Colombia: 2.500 militares reforzarán la seguridad en Cauca tras la masacre de indígenas

Tras la masacre que este martes que dejó cinco indígenas muertos y seis heridos de gravedad, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que 2.500 militares estarán operativos en los próximos 40 días en el departamento de Cauca para fortalecer la seguridad en la zona y luchar contra la expansión de narcotráfico.

«En los próximos 40 días debe estar en operación en el departamento la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Fudra 4), que va a traer 2.500 efectivos más de la Fuerza Pública, para cumplir los tres propósitos: control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelar esas organizaciones«, ha declarado el presidente.

Presidencia Colombia@infopresidencia

Para proteger la integridad de todos los habitantes del Departamento del Cauca y fortalecer la seguridad en la región, pondremos en marcha una nueva Fuerza de Despliegue Rápido que contará con 2.500 efectivos.

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5821:35 – 30 окт. 2019 г.Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность37 человек(а) говорят об этом

El mandatario colombiano ha responsabilizado de este crimen a «estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales, que lo que han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar con las armas acallar las expresiones de las comunidades y amedrentar a las comunidades indígenas». En particular, Duque vinculó la columna disidente de las FARC ‘Dagoberto Ramo’ y la estructura ‘Jaime Martínez’ con la violencia contra los líderes sociales.

La Asociación de Cabildos indígenas del departamento informó este martes a través de un comunicado que, mientras la guardia indígena realizaba labores de control territorial en una zona rural del municipio de Tacueyó, hombres armados dispararon «a sangre y fuego, terminando con la vida de Neehwesx Cristina Bautista (gobernadora indígena) y otros cuatro comuneros». El Gobierno colombiano ha atribuido este ataque a disidentes de las FARC

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El gigante japonés de moda Uniqlo se expande por España pero sigue sin pagar a sus trabajadoras asiáticas

Uniqlo, el gigante japonés de la moda, aterrizó el 17 de octubre en Madrid, en la calle Goya, con la apertura de una megatienda, sin saldar sus deudas. La red de la Campaña Ropa Limpia (una red de ONGs, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que trabajan para mejorar las condiciones de las trabajadoras de la industria de la confección, auspiciada por la Comisión Europea), denuncia que el dueño de una de las tres empresas textiles más grandes del mundo (junto con Inditex y H&M), Tadashi Yanai, tiene una deuda pendiente de más de 5 millones de dólares con 2.000 trabajadoras de su fábrica en Indonesia. Por este motivo ha puesto en marcha en España la campaña #PayUpUniqlo, como ya hizo en el resto de países europeos en los que el gigante asiático ha desembarcado en los últimos tres años.

La historia de un abuso empresarial

En 2016 la Campaña Ropa Limpia recibió una solicitud urgente de apoyo del sindicato indonesio FMPSI, después de que la fábrica Jaba Garmindo en Tangerang (Yakarta, Indonesia), se declarara en quiebra en 2015. La fábrica cerró sin previo aviso, solo unos meses después de que Uniqlo retirase sus pedidos.

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Dos mil personas, la mayoría mujeres que en muchos casos llevaban trabajando en la fábrica más de una década, perdieron su trabajo y se quedaron en la calle con muy pocas perspectivas de encontrar otro empleo. Nunca recibieron los 5,5 millones de dólares a los que tienen derecho, según la legislación de Indonesia. Reclaman a Uniqlo que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde por el cierre de la fábrica, el pago de meses de salarios impagados e indemnizaciones. Como han agotado la vía legal en su país, no tienen otro recurso que apelar a la solidaridad internacional y a la campaña de presión.

“Fue entonces cuando creamos una coalición de trabajadoras, sindicatos, grupos laborales y organizaciones feministas para pelear por los derechos de estas trabajadoras: que reciban los salarios impagados y una compensación por los años de dedicación en la fábrica. Así nació la campaña internacional #PayUpUniqlo”, explica Eva Kreisler, coordinadora de la red Campaña Ropa Limpia en España. «La falta de liquidez no puede ser la excusa para este abuso empresarial», asevera.

Fast Retailing, matriz de Uniqlo, ha presentado récord de beneficios en el ejercicio 2019: un total de 1.361 millones de euros y una facturación de 19.169 millones de euros. Su dueño, el Sr. Tadashi Yanai, es la persona más rica de Japón con una fortuna valorada en 27.500 millones de euros. Ostenta la posición 29 en el listado de las personas más ricas del mundo. “Sin embargo, las trabajadoras de Jaba Garmindo no pueden cubrir sus necesidades más básicas”, denuncia.

