Sanidad y científicos confían en que la primera vacuna española se teste en humanos a final de año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recoge seis vacunas españolas entre las 142 que se encuentran en la fase de investigación preclínica –en pruebas en laboratorio y con animales– en el mundo. Además hay otras 31 candidatas mucho más avanzadas en ensayos con humanos. Entre ellas destacan las de AstraZeneca, Janssen (grupo Johnson & Johnson), Moderna, la alemana Curevac, Pfizer, Novavax, varias iniciativas chinas y la rusa Sputnik V.

Desde Sanidad se confirma que “es posible” que alguna de las nacionales inicie ensayos clínicos a final de año, un esfuerzo en el que trabaja la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

En el Ejecutivo de Pedro Sánchez confían en que las candidatas españolas puedan llegar al mercado a pesar de que haya decenas de competidoras más avanzadas y que, por tanto, ya han captado la atención y los recursos de los grandes fabricantes que deben producirla. “Pese a no ser las primeras en llegar sí podría ofrecer una ventaja. Podrían ser vacunas más eficaces o con mejores resultados. Otro motivo podría ser el poder generar la capacidad para la producción de una vacuna de principio a fin: el desarrollo, la investigación preclínica, los ensayos clínicos y la producción y finalización. En este caso, aunque no fuera una vacuna que llegara a tiempo, si podría generar una capacidad de cara a futuras”, apuntan desde Sanidad.

Igualmente el CSIC está trabajando en la creación de un consorcio que incorpore a empresas privadas para el desarrollo de las vacunas nacionales, aunque el organismo público de momento no ofrece más detalles.

Equipo de Mariano Esteban

Este investigador es uno de los mayores expertos del país en vacunas. Esta candidata del CNB, una de las que recoge la OMS frente al SARS-CoV-2, ha terminado el ensayo en ratones e iniciará una prueba en macacos en breve. De forma simultánea, la testará en humanos en la fase I (comprobar la seguridad del producto), un logro que Esteban sitúa a finales de año o inicios de 2021. La idea es poder realizar fase II (eficacia) y fase III (eficacia en miles de voluntarios) en 2021. Estas son las etapas previas a la autorización para comercializarla.

“Vamos más retrasados que otras candidatas”, reconoce Esteban. “Pero eso no nos va a retraer. Debemos seguir para potenciar la capacidad española en vacunas y fomentar que haya un tejido empresarial, porque va a seguir habiendo pandemias en el futuro”, opina. “Además, no sabemos todavía si se necesitarán vacunas más potentes que las primeras que lleguen a la población. No debemos tirar la toalla”, afirma.

Este proyecto del CNB se ha aliado con el sector privado para fabricar las primeras dosis, encargadas a la empresa gallega CZ Vaccines-Biofabri (del grupo Zendal). Esta empresa ha recibido financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para producir los viales. Esteban calcula que serán necesarias entre 2.000 y 4.000 dosis para los ensayos hasta fase II, aunque reconoce que para avanzar a mayor escala hará falta una gran inversión, que debería llegar de alguna de las grandes farmacéuticas.

Enjuanes en el CNB

Otro de los proyectos recogidos por la OMS es el del equipo de Luis Enjuanes en el CNB, otro de los mejores expertos en vacunas. Próximamente iniciará las pruebas en ratones de su vacuna y, si todo va bien, espera iniciar los estudios clínicos en primavera. “Nuestra vacuna podría estar lista a finales del año que viene”, asegura. Enjuanes cree que las vacunas de la primera oleada son muy necesarias pero no serán perfectas. “Es bueno que haya algunas que salgan lo más rápido posible. Pero también es bueno que haya otras que puedan ser más potentes y con mayor duración”, asevera.

Por ejemplo, la que su grupo de I+D trabaja es en administración internasal, frente a las más convencionales intramusculares, en las que la inmunización dura menos en las mucosas, como es el caso de la patología del Covid-19. Enjuanes confía en las alianzas que el CSIC está impulsando con el sector privado para poder producirla.

IrsiCaixa con Julià Blanco

Otro de los equipos punteros en vacunas en España es el liderado por Julià Blanco, que investiga en otra candidata en colaboración con IRTA-CReSA, Barcelona Supercomputing Centre y con la ayuda del laboratorio Grifols. Su proyecto podría comenzar los ensayos clínicos en 2021 y Blanco relata que ya trabaja junto a la Aemps en el posible desarrollo, “priorizando las alianzas con empresas farmacéuticas españolas”, apunta.

“Evidentemente llegamos tarde porque la infraestructura de investigación no tiene ni comparación con otros países”, reconoce Blanco, aunque coincide con Enjuanes en que hay que buscar los nichos de mercado que dejen las que lleguen primero, primando el demostrar una mayor eficacia. “Irán apareciendo vacunas que funcionen mejor que las primeras”, asegura, y recuerda que otro punto importante es tener esta experiencia de I+D porque los coronavirus van a seguir saltando a los humanos en el futuro.

Navarrabiomed

“Las vacunas que se están probando no pertenecen a un país. Son de multinacionales que tienen capacidad para desarrollarlas. Nosotros somos académicos y nuestro objetivo es la investigación, no es llevar vacunas al mercado”. Así opina David Escors, investigador principal del proyecto de Navarrabiomed, también entre las candidatas que recoge la OMS. “Claro que quiero lograr la vacuna, pero depende de si conseguimos los fondos. La pelota ya no está en nuestro tejado”, se queja. De hecho, lamenta la escasa capacidad industrial del país y la dificultad previa para generar la patente.

