Extraer agua del Campo de Cartagena solucionaría la contaminación del Mar Menor

Sacar agua subterránea del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena podría solucionar la contaminación del Mar Menor, según asegura José Luis García Aróstegui, hidrogeólogo científico del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), profesor de la Universidad de Murcia y uno de los expertos que ha avalado el Anillo Protector Ambiental de Fundación Ingenio para recuperar el Mar Menor, donde uno de los ejes es la gestión de acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena.

«El bombeo de agua subterránea y la desnitrificación del agua ex situ es la medida más eficaz en el corto plazo para descontaminar el acuífero del Campo de Cartagena y evitar vertidos contaminantes al Mar Menor», explica el experto. Según Aróstegui, para que esta medida sea eficaz es necesario «precisar el volumen de bombeo y su distribución espacial», para establecer la descarga sostenible al Mar Menor, que sería confirmada por un descenso de niveles de agua subterránea, «que actualmente no se observa», indica.ADVERTISING

Hay que tener en cuenta que la contaminación de las aguas subterráneas como resultado de los fertilizantes nitrogenados es un problema en muchos lugares de Europa»

JOSÉ LUIS GARCÍA ARÓSTEGUI

Asimismo, el hidrogeólogo aboga por «minimizar el aporte de contaminantes al acuífero», pero admite que la masa ya almacenada es de tal calibre que «sólo se observarán reducciones de los contenidos en nitratos a medio-largo plazo». Según el experto, la contaminación por nitratos es el principal problema cualitativo que tiene el acuífero del Campo de Cartagena y afecta sobre todo al Cuaternario. «Hay que tener en cuenta que la contaminación de las aguas subterráneas como resultado de los fertilizantes nitrogenados es un problema en muchos lugares de Europa», advierte.

Efectos visibles en la zona

Tal y como explica, «los elevados niveles de nitratos tienen efectos sobre el ecosistema, los cauces superficiales y humedales en general pero no cabría atribuir problemas relacionados con la salud humana en esta zona, puesto que el agua no se consume, en principio».

  • Un barco abandonado en el Mar Menor
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A ese respecto, el científico del IGME recuerda que existen «multitud de actividades potencialmente contaminantes» de las aguas subterráneas y que afectan al acuífero Cuaternario. «Entre las más significativas están las actividades de origen agrario, ganadero, urbano y minero en la zona sur», especifica.

Además, la contaminación de los acuíferos es un «fenómeno lento» que tarda en manifestarse. «A veces no es fácil detectarlo, por lo que la descontaminación suele ser también lenta, costosa y, a veces, inviable o imposible desde el punto de vista técnico y/o económico», puntualiza. Precisamente es en este contexto en el que se enmarca la reivindicación de la ejecución de las obras previstas en el plan Vertido Cero, competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sobreexplotación del acuífero

«La sociedad, en muchos casos, imagina los acuíferos como grandes lagos, ríos o corrientes subterráneas en las que el agua circula a la velocidad del agua superficial, y salvo en determinadas situaciones, esto no suele ser así», explica el científico. En ese sentido, Aróstegui explica que cambiar la dinámica de flujos y masa en el acuífero solo es planteable en el medio-largo plazo. «En la mayor parte del acuífero Cuaternario la velocidad debe ser inferior a 1-2 m/día», señala.

La sociedad imagina los acuíferos como grandes lagos, ríos o corrientes subterráneas y salvo en determinadas situaciones, esto no suele ser así»

JOSÉ LUIS GARCÍA ARÓSTEGUI

Por lo que, si se pudiese seguir una gota de agua contaminada que alcanza la zona saturada del acuífero a una distancia de 5 kilómetros del Mar Menor, «ésta podría tardar más de una década en llegar a la laguna», reconoce el experto. El acuífero del Campo de Cartagena es multicapa, en el que se alternan materiales permeables de edades Cuaternario, Plioceno y Messiniense, y materiales impermeables, que no están presentes en toda la extensión del Campo de Cartagena.

En algunas zonas, estos tramos acuíferos están comunicados a través de sondeos que los atraviesan, y la cuantificación de los flujos tiene incertidumbres. «Este es un asunto importante puesto que se trata de estimaciones antiguas e imprecisas», asegura.

En palabras del experto, se sabe que existe «sobreexplotación de los acuíferos Plioceno en la parte norte, y Messiniense que se deduce de la evolución histórica de los niveles piezométricos». Se cree que la transferencia de flujos y contaminantes asociados se da en cifras de 40 hm3 al año, admite, «pero no hay una cuantificación precisa basada en el control de la explotación».

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Maduro amenaza con revisar «a fondo» las relaciones con España por la visita de Laya a Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado a España con «revisar a fondo» todas las relaciones que le unen con nuestro país en respuesta a la visita de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, a la frontera colombo-venezolana.

«Vamos a revisar a fondo todas las relaciones con España, ya basta de agresiones», afirmaba Maduro este sábado. «Vamos a responder de manera contundente a cualquier agresión que venga, ya sea de palabra, acción, diplomática o política (…). El que quiera buenos tratos tiene que dar respeto y buen trato a Venezuela», aseveraba.

