Aena logra una dispensa de pago para salvar el control de Luton en Londres

Aena nota el impacto del coronavirus dentro y fuera de España. Su aeropuerto internacional de Luton, en Londres (Reino Unido), fue el que registró una mayor caída porcentual en el tráfico de pasajeros, que le llevó a cerrar con pérdidas operativas de 2,9 millones de euros en junio - las del grupo fueron de 346 millones de euros -. La compleja situación que atraviesa esta infraestructura, de la que Aena tiene el 51% del capital (el otro 49% está en manos del fondo australiano AMP Capital) desde hace más de siete años, le llevó a solicitar a sus acreedores una medida de gracia para poder esquivar los requisitos financieros impuestos hasta el momento.

Así, según figura en el informe semestral depositado por el gestor aeroportuario en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luton obtuvo por parte del pool de acreedores, formado por un grupo de financiadores norteamericanos, la extensión de las dispensas temporales (waivers) respecto al cumplimiento de las ratios fijadas a 31 de diciembre de 2020. El acuerdo se alcanzó al cierre de la mitad del ejercicio y consistió en el pacto de una nueva exigencia sobre el resultado de explotación (ebitda). A cambio, los prestamistas han exigido que Aena y su socio aporten 20 millones de libras de liquidez, compromiso que se ha cumplido durante los primeros días de julio.

«Con la obtención de estas dispensas y el refuerzo de la liquidez de Luton, se considera eliminada gran parte de la incertidumbre existente al cierre del ejercicio de 2020 sobre su capacidad de continuar como empresa en funcionamiento«, reconoce Aena en la información depositada ante el regulador bursátil. Explotado a través del consorcio London Luton Airport Holdings (LLAH), la compañía semipública dependiente del Ministerio de Transportes (MITMA) tiene la mayoría accionarial de este aeropuerto, considerado el cuarto del área metropolitana de Londres – los otros son Heathrow, Gatwick, Southen, City Airport y Stansted- y el quinto más importante de su propia red, por detrás de Málaga-Costa del Sol y por delante del de Alicante-Elche. El aeropuerto, además, emplea  indirectamente a más de 9.400 personas y acoge las operaciones de easyJet, Wizz Air, Ryanair, Tui, EL AL, Blue Air, SunExpress y Vueling.

Maurici Lucena, presidente de Aena

Mira tambiénAena eleva sus pérdidas hasta los 346 millones por la caída del tráfico aéreo

Esta medida de gracia es muy importante para el grupo, ya que, en caso de que finalmente no se hubiera obtenido la ampliación, las entidades financieras tendrían el derecho de ejecutar las garantías asociadas a los contratos de financiación, entre las que se encuentran la prenda sobre las acciones de la concesionaria del aeropuerto. «En este caso, el riesgo estaría limitado», recuerda Aena. Con todo, la compañía abre la puerta a seguir negociando nuevas dispensas con el grupo de acreedores durante los próximos meses.

Caída del tráfico por encima de la red de España

El resultado de Luton desentonó respecto al resto de aeropuertos internacionales. Frente a la ligera recuperación de los aeropuertos de Brasil (Recife, Maceió, Aracajú, Campina Grande, João Pessoa y Juazeiro do Norte) con Grupo Nordeste, Luton registró apenas 850.969 pasajeros durante la primera mitad de año, frente a los 3 millones del mismo periodo del año anterior. La cifra cosechada representa una caída interanual del 71,9%. Los números de tráfico de pasajeros también son peores que los de la red de España, cuya caída fue del 37,7%.

El tráfico de Luton apenas alcanzó el millón de pasajeros en la primera mitad de 2021

En términos financieros, Luton retrocedió en ingresos en 23 millones de euros. La bajada fue de casi la mitad (48%) en términos porcentuales y supuso cerrar la primera mitad de año con una facturación de 24,4 millones de euros. Este descenso le llevó a cerrar con pérdidas operativas, al cosechar un ebitda negativo de 2,9 millones de euros. En el primer semestre de 2020, el resultado de explotación sí había sido positivo, con 5,2 millones de euros.

