El embajador de la UE en Cuba: «No considero que Cuba sea una dictadura»

«No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no», asegura el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, durante una entrevista concedida a Camila Acosta para el medio independiente CubaNet. Ha sido su respuesta a la pregunta directa de la periodista: «¿Usted considera que en Cuba existe una dictadura?».

A continuación, Acosta le cuestiona sobre qué considera entonces del Gobierno de Cuba, a lo que el diplomático se niega a dar un calificativo: «Como embajador yo no puedo andar dando calificativos y menos del gobierno en el que estoy acreditado. Yo lo que voy constatando son los pasos que se dan, la Constitución que se aprueba, las medidas para el trabajo por cuenta propia que se aprueban, espero que ahora se impulse también a la pequeña y mediana empresa».

Estas declaraciones, realizadas en el marco del encuentro entre representantes de la UE y del Gobierno de la isla para hablar sobre el Acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, coinciden con la petición por parte de varios eurodiputados (del PPE, de Renew Europe y de ECR) al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, para que destituya de forma inmediata a Navarro, por considerar que «defiende» al régimen castrista.

Además de una lista de agravios, que mencionan en un comunicado, la petición de los eurodiputados critica la participación de Navarro en una carta enviada al presidente Biden pidiéndole que levante el embargo impuesto a Cuba. «Diríase que nuestro embajador en La Habana toma posicionamientos políticos en consonancia con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos ni la pluralidad democrática y se permite licencias más propias de un dirigente político que de un representante diplomático», afirman los eurodiputados firmantes de la petición, entre los que se encuentran los populares españoles Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz y Leopoldo López Gil.

Navarro lo niega

En la entrevista concedida a Acosta, esta le interroga sobre esta carta, que Navarro niega haber firmado, aunque parece en el número 25 de las personas que apoyan la iniciativa. «Yo no he firmado esa iniciativa, yo no sé por qué hay gente que dice eso. Yo no he firmado esa iniciativa. Esa iniciativa salió con ciento y pico de personas firmando, entre los que había varias personas que conozco bien y que son amigos míos, como es Carlos Alzugaray, como es Carolina de la Torre (…) gente que admiro mucho. Y había un amplio espectro representativo de la sociedad cubana. Yo siempre, siempre, desde que soy diplomático español hace ya más de 40 años, siempre he estado en contra del embargo unilateral de Estados Unidos a Cuba». A lo que añade: «Yo lo que hice fue escribir un correo electrónico diciendo que apoyaba esa solicitud. Del mismo modo en que no tengo ningún inconveniente en decirle que yo apoyo también todos los avances en favor de la democracia, del diálogo y del respeto a los derechos humanos en Cuba, porque son cuestiones por las que he estado trabajando y sigo trabajando aquí». E insiste: «Pero, en este caso concreto, hay gente que ha dicho que yo he firmado, yo no he firmado esa carta, yo he mandado un correo personal diciendo que apoyaba esas ideas porque son las que he defendido siempre. Yo diría que es más inteligente, para favorecer la democracia en Cuba, debían levantar el embargo».

abc.es

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PharmaMar logra un beneficio récord de 137 millones tras disparar sus ingresos

PharmaMar registró en 2020 el mayor beneficio neto atribuido de su historia, con 137,2 millones de euros, frente a las pérdidas de 11,3 millones del año precedente, lo que ha hecho al grupo proponer el reparto a sus accionistas de un dividendo en efectivo de 0,60 euros brutos por acción, según las cuentas anuales de la compañía remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En 2020, los ingresos totales de la farmacéutica marcaron un nuevo récord con 270 millones de euros, un 215% más que los 85,8 millones del año anterior. De esta cifra, las ventas de oncología ascendieron hasta los 100 millones, un 38% más. Asimismo, durante el ejercicio se registraron por primera vez ingresos por venta de Zepzelca (lurbinectedina), con una facturación de 21,5 millones.