Antecedentes al cierre de Jaba Garmindo

En abril de 2015, justo antes del cierre de la fábrica, activistas por los derechos laborales contactaron con Uniqlo tras revelarse violaciones de los derechos laborales en la fábrica Jaba Garmindo. Entre ellas: despidos ilegales de trabajadoras embarazadas, riesgos para la salud y la seguridad, acoso sindical, metas de producción cada vez más elevadas, entornos laborales precarios, salarios muy bajos, a las trabajadoras ya no se les permitía usar el baño y las horas extras a menudo no se pagaban y eran obligatorias. El informe que les presentaron era exahustivo y riguroso.

La reacción de Uniqlo fue retirar la producción de esta fábrica a causa de “problemas de calidad”, según argumentó. Las trabajadoras llevaban desde enero de 2015 sin recibir sus salarios a tiempo.

Warni, por ejemplo, trabajó desde 1992 en la fábrica Jaba Garmindo y cuenta: “Estaba claro que Uniqlo tenía mucha influencia en la actividad de la fábrica. Cuando entraron los pedidos de Uniqlo, compraron nueva maquinaria e hicieron inversiones. Nos exigían objetivos altos cada día, lo que significaba trabajar muchas horas extra. A veces cosía 900 mangas en un día. No podíamos parar ni para ir al baño. Cuando mi marido enfermó y tuvo que ir al hospital, no me dejaron cogerme días de vacaciones para cuidarlo y lo perdí”.

Campaña de movilización ciudadana

La red Campaña Ropa Limpia lidera una movilización ciudadana de presión en las redes sociales a través de mensajes de apoyo a las trabajadoras de Jaba Garmindo. “Se trata de que hagamos visible nuestra solidaridad con estas trabajadoras que lo han perdido todo de manera tan injusta”, cuenta Eva Kreisler. Los hashtags para darle visibilidad son #UniqloMadrid #PayUpUniqlo #Uniqlo. “Todo el mundo puede poner un mensaje en sus redes sociales; la presión pública ha dado resultados en otras ocasiones”, relata la responsable en España. “En RopaLimpia jamás organizamos acciones públicas sin haberlo intentado antes a puerta cerrada. En muchas ocasiones no tenemos que llegar a esto pero Uniqlo no nos ha dejado otra opción”, revela.

La Campaña Ropa Limpia (CRL), la Clean Clothes Campaign en inglés, es una red de ONGs, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que trabajan para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de la industria global de la confección. Está presente en 17 países europeos y colabora con más de 200 organizaciones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Algunos de sus proyectos son financiados por la Comisión Europea.

En España, la Campaña Ropa Limpia está coordinada por la Federación SETEM, con el apoyo de la Fundación Isabel Martín. Su objetivo es que las condiciones de trabajo sean equivalentes a las establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y minimizar el impacto de la producción textil sobre el medio ambiente.

Acción contra Uniqlo en Barcelona./ Octubre 2018

Del fracaso de la mediación a la presión

La Red de la campaña Ropa Limpia no ha parado de buscar el diálogo con el gigante japonés en estos cuatro años. En noviembre de 2018, Uniqlo abandonó las negociaciones con la delegación de representantes de las trabajadoras sin hacer ninguna oferta razonable.

Fue entonces cuando empezaron sus acciones de denuncia en todo el mundo para demostrar a Uniqlo que el problema no es local y que la campaña no se va a detener hasta que cumpla con los derechos laborales de las mujeres que confeccionan sus prendas, “las auténticas protagonistas del éxito de su negocio”, subraya Kreisler.

Desde Japón hasta Hong Kong, desde el Reino Unido hasta España, millones de personas han respondido ya apoyando a las trabajadoras para decir a Uniqlo y a otras marcas de moda, “que no pueden lucrarse a costa de la pobreza de las mujeres y hombres que producen sus prendas y que son responsables de garantizar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda su cadena proveedores.”

publico.es/

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Twitter prohibirá la propaganda política pagada, pero no antes de las generales

Twitter ha decidido este miércoles acabar con las campañas políticas pagadas en la plataforma. Así lo ha comunicado el CEO, Jack Dorsey, que ha anunciado que dejará de permitir los anuncios políticos de pago. Dorsey ha justificado esta decisión en los riesgos que pueden llegar a implicar: «Puede influir en el voto, que afecta a millones de vidas». «Hemos tomado la decisión de impedir todos los anuncios políticos en Twitter a nivel mundial. Creemos que el alcance de los mensajes políticos debería ser merecido y no comprado», ha explicado Dorsey, que ha desarrollado esta idea en varios mensajes en esta red social.

