La Universidad de Valladolid cuenta con el primer edificio del mundo protegido del contagio de virus

Se llama Lucia y es el primer edificio del mundo en obtener un certificado internacional para atestiguar que es un espacio protegido contra el contagio de virus. Sus instalaciones pertenecen a la Universidad de Valladolid y este martes ha recibido el título Woshie de la organización mundial de seguridad y salud en espacios interiores, que trabaja también junto a la institución docente en una patente para hacer frente al coronavirus en lugares de trabajo.

Pese a que su denominación coincide con el nombre de mujer, también es la suma de las siglas de Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada. Y ¿qué tiene este edificio para haber sido declarado como protegido frente a la expansión de virus? «No sólo ha presentado documentación y registros», ha señalado Rafael Díez, director técnico del organismo internacional, sino que se han tomado medidas específicas en cinco áreas diferentes para frenar enfermedades como el coronavirus.

Por un lado, se ha actuado en zonas críticas, como son las de acceso o los servicios. Las marcas para ordenar las colas de espera, un carte con la indicación de las medidas de seguridad, un dosificador de gel sin contacto o la cámara termográfica son algunas de las medidas incorporadas en el edificio Lucía.

El espacio reservado para el conserje también se ha tratado como un espacio crítico y se han incorporado herramientas como una lámpara de luz ultravioleta para la desinfección de pequeños objetos, paquetes o documentos y se ha dotado de equipos de protección individual (mascarilla, visera protectora, bata y guantes) a los trabajadores en ese puesto.

En cuanto a las distancias y recorridos, los pasillos se han señalizado de forma que hay un único sentido, al igual que ocurre con las escaleras, y en otras zonas se han colocado cintas separadoras para que se puedan guardar las distancias de seguridad.

Aire exterior y limpio

La renovación del aire ha sido otra de las claves para obtener la distinción internacional. Todo el aire que llega a las estancias procede del exterior y se han establecido consignas de humedad y temperatura para disminuir al máximo la vida útil del virus.

Por último, en el apartado de limpieza y desinfección, se han realizado pruebas de limpieza PCR en superficies de alto contacto y test experimentales en aire para confirmar que, al menos en el momento del análisis, está libre de contagios.

«Estamos en la nueva realidad, pero hay que recordar que aún estamos inmersos en una pandemia que ha dejado muerte y enfermedad», ha señalado Rafael Díez, quien ha asegurado también que «es un día que invita al optimismo» por haberse otorgado el primer certificado a un edificio que cumple con los estándares para ser reconocido como protegido frente al coronavirus.

No obstante, ha recordado que esto es «como una carretera segura, que no haya accidentes ni contagios depende de una conducta responsable». «No tiene sentido hablar de edificios ‘virus free’ (libre de virus) porque el comportamiento de las personas es un aspecto «fundamental».

Desde la Universidad de Valladolid, su rector, Antonio Largo, se mostró orgulloso de que un edificio «emblemático» para la institución como Lucía haya sido el primero en obtener la certificación internacional Woshie. «El momento es especialmemnte oportuno y launiversidad ha apostado por la incorporación de la máxima protección contra agentes infecciosos para proteger la salud de todos, investigadores y trabajadores», ha concretado.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha acudido para mostrar el «apoyo» del Gobierno autonómico a la institución académica, que, como el resto de universidades de la región, han «hecho un esfuerzo para adaptarse, colaborar y ayudar para vencer a esta pandemia». Sus instalaciones realizan test PCR, ha recordado el también portavoz de la Junta, que, además, ha considerado que, pese a que en Castilla y León, «solemos ser autocríticos en exceso» , edificios como Lucía demuestran que la región puede liderar proyectos importantes.

abc.es

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El Boeing 737 Max, el polémico avión de los accidentes de Indonesia y Etiopía, vuelve a volar

Boeing y la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA por sus siglas en inglés) han confirmado este lunes el comienzo de los vuelos de prueba del polémico modelo 737 Max para demostrar que ya puede volar de manera segura con el nuevo software de control.

Los vuelos comenzaron este lunes y se prolongarán durante tres días, según un comunicado de la FAA, que explicó que el primer aparató despegó del aeródromo que Boeing tiene en Seattle a las 9.55 hora local (16.55 GMT) y que estaba previsto que durara varias horas.