Los ingresos por royaltis del grupo PharmaMar crecieron un 405%, hasta los 15,6 millones de euros, que se explica principalmente por las ventas de Zepzelca en Estados Unidos.

En cuanto al segmento de diagnóstico, a cierre de 2020 sus ingresos totales crecieron un 137%, con 13 millones de euros. El incremento refleja principalmente la comercialización del test de diagnóstico de Covid-19 a partir de la segunda mitad del mes de marzo.

Durante 2020, los ingresos procedentes de licencias y otros acuerdos de codesarrollo registraron una cifra total de 140 millones de euros, de los que la mayor parte corresponden al acuerdo de licencia de lurbinectedina para Estados Unidos suscrito con Jazz Pharmaceuticals.

Los gastos del grupo en I+D crecieron un 6,2% en el periodo, hasta 53,7 millones; mientras que los gastos comerciales y de marketing experimentaron un descenso del 7%, hasta 22,3 millones.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de PharmaMar se situó en 163 millones de euros, revirtiendo los ‘números rojos’ de 9,5 millones del año anterior.

Por su parte, la deuda financiera de la empresa presidida por José María Fernández de Sousa cerró el año con 53 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,8% con respecto a 2019 y una caída de casi el 50% durante los últimos tres ejercicios.

Pharma Mar disponía, a diciembre pasado, de 216 millones de caja.

Sus títulos hoy cayeron un 3%, hasta los 109,60 euros, pero en un año han más que duplicado su valor.

expansion

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Policías, guardias civiles, bomberos… El Wanda es lugar de vacunación masiva

Comienza la campaña de vacunación para los servicios esenciales. Agentes de la Policía y la Guardia Civil han empezado a recibir la dosis contra la Covid-19 en la Comunidad de Madrid. Uno de los centros en los que se pondrán las dosis será el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. La intención es que esto no quede solo en Madrid, sino que se amplíe al resto de comunidades autónomas, según han explicado a Europa Press desde ambas instituciones.Según precisan fuentes, desde este viernes están citados los agentes del Instituto Armado en sus instalaciones de la Dirección General en la capital, así como en Tres Cantos y Valdemoro.

El plan contempla que todos los guardias civiles de la Comunidad de Madrid hayan recibido la dosis en un plazo de diez días, para lo que se han fijado turnos de 12 horas para proceder a la vacunación, previa citación. Por parte de la Policía Nacional, los sindicatos representativos han informado de que este miércoles tuvieron una reunión informativa donde se les confirmó que el plan de vacunación comenzaba en Madrid este 26 de febrero en las instalaciones del polideportivo de Carabanchel, a donde se desplazarán seis efectivos sanitarios del SUMMA, con horario continuado de lunes a domingo.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

Mira tambiénDarias da prioridad para la vacuna de AstraZeneca a trabajadores esenciales

Los policías recibirán un documento acreditativo donde constará la fecha para recibir la segunda dosis. También habrá una zona de observación para poder acreditar cualquier reacción anómala dentro de un protocolo en el que se respetará que los grupos estén «encapsulados» para no comprometer turnos y servicios. Algunos sindicatos plantearon días atrás dudas por la eficacia de AstraZeneca.

 Tras las últimas reuniones internas, han recordado que no pueden elegir la vacuna que les será suministrada, subrayando que es de carácter voluntario para la población en general y, por tanto, también para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «La seguridad de las vacunas ha pasado unos controles sanitarios rigurosos», recuerdan desde los sindicatos, que añaden que la Dirección General cumple con las pautas dictadas desde el consejo interterritorial de Salud. 

