Acusados de subversión 47 políticos de Hong Kong por las elecciones primarias demócratas

Siguen menguando las libertades políticas que tenía Hong Kong, mayores hasta ahora que en el resto de China. Por organizar las elecciones primarias al bando demócrata, 47 políticos de la antigua colonia británica han sido acusados este domingo de subversión bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta en verano por el autoritario régimen de Pekín.

Con edades que van de los 23 a los 64 años, son 39 hombres y ocho mujeres, entre diputados, activistas y profesores universitarios, que se enfrentan a penas de entre tres años de cárcel y cadena perpetua. Junto a otros ocho políticos más, que no han sido imputados de momento, todos ellos fueron arrestados el 6 de enero y luego puestos en libertad con cargos. Aunque estaban citados en los juzgados para dentro de un mes, han sido requeridos por la Policía y, sin poder presentar una fianza para librarse de pasar la noche en el calabozo, comparecerán el lunes ante el Tribunal de Kowloon Oeste.

La presunta «conspiración para la subversión del poder estatal» de la que están acusados se debe a las elecciones primarias del bando demócrata que organizaron o en las que intervinieron a mediados de julio. Con dicha votación, en la que participaron unas 600.000 personas, los demócratas querían formar un bloque para conseguir la mayoría de 35 diputados en los comicios al Parlamento local convocados para septiembre, que luego fueron suspendidos con el pretexto del coronavirus. Si obtenía dicha mayoría, el bando demócrata podía retrasar las mociones o bloquear los presupuestos, paralizando «de facto» al Gobierno local. Ya en su momento, tanto la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, como el secretario de Asuntos Constitucionales y con el Continente, Erick Tsang, advirtieron de que ese plan podía considerarse «subversivo» bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, que pena prácticamente toda oposición política.

Entre los imputados destaca el profesor universitario Benny Tai, uno de los líderes de la ‘Revolución de los Paraguas’ en 2014 e ideólogo de dichas primarias y de la estrategia ’35 Más’. Junto a él, han sido acusados los líderes de varias fuerzas políticas, como el presidente del Partido Democrático, Wu Chi-wai, y el del Partido Cívico, Alvin Yeung, así como un grupo de jóvenes concejales de distrito elegidos en noviembre de 2019. Además de los combativos Lester Shum y Fergus Leung, entre ellos figura el popular activista Joshua Wong, que está ahora en prisión por organizar un cerco a la Policía. En el Partido de los Socialdemócratas han caído su vicepresidente, el veterano ‘Pelo Largo’ Leung Kwok-hung, y Jimmy Sham.

«Esto es una supresión total de los demócratas, pero no es el día del juicio final contra la democracia en Hong Kong. Yo no me doblegaré ante el régimen», clamó el concejal de distrito Lester Shum al llegar a la comisaría, según recoge el periódico ‘South China Morning Post’. Otro de los imputados por participar en las primarias, Mike Lam, se mostró con la conciencia tranquila porque «no he hecho nada malo ni ilegal. No tendré remordimientos si me acusan o me meten entre rejas». Pero, consciente de la pérdida de libertades que está sufriendo Hong Kong, desveló que le había pedido a su esposa, que es tailandesa, que se marche de la ciudad con sus dos hijas.

Acabar con la disidencia política

Mientras algunos de los arrestados pasaron sus últimas horas en libertad con sus familiares y allegados, otros hicieron compras, como zapatillas sin cordones o gafas, para la larga estancia que esperan en prisión. El temor general es que, tras su comparecencia ante los jueces, serán encarcelados sin fianza hasta que llegue el juicio, que pondrá a prueba al sistema judicial de Hong Kong bajo la draconiana Ley de Seguridad Nacional.

Desde que entró en vigor el 1 de julio sin pasar por el Parlamento local, por dicha ley solo habían sido imputadas cuatro personas. Entre ellos destacan el magnate de la Prensa crítica Jimmy Lai, recluido en prisión, y un manifestante acusado de entonar proclamas independentistas en público. Con los cargos ahora contra estos políticos y activistas, los demócratas acusan a las autoridades de Hong Kong de imponer el «terror blanco» por orden de Pekín para acabar con la disidencia política.

Además de los 47 imputados formalmente, otros ocho activistas detenidos en enero esperan una decisión. Algunos de ellos son los antiguos diputados opositores James To, Roy Kwong y Joseph Li, el trabajador social Jeffrey Andrews, el presidente de la Asociación de Padres de Discapacitados Mentales, Lee Chi-yung, y el abogado americano especializado en derechos humanos John Clancey, quien ayudó a organizar las primarias demócratas.

Con dicha votación, los demócratas querían asegurarse de que presentaban a los candidatos con más posibilidades de salir elegidos en los comicios al Consejo Legislativo (Legco), previstos para el pasado 6 de septiembre. Con 70 escaños, dicha cámara semidemocrática se compone de 35 diputados elegidos mediante sufragio universal, 30 seleccionados por sectores económicos y sociales que suelen ser afines a Pekín y otros cinco procedentes de los consejos de distrito, donde el bando demócrata tiene mayoría tras su arrolladora victoria en las elecciones municipales de 2019. Con estas cuentas, y el impulso de las violentas protestas de 2019 contra el régimen chino, el bloque gubernamental podía perder por primera vez su mayoría en el Legco. Para evitarlo, las autoridades no solo descalificaron a 12 candidatos demócratas por pedir democracia y sus críticas a Pekín en el pasado, como Joshua Wong, sino que aplazaron un año las elecciones con la excusa del coronavirus.

