¿Qué pretende ganar Abascal perdiendo su moción de censura?

Santiago Abascal, líder de Vox, presentará este martes la moción de censura contra Pedro Sánchez. No tiene los apoyos necesarios para que salga adelante (176 escaños). Ni siquiera será él quien defienda su pretensión de descabalgar al Gobierno de coalición desde la tribuna del Congreso (lo hará Ignacio Garriga, diputado nacional y candidato del partido a la Generalitat de Catalunya). Pero el líder ultraderechista necesita que su partido se haga oír en un momento de especial tensión política debido a la segunda ola de la COVID-19, el debate sobre los presupuestos, la sentencia contra el president Quim Torra y el posible indulto a los políticos independentistas catalanes.

Según la legislación, las mociones de censura en España tienen que ser constructivas. Es decir, el procedimiento no consiste solo en apear al presidente del Gobierno sino que hay que presentar un candidato alternativo, sea este diputado o no. En el caso de Vox, después de sondear a otros candidatos que declinaron su oferta, será el propio Santiago Abascal quien se someta a la votación del resto de diputados de la Cámara baja. El resultado es fácilmente deducible: perderá, ya que por no tener no tiene ni siquiera aseguradas las abstenciones (no ya el voto a favor) de sus aliados en otras instituciones autonómicas, el Partido Popular y Ciudadanos.

“Nosotros estamos instalados en el sentido común y la realidad”, decía durante la pasada campaña electoral quien este 29 de septiembre registrará una moción de censura con el único sostén de sus 52 escaños en un hemiciclo de 350. Una vez presentada la moción, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, tendrá un plazo de cinco días para fijar el día y la hora de la votación.

En público, el político de extrema derecha defiende la pertinencia de su moción de censura ya que en su partido no pueden asistir “silentes e impávidos” a la “degradación de la vida nacional”, según aseguró a El Toro TV, unas declaraciones replicadas después por la agencia Europa Press.

A su juicio, el actual Gobierno es “el peor que ha tenido nuestro país en 80 años”, como dijo recientemente en el Congreso, en una frase que provocó un gran revuelo y que, de forma implícita, alineaba políticamente a su formación con los gabinetes franquistas anteriores a 1975. En El Toro TV, Abascal amplió el ámbito geográfico de su crítica y definió al Ejecutivo de Sánchez como “el peor gobierno del mundo democrático”.

Descartada la posibilidad de que salga de la moción investido como nuevo presidente, el objetivo real de su iniciativa parece ser manejar la agenda política del país durante unas horas y recalcar ante la opinión pública los principios fundamentales del movimiento que lidera: la lucha contra el comunismo, el libertarismo económico y social, la protección a ultranza de la monarquía (el diputado de su formación Javier Ortega Smith aseguró que la defenderán “hasta la última gota de sangre”), su incorformismo ante la supuesta hegemonía cultural de la izquierda (bautizada en sus filas como “consenso progre”), su resistencia a cualquier avance en políticas de memoria histórica, la negación de la violencia machista y el señalamiento de los migrantes, especialmente de los más indefensos, los menores no acompañados.

El procedimiento de la moción de censura se ha utilizado en España en cuatro ocasiones desde la aprobación de la última Constitución: en 1980 contra Adolfo Suárez, en 1987 contra Felipe González, y en 2017 y 2018 contra Mariano Rajoy. Solo en esta última ocasión, el presidente, cuyo partido estaba acorralado por varios escándalos de corrupción, perdió la votación. Esto dio lugar al inicio de Pedro Sánchez como presidente.

“Si no conseguimos que la moción triunfe, al menos queremos estar en vanguardia y alertar a los españoles, decirles que hay alternativa», ha declarado Abascal.

lamarea

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Educación permite a las CCAA que un alumno pueda pasar de curso sin límite de suspensos

El Ministerio de Educación y FP ha dejado en manos de las comunidades autónomas que un alumno pase de curso sin límite de asignaturas suspensas, según se desprende del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobado este martes en Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento recoge modificaciones a la hora de establecer los criterios de evaluación y promoción en educación primaria, secundaria y bachillerato, dejando estos en manos de las administraciones autonómicas y de los centros.