Maduro da 72 horas a la embajadora de la UE para salir de Venezuela

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El régimen chavista va a romper lazos con la Unión Europea tras las últimas sanciones aprobadas por los Veintisiete. Desde el líder chavista, Nicolás Maduro, hasta su número dos, Diosdado […]

La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, visitó este sábado la frontera de Colombia y Venezuela, acompañada de la canciller colombiana, Claudia Blum, para constatar la situación de los migrantes venezolanos en el que es su principal país de acogida. A su llegada, Laya quiso destacar la financiación aportada por España en los proyectos para atender a estas personas en particular. La titular de Exteriores expresó, además, su «reconocimiento por la enorme generosidad colombiana» por haber acogido a más de 1,7 millones de venezolanos durante diez años.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=elindepcom&dnt=true&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1365759356499877891&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elindependiente.com%2Finternacional%2F2021%2F02%2F28%2Fmaduro-amenaza-con-revisar-a-fondo-las-relaciones-con-espana-por-la-visita-de-laya-a-colombia%2F&siteScreenName=elindepcom&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

«He querido manifestar la solidaridad española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para con estos ciudadanos, mostrar mi empatía, la empatía de todos los españoles con estos ciudadanos y con su situación y enviarles un mensaje muy claro por parte de España, de una manera muy humilde, pero de manera muy consistentevamos a seguir acompañándoles y apoyándoles en todo lo que podamos en los próximos meses», subrayaba González Laya, en relación a los migrantes venezolanos.

Tanto la visita como las palabras de la ministra de Exteriores han irritado a Nicolás Maduro. «Ella apoya al Gobierno de Colombia. Vamos a responder de manera contundente contra cualquier agresión», insistía el mandatario venezolano, que ha acusado abiertamente a Laya de apoyar la «política xenofóbica de Colombia en contra de Venezuela».

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El continente que no cuenta a sus muertos por covid-19 (y el enorme costo de no hacerlo)

Solo ocho países entre más de 50 tienen un sistema adecuado para contar a los muertos por coronavirus en África, según reveló una investigación de la BBC.

No se trata solo del fracaso de un Estado para reconocer tragedias individuales. Este hecho también tiene implicaciones enormes para la elaboración de políticas gubernamentales.

En Europa, todos los países salvo Albania y Mónaco tienen sistemas universales de registro de muertes. En Asia, lo tienen más de la mitad, de acuerdo a un análisis de la Organización de Naciones de Unidas (ONU).

Pero en África, solo Egipto, Túnez, Sudáfrica, Argelia, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles y Mauricio tienen registros de muertes civiles considerados funcionales, obligatorios y universales (conocidos por sus siglas en inglés como CRVS).

Todos los países examinados por la BBC e investigadores de la Comisión Económica para África de la ONU (CEPA) cuentan con algún tipo de certificación de muertes.

Sin embargo, con frecuencia se registran sobre papel y los datos no están disponibles en formato digital. Puede que la información sea válida para una zona local, pero no puede calcular la tasa de mortalidad a nivel nacional.

Registro de muertes en África.
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«Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos»

Tras la epidemia de ébola y ahora la pandemia de coronavirus, contar con una noción precisa sobre quién muere, por qué y dónde ha demostrado ser crucial para distribuir recursos y fondos.

También tiene implicaciones para rastrear la mortalidad infantil y maternal, ya que hay niños cuyos nacimientos y muertes se quedan sin registrar.

Este hecho no solo les priva del «derecho a la identidad», como dice William Muhwava, jefe de la CEPA en Adís Abeba, sino que también demuestra que hay lecciones que todavía no se han aprendido.

«Para ayudar a los vivos tenemos que contar a los muertos«, dijo a la BBC Romesh Silva, demógrafo del Fondo de Población de la ONU.

Aquellos que no aparecen en los registros son con frecuencia los más pobres o socialmente excluidos. La ausencia de información sobre sus muertes implica que luego no se tomen medidas para tratar las causas, agrega el experto.

«A pesar de las inversiones, los CRVS siguen siendo disfuncionales, forzando a los gobiernos a depender de encuestas… que cuando se publican ya quedaron desactualizadas«, dice Irina Dincu, del Centro de Excelencia de sistemas CRVS.

Enterramiento en Sudáfrica.
Pie de foto,Según cifras oficiales, Sudáfrica tiene la peor tasa de mortalidad por coronavirus del continente.

Ahora, con el coronavirus, preocupa que la situación real de algunos países no esté completamente comprendida.

Durante meses, se ha reportado que la tasa de muertes por covid-19 en África es mucho más baja que en otras partes del mundo.

Entre las causas, se cuenta el historial experto en control de epidemias, la rápida respuesta de algunos países, la relativa población joven y la inmunidad cruzada adquirida por otros coronavirus.

Pero los científicos de datos argumentan que un indicador clave de la mortalidad de la pandemia, conocido como «exceso de muertes«, es imposible de cuantificar en la mayoría de países africanos por la falta de sistemas CRVS.

Midiendo la tasa de muertes por covid-19

El exceso de muertes recoge las muertes actuales durante un período de tiempo y las compara con las muertes esperadas.

Estas muertes esperadas se basan en el número de muertes registradas durante el mismo período de tiempo en años anteriores. Pero para poder calcularlo bien, hace falta registrar los fallecimientos de la forma más completa posible.

Al mirar el exceso de muertes, es posible obtener una visión general de las vidas que se ha llevado la covid-19.

Este cálculo también muestra las muertes que causa la pandemia de forma indirecta, por factores como la saturación de los servicios de salud, el miedo a acudir al hospital o el agravio económico.

Un estudio de la revista médica británica The Lancet en 118 países de medios y bajos ingresos estimó que la desorganización continuada de los sistemas de salud por la pandemia resultaron en 1.157.000 muertes infantiles y 56.700 muertes maternas adicionales.

Sudáfrica y Egipto están entre los 8 países africanos que sí cuentan con sistemas adecuados de registro de muertes, por lo que calcular el exceso de muertes ha sido posible y los resultados son reveladores.

Exceso de muertes en Sudáfrica.
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El caso sudafricano

A comienzos de febrero, Sudáfrica registró un exceso de casi 138.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Eso es casi el triple de la estadística oficial de muertes por coronavirus.

De esa cifra, solo 46.200 personas fueron registradas como muertas a causas de covid-19 y existen certificados forenses que lo prueban.