Estos vuelos representarán un paso importante en el esfuerzo de la compañía para que su avión más vendido vuelva a surcar los aires.

El Max fue penalizado en marzo de 2019 tras un par de accidentes mortales, en Indonesia y Etiopía, que provocaron la muerte de un total de 346 personas.

Esta crisis le ha costado a Boeing miles de millones de dólares, incluida la compensación que debe pagar a los familiares de las víctimas y a las aerolíneas. También llevó a la destitución del director ejecutivo de la compañía, dejando en entredicho la solvencia de la compañía y del supervisor por las prisas en construir y aprobar el Max.

Las pruebas de certificación serán realizados por pilotos e ingenieros de la FAA y de Boeing.

«Se espera que las pruebas duren tres días e incluirán una amplia gama de maniobras de vuelo y procedimientos de emergencia para permitir que la agencia evalúe si los cambios cumplen con los estándares de certificación de la FAA», dijo la agencia en un comunicado difundido este lunes y muy similar a un correo electrónico enviado el domingo al comité de supervisión del Senado y la Cámara de Representantes.

Si los vuelos son exitosos, aún podrían pasar meses antes de que los aviones se consideren listos para volar nuevamente. Si la FAA identifica más problemas, Boeing puede necesitar hacer cambios adicionales.

«Retiraremos la orden de que (los 737 Max) permanezcan en tierra solo cuando estemos satisfechos de que los aparatos cumplen con los estándares de certificación», concluyó el comunicado.

abc.es

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Santander contrata a 100 mujeres para su reincorporación laboral

Con tres meses de retraso, pero al final Santander España ha puesto en marcha su programa Reencuentra, con el que pretende ayudar a aquellas mujeres que abandonaron su carrera profesional por motivos familiares a reincorporarse al mercado laboral en empresas de su entorno, especialmente en aquellos casos en los que les está costando encontrar una oportunidad.

El programa estaba previsto que se iniciara en marzo, justo coincidiendo con la semana del Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Pero la crisis sanitaria con el consiguiente confinamiento provocó un retraso en los objetivos del proyecto, que ahora se ha retomado.

Así, este mes de junio se han incorporado temporalmente a las sucursales del banco 100 mujeres elegidas de este programa. La idea era iniciar la experiencia con 15 e ir incrementando el número, pero al final la opción ha sido la entrada a las oficinas de este centenar de mujeres a las que Santander pretende ayudar a reincorporarse al mercado laboral.

El programa incluye, además de una experiencia profesional temporal en Santander, una serie de acciones de formación, coaching y mentoring para generar valor e incrementar la empleabilidad de estas mujeres. En esta primera edición el banco ha recibido más de 3.000 candidaturas.

Estas mujeres llevan entre cinco y diez años sin trabajar fuera del hogar. El objetivo es que puedan reincorporarse al mercado laboral en empresas de su entorno. Por eso, este programa también se dirige a las pequeñas y medianas empresas como posibles empleadores de este colectivo, según explican fuentes de Banco Santander, ya que las pymes representan el 99% del tejido empresarial español y generan el 66% del empleo en nuestro país.

cincodias

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El Congreso acuerda pedir al Gobierno reducir temporalmente al 4% el IVA de mascarillas, geles y guantes

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y debatida en el seno de la Comisión de Hacienda, por la que se insta al Gobierno a reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21 al cuatro por ciento a las mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, caretas de protección y otros productos farmacéuticos que actualmente son obligatorios o recomendables para protegerse frente al nuevo coronavirus.

Y es que, tal y como se recuerda en el texto de la iniciativa, actualmente, y una vez finalizado el estado de alarma, el uso de las mascarillas sigue siendo obligatorio, si bien el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez «no ha previsto» que este producto sea gratuito para la población, por lo que se pide que se reduzca su coste. Además, se recomienda el uso de los productos sanitarios mencionados anteriormente.

Actualmente, las mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes y otros artículos de barrera frente al contagio, están gravados a un tipo del 21 por ciento en el tipo «más alto». Un IVA que, según la proposición no de ley impulsada por Ciudadanos es «más elevado» que el que tiene la bollería industrial o las bebidas carbonatadas.