Con respecto a la evaluación, el texto señala que «las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación apropiados».

En segundo lugar, establece que los centros, de acuerdo con lo regulado por la comunidad autónoma, podrán modificar los criterios de promoción de un alumno al siguiente curso. «Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, podrán modificar, de manera excepcional, los criterios de promoción en todos los cursos de educación primaria, y de educación secundaria obligatoria, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de bachillerato», puntualiza.

Y añade que lo que se valorará es la evaluación global del estudiante y no el número de materias suspensas: «La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato».

Según la actual Ley de Educación, los alumnos tendrán que repetir curso si hubieran obtenido suspenso en tres o más asignaturas, o si las materias con calificación negativa fuesen ‘Lengua Castellana y Literatura’ y ‘Matemáticas’ de forma simultánea.

Críticas a los sindicatos 

Desde el sindicato STES consideran que esta medida es «enormemente polémica». Si bien entiende que puede haber «un consenso general» a la hora de admitir que con motivo de la pandemia se flexibilicen los criterios que tienen que ver con la evaluación, la promoción y la obtención de títulos académicos», critica que el Ministerio ha dejado de nuevo en manos de las comunidades autónomas esta competencia, que corresponde al Ministerio.

«Lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme en un terreno tan sensible como es éste», aseguran a Europa Press desde STES.

Por su parte, CSIF exige que se concrete el número de materias suspensas para poder pasar de curso, tal y como se ha venido estableciendo en las leyes educativas, y que no se deje a criterio de cada centro, ya que esto «provocará desigualdades, como ya sucedió el pasado junio», según declara a Europa Press el responsable de educación de CSIF, Mario Gutiérrez, que tampoco está de acuerdo en que se pueda pasar a 2º de bachillerato con asignaturas sin aprobar.

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El Madrugón. Comentarios a las principales noticias de las primeras ediciones de los periodicosde papel: 30/09/2020

Aclaracion. Angel Acebes fue puesto en la demanda por el abogado y diputado de Ciudadanos Herzog en sustitucion del Ministro socialista Virgilio Zapatero

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El hermano de Pedro Sánchez se coge una excedencia en la Diputación de Badajoz

El coordinador de Actividades de los Conservatorios de Badajoz, David Sánchez Pérez-Castejón, se ha cogido una excedencia de un año en la Diputación de Badajoz. David Azagra, su nombre artístico, es el hermano del presidente del Gobierno y su nombramiento en 2017, cuando Sánchez era secretario general del PSOE, estuvo rodeado de polémica: incluso Podemos lo criticó.

Según ha informado el diario «Hoy» citando a fuentes de la Diputación, el hermano del presidente «disfrutará de un año de excedencia conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores» entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Tiene un contrato de personal directivo profesional, por lo que es personal laboral y no funcionario. Según los presupuestos de 2020, su salario bruto es de 45.389,47 euros. Esto es, sin descontar cotizaciones.

Cuando fue nombrado, el portavoz extremeño de Podemos, Álvaro Jaén, criticó que este «cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial». Jaén censuró que mientras se lucha por que haya garantías en las oposiciones, la región es testigo de «cómo el hermano de (Pedro) Sánchez es elegido en este cargo».

En los grupos regionales de PP y Ciudadanos también expresaron las mismas dudas sobre este nombramiento. El portavoz popular, Luis Francisco Sánchez Álvarez, exigió «transparencia» y aclarar «todas las dudas razonables» por el nombramiento, y a Ciudadanos le «resulta llamativo que la diputación haya valorado, como decisiva, la entrevista hecha al hermano de Pedro Sánchez como parte del proceso de selección al que concurrieron 11 aspirantes»

abc.es

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La BBC podrá despedir a sus empleados si no son imparciales en redes sociales

La BBC prepara directrices sobre el uso de las redes sociales por las que podrá obligar a sus trabajadores a cerrar sus cuentas de Twitter e incluso llegar a despedirlos para salvaguardar la imparcialidad de la corporación pública, señaló este martes su director general, Tim Davie.