Acuerdo para un reequilibrio del contrato

La situación de Luton ha llevado a Aena y a AMP Capital - compró el 49% del aeropuerto al fondo Ardian en 2018 - a entablar negociaciones con las autoridades de Londres para activar el conocido como procedimiento de fuerza mayor especial. Esta cláusula está contemplada en el contrato de concesión y supone un reconocimiento al derecho de la sociedad concesionaria London Luton Airport Holdings (LLAH) a un reequilibrio económico.

En sus estados financieros intermedios, Aena afirma que ya se ha alcanzado un principio de acuerdo para materializar dicho reequilibrio. «El proceso se encuentra a falta de redacción legal y procesos formales de aprobación final por ambas partes», explica. La ejecución de esta cláusula contempla descuentos sobre el canon de la concesión por aproximadamente 45 millones de libras (53 millones de euros al cambio) y una extensión de la concesión por un plazo de 16 meses y medio.

lainformacion

Share Button

Orange compra por más de 300 millones el fútbol a Telefónica pero sube precios

Y, finalmente, deshojó la margarita. Orange España ha decidido que era «más perjudicial» abandonar el fútbol que sacar la chequera para comprar los derechos de retransmisión. Así es que finalmente la operadora francesa pondrá sobre la mesa mesa más de de 300 millones de euros para poder ofrecer tanto La Liga como la Champions League durante la próxima temporada. Pero el ‘peaje’ a pagar es un incremento de los precios a sus clientes: la tarifa de acceso a este contenido premium sube de 90 a 95 euros al mes.

lainformacion

Share Button

Expertos en expropiaciones alertan del «cheque en blanco» a Sánchez para requisar los bienes privados

El Gobierno pone en jaque la propiedad privada. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elaborado un controvertido borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Nacional que contempla que el Estado pueda movilizar a todos los mayores de edad e, incluso, requisar sus bienes.

Así figura en uno de los apartados más polémicos del documento de 15 páginas que se ha filtrado recientemente. En concreto, el punto 3 del artículo 28. Este artículo hace referencia a la «Participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional» y contempla que «cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades». Los expertos consultados no dan crédito. Consideran este punto innecesario y peligroso.

«Un cheque en blanco al Gobierno»

«Supone un ataque muy grave contra la propiedad privada y un cheque en blanco para que el Gobierno pueda requisar en supuestos no concretados en una Ley» asegura a Libre Mercado César Olano Espinosa, el responsable de Olano Abogados. Precisamente, son las propiedades de los particulares de las que el Gobierno podría pretender apoderarse (en teoría, temporalmente y en aras de la seguridad nacional), la principal novedad respecto a la Ley de Seguridad Nacional anterior (la de 2015) «que establecía el deber de colaboración, pero no preveía estas requisas«, explica el experto.

Thank you for watching

Según el artículo 10 de la Ley de Seguridad Nacional, «se considerarán ámbitos de especial interés aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente».

Para este especialista en expropiaciones y requisas, el concepto «naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional no puede ser más genérico«. Se trata de «una causa de expropiación amplísima donde cabría casi todo y supone delegar en el Gobierno algo que debe de determinarse en la Ley», añade.

Ejemplo de este concepto tan difuso lo tenemos en el propio art.30.4 de la Constitución que ya establece que «mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Lo que es mucho más concreto que el «interés para la seguridad nacional al que hace referencia el Gobierno» explica.

De hecho, hay otras normas, como la Ley de Expropiación Forzosa (art. 101-102) «que también regula las requisas en supuestos concretos de guerra o movilizaciones militares, pero no se justifican las requisas por algo que se considere de «interés para la seguridad nacional», sin que exista un situación de grave riesgo o urgencia, o una causa de utilidad pública específica prevista en la ley (como una guerra, catástrofe, o atentado)», señala el experto. «Solo puede expropiarse cuando exista una causa de utilidad pública o interés social concreta, que se declare de forma específica mediante norma con rango de ley», insiste.

«Esto es pura ideología comunista»

César Olano Espinosa defiende a diario a los propietarios a los que la Administración les expropia sus bienes. Lo más habitual es que se trate de suelo por el paso de tren, una carretera o un tendido eléctrico, si bien a veces afecta a negocios ubicados en esos suelos e incluso a viviendas vacías, como ha sucedido en Baleares. Pero ahora, si este texto saliera adelante, el experto alerta que el Ejecutivo podría requisar «bienes de todo tipo: inmuebles, fábricas, vehículos, alimentos, medios de producción, bienes muebles, empresas… No hay límite. Incluso dinero en efectivo«.