El cambio de política, que será aplicada a partir del 22 de noviembre, quedará plasmado en un documento que difundirán el próximo 15 de noviembre. Ésta contará con algunas excepciones tales como aquellos anuncios que busquen que los votantes se registren para votar, un tipo de campaña muy común en EEUU en aras de la participación en los comicios. Por lo tanto, y atendiendo a estas fechas, no tendrá ningún efecto en los comicios generales del 10-N.

jack @jack

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We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…338 mil20:05 – 30 oct. 2019Información y privacidad de Twitter Ads100 mil personas están hablando de esto

El movimiento de la plataforma llega en un contexto en el que la sociedad y el propio poder político han puesto en el foco a entidades como Twitter o Facebook por cómo gestionan la privacidad de los usuarios y por el escaso control en la difusión de contenido político, en ocasiones falso. Estos anuncios y la difusión de este tipo de publicaciones buscan determinar la opinión pública de los votantes en todo el mundo. Estas críticas alcanzaron su máximo exponente en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016, en las que Donald Trump resultó vencedor.

Dorsey ha argumentado que «pagar para el alcance el mensaje acaba con la decisión de los usuarios de seguir a una cuenta, de forma que fuerza un contenido político optimizado llegar a cierta gente». En este sentido, ha afirmado que «los anuncios políticos en internet presentan retos completamente novedosos para el discurso cívico: ‘micro-targeting’, información engañosa y los ‘deep-fakes’. Todo a una velocidad cada vez más creciente, más sofisticación y una escala apabullante», ha incidido.

«Somos conscientes de que tan solo somos una pequeña parte de un ecosistema más grande de publicidad política. Algunos pueden considerar que estas acciones de hoy podrían favorecer a los políticos que se encuentran en su escaño, pero hemos sido testigos de muchos movimientos sociales que han alcanzado escalas masivos sin ningún anuncio político. Confío en que esto solo puede crecer», ha apuntado.

En este sentido, el CEO ha enfatizado en que no se trata de una cuestión de «libertad de expresión, se trata de pagar para amplificar». «Pagar para amplificar los discursos políticos tiene ramificaciones importantes para las que la infraestructura democrática de hoy podría no estar preparada para gestionar. «Es necesario dar un paso atrás para abordarlo», ha incidido.

elconfidencial.com

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Un empleado candidato a las elecciones no puede pedir un permiso para hacer campaña

Un trabajador que se presenta a unas elecciones políticas no tiene derecho a que su empresa le otorgue un permiso retribuido para ausentarse para hacer campaña. Así se ha pronunciado el juzgado de lo Social nº 1 de Zamora en una reciente sentencia en la que deniega el permiso de 17 días que pidió el candidato por el Partido Socialista a las elecciones municipales de la circunscripción de Abezames (Zamora).

El hombre ejercía como conductor con una jornada a tiempo completo de 6,5 horas de lunes a sábado. Solicitó a su empresa que le concediera un permiso retribuido desde el día 10 hasta el 26 de mayo de 2019, tiempo que dura la campaña electoral. Esta se lo denegó alegando que tiene derecho a ser candidato a unas elecciones pero que no es “un deber inexcusable (que no se puede evitar) de carácter público y personal”. Tras esto, su empleador le dio la posibilidad de optar por un permiso no retribuido de hasta cuatro meses de duración, según constaba en el Convenio Colectivo de aplicación. Finalmente, durante este periodo de campaña, el conductor acabó trabajando en horario de mañana de 6:00 a 12:30 horas.

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Según explica Carmen Galán, socia directora del área laboral de Lener, uno de los fundamentos principales de la sentencia es que el permiso recogido en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) está previsto para aquellos deberes inexcusables de carácter público y personal que debiera atender el trabajador. Este comprende el derecho a ir a votar en horario laboral «en el tiempo indispensable» pero no su condición de candidato, pues “no puede suponer una carga para el empresario el legítimo ejercicio del trabajador de intentar ostentar un cargo de representación política”.

El fallo (que puede consultar aquí) expresa que incluso el ejercicio del derecho de sufragio activo se interpreta con carácter restrictivo, citándolo como “un tiempo dedicado a la emisión del voto” en horario de trabajo.

cincodias

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Chile cancela la cumbre Asía-Pacífico donde Trump y Xi iban a firmar el acuerdo comercial

El jefe del Ejecutivo Sebastián Piñera anunció este miércoles que Chile no organizará la cumbre del APEC, en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, iban a firmar el pacto comercial entre las dos naciones.