Estas instrucciones serán dadas a conocer «en breve» y afectarán a todos los periodistas y otros trabajadores de la cadena británica, señaló Davie al comparecer este martes ante el Comité de Medios de Comunicación, Cultura y Deportes del Parlamento.

«En las próximas semanas vamos a publicar, y esto es inminente, directrices claras sobre las redes sociales, y cubrirán tanto las noticias como asuntos de actualidad», añadió Davie. «Dentro de esas pautas, vamos a tener unas políticas de cumplimiento que serán muy claras. Vamos a poder tomar medidas disciplinarias, vamos a poder sacar a la gente de Twitter», insistió el nuevo director general de la prestigiosa cadena.

Además, hizo hincapié en que no le parece apropiado que los trabajadores manifiesten sus opiniones políticas si forman parte de una «organización de noticias imparcial», como es la BBC, y esas «responsabilidades serán expuestas con claridad». En su opinión, «si alguien es el rostro de la BBC y se mete en políticas partidistas, no me parece que sea el lugar adecuado en el que estar y he sido muy claro sobre esto».

Davie, que sustituyó a principios de mes a Tony Hall, ya ha dejado claro la necesidad de que la BBC «renueve» su compromiso con la imparcialidad y ha resaltado la importancia de que la emisora no se asocie con un «punto de vista en particular». El nuevo director se refirió a las redes sociales tras la polémica por el uso de Twitter por parte de figuras destacadas de la BBC para hacer comentarios políticos, como ha sido Gary Lineker.

El exjugador de fútbol inglés, el mejor pagado de la BBC -con un salario anual bruto de 1,9 millones de euros-, ha publicado en Twitter opiniones en contra del actual Gobierno de Boris Johnson. «Si quieres ser un columnista tendencioso o un activista de partido en las redes sociales, es una elección válida, pero no deberías estar trabajando en la BBC», señaló Davie a principios de mes al asumir las riendas de este medio de comunicación.

La emisora se financia con una cuota que pagan todos los hogares que tienen televisión en su casa.

abc.es

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La sentencia que absuelve a todos los acusados del caso Bankia ha despertado fuertes críticas

La sentencia que absuelve a todos los acusados del caso Bankia ha despertado fuertes críticas tanto en los partidos políticos como entre las acusaciones particulares y las asociaciones de consumidores. «Vergüenza», «escándalo» o una sentencia «inaudita» han sido algunos de los apelativos dedicados al fallo de la Audiencia Nacional. En otro sentido, el PP la ha valorado y el PSOE ha mostrado su respeto ante las decisiones judiciales.

Una de las reacciones más significativas ha venido de Unidas Podemos, socio de Gobierno. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha destacado que la sentencia la acata pero es «desproporcionado que se inhabilite a un presidente de la Generalitat por una pancarta y se exonere completamente a los responsables de una catástrofe económica que dañó el bolsillo de muchos accionistas y ciudadanos». Los diputados de Unidas Podemos por Galicia en Común Antón Gómez Reino y por En Comú Podem Gerardo Pisarello han señalado que existe un «problema» en las altas instancias del poder judicial. «A muchos nos hace pensar y entender el interés del PP en el CGPJ, que nombra muchos puestos fundamentales», ha incidido también Gómez Reino que ha señalado que «hay un problema grande con la cúpula del ámbito judicial».javascript:false

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Por su parte los portavoces del grupo parlamentario socialista en el Congreso y en el Senado, Adriana Lastra y Ander Gil, respectivamente, no han querido ahondar en la sentencia, aunque Lastra ha coincidido con los partidos de izquierda en que es «inaudita» la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que parece que «si el PP no gana las elecciones, secuestra las instituciones».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que salga más barato «estafar a miles de ciudadanos en un banco que poner una pancarta..Rato absuelto y Torra condenado», mientras que la diputada de la Cup Mireia Vehí ha incidido en que la justicia es «débil con los de arriba y dura con los de abajo» y ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que denuncien «el golpismo judicial».