Para no perder el control sobre Hong Kong, el régimen está criminalizando la oposición política e imponiendo un juramento de lealtad y patriotismo entre los políticos y funcionarios que no deja espacio a quien reclama democracia.

abc.es

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Dieciocho muertos en las protestas contra el golpe de Estado en Birmania

Cuando se va a cumplir un mes del golpe de Estado en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, los manifestantes redoblan su lucha por la democracia y el Ejército la represión. Según denuncia la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al menos 18 personas han muerto abatidas a tiros por la Policía en las protestas que se han vuelto a repetir este domingo en numerosas ciudades del país. Filmadas bastantes de ellas por los medios locales, dichas muertes han tenido lugar en Yangón (Rangún), Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku. «Condenamos enérgicamente la escalada de la violencia contra las protestas en Myanmar e instamos a los militares a detener inmediatamente el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos», ha criticado en un comunicado la portavoz de dicha Oficina, Ravina Shamdasan. Además de denunciar que este domingo han sido detenidos 85 médicos y estudiantes, así como siete estudiantes, ha recordado que más de mil personas han sido arrestadas desde que el Ejército llevó a cabo el golpe de Estado el pasado 1 de febrero.

En Yangón (Rangún), donde se ha desatado una auténtica batalla campal desde por la mañana, los antidisturbios abrieron fuego y dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, que se atrincheraba tras barricadas montadas en las calles y se protegía con escudos improvisados. Resistiendo, los manifestantes se han enfrentado a la Policía y el Ejército arrojándoles cócteles Molotov, adoquines, piedras y todo lo que podían.MÁS INFORMACIÓN

Birmania: la sombra de China

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ANTONIO ELORZA

Myanmar, víctima de un nuevo golpe de Estado

Myanmar, víctima de un nuevo golpe de Estado

ÁLVARO YBARRA ZAVALA

Todavía no está claro el balance de fallecidos. Pero en la ciudad costera de Dawei, en la región sureña de Tanintharyi, murieron tres personas y 40 fueron detenidas, informa el medio local ‘Dawei Watch’ y recoge el periódico ‘The Irrawaddy’. Tal y como muestran las imágenes que llegan a través de las redes sociales, ha habido heridos de bala en ciudades como Yangón y Mandalay, donde las fuerzas de seguridad han abierto fuego de forma indiscriminada. En una de las fotos que pueden verse en Twitter, los militares esparcen sacos de arena sobre la calle para tapar un charco de sangre. Pero ni siquiera esta brutal represión ha acobardado a los birmanos, que siguen oponiéndose en masa a la asonada del Ejército y apoyando al Gobierno democrático de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario.

Con el pretexto de que su aplastante victoria en las elecciones de noviembre había sido fraudulento, los militares volvieron a recuperar el 1 de febrero su vieja tradición de dar golpes de Estado en este bello pero paupérrimo país del Sudeste Asiático. Con su alzamiento, han acabado con la transición democrática que se vivía desde 2010 después de medio siglo de dictadura. Hace poco más de una década, después de pasarse 15 de los últimos 20 años encerrada en su mansión, era liberada Aung San Suu Kyi, quien ganaba las primeras elecciones libres celebradas en 2015 y también las segundas el pasado mes de noviembre. Pero, en esta ocasión, su triunfo no ha sido reconocido por el general Min Aung Hlaing, el nuevo «hombre fuerte» de Birmania. Aunque el Ejército ha prometido nuevos comicios, no ha anunciado ninguna fecha y los birmanos no se lo creen por su larga tradición autoritaria. Tampoco Occidente, que ha condenado el golpe mientras los principales países de la región, como China, piden una solución negociada entre ambas partes. A la vista de la brutal represión de hoy, parece imposible.

Desde que empezaron las protestas y la campaña de desobediencia civil y huelgas justo tras el golpe, habían muerto cinco manifestantes y, según las autoridades, un policía. A tenor de la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos, más de 850 manifestantes habían sido detenidos o sentenciados, pero solo este sábado hubo 479 arrestos más, según recoge la televisión estatal MRTV. Entre ellos figuran varios periodistas, al parecer alguno occidental.

El rechazo al golpe es tal que el propio embajador birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, instó el viernes a «usar todos los medios necesarios contra el Ejército» para restaurar la democracia. Según informa Reuters, aseguró en su discurso ante la Asamblea General que «necesitamos las acciones más fuertes posibles de la comunidad internacional para acabar con el golpe militar y la represión sobre la gente inocente, devolviendo el poder del Estado al pueblo y restaurando la democracia». Furiosos con su intervención, los militares le destituyeron el sábado, pero la ONU no ha recibido todavía ninguna notificación. Un mes después del pronunciamiento militar, la represión de este fin de semana aísla aún más a los golpistas mientras la sangre vuelve a correr por Birmania.

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La ANC presiona en la calle por un pacto entre ERC y JxCat

La ANC ya no es lo que era. Aun así, todavía tiene capacidad de influencia. El lobby movilizador del ‘procés’ regreso este domingo a la calle y congregó a varios miles de personas en la plaza de Cataluña de Barcelona, sin respetar del todo las recomendaciones pandémicas, para exigir a ERC, JxCat y la CUP que se pongan de acuerdo y sean capaces de reeditar un nuevo Gobierno independentista. «Pedimos a ERC, Junts y la CUP que actúen con sentido de Estado para un ejecutivo independentista fuerte», afirmó la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie.

La ANC ya no abarrota las plazas como antes, pues ya no es una entidad transversal en el movimiento secesionista. Pero presiona con el hecho de que el independentismo superó en las pasadas elecciones el 50% de votos por primera vez, a pesar de que la participación fue del 53%. Y más que apretar para que los grupos del Govern pacten una hoja de ruta concreta, como hizo en el pasado con el referéndum o la declaración unilateral de independencia, la plataforma soberanista prioriza el objetivo de asegurar un Govern.