Otro problema que destaca Olano es que la ley «no regula adecuadamente las indemnizaciones por requisas temporales de bienes y de los perjuicios que esas requisas pueden causar». El mejor ejemplo lo encontramos en las mascarillas o geles hidroalcóholicos que el Gobierno no dudó en confiscar a las empresas privadas al inicio de la pandemia. «Cuando se requisa una industria, por ejemplo, mascarillas, se generan unas consecuencias que van mas allá del valor de las mascarillas en sí, debido a que se pierde clientela, se paraliza una actividad, se tiene que despedir personal, etc. Porque nadie fabrica cosas para que se las requisen. Y toda esa pérdida debe de indemnizarse» asegura. «No se dan cuenta de que cuando un bien es escaso y el Estado lo requisa lo hace más escaso todavía porque las empresas dejan de fabricarlo. Esto es pura ideología comunista» concluye.

¿Dinero en efectivo?

El abogado especialista en derecho administrativo y socio director en Administrativando AbogadosAntonio Benítez Ostos, también se muestra totalmente en contra del borrador de Sánchez. Preguntado por este periódico sobre si encuentra justificación a semejante amenaza a la propiedad privada de los españoles señala que «bajo ningún concepto». Además, este otro experto en expropiaciones alerta de que «puede resultar inconstitucional» debido a que pretenden establecer medidas que afectan a derechos fundamentales a través de una Ley Ordinaria en lugar de hacerlo mediante la «aprobación de una Ley Orgánica con la correspondiente tramitación parlamentaria y alcanzando la mayoría absoluta exigida por nuestra Constitución. Una ley ordinaria, como se pretende, no es el instrumento jurídico adecuado, dado que, a buen seguro, quedarían afectados derechos fundamentales de los ciudadanos».

Sobre los tipos de bienes que el Gobierno podría arrebatarle a sus dueños a través de esta nueva ley, el abogado cree que «deberemos de estar al tanto del texto normativo que finalmente se publique para poder determinarlo más concretamente, no obstante, en los términos que regula en el proyecto, se utiliza una fórmula abierta que permitiría la requisa u ocupación temporal de todo tipo de bienes, sin excepción». Preguntado por si el dinero en efectivo entraría dentro de esa lista bienes, Benítez Ostos coincide con su compañero y considera que «el dinero en efectivo, también».

No obstante, «tales medidas deberán de ser proporcionales y estar estrechamente relacionadas con la finalidad que en cada caso se persiga y con la protección del interés público en cuestión. Por tanto, los bienes a requisar tendrían que ser justificados con el tipo de calamidad o circunstancia de urgencia que en cada caso se suceda», matiza. Desde su punto de vista, «sería muy complicado en una situación de crisis o seguridad nacional poder justificar la requisa de dinero en efectivo o aquel que se encuentra en entidades bancarias, a no ser que nos hallemos ante situaciones extremas donde el Estado se viese en la necesidad imperiosa de liquidez para el sostenimiento de las arcas públicas», declara.

Por tanto, «según la Constitución y en términos generales, el poder público no podrá llevar a cabo privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, si no es a través del correspondiente procedimiento de expropiación forzosa que se regula en la Ley de 16 de diciembre de 1954″. Asimismo, «y para una situación de emergencia nacional, se contempla la posibilidad de llevar a cabo este tipo de medidas, en el supuesto de que nos hallemos ante un Estado de Alarma, Excepción o Sitio, previamente decretado conforme establece la Ley 4/1981, de 1 de junio».

libremercado

Share Button

La sigla ROC, sin bandera y sin himno: el castigo a Rusia por el escándalo de dopaje