Desde Más País, el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha advertido de que «es un profundo escándalo» la sentencia de la Audiencia Nacional y manda el mensaje «negativo» en momentos de penuria de que «los más ricos se van de rositas». Errejón ha anunciado que esta semana su formación registrará una batería de medidas financieras para ir «contra los abusos de las banca» con el fin de prohibir la venta de productos tóxicos a los pequeños ahorradores, reformar los organismos reguladores y acabar con la «impunidad» de los consejeros de que no son responsables de las decisiones que tome la entidad.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado en rueda de prensa que «algunos tendrán que dar explicaciones de por qué actuaron como acusación particular y ahora las actuaciones les pone en sus sitio».

«Tono de desprecio»

El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y exportavoz de UPyD, Andrés Herzog, ha lamentado el «tono de desprecio» respecto al trabajo de las acusaciones, los perjudicados y la Fiscalía con el que se ha pronunciado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su sentencia del ‘caso Bankia’. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, Herzog ha reconocido que está «muy decepcionado» con el fallo y ha comunicado que hoy no atenderá a los medios de comunicación para hacer valoraciones de la sentencia.

La organización de usuarios de banca Adicae sí ha anunciado que recurrirá previsiblemente la sentencia de la Audiencia Nacional que ha absuelto a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia. Lo dijo este martes el presidente de Adicae, Manuel Pardos, en una comparecencia ante los medios en la que lamentó el pronunciamiento de la Audiencia Nacional y advirtió de que su organización no va a permitir que los culpables del daño causado a 400.000 pequeños ahorradores queden «impunes». «Esto no es justicia», dijo Pardos, que se pregunta cómo se pueden haber librado de una declaración de culpabilidad los causantes «de una catástrofe tan monumental como la quiebra de siete cajas».

Por su parte, Asufin considera que la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia es «contradictoria a inaudita», pues ignora la prueba de falseamiento de las cuentas recabada en dicho proceso que ha permitido la devolución del dinero a los accionistas afectados por la vía civil. En un comunicado, la presidenta de la asociación de usuarios financieros, Patricia Suárez, ha lamentado que el fallo «es decepcionante, incoherente y genera gran estupor». «Es inaudito que la sentencia ponga negro sobre blanco que las cuentas de la entidad eran certeras, cuando precisamente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se apoyó en la prueba desplegada en este procedimiento para demostrar que estas cuentas no eran un reflejo fiel de la situación económica de la entidad», ha sostenido.

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El Tribunal Constitucional analizará el 6 de octubre si admite a trámite el recurso de Quim Torra

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará el 6 de octubre si admite a trámite el recurso del expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra contra la sentencia del Supremo que confirma su condena de un año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central.

Fuentes del TC han informado a Efe de que el pleno del tribunal decidirá también si admite la solicitud de Quim Torra de suspender de forma urgente la ejecución de esta sentencia.

La defensa de Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que suspenda de forma urgente la pena de inhabilitación que confirmó este lunes el Tribunal Supremo.

En su recurso, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, argumenta que la suspensión de la condena -que el Constitucional acuerda solo en casos excepcionales y penas leves- es necesaria para evitar el «daño irreparable continuado» que su ejecución causaría tanto a Torra como a terceras personas.

Solicita así que se suspenda la condena de año y medio de inhabilitación que ha ratificado el alto tribunal por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar una pancartas de apoyo a los presos del «procés» de edificios públicos en la campaña electoral del 28A.

En concreto, la defensa reclama en este recurso de amparo que, además de declarar nulas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2019 y la del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2020, se adopten las «medidas oportunas para restablecer» a Torra en sus cargos de presidente de la Generalitat y de diputado del Parlament de Cataluña.

La defensa de Torra alega una «urgencia excepcional», puesto que esta condena, además de despojarle de su cargo de president, le imposibilita a concurrir a cualesquiera procesos electorales mientras dure.

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El Gobierno extiende el bono social eléctrico a parados y afectados por ERTE

El Gobierno ha creado un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y ser beneficiario del bono social eléctrico. Con ello, las personas que se encuentren desempleadas, estén sujetas a un expediente temporal de regulación de empleo, hayan visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados o tengan que enfrentarse a cualquier otra circunstancia que haya mermado de manera drástica sus ingresos, serán consideradas «vulnerables», una condición que da acceso directo a un descuento en el recibo de la luz del 25%. También tendrán esa calificación y ese derecho los titulares de los contratos en cuya unidad familiar haya alguno de sus miembros en paro, ERTE o reducción de jornada por cuidados.