La presión es para las tres formaciones, pero en especial para Esquerra, que es quien tiene la posibilidad de elegir socios, ya sea del lado independentista, o la coalición que le proponen los comunes, con el apoyo externo del PSC (se vieron carteles de «comuns no»). «Ya somos el 52%, no podemos malbaratar el grandísimo resultado del 14-F», dijo Paluzie, que llama a la confrontación contra el Estado y a la desobediencia institucional, pero se olvida de la DUI que exigió en campaña si el independentismo superaba la mitad más uno de los votos. Fuentes independentistas admiten que el coste de unas nuevas elecciones podría ser muy alto para el soberanismo.

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El ‘caso del orinal’ desata la furia contenida de los españoles contra su consulado en Londres

espués de dos meses intentándolo, Patricia de la Piedra, una española que lleva más de una década residiendo en Reino Unido, logró que este martes le dieran cita en el consulado de Londres para sacar el pasaporte a sus dos hijos -de dos años y medio y de 16 meses- y renovar el suyo. Tanto ella como su marido tuvieron que pedir el día libre en el trabajo, ya que la ley obliga a que estén los dos progenitores presentes. La familia reside en Kent, por lo que para llegar hasta la capital británica tuvieron que realizar un viaje de casi dos horas en tren. “Con dos niños pequeños no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones en plena pandemia”, explica. Todo ese esfuerzo para, finalmente, abandonar el consulado sin poder realizar los trámites.

Los baños estaban cerrados por regulación anti-covid. La niña, de dos años y medio, utilizó un orinal portátil para hacer pis y el personal de administración consideró que aquello “era una falta de respeto”. Fue la trabajadora que estaba en la ventanilla quien les comunicó que su superior había tomado la decisión de no continuar con la gestión de sus documentos. Por lo que, pese a las súplicas de Patricia, el guardia civil “invitó” a la familia a abandonar la sala. “Me puse a llorar de pura frustración. Me pareció una experiencia tremendamente estresante y en la que mostraron una falta de humanidad”, explica a El Confidencial.

El ‘caso del orinal’ ha corrido como la pólvora en redes sociales y foros de residentes españoles en Londres, desatando una oleada de indignación contenida por años. En apenas unas horas, esta corresponsal recibió decenas de mensajes de otros expatriados relatando experiencias poco satisfactorias. Dificultades para conseguir cita, confusiones con los trámites en la página web, pocas horas de atención al público o unas instalaciones vetustas e incómodas poco preparadas para dar servicio a los residentes. Quejas que también exponen otro problema generado por la propia comunidad española: la cantidad de ellos que nunca se registraron en el consultado.

Superada por las circunstancias

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Queja formal presentada por Patricia de la Piedra.

“Todo el mundo que tenga hijos pequeños puede entender que a veces te ves superado por las circunstancias”, señala Patricia sobre ese martes en el consulado. Ella estaba en la ventanilla, renovando el pasaporte, mientras su marido atendía al niño pequeño. «No vimos que la niña había cogido el orinal portátil; algo, por cierto, bastante común en este país. Cuando me di cuenta de lo que había pasado pedí mil veces perdón. Sin duda, fue un accidente desafortunado y yo me moría de vergüenza», narra la española.

Si bien no les dio tiempo a pedir que les abrieran el baño para atender emergencia, cuando lo solicitaron después para poder limpiar a la menor “me dijeron que los baños estaban cerrados al público”. «Cuando me dijeron que me iba de allí sin los pasaportes para los niños, me derrumbé«, narra la española. A la humillación se une otro problema no menor. “No sé cuándo me volverán ahora a dar cita. Es un calvario poder conseguirlas”, concluye Patricia.

Fuentes diplomáticas consultadas por El Confidencial explican que los baños están cerrados por medidas de seguridad de la pandemia, “pero que si lo hubiera solicitado, se le habría permitido el acceso como se está haciendo, por ejemplo, con embarazadas y personas mayores”. Tras la queja formal presentada por Patricia, la respuesta que obtuvo por parte del consulado ese mismo día fue que “la utilización de un orinal en un espacio público ha sido considerada como una falta de respeto, más aún teniendo en cuenta la situación sanitaria actual”. “Los trabajadores tienen instrucciones de mantener un trato de lo más respetuoso posible con el público”, apuntaron desde el consulado en la comunicación.

Miles sin contar

El de Patricia no es ni mucho menos un caso aislado. Durante años, los residentes españoles vienen denunciando las dificultades a las que se enfrentan cada vez que tienen que realizar una gestión en el consulado de Londres, uno de los tres que existen en el país, junto con el de Edimburgo y Manchester. Parte del problema es que los consulados reciben fondos y recursos según el tamaño de la comunidad a la que tengan que atender. Y aunque el Reino Unido es uno de los países europeos con más españoles residentes, no todos se dan de alta. Es algo obligatorio por ley, pero no está penado, por lo que muchos nunca llegan a hacer la gestión.

Según los últimos datos del Gobierno británico, para el 31 de diciembre de 2020, un total de 301.790 españoles habían solicitado tanto el “estatus de asentamiento” como el “pre-estatus”, un trámite que deben realizar ahora todos los ciudadanos europeos que residían en el país antes del Brexit para conservar sus derechos. Sin embargo, solo 175.000 españoles están dados de alta en los consulados del Reino Unido: Manchester (30.000), Londres (128.000) y Edimburgo (15.000).

Foto: Carlos Bastarreche, embajador de España en Londres hasta este lunes. (EFE)

España se queda sin embajador en Londres en pleno pos-Brexit por la falta de previsiónCarlos Barragán

El consulado español de la capital británica es el que tiene que atender a la comunidad de expatriados más extensa de Europa. En términos globales, es la quinta comunidad expatriada de españoles más amplia del mundo. Fuentes diplomáticas aseguran a El Confidencial que “en lo que se refiere al aumento de las gestiones derivadas del Brexit, hay mucha población española no registrada, lo que hace muy difícil el cálculo de las necesidades consulares”. Se estima que los no registrados podría superar los 45.000 residentes.