«Si hubo consenso para reducir el IVA a los libros, revistas y periódicos electrónicos durante la pandemia, debería haberlo, con más razón, para la modificación del impuesto en este caso, pues pocas cosas resultan hoy más necesarias e insustituibles que los elementos farmacéuticos de barrera, protección y prevención contra el contagio delcoronavirus», comentan desde la formación naranja.

Además, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y responsable de defender la iniciativa, María Carmen Martínez Granados, ha avisado de que hay familias que van a tener un cargo adicional con la compra de estos materiales sanitarios, obligatorios o recomendados, a su «economía ya de por sí bastante afectada» por la crisis generada por el Covid-19. «Es una manera de suavizar el impacto económico de estas nuevas medidas», ha apostillado.

La iniciativa, que ha contado con una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Vox, rechazada por Ciudadanos, ha sido rechazada por el PSOE y Unidas Podemos. Y es que, según ha defendido el diputado socialista, Valentín García Gómez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo en 2013 que no se podía bajar el IVA hiperreducido sin modificar la normativa europea.

Por ello, le ha instado al Grupo Parlamentario de Ciudadanos a retirar la proposición no de ley y trasladarla al Parlamento Europeo, al considerar que lo demás es «no es posible» y que la iniciativa «sólo conduce a la melancolía». Del mismo modo, la diputada de Unidas Podemos, Laura López ha recordado que el Gobierno ya ha fijado el precio máximo de estos productos y que, además, los centros hospitalarios ya están exentos del IVA de estos productos.

expansion

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Boris Johnson decepciona con un mini-plan de inversión de 5.500 millones

El Gobierno británico lanza un plan de estímulos de solo el 0,2% del PIB.

La expectación ante el prometido anuncio de un New Deal en Reino Unido para rescatar la economía ha quedado totalmente defraudada, ya que el primer ministro Boris Johnson se ha limitado a prometer una inversión pública adicional de 5.000 millones de libras (5.500 millones de euros) este año.

Aunque Johnson ha envuelto su discurso en una florida retórica, y no dudó en comparar su plan con el del presidente Franklin Delano Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la gran depresión de los años treinta, pocos en el mercado quedaron convencidos.

Por un lado, la cifra de inversión solo equivale al 0,2% del PIB anual británico. Por comparación, se espera que la economía baje más del 10% este año. Además, los proyectos anunciados no son nuevos, ya que la idea de Downing Street es simplemente acelerar iniciativas previstas para ejercicios posteriores.

Alrededor de la mitad de los desembolsos irán destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria y de colegios en Reino Unido. Otra parte será para mejoras de carreteras. Además, el Gobierno quiere cambiar la normativa de planificación para hacer más rápidos los trámites de los proyectos de construcción «No vamos a responder a esta crisis con lo que la gente llama austeridad», señaló Johnson en un discurso pronunciado en Dudley, en el centro de Inglaterra. «Soy consciente de que todo lo que digo puede sonar a una prodigiosa cantidad de intervención gubernamental. Suena como un New Deal y todo lo que puedo decir es que es así, porque esto es lo que esta época requiere; un Gobierno que es poderoso y determinado para coger del hombro a la gente en estos tiempos de crisis. No solo es hora de un New Deal, sino de un Fair Deal [acuerdo justo] para los británicos».

La dialéctica no ha convencido a los economistas. Según Ruth Gregory, analista de Capital Economics, «al anuncio de una aceleración del gasto en proyectos de infraestructura es decepcionante y es poco probable que vaya a ayudar mucho a las partes más golpeadas de la economía durante los próximos meses».

Carolyn Fairbairn, directora general de la patronal británica CBI, ha afirmado que «los planes para una recuperación que pueda crear empleos, sostenida por una inyección de inversión en infraestructuras, puede ayudar a limitar el daño de la pandemia y poner a Reino Unido en una mejor dirección». En su opinión, movilizar la construcción puede activar miles de puestos de trabajo. Sin embargo, Fairbairn considera que esto es solo «un primer paso. Hay que edificar cimientos más sólidos. Hay que hacer más para evitar las cicatrices que el desempleo puede dejar en las comunidades.