Una cuestión que preocupa a sindicatos y asociaciones es qué pasará con los agentes de más de 55 años, ya que por ahora se han quedado al margen de las primeras citaciones para suministrar la vacuna de AstraZeneca, a la espera de que finalmente se autorice esta u otra inyección a partir de esta franja de edad. Hasta ahora las vacunas suministradas en Policía y Guardia Civil se habían limitado a personal sanitario, de acuerdo a los ofrecimientos realizados por las consejerías de salud de algunas comunidades autónomas. El 23 de enero, el Ministerio del Interior cesó a un oficial del Instituto Armado que hacía de enlace en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en medio de una polémica por la que dimitió el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya.

lainformacion

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Aterrizaje de emergencia en Moscú de un Boeing 777 que se dirigía a Madrid

Durante el vuelo de carga 4520 Hong Kong-Madrid, se detectó un mal funcionamiento del sensor de control del motor», indicó a la AFP la compañía en un comunicado. Agregó que «la tripulación decidió efectuar un aterrizaje de emergencia en Moscú». Los sitios especializados confirmaron que el aparato era un Boeing 777.

«Durante el vuelo carguero 4520 Hong Kong-Madrid, se detectó un mal funcionamiento del sensor de control del motor», indicó a la AFP la compañía en un comunicado. Agregó que «la tripulación decidió efectuar un aterrizaje de emergencia en Moscú».

«El aterrizaje transcurrió normalmente. El avión reanuda vuelo a Madrid después de las 12H00 (09H00 GMT)», agregó Rossiya, una filial de la compañía pública rusa Aeroflot. Los sitios especializados de seguimientos de vuelos confirmaron que el aparato era un Boeing 777-300ER.

Aviones Boeing 777-300ER de Rossiya con motores GE90 del estadounidense General Electric

Rossiya precisó a la AFP que todos sus Boeing 777-300ER están equipados con motores GE90 del fabricante estadounidense General Electric, un modelo diferente del implicado en el accidente de la semana pasada en Estados Unidos.

El motor derecho de un Boeing 777 que iba de Denver (Colorado, centro de Estados Unidos) hacia Honolulu (Hawái), con 231 pasajeros y 10 tripulantes, se incendió poco después de despegar lo que obligó a los pilotos a regresar de inmediato al aeropuerto de salida. Nadie resultó herido y el aparato pudo aterrizar.

Más de 120 Boeing 777 equipados con cierto tipo de motores Pratt & Whitney PW4000 fueron inmovilizados en todo el mundo tras el incidente de la semana pasada.

dw.com

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La Justicia deniega el retorno de la ‘novia del EI’ al Reino Unido

El máximo tribunal británico dictaminó este viernes que Shamima Begum, de 21 años, a quien se le retiró la nacionalidad británica tras unirse en 2015 a la organización yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, no debe ser autorizada a regresar para impugnar esa decisión.

«La Corte Suprema admite por unanimidad los recursos presentados por el ministro del Interior y desestima la apelación de Begum», dijo el juez Robert Reed, fallando a favor del gobierno británico que buscaba impedir el retorno al país de la conocida como «novia del EI».

acc/mar

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Los menores de 55 años que hayan pasado la covid sólo recibirán una dosis

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, han acordado este viernes que aquellas personas menores de 55 años que, hasta seis meses antes de la primera dosis, hayan sido diagnosticadas de Covid -«sintomáticos o asintomáticos»-, solo recibirán una inyección de la vacuna. 

Además, el documento acordado por la comisión destaca que, «tras la revisión de los estudios clínicos existentes, se recomienda en los mayores de 55 años con diagnóstico de infección que han recibido la primera dosis, la inoculación de la segunda cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento». «Cabe destacar que no es necesaria la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de estas vacunaciones», recuerda. 

En el encuentro se han especificado, además, cuáles serán los siguientes grupos a vacunar con los compuestos de ARN mensajero de Pfizer-BioNTech y Moderna cuando acaben de protegerse a las personas de 80 años y más, el primer grupo de los no residentes vulnerables por su edad. 

Estos serán «las personas de 70 a 79 años, los de 60 a 69, las de menos de 60 con condiciones de riesgo alto de Covid grave; y, finalmente, las de 56 a 59».