Las mismas fuentes destacan que en 2019 se puso en marcha un “plan de modernización”, que supuso “combinar atención telefónica, programando la centralita de manera funcional; página web; simplificando mensajes e incorporando formularios dinámicos; y sistema de citas”. Explican que los departamentos críticos, como Registro Civil Consular y Nacionales, han cambiado por completo su funcionamiento, reservando el sistema de citas para trámites obligatoriamente presenciales, como pasaportes y firma de expedientes. «Todo lo demás va por corre postal o electrónico», señalan las fuentes, que apuntan que los correos electrónicos se responden en un máximo de 48 horas cuando la información no está incluida en web. El Registro Civil, apuntan que “está completamente al día”. “El plazo de inscripción, en 2019 rondaba las 15 semanas, pero en la actualidad se realizan en el día en la mayoría de los casos”, apuntan.

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Mapa demarcaciones consulado. (Embajada de España)

Según el consulado, para poder documentar al mayor número de personas posible, se impone establecer un sistema ordenado de concesión de citas, para evitar que los “no shows” (cercanos al 30%), el abuso o la ausencia de documentación requerida por ley en el momento del trámite retrasen una gestión que puede hacerse en apenas 10 minutos con la documentación completa. Además, recalcan que han intensificado ahora sus servicios con el Brexit. Teniendo en cuenta que en junio termina el plazo para que los comunitarios residentes en el Reino Unido antes de la salida de la UE, reforzara su asistencia “para que los españoles puedan acogerse a este esquema sin problema”. A partir del lunes, el consulado abrirá 12 horas seguidas, esperando gestionar más de 3.000 pasaportes al mes, una cantidad señalan, “muy por encima de la media de cualquier otro Consulado o Comisaria de Policía”.

«Peor que un parto»

La versión que relatan los afectados es muy distinta. En los catorce años que Beatriz Campos lleva residiendo en Reino Unido, esta malagueña asegura haber tenido varias malas experiencias con el consulado de Londres. “En una de las ocasiones me llegaron a perder el pasaporte de las niñas. Después de tener que ir cuatro o cinco veces, al final tuvimos que pedir un salvoconducto para poder volar y hacer los trámites mientras estábamos en nuestras vacaciones. En Reino Unido, para sacar los pasaportes a las niñas, lo pudimos hacer todo por email y en tres semanas los teníamos en casa”, explica.

La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue cuando tuvo que inscribir a su hija pequeña en el Registro Civil. “Fue peor que el parto”, matiza. “Nos habían dado cita específicamente para realizar el trámite y cuando llegamos allí nos dijeron que ese día concreto de la semana no tocaba presencial, que se tenía que hacer por correo. ¿Entonces, para qué nos dan cita después de tanto tiempo esperando?”, comenta.

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La respuesta a la queja de Beatriz Campos.

Tras presentar una queja formal, decidió crear también una petición en una plataforma digital pidiendo un cambio. Desde febrero de 2020, ha sumado más de 5.000 firmas, la gran mayoría en las últimas semanas. “Entiendo que la obligación de los residentes es darse de alta en el consulado para poder mejorar servicios. Pero eso no quita para denunciar que hay cosas que no funcionan. No hay centralita donde te atiendan, la página web es tremendamente confusa por lo que da lugar a error a la hora de llevar documentos solicitados y el sistema de citas es un calvario. En definitiva, son cosas muy básicas ya sea para atender a 50 o 50.000 personas”, matiza a este diario.

“Intentar obtener algún servicio es muy doloroso y en la mayoría de los casos una pérdida de tiempo. Los propios trabajadores admiten que están desbordados, aun así el horario de atención al público es de 9.15 a 14.30 de lunes a viernes, claramente no es suficiente”, añade.

Una sede poco funcional

Para coronar este ambiente de exceso de peticiones y falta de personal, un lamento que se repite entre los residentes son las instalaciones. El consulado de Londres consta de dos edificios comunicados entre sí en Sloane Square, en pleno barrio de Chelsea, no muy alejado de la zona de embajadas. Uno de los edificios está en propiedad y el otro está alquilado. El problema es que se trata de antiguas viviendas. Y como tal, no tienen la distribución -respecto a baños o escaleras, por ejemplo- que se le presumen a una oficina o lugar de atención al público. Los espacios son estrechos y laberinticos y la zona de espera en el sótano puede llegar a resultar agobiante.

Teresa Miranda, una pamplonesa que lleva más de una década residiendo en el país, señala que cuando llega la hora de hacer una gestión tiene “pánico por lo complicado que es absolutamente todo”. “Te hacen esperar en la calle hasta que sea tu turno y llaman a los de la hora, no hay acceso para discapacitados o niños con silla, una vez dentro tienes que esperar según qué trámite en las escaleras. La información en la web está fatal, por lo que si llegas y te falta algo te mandan a casa”, explica.

Foto: Una bandera de Noruega en una calle de Oslo. (Reuters)

«Esclava con sueldo de piojo»: los sindicatos noruegos contra la embajada de EspañaAlicia Alamillos Enrique Andrés Pretel

La polémica con el consulado coincide precisamente con la convocatoria de elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en la demarcación consular de Londres, que abarca a gran parte del sur del Reino Unido. Se trata de un órgano formado por voluntarios que actúan como vía de comunicación con las instituciones españolas, algo que no siempre resulta fácil, y desarrolla actividades de derechos civiles, laborales, educativa, social y cultural para la legación.