Cuando la rusa Vitalina Batsarashkina ganó el domingo el oro en carabina de aire comprimido lo celebró, vaya si lo celebró, porque además batió el récord olímpico. Pero cuando minutos después subió al podio, por los altavoces no sonó el himno de su país. No había ningún fallo técnico en las instalaciones: en los Juegos Olímpicos de Tokio no se escuchará en ningún momento el himno de Rusia. Ni con este primer oro ni con el último. (Consulte el calendario completo de los Juegos Olímpicos)https://2d547be8f1c90752b09ee6c34c95c1f7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Tampoco ondeará la bandera roja, azul y blanca en los podios y los atletas rusos aparecerán con unas extrañas siglas en los gráficos y en los dorsales. Del medallero también ha desaparecido el tradicional RUS. Esta vez pone ROC, la sigla de Russian Olympic Committee. Porque oficialmente, los deportistas rusos están compitiendo por el Comité Olímpico Ruso, no por Rusia.ADVERTISING

5.000 tests y muestras congeladas diez años: así es la lucha antidopaje en Tokio

5.000 tests y muestras congeladas diez años: así es la lucha antidopaje en Tokio

Es la consecuencia del escándalo del dopaje de estado que se ha practicado durante años en el país más grande del mundo. La Corte Arbitral del Deporte sancionó a Rusia en diciembre de 2020 sin poder competir en todas las competiciones internacionales hasta finales de 2022, después de que la agencia Mundial Antidoping encontrará pruebas de que Rusia tuvo un programa estatal para dopar a sus deportistas.https://2d547be8f1c90752b09ee6c34c95c1f7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Sin bandera, sin himno y sin rastro de la palabra Rusia, se pretende así castigar a un país con un enorme orgullo nacional en el que los símbolos son casi sagrados. En vez del himno, cada vez que un atleta ruso gane un oro sonará una composición de Piotr Chaikovski. Lo que sí tienen permitido es vestir con los colores de la bandera.

El equipo masculino de gimnasia celebra el oro en equipos
El equipo masculino de gimnasia celebra el oro en equipos MARIJAN MURAT/DPA

Todo empezó en 2014 en la televisión alemana

La decisión que tomó la Corte Arbitral del Deporte a finales de 2020 es el último capítulo de un escándalo que se inició en diciembre de 2014, cuando la televisión alemana ARD emitió el documental Dossier secreto doping: cómo fabrica Rusia a sus ganadores, en el que un ex trabajador de la Agencia Antidoping de Rusia y su mujer, una atleta profesional, denunciaron el doping sistemático del deporte ruso.https://2d547be8f1c90752b09ee6c34c95c1f7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.htmlhttps://www.youtube.com/embed/4TApIZG9TKY?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.elindependiente.com

Después llegaron investigaciones, sanciones y una batalla judicial entre federaciones internacionales, Rusia y los propios atletas. Se demostró que Rusia tenía un programa de dopaje de Estado y que se manipularon muestras durante los Juegos de invierno de Sochi 2014 bajo el paraguas de los servicios secretos del país. Se calcula que más de 1.000 deportistas rusos de 30 deportes se beneficiaron de las prácticas dopantes de Rusia entre 2011 y 2015.

Químico, traficante y confidente: el hombre que dirigió y destapó la trama de doping en Rusia

Químico, traficante y confidente: el hombre que dirigió y destapó la trama de doping en Rusia

Y el que fuera jefe de la Agencia Antidopaje de Rusia Gregory Rodchenkov decidió en 2016 sacar a la luz todas las prácticas que se habían llevado a cabo en los últimos años en Rusia. Lo hizo en una entrevista con The New York Times y desde entonces vive bajo un programa de protección de testigos.

Rusia, sin embargo, ha negado siempre que el dopaje esté organizado desde la estructura del estado. Y esa posición no gusta a las autoridades antidopaje. «Rusia ha desaprovechado todas las oportunidades que le hemos dado de poner su casa en orden y volver a la lucha global contra el dopaje por el bien de sus atletas y la integridad del deporte. Eligieron en cambio continuar en esa postura de engaño y negación», señaló en 2019 el que fuera entonces presidente de la AMA Craig Reedie.