«La definición de dichos grupos se ha realizado en previsión de una mayor disponibilidad de dosis de vacunas en el segundo trimestre del año», destaca la comisión.

lavanguardia

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La Comisión 8M convoca cuatro manifestaciones de «menos de 500 personas» en el centro de Madrid

La Comisión 8M sigue adelante con sus planes para celebrar el Día de la Mujer en las calles y ha convocado cuatro manifestaciones para «menos de 500 personas» en las principales plazas del centro de Madrid. Las organizadoras han asegurado que establecerán las medidas necesarias para que la cifra de asistentes no supere ese umbral, que es el número que la Delegación del Gobierno sitúa como límite para prohibir las manifestaciones con motivo de la pandemia, pero todavía están definiendo junto a esas autoridades de qué manera lo controlan. «Intentaremos no pasarnos», dicen.

«No estamos convocando manifestaciones masivas. Somos responsables y estamos comprometidas a expresarnos, manifestarnos y a decir lo que queramos decir de mil formas. Nadie nos va a callar», ha señalado Mercedes Ruiz al hilo de la polémica de este año acerca de la conveniencia o no de convocar protestas en las calles después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijera «sin tapujos» que este año «no ha lugar«.

Ese llamamiento de Darias no ha frenado las protestas aunque la pandemia sí ha llevado a las convocantes a organizar un 8-M diferente al de otros años y mucho más «descentralizado», según han explicado las portavoces de la Comisión 8M en una rueda de prensa en Madrid. Por un lado, se ha descartado celebrar una única manifestación como los años anteriores y se ha optado por convocar cuatro concentraciones para «menos de 500 personas». Tendrán lugar en plazas del centro de la capital, a las 19.00 horas y tendrán temáticas propias: Puerta del Sol (cuidados y servicios públicos), Cibeles (violencias machistas), Embajadores (antirracismo y disidencia) y Atocha (emergencia planetaria)

Por otro lado, a lo largo de estos días y el propio 8 de marzo habrá también distintas concentraciones reivindicativas convocadas en «los pueblos y los barrios» para facilitar que «todas las personas puedan salir a la calle de manera segura» y que se descarga la asistencia de los actos centrales.

La Comisión 8M, que es una de las principales plataformas feministas que han impulsado durante los últimos años las huelgas y las grandes concentraciones, ha explicado que está «trabajando» todavía con la Delegación del Gobierno en Madrid para ultimar los «protocolos» y las «guías» para garantizar que se siguen las recomendaciones sanitarias pero ha subrayado que pondrá los mecanismos necesarios para que «no se sobrepase» el número de 500 personas.

«CORDÓN DE SEGURIDAD»

No obstante, las portavoces de la Comisión 8M han reconocido que todavía esos protocolos no están completamente cerrados y que continúan «viendo» en comunicación con las autoridades cuáles son las medidas se pueden necesitar. Por ejemplo, ante una posible asistencia de muchas más personas de las permitidas. A falta de esos detalles, sí han avanzado que establecerán un «cordón de seguridad» en cada una de las cuatro manifestaciones y que estará especialmente «reforzado» para llevar ese «control» del aforo, así como para hacer tareas de desinfección.Más en El Mundo¿Desaparecerá el Covid cuando todo el mundo esté vacunado?Coronavirus hoy, noticias en directo | España registra 8.341 casos y 329 muertos; la incidencia baja a 193

El planteamiento que hacen es que se concentren «menos de 500 personas» en cada plaza y las diferentes portavoces han prometido que va a haber «mucha responsabilidad para respetar el número» que se ha fijado. «El éxito no está en el número de personas», ha señalado Mercedes Ruiz, que ha recalcado que el 8-M «no es un fin», sino el medio para expresar sus reivindicaciones.