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Nueve de las diez mejores universidades españolas son públicas

La web de U-Ranking (elaborada por la Fundación BBVA y el Ivie) permite comparar en su 8ª edición 3.359 grados universitarios oficiales de 70 universidades públicas y privadas. En el ránking global la U. Pompeu Fabra vuelve a estar a la cabeza seguida por la U.Carlos III de Madrid, y la U. Autònoma de Barcelona,

Para elaborar esta nueva edición de U-Ranking se han tenido en cuenta tanto las actividades docentes como las de investigación e innovación de las universidades españolas. En la clasificación final, además, tienen mucho que ver dos elementos clave: el primero, la especialización de cada institución, tanto en docencia y en investigación como en unos u otros campos de estudio; el segundo, la calidad de sus resultados docentes e investigadores por ramas y titulaciones. Las mejores universidades suman ventajas especializándose en áreas en las que son capaces de obtener buenos resultados, de manera que su especialización las refuerza.

Al considerar conjuntamente los resultados de todos estos factores para las 70 universidades españolas analizadas para construir U-Ranking, nueve de las diez situadas en la cabeza de la clasificación son públicas. Son las que más destacan por combinar todas las actividades con buenos resultados. La primera es la U. Pompeu Fabra, seguida por la U.Carlos III de Madrid, la U. Autònoma de Barcelona, la U. Politècnica de Catalunya y la U. Politècnica de València. La primera universidad privada es la U. de Navarra, formando parte de un grupo que completa las diez primeras posiciones con la U. Autónoma de Madrid, la U. de Cantabria, la U. de Barcelona y la U. Rovira y Virgili.

En docencia, las privadas a la cabeza

Pero si se consideran por separado dos grandes ámbitos de actividad, la docencia por un lado y la generación de conocimiento mediante la investigación y la innovación por otro, los resultados de los correspondientes rankings no son los mismos. El dominio de las universidades públicas todavía se refuerza más en el ámbito de la generación de nuevo conocimiento, pero en las actividades docentes los resultados de las universidades privadas son claramente mejores.

La pública, a la cabeza de la innovación y organización

Las diez universidades que encabezan el ranking de investigación e innovación son todas públicas. La primera universidad privada aparece en el puesto 13 y solo tres privadas (de 30) obtienen resultados en investigación por encima de la media del SUE (Sistema Universitario Español). En suma, las universidades públicas superan la media en investigación -aunque dentro de ese ámbito los rendimientos son muy heterogéneos en el SUE- mientras que las universidades privadas, muy alejadas de la media en investigación, superan la media en rendimiento docente, una actividad en la que hay mucha más homogeneidad de resultados en el conjunto del SUE.

Diferencias regionales

El rendimiento docente e investigador de los distintos sistemas universitarios regionales no es tan dispar como el de las universidades, entre las cuales los indicadores sintéticos de las de cabeza triplican los resultados de las de cola. Pero, aunque menores, las diferencias regionales también son importantes, si bien hay que tener presente que esos indicadores sintetizan el comportamiento de sistemas universitarios de muy distinto tamaño, con más de 10 universidades analizadas en Comunidad de Madrid y Cataluña y solo una institución en siete comunidades autónomas. También son distintos los sistemas regionales en cuanto al peso de las universidades privadas, muy concentradas en las comunidades más grandes, en especial en Madrid.

La octava edición de U-Ranking, elaborada por la Fundación BBVA y el Ivie, presenta mejoras metodológicas que confirman la robustez de sus resultados y permiten ampliar el número de universidades privadas analizadas. A partir de la herramienta incluida en la web www.u-ranking.es el usuario puede construir su propio ranking como base para elegir estudios entre los más de 3.300 grados oficiales evaluados de 70 universidades que representan el 97% del sistema universitario español. La herramienta web ofrece las notas de corte del curso 2019-2020 y los precios públicos por crédito matriculado de los grados oficiales que se analizan

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Luz verde a la reforma de la cadena alimentaria para conseguir precios más justos

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación del anteproyecto de ley que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, que prevé que esté en otoño, para la modificación de la norma sobre la cadena alimentaria, de forma que se regulen los precios de los alimentos y se ponga fin a los «problemas estructurales» de este sector, como la debilidad en la negociación de agricultores y ganaderos. Así lo expuso el ministro de Agricultura, Luis Planas, que recordó que miles de estos trabajadores protestaron en las calles de todo el país en enero y febrero luchando por «precios justos».

