Illa ejecutará una orden ministerial para confinar gran parte de Madrid pese al voto en contra de varias comunidades

Tras la falta de unanimidad en la consejo interterritorial de salud, donde cuatro regiones incluida la Comunidad de Madrid, han votado contra el plan del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, ha decidido basarse en la decisión colegiada de este órgano para anunciar que se procederá a aplicar las medidas restrictivas que servirán para limitar la movilidad en gran parte de la Comunidad de Madrid. La fecha de entrada en vigor de las restricciones todavía se desconoce.

Tras alcanzar un principio de acuerdo ayer con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el que se apostaba por incorporar criterios unificados para todas las regiones, aunque por el momento los baremos pactados prácticamente solo iban a ser aplicados en la Comunidad de Madrid, hoy se ha abordado la cuestión con todas las regiones. Y en la misma la propia Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Ceuta han votado en contra.

Pero en última instancia 13 regiones han votado a favor del planteamiento. Illa ha cargado contra la «marcha atrás» de la Comunidad de Madrid y ha justificado en la necesidad de «tomar el control de la pandemia» que finalmente se vaya a optar por utilizar esta decisión colegiada del sistema nacional de salud como instrumento para obligar a la Comunidad de Madrid. «La propia Comunidad de Madrid dijo que se mostraba satisfecha. Nadie entiende su marcha atrás ahora», ha criticado Illa.

Esta decisión colegiada será plasmada en una orden ministerial que en los próximos días será publicada en el BOE. Se trata por tanto de una fórmula de intervención light, ya que con este escenario la Comunidad de Madrid estaría obligada a aplicar estas medidas. El plan es un traje a medida para actuar en la Comunidad de Madrid. Por ahora las medidas afectarán a Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

Las restricciones impedirán la entrada y salida de los citados municipios salvo para los siguientes casos: asistencia a centros sanitarios, para desplazarse al trabajo, acudir a centros educativos y universitarios, retornar al lugar de residencia, cuidar a personas mayores, menores y dependientes, desplazarse a entidades financieras, para renovar documentaciones oficiales o realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. Se suspenderá la actividad de los parques infantiles de uso público. También se imponen importantes limitaciones de aforo, al cincuenta por ciento en establecimientos y locales comerciales. Se cerrará a las 22 horas. En el caso de la hostelería esa será la hora límite para aceptar a nuevos clientes. La hora de cierre en este sector no podrá superar las 23 horas.

Eso sí, la orden ministerial alcanzará al conjunto del territorio y si otras ciudades de más de 100.000 habitantes alcanzan los baremos establecidos también tendrían que aplicar estas medidas. Las tres circunstancias que deben concurrir en un municipio de más de 100.000 habitantes para que con la nueva orden exista obligación de cumplir las limitaciones son las siguientes: 1) que el municipio presente una incidencia de 500 casos o más positivos por cada 100.000 habitantes. 2) Que el porcentaje de positividad del municipio sobre el total de pruebas realizadas supere el 10%. 3) Que en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el municipio exista una ocupación de las UCI por encima del 35%.

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¿Por qué la Audiencia absuelve a Rato si el Supremo falló contra Bankia?

La Audiencia Nacional absolvió ayer a Rodrigo Rato y a otros 33 directivos por la salida a Bolsa de Bankia, al entender que no hubo estafa ni falsedad contable. Ahora bien, en febrero de 2016, el Tribunal Supremo sentenció que el folleto de salida a Bolsa contenía «graves inexactitudes» y que todos los inversores minoristas debían recibir el dinero que invirtieron. ¿Cómo es posible? ¿El Supremo dictamina en contra de Bankia y la Audiencia falla a favor de sus antiguos ejecutivos?

La clave es que estos dos tribunales han actuado en dos ámbitos distintos. El Supremo, resolvía una causa civil, de unos particulares que consideraban que habían invertido en una entidad que no les había facilitado toda la información. En el caso de la Audiencia Nacional, estamos en una causa penal, que buscaba determinar si se habían cometido graves delitos de estafa y falsedad contable. Son dos esferas muy diferentes, y el grado de exigencia en la verificación de la prueba es mucho mayor en la segunda. No en vano, de la decisión de los jueces depende la libertad de los encausados.