No es la primera vez que un país es suspendido para unos Juegos Olímpicos. Rusia ya tuvo a deportistas sancionados sin poder competir en Río por este mismo caso. Y el Comité Olímpico de Kuwait fue suspendido para Río 2016 por unos cambios en la ley del país que no respetaban los principios de la carta olímpica, así que los kuwaitíes compitieron bajo el nombre «Atletas de Kuwait». Y dos décadas atrás, en Sídney 2000, Afganistán no pudo participar por las leyes discriminatorias contra las mujeres.

elindependiente

Share Button

Los ayuntamientos deben 979 millones a proveedores desde hace 70 días, el doble del límite legal

Los ayuntamientos españoles deben 979 millones de euros a sus proveedores desde hace 70 días, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de 30 para este tipo de deudas. Son datos publicados por el Ministerio de Hacienda, que aplaude que las comunidades autónomas han logrado alcanzar su periodo mínimo histórico de pago a proveedores, de 24 días, pero pasa por alto la escalada en los retrasos de las corporaciones locales a la hora de pagar a las empresas.

«El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas ha registrado en el mes de mayo de 2021 [últimos datos publicados] una cifra inferior a los 30 días, con 24,45 días, de forma que vuelve a presentar un nuevo mínimo histórico desde el inicio de la publicación de la
serie, en abril de 2018″, apunta el Ministerio.

El Gobierno eleva el techo de gasto de 2022 al mayor de la historia, hasta los 196.142 millones

El Gobierno eleva el techo de gasto de 2022 al mayor de la historia, hasta los 196.142 millones

«Además, se mantiene la tendencia de meses anteriores de forma que es
la primera vez que el PMP se sitúa por debajo de los 30 días (plazo máximo
establecido en la normativa) durante seis meses consecutivos», recalca. Por su lado, la administración central está tardando 29 días, de media, en saldar sus deudas.

Pero Hacienda no valora otro dato: que los ayuntamientos estén tardando 70 días en pagar a las empresas y autónomos que les proporcionan todo tipo de suministros, lo que excede la normativa en 40 días. El plazo es algo menor que el registrado en abril, 9 días por encima del de mayo, pero sigue implicando un retraso que imposibilita a los proveedores facturar y recuperar el dinero que se les adeuda, muchas veces necesarios para hacer frente al pago de nóminas, impuestos o seguros.

Además, estas entidades locales llevan sin cumplir con ese plazo máximo legal de 30 días desde que existen datos, es decir, desde 2018. El periodo máximo incluido en el registro de Hacienda de pago a proveedores por parte de las corporaciones locales se alcanzó en el pico de la pandemia, en junio de 2020, con 99 días, de media, mientras que el mínimo registrado es de 50 días, en diciembre de 2019, lo que supone 20 días de retraso frente al plazo legal.

Los datos reflejan las cuentas de las 151 entidades que han presentado información al Ministerio. Hacienda destaca que el 73% de estas pagan en un periodo igual o inferior a 30 días, y que de no ser por estos 40 que lo sobrepasan, el periodo medio de pago sería de 23 días. De las grandes ciudades españolas, Las Palmas de Gran Canaria es la que más excede el límite legal, situándose en los 147 días, mientras que otras como Sevilla y Zaragoza lo hacen por dos días (están en 32 días).

Las entidades locales que exceden en mayor medida el plazo legal de pago a proveedores, según los datos de Hacienda, son las siguientes:

  • Jaén (Jaén), con 606 días
  • Parla (Madrid), con 376 días
  • Jerez de la Frontera (Cádiz), con 330 días
  • Badalona (Cataluña), con 189 días
  • Telde (Las Palmas), con 238 días
  • Puerto de Santa María (Cádiz), con 220 días
  • Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), con 146 días
  • Granada (Granada), con 119 días
  • Vélez-Málaga (Málaga), con 100 días
  • Valdemoro (Madrid), con 100 días

El Gobierno luchará contra la morosidad… de las empresas

Estos datos se conocen la misma semana que el Gobierno ha dado por comenzada la audiencia pública sobre la Ley Crea y Crece, de Creación y Crecimiento Empresarial, que además de permitir crear empresas con un euro (en lugar de los 3.000 que se exigen ahora) buscará luchar contra la morosidad comercial, buscando que las empresas españolas cambien su cultura hacia el «pronto pago».

El 25% de las pymes no sobrevivirá al verano sin las ayudas directas del Gobierno

El 25% de las pymes no sobrevivirá al verano sin las ayudas directas del Gobierno

Para ello, establecerá que las empresas que sobrepasen los plazos de pago no podrán beneficiarse de subvenciones públicas, algo que resultará especialmente doloroso para las pymes en un momento en que los fondos europeos (hasta 140.000 millones) están a punto de empezar a llegar a España.