Esto significa que hubo otras 91.500 muertes que, o no se diagnosticaron o murieron como consecuencia indirecta de la pandemia, ya fuese por un retraso en tratamientos de cáncer o miedo a acudir al hospital.

Durante el pico de la pandemia a fines de julio, Sudáfrica experimentó un 54% más de muertes de las esperadas en ese período de tiempo.

Aunque al imponerse el primer confinamiento se registraron menos muertes de lo normal, esto se atribuye presumiblemente a menos casos de violencia vinculados al alcohol y accidentes de tráfico.

Exceso de muertes en Egipto.
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El exceso de muertes en Egipto

Gracias al sistema de registro egipcio, fue posible calcular que hubo un exceso de 68.000 muertes entre mayo y agosto de 2020.

En junio, el número de muertes registradas casi duplicó el conteo esperado.

De media, los decesos oficiales por coronavirus supusieron un 10% más sobre esas pérdidas esperadas.

Pero para la mayoría de países de este continente no hay forma de alcanzar conclusiones como estas porque los datos son muy dispersos.

En 14 países solo se recoge un máximo de una de cada 10 muertes, incluyendo Nigeria, Etiopía, la República Democrática del Congo y Camerún.

Y alrededor de la mitad de países de África subsahariana solo conservan registros de decesos escritos a mano.

Algunos Estados, como Eritrea y Burundi, ni siquiera cuentan con requerimientos legales para certificar muertes.

Dos personas en una parada de autobús en Etiopía.
Pie de foto,Se ha reportado que África tiene una tasa de muertes más bajas que otros continentes, pero los científicos de datos advierten que se debe en parte a la falta de registro adecuado de los fallecimientos.

Eritrea solo ha contado siete muertes por coronavirus hasta la fecha y Burundi tres, aunque existe cierta especulación de que el virus contribuyó a la muerte inesperada el año pasado del expresidente de Burundi, Pierre Nkurunziza.

Nigeria, el país más poblado del continente, solo registró el 10% de su total de muertes en 2017.

La pandemia «paralizó todas las actividades de registro civil» de la nación, que no eran de por sí consideradas como un servicio esencial, de acuerdo a un reporte de la ONU de abril de 2020.

Esto podría explicar por qué el número de muertes de covid-19 por millón de habitantes sigue siendo relativamente bajo allí.

Nigeria tiene nueve muertes por covid-19 por cada millón de personas, comparado con el promedio global de 309.

Mientras, Sudáfrica ha registrado 808 muertes por coronavirus por millón de habitantes y Túnez 638, las dos cifras más altas de África.

No obstante, es importante insistir en que estos países cuentan con buenos registros para certificar los decesos, entre el 92% y 95% de la población, respectivamente.

¿Qué se está haciendo para corregirlo?

Muchos países progresan para corregir la brecha de datos.

La República Centroafricana es uno de los peores países para contar muertos del continente debido a un conflicto vigente durante años.

En 2017, solo un 2% de las muertes estimadas se registraron en el país. Se anotó el doble de muertes de hombres que de mujeres, y solo en la capital Bangui y sus alrededores.

Enterramiento en Túnez.
Pie de foto,Normalmente, los que se quedan fuera de registro son las personas de menos recursos o en riesgo de exclusión social.

Elvis Franck Matkoss, jefe del departamento de estadísticas del ministerio de Economía, Planificación y Cooperación, dijo a la BBC que «el gobierno otorgaba una particular importancia a los CRVS y su papel fundamental para promover una buena gobernabilidad.»

Añadió que la República Centroafricana realizaba grandes esfuerzos para mejorar su cobertura del 2% a través de la modernización de centros de registros y la creación de más sistemas centralizados.

Matkoss también aseguró que el gobierno estaba suministraba fondos para ayudar a comunidades a certificar sus muertos, a la vez que promovía certificados de nacimiento gratuitos para todos los niños.

Senegal y Ruanda están trabajando con una organización sin ánimo de lucro estadounidense, Vital Strategies, para cotejar datos de mortalidad históricos que puedan compararse a las muertes durante la pandemia, usando un método llamado «vigilancia rápida de mortalidad».

«Autopsias verbales»

Otros cinco países, como Togo, Burkina Faso, Sierra Leona, Liberia y Ghana trabajan en una misión similar con el African Field Epidemiology Network (Red Africana de Epidemiología sobre el Terreno).

Chad y Liberia están pidiendo al personal de salud de comunidades que notifiquen a las autoridades sobre las muertes fuera de los hospitales.

Enterramiento en Zimbabue.
Pie de foto,Varios países africanos realizan esfuerzos para mejorar sus sistemas de conteo de muertes.

Para ello realizan «autopsias verbales», entrevistando a los familiares de los fallecidos. Se trata de una solución de bajo costo para entender las causas principales de muertes en una región específica.

Algunos países usan tecnología móvil para recoger, gestionar y archivar datos sobre las muertes.

En Ruanda y Mozambique, las personas pueden usar los teléfonos inteligentes para registrar fallecidos en un sistema electrónico, permitiendo que los familiares reporten sus pérdidas mientras practican el distanciamiento social.

En Uganda, la Oficina de Registro Civil ha creado el Sistema Móvil de Registros Vitales para apuntar nacimientos y muertes en centros de salud y espacios comunitarios.

En la próxima década, los científicos de datos esperan que este tipo de innovaciones ayuden a más países del continente a alcanzar sus objetivos de registros universales de muertes.

La investigación de la BBC ha destacado algunos de los problemas y Muhwava, jefe de la CEPA, afirma que este reporte ha traído «a la agenda los desafíos de los sistemas CRVS en África para documentar sus muertos».