Las valoraciones civiles y las penales son diferentes. El juez penal debe analizar si hubo un comportamiento delictivo, si ha quedado demostrado que hubo un falseamiento de las cuentas para captar inversiones. En cambio, en el ámbito civil, puede bastar que hubiera algún error formal o material en el folleto de salida a Bolsa de Bankia, para argumentar que se indujo a error a los particulares”, explica Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, y defensor de varios directivos del Banco de España, que fueron desimputados.

La primera sentencia, la del Supremo de 2016, ya entró a valorar esta cuestión. Los abogados de Bankia pidieron al tribunal que no se celebrara el juicio civil hasta que no estuviera resuelta la causa penal, porque la segunda podía condicionar la primera. Sin embargo, el Alto Tribunal, descartó esta cuestión prejudicial al entender que en el proceso civil «no se discute si los administradores de Bankia incurrieron en una conducta delictiva de falseamiento de los datos incluidos en el folleto, sino si estos datos, por su inexactitud, provocaron el error de los demandantes», explica la propia sentencia.

En el juego de fuerzas de estas dos jurisdicciones, los hechos probados en el procedimiento penal sí que tienen que ser tenidos en cuenta en el procedimiento civil. Por eso los abogados de Bankia querían que el Supremo no se pronunciara y esperara a la sentencia de la Audiencia Nacional.

“La verdad que es algo bastante común que haya una sentencia en un sentido en el ámbito civil, y que luego el juez de lo penal no encuentre delito. Son dos ámbitos distintos”, explica Fernando Zunzunegui, experto en derecho financiero y representante de varios inversores que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia. “El derecho penal, por su naturaleza, tiene que ser más exigente. Los hechos deben estar más acreditados y no debe caber ninguna duda sobre la culpabilidad del encausado”.

Un proceso más intenso

Otra de las diferencias que hay entre el procedimiento penal y el civil es que el primero es mucho más exhaustivo. «La Audiencia Nacional ha dedicado mucho más tiempo y recursos a analizar los hechos. Han testificado muchos inspectores y directivos del Banco de España, y se ha sido más riguroso en en el análisis de la prueba», explica el catedrático Del Rosal.

A su juicio, en el procedimiento civil hubo una valoración de la prueba muy deficiente. «Básicamente dijeron, Bankia se presentó en la salida a Bolsa como una entidad solvente, pero luego resultó que no lo era. Ese es un análisis con sesgo retrospectivo, que no tienen en cuenta que la crisis económica de España tuvo una segunda fase después de que Bankia saliera a Bolsa».

Una de las dudas que surgen ahora es si la sentencia de la Audiencia podría tener algún efecto sobre causas civiles pendientes. En concreto, sobre las demandas civiles de clientes no minoristas, que quedaron al margen de la sentencia del Supremo que obligaba a devolver el dinero a los pequeños clientes. «Sinceramente, creo que no. Este tema está muy avanzado. El Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la inexactitud del folleto también afecta a los clientes institucionales. Los abogados de Bankia tratarán de hacer valer la nueva sentencia penal, pero creo que será en balde», apunta Zunzunegui.

Fuentes de Bankia recuerdan que en la sentencia del Supremo se establecía que «aunque la decisión del tribunal penal fuera absolutoria, ello no determinaría la desestimación de la pretensiones formuladas en el proceso civil.

También señalaba que «aunque el tribunal penal no considerara probado que los estados contables no reflejaban la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de Bankia (…) esto no tendría influencia decisiva en la resolución del litigio civil». 

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El TSB (Sabadell) cerrará un tercio de sus oficinas en Reino Unido y recortará 900 empleos

El TSB, la filial en el Reino Unido del banco Sabadell, anunció este miércoles que cerrará 164 sucursales -un tercio de su red de oficinas en este país- y recortará alrededor de 900 puestos de trabajo.