Una decisión adoptada por las protestas y manifestaciones que se registran en Chile desde hace trece días y que se ha saldado con una veintena de fallecidos, cientos de heridos y detenidos.

La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se iba a celebrar el 16 y 17 de noviembre, y Piñera dijo haber adoptado la «difícil» decisión para centrar los esfuerzos del Gobierno en restablecer el orden público e impulsar la agenda social que ha propuesto para tratar de descomprimir la tensión en las calles.

Piñera manifestó el «total y absoluto» compromiso de Chile con la APEC, un foro de 21 países de la cuenca del Pacífico a los que se destina el 73 % de las exportaciones chilenas.

La cumbre APEC era el escenario elegido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, para firmar la primera fase del pacto comercial entre esas dos potencias.

En la misma comparecencia, el presidente anunció además, que Chile tampoco organizará la conferencia contra el cambio climático COP25 que se iba a realizar del 2 al 13 de diciembre.

expansion

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Lloyds traspapela los testamentos de 9.000 clientes fallecidos

Hay cientos de casos en los que hubo un reparto incorrecto de bienes. Varias entidades británicas fueron criticadas en 2017 por sus sistemas de custodia.

Lloyds, el mayor banco comercial de Reino Unido, ha reconocido que durante una época no devolvió los testamentos de miles de clientes fallecidos a sus familias, lo que en algunos casos ha provocado errores en la distribución de bienes.

La compañía descubrió este año que tenía aproximadamente 9.000 testamentos de clientes fallecidos que se habían archivado, cumpliendo así con un servicio de «custodia segura» que se cerró a nuevos clientes en 2011, según documentos internos a los que ha tenido acceso Financial Times.

El banco ha declarado que el estado no se ha visto afectado en la mayoría de los casos porque se guardó otra copia de estos en alguna parte. No obstante, la entidad calcula que en cientos de casos, ha habido errores en la distribución de los bienes de los clientes.

Lloyds aseguró que «estamos investigando cada caso de forma individual y nos hemos puesto en contacto con los representantes de estas herencias en los casos donde lo estimamos oportuno. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto haya podido causar. Las personas afectadas serán recompensadas debidamente».

Lloyds también ha descubierto que guarda más de 190.000 sobres con otros documentos valiosos que también se han traspapelado; una pequeña proporción de estos contiene testamentos.

Desde julio

El departamento de rectificaciones del grupo empezó a intentar solventar estos problemas el pasado mes de julio. Aunque la entidad confía en que estos errores no tengan un impacto financiero, sin duda ponen de manifiesto los desafíos logísticos y el daño a la imagen de Lloyds y que han llevado a la mayor parte de los grandes bancos a dejar de ofrecer servicios de cajas de seguridad.

Lloyds, Royal Bank of Scotland y Barclays fueron criticados en 2017 por la falta de organización de sus sistemas de custodia, que hizo que algunos de sus clientes fueran incapaces de localizar sus objetos. Desde entonces, Lloyds ha centralizado todos los objetos guardados en su antiguas cajas de seguridad, digitalizando sus documentos. La entidad anunció que este sistema ayudaría a evitar que se repitan estos problemas con los testamentos que aún custodia, ya que resulta mucho más fácil localizarlos cuando se notifica un fallecimiento.

Metro Bank es la única entidad comercial que ofrece servicios de cajas de seguridad en todas sus sucursales. Lloyds reintrodujo en 2017 cajas de seguridad en algunas de sus oficinas. El banco cobra entre 200 y 475 libras al año, en función del tamaño de la caja, pero ya no permite a los clientes guardar sus testamentos.

.expansion.com

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Este viernes bajan de precio 1.290 fármacos, como el ibuprofeno o el salbutamol

Este viernes 1 de noviembre bajan de precio 1.290 medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia como consecuencia de la entrada en vigor de la Orden de Precios de Referencia de 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de septiembre.

Esta bajada de precios reducirán la factura pública de medicamentos en más de 39 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que han sido recordados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

En concreto, por su peso en la reducción de la factura de farmacia comunitaria, destacan fármacos que han sufrido bajadas de hasta un 80% como, por ejemplo, los antiinflamatorios, antiglaucomatosos, analgésicos opioides o antipsicóticos. Así, los diez principios activos con mayor impacto en la bajada representan el 89%de la reducción de la factura.

La farmacia asistencial enfrenta a enfermeros con farmacéuticos.La farmacia asistencial enfrenta a enfermeros con farmacéuticos.