Respecto a la posible asistencia a alguna de estas protestas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, o de algún que otro representante del Ministerio, la Comisión 8M dice que todavía lo desconocen, pero que si aparecen como ciudadanos individuales serán «bienvenidos». «Nosotras no convocamos a la oficialidad», ha dicho Ruiz, quien ha apostillado que el resultado no se va a medir por el número de representantes políticas que tengan.

elmundo

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Republicanos advierten a Biden que el Acuerdo de París no será significativo en cambio climático

Ese tratado generaría una pérdida total de más de 2,5 millones de millones de dólares a la economía estadounidense para el año 2035, un aumento del 13% al 20% en los gastos de electricidad de los hogares y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, según los senadores Pat Toomey  y Steve Daines

Un grupo de republicanos del Senado de Estados Unidos a través de una nueva resolución pública, advirtió al presidente Jose Biden que el Acuerdo de París no tendrá un efecto significativo en el cambio climático, pero sí traerá graves perjuicios económicos los estadounidenses.

Los senadores Pat Toomey (Pensilvania) y Steve Daines (Montana), entre otros, señalan que ese acuerdo climático no logrará los objetivos que están planteados en materia de reducción del calentamiento global a un rango inferior a 2 o 1,5 grados Celsius de temperatura media en las próximas décadas ni las emisiones netas cero de gases con efecto invernadero para 2050, sino que apenas reducirá la temperatura a un rango entre 0,086 y 0.306 grados Fahrenheit para 2100.

Y respecto a los perjuicios económicos, sostienen que ese tratado generaría una pérdida total de más de 2.500.000.000.000 de dólares a la economía estadounidense para el año 2035, un aumento del 13% al 20% en los gastos de electricidad en los hogares y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Pérdida de empleos y de ventajas competitivas

“El Acuerdo de París y las regulaciones engorrosas asociadas con dicho acuerdo colocan a la economía de Estados Unidos en desventaja competitiva y en riesgo de una  mayor pérdida de empleo y aumento de la tasa de energía, justo ahora cuando la economía de Estados Unidos está lastimada por la pandemia COVID-19”, se lee en la resolución.https://81815b86ce8408421a4060be44599f90.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Además, los senadores apuntan que el Acuerdo de París obliga a Estados Unidos a contribuir con un fondo de 100.000.000.000 de dólares para ayudar a otros países a mitigar el impacto y adaptarse a las obligaciones establecidas sobre el cambio climático, con una mínima supervisión y transparencia contable.

En consonancia con el tipo de amenaza que significa el Acuerdo de París para la Economía de Estados Unidos, los republicanos instan al presidente Biden a presentar el Acuerdo de París al Senado para su aprobación (S. Res. 68), dada su condición de tratado internacional.

Obama no presentó el Acuerdo de París al Senado

Vale la pena recordar que, en septiembre de 2016, el presidente Barack Obama firmó el Acuerdo de París y comprometió a Estados Unidos con el cumplimiento de lo establecido en materia medioambiental, pero declinó presentarlo al Senado para su aprobación final. Luego, en junio de 2017, el presidente Trump anunció que Estados Unidos se retiraría de ese acuerdo y lo concretó oficialmente el 4 de noviembre de 2020.

Sin embargo, en su primer día en el cargo, Biden emitió una declaración se comprometía a la reincorporación. Se oficializó el 19 de febrero de 2021.

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Aunque los demócratas tienen control en ambas cámaras del Congreso Estadounidense en la actualidad, los demócratas siguen negando a  debatir y someter a votación en el Senado el Acuerdo de París.

Kerry pide una acción climática ambiciosa

En enero hubo una cumbre sobre adaptación climática, un evento virtual organizado por Países Bajos. En representación del gobierno de Estados Unidos participó John Kerry, quien se disculpó por la ausencia de su país durante los últimos años en materia ambiental. Declaró que tienen «la intención de hacer todo lo posible para asegurar que la COP26 resulte en acción climática ambiciosa en la que los mayores emisores aumenten sus compromisos de manera significativa y en la que ayude a proteger a los más vulnerables».