Los empresarios que declaren una reducción de sus ingresos en un 75% también podrán ser beneficiarios del bono social eléctrico.

Ésta es una medida que sustituye y amplía la adoptada de manera excepcional tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los trabajadores por cuenta propia que hubieran cesado su actividad como consecuencia de la pandemia o que hubieran reducido sus ingresos en al menos un 75% en comparación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Pero, para poder acceder al bono social, los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes previo a su solicitud deben ser inferiores los 11.279 euros anuales en el caso en que no haya ningún menor en el hogar (1,5 veces el IPREM); de 15.039 euros en el caso de que haya un menor (2 veces el IPREM); y de 18.799 euros si hay dos menores (2,5 veces el IPREM).

Las personas que se encuentren en uno de estos supuestos deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten su situación, o la de algún miembro de su unidad familiar, y los ingresos de la unidad familiar. Cuando el comercializador reciba la solicitud y la declaración responsable, debe comprobar que se han realizado correctamente y ha de comunicar al usuario el resultado de su petición.

El derecho a percibir el bono social se extinguirá una vez que el beneficiario deje de cumplir las condiciones para ello, eventualidad que está obligado a comunicar. Pero, en todo caso, la vigencia de la extensión del bono social a estos colectivos se extenderá hasta el 30 de junio de 2021, aunque podrá pasar a beneficiarse de otros supuestos del bono social. Porque el resto de supuestos de acceso al bono social, para consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social, permanecen vigentes y cualquier usuario, en cualquier momento, puede solicitarlo.

Más de 1,33 millones de hogares son beneficiarios ya de alguno de los supuestos del bono social. Desde la declaración del estado de alarma, según datos del Gobierno, más de 42.000 nuevos hogares han accedido a esta prestación. Mientras que 5.000 autónomos se han acogido al supuesto excepcional creado tras la declaración del estado de alarma.

El Gobierno también ha extendido hasta el 31 de enero la prohibición de los desahucios; la posibilidad de solicitar una moratoria o una quita en el pago de los alquileres a grandes tenedores; o a prorrogar el contrato de arrendamiento si vence en este periodo.

Asimismo, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, las mejoras en los procedimientos y la gestión del ingreso mínimo vital harán posible que en un mes sus beneficiarios se dupliquen, desde los 90.000 hogares actuales (o 300.000 personas) hasta los 180.000. De las 900.000 peticiones que se han recibido hasta finales del mes de septiembre, hasta la fecha se han tramitado 410.000.

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Un 22% de las españolas pierde su trabajo al ser madre

El mercado laboral y el sistema de vida implantado en España es inmisericorde con la maternidad. A tal grado llegan las dificultades para que la mujer pueda conciliar su trabajo con la vida familiar que un 22% de las españolas han perdido su empleo al ser madres. Así, 1 de cada 10 mujeres renunció a su trabajo porque no podía compaginarlo con el cuidado de sus hijos; a un 6% no le renovaron el contrato y la misma proporción fue despedida al quedarse embarazada o al haber tenido una criatura. Esta es una de las conclusiones más dolorosas de la macroencuesta ‘Las invisibles’, patrocinada por la Asociación Yo no Renuncio, perteneciente al Club de Malasmadres. En el trabajo sociológico, en el que han participado 94.182 mujeres que han ofrecido sus respuestas de modo telemático, se constata además que una de cada tres ha sufrido algún tipo de discriminación laboral a causa de su maternidad.

La razón de la existencia de una tasa de natalidad española tan baja (1,23 hijos), que no asegura el reemplazo generacional, no se debe a que las mujeres se hayan vuelto egoístas, como se aduce muchas veces. La investigación destaca que la caída de de la fecundidad obedece más bien a obstáculos externos. No en balde, el 68% de las mujeres españolas habría tenido más hijos si hubiera contado con mejores medidas de conciliación, como la adaptación de jornada sin pérdida salarial.