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La clase trabajadora global en la reorganización del capitalismo

La clase obrera del siglo XXI es una clase en formación, en un mundo en el que el capitalismo no ha llegado a ser universal hasta hace poco tiempo. Las fuerzas motrices contemporáneas detrás de esta dinámica han sido la globalización desigual del capitalismo y el surgimiento simultáneo de corporaciones multinacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Otros aspectos de esta transformación incluyen la caída de la tasa de ganancia que comenzó a fines de la década de 1960, que empujó al capital más allá de sus antiguas fronteras y ha producido crisis recurrentes; la apertura de las viejas economías burocráticas «comunistas» al capitalismo; y más recientemente, la profundización de las cadenas de valor globales (CVG).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la fuerza laboral mundial aumentó en un 25% entre 2000 y 2019. La población «empleada» aumentó de 2.600 a 3.300 millones (un crecimiento del 25%). Es probable que alrededor de dos tercios de ellos, o poco más de 2 mil millones, pertenezcan a la clase trabajadora.

Sin embargo, estos trabajadores no son solo empleados asalariados. Muchos son considerados trabajadores por «cuenta propia» o independientes y, de hecho, están encerrados en la relación capital-empleo a través de las cadenas de valor nacionales y mundiales o de suministro que han caracterizado el crecimiento capitalista desde hace tiempo. Los trabajadores independientes a menudo son clasificados así por los empleadores para evitar impuestos, prestaciones y responsabilizarse de estos trabajadores. Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de tener un empleo informal.

Cadenas de valor

Estas cadenas de suministro dominadas por las empresas no solo conectan las economías del Sur con las multinacionales. Reconfiguran la economía local y la fuerza laboral de acuerdo con las necesidades de las empresas. Aunque la mayoría de los trabajadores de un país no están directamente vinculados a una cadena de valor empresarial, los niveles de informalidad, salarios, ritmo de trabajo y equilibrio de género son en su mayoría fijados por la dinámica y ritmos de las multinacionales.

Por ejemplo, en la India, el crecimiento del sector manufacturero ha incrementado el sector informal porque es más barato abastecerse directamente de los productores de materias primas y contratar trabajadores domésticos, un sector en el que las mujeres proporcionan tanto trabajo (mal) remunerado como trabajo reproductivo no remunerado que reduce el coste de cada trabajador.

En general, contrariamente a la noción de economía “posindustrial”, la fuerza de trabajo industrial (manufactura, construcción y minería) aumentó de 536 millones a 755 millones de personas durante este período. Esto no incluye a los trabajadores del transporte, las comunicaciones y los servicios públicos, que también son esenciales para la producción de bienes y sumaron 226 millones de trabajadores adicionales en 2019. En conjunto, este «núcleo» industrial representa el 41% de la fuerza de trabajo no agrícola mundial en 2019.

La geografía de las desigualdades

Sin embargo, el crecimiento de la producción mundial y, por lo tanto, de su fuerza de trabajo, no se distribuye uniformemente en todo el mundo. Aunque los países desarrollados siguen produciendo la mayor parte del valor añadido en la manufactura (VAM), los países en vías de desarrollo han aumentado su participación del 18% en 1990 a alrededor del 40% en 2019, mientras que los países industrializados han pasado del 79% al 55% en el mismo período. Solo China ha crecido de alrededor del 5 por ciento de la producción mundial del VAM en 2000 al 20 por ciento en 2018.

Al mismo tiempo, el desplazamiento y la desposesión han producido una creciente población migrante internacional. El número de personas que viven fuera de su país de origen aumentó de 173.588.441 en 2000 a 271.642.105 en 2019, un aumento del 57%. Aproximadamente 111 millones de personas están clasificadas por la Organización Internacional para las Migraciones como trabajadores migrantes, y envían 689.000 millones de dólares en remesas a sus países de origen (cifras de 2018).

El capital en su conjunto ha tenido éxito gracias a los cambios geográficos, los avances tecnológicos, la reorganización de la producción y el proceso de trabajo e incluso las crisis del sistema en su conjunto. La participación del ingreso asalariado en el PIB cayó desde mediados de la década de 1970, con altibajos. En consecuencia, el de las rentas de capital ha aumentado. A título indicativo, la participación en el ingreso nacional del 10% más rico ha aumentado, mientras que la del 50% más pobre ha disminuido en todas las principales economías.

Gran parte de esta mayor desigualdad se ha debido al declive relativo de los sindicatos y al estancamiento de los salarios, los continuos aumentos de la productividad manufacturera en todo el mundo y el creciente empleo de trabajadores formales e informales con salarios bajos. Estas tendencias han contribuido a un aumento de las tasas de explotación en todas partes.

Tecnología y control laboral

Para cientos de millones de trabajadores en todo el mundo, el trabajo sigue siendo principalmente un esfuerzo físico agotador, aparentemente alejado del régimen de alta tecnología de la automatización y la gestión digital que ha aumentado la intensificación del trabajo.

Lo que más ha cambiado en la naturaleza del trabajo en las últimas dos décadas es el grado, la penetración y la aplicación de tecnologías digitales que monitorean, cuantifican, estandarizan, modulan, rastrean y dirigen el trabajo de individuos y grupos. Todo ello trasciende los esfuerzos del taylorismo para cuantificar, fragmentar, normalizar y así controlar el trabajo individual y colectivo, independientemente del producto o servicio que produzca. La digitalización de muchas tecnologías relacionadas con el trabajo significa que el trabajo se puede medir y dividir en nanosegundos, a diferencia de los minutos y segundos de Taylor. También significa que se cuantifican todos los aspectos del trabajo. La simplificación a través de la cuantificación permite medir la velocidad y los ritmos de trabajo.