El secretario general de la ONU, António O. Guterres, recibió con gusto el cambio de políticas ambientales de Estados Unidos. Confía en que el regreso de los estadounidenses le dará un vigoroso estímulo a la lucha contra el cambio climático.

España ratificó el Acuerdo de París el 12 de enero de 2017 y es uno de los países fuertemente comprometidos con tomar medidas para alcanzar los objetivos planteados.

“El Acuerdo de París sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes al clima. Para ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la implementación del acuerdo, en particular, en los países menos desarrollados y pequeños estados insulares, y que deberá construirse sobre la base del objetivo de movilización de 100.000 millones de dólares anuales, a partir de 2020, a través de distintas fuentes. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025”, apunta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.

No obstante, los senadores republicanos no son los únicos que han cuestionado la viabilidad del Acuerdo de París.

Robert Watson, expresidente del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático, por ejemplo, presentó en 2019 un informe según el cual los compromisos de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París son claramente insuficientes para mitigar la crisis climática.

«Los Gobiernos se están moviendo en la dirección correcta, pero no es suficiente. Así que espero que estén dispuestos a asumir mayores compromisos», declaró a DW en aquella ocasión.

Solo 36 de las 184 promesas que hicieron los países con el propósito de solucionar el cambio climático son lo suficientemente ambiciosas como para ayudar a alcanzar el objetivo del acuerdo de mantener el calentamiento global a menos de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

Informe presentado por Robert Watson, expresidente del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático

El informe de Watson clasificó casi el 75% de las promesas como insuficientes, incluidas las de los principales emisores de carbono: China, Estados Unidos e India. Las medidas de otros países como Australia, Japón y Brasil fueron juzgadas tan solo como parcialmente suficientes.

Solo 36 de las 184 promesas que hicieron los países con el propósito de solucionar el cambio climático son lo suficientemente ambiciosas como para ayudar a alcanzar el objetivo del acuerdo de mantener el calentamiento global a menos de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, según el informe. Y la mayoría de esas 36 promesas son de países de la Unión Europea.

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Los autónomos elegirán su cotización pero a final de año deberán actualizarla

Todavía sin superar la tercera ola de la pandemia y con más de medio millón de autónomos acogidos al cese de actividad y, por tanto, con serias dificultades económicas, el Ministerio de Seguridad Social presentó hoy a los interlocutores sociales su propuesta, aunque aún vaga y sin concretar, de lo que quiere que sea el nuevo sistema de cotización en base a los ingresos reales.

El nuevo modelo que quiere implantar el ministro José Luis Escrivá será flexible y con 13 tramos de cotización en base a sus rendimientos netos (una vez descontados de su facturación los impuestos y los gastos), aunque aún no se han definido las cuantías de cada tramo. Así, cada autónomo podrá elegir libremente en qué tramo cotizar, pero a final de cada ejercicio fiscal tendrán que hacer una regularización, es decir, actualizar esa cotización para pagar la diferencia en caso de que sus rendimientos superen el tramo o, por el contrario, si han pagado de más, la Seguridad Social les devolverá el exceso, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación, que, no obstante, precisaron que es solo una primera propuesta que aún tiene mucho recorrido por delante y puede cambiar.

La fecha de implantación del nuevo sistema aún no está definida, aunque la idea que maneja Escrivá es implantarla el año que viene de forma progresiva, aunque algunas de las partes advierten que antes de 2023 será difícil que esté operativo.

En la actualidad 1,3 millones de autónomos tienen unos rendimientos netos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, por tanto, con el nuevo sistema su cuota bajaría. Otro 1,8 millones de afiliados al RETA tienen unos ingresos netos superiores al SMI, es decir, por encima de los 13.300 euros anuales, de los cuales 600.000 están por encima de los 25.000 euros al año.

Según el ministro Escrivá, con el nuevo sistema dos de cada tres autónomos pagarán menos a la Seguridad Social, pese a que el objetivo es recaudar más.