Fuentes consultadas de algunas de las candidaturas que se presentan señalan que en Londres no están encontrando “la misma cooperación que hay con los consulados de Manchester y Edimburgo”. La mayoría de los ciudadanos, sin embargo, desconocen lo que es un CRE y, tal y como revelan las propias candidaturas, están teniendo problemas para conseguir el apoyo de los 200 avales necesarios para sacar el proyecto adelante.

elconfidencial

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España triplica en un mes el ritmo de vacunación y llega a 150.000 diarias

España comienza a despegar en el ritmo de vacunación al unísono de la llegada de mayor cantidad de dosis por semanas. Entre los días 25 y 26 de enero, las comunidades autónomas administraron 53.626 dosis, mientras que entre los mismos días de febrero se inocularon algo más de 151.000 vacunas, prácticamente el triple. En aquellos días, nuestro país recibía unos 350.000 viales semanales; ahora la cifra ha superado, ligeramente, el millón de dosis tras la llegada este viernes de 195.000 dosis de Moderna (prácticamente las mismas que había recibido hasta la fecha, 196.000). El ritmo, además, será creciente a partir de ahora por la llegada de más dosis semanales en marzo.

Con todos estos datos, hasta ahora el sistema público ha sido capaz de asumir el papel de administrar casi todas las dosis que recibe cada semana. En ambos casos, la cifra de vacunaciones diarias, al multiplicarla por los siete días de la semana, da como resultados el total de viales que llegan a nuestras fronteras. Pero se tiene que inocular más diariamente para conseguir que el 70% de la población esté vacunada a comienzos de verano, el 1 de julio.

La comisaria de Salud de la Comisión Europea, Stella Kiriakydes, dijo durante un encuentro con los directores generales de las farmacéuticas involucradas en la comercialización de la vacuna, que el objetivo era el 70% de la población adulta. Sin embargo, este viernes, preguntado por elEconomista, el Ministerio de Sanidad aseguró que el reto de España es el 70% de toda la población, por lo que habrá que inmunizar a 33,1 millones de personas.

Las personas menores de 55 años que hayan pasado el coronavirus recibirán una única dosis de vacuna

Las personas menores de 55 años que hayan pasado el coronavirus recibirán una única dosis de vacuna

La gran novedad fue el cambio en la estrategia de vacunación que va a seguir España. Además de definir los grupos por edades a los que se les administrará la vacuna en las próximas semanas (con la priorización de los más mayores con vacunas de Pfizer y Moderna y a los menores de 55 años con la de AstraZeneca), hubo una decisión de mucho calado en el devenir del proceso. A toda persona menor de 55 que haya pasado la infección por coronavirus, ya sea de forma asintomática o con síntomas, solo se le administrará una dosis y tras el paso de seis meses desde que superó la enfermedad. «Da igual el tipo de vacuna, podrá ser con las de ARN o con las otras. Hay dos estudios que se han publicado en The Lancet que avalan la decisión», explica Amós García, presidente de la Sociedad de Vacunología y uno de los ponentes en la Comisión de Vacunas del Ministerio.

De esta forma, de los 3.200.000 personas contabilizadas de forma oficial, un porcentaje amplio (el ministerio dice no disponer de la cifra de contagiados por rango de edad) solo necesitaría una inyección y seis meses después de haber superado la enfermedad. Haciendo una extrapolación con los datos de la Comunidad de Madrid, que sí categoriza por franjas de edad, aproximadamente el 60% del total de casos desde el inicio de la pandemia tendría menos de 55 años. Con ambos datos se podría concluir que 1,9 millones de españoles, aproximadamente, solo necesitaría una dosis.

Mirando hacia abril

Si bien la noticia es positiva en relación a acelerar el proceso de vacunación, tampoco cambia mucho las proyecciones. Si se quiere vacunar a 33,1 millones de españoles el ritmo actual no es suficiente. Quedan 124 días por delante (incluidos fines de semana) y hasta ahora solo hay inmunizados (con dos dosis) 1.240.000 personas. Eso quiere decir que habría que vacunar a 257.000 personas al día para conseguir ese objetivo. A esta proyección habría que añadirle la particularidad de que cada tres o cuatro semanas (según vacuna), el proceso habría que repetirlo. Es decir, la cifra dada anteriormente debería escalarse.

En cualquier caso, para eso hacen falta más vacunas. Hasta el 26 de febrero, España ha recibido 4,7 millones de vacunas. Los cálculos del ministerio apuntan a que se recibirán hasta el 31 de marzo 10,8 millones. Eso implica que en tan solo un mes se van a recibir más dosis que en los dos meses anteriores, si se cumplen los plazos. Y tras este mes, llegará abril, cuando se espera que las dosis se multipliquen por cuatro en todo el segundo trimestre. Los datos que maneja Europa es que se recibirán 300 millones de las tres vacunas aprobadas (con el permiso de AstraZeneca, que asegura que aspira a llegar a tiempo). Además, se maneja la cifra de 80 millones para Janssen, que será aprobada en marzo pero que no llegará hasta abril a los países de la Unión.

En la recámara están esperando Novavax y Curevac, que se aprobarán a partir de abril

Precisamente esta última vacuna es la llave para acelerar todo el proceso. La inmunización la proporciona con una sola dosis y, si las estimaciones europeas coinciden con la realidad, España recibirá algo más de 8 millones entre abril y junio. Si los deberes se hacen hasta marzo, España debería comenzar el mes de abril con cerca de 5 millones de personas inmunizadas, que con los ocho que se vacunarían con Janssen sumarían 13 millones. Si a esa cifra se le suman 1,2 millones ya inmunizados y los 1,9 que habrían pasado la infección, entre abril y junio solo habrá que vacunar con dos dosis a algo más de 17 millones de personas.

Para ello, son necesarias 34 millones de dosis, más o menos las mismas que se recibirán en España de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Y en la recámara están esperando Novavax y Curevac, que se aprobarán a partir de abril.

eleconomista

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BBVA cierra otras 116 oficinas antes de lanzar el ERE para 3.000 trabajadores


BBVA 
prosigue con sus medidas de ajuste antes de lanzar su plan de despidos masivos de trabajadores en España antes de que termine el primer semestre de este año, una medida en la que no se descarta que se aplique un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La entidad cerró la semana pasada 116 oficinas, casi el 5% de su red, en nuestro país, con el fin de ahorrar costes y adaptarse al entorno digital. Este recorte forma parte de los planes habituales que el banco viene realizando en los últimos años y que sitúan en cada ejercicio un descenso de entre 150 y algo más de 200 oficinas. En 2020, por ejemplo, clausuró 160 y situó la red en 2.482.