En su caso, sitúa en 2021 los posibles ensayos clínicos, aunque recuerda que para arrancar la fabricación de las primeras dosis para testarla hace falta hasta 10 millones de euros. “Nosotros tenemos que avanzar en tecnologías que sean mucho más eficaces que las primeras vacunas”, subraya, de igual forma que ocurre con la gripe, que se sigue investigando para mejorar las que ya existen.

Dentro de las candidatas de la OMS, junto estas iniciativas del CSIC, Navarrabiomed e IrsiCaixa, hay que sumar dos de Idibaps-Hospital Clinic de Barcelona, que no respondieron a la petición de información de este diario.

UN CAMINO COMPLICADO

No es nada sencillo lograr la comercialización de una vacuna. En el caso español es una senda desconocida. El comienzo de la investigación es académica, pero luego depende en gran parte de la capacidad del sector privado.

Si se tiene como ejemplo a la firma británica AstraZeneca, a la que UE (y España) ha reservado las primeras dosis, el camino lo iniciaron los investigadores de Oxford. La compañía pone la experiencia, se encarga de los ensayos con miles de pacientes y desembolsa cientos de millones de euros (en este caso con grandes ayudas públicas sobre todo de EE UU) para fabricar miles de millones de dosis. España carece de esa potente industria farmacéutica. Otra de las dudas que surgen es si alguna de las candidatas españolas llegarán a interesar a alguna empresa cuando la competencia innovadora mundial es feroz y hay decenas de proyectos en etapas más avanzadas.

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) se queda sin capitán en su peor crisis

La Organización Mundial del Comercio (OMC) queda descabezada desde hoy y por un plazo incierto tras la decisión de su director general, el brasileño Roberto Azevêdo, de abandonar su cargo un año antes del fin de su mandato tras ser fichado por una multinacional.

Azevêdo, quien fue elegido para dirigir la OMC en 2013 y reelegido para un segundo mandato en 2017, deja la organización en lo que es, literalmente, su peor momento por su escasa capacidad de concluir acuerdos que favorezcan el comercio global y por la animadversión que le tiene el presidente estadounidense, Donald Trump.

Las facetas de la crisis

La OMC estuvo al borde de un cierre administrativo a finales de 2019 por la reticencia de la Administración estadounidense de aprobar su presupuesto, lo que hizo a último minuto y tras asegurarse de que éste no incluía partida alguna para los árbitros del Órgano de Apelación que concluían su mandato.

Esa instancia se ha convertido en el rehén de Trump y el medio a través del cual impide que la OMC cumpla a cabalidad su función de dirimir en disputas comerciales entre los países miembros, ya que su función es emitir dictámenes en última instancia que los estados están obligados a cumplir.

Sin embargo, Estados Unidos impide desde el pasado 11 de diciembre el funcionamiento del Órgano de Apelación con su negativa a aprobar el nombramiento de los jueces que reemplacen a aquellos que cumplieron sus mandatos.

Si en una situación normal ese órgano funciona con siete miembros, entre 2016 y 2019 lo hizo con apenas tres (quorum mínimo), pero en diciembre dos de ellos terminaban sus funciones, dejando a un solo juez en ejercicio.

El peor momento para abandonar el barco

Es en medio de esta parálisis institucional y de la mala imagen que acarrea que Azevêdo decidiera aceptar la oferta de la multinacional Pepsi, compañía para la que trabajará a partir de mañana mismo, 1 de septiembre.

Su nueva función será la de vicepresidente ejecutivo y responsable de asuntos corporativos y comunicaciones, un puesto recién creado y que será estrenado por el brasileño, ingeniero de formación y diplomático de carrera.

«Azevêdo se encargará de reforzar los esfuerzos de PepsiCo en sus relaciones con gobiernos, entidades reguladoras, organizaciones internacionales y partes interesadas no gubernamentales», explica el comunicado emitido por la firma al anunciar su fichaje.

La amplísima red de contactos que Azevêdo ha podido tejer durante sus siete años al frente de la OMC corresponde perfectamente a las funciones que su nuevo empleador le ha encargado y que espera pueda cumplir de forma cómoda con la libreta de teléfonos que se lleva con él.

«Estoy encantado de unirme a PepsiCo en un momento en el que el fortalecimiento de las relaciones entre las empresas, los gobiernos y la sociedad es esencial para generar crecimiento durable e inclusivo a largo plazo», ha dicho por su parte Azevêdo en una declaración que difundió al confirmarse su nuevo puesto.

La decepción

«Qué vergüenza, aludir a motivos personales y pasarse al sector privado. Esto es sálvese quien pueda», comentó a Efe sobre el cambio de camiseta de Azevêdo una diplomática europea acreditada ante la OMC en Ginebra.

Además de aludir a «motivos personales», el exdirector general aseguró a las delegaciones y a la prensa que su decisión de dejar la OMC con un año de anticipación tenía que ver con su voluntad de que el proceso de selección de su sucesor no perturbase la preparación de la conferencia ministerial de la OMC prevista para julio de 2021.

«El señor Azevêdo decidió dejar el puesto de manera oportunista, cuando la organización está hundida en su peor crisis», dijo a Efe el expresidente del Órgano de Apelación de la OMC Ricardo Ramírez.