En un comunicado difundido hoy, la entidad señaló que confía en que la mayoría de esos despidos sean voluntarios aunque no descartó que algunos de ellos tengan que ser forzosos.javascript:false

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Tras las clausuras previstas, la red de sucursales del banco será la séptima más grande a nivel nacional, según indicó la filial británica del Sabadell, que ha notado que cada vez más sus clientes optan por los servicios de banca online.

«Cerrar cualquiera de nuestras sucursales nunca es una decisión fácil pero nuestros clientes están utilizando los servicios de banca de manera diferente, con un cambio claro hacia la banca digital», explicó la consejera delegada del TSB, Debbie Crosbie.

La directiva agregó que el TSB está «remodelando el negocio para transformar la experiencia del cliente» y «preparándose para el futuro».

«Esto implica tener el equilibrio adecuado entre sucursales y plataformas digitales, permitiéndonos ofrecer la mejor experiencia para nuestros clientes personales y de negocios por todo el Reino Unido», apuntó.

Crosbie aseguró que el TSB «continuará reteniendo una de las mayores redes de sucursales del Reino Unido».

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Reino Unido mantiene el pulso con la UE y firma un acuerdo de pesca «histórico» con Noruega

El gobierno británico, encabezado por Boris Johnson, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de pesca «histórico» con Noruega en su carrera por establecer alianzas al margen de la UE, tras su salida del mercado común europeo (Brexit). Es el primer acuerdo de Reino Unido desde que abandonó la UE y «el primero como estado costero independiente en 40 años» ha resaltado Reino Unido.

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Iberdrola inaugura una planta fotovoltaica que suministrará energía renovable a Heineken España

Iberdrola triplica su apuesta renovable en Andalucía que alcanzará los 3.000 MW en los próximos cinco años.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, Carmen Ponce, ha inaugurado este miércoles en Puebla de Guzmán (Huelva) la nueva planta fotovoltaica ‘Andévalo’, una instalación de vanguardia que «señala el camino hacia un sistema energético y productivo más sostenible». Dicha planta suministrará energía cien por cien renovable a Heineken España para el consumo completo de sus cuatro fábricas y oficinas en el país.

En la inauguración de la fotovoltaica ‘Andévalo’, Galán ha subrayado que «la región es y seguirá siendo uno de los escenarios principales de su apuesta por un crecimiento sostenible». De este modo, Iberdrola triplica su apuesta renovable en Andalucía que alcanzará los 3.000 MW en los próximos cinco años.

El nuevo plan representa una inversión de cerca de 1.500 millones de euros y permitirá la creación, tan solo en las tareas de construcción, de 5.500 puestos de trabajo en Andalucía.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado que «‘Andévalo’ es un ejemplo de las actuaciones que estamos llevando a cabo en Andalucía para triplicar en los próximos cinco años nuestra potencia renovable en la región, hasta los 3.000 MW». En la actualidad, Iberdrola es ya el primer promotor eólico en la región y cuenta con una capacidad renovable instalada de más de 900 MW.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remarcado la apuesta por la sostenibilidad del Gobierno andaluz, toda vez que ha subrayado la estabilidad institucional y jurídica de la región, lo que favorece un escenario para la llegada de inversiones.

En este punto, ha enfatizado el decreto de simplicación administrativa puesto en marcha por la Junta porque «el mundo se mueve muy rápido y nadie va a llamar a la puerta dos veces», ha precisado Moreno, que ha incidido en la necesidad de agilizar los trámites burocráticos y facilitar nuevas inversiones en Andalucía.

Andalucía se convierte así en uno de los mayores polos de crecimiento de Iberdrola en España, donde la compañía ya es líder en la generación de energía limpia y verde, y donde prevé duplicar su capacidad instalada renovable en los próximos cinco años, contribuyendo así a la transición energética y la creación de empleo en España. «Este es el compromiso de Iberdrola: impulsar una transición energética limpia, segura y eficiente y aglutinar esfuerzos para acelerar una recuperación verde que no deje a nadie atrás», ha explicado.