Todo esto se aplica a los servicios ya transformados en el .siglo XX, que pasó de servicios domésticos y trabajos realizados por comerciantes locales o pequeñas empresas a proveedores corporativos, luego reorganizados de acuerdo con principios citados y ahora controlados ​​digitalmente, desde centros de llamadas hasta hoteles y mantenimiento de edificios. Las medidas digitales actuales también se aplican al trabajo profesional en áreas como la salud y la educación. Los datos de los trabajadores se recopilan y luego se utilizan en su contra. Así, los profesores son evaluados por las puntuaciones de sus estudiantes (supuestamente “productos” del profesor) en pruebas estandarizadas basadas en «conocimientos estandarizados», y se ven obligados a «enseñar para evaluar». Actualmente, las enfermeras de hospital pueden ser rastreadas por GPS y dirigidas por sistemas algorítmicos de apoyo a las decisiones clínicas que recomiendan tratamientos estándar. O, en ambos casos, pueden ser reemplazados por trabajadores menos calificados y menos costosos que realicen tareas estandarizadas.

Amazon es el ejemplo más citado de trabajadores controlados ​​digitalmente. Un estudio reciente de un centro logístico de Amazon en California describió el contexto en el que trabajan los empleados. En instalaciones idénticas en todo el mundo, el trabajo es guiado por escáneres y computadoras portátiles que rastrean, cronometran y guían a los trabajadores hasta el producto correcto. Los trabajadores tienen derecho a treinta minutos «fuera de servicio» por turno, es decir, cuando no se están moviendo. Además, son empujados por robots que también seleccionan productos.

La tecnología, los patrones de empleo y los flujos de bienes, servicios y capital que caracterizan la producción y dan forma al mundo del trabajo, a su vez, dependen de una infraestructura física internacional cada vez más extensa. Estos corredores de capital consisten principalmente en carreteras, ferrocarriles, rutas marítimas, puertos, oleoductos, aeropuertos y almacenes tradicionales. Pero ahora incluyen enormes grupos de instalaciones y mano de obra de logística urbana, kilómetros de cables de fibra óptica, centros de datos aplicados y almacenes reconfigurados para el movimiento de los productos en lugar de su almacenamiento.Kim Moody  activista sindical y co-fundador de Labor Notes, es autor de numerosos folletos y libros sobre la situación del movimiento sindical en EEUU, entre ellos On New Terrain: How Capital Is Reshaping the Battleground of Class War.

Fuente:https://www.cahiersdusocialisme.org/la-classe-ouvriere-mondiale-dans-la-reangement-du-capitalisme/Traducción:Enrique GarcíaTemática: Capitalismo contemporáneoMovimiento obreroSindicalismo

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Presentada la Iniciativa Legislativa Popular a favor de una Renta Básica Incondicional para la Comunidad Autónoma Vasca

Hoy [18 de febrero. NdR] vamos a presentar ante la Mesa del Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica Incondicional. Vamos a presentar, una herramienta para acabar con la pobreza y avanzar en los derechos para todas las personas.

La Promotora de esta ILP, la componemos 16 personas residentes en las tres provincias de la CAPV y con trayectorias diversas en el ámbito de la lucha contra la pobreza, la exclusión y en favor de los derechos humanos,
Con esta ILP queremos lograr, una nueva herramienta, una nueva vacuna, en definitiva una nueva ley:

  • Para acabar con la pobreza
  • Para repartir el empleo y compartir los trabajos
  • Para poner la vida en el centro
  • Para lograr mayor autonomía para decidir
  • Para vivir de forma más sostenible
  • Para redistribuir la riqueza

¿En qué consiste esta Renta Básica Incondicional que proponemos para su debate social y parlamentario?

La Renta Básica Incondicional que proponemos, consistiría en una cantidad minima, calculada en base al umbral de pobreza en la CAPV, en forma de un ingreso individual, universal e incondicional que recibiríamos todas las personas residentes en la CAPV.
Este ingreso sería de 900€ mensuales para las personas adultas (o menores de 18 años emancipadas), del 30% de esa cantidad (270€ en este caso) para las personas menores de 14 años, y del 50% (450€) para las personas de entre 14 y 18 años no emancipadas.

La RBI sería financiada por los Presupuestos Generales de la CAPV y se trataría de un derecho subjetivo, es decir, que, como la sanidad o la educación, prevalecería frente a cualquier circunstancia que pueda afectar a los Presupuestos del Gobierno Vasco.

Su carácter universal e incondicional significa que todas las personas residentes en la CAPV tendrían derecho a percibirla, con independencia de si tienen o no empleo, de con quienes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo.

La RBI no supondrá ningún recorte o menoscabo de los derechos que actualmente conforman el estado de bienestar y que tienen la caracterización jurídica de derechos subjetivos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la atención ante la dependencia, pensiones y prestaciones contributivas, etc.

Al contrario, se trata de una medida que pretende ampliar el paquete de derechos sociales para el conjunto de las personas que residen en la CAPV. De la misma manera que la Educación o la Sanidad son derechos básicos y universales protegidos por el sistema público, la Renta Básica Incondicional vendría a añadir un nuevo derecho para todas las personas, en forma de un ingreso mensual, universal y no condicionado que permita a todas las personas unas condiciones materiales suficientes para gozar de una vida digna.

Hoy más que nunca es urgente y necesaria una Renta Basica Incondicional

Consideramos que el derecho a una vida digna es un derecho humano básico y fundamental que exige una renta para poder vivir, para poder satisfacer las necesidades vitales básicas, que hoy por hoy siguen sin estar garantizadas para una amplia franja de nuestra sociedad.
La idea de que la inserción laboral iba a proporcionarnos unas condiciones de vida dignas, así como la cultura del rendimiento (si te esfuerzas, podrás vivir bien), ha quedado desesnmascarada en las últimas décadas, en las que se ha multiplicado la sobreexplotación, la precariedad y la flexibilización laboral.

La situación provocada en el marco de la COVID-19, ha expuesto de forma más evidente que nunca la vulnerabilidad en la que todas las personas podemos encontrarnos cuando nuestras condiciones de existencia dependen del mercado, incluyendo a sectores de la población que pensaban tener una estabilidad sociolaboral garantizada y que nunca hubiesen imaginado encontrarse en las situaciones en las que hoy se encuentran.