«Siempre he pensado que él nunca tuvo un verdadero interés por sacar adelante la organización y esto únicamente lo confirma», afirmó el experto, quien es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ramírez se mostró de acuerdo con la necesidad de que se instituya una regla en la OMC y otras organizaciones multilaterales para regular el paso de un alto cargo al sector privado.

Más allá de la decepción general que causó el anuncio de su partida, algunos también han resaltado la gran capacidad de trabajo de Azevêdo y la forma como la puso al servicio de la OMC, aunque sin grandes resultados.

El legado y el futuro inmediato

Dentro de la organización, Azevêdo tomó iniciativas sobre cuestiones de género, contra el acoso laboral y sexual, y el abuso de poder.

Asimismo abrió la Organización al sector privado para incitarle a ofrecer ideas sobre sus necesidades para avanzar en favor de un comercio basado en reglas y no en la ley del más fuerte.

Se recuerda también que, aunque mantenía la distancia con el personal, era un jefe respetuoso y dispuesto a escuchar.

A partir de hoy la marcha de la OMC dependerá de sus cuatro directores generales adjuntos, que serán los responsables de las decisiones en sus respectivas áreas hasta que se elija a un director general, lo que debería ocurrir a más tardar el 7 de noviembre si EEUU decide apoyar este proceso.

La Administración estadounidense ha sido claramente la peor piedra en el zapato de Azevêdo, quien en privado decía que la situación de la OMC podía haber sido todavía peor si no hubiese logrado contener la agresividad de la Administración Trump.

Lo que está claro es que Azevêdo se va satisfecho consigo mismo, como lo mostró en su última conferencia, en la que ante la pregunta de cómo autocalificaría su trabajo en la OMC en una escala del uno al diez, respondió que se pondría doce.

El comentario no cayó bien a todos y según comentó, también en privado, su madre -quien había visto la conferencia de prensa en Brasil- le regañó luego por su falta de humildad.

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El Museo Thyssen baja el precio de su entrada de 13 a 9 euros por la situación general del país

Además de la situación económica y cultural que vive España, la pinacoteca asegura poder permitírselo por el cierre adelantado de la exposición sobre Rembrandt y porque la futura exposición sobre Expresionismo Alemán tendrá menos costes de ejecución.

Desde el 1 de septiembre, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid baja el precio de su entrada única (permite ver tanto la colección permanente como las temporales) de 13 a 9 euros (y de 9 a 6 euros, en la tarifa reducida). La pinacoteca madrileña asegura en un comunicado que «quiere hacer este esfuerzo teniendo en cuenta la situación general del país y aprovechando que Expresionismo alemán (del 27 de octubre de 2020 al 28 de febrero de 2021), que reunirá las obras de este periodo artístico pertenecientes a la colección privada de la familia Thyssen-Bornemisza, tendrá unos costes inferiores a los del resto de exposiciones».

La finalización de la exposición ‘Rembrandt y el retrato en Ámsterdam’ ayer 30 de agosto, y las características de la siguiente muestra, Expresionismo alemán, hacen posible este ajuste de precios que advierten es temporal.

¿Fin de las macroexposiciones?

Lo que no parece temporal es el control de los aforos, que parece haber llegado para quedarse. Aunque los museos no parecen en principio espacios que pueden congregar a tantas personas juntas como un concierto de gran aforo, por ejemplo, sí ha habido, especialmente en la última década exposiciones temporales de gran éxito que han batido todos los récord de las grandes pinacotecas españolas y han propiciado colas que daban la vuelta a sus edificios.

«Sí creo que el tiempo de las grandes macroexposiciones ya ha acabado, era ya una tendencia que ocurría, las piezas eran difíciles de conseguir, los seguros se encarecían y eran complicadas económicamente. Creo que la exposición real seguirá existiendo pero se tendrá que completar con la tecnología», afriamaba para RTVE.es Evelio Acevedo, director gerente del Thyssen-Bornemisza el pasado 6 de junio en la reapertura de la muestra de Rembrandt.

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La universidad obliga a usar mascarilla y garantiza clases no presenciales a los alumnos en cuarentena

Universidades plantea uso obligatorio de mascarillas y el cierre por número elevado dependerá de los centros y de lo que acuerde con cada comunidad autónoma según la gravedad de la situación.

La obligatoriedad de usar mascarilla, la mejora en la ventilación de los centros y un nuevo protocolo de actuación ante casos positivos o sospechosos de COVID-19 son las principales novedades que se ha planteado este lunes en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria. Así, ante un número elevado de casos que tenga «afectación general» en un centro o una universidad, la decisión a tomar será competencia de los centros junto con las autoridades sanitarias y educativas, es decir, las comunidades autónomas.

En dicha reunión, con presencia de todas las comunidades autónomas y presidida por el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón -en sustitución del ministro Manuel Castells, ausente por haberse sometido este viernes a una operación quirúrgica de urgencia aunque no grave, según su departamento-, se ha trabajado en realizar los últimos ajustes en los protocolos (elaborados en junio) que se deben implementar en las universidades este inicio de curso.

El objetivo del encuentro, que estaba programado a las 12.00 horas, ha sido «asegurar una buena coordinación del inicio del curso» y «garantizar que tanto el personal docente e investigador, como el estudiantado y el personal de administración y servicios disponen de información precisa sobre las medidas sanitarias y educativas que se van a aplicar en el curso 2020-21», según informa el Ministerio de Universidades.