Con los nuevos cierres la entidad está ofreciendo recolocaciones en otros puestos a los trabajadores afectados, por el momento, principalmente en su canal de gestores a distancias (BBVA Contigo).

La banca española ajusta un 7,2% los costes en la crisis y gana a la europea

La banca española ajusta un 7,2% los costes en la crisis y gana a la europea

La intención del grupo es ajustar la plantilla en los próximos meses de manera relevante, tal y como avanzó durante la última presentación de resultados, dando un giro radical a su estrategia, tras la fallida adquisición del Sabadell. Según algunos analistas el recorte de personal podría rondar el 10% y en esta cifra trabaja la dirección del banco. Barclays cuantifica en 3.000 trabajadores estos afectados, una medida que tendría sentido en el contexto actual y teniendo en cuenta que el banco contará con cerca de 8.000 millones de exceso de capital como consecuencia de la venta de su filial de Estados Unidos.

BBVA, aunque no ejecutó ningún tipo de ajuste extraordinario de plantilla, sí disminuyó el número de asalariados en 2020 a través de un proceso de prejubilaciones más generoso que en ejercicios anterior. De hecho, fue el causante de la mitad de la reducción de empleo en el conjunto del sistema nacional. En concreto, el volumen de su personal en nuestro país se contrajo en 953 trabajadores, hasta los 29.330. Esta tijera, tal y como publicó este periódico, se realizó sobre todo en los meses de primavera, en pleno peor momento de la pandemia.

La consigna de la dirección a toda la red comercial es focalizar los esfuerzos en las ventas digitales

Los sindicatos confían en que el banco no vaya a ejecutar un ERE y esperan que las salidas de empleados se produzcan a través de prejubilaciones y bajas incentivadas voluntarias, ya que el banco tiene margen para hacerlo con el personal suficiente por encima de los 50 años de edad.

En los últimos tiempos, la consigna de la dirección a toda la red comercial es focalizar los esfuerzos en las ventas digitales, un canal que por primera vez mermó su distribución a pesar del auge de la tecnología en esta época de crisis sanitaria.

BBVA no es el único que llevará cabo ajustes de estructura para rebajar los costes operativos. El conjunto de las entidades han planteado o barajan cierres de más de 4.000 sucursales y despedir a más de 20.000 trabajadores, sin contar el plan extraordinario del grupo que preside Carlos Torres.

eleconomista

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La reforma laboral deja a un millón de parados sin ingresos mientras la protección social alcanza máximos históricos

Se trata de algo paradójico y aparentemente pasajero pero que, con la intensidad y la pronosticada duración de la crisis pandémica, entraña el riesgo de convertirse en estructural: los niveles de protección social de los desempleados alcanzaron el año pasado niveles de récord al mismo tiempo que las consecuencias de la precarización del empleo tras casi una década de aplicación de la reforma laboral expulsa a un abismo de exclusión, al dejarles sin ingresos, a 100.000 parados cada mes.

Según los datos del Ministerio de Trabajo facilitados por el Gobierno como respuesta a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, la cifra de beneficiarios de prestaciones de desempleo alcanzó el año pasado una media de 3,1 millones de personas, más de 150.000 por encima de los registrados en 2012, cuando, en los peores momentos de la anterior crisis, llegó a alcanzar los 2,94.

Ese esfuerzo de protección social, que llegó a suponer una factura de 5.526 millones de euros en el mes de mayo, alcanzó a casi la séptima parte (13,7%) de la población activa, un nivel también superior al 12,3% y al 12% registrados en 2012 y 2013, en el tramo más duro de la crisis desatada con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El nivel de cobertura sobre el colectivo de los desempleados supera con mayor claridad al de la anterior crisis, en la que el aumento del paro por encima de los cinco millones de afectados, algo desconocido en el país y que se mantuvo durante cuatro años, coincidió con los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en este ámbito, que dificultaron el acceso a las prestaciones hasta reducir en un40% el número de beneficiarios de las contributivas en los años en que con mayor intensidad se destruía el empleo.
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Así, la tasa de cobertura del 56,68% que el Ejecutivo se encontró al llegar al Gobierno a finales de 2011 se fue reduciendo de una manera constante hasta caer por debajo del 44% en 2014, el primer año de los llamados «brotes verdes» a pesar de que el número de desempleados seguía superando los cinco millones.https://backoffice.porcentual.es/widget.html#/charts/9EY_MArrhpuQ4bBGFrjmyQ/widget

En el primer año de la pandemia, la cobertura alcanzó a casi el 64% de las personas que se habían quedado sin ocupación: 3,1 de los 4,85 millones de afectados que suman los 3,53 sin trabajo que estima la EPA y el promedio de 1,32 en ERTE de marzo a diciembre que sale de los datos del Ministerio de Inclusión.

Miguel Ángel Heredia: «En España se ha protegido a un porcentaje de la población activa superior al de la media europea»

«En España se ha protegido a un porcentaje de la población activa superior al de la media europea, se han destinado miles de millones a proteger a trabajadores a través de ERTE, se ha aprobado un paro para autónomos y se ha ampliado la cobertura por desempleo sustancialmente», explica Heredia, que llama la atención sobre cómo en la anterior crisis el descenso de la cobertura «no fue atribuible a la creación de empleo, sino al endurecimiento de las prestaciones. Como consecuencia de esto último, el porcentaje de parados que recibieron algún tipo de ayuda descendió de forma muy significativa y continuada».https://backoffice.porcentual.es/widget.html#/charts/dB6qdAXzVXZcxwtI3utd9g/widget

El senador, que sostiene que «que con Casado hoy no habría ni ERTE, ni paro para los autónomos ni se habría aumentado la cobertura por desempleo para miles de trabajadores en nuestro país» y lo contrapone al intento del Gobierno PSOE-UP de «que nadie se quede atrás», asegura que «esta crisis hubiese sido mucho más dura para familias y trabajadores si gobernase el PP, lo demuestran las cifras y los datos».