Si bien la CAPV fue pionera en la introducción las rentas mínimas garantizadas y condicionadas destinadas a combatir la pobreza, sus resultados han sido más bien deficientes, con un modelo fracasado que requiere ser sustituido por otro capaz de erradicar la pobreza garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas. Creemos que una Renta Básica Incondicional es una medida adecuada para ello.

Entre otras cuestiones, contar con la seguridad de una Renta Basica Incondicional, nos permitiría una mayor autonomía para decidir, capacidad negociadora de las condiciones laborales, elegir dónde invertimos nuestro tiempo de trabajo y poner en valor todos aquellos trabajos que están fuera del mercado, en especial, los trabajos esenciales para el sostenimiento de la vida y aquellos que faciliten una transformación del actual modelo de híper-producción que se ha revelado insostenible para la vida y el propio planeta.

No se trata de si se puede o no se puede. Se trata de si se quiere o no se quiere

Frente a la idea de que una Renta Básica Incondicional es una utopía, los modelos de financiación que se han explorado para proponer esta Iniciativa Legislativa Popular, ya han comprobado (incluyendo en sus estudios análisis con datos de la provincia de Gipuzkoa), que a través de una reforma fiscal del IRPF, la RBI sería plenamente asumible en términos presupuestarios. Sin duda, la implantación de una RBI exige una reforma radical progresista de la fiscalidad que atienda a la búsqueda de efectos positivos en la redistribución de la renta y el patrimonio, en el combate contra la riqueza obscena de las personas ultra ricas, eliminando la elusión fiscal, sobre todo para las empresas multinacionales, etc. Sostenerlo en términos de utopía sólo responde a una intención de evitar repartir la riqueza y seguir concentrándola en pocas manos. No se trata de si se puede o no se puede. Se trata de si se quiere o no se quiere.

Llamamos a participar a la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil

Una vez presentada la ILP en la Mesa del Parlamento, la Mesa tendrá 30 días para aceptarla. Y tramitarla. Una vez aceptada, se podrá comenzar con la recogida de las 10.000 firmas necesarias para su discusión parlamentaria.

A partir de ahí será el momento de movernos en los pueblos y barrios de las ciudades, de llegar a los centros de trabajo y universidades para hacer diferentes movilizaciones, sacar muchas mas de 10.000 firmas para que la exigencia de una RBI sea apoyada por la mayoría de la ciudadanía y escuchada por una mayoría en el parlamento.

Para ello, desde aquí, queremos animar a las organizaciones de la sociedad civil, así como a personas individuales interesadas en esta iniciativa a sumarse, a tomar parte en las Asambleas que están funcionando en los tres territorios, a fin de apoyar el proceso iniciado y sumar fuerzas que obliguen a los partidos políticos con representación parlamentaria a apoyar esta medida como UN DERECHO FUNDAMENTAL para el conjunto de la ciudadanía. Con una Renta Basica Incondicional todas las personas salimos ganando.#ILPrentabasica 

Fuente:https://www.esk.eus/argilan/index.php/es/noticias/523-presentada-la-ilp-a-favor-de-una-renta-basica-incondicional-en-la-cavTemática: Euskal HerriaRenta Básica

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Reino Unido y la UE acercan posturas sobre un acuerdo muy limitado para los mercados financieros

Reino Unido y la Unión Europea están a punto de llegar a un acuerdo sobre cómo cooperar en las reglas del mercado financiero después del Brexit, dado que el acuerdo comercial firmado por las dos partes en Nochebuena no incluía nada sobre este sector. Este sería un primer paso para trabajar juntos después de la ruptura, aunque aún muy limitado.

Las partes están debatiendo la creación de un foro conjunto para debatir sobre las regulaciones y compartir información, aunque este acuerdo no requerirá que ambas partes abran sus mercados al otro a través del mecanismo conocido como equivalencia, según el borrador de memorando de entendimiento visto por Bloomberg News.

El tráfico por el eurotúnel se hunde en enero, primer mes del Brexit

El tráfico por el eurotúnel se hunde en enero, primer mes del Brexit

El foro permitiría mantener «consultas informales sobre las decisiones de adoptar, suspender o retirar la equivalencia» de los distintos submercados financieros, según el borrador. Cada parte mantendrá el poder de hacer y cambiar sus propias reglas, aunque la equivalencia dependerá del nivel de compatibilidad entre las regulaciones de ambas partes.

Desde que el Brexit entró en vigencia a principios de 2021, las firmas financieras con sede en Londres no han podido operar en el bloque comunitario, viéndose obligadas a trasladar miles de millones de dólares en activos y a miles de empleados al continente. Tras el acuerdo comercial, que dejó a un lado al sector financiero, los funcionarios de ambas partes dijeron que en marzo trabajarían en un memorando que regiría la cooperación regulatoria.

La Comisión Europea ya informó a los ministros de la UE en una reunión a principios de esta semana de que la propuesta se basa en el marco que la UE tiene actualmente con Estados Unidos, según una nota diplomática vista por Bloomberg. Tanto la Comisión como el Departamento del Tesoro del Reino Unido declinaron hacer comentarios.

No supone la equivalencia

El memorando técnico tiene poca relación con la renuencia de la UE a otorgar acceso a las empresas británicas a través de la equivalencia, donde los reguladores declaran que las reglas del otro país son lo suficientemente sólidas en una serie de decisiones unilaterales y revocables. El ministro francés Clemente Beaune dijo esta semana que se podría lograr una equivalencia parcial a mediados de 2021.

