 2018, pero en agosto recuperaron las cifras existentes antes del Covid.

Más gasto en apuestas desde el inicio de la pandemia

En ese sentido, los datos revelan que los españoles se jugaron más dinero online tras el estallido de la pandemia de la Covid-19 frente al año anterior, a pesar de la situación económica del país, como se puede apreciar en el mismo informe comparando cada trimestre del año 2020 con los mismos periodos del año 2019. El Gobierno solo presenta los datos, pero no apunta a cuáles pueden ser las razones detrás de este crecimiento del dinero invertido en juegos online.

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Lo que sí muestra es el gasto en marketing, incluyendo publicidad en medios o en internet y otros gastos como patrocinios y promociones, de las empresas del sector. En total el gasto ha sido un 24% mayor que lo empleado en el mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 148 millones de euros, y un 61% más que en el mismo periodo de 2019.

Como contrapartida, los jugadores retiraron en total un 51% más de efectivo, hasta alcanzar los 498 millones de euros, por lo que, si el dinero se repartiese equitativamente entre las cuentas existentes, cada una habría recibido 452 euros durante esos tres meses. En el primer trimestre del año pasado los jugadores también retiraron más que el anterior, un 9%, pese a la pandemia, o quizá a causa de ella y de no poder emplear el ahorro acumulado en otros productos o servicios, debido al confinamiento domiciliario impuesto por el Gobierno.

La ‘ley Garzón’ para erradicar las adicciones al juego

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, puso en el punto de mira al sector del juego desde su llegada al cargo, buscando erradicar las adicciones. Pero desde entonces y hasta que las limitaciones entren en vigor, el gasto en publicidad de las compañías está subiendo y de la misma manera lo están haciendo las apuestas de los españoles.

La idea de Garzón busca regular la publicidad de las casas de apuestas y juego online ante el incremento del consumo de juegos de azar detectado durante el confinamiento, que, según explicó, lo hizo sobre todo en los barrios más pobres, donde el juego online puede suponer una tentación, una esperanza para salir de una mala situación económica.

En otras ocasiones el ministro también ha explicado la problemática que suponen los juegos de azar y de apuestas. «Es un sector y una problemática en alza, que tiene una afección en los sectores más vulnerables como la gente más joven o en los barrios obreros. El sector está creciendo sobre la espalda de sectores muy vulnerables», explicó en septiembre en el Senado.

Finalmente, su proyecto de real decreto se aprobó en noviembre de 2020 y entró en vigor el pasado 1 de mayo, prohibiendo la publicidad en todos los soportes de 1.00 a 5.00 horas, tanto en internet como en la prensa escrita o el resto de soportes publicitarios, y pese a las protestas del sector.

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El número de empleados públicos escala al máximo durante la pandemia

La irrupción del coronavirus alteró de forma drástica la organización de las administraciones públicas. Las autonomías tuvieron que redoblar esfuerzos para afrontar los estragos de la pandemia en el sistema de salud, todas las administraciones se multiplicaron para intentar amortiguar el golpe económico que supuso el gran confinamiento y multiplicaron sus recursos para mantener los servicios públicos a pesar de las restricciones impuestas por la enfermedad. Tuvieron que contratar a toda prisa a miles de médicos, enfermeros, celadores, profesores, administrativos para que el SEPE pudiera pagar las prestaciones de los ERTE

Esta situación ha generado en los últimos 14 meses un marco de estrés administrativo sin parangón, que se ha resuelto por medio de un incremento récord en la plantilla de empleados públicos desde que existen registros. Según los datos publicados el miércoles por el Ministerio de Función Pública, en España había 2.710.405 trabajadores públicos el pasado enero. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica que se contabiliza desde 2002, y supone un aumento de 112.693 empleados en comparación con los de hace un año, un crecimiento del 4,15%.

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Pero no todo el nuevo empleo público creado es de buena calidad. Ha crecido la precariedad en la Administración pública. Asociado a esta ganancia de tamaño se ha desplegado un incremento de la tasa de temporalidad, que se sitúa en picos históricos. Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2021, el 30,4% de los trabajadores públicos tenía un contrato temporal. Este valor es considerablemente mayor que el anotado antes de la llegada del coronavirus (27,5%).https://datawrapper.dwcdn.net/PEITH/1/

“Se ha agudizado una tendencia prepandémica”, señala Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. En su opinión, el auge de la interinidad, además de la falta de estabilidad que traslada a los temporales, tiene otros efectos igualmente nocivos. “El problema se agranda porque hay una serie de personas contratadas de manera eventual para cubrir puestos permanentes. Esto produce un desfase que reduce la productividad, puesto que este tipo de personas rotan más y no pueden tener el mismo rendimiento que aquellas que cuentan con una situación más estable”, amplía Torres.https://datawrapper.dwcdn.net/arljD/2/

Los datos que recoge la EPA no son iguales a los del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que elabora el Ministerio de Función Pública, porque en los primeros se recopilan los datos de una encuesta y recogen a todos aquellos trabajadores de empresas u organismos públicos, mientras que los del ministerio solo incluyen los dados de alta en las administraciones públicas. Por eso, según el INE había 3.397.400 empleados públicos en el primer trimestre de 2021. Ambas fuentes estadísticas reflejan, no obstante, el abuso de la fórmula de los contratos temporales en los distintos organismos públicos. A tenor del seguimiento que realizan los sindicatos, el porcentaje de temporales en las comunidades es superior al 30%, mientras que en los ayuntamientos alcanza el 13% y en las instituciones del Estado el 10%.