Ubicada en el término municipal de Puebla de Guzmán, en Huelva, la planta fotovoltaica Andévalo consta de 150.000 paneles fotovoltaicos y evitará la emisión de 15.000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. La instalación se encuentra situada dentro del mayor complejo eólico de Europa Occidental –El Andévalo (292 MW)– promovido y gestionado por Iberdrola desde 2010 y durante su construcción ha generado actividad y empleo en empresas locales, como la onubense Mebi, Áridos Mengíbar de Jaén, o System Melesur y Cemosa de Málaga.

En ‘Andévalo’, Galán ha insistido en que «la transición energética es la mejor vía para avanzar hacia una sociedad más sostenible y saludable, promoviendo el consumo responsable y la economía circular y generando empleo local de calidad y duradero». Y es, además, «una oportunidad única para impulsar el crecimiento y el bienestar en Andalucía y también en el conjunto de España».

«Para aprovecharla, deberemos atraer grandes volúmenes de inversión privada. Y ello requiere de una estrategia de país a largo plazo, como la definida con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y generar confianza», ha proseguido el presidente de Iberdrola.

«Andalucía es y va a seguir siendo uno de los escenarios principales de la apuesta de Iberdrola por un crecimiento sostenible; una región con la que comparte el convencimiento de hallarnos delante de una oportunidad sin precedentes», ha asegurado Galán. En la comunidad, Iberdrola suministra energía limpia a una población cercana al millón de personas, cuenta con una treintena de centrales eléctricas en siete de las ocho provincias andaluzas y genera un impacto económico total de cerca de 600 millones de euros al año.

La inauguración de la planta fotovoltaica ha unido a todos los que han colaborado para hacerla posible: proveedores locales, empleados, clientes e instituciones. En este sentido, Galán ha subrayado la colaboración encontrada en la Junta de Andalucía, que «ha hecho posible finalizar la construcción de la fotovoltaica Andévalo en apenas ocho meses a pesar de la pandemia». COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Con motivo de la inauguración de esta nueva instalación, que permitirá descarbonizar por completo el consumo de energía de las cuatro fábricas de Heineken en España y de sus oficinas, el presidente de Iberdrola ha subrayado que «compartimos con Heineken no solo el color verde, sino también el compromiso medioambiental que demuestran como líderes en el sector cervecero».

La alianza de ambas compañías comenzó a fraguarse hace años y se extiende a otros países, como México y Brasil. A partir de ahora, millones de consumidores de Heineken en el país accederán a productos elaborados exclusivamente con energía solar competitiva tras el acuerdo de compra venta de energía a largo plazo (PPA) alcanzado por ambas compañías.

Con ‘Andévalo’, «Heineken España se convierte en la primera cervecera española que elabora todas sus cervezas y cider con electricidad 100% renovable, acercándose al objetivo de ser una cervecera cero emisiones en 2025», ha apuntado Carmen Ponce, quien ha indicado que «el sol es el nuevo ingrediente secreto de las cervezas de la familia Heineken».

«Nuestras cervezas elaboradas con el poder del sol contribuyen a regenerar el medioambiente aprovechando una fuente de riqueza que nos promete millones de años de emisiones gratis. Un capital natural único, que representa un elemento esencial de la cultura, el carácter y el calor de la vida social de los españoles. Porque todos ganamos al sumarnos a la lucha contra el cambio climático: gana la naturaleza y gana la economía», ha remarcado la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España.

Además, con esta instalación, Heineken España reafirma así «su compromiso con una región en la que lleva presente más de un siglo, en la que cuenta con dos fábricas, una sede y una Fundación, y en la que Cruzcampo es considerada mucho más que una cerveza: una marca ciudadana que impulsa a las personas y que contribuye a su progreso sostenible».

Para Heineken España este proyecto supone «la materialización de un compromiso a largo plazo con la sostenibilidad que hoy se hace realidad gracias a una estrategia holística, en la que todas las partes suman e importan». En concreto, «su fuerte compromiso local» queda reflejado en su apuesta por dinamizar el sector primario, fomentando el cultivo de cebada local con más de mil agricultores andaluces o comprando el 91% de las materias primas que utiliza para elaborar sus cervezas -malta o lúpulo entre otros- a proveedores en España.