Los efectos de la reforma laboral afloran con toda su crudeza

Sin embargo, sí están sufriendo las consecuencias de una de las principales medidas que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy en la legislatura de la mayoría absoluta: la reforma laboral, los efectos precarizadores de cuyos «aspectos más lesivos«, que afectan directamente a los periodos y las cuantías de cotización de los trabajadores, están provocando la expulsión del paraguas del Estado de bienestar de una media de más de 100.000 personas al mes.

La cifra de desempleados sin cobertura de ningún tipo, ni contributiva ni subsidiaria, pasó de 1,188 millones a 2,388 entre los meses de diciembre de 2019 y 2020, lo que supone un aumento de 1,2 millones en números redondos.Antonio González: «Los desempleados se están quedando atrás claramente»

«Los ERTE han dado protección y permiten que la gente vaya cobrando mientras la empresa está cerrada o reduce su actividad, pero los desempleados se están quedando atrás claramente», explica Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, que añade que «hay un grupo importante que ha perdido sus rentas laborales y que no tiene posibilidad de encontrar un empleo porque no lo hay».

El paro de larga duración crece más que el conjunto del desempleo

En este sentido, y sin tener en cuenta a los afectados por ERTE, entre los cierres de 2019 y 2020 ha caído de un 48%/52% a un 27%/73% la relación entre los desempleados que cobran una prestación contributiva y los que reciben un subsidio asistencial.

«Eso significa que tres de cada cuatro cobran 460 euros al mes», anota González, en un escenario en el que «las cortas carreras de cotización y la falta de empleo están provocando una situación de degradación de la cobertura del desempleo, ya que pocos parados pueden acceder a la prestación y esta tiene un límite de 24 meses».

El paro de larga duración lleva, tras más de seis años de reducción, seis meses repuntando a un ritmo intenso: los desempleados que llevan entre uno y dos años buscando empleo pasaron en ese periodo de 397.500 a 635.600 mientras los que llevan más de dos crecían de 744.800 a 885.400.

El hecho de que su suma (378.700) supere al aumento global registrado en el número de desempleados (351.800) en esos seis meses parece un indicio de la cronificación del paro en algunos sectores de quienes lo sufren. «Hasta que no haya una reanimación de la economía, no hay posibilidades de que la gente encuentre empleo y vuelva a cotizar», advierte el economista.

publico.es

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Los sindicatos piden a El Corte Inglés compensaciones por encima de los limites legales en el ERE de 3.000 trabajadores

El Corte Inglés ha adelantado a los sindicatos que el proceso de reorganización de la empresa con un plan voluntario de bajas que afectará a 3.000 trabajadores, más de un 4% de la plantilla, se realizará «con el máximo diálogo y buscando medidas «positivas» como las «buenas condiciones económicas».

La compañía ha indicado que «su plan de reorganización futuro debe buscar la viabilidad de la compañía, su posicionamiento en un mercado cambiante, la reordenación del mundo del retail y su nueva dimensión tras el impacto de la venta online«, según ha informado la comisión sindical en un comunicado tras reunirse con la empresa y recoge Europa Press.

La próxima semana se constituirá en acto formal la comisión negociadora y posteriormente esta comisión iniciará las negociaciones con la empresa para acompasar las medidas, haciéndolas «lo más atractivas posibles a la plantilla». Este momento de reorganización y ajuste de la plantilla viene tras el cierre de Linares y la reorganización de Guadalajara, así como de las noticias de más centros afectados por cierre, que ha provocado una «avalancha de inquietud» en la plantilla, según han asegurado los sindicatos.

Ante esto, CCOO, Fasga, Fetico y UGT han asegurado que su posición frente a la empresa va a ser «clara y contundente» buscando unas condiciones de salida de plantilla por encima de limites legales y con posibilidades de adscripción voluntaria desde cualquier punto de España, de tal forma que ese ajuste de plantilla no se realice «de forma traumática sino armonizada con los intereses de las personas».

El plan voluntario de bajas diseñado por El Corte Inglés afectará a un máximo de 3.000 empleados, de los cuales 2.500 serán trabajadores de los centros comerciales y 500 pertenecientes a los servicios corporativos, lo que supone más de un 4% de la plantilla, integrada por unos 63.000 trabajadores.

La compañía ya se acogió en marzo de 2020 a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para un total de 25.900 empleados, tras decretar el Gobierno el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus.

Este ERTE afectó por tanto a casi el 29% de la plantilla total del grupo, que asciende algo más de 90.000 empleados. Así, se vieron afectados 22.000 trabajadores de los grandes almacenes de El Corte Inglés, 2.000 empleados de la cadena de moda Sfera y 1.900 empleados de Viajes El Corte Inglés.

Tras decretarse el estado de alarma en España para frenar la expansión del coronavirus, el grupo El Corte Inglés se ha vió obligado a cerrar todos sus centros en España, dejando únicamente operativas sus áreas de alimentación y productos de primera necesidad.