Para remediar el aumento de la carga de trabajo que la pandemia trasladó, principalmente, al ámbito sanitario, se intensificó la contratación de médicos, enfermeros y demás personal para reforzar los hospitales. De la misma forma, miles de profesores se integraron en el sistema educativo para mantener activo el curso escolar a distancia. Todas estas incorporaciones, que dependen en gran medida de las comunidades autónomas por tener transferidas las competencias, han provocado que las tasas de temporalidad en el sector público se hayan disparado como nunca.

Crecimiento desigual

El peso de la sanidad y la educación es predominante dentro del balance de reparto de los trabajadores públicos en las comunidades autónomas. Con los datos de Función Pública, de los 1.616.211 empleados de los que disponían en el primer semestre de 2021 (y dejando fuera a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de las que no se ofrecen datos disgregados por sectores), 610.983 se alojaban dentro de la docencia no universitaria (37,8%) y 568.117 en instituciones sanitarias (35,1%).

El refuerzo del personal público durante la pandemia, sin embargo, se ha llevado a cabo de manera desigual en las distintas administraciones con respecto a los registros del segundo semestre de 2020. Mientras que en las que dependen directamente del Estado el número de trabajadores ha disminuido (hay 1.417 menos), en las territoriales, tanto en las autonómicas como en las locales, la plantilla se ha incrementado (87.294 y 26.047 más, respectivamente).

Por territorios, Andalucía (300.018), Cataluña (211.437) y la Comunidad de Madrid (205.881) concentran el mayor número de trabajadores públicos ―así ha venido siendo históricamente―, y aquellos que menos personal aglutinan (dejando al margen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) son La Rioja (12.525), Cantabria (24.233) y la Comunidad Foral de Navarra (28.212). Sin embargo, en relación con el número de habitantes, Extremadura (50,2%), Aragón (42%) y Cantabria (41,7%) presentan una mayor concentración de empleados públicos.https://datawrapper.dwcdn.net/i0heU/1/

Rectificación del Supremo

La lucha contra la temporalidad concentra la actividad del Ministerio de Función Pública en las últimas semanas. El departamento que dirige Miquel Iceta está diseñando un plan para lograr la estabilización de los 310.000 interinos con los que cuentan las administraciones, según sus cálculos ―los sindicatos elevan esta cifra hasta los 800.000―, a través de un concurso-oposición en el que los años de experiencia tendrán un peso importante en la evaluación. Por medio de este sistema de acceso, desde el ministerio pretenden favorecer a aquellos interinos que acumulen más de tres años de permanencia. Quienes no logren superar la prueba serán incluidos en bolsas de empleo específicas para facilitar su reingreso.

Mientras se definen los parámetros del modelo y se acuerdan las modificaciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para impedir que la temporalidad vuelva a cronificarse, el Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo al plan del Gobierno rectificando su doctrina sobre los interinos. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase contraria al derecho comunitario la jurisprudencia española que permitía alargar el plazo límite de tres años si no se había resuelto el proceso selectivo, esta semana el alto tribunal rectificó esta salvedad y fue más allá al decretar que de superarse este periodo de tiempo el trabajador pasará a adquirir la condición de indefinido no fijo. Esto es, mantendrá la plaza de manera continuada hasta que esta salga a concurso, al que podrá presentarse para obtenerla de manera fija en competencia con los demás candidatos.

elpais

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La investigación de las cuentas del Rey emérito: el otro ‘España-Suiza’

Mañana viernes la Selección Española de fútbol se enfrentará al conjunto de Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa en busca de llegar a la semifinal. Y de forma paralela los representantes del Ministerio Público mantendrán, de forma secreta, un encuentro, a todas luces más relevante, que afectará al anterior jefe del Estado español: Don Juan Carlos I. En concreto, el fiscal del Cantón de Ginebra Yves Bertossa tiene fijada una cita en España con el equipo de fiscales liderado por el teniente del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos Campos, para intercambiar información sobre las cuentas del Rey emérito.

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Bertossa abrió el 6 de agosto de 2018 una investigación por blanqueo de capitales contra los fiduciarios de Don Juan Carlos I Dante Canonica y Arturo Fasana, pero también contra el banco Mirabaud & CIE SA y Corinna Sayn-Wittgenstein, por ocultar las presuntas comisiones percibidas ilícitamente bajo la identidad de testaferros.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y los fiscales de Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa se adelantaron al Ministerio Fiscal de la Confederación Helvética, pues el 16 de julio de ese mismo año ya habían abierto la Pieza 5 del “caso Tándem”, denominada “Carol”, tras recibir un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en el que se incluían las grabaciones de Villarejo con la examiga íntima del monarca, Corinna Sayn-Wittgenstein.