Y mientras tanto, el número de autónomos en apuros económicos se dispara a consecuencia de la tercera ola y son muchos, demasiados, los que tienen su negocio o bien cerrado o afectado por las medidas para frenar el virus, más de dos de cada tres. Esto ha provocado que el número de autónomos que se han acogido a alguna de las prestaciones puestas en marcha por el Gobierno para paliar la situación generada por la covid-19 se haya disparado en febrero y supera por primera vez desde junio el medio millón de personas (en concreto, 511.331), casi 200.000 más que en enero y prácticamente el doble que los que había en la segunda ola. Así, de los 3,25 millones de afiliados que tiene el RETA, prácticamente uno de cada seis recibe una ayuda del Estado, según se extrae de los datos publicados hoy por el Ministerio de Seguridad Social.

Menos trabas

El fuerte incremento de emprendedores con ayudas también se debe a que la nueva prórroga aprobada a final del mes pasado incluyó una mayor flexibilidad y menos trabas para acceder a estas prestaciones. Así por ejemplo, se eliminó el requisito de haber sido beneficiario con anterioridad para recibir la prestación por cese de actividad, se rebajó el requisito de facturación a justificar una caída del 50% en lugar del 75% y se redujo a dos meses la exigencia de estar dados de alta en la Seguridad Social a los autónomos de temporada.

El nivel máximo de protección e este colectivo se registró en junio del año pasado, cuando más de 1,4 millones de autónomos llegaron a cobrar una prestación de la Seguridad Social. Con la llegada del verano y el fin del estado de alarma, la cobertura se desplomó y en julio, agosto y septiembre oscilaron entre 140.000 y 150.000. La llegada de la segunda ola volvió a elevar progresivamente el número de afiliados al RETA y tocó un máximo en noviembre, cuando 355.000 eran beneficiarios de algún tipo de ayuda estatal a causa de la covid. En febrero se sobrepasó con creces esta cifra y se marcó la segunda mayor cobertura durante la pandemia.

Gasto disparado

Y, lógicamente, el gasto también se ha disparado. La Seguridad Social dedicó al pago de estas prestaciones 398,86 millones de euros, 115 millones más que en enero. Desde el comienzo de la pandemia el Estado ha desembolsado ya más de 8.100 millones para aliviar la situación financiera de este colectivo. Concretamente, se han abonado prestaciones por un valor de 5.572,74 millones de euros al tiempo que la Seguridad Social ha exonerado cuotas a este colectivo por un valor superior a los 2.600 millones de euros.

Los autónomos pudieron acogerse en febrero a cuatro tipos de ayudas que estarán vigentes hasta el próximo 31 de mayo. Así, la inmensa mayoría, 361.720, recibió la prestación para autónomos compatible con la actividad, destinada a aquellos trabajadores que han visto disminuida su facturación de manera notable, y que tiene una cuantía equivalente al 70% de su base de cotización (661 euros si cotizan por la base mínima)

Un mínimo de 480 euros (el 50% de su base reguladora) cobraron en febrero los 81.139 afiliados al RETA que están afectados por una suspensión temporal de toda la actividad a causa de una resolución de la autoridad competente, una cifra que se ha multiplicado por tres respecto a enero.

Además, casi 57.000 emprendedores fueron beneficiarios de una ayuda que se puso en marcha para cubrir a aquellos trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder a esa prestación compatible con la actividad, por ejemplo por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses. Por último, apenas 1.763 autónomos de temporada se acogieron a esta nueva prestación.

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Podemos y todos los socios de Sánchez culpan a la Fiscalía y a Hacienda de ayudar al Emérito a «regularizar sus delitos»

Unidas Podemos, a través del presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, acusa a la Fiscalía y a Hacienda de connivencia con el Rey emérito Juan Carlos I al permitirle con su «pasividad» y sus «retrasos» proceder a la «regularización de sus delitos«. Se trata de una acusación a la que se han sumado todos los socios de investidura de Pedro Sánchez que consideran que el padre de Felipe VI está siendo objeto de un trato privilegiado que no se dispensa a ningún otro ciudadano.