Entre estos «ajustes», destaca que los Ministerios de Universidades y de Sanidad han actualizado el documento marco de recomendaciones sanitarias y educativas elaborado ya el pasado mes de junio. Uno de los cambios fundamentales es que se hace obligatorio el uso de la mascarilla en las clases que finalmente se vayan a realizar de manera presencial así como en los espacios comunes.

Además, se intensifican también las labores de ventilación en todos los espacios del centro, y se recomienda ventilar al menos durante 10 ó 15 minutos al inicio y final de la jornada y en las aulas después de cada clase lectiva. El documento recomienda también mantener las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.

Cada comunidad debe establecer su protocolo

Según el documento actualizado, ‘Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de COVID-19′, las universidades que conforman el sistema universitario español, en el uso de su competencia, deberán contar con un protocolo de actuación ante la detección de un caso sospechoso de COVID-19 y este protocolo debe elaborarse siguiendo los criterios sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad y las consejerías respectivas de las comunidades autónomas.

Responsable por cada centro: En el documento se establece, en primer lugar, que todas las universidades tengan una persona responsable global de la gestión de las actuaciones derivadas del COVID-19, y que, a su vez, cada Facultad, Escuela, Instituto de Investigación o Centro Adscrito disponga de una persona de referencia responsable en su ámbito para la gestión de la crisis.

A nivel de centros y de grandes equipamientos académicos o espacios de gestión, el documento establece que «las universidades deberán definir un espacio para el aislamiento de la persona detectada como caso sospechoso de COVID-19».

Si algún estudiante desarrolla síntomas compatibles con COVID-19, se le solicitará que se traslade hasta ese espacio de aislamiento (que deberá estar bien ventilado y contar como mínimo de una papelera de pedal con bolsa donde tirar la mascarilla y los pañuelos desechables) y se colocará una mascarilla quirúrgica (que debe facilitar el centro universitario). La persona que le acompañe también debe colocarse una mascarilla quirúrgica.

El estudiante sospechoso de coronavirus deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la ‘Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19’. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento domiciliario hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Este estudiante no podrá reincorporarse a la actividad académica normal hasta que así sea indicado por las autoridades sanitarias.

Desde el momento en que se confirme el diagnóstico de COVID-19, se realizará un estudio de contactos del caso confirmado con la colaboración de los responsables de cada centro y universidad y las autoridades sanitarias, para determinar con qué otros estudiantes y resto de miembros de la comunidad universitaria ha estado recientemente en contacto estrecho –a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos sin mascarilla–, desde las 48 horas antes del inicio de síntomas del caso confirmado y hasta el momento en el que el caso es aislado.

Una vez detectadas esas personas, se les comunicará que deberán pasar a estar en cuarentena en su habitación en sus lugares de residencia y, por tanto, deberán dejar de asistir a las actividades académicas presenciales, se realicen éstas en la universidad o fuera de ella, hasta que no hayan superado la duración de la cuarentena.

Asimismo, se indicará la realización de una PCR a los estudiantes que hayan sido identificados como contactos estrechos. Independientemente del resultado de esta PCR, la cuarentena debe durar 14 días ya que, aunque en ese momento aún no sea positivo, puede desarrollar la enfermedad a lo largo de esos 14 días.

Todas las facultades, escuelas e institutos de investigación deberán disponer de material de protección para ser utilizado en el caso de detectar un caso sospechoso en un estudiante, o en el profesorado y el personal de administración y servicios, durante el aislamiento en el centro universitario.

Derecho a la enseñanza no presencial: El documento también recoge que, por regla general, «el estudiante que pasa a una situación de aislamiento tendrá el derecho de recibir la docencia correspondiente de forma no presencial, siempre atendiendo a la idiosincrasia y especificidades de cada asignatura».

Será el centro el que se encargará de velar por que el estudiante afectado que deba realizar el aislamiento y los contactos estrechos que hagan la cuarentena, reciban la docencia de las diferentes asignaturas en las que esté matriculado.

Profesores infectados: En caso de que la persona afectada sea un profesor, se seguirán los protocolos de riesgos laborales de la universidad. El profesor debe contactar por teléfono con su centro de salud, con el teléfono de la comunidad autónoma, con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el 112. En cualquier caso, este profesor deberá ser sustituido para mantener así, si es posible, la continuidad de las labores académicas.

Cierre de centros universitarios: En el caso de la constatación de un número elevado de estudiantes (o resto de miembros de la comunidad universitaria) afectados, el texto indica que «cualquier decisión que tenga afectación general de un centro o una universidad deberá ser tomada conjuntamente por los responsables de la universidad y las autoridades responsables de la política sanitaria y de la política universitaria».

Según destaca el Ministerio, cada universidad tiene elaborado su propio protocolo que será actualizado con las nuevas directrices trabajadas en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria de este lunes.

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Uno de cada cuatro pequeños comercios cerrará antes de final de año

El pequeño comercio vive una de sus horas más difíciles. Y llueve sobre mojado, ya que no corrían buenos tiempo para un colectivo afectado por el auge de las grandes plataformas del comercio electrónico. Así, todo hace indicar que si en los últimos cinco años más de 70.000 establecimientos han bajado la persiana, esta cifra crecerá como la pólvora a final de año si persiste la crisis.