Como muestra de que el mercado laboral no ayuda a compatibilizar la vida laboral con la familiar, el estudio revela que apenas un 16% disfruta de la jornada intensiva. Para Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, las medidas de conciliación vigentes en España están «obsoletas» y «obligan a las mujeres a renunciar a su carrera laboral». Fórmulas como la reducción de jornada o las excedencias convierten a las mujeres en ciudadanas de segunda, abocadas a la resignación y la renuncia.https://datawrapper.dwcdn.net/ceCN4/

De las mujeres que hubieran deseado ampliar su descendencia, el 50% de las madres de dos niños habrían querido tener más. Los motivos económicos (35%) y la falta de tiempo (29%) son los principales impedimentos que más se citan por las encuestadas. La autora del informe, Maite Egoscozabal, cree que «la sociedad confunde el hecho de tener menos hijos con un cambio de valores, pero la realidad que subyace es una discriminación y precariedad laboral que lleva a la mujer a desistir de lo que sería su ideal».

«’Mobbing maternal»

Según Baena, las mujeres sufren discriminaciones tan frecuentes que se convierten en víctimas del «’mobbing’ maternal». Un dato que refrenda esta aseveración es que un 37% de las madres han sufrido marginación al no lograr una promoción profesional a partir de su maternidad (22%), han visto reducidas sus responsabilidades (8%) o han sido apartadas por sus propios compañeros o jefes (8%).

La visión economicista de la vida induce a que una de cada cinco mujeres pierda su empleo. Y si trata de encontrar otro, topa con desventajas. «Mirar con recelo a una mujer de unos treinta y tantos años en una entrevista de trabajo o a una que comunica que está embarazada a sus compañeros y compañeras de trabajo, es lamentablemente común. Este recelo es la mirada social que juzga y presupone que aquella mujer dejará de ser productiva a partir de ahora, ya que priorizará el cuidado de sus hijos o hijas sobre su puesto de trabajo», dice el informe.

La encuesta, que se realizó en febrero, antes de la pandemia, demuestra la escasa flexibilidad de las empresas para compactar la jornada laboral. Solo un 16% se puede acoger a la jornada continua todo el año, una modalidad que encuentra mayor implantación en las empresas e instituciones públicas (23%) que en las privadas (13%). Laura Baena sostuvo que el teletrabajo debe erigirse en un «imperativo legal». Antes de que el coronavirus obligara a apostar por el trabajo en remoto, el 15% de las españolas contratadas en empresas privadas lo usaban frente al 4% de las que trabajan en el sector público. Baena abogó por que el teletrabajo se ajuste a la perspectiva de género y no se convierta en un medio que invisibilice aún más a la mujer.

En lo que atañe a la crianza y la educación de los hijos, siete de cada diez confiesan sentirse solas y un 60% siente culpabilidad por la sensación de no poder llegar a todo.

En las primeras semanas, coincidiendo con la baja paternal, el principal apoyo de la madre es el padre (75% de los casos). Pero en la siguiente etapa, de los 0 a 3 años, el respaldo del progenitor para el cuidado de los hijos cae al 6% de los casos.

A partir de los 3 años, cuando los niños suelen enfermar y hay que recogerlos del colegio, son las madres las que interrumpen su jornada laboral (38% de los casos). Las abuelas colaboran en un 36 % de los casos, una participación mucho mayor que la de los padres (8%).

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El Gobierno aplicará las mismas reglas anticovid de Madrid a todas las grandes ciudades

Al final, café para todos tal y como pretendía la Comunidad de Madrid. Pero solo eso, porque en todo lo demás el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en la práctica, ha acabado capitulando y verá confinada esta misma semana (probablemente el jueves o el viernes) a la capital de España y a las nueve ciudades más grandes de la comunidad. En total, 4,8 millones de madrileños, más del 70% de la población de la autonomía, verán de inmediata reducida su movilidad. La fórmula pactada entre el Gobierno central y la comunidad para tratar de enmascarar la derrota del Ejecutivo regional pasa por la premisa de que se apliquen en todos municipios de España de más de 100.000 habitantes el mismo listón y los mismos parámetros para decidir qué zonas se aíslan y hasta qué punto se confinan a sus habitantes.