Ahora, «tras cumplir la promesa de devolver a la naturaleza cada gota de agua que contenían sus cervezas, da un gran paso en su ambición por ser la primera cervecera española que elabora sus productos exclusivamente con energía verde, acercándose cada vez más al objetivo de ser una cervecera cero emisiones en 2025», ha dicho Ponce.

Un reto en el que próximamente avanzará con una nueva instalación térmica de biomasa en su fábrica de Jaén, que se convertirá en «la primera fábrica cervecera de Europa que elabora sus cervezas únicamente con energía renovable, tanto solar como térmica», ha concluido Ponce.

expansion

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Los grandes morosos con Hacienda bajan a 3.930, con deuda de 14.200 millones

El número de morosos que adeudaban a Hacienda más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2019 era de 3.930, un 2,4 % menos que un año antes y un 19 % menos que en el primer listado publicado en 2015.

Según los datos facilitados este miércoles por la Agencia Tributaria, los grandes deudores debían a la Hacienda pública algo más de 14.200 millones de euros, un 0,7 % más que un año antes.

Como en anteriores listados, las personas jurídicas constituían la mayoría de los grandes deudores (3.626, 87 menos) y acumulaban la mayor parte de la deuda (13.557 millones, 157 millones más).

Los deudores persona física eran 304 (11 menos) y su deuda ascendía a 688 millones de euros (uno menos).

Casi la mitad de la deuda total, más de 6.800 millones correspondiente a más de 1.480 deudores, se encontraba en proceso concursal, por lo que las posibilidades de cobro efectivo son limitadas.

En este listado se recogen derivaciones de responsabilidad de 1.145 deudores principales a responsables solidarios o subsidiarios por un importe de más de 2.400 millones de euros, una actuación que pude influir en la prolongación del tiempo de cobro.

Estos datos son similares a los del listado anterior, cuando 1.098 deudores habían derivado responsabilidad por casi 2.000 millones de euros, aunque se sitúa un 33 % por encima del volumen del primer listado.

La Agencia Tributaria detalla que 471 deudores que debían más de un millón de euros a Hacienda a 31 de diciembre de 2018 con una deuda acumulada de 1.238 millones de euros han salido de la lista, ya sea por la cancelación total o parcial de sus deudas o por la obtención de aplazamientos o suspensiones.

En cambio, se han incorporado 373 deudores nuevos, con una deuda total de 1.019 millones.

A esto se une que a lo largo de 2020, 871 de los grandes deudores han abonado parte de sus deudas, por un total de 130 millones de euros, y para el 20 de septiembre 43 de ellos ya debían menos del millón de euros que implica la aparición en el listado (aunque figuran porque los datos son a 31 de diciembre de 2019).

Por lo que respecta a los deudores que figuraban en el primer listado, 2.500 de ellos han abonado parte de sus deudas, por un total de 760 millones, entre el 31 de julio de 2015 y el 20 de septiembre de este año.

De hecho, casi la mitad de los morosos que aparecían en el primer listado, 2.385, ya no figuran en el de este año (un 49 %), cuando hace un año este porcentaje estaba en el 42 %.

La Agencia Tributaria publicará el listado completo con los nombres de los deudores a partir de las 13.30 horas de este miércoles. EFE

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Quino,el genial dibujante argentino y creador de la respondona criatura fallece a los 88 años en Mendoza, su ciudad natal

Mafalda se ha quedado definitivamente huérfana. Su padre, Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Quino, falleció este miércoles en Mendoza, su ciudad natal en Argentina, a los 88 años, según confirmaron fuentes de su entorno. Quino dio vida a Mafalda y sus inolvidables compañeros de viñetas entre 1964 a 1973, aunque las historias de la respondona niñita se han seguido reeditando en todo el mundo hasta la actualidad.

Mafalda nació para una campaña publicitaria frustrada. La primera historieta de la listísima criatura, irónica, e inconformista, preocupada por la paz y el mundo de los derechos humanos, se publicó el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana. A través de sus ojos y su mente el dibujante reflejó el mundo de los adultos desde la perspectiva de un grupo de niños.