Y es que más del 24% de los pequeños comerciantes se plantea cerrar su negocio antes de que termine 2020 si la situación actual continúa afectada por la incidencia de los rebrotes, según una encuesta realizada por la organización de autónomos UPTA a más de un millar de pequeños negocios en todo el territorio nacional. Esto supondría la desaparición de unos 160.000 establecimientos, casi el doble de los que se han dado de baja en el último lustro.

La crisis les está haciendo mucho daño. Más de la mitad de los pequeños comerciantes facturaron en agosto entre un 40% y un 60% menos que en 2019 y tres de cada cuatro reconocen que su volumen de ventas se ha reducido en el conjunto del verano respecto al del mismo periodo del año pasado, según este estudio. Tan sólo se libran de estos datos los pequeños establecimientos de alimentación, con caídas inferiores al 10%, según destaca UPTA.

Ante la situación tan delicada que atraviesa este sector capital para la economía de los pueblos y ciudades, desde UPTA exigen que se establezcan medidas excepcionales como la rebaja del IVA a determinados subsectores, articular planes de incentivación al consumo, impulsar la digitalización del sector y mejorar la formación y cualificación profesional. Para ello demandan que se pongan de nuevo en funcionamiento las mesas de trabajo interministeriales, ya que -precisan- «no podemos permitir que, en esta crisis, cientos de miles de familias queden desamparadas».

«El comercio ya atravesaba una grave crisis, agudizada además por el largo confinamiento. Las ventas online en las grandes plataformas han crecido un 18%, lo que demuestra que los hábitos de consumo están cambiando, y si añadimos el temor al contagio y la incertidumbre económica estamos creando la tormenta perfecta», advirtió el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Las prestaciones no llegan

Por otra parte, la Seguridad Social pagó este lunes 154 millones de euros en concepto de diferentes prestaciones para trabajadores autónomos, de los que 147 millones corresponden a la nueva prestación por cese de actividad compatible con la actividad, según una nota enviada este lunes por el Ministerio de Seguridad Social. En concreto, ha destinado 147,8 millones de euros a abonar a 142.973 autónomos la nueva prestación compatible con la actividad, que supone una ayuda mínima mensual de 661 euros al mes y la exoneración temporal de las cotizaciones sociales por contingencias comunes. Desde ATA denuncian que esta ayuda no está llegando a los emprendedores, ya que «se ha dejado atrás» a 280.000 autónomos, que no han podido retomar la actividad desde el confinamiento ni cobrar la ayuda al no cumplir los «altos requisitos» que se les exigen. Esta organización advierte de que más de un millón continúa «en la cuerda floja», con caídas de actividad superiores al 60%

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El «vuelo de paz» conecta por primera vez Israel con Emiratos Árabes

La «nueva era» entre Israel y el mundo árabe anunciada por Benjamin Netanyahu despegó este lunes a bordo de un Boeing 737. Dos semanas después del anuncio de normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), se produjo el primer vuelo directo oficial de una aerolínea comercial entre Tel Aviv y Abu Dabi. El vuelo LY971 de la compañía nacional israelí El Al pasó a la historia tras realizar un trayecto de una duración de poco más de tres horas. «Con Emiratos vamos a lograr una paz cálida», declaró el primer ministro horas después del aterrizaje del aparato en la pista del Golfo. El objetivo de esta primera visita oficial es trabajar en la hoja de ruta para lograr esa normalización de relaciones a cambio de la cual el Estado judío se compromete a congelar de forma temporal la anexión de Cisjordania.

El avión elegido para este día fue decorado con la palabra ‘paz’ en inglés, árabe y hebreo en su parte posterior. Otro dato para la historia es que Arabia Saudí otorgó permiso a la aeronave israelí para sobrevolar su espacio aéreo. Lo que no está claro es que el reino mantenga esta política para futuras conexiones entre los dos países.

El vuelo fue comercial, pero el pasaje estuvo compuesto por miembros de las delegaciones oficiales de Israel y Estados Unidos, principal impulsor del acuerdo de paz, y periodistas de los principales medios nacionales. El asesor de seguridad nacional Meir Ben Shabbat, quien fue el encargado de dirigirse a los medios emiratíes y lo hizo en perfecto árabe para decirles que este viaje era «una sueño hecho realidad», encabezó la comitiva enviada por el Estado judío, en la que también figuraban representantes de la oficina del primer ministro y de los ministerios de Exteriores, Ciencia y Tecnología o Economía. La representación estadounidense la lideró el yerno de Donald Trump y asesor para temas de Oriente Medio, Jared Kushner, y el representante especial para Irán, Brian Hook.

La visita oficial durará dos días y tiene un carácter sobre todo económico, según los medios israelíes, que anuncian un nuevo viaje para un futuro próximo con objetivos más ligados a la cooperación en defensa y seguridad. En la última semana se había abierto un debate sobre la posible venta de aviones de combate estadounidenses F-35 y drones Reaper a Emiratos tras la firma de este acuerdo ya que Israel, pese a la buena sintonía entre los dos Estados, quiere conservar su superioridad tecnológica y militar en la región.

Trump e Irán

Emiratos aceptó la normalización de relaciones a cambio de que Tel Aviv se comprometiera a congelar el plan de anexión de Cisjordania, una de las promesas electorales de Netanyahu. Si el denominado Tratado Abraham sale adelante, el país del Golfo se convertirá en el tercero árabe en firmar la paz con el Estado judío.