El Corte Inglés regresó al resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), hasta situarse en 64 millones de euros gracias a la reapertura de tiendas y a la venta online, que registró un alza del 124% en este trimestre. La cifra de negocio consolidada durante este periodo se situó en 2.817 millones, con un beneficio bruto de 811 millones de euros.

infolibre

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Indignación policial por el incendio de una furgoneta de la Urbana con un agente dentro

La totalidad de los cuerpos policiales han mostrado su malestar y la repulsa por la acción de unos incontrolados que, durante los altercados provocados tras la manifestación en favor de Pablo Hasél, acabó provocando el incendio de uno de los furgones de la Guàrdia Urbana que protegía la comisaría de la policía local barcelonesa en las Rambles. Había un agente al volante de la misma, que afortunadamente pudo salir por su propio pie por la puerta del acompañante instantes ante de que el vehículo quedara envuelto por las llamas. El sindicato mayoritario entre los mandos de los Mossos cuestionó directamente la posibilidad de que la CUP, convocante de la marcha, pueda influir en el cambio de modelo policial catalán a cambio de su apoyo al nuevo Govern.

Desde el sindicato SPC Mossos i PL (Policía Local) mandaron mensajes de apoyo a las unidades que trataban de sofocar la revuelta: «Esperamos que el resto de compañeros que hoy estaréis al pie del cañón trabajando para reestablecer el orden no sufráis daños. Muchos ánimos y todo nuestro apoyo». Pero las muestras de apoyo se han tornado en indignación conforme las imágenes de la furgoneta de la Urbana en llamas se difundían por las redes sociales. Desde Twitter, el SUP (Sindicato Unificado de la Policía) clamaba: «Altercados en #Barcelona Esto no es #LibertadDeExpresión es simplemente vandalismo puro y duro. Aprovechar el encarcelamiento de #PabloHasel para destrozar las ciudades es una excusa torpe y sin argumentos. Todo nuestro apoyo a nuestros #compañeros #Mossos».

Quejas contra los políticos

La muestra de repulsa fue unánime y empezó a señalar a los partidos políticos en el Govern como resposables en parte de lo ocurrido. Desde Fepol (Federación de Profesionales de la Seguridad Pública) advertían en su Twitter: «Esta noche la vida de agentes Guardia Urbana de Barcelona ha corrido serio peligro. Los agentes de Policia Local,  mossos.. estamos indefensos por la clase política en Catalunya. La violencia va en aumento y observamos perplejos políticos avalandola ¿esto dónde se ha visto?», y añadían «Esperamos un posicionamiento coherente de todos los partidos del Parlament. Esto no puede seguir así, la violencia hacia los agentes cada vez es peor. Necesitamos firmeza hacia los violentos y garantías para los garantes de la seguridad».

Desde SICME, el sindicato que agrupa al 90% de los mandos superiores de los Mossos d’Esquadra, fueron más explicitos: «En esta manifestación convocada por la CUP, entre otros, se ve claramente cuál es el modelo de orden público que proponen. ¿Diputados y diputadas, el cambio empieza por intentar matar agentes de policía quemándolos?», añadían referencia a JuntsXCat y Esquerra Republicana.Te puede interesar

Del mismo modo reclamaban soluciones desde el SME, el sindicato de Mossos d’Esquadra, con otro mensaje en redes sociales: «De momento 10 detenidos (fueron 13). Mientras algunos políticos buscan sus sillas, los autónomos, restauradores y múltiples negocios se ven atacados y robados, y los policías en el punto de mira. Vergüenza».

También llegaron muestras de repulsa de otros cuerpos policiales de España. Desde el País Vasco, ESAN, sindicato de las Policias Vascas, trasladó desde Euskadi todo el apoyo a los Policías Catalanes, «la situación es vergonzosa y se pone a su disposición para ayudarles en todo lo que necesiten

elperiodico

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Israel cree que Irán está detrás de la explosión de un buque hebreo

Irán podría estar detrás de la explosión registrada este pasado jueves en un buque de transporte de propiedad israelí que navegaba por el Golfo de Omán, dijo hoy el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, en una entrevista a la televisión pública Kan.

Según aseguró, esta era su «valoración inicial», ya que la proximidad del lugar del incidente con el país persa sugiere la «posibilidad» de que fuera una acción iraní, pero matizó que hace falta «seguir investigando» para sacar conclusiones definitivas.

Hace tres días, el carguero MV Helios Ray, de la naviera Ray Shipping Ltd., propiedad del empresario israelí Abraham Ungar, sufrió una explosión que no causó heridos entre su tripulación a pocas millas náuticas al noroeste de Mascate, capital de Omán. 

El navío se dirigía a Singapur, pero tras el incidente tuvo que dirigirse a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se están reparando los desperfectos padecidos. Funcionarios de Israel y EE.UU. visitarán el barco en los próximos días para investigar las causas exactas de la explosión, informaron hoy medios israelíes. 

Según Kan, miembros de la Seguridad israelí creen que Teherán estuvo detrás del incidente. Asimismo, según el Canal 13 de noticias, sospechan que la explosión fue por un ataque de la Guardia Revolucionaria iraní, que habría lanzado dos misiles contra el barco. 

Ungar, propietario del buque, aseguró ayer a Kan que se desconocía aún qué causó exactamente la explosión, aunque detalló que probablemente fueran «misiles o una mina colocada en la proa«. Según concretó, el incidente causó varios agujeros en los costados del barco, de aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Te puede interesar

El pasado viernes, la empresa de seguridad marítima Dryad Global indicó que la explosión podía ser «resultado de una actividad asimétrica por parte del Ejército iraní», en un momento de tensión entre Washington y Teherán. 

La tensión entre EE.UU. e Irán ha crecido en el Golfo Pérsico en 2019, al registrarse una serie de ataques y sabotajes contra buques militares y comerciales o instalaciones petroleras en Arabia Saudí. Ambos países se enfrentan desde que el ahora ex presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sanciones en 2018 a Teherán después de retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán, al que ahora la Administración de Joe Biden no descarta volver. El pasado noviembre, Teherán acusó a Israel del asesinato del prominente científico nuclear iraní Mohsen Fajrizadeh, y advirtió que su muerte no quedaría impune.

elperiodico

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