Mafalda llegó a Europa en 1969 de la mano del Umberto Eco, sabio italiano que acabaría compartiendo con Quino el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades que el dibujante recibiría en 2014 por el «enorme valor educativo» y la «dimensión universal» de su obra, protagonizada por unos personajes que «trascienden cualquier geografía, edad y condición social».Más información:

Palabra de Mafalda, la niña filósofa

Palabra de Mafalda, la niña filósofa

R. C.

¡Que paren el pare el mundo!, Mafalda se baja

¡Que paren el pare el mundo!, Mafalda se baja

ANTONIO PANIAGUA

Su difunto padre definió a Mafalda como una «heroína iracunda», y sus libros se han traducido a una veintena de idiomas y se han publicado en diarios y revistas de todo el mundo y se han vendido por millones. Quino dejó de dibujarla en 1973. Sin embargo, el interés por Mafalda no decayó y ha seguido vigente hasta la actualidad, con sus libros reimprimiéndose y adaptándose a las nuevas tecnologías y disponibles en formato digital.

Nacido en Mendoza, en 1932, Quino era hijo de un matrimonio de andaluces emigrados a Argentina en 1919. Su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico, descubrió y alentó su vocación y le incitó a comenzar con 13 años unos estudios de Bellas Artes que abandonó en 1949, para a dedicarse a las historietas y al humor gráfico. En 1954 publicó su primera página y, desde ese momento, sus viñetas, dibujos e historietas tuvieron una enorme aceptaación.Quino y Mafalda. / R. C.

Con el golpe de Estado en Argentina de 1976, el viñetista se exilió en Milán. En 1990 adoptó la nacionalidad española y desde entonces había alternado su residencia entre Madrid, Buenos Aires y Mendoza. Además del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, recibió la Medalla de la Orden y las Letras de Francia

diariovasco

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Madrid no acata la orden de Illa: «No es jurídicamente válida»

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está dispuesto a llevar al extremo su enfrentamiento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hasta el punto de no reconocer la legitimidad del Ministerio de Sanidad para ordenar los confinamientos de Madrid y los nueve municipios por considerarlos poco menos que ilegales. El consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero, fue contundente: «la medida jurídicamente no es válida». Por ello, ya anunció que el Gobierno regional dará la batalla en los tribunales del Contencioso-Administrativo para intentar anular cuanto antes la orden de confinamientos sin descartar alguna suerte de insumisión a las órden de Sanidad tras su publicación en el BOE.

El argumento de la comunidad es que el confinamiento no fue aprobado por consenso tal y como señala el reglamento del Consejo Interterritorial y que la maniobra de llevar estas medidas en una orden con el amparo de la normativa para la nueva normalidad (el Plan de Respuesta Temprana) es directamente ilegal. Las decisiones tomadas «atañen al Sistema Nacional de Salud y a derechos fundamentales», apuntó Ruiz Escudero, quien acusó a Illa de haber usado el Consejo para «imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles«.

«Siempre hemos apostado por una mejora del documento y por dar respaldo técnico«, explicó el consejero, al tiempo que denunció que Sanidad se ha saltado todos los procedimientos preceptivos y que, obviamente, el cierre de los 5 millones de madrileños no es una «decisión colegiada».

«No entendemos la imposición, no ha habido lealtad por parte del Gobierno de España, que tiene prisa por intervenir Madrid», insistió el consejero, quien se mostró especialmente sorprendido por la intención del Ejecutivo de Madrid por forzar las cuarentenas cuando la situación sanitaria de la región empieza, siempre según el Gobierno autonómico, a dar señales de mejora.

«Situación favorable»

«Somos realistas y conocedores de la situación. Estamos en una fase estable, empezamos a tener las primeras señales de que entramos en una situación favorable. La capacidad diagnóstica nos ha permitido conocer perfectamente cómo se comporta la pandemia en nuestra región. Ya estamos viendo resultados«, insistió el consejero de Ayuso.