Y, según explicó Salvador Illa, esos indicadores para endurecer las medidas en todas las grandes urbes del territorio nacional serán, en esencia, los que Sanidad ya quería que aplicara Madrid cuando la transmisión del virus comenzó a desbocarse: una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad en las PCR superior al 10% y ocupación de UCI superior a 35%. Cuando se superen esos limites -destacó el ministro- se pondrán en marcha de inmediato medidas de limitación de la movilidad y los contactos sociales, reducción de aforos y horarios y medidas de refuerzo de las capacidades.

63 ciudades

En la práctica, más allá de la Comunidad de Madrid y excepto Pamplona, ninguna de 63 las ciudades españolas con más de 100.000 habitantes en la actualidad supera la ratio de los 500 positivos, por lo que esta fórmula quizás en el futuro tenga consecuencias, pero a día de hoy solo sirve para enmascarar la ‘rendición’ de Ayuso en la intensa y tensa reunión que hoy mantuvieron Illa y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Así las cosas, el vencedor de esta contienda que ya duraba dos semanas, es el departamento que dirige Salvador Illa, que, como ya ocurrió durante el estado de la alarma, toma en la práctica el control sanitario de las ciudades más grandes del país porque las normas sobre las restricciones en esos grandes núcleos las marcará el Ejecutivo central. Las comunidades, según el protocolo acordado con el equipo de Ayuso, solo podrán decidir sobre las medidas anticovid en las poblaciones de menos de esos 100.000 habitantes.https://datawrapper.dwcdn.net/KK1ES/

El Consejo Interterritorial de este miércoles debe ratificar este acuerdo que, según interpretan todas las fuentes consultadas, es una clara derrota para el Gobierno regional, que ha logrado imponer su criterio de que no se diera un trato específico y «discriminatorio» a Madrid frente a otras comunidades, pero que a cambio, en breve, tendrá que plegarse sin rechistar a las directrices que dicte Sanidad. En el departamento que dirige Illa esperan poder hacer efectivos los confinamientos en cuestión de horas tras el visto bueno del consejo, por lo que se da por hecho que antes del fin de semana la movilidad quedará limitada en toda la ciudad de Madrid y probablemente en sus 9 mayores municipios, todos ellos con tasas superiores a 500: Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Leganés, Parla y Alcobendas.

«Ambiente propicio»

En Moncloa confían en que el acuerdo con Madrid sea recibido bien por el resto de las comunidades ya que la gran mayoría de los ejecutivos autonómicos habían reclamando al Gobierno central normas homogéneas para todo el territorio nacional a fin combatir los rebrotes de esta segunda ola. Lo que no esperaban en los ejecutivos autonómicos es que esta estandarización de procedimientos naciera como una suerte de «guiño» para contentar al Ejecutivo de Ayuso y hacerle ceder finalmente.

Y es que Illa ha pasado en solo dos días en amenazar veladamente con intervenir la sanidad madrileña si no se confinaba Madrid a dejar una «salida airosa» a la mandataria madrileña en un pulso en el que todos dieron siempre por perdedora a la presidenta de la región.

España desciende de los diez mil contagios diarios

España desciende de los diez mil contagios diarios

DANIEL ROLDÁN

El ministro, que anduvo sondeando durante todo el día a los consejeros, se mostró esperanzado a última hora tarde de hoy en que los recelos del resto de las autonomías se vayan apaciguando con el paso de las horas. «He visto un ambiente propicio de las comunidades a adoptar este acuerdo. Espero que la propuesta sea aprobada porque es una buena noticia para los madrileños y para todos los españoles», apostilló.

El Ejecutivo de Ayuso aprovechó la «salida airosa» que le dio Illa para intentar defender que el acuerdo, lejos de ser una derrota de sus postulados de que Madrid no debía cerrarse, sirvió para «fortalecer· su postura». «Los detalles y los datos de la evolución epidemiológica aportados por las autoridades sanitarias madrileñas refuerzan el avance y la idoneidad de las medidas de la Comunidad de Madrid para disminuir los casos de coronavirus en los municipios de la región», sostuvo el Ejecutivo de Ayuso a pesar de que esas medidas serán las que ahora van a ser sustituidas por las directrices que marque Sanidad.

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