Desde la Casa Blanca se ha anunciado que otros seguirán pronto un camino que rompe con la estrategia árabe de los últimos años que ponía como requisito para este paso la creación de un Estado palestino. Aunque los emiratíes lo presentaron ante su público como un logro frente a la anexión, nunca contaron con los palestinos y el primer ministro, Mohammad Shtayyeh, declaró este lunes que se sintió «profundamente herido» al ver el avión de El Al aterrizando en el Golfo.

Donald Trump, en plena carrera electoral, planea escenificar el tratado con una cumbre trilateral en Washington con Benjamin Netanyahu y el príncipe Mohamed Bin Zayed. Mientras, ambos países trabajan en una hoja de ruta que recoge la firma de acuerdos en materia de inversiones, turismo, conexiones aéreas y seguridad.

eldiariomontanes.es

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Los nuevos jubilados pasarán de recibir el 80% de su último sueldo al 49%

El impacto de la actual crisis en el mercado laboral y las cuentas públicas va a pasar factura por partida doble a las pensiones futuras, que pasarán de doblar lo aportado a significar apenas el 50% del último sueldo obtenido durante la vida laboral. En un reciente informe el Banco de España estimó que el sistema de pensiones provee actualmente a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó mientras cotizaba. Esa es la media, pero un pensionista con un alta de jubilación ordinaria puede llegar a obtener 3,86 euros por cada euro cotizado, triplicando su aportación al sistema. Se trata en este caso de solo un 5% de los jubilados, pero el dato muestra la generosidad de un sistema que se va a tornar en pocos años en la cara opuesta.

El IPC se modera hasta el -0,5% en agosto, una décima más que en julio, por el encarecimiento de la luz

Y es que las pensiones ya suponen el 31% del gasto de todas las administraciones y el 45% de los desembolsos de la Administración central y el esfuerzo va en aumento a marchas forzadas ante las previsiones de envejecimiento de la población, con unas estimaciones en 2048 de 15 millones de pensionistas, casi el doble de la población de Suiza, por los diez millones actuales.

Periodo de cálculo

La última reforma de las pensiones de 2011 ya introdujo un significativo incremento del periodo de cómputo para calcular la pensión, un proceso que se completará en 2022. Con el aumento de los años cotizados y de sus bases de cotización en el cálculo de la base reguladora, en un decenio se habrá pasado de valorar los últimos 15 años cotizados en que se valoraban antes de la reforma, en el año 2012, a los últimos 25 años en 2022. Es decir, se tendrán en cuenta 10 años más de cotización. Lo lógica indica que lo más probable es que el salario de un trabajador se incremente con el tiempo y, en consecuencia, sus bases de cotización también aumenten. En este supuesto, el nuevo cálculo no le favorecería, ya que seguramente las últimas bases serán más altas. Así, cuantas más bases se tengan en cuenta, seguramente la media será más baja y, por tanto, la cuantía de la pensión será más reducida.

Por el contrario, en un contexto en el que cada vez es más frecuente que los trabajadores sean expulsados del mercado laboral a edades más tempranas, es usual que después de haber terminado de cobrar la prestación por desempleo, el sujeto no cotice o cotice por la base mínima (en el supuesto de beneficiarios del subsidio por desempleo). En estos casos, al tener en cuenta un número más amplio de bases de cotización se mitigan los efectos de la situación de los últimos años, por lo que resultaría más favorable tener en cuenta un mayor número de años para el cálculo de la pensión.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas y los trabajadores han afrontado dos crisis económicas muy fuertes en un corto espacio de tiempo, lo que no se ha traducido en devaluaciones salariales y congelaciones, sin que las cotizaciones hayan tenido tiempo de recuperarse en los niveles previos a la sacudida de 2008.

A esto hay que añadir un endurecimiento de las condiciones para acceder a la totalidad de la pensión. La reforma de 2011 introdujo también la elevación gradual de la edad de jubilación. Hasta 2027, cuando termina el periodo transitorio, se habrá elevado la misma de 65 años hasta los 67 años. El presente año, quienes se retiren a la edad ordinaria lo harán con 65 años y 10 meses, salvo aquellos que acrediten al menos 37 años de cotizaciones, que podrán jubilarse a los 65 años sin ver penalizada la cuantía de su pensión. A partir del año 2027, la edad ordinaria de jubilación serán 67 años, salvo para aquellos que acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotizaciones laborales, que mantendrán la edad ordinaria de jubilación en los 65 años.

Una vez establecida la base reguladora, la pensión se traduce en un porcentaje de dicha base, que dependerá del periodo cotizado durante la vida laboral. El periodo mínimo de cotización que da acceso a la pensión contributiva, de 15 años, permite percibir un 50% de dicha base reguladora. Los años de cotización adicionales permiten lograr un porcentaje superior de base reguladora, hasta alcanzar el 100%. El acceso a la pensión completa se encuentra en fase de incremento gradual. Así, entre 2020 y 2022 (incluidos), se exigirán al menos 36 años cotizados. Entre 2023 y 2026 (incluidos), al menos 36 años y medio de cotizaciones. Y en 2027 y años sucesivos, el 100% de la pensión se logrará al haber cotizado un mínimo de 37 años.