«La urgencia de cerrar Madrid sin apoyo de decisiones técnicas va en contra del sentir de los madrileños. Que (Illa) deje de luchar contra Madrid y luche contra el coronavirus«, apostilló Ruiz Escudero.

Que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no enterraba, ni mucho menos, el hacha de guerra con el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya empezó a verse durante la tarde. Cuando Moncloa daba por cerrada la crisis tras el pacto para aplicar en toda España las reglas del confinamiento que se impondrían a Madrid capital y a nueve de sus ciudades dormitorio, el Ejecutivo regional volvió a la carga antes Consejo Interritorial para exigir que Madrid no se cerrara entera y reclamar que se tengan en cuenta otros criterios ajenos a los pactados con Sanidad el martes.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en un comunicado hecho público cuando las comunidades estaban sentándose a la mesa del consejo, rechazó directamente el confinamiento de la capital de España porque «la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad».

Y no solo eso, el Ejecutivo regionalrompió directamente la baraja y puso en cuestión los tres parámetros que Sanidad establece para poner en cuarentena las ciudades de más de 100.000 vecinos y que el martes por la tarde parecía haber aceptado: tener una incidencia acumulada (IA) de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; presentar una positividad en las PCR superior al 10%; y sufrir una ocupación de enfermos de la covid en las UCI superior a 35%. El gabinete de Ayuso exigió conocer la «base científica y técnica» que avala ese listón de 500 positivos, un gesto que desagradó particularmente a los expertos de Sanidad.

Otros indicadores

Además, pidió al Gobierno central tengan en cuenta en los que Madrid sobresale, especialmente la . «La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará notablemente dicha respuesta asistencial», apuntaron desde la sede de la Puerta del Sol, que Illa y su equipo habían dado por zanjado hace días, antes incluso del encuentro del lunes de la pasada semana entre Ayuso y Sánchez.

El Ejecutivo autonómico también afeó al ministerio que haya despreciado otro parámetro importante como es la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid, «muy superior a la del resto de las comunidades autónomas». «Con la colaboración del Gobierno central, la comunidad estaría en disposición de realizar un test a cada madrileño en estos momentos», se jactó en una nota el Gobierno de Ayuso.

«La Comunidad de Madrid pide criterios objetivos y claros para todas las autonomías pero que no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas. Estos parámetros deben ampliarse dentro del diálogo con todas las consejerías de Sanidad de España», explicó el Ejecutivo regional en un comunicado, en el que elevó el tono contra el Gobierno de Sánchez, al que acusó de querer recortar «derechos fundamentales y libertades de millones de personas» sin tan siquiera haber creado una «una comisión de diálogo con criterios técnicos y científicos y también legales» en el seno del Consejo Interterritorial.

elcomercio

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La hostelería se manifiesta horas después de conocer el acuerdo de CEOE con el Gobierno. Piden más: prórroga más allá del 31 de enero y ayudas a fondo perdido

No es el mejor de los acuerdos, pero es el que se ha alcanzado. Ese es el mensaje que traslada la hostelería sobre el pacto de última hora por los ERTE por coronavirus al que han llegado la patronal CEOE y sindicatos con el Gobierno de Pedro Sánchez tras largas horas de negociación.

Hostelería de España, junto con Hostelería de Madrid y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), celebraron durante la mañana de este martes una caravana reivindicativa en la que se han exigido otras medidas que vertebren un Plan estratégico de Rescate del sector pese al acuerdo alcanzado en la mesa tripartita.about:blank

De esta forma, una gran caravana de coches, furgonetas y camiones representando a toda la cadena de valor del sector hostelero se ha manifestado por las calles de Madrid. La protesta ha finalizado delante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde los diferentes representantes de la industria han valorado como un gesto positivo del Gobierno pero insuficiente el acuerdo alcanzado.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, ha afirmado «necesitamos avanzar para lograr un plan de rescate que asegure la supervivencia del sector”.