Estas protestas condujeron a que el Gobierno aprobara el pasado 25 de febrero un decreto ley para la modificación de la ley 12/2013 de la cadena alimentaria introduciendo la obligatoriedad del contrato escrito con referencia a los costes de producción tuvieran que ser inferiores a los precios de venta. «De esta forma se dejaba fuera de la ley a las prácticas que desacreditaban el trabajo de agricultores y ganaderos», explicó el ministro.

La reforma del Gobierno amplía la lista de productos incluidos en la cobertura comunitaria para todas las operaciones que se realicen en España. «La cadena alimentaria ha tenido un comportamiento excelente durante toda esta crisis», reconoció el ministro, que explicó que el mejor reconocimiento que puede hacer el Gobierno a este sector es abordar los principales problemas como el desequilibrio en la cadena, la falta de transparencia en los precios y la debilidad de trabajadores en la negociación.

Asimismo, la nueva modificación de esta ley amplía la lista negra de prácticas desleales, el alcance de las sanciones por ello y otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero, constató el ministro. Un ejemplo es el veto a cancelar a partir de ahora las ventas de productos perecederos en menos de 30 días «porque sería imposible que el productor encontrara un nuevo comprador en el mercado», explicó Planas.

Mejores condiciones para el sector pesquero

Además, el Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el sector pesquero y elevar el nivel de protección de los pescadores en los buques españoles, con medidas como la formalización del contrato de trabajo por escrito y deber de ofrecer información a la persona trabajadora sobre los aspectos esenciales del contrato.

De esta forma, el Ejecutivo culmina la transposición de la directiva comunitaria adoptada a finales de 2016, tras el acuerdo de los interlocutores sociales europeos del sector. La aprobación es un paso previo para la ratificación del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre en trabajo en la pesca.

Se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los alojamientos de la tripulación, se introduce un derecho a la repatriación al país de residencia en caso de que la relación laboral se suspenda temporalmente o se extinga definitivamente, se garantiza el derecho del trabajador a la atención médica, especialmente en los casos de desembarco en puerto extranjero, y no se permite el trabajo nocturno a las personas menores de 18 años.

elcorreo.com

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Récord de decomisos en internet

La Sección Antipiratería del Ministerio de Cultura ha logrado en 2019 la retirada de más de 640.000 contenidos culturales que estaban siendo ofrecidos al público mediante páginas web infractoras. Se trata del mejor resultado alcanzado por esta área del ministerio (oficialmente se llama Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual desde su creación en 2012. En estos últimos ocho años, este órgano ha recibido un total de 671 denuncias por parte de los autores y creadores culturales que veían como sus contenidos estaban siendo explotados en la red sin su autorización. El número global de webs afectadas por las acciones de la Sección Antipiratería asciende a 677 y más de 300 fueron bloqueadas en territorio español tras las autorizaciones de los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo. Actualmente, más del 94% de las webs piratas han cesado en su actividad vulneradora tras la ejecución de las medidas impuestas por este órgano judicial.

Diez mil CDs y DVDs

Por otra parte, según los datos del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) se incautaron en 2019 de 28.120 artículos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual y que están valorados en 2.091.538 euros. El 40% de estos objetos requisados, unas diez mil piezas, fueron soportes ópticos y dispositivos de almacenamiento digital como CD y DVD.

Durante 2019, las FCSE investigaron un total de 262 posibles infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual que afectaron a 240 presuntos infractores. Las pesquisas permitieron esclarecer 194 de los casos, un 74% El balance de 2019 refleja que la mayoría de las incautaciones policiales se han realizado en establecimientos o locales públicos; en segundo lugar, se produjeron en los recintos aduaneros de puertos y aeropuertos y, en tercer lugar, en domicilios particulares.