“Parcialmente coincidentes”

Precisamente, en un escrito de 30 septiembre 2019 ambos fiscales de Anticorrupción ya apuntaban a la preeminencia de la investigación que se había iniciado con anterioridad en España, sobre la realizada en la Confederación Helvética: “Los hechos investigados en Suiza, tal y como vienen expuestos en los antecedentes de la Comisión Rogatoria emitida por el fiscal del Cantón de Ginebra, son parcialmente coincidentes con los hechos investigados en España en las Diligencias de Investigación número 38/2018 de la Fiscalía Anticorrupción”, especifica el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.


Es necesario tener presente que la jurisdicción española también resulta competente para la persecución del delito de corrupción de agentes públicos extranjeros, en el concreto caso que se persigue en Suiza, en función de los antecedentes

Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano

Además, el Ministerio Fiscal recordaba en el escrito que el dueño de las cuentas, en este caso Don Juan Carlos, era español, por lo que debería ser investigado en España, concretamente en el Tribunal Supremo: “Es necesario tener presente que la jurisdicción española también resulta competente para la persecución del delito de corrupción de agentes públicos extranjeros, en el concreto caso que se persigue en Suiza, en función de los antecedentes”, completó en 2019 la Fiscalía en un escrito, en el que decían que para determinar la jurisdicción para investigar las cuentas la OCDE da preeminencia al principio de territorialidad. Es decir, dónde se ha cometido el delito. Sin embargo, en los casos complejos se pide a los Estados que acuerden quien es el competente. En segundo término el criterio para decidir quien investigará los hechos es la nacionalidad del presunto evasor.about:blank

Y por eso el magistrado recordó en un auto, en el que accedía a entregar al fiscal Yves Bertossa información sobre los hechos, que “el mismo delito de cohecho internacional por el que se ha iniciado un procedimiento penal en Suiza, está siendo actualmente investigado en España”.

Delito de corrupción

Tras archivarse meses después las pesquisas sobre el emérito, la Fiscalía Anticorrupción acordó mediante un decreto de 13 de diciembre de 2018 la incoación de unas nuevas Diligencias de Investigación, para investigar “unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales”, que también investigaba el Ministerio Público helvético.

Esta nueva visita de Bertossa, adelantada por “El País”, y que será la segunda a España por esta causa, fue comunicada a los investigados en Suiza, ya que la ley de este país obliga a los fiscales a comunicar a las partes de un proceso cualquier desplazamiento relacionado con sus pesquisas.

Además, el pasado 14 de mayo Bertossa remitió a la Fiscalía del Tribunal Supremo los movimientos de las cuentas de la Fundación Zagatka de Álvaro de Orleans, primo lejano del Rey emérito, en dos bancos suizos. El equipo de fiscales liderado por Juan Ignacio Campos pretende comprobar que las cuentas de Zagatka coinciden con la última regularización fiscal de Juan Carlos I en la que pagó 4.395.901 euros para tratar de regularizar su situación con Hacienda, y evitar ser acusado de un delito fiscal agravado.

Una cuenta en Andorra

En este sentido, una información reciente de “El Confidencial” apuntaba que la investigación en Suiza había aflorado una cuenta en Andorra vinculada a la estructura financiera de Don Juan Carlos I. Este hallazgo, según el diario digital, “cuestiona sus dos regularizaciones fiscales”.

Por su parte, el diario “El País” también informó de que el organismo regulador y supervisor del mercado financiero de­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Suiza, ha abierto un expediente para determinar si Mirabaud & Cie cumplió los protocolos y la debida diligencia en la apertura de la cuenta de Don Juan Carlos I en la que se depositaron los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que recibió el Rey emérito, en agosto del 2008, de Arabia Saudí.

El fiscal que no renuncia a perseguir a Don Juan Carlos I

El fiscal de Ginebra Yves Bertossa, hijo de un histórico representante del Ministerio Público de Suiza, decidió abrir una causa tras oír en julio de 2018 las grabaciones del comisario Villarejo en las que Corinna Sayn-Wittgenstein aseguraba que Don Juan Carlos I había recurrido a testaferros para ocultar su fortuna en Suiza. Y acto seguido llevó a cabo varios registros en la sede de la sociedad Rhone Gestión, perteneciente al supuesto testaferro Arturo Fasana, y en la sede del banco Mirabaud y CIE. Desde entonces Bertossa, que en privado ha dejado entrever su intención de interrogar al emérito, no ha renunciado a investigar los fondos del exjefe de Estado español, al igual que hizo con miembros de las dictaduras de Guinea Ecuatorial y de Libia.Sin embargo, tal y como adelantó la prensa suiza, Bertossa ha dado un volantazo a sus pesquisas y, tras abandonar la tesis de que los 100 millones de dólares que recibió el emérito eran una compensación por sus gestiones en el contrato del AVE, trata ahora de averiguar si el pago de ese dinero podría considerarse “una gestión injusta de los intereses públicos” del Gobierno de Arabia Saudí.

larazon

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