El director general de Hostelería Madrid, Juan José Blardony, por su parte, ha afirmado que «el Gobierno por fin ha entendido que sin este acuerdo habría sido una catástrofe». En concreto, se habría echado por la borda más de 25.000 millones de euros invertidos hasta ahora en los ERTE.

Blardony, ante todo, insiste en que «el sector necesita ayudas, directas y a fondo perdido», así como «una ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero». La clave de la fecha está en que en febrero el sector pno habrá recuperado el consumo ni tampoco la pandemia esté superada. 

Por último, Antonio Galán, presidente de Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), no ha querido olvidarse de cuál es la situación económica actual de las empresas del sector: «Han caído y van a caer centenares de empresas, con miles de trabajadores y con las consecuencias que suponen para los proveedores y resto de sectores afectados».

Para Galán «se está cargando una responsabilidad sanitaria sobre un sector que cumple sobremanera con las normas dictadas» y «no se puede legislar sin escucharnos, ya que las consecuencias serán gravísimas e irremediables».about:blank

España sigue mirando a Europa

La otra reivindicación de los empresarios sigue siendo equiparse al resto de países vecinos de Europa. En Alemania se han prorrogado los ERTE hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los sectores y con una exoneración del 100%.

«Por esto la hostelería española reclamará que se destinen parte de los fondos europeos a reconstruir su sector, uno de los más afectados por la pandemia», inciden en el final de su comunicado.


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La prórroga de los ERTE discrimina a los parados

Quedarse en el paro durante la pandemia queda desde ahora penalizado. El acuerdo firmado entre la patronal empresarial CEOE, el Gobierno y los sindicatos blinda que los trabajadores en ERTE, una vez transcurridos seis meses, mantengan una prestación equivalente al 70% de su base reguladora de cotización. Aplicando la normativa en vigor hasta el martes, se habría reducido al 50%.

Una medida que, a pesar de la crítica situación que vive el mercado laboral español, no se ha extendido a los parados desde que saltó la crisis. Los que perdieran su empleo en marzo ya verán recortada la prestación en octubre del 70 al 50%. Una situación a la que también se enfrentan los españoles que, ya parados antes del estado de alarma, no hayan conseguido un empleo a lo largo de los últimos meses.about:blank

Desde febrero y hasta agosto, de acuerdo con los datos del SEPE, la cifra de demandantes de empleo se ha incrementado en 556.767 personas, hasta alcanzar los 3,8 millones de personas. Aquellos que tienen derecho a la prestación por desempleo se enfrentan ahora a una situación de mayor vulnerabilidad que los que continúan en ERTE, que, además. han conseguido blindar su situación de cara a 2021. Si son despedidos durante el próximo año, conservarán los derechos adquiridos y tendrán intacta su presentación por desempleo.

A pesar de la intensa campaña del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos contra la reforma laboral, desde que comenzara la legislatura -y la crisis del coronavirus- no han replantado modificar el subsidio, aunque las posibilidades de encontrar un empleo en el actual contexto económico es cada vez más complicado.

Fuentes consultadas explican que hasta 2011, cuando un desempleado consumía sus primeros seis meses de paro, la prestación se reducía del 70% al 60%. La reforma, que sigue en vigor, amplió esa reducción hasta el 50%.

El Gobierno, sin embargo, sí ha cambiado algo de aquella reforma, pero no la reducción de la prestación. Ha vuelto a reducir desde los 55 a los 52 años la edad de quien se puede beneficiar de un subsidio por desempleo -habiendo ya consumido la prestación- hasta la edad de jubilación.

La crítica situación del desempleo

Una las razones de ser de los ERTE es evitar que las cifras de paro crezcan de forma relevante por la crisis del coronavirus, que, en teoría, debería ser pasajera. Por el momento, la prórroga de estos expedientes se ha ampliado hasta el 31 de enero y se ha reestructurado por sectores.

Los economistas reconocen que gracias a los ERTE el impacto de la crisis en el empleo será mucho menos grave, pero también avanzan que se incrementará el desempleo. Los trabajadores con contratos temporales son los más perjudicados, ya que sufren por las no renovaciones de los contratos y por la menor demanda de trabajadores que provoca la crisis.


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