Asimismo, a la hora de adjudicar un contrato público se tendrá en cuenta si la empresa paga en plazo y la posibilidad de resolver un contrato si no cumple el periodo fijado. El Gobierno también creará un «observatorio de la morosidad» para analizar estas acciones.

La CEOE critica la medida

Ante estas medidas para luchar contra la morosidad empresarial, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado que no se implementen acciones para combatir la de las administraciones públicas y que se centren en el sector privado en un momento delicado por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, ha lamentado en declaraciones a Economía Digitalque el Estado no tenga el mismo interés para abordar los casos flagrantes de morosidad de ayuntamientos y otras corporaciones locales, muchos de los cuales más que triplican el periodo máximo de pago, de 30 días. La propuesta de CEOE y Cepyme es que, por ejemplo, las empresas puedan compensar sus deudas tributarias y cotizaciones a la Seguridad Social con las facturas adeudadas por las administraciones públicas.

elindependiente

Share Button

El paro baja en 110.100 trabajadores en el segundo trimestre con 464.900 empleos creados

El paro bajó en 110.100 personas entre abril y junio de este año, lo que supone un 3% menos que en el trimestre anterior, y después de que el año pasado sumase 55.000 parados en este trimestre por la llegada del Covid.

Por su parte, la ocupación aumentó en 464.900 puestos de trabajo entre abril y junio (+2,4%), el segundo mejor dato de la serie histórica, frente al descenso de más de un millón de personas que se registró hace un año por la pandemia. Este aumento de la ocupación está cerca del récord histórico registrado en el segundo trimestre de 2018, cuando la ocupación aumentó en 469.900 personas.

Al finalizar junio, el número total de parados se situó en 3.543.800 personas y el de ocupados, en 19.671.700 personas, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el segundo trimestre la tasa de paro disminuyó poco menos de una décima, hasta el 15,26%, y la tasa de actividad subió casi un punto, hasta el 58,58%, tras aumentarse el número de activos en 354.800 personas entre abril y junio (+1,55%).

larazon

Share Button

EL MADRUGÓN. PRINCIPALES NOTICIAS DE LAS PRIMERAS EDICIONES DE LOS PERIODICOS DE PAPEL 29/07/2021

Share Button

Pastor cubano lleva dos semanas detenido tras protestas, se le prohíbe comunicarse con esposa

Acompañado de su hijo, el pastor Lorenzo Rosales salió a las calles de Palma Soriano para hacer lo que miles de cubanos el pasado 11 de Julio: expresar sus frustraciones con el régimen castrista.

Dos entre las multitudes, padre e hijo se unieron a las demostraciones más grandes que ha visto la isla desde el “maleconazo” de 1994, llamando pacíficamente a que el estado cumpliera sus deberes con el pueblo tras el desabasto de medicamentos durante una de las mayores olas de COVID-19y el aumento en los precios de alimentos básicos.

Pero sus sueños de cambio terminaron en una pesadilla cuando el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel autorizó el uso de la violencia para detener a los manifestantes. En pocas horas, las demostraciones se vieron envueltas en el caos de la represión mientras el estado usaba la fuerza para controlar a la oposición popular.

A media protesta, padre e hijo fueron detenidos violentamente por oficiales del régimen, llevándolos a una prisión desconocida por haber expresado sus deseos de un cambio político.

Ahora, el pastor Rosales se encuentra entre los más de 750 detenidos que esperan una resolución formal del poder judicial cubano tras las protestas. Es probable que su sentencia se una a las decenas de juicios sumarios a puerta cerrada que ha usado el régimen para imponer cargos a los manifestantes.

Las noticias locales nunca han sido más importantes

Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad#TUNOTICIALOCAL

Pero si bien el pastor Rosales es uno entre cientos de detenidos, su caso se ha vuelto representativo de los abusos del régimen en turno. Su detención inclusive llamó la atención del gobierno estadounidense, el cual usó sus redes sociales oficiales para solidarizarse con su familia y el pueblo cubano tras las demostraciones.