Según los datos del Ministerio del Interior, Andalucía (con 49 actuaciones), Cataluña (con 48) y Madrid (43) son las Comunidades Autónomas en las que se han abierto más investigaciones durante el año pasado. Sin embargo, en la comunidad catalana es donde se han intervenido un mayor número de objetos (7.277), seguida por la madrileña (7.214) y la andaluza (6.523).

leonoticias

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El déficit se dispara al 2,1% hasta abril por el gasto de la pandemia

La evolución de las cuentas públicas comienzan a reflejar la realidad de la crisis por la que ha atravesado la economía durante la pandemia: el déficit del conjunto de las administraciones (Estado, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social) cerró abril en el 2,1% del PIB.

El dato contrasta con el descuadre del 2,8% que registraron las cuentas públicas al cerrar el año pasado, poco más del acumulado en apenas un cuatrimestre. El Gobierno estima que cerrará el año con un saldo negativo que represente el 10,3% del PIB.

Este repunte se explica porla batería de medidas puestas en marcha desde el decreto del estado de alarma, como los ERTE, la prestación para autónomos, las exoneraciones de cuotas sociales y otras medidas, así como por la parálisis de la actividad, que ha provocado una sangría de ingresos. Sin embargo, Hacienda señala el «buen comportamiento» de las cuentas autonómicas, que registran un leve superávit gracias a los recursos transferidos por el Estado.

En lo que se refiere al déficit exclusivo de la Administración Central, se ha situado en los 32.251 millones de euros hasta mayo, lo que equivale a un 2,88% del PIB. El confinamiento ha provocado un descenso de los recursos del 10,6%. Asimismo, las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los efectos sociales, económicos y laborales de la crisis conllevan un aumento de los gastos del 10,8% hasta mayo.

leonoticias

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El Gobierno se valdrá del nuevo índice del alquiler para tomar medidas sobre los precios

La estadística oficial de precios de alquileres ha visto la luz. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) ha presentado este martes el nuevo sistema estatal de índices de referencia de precios en alquiler. La estadística, a la que cualquier ciudadano podrá tener acceso ya que se aloja en la web del Ministerio, parte con los datos de 11,2 millones de arrendamientos recabados en cuatro ejercicios tributarios (de 2015 a 2018). Próximamente se actualizará con los datos de 2019.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha destacado que se trata de una herramienta “sencilla, detallada, contrastada y fiable” para las Administraciones públicas, los particulares y los profesionales del sector inmobiliario. “Nos hemos procurado un instrumento muy útil a la hora de tomar decisiones en el ámbito de lo público”, ha añadido. Una de esas decisiones, que ninguno de los intervinientes en el acto ha citado expresamente pero figura en los acuerdos de Gobierno, es buscar la manera para que esos datos permitan identificar aquellas áreas donde se han producido grandes subidas de precios en los últimos años y, en última instancia, permitir a las comunidades autónomas (que tienen las competencias en Vivienda transferida) y los Ayuntamientos que establezcan límites de rentas en esas áreas.

Para ello, contarán con información muy detallada, aunque no excesivamente actualizada ya que la base fundamental de la estadística son las declaraciones de renta de los contribuyentes y la renovación se hará anualmente. Cruzando esos datos con otros de catastro, registros de la propiedad, INE, portales inmobiliarios y hasta las estadísticas propias los territorios que las tienen, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, el nuevo sistema ofrecerá información hasta el nivel de sección censal.

De cada una de las secciones censales donde se disponga de información de al menos 10 inmuebles, se podrá consultar el precio por metro cuadrado, lo que se paga de alquiler como media y la superficie media de las casas que se arriendan. La herramienta también ofrece datos de lo que cuestan las casas que están en el 25% más barato del mercado y las que están en el 25% más caro. Eso mismo se podrá consultar en los niveles de distrito censal, municipio, provincia y comunidad autónoma. País Vasco y Navarra quedan fuera de la estadística inicialmente al contar con agencias tributarias propias y no participar del régimen común, aunque el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha señalado que “se están buscando fórmulas” para incorporar información también de esos dos territorios.

Según los primeros datos publicados, Madrid es la provincia más cara de España con una media de 780 euros. Le sigue Barcelona con 694 euros y las Islas Baleares con 624 euros. Los municipios de Pozuelo de Alarcón (1.200 euros) y Majadahonda (1.100 euros), ambos en el área metropolitana de Madrid, son los dos que tienen los pisos más caros. Les sigue Alella, en los alrededores de Barcelona, con 1.000 euros de arrendamiento medio. Todos estos datos se refieren a pisos en bloques colectivos, ya que la estadística da por separado los precios de las casas unifamiliares.