España, más generosa que sus vecinos

La Comisión Europea prevé que, pese al aumento de población europea en los próximos años, la fuerza de trabajo se reduzca significativamente, al pasar de 333 millones a 302 millones en 2050, lo que implica una presión en todos los sistemas de pensiones. La situación es especialmente complicada en el caso de España, donde el servicio público supone un 70% del gasto. En el caso de las pensiones, el sistema español se verá afectado de especial manera, bajando las prestaciones del entorno del 80% del último sueldo (tasa de reemplazo o sustitución) a un 49,2% en 2050. Esta tasa acercará las pensiones españolas a la media europea, con un 52% de tasa de reemplazo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Países como Francia (60%), Portugal (74,4%), Alemania (38,7%) o Reino Unido (21,7%) tienen en todos los casos tasas inferiores a la media actual española.

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Las próximas reformas pueden apostar por blindar la revalorización de las pensiones al IPC, lo que puede incrementar en un 4% del PIB el gasto en pensiones para 2050, acercar al máximo la edad real de jubilación a la legal, penalizar las prejubilaciones o nuevos mecanismos para establecer la base reguladora, desde calcularla en función de las cotizaciones de toda la vida laboral a que sea el trabajador el que elija los años más favorables. En cualquier caso, los futuros jubilados españoles pueden tener por seguro que no verán pensiones tan generosas como las que disfrutan los actuales pensionistas.

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Las encuestas tras el cese de Álvarez de Toledo muestran un fuerte incremento de Vox a costa del PP

Puede ser casualidad y habrá que esperar a ver si se consolida la tendencia en las próximas semanas, pero el primer contraste de los relevos de Casado en el PP con la ciudadanía muestra que el alborozo con que Sánchez, Iglesias y sus socios de la Frankestein han recibido el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso no es, ni mucho menos, compartido por los votantes y simpatizantes populares que empiezan a mirar a Vox como refugio.

Así, el Electopanel del 21 de agosto muestra como Vox rompe la barrera del 15% en intención de voto y  los 50 escaños, tras la destitución de Cayetana. En concreto, si hoy se celebraran elecciones el PSOE, en recuperación, obtendría la confianza del 27,2% de los electores y 118 escaños en el Congreso de los Diputados, frente al 22,1% de votos del Partido Popular que le depararían 93 escaños, 7 menos que los 100 en que le situaba el panel de la semana precedente, Por contrario Vox subiría cuatro escaños, hasta 52, con el 15,3% de los votos, mientras que Unidas podemos en ligero descenso quedaría con 28 diputados y un 11,2% de sufragios, mientras que Ciudadanos se recuperaría levemente y sería la opción preferida por un 7,4% de electores y 13 diputados.

Las encuestas tras el cese de Álvarez de Toledo muestran un fuerte incremento de Vox a costa del PP

Pero aún son peores para el Partido Popular los resultados del sondeo de Demoscopia, nada sospechosa de parcialidad, que en su sondeo también del 21 de agosto, cuatro días después de los cambios decididos por la cúpula de Génova, reducen la intención de voto del PP de Pablo Casado al 20,2% que le dejarían sólo con 85 escaños, cuatro menos de los que tiene ahora. Mientras que VOX se beneficiaría de este deterioro popular, acaparando el 15,9% de intención de voto y 54 escaños.

Demoscopia constata también la recuperación del PSOE con un 28,7% de sufragios y 122 escaños, dos más de los que suma hoy en la Cámara. Aumenta también de forma importante Ciudadanos que subiría a 15 diputados, cinco por encima de los actuales, y se mantendrían los podemitas en una treintena de representantes.

De la coincidencia de ambos sondeos en la tendencia se puede colegir que el PP que, entre las elecciones de abril y de noviembre de 2019 había recuperado casi la totalidad del voto que emigró hacia Ciudadanos y empezaba a reconquistar parte de los electores que prestó a Vox, vuelve a padecer una fuga de sufragios por el centro y su derecha como consecuencia de operaciones propias del aparato de Génova que los votantes y las bases ni entienden ni comparten. Como tampoco entienden ni comparten que la mejor manera de consolidarse como alternativa de Gobierno sea entregar al enemigo la cabeza de sus principales oponentes.

Referentes del PP se preguntan cómo Casado, que acabó con el marianismo, masacró a los afines a Cospedal y organizó una «matanza» de aznaristas proclama ahora que hay que trabajar juntos

Como reflexionan destacados ex diputados, ex altos cargos y todavía referentes en el PP, «en el congreso extraordinario de julio de 2018 Casado acabó con el marianismo. En abril de 2019 masacró a los afines a María Dolores de Cospedal. Ahora en agosto organiza una matanza de aznaristas y proclama que nace el nuevo Partido Popular del casadismo recuperando piezas claves de Soraya y de Rajoy. Y, después de dos años de manipular el partido y provocar matanzas y masacres, ¿de verdad piensan y proclaman que hay que trabajar juntos?» Que lo expliquen.

eleconomista

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“Aumenta un 60% las solicitudes para vivir en Andorra”

Las reformas fiscales y administrativas aplicadas en Andorra desde 2012 han sido una atractivo para la inversión extranjera y han despertado el interés de empresas, pymes y profesionales para elegir el Principado para sus nuevos negocios.

La pandemia y el postconfinamiento han acrecentado esta tendencia por el atractivo de pagar menos impuestos y, en parte, gracias a la irrupción del teletrabajo, entre profesionales y autónomos.