Por medio de su cuenta de Twitter, el departamento de Estado criticó severamente al régimen cubano, diciendo que el estado “ve tan amenazante que sus ciudadanos ejerzan sus derechos humanos que han detenido a cientos incluyendo al pastor Lorenzo Rosales durante una marcha pacífica el 11 de julio”.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1420082048631513099&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elnuevoherald.com%2Fnoticias%2Fmundo%2Famerica-latina%2Fcuba-es%2Farticle253074253.html&sessionId=57a637b0b6ca170b56ea4ab3aff620682ffe3f85&siteScreenName=elnuevoherald&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

En la misma serie de tuits, el gobierno estadounidense declaró que el pastor lleva más de dos semanas en las cuales no solo se le ha privado de su libertad, sino que también se le ha mantenido incomunicado con el mundo exterior. Su esposa, Maridilegnis Carballo, logró ubicar el centro de detención donde lo mantienen preso, pero se le prohibió hablar con el pastor o brindarle la herramienta más importante para un hombre de fe: su Biblia.

En una entrevista con Radio Televisión Martí, Carballo comentó que su hijo fue liberado tras pagar una fianza en efectivo el pasado 17 de julio, pero su marido sigue preso. Al visitar el centro donde se encuentra detenido el padre Rosales, su mujer recibió una nota a mano donde se le acusa de “desorden público, desacato y atentado”.

Noticias de Cuba

Reciba el boletín más completo y creíble de noticias, reportajes y columnas de opinión sobre Cuba. INSCRÍBASE

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Sin confirmar la fuente, la Secretaria Asistente para el departamento de asuntos del hemisferio oeste, Julie Chung, compartió una nota similar por medio de su cuenta de Twitter.

“Este es uno de tantos ejemplos de la represión del régimen cubano a sus ciudadanos que se han levantado valientes por sus derechos humanos y libertades” agregó el departamento de Estado en Twitter. “La detención masiva de manifestantes pacíficos debe parar. Apoyamos a los cubanos en su reclamos [sic] por libertad

Share Button

El CNI compró el silencio de Bárbara Rey con dinero público para evitar que saliese a la luz su relación con el rey Juan Carlos I

Parece que Bárbara Rey tuvo en su poder una cuenta en Luxemburgo, donde el CESID, el actual CNI, hizo un primer ingreso de 26 millones de pesetas para que se mantuviese en silencio y evitar que saliese a la luz su relación con el rey Juan Carlos I. Aunque ella se ha encargado de desmentirlo, OK Diario ha sacado a la luz las pruebas que demuestran la existencia de esa cuenta y los ingresos realizados por parte del Estado.

Desde la Transición española, Bárbara Rey ha formado parte de la vida del rey Juan Carlos I por su comentada relación sentimental. Para evitar perjudicar a la figura del monarca, se compró el silencio de la actriz, que en un principio se fijó en 500 millones de pesetas, aunque solo hay constancia de un primer ingreso de 26 millones, para evitar que su relación con el rey y vídeos privados saliesen a la luz.

En ninguno de los documentos presentados por el diario mencionado anteriormente aparecen nombres o datos que involucren de forma directa a los afectados, pero el seguimiento del dinero permite relacionar al actual CNI con Bárbara Rey. El dinero se extraía de los fondos reservados, que generalmente se destinan luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. Se trata de un dinero establecido en los presupuestos del Estado del que no se declaran ni receptores ni beneficiarios.

Según ha aclarado la actriz a la publicación mencionada, ella nunca se benefició de ese dinero ni tuvo una cuenta a su nombre en Luxemburgo. Aunque ha afirmado que se reunió con un agente del CESID que le ofreció dinero a cambio de su silencio. Pero ahora prefiere permanecer callada para mantener su seguridad y la de los suyos.

antena3

Share Button

El Supremo declara nulo el despido de una profesora de Religión divorciada

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una profesora de Religión de un colegio de Tordesillas (Valladolid) cuyo contrato fue rescindido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. La rescisión se produjo después que el Arzobispado de Valladolid le retirara el requisito de idoneidad al contraer segundo matrimonio sin solicitar la nulidad eclesiástica del primero. El tribunal considera que la no renovación de la “missio canonica” vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora y condena a la Consejería de Educación a readmitirla con abono de los salarios dejados de percibir desde su despido en el curso 2017/2018.