El diputado de la formación morada ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso para lamentar que «cada semana surja una noticia sobre los chanchullos de la monarquía y su presunta corrupción». Con esta frase Asens vuelve a extender la sombra de las irregularidades y los presuntos actos delictivos cometidos por el padre de Felipe VI, sobre la institución de la Corona.

En opinión de unidas Podemos, tal y como ha explicado su diputado, la «falta de rapidez en la investigación judicial permite al Rey emérito regularizar sus presuntos delitos». Asens ha insistido en que esto es posible «gracias a la pasividad de la Fiscalía y Hacienda» y no hace sino «poner en evidencia» que Juan Carlos I «actúa por encima de la ley y es diferente en cuanto a la asunción de sus responsabilidades al resto de los ciudadanos».

Para nosotros, ha añadido, «es un fracaso que la acción de la justicia se vea paralizada para que el emérito haga regularización de su fraude. Eso imposibilita que la acción de la Justicia sea eficaz».

En esta lectura de la acción de la Justicia y de Hacienda, la formación morada vuelve a discrepar radicalmente del socio mayoritario del Gobierno. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en una entrevista en Canal Sur Radio, ha recalcado que la nueva regularización llevada a cabo por el emérito viene a demostrar que España «es una democracia con un Estado de derecho riguroso».

En opinión de Calvo, los miembros del Ejecutivo no pueden pronunciarse sobre las relaciones concretas que los ciudadanos, incluido el padre del actual Rey, mantienen con la Agencia Tributaria respecto a sus obligaciones fiscales. Pese a ello, ha hecho hincapié en que la regularización llevada a cabo por Juan Carlos I pone de manifiesto que España es «un país que funciona y que exige cuentas a todo el mundo y en el que nadie se puede saltar la ley».

Por su parte, el PNV ha coincidido con Unidas Podemos en criticar la falta de una «investigación profunda» sobre las finanzas del Emérito. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado, en una entrevista radiofónica, de «grave» la noticia de la segunda regularización de Juan Carlos I con Hacienda. Para los nacionalistas vascos es imprescindible «aclarar el origen de su dinero».

Esteban considera que en un Estado europeo «no tendría que ser normal» que el rey emérito regularice su situación con Hacienda del modo en que lo está haciendo Juan Carlos I y es «menos normal aún», ha añadido, «que no se pueda hacer una investigación profunda por parte de las instituciones y el Parlamento».

En su opinión, «es importante saber cómo una persona que está en una institución con un presupuesto limitado ha conseguido amasar esa fortuna».

Bildu también se ha sumado a la crítica contra Hacienda. «Nadie entiende por qué Juan Carlos tiene la posibilidad de pagar y regularizar cuando quiera mientras que cualquier ciudadano tiene el aliento de los inspectores de Hacienda en su nuca a la más mínima infracción». Su diputado Oskar Matute mantiene que «se trata de un nuevo intento de blanqueo de la institución y sus fondos».Más en El MundoEl zasca de Ana Obregón a Irene Montero con motivo del 8 de marzoLoles León arremete contra Victoria Abril: «Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido»

La formación abertzale exige saber cómo se ha originado el dinero del Rey emérito, cuánto tiene y dónde lo tiene. «Es curioso», insisten, «que él tenga una facilidad de trato con Hacienda que no tiene ningún otro ciudadano». «Goza de unos privilegios», remachan, «que ningún otro ciudadano nunca tendremos».

En esta misma línea de reproche, ERC, Junts, Bildu, CUP, BNG y PdeCat han registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón y del director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón para que expliquen en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la «regularización opaca» de 4 millones de euros, «de dudosa procedencia», por parte de Juan Carlos de Borbón.

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