Y aún no está claro si los responsables de formular las políticas posteriores al Brexit presionarán por la cooperación entre las dos partes. Algunos en la UE han propuesto atraer más negocios financieros al bloque, incluidas las operaciones de compensación en euros que actualmente tienen lugar en Londres, un enfoque frente al que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha dicho que «tendríamos que resistirnos muy firmemente».

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EEUU elimina el principal escollo para lograr un acuerdo mundial sobre la Tasa Google

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, retiró su oposición a la idea de establecer normas globales para gravar a los gigantes digitales como Google, Amazon y Facebook en la reunión virtual de ministros de Economía y Finanzas y banqueros centrales de las 20 principales economías del mundo (G20) celebrada el viernes. En un movimiento que prueba la buena voluntad de la Administración Biden, el país retira la cláusula conocida como «puerto seguro» (safe harbour, en inglés) que hasta ahora había bloqueado las negociaciones.

Esta medida, exigida por el gobierno del expresidente de EEUU, Donald Trump, habría permitido a las empresas tecnológicas acatar cualquier tipo acuerdo fiscal de forma voluntaria. Sin embargo, según un portavoz del Departamento del Tesoro, Yellen comunicó a sus homólogos que «ya no aboga por la aplicación» de la misma. De esta forma, se allana el camino para la adopción de una propuesta sobre la fiscalidad digital bajo el amparo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en junio de este año.

«Hemos visto un fuerte viento de cola para una tributación justa de las grandes empresas digitales», aseguró al cierre del encuentro el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz. «Mi colega estadounidense ha declarado hoy que EEUU se sumará», aclaró. Por su parte, su homólogo francés, Bruno Le Maire adelantó que «conseguir un acuerdo para el verano está al alcance de la mano, sobre todo desde que EEUU ha confirmado que ha renunciado al principio de puerto seguro».

Las conversaciones entre unos 137 países sobre cómo revisar las normas tributarias internacionales, con especial atención a la economía digital y los grandes titanes tecnológicos de EEUU, se desmoronaron el año pasado cuando la administración Trump exigió que cualquier régimen fuera voluntario para estas compañías, una modalidad a la que múltiples países se opusieron.

En lugar de esperar a que Washington y la OCDE llegasen a un acuerdo, varios países optaron por aplicar unilateralmente sus propios impuestos sobre los servicios digitales, entre ellos Austria, España, Reino Unido, Francia, India, Italia y Turquía. Aún así estos gravámenes suelen discriminar a las empresas no residentes ya que impone una doble imposición.

De hecho, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) concluyó a mediados de enero, justo antes de la toma de posesión de Biden que los impuestos de los servicios digitales impuestos por España restringen el comercio de EEUU y son incompatibles con los principios fiscales internacionales abriendo así la puerta a represalias.

Aunque las amenazas se disipan, todavía queda camino por recorrer para llegar a un acuerdo global sobre este asunto. Más allá de la cláusula de voluntariedad, EEUU y Europa llevan mucho tiempo en desacuerdo sobre el alcance de las nuevas normas. También hay cuestiones pendientes sobre la cantidad de beneficios que deben reasignarse a las distintas jurisdicciones y sobre cómo garantizar y hacer cumplir la seguridad fiscal.

La OCDE, que sirve de foro para estas conversaciones, estima que estas reformas fiscales aumentarían los ingresos fiscales entre 60.000 y 100.000 millones de dólares, o el 4% del impuesto de sociedades mundial. El pasado octubre publicó un proyecto de reforma fiscal internacional basado en dos pilares.

El Pilar Uno establece nuevas normas sobre el lugar en el que deberían pagarse los impuestos y una manera totalmente nueva de compartir las potestades tributarias entre países. El objetivo es garantizar que las empresas multinacionales con un fuerte componente digital u orientadas al consumidor paguen impuestos en el lugar en el que operan de manera sostenida y significativa, aunque no tengan presencia física, como se exige actualmente en virtud de la normativa tributaria vigente.

El Pilar Dos aboga por imponer un impuesto mínimo mundial que ayudaría a los países de todo el mundo a resolver el resto de los problemas relacionados con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales.

La falta de una solución consensuada podría dar lugar a la proliferación de impuestos unilaterales sobre servicios digitales, cómo ya ha ocurrido, provocando un aumento de litigios nocivos en materia comercial y tributaria. Si no se llega a un acuerdo, la hipótesis más pesimista de la OCDE no descarta una guerra comercial a nivel global en la que el PIB mundial podría disminuir más de un 1% al año.

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Síndrome ‘Burnout’: El profesorado acusa el estrés emocional por la pandemia, pero ¿y a ellos quién les motiva?

Fue en 1974 cuando el conocido como síndrome de Burnout, un trastorno de agotamiento crónico, fue descrito por el psiquiatra Herbert Freudenberger. 45 años después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido como una enfermedad asociada al empleo o al desempleo (figurará en la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades a partir de 2022). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019, España era el tercer país europeo con más estrés laboral, con unos niveles cercanos al 60% de los trabajadores.

En este contexto, uno de los colectivos que más está sufriendo a nivel emocional la pandemia es el profesorado. Como explica Noemy Martín, profesora del Grado en Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro investigador del equipo de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, «ya llevamos casi un año en los que los estresores emocionales e interpersonales forman parte del día a día cotidiano del profesor. Estresores que no vienen dados solo por la situación de la pandemia en sí, sino por cómo ésta ha afectado a la actividad cotidiana, a las tareas, a la organización y estructuras, y sobre todo a la interacción profesor-alumno».

A este respecto, Ana Gómez Soares, profesora de inglés de Educación Infantil en un centro de Madrid, indica que «muchas veces mi cuerpo está en constante tensión mientras doy clase, y eso pasa factura. El cansancio, la irritabilidad y el propio estrés han aumentado este curso y eso se traduce a veces en cambios de humor, falta de motivación, días de cansancio extremo…».