Las gestorías y consultoras andorranas especialistas en procesos de inversión extranjera avanzan que las peticiones de residencia por cuenta propia –es decir, permiso para establecer una actividad económica y una residencia– en el Principado se doblarán en 2020, pasando de las habituales 250 solicitudes por año a más de 400, un 60% más, según una encuesta realizada por la consultora Andorra Solutions entre 25 despachos profesionales.

En 2019, Andorra registró 2.408 solicitudes entre las residencias por cuenta propia y las vinculadas a un permiso de trabajo por cuenta ajena.

Patrick Mueller, socio consultor de Andorra Solutions, explica que la mayoría de las solicitudes provienen de España, un 68%, y Francia, un 17%. Son técnicos especializados en informática, tecnología, el ámbito digital (e-commerce, Youtube, programadores de sistemas o programarios)… que ya trabajan a distancia y con unos ingresos superiores a 200.000 euros brutos anuales y a quienes preocupa la calidad de vida, pero también la fiscalidad y buscan una alternativa para vivir. La capital Andorra la Vella, La Massana o Ordino son los principales emplazamientos elegidos.

La pandemia del coronavirus, su impacto económico y la incertidumbre sobre posibles cambios en política fiscal en España, ha sido el detonante de muchos profesionales para los que la permanente inseguridad jurídica es una amenaza. Sus temores se acrecentaron en pleno confinamiento cuando Unidas Podemos lanzó en mayo una propuesta para crear un impuesto a grandes fortunas con el objetivo de paliar las desigualdades generadas por la crisis económica del coronavirus, planteó la tasa digital y bancaria y retomó su propuesta de la expropiación en sectores como el bancario, eléctrico o agrícola.

Justamente, Mueller explica que tras un parón entre marzo y mediados de abril, las peticiones para residir en Andorra se han disparado «sobre todo por parte de personas que tienen su vivienda en lugares próximos, como Cataluña o el sur de Francia, pero también de España o el resto del estado francés».

La diferencia con la cifra de expedientes de otros años es que «ahora no sólo eligen el país para constituir una sociedad sino que quieren vivir en el Principado«, añade. «La fiscalidad española es un castigo para profesionales bien retribuidos», defiende este consultor, «especialmente en territorios como Cataluña con tasas de casi el 50% o cuando Hacienda interpreta que la constitución de una sociedad limitada corresponde a un socio único y obliga a tributar también por IRPF».

Mientras, con un impuesto sobre la renta del 10% como máximo, Andorra ofrece múltiples ventajas, cobertura de seguridad social y atención médica competitivos, y un coste aceptable en gastos de vivienda, alimentos y servicios públicos.

En lo que va de año, en el Principado también ha repuntado la demanda de latinoamericanos que tienen un vínculo con España y que con la situación actual valoran establecerse fuera, en este caso más por la calidad de vida y por no estar restringida la movilidad internacional por el coronavirus, que por la fiscalidad. Asimismo, Mueller indica que las autoridades andorranas quieren en atraer nuevos profesionales por cuenta propia, «ya que es recurrente que algunos trabajadores por cuenta ajena abandonen el país en momentos de dificultad económica para volver a sus países de origen (España o Portugal)».

Trámite legal

A nivel legal, la residencia activa por cuenta propia en Andorra está vinculada a la creación de una sociedad, por eso, el primer paso de los nuevos residentes es crear una sociedad para darse de alta en una actividad para a posteriormente pedir la residencia por cuenta propia. Este permiso es válido durante un año y luego hay que validarlo por periodos de dos años hasta llegar a 10 años. Es un proceso largo, admite Mueller, porque la petición va acompañada del cumplimiento de una serie de requisitos (como la presentación del certificado sobre antecedentes penales).

Para pedir la residencia por cuenta propia en Andorra el interesado debería tener por lo menos 21% de las acciones de la sociedad, ser uno de los administradores y trabajar a cuenta propia, es decir, como autónomo societario cotizando a la seguridad social. Desde mayo de 2018, el gobierno requiere una fianza no remunerada de 15.000 euros.

La supervisión de las solicitudes es minuciosa. Andorra quiere evitar que se repitan escándalos de presunta corrupción o blanqueo de capitales y «mira con lupa quién entra en el país con la máxima transparencia en el proceso de selección, por lo que suele rechazar actividades mercantiles vinculadas al sector financiero, uno de comporta más riesgos», manifiesta Patrick Mueller, socio de Andorra Solutions.

eleconomista

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Sánchez presenta ante la sociedad civil un proyecto para «despolitizar la lucha contra el virus»

Bajo el título España puede, Pedro Sánchez abordará su visión de España en la conferencia que dará este lunes en la Casa de América, en Madrid, y apelará a la estabilidad para los próximos cuatro años de legislatura.

Lo hará ante más de un centenar de representantes de la sociedad civil, entre los que se incluyen, además de la patronal y los sindicatos, miembros de importantes sectores como la digitalización, la transición ecológica, el cooperativismo, la cultura o las organizaciones sociales. 

El objetivo del presidente del Gobierno es «despolitizar la lucha contra el virus«, para lo cual incidirá en el impulso de todos para salir adelante, la recuperación económica y social por la pandemia y afrontar las grandes transformaciones que necesitamos de cara al futuro: digitalización, transición ecológica, igualdad total de las mujeres y cohesión territorial y social.

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