La profesora había sido contratada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León como profesora de religión y moral católica desde el curso escolar 2001/2002 en un colegio de Tordesillas (Valladolid). Sin obtener la nulidad canónica de su primer matrimonio, contrajo un segundo matrimonio civil. Después de divorciarse de su segundo marido, inició una relación de convivencia estable con otra pareja, que tenía tres hijos. Tras revelar a la Delegada de Enseñanza del Arzobispado de Valladolid que estaba casada en segundas nupcias, ésta le indicó que su situación no era acorde con los postulados de vida cristiana, sugiriéndole la posibilidad de instar la nulidad del matrimonio canónico, regularizando de esa forma su situación marital, para continuar contando con la confianza del Obispado y mantener así el requisito de idoneidad necesario para impartir formación religiosa.

Motivos religiosos y morales

La trabajadora presentó en 2016 un escrito en el Arzobispado con la declaración de un letrado manifestando haber recibido encargo profesional de presentar demandada de nulidad canónica del matrimonio de la demandante. Según los hechos probados, la Delegada de Enseñanza del Arzobispado recibió llamadas de padres de alumnos de la mujer mostrándose contrariados por su situación de convivencia extramarital con una tercera persona, pero el centro escolar no recibió quejas en relación con su situación personal. Después de una reunión con el Obispo Auxiliar, en la que reconoció sus sucesivas relaciones, así como la falta de inicio de los trámites para obtener la nulidad del matrimonio canónico, se le retiró por parte del Arzobispado en 2017 la “missio canonica” que tenía concedida. La Consejería le comunicó la extinción de su contrato de trabajo desde el curso escolar 2017/2018, por haberse revocado el requisito de idoneidad con base en motivos religiosos y morales.

La Sala indica que de los hechos probados resulta que, tras muchos años impartiendo la asignatura de religión y moral católica sin que la dirección del centro hubiese recibido queja alguna sobre el contenido de las clases ni sobre su situación personal, a raíz de manifestar, de forma espontánea, a la delegada de enseñanza del arzobispado que estaba casada en segundas nupcias, se desencadenó una secuencia de hechos que culminaron con la no renovación de la idoneidad para la impartición de la aludida docencia por parte del Arzobispado.

Añade que resulta destacable, además, que se la invitara a solicitar la nulidad de su anterior matrimonio para regularizar su situación marital lo que determinaría el mantenimiento del requisito de idoneidad. La sentencia, de la que se ha sido ponente el magistrado Ángel Blasco, señala que también consta que el hecho de que la actora no solicitara tal nulidad matrimonial fue el motivo por el que le fue retirada la certificación de idoneidad y no se considerase que reunía las condiciones para impartir clases de religión católica.

La sentencia destaca que el hecho de que el centro escolar no recibiese ninguna queja de alumnos o padres en relación a la situación personal de la demandante, pero, en cambio la delegada de enseñanza del Arzobispado recibiera llamadas de padres de alumnos que se mostraban contrariados por la situación de convivencia extramarital de la demandante, añadiéndose con ello un elemento de publicidad de su situación personal de convivencia que en modo alguno había sido desarrollado por la actora.

No hay justificación objetiva ni razonable

Ante tal panorama indiciario, la Sala, apoyándose en la doctrina del Tribunal Constitucional, afirma que “correspondía al Arzobispado y, en su caso, a la administración empleadora, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la medida adoptada y de su proporcionalidad (artículos 96.1 y 181.2 LRJS), lo que no consta que se haya producido, dado que resultaba necesario que se garantizase la motivación estrictamente religiosa de la decisión que no provocase la lesión de los derechos fundamentales de la trabajadora o que, en último caso, permitiese constatar que el hipotético sacrificio de alguno de ellos tuviese la adecuada correspondencia con los derechos cuya protección pudiera derivarse de la decisión adoptada cuya consecuencia era la pérdida del empleo que, desde otra perspectiva, también resulta ser un bien constitucionalmente protegido”.

Por ello, estima el recurso de la profesora y anula las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de un juzgado de Valladolid que rechazaron la demanda de despido presentada por la mujer contra la Consejería de Educación y el Arzobispado. La sentencia cuenta con un voto particular.

abc.es

Share Button