Y es que si trabajar con niños y niñas ya puede ser una labor estresante, ahora se suman las precauciones debido a la COVID-19: que no se quiten las mascarillas, que mantengan las distancias, que no compartan los material, que se laven las manos y se las desinfecten de forma habitual…

Además, «la situación de pandemia ha aumentado la despersonalización al impartir las clases online a través de una cámara sin el contacto con el alumnado. También el cansancio emocional, no solo por las peculiaridades propias de la pandemia, sino por todo este cambio y la nueva adaptación, así como el sentimiento de sentirse poco realizado al no poder desempeñar nuestro trabajo de forma natural y cercana», sostiene la doctora Lucía Ramírez Baena, profesora en el Centro Universitario de Enfermería de Cruz Roja, de la Universidad de Sevilla.

«Otro problema es que las bajas docentes son mayores debido a que hay profesores contagiados, en cuarentena o en cuarentena sus hijos. Estas bajas no son cubiertas y generan mucho estrés porque no hay personal suficiente para atender a todos los alumnos», añade Sonia García Gómez, secretaria de Comunicación de ANPE.

Crisis digital

La crisis desatada por el coronavirus, ha evidenciado la falta de preparación de muchos centros en materia de digitalización, lo que ha incrementado el estrés en el personal docente. Según se desprende del informe Transformación sectorial. Hacia un futuro más digital, publicado por la consultora Making Science, aunque existen cada vez más centros educativos y titulaciones que imparten sus programas exclusivamente online, estos suponían solamente entre un 18% y un 20% del total en España y en el conjunto de Europa hasta antes del inicio de la pandemia.

Precisamente, por el avance en digitalización que ha llevado a cabo su centro Carmen María Rodríguez, profesora de filosofía de ESO y Bachillerato en Villafranca de los Barros (Badajoz) se siente «afortunada. En el centro ya llevamos 5 años apostando por la digitalización educativa lo que nos ha permitido, sin perder la esencia del cuidado de la educación completa del alumno, adaptarnos tecnológicamente al confinamiento y a los períodos online. La formación tanto de profesores como de alumnos, junto a las ganas de trabajar de todos y a la implicación de las familias, nos ha permitido enfrentar con éxito esta tarea».

A la escasa digitalización del sistema educativo, el informe de Making Science suma la falta de apoyo a los profesores, que necesitan herramientas que se adapten a la nueva situación de entorno online y que, además, permitan la interacción entre los alumnos y establezcan una red de relaciones beneficiosas para todos. «No solo se han de tener en cuenta las dificultades técnicas propias de la plataforma. La escasez de dispositivos o la obsolescencia de estos han dificultado la labor docente y el trabajo online entre el profesorado y su alumnado», indica Sonia García Gómez.

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La empresa no puede obligar al trabajador a poner su móvil personal a su disposición para que le geolocalice

Es nulo un plan empresarial, como el Plan ‘Tracker’ de Telepizza, que obliga al trabajador con categoría de repartidor a aportar un teléfono móvil personal con conexión a Internet para usar en él aplicaciones informáticas de la empresa para facilitar su geolocalización en el reparto, según dictamina el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de febrero de 2021.

La ponente, la magistrada García Paredes, determina que no se cuestiona la geolocalización por la que se va a tener un seguimiento del pedido que debe entregar el repartidor al cliente no sea un método adecuado o idóneo a tal finalidad, sino que «la configuración dada no es conforme a derecho».

La magistrada razona que es cierto que empresa y trabajador pueden pactar las condiciones que estimen oportunas, que puedan afectar a las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial.

La ponente dice que otra cosa es que el empleado entregue un teléfono a tal fin

Sin embargo, la ponente argumenta que «aquí no se está analizando un pacto, sino un proyecto implantado unilateralmente por la empresa del que, además de no haberse informado debidamente a la representación legal de los trabajadores, estos discrepan del mismo porque, junto a lo anterior, llega a establecer causas de suspensión y extinción vinculadas a conductas del trabajador al margen de exigencias legales que deben seguirse a tal efecto».

Además, dictamina que el hecho de que la aportación por el trabajador del móvil venga acompañada de una compensación económica tampoco es elemento suficiente para interferir y dar por superado el juicio de proporcionalidad y menos cuando las partes afectadas discrepan razonablemente del quantum asignado y que la sentencia de instancia lo califica de insuficiente.

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La Audiencia de Madrid condena otra tarjeta ‘revolving’, la Carrefour Pass

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Servicios Financieros Carrefour contra la sentencia del juzgado de Primera Instancia 102 de Madrid, que condenaba a la entidad a anular el contrato de tarjeta ‘Carrefour Pass’. 

De esta forma, la Audiencia Provincial ratifica la postura del juzgado de Primera Instancia, que declaraba abusiva la cláusula de interés remuneratorio de la tarjeta ‘revolving’, pactado al 21,99% TAE por falta de transparencia en una sentencia que la empresa recurrió en apelación. Así, la Audiencia Provincial recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de marzo de 2020, admite el control de transparencia en las cláusulas relativas al interés remuneratorio.

Banco de España

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También fundamenta que, en otra reciente sentencia del mismo tribunal, con fecha 21 de enero de 2021, se sienta jurisprudencia sobre la exigencia de control de incorporación en toda clase de contratos y, además, de transparencia reforzada en la contratación con consumidores.

«La carga económica de este tipo de contratos de tarjetas ‘revolving’, concepto este del que tienen que informar adecuadamente desde el propio banco o entidad, viene determinada por tres elementos: capitalización de intereses de la operación, la variabilidad del límite de crédito que permite el incremento de la deuda y, por último, la mínima cuota de amortización que prolonga el crédito de una forma casi indefinida», ha explicado el equipo jurídico de Don Recuperador que ha representado en este caso a la afectada y que recoge Europa Press. 

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