Carencia histórica

Como ha recordado Ábalos, la presentación del índice de precios pone fin a “una carencia histórica”, en el mercado español de arrendamientos. La falta de una estadística oficial ha hecho que durante años la manera de medir la evolución de los alquileres haya pasado por las estadísticas de los portales inmobiliarios. Pero estos publican el precio de oferta, lo que eleva las medias al alza porque en la negociación entre propietarios e inquilinos es relativamente frecuente que se acuerde una renta más baja. Otra diferencia notable con los datos que recoge el Ministerio es que estos últimos sacan la media de todo el parque de arrendamientos y no solo de los últimos contratos firmados.

Con la medida de este martes, España avanza un paso más hacia la puesta en marcha de alguna forma de limitación de los alquileres, aunque la posibilidad parece más lejana ahora que hace unos meses. El ministro Ábalos se comprometió el pasado febrero a presentar antes del verano una legislación que permitiese el control de precios, pero la pandemia obligó a retrasar el calendario. Fuentes del Ministerio insisten que el confinamiento ha alterado el mercado y no tiene sentido tomar medidas con una foto que ilustra la situación pre-covid. No obstante, insisten en que hay “un compromiso de legislatura” para abordar los controles de precios y habrá que hacerlo en cuanto se vea cómo evoluciona la situación.

Para ello, habría que definir previamente lo que son las áreas tensionadas, las únicas en las que se permitiría a las Administraciones establecer controles de precios. El Ministerio ha estudiado diferentes alternativas legislativas para ello pero, de momento, no parece que esa posibilidad vaya a formar parte de la Ley de Vivienda que se espera presentar antes de finales de año.

Lo que es seguro, frente a las apelaciones al “consenso” en el departamento que dirige Ábalos, es que la medida de poner topes a los arrendamientos cuenta con el rechazo casi unánime del sector inmobiliario, que la ve como una forma no deseada de control en el mercado y apela a la colaboración público-privada para aumentar la oferta de alquileres y bajar así los precios. Aunque ya hay iniciativas para desarrollar un mayor parque de alquileres asequibles, el problema de esa solución es que requiere más tiempo, ya que desarrollar viviendas requiere de años. Los controles de precios, que se han experimentado en los últimos años en algunas ciudades europeas y estadounidenses y que cuentan con el beneplácito de los sindicatos de inquilinos, tendrían un efecto más inmediato. La consecuencia indeseada, alertan desde el otro lado las compañías inmobiliarias, es que desincentive poner pisos en alquiler y se contraiga la oferta.

La discusión sobre la efectividad de los controles de precios tampoco ha sido ajena a los dos socios del Ejecutivo de coalición. Incluida en el pacto de presupuestos que firmaron Gobierno y Unidas Podemos a los pocos meses de llegar Pedro Sánchez a La Moncloa (entonces con un gabinete monocolor del PSOE), la medida no fue posteriormente incluida en un decreto sobre vivienda que el Congreso tumbó con el voto en contra de la formación de Pablo Iglesias. Ante la inminencia de las elecciones de abril de 2019, ambas formaciones se pusieron de acuerdo para sacar adelante un mes antes un nuevo decreto sobre alquileres. El consenso que se encontró fue incluir la elaboración del índice de precios, pero sin hacer alusión a los controles.

Según aquel decreto, la estadística debía haber estado lista ya el otoño pasado. Pero durante los meses en que el Gobierno estuvo en funciones, apenas se produjeron avances en la materia. Con la repetición electoral del pasado noviembre, la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos volvió a poner el tema sobre la mesa de acuerdos. Lo hizo en su forma original, como había estado en el primer pacto de presupuestos: índice de precios para definir zonas tensionadas y habilitar mecanismos de control de los alquileres. El Ministerio de Fomento, ya transformado entonces en Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pero con Ábalos igualmente al frente, definió un nuevo calendario. La estadística estaría en marzo y alguna forma de legislación para limitar las rentas en verano. Pero entonces la pandemia volvió a alterar los planes.

Source: elpais.com

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