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Además, entre las presentaciones que bajan de precio se encuentran principios activos como el ibuprofeno, fármacos para el asma como el salbutamol, formoterol o la budesonida, antidepresivos como la duloxetina, anticonceptivos orales como el levonorgestrel/etinilestradiol o medicamentos antipsicóticos como la risperidona.

«Esta bajada de precios se suma a la que se aplicó en enero, y a los ajustes que se producen mensualmente, un desgaste progresivo que está impactando sobre las más de 22.000 farmacias, especialmente las más pequeñas y rurales», ha dicho el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

Ante este hecho, prosigue, las farmacias llevan «más de dos décadas contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario», por lo que ahora les toca trabajar en un marco de «estabilidad y certidumbre» que les permita avanzar en los trabajos que están llevando a cabo para ofrecer un servicio sanitario «más asistencial».

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«Esta necesaria estabilidad para la Farmacia debe facilitar también el acceso equitativo de los ciudadanos a todos los medicamentos desde las farmacias comunitarias, siempre que sus condiciones de uso lo permitan, evitando así poner obstáculos a la continuidad de los tratamientos», ha apostillado Aguilar.

Desde que se publicó el pasado 19 de septiembre esta orden que ha afectado a más de 16.000 presentaciones de medicamentos, y hasta el próximo 1 de noviembre las farmacias han estado dispensando las existencias disponibles al precio anterior. A partir del viernes, con la entrada en vigor de los nuevos precios, las farmacias dispensarán a precio rebajado, asumiendo la diferencia de las existencias que aun tengan en stock.

.elindependiente.com

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La Junta Electoral expedienta a Pedro Sánchez por el uso electoral de la Moncloa

a Junta Electoral Central ha acordado abrir sendos expedientes sancionadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministra Portavoz Isabel Celaá, por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral. El Gobierno, que presentará alegaciones al expediente de Sánchez, ha señalado que cuidará más los detalles en las siguientes entrevistas.

A Sánchez se le achaca haber utilizado medios públicos como las dependencias del Palacio de la Moncloa y la página web de Presidencia para una entrevista que el líder socialista concedió a la cadena de televisión laSexta.

En cuanto a Celaá se le abre expediente por hacer electoralismo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En ambos casos, que tiene su origen en una denuncia del PP, se recuerda que todo el Gobierno ya estaba apercibido por haber vulnerado el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa institucionales tras el Consejo de Ministros.

Según la Junta Electoral, la entrevista de Sánchez en ‘Al Rojo Vivo’ contiene varias manifestaciones con connotación electoralista. El organismo se refiere, en concreto, a tres declaraciones donde Sánchez llama a la movilización en las elecciones del 10 de noviembre para que España tenga un Gobierno y una «mayoría parlamentaria sólida».

Estas palabras del líder socialista, que no vulneran el artículo 53 de la LOREG, si que vulneraron el artículo 50.2 al haberse pronunciado utilizando medios institucionales y difundidas en la página oficial que Presidencia del Gobierno tiene en Internet. Por ello, la JEC acuerda que debe retirarse tanto la transcripción y la difusión de la entrevista de esta web hasta que finalice el proceso electoral.

La Junta Electoral acuerda por tanto expedientar a Sánchez teniendo en cuenta también que ya se había apercibido a los miembros del Gobierno con anterioridad para que no vulnerasen el principio de neutralidad.

Respecto al expediente a Celaà, el organismo considera que la ministra portavoz quebrantó también el artículo 50.2 al hablar durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de logros alcanzados por el Ejecutivo en materia de empleo «con clara connotación electoralista». En una de esas manifestaciones, Celaà señaló que seguirían trabajando para lograr el Gobierno que España «se merece» y que «aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita».

El Gobierno presentará alegaciones

Tras conocer las decisiones de la JEC, el Gobierno ha defendido que el organismo tan solo cuestiona la escenografía de Sánchez en la entrevista del Palacio de la Moncloa, por lo que cuidarán «aún más» los detalles en el futuro para «evitar interpretaciones no deseadas».

El Ejecutivo, sin embargo, presentará alegaciones en el curso del expediente y está convencido de que la JEC acabará concluyendo que la actuación durante la entrevista de Sánchez fue correcta.

elindependiente.com

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La constructora FCC, imputada por presunto pago de comisiones ilegales en Panamá

La Audiencia Nacional ha imputado a la constructora FCC por el presunto pago de comisiones ilegales en las adjudicaciones de las obras de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá entre 2009 y 2015. El juez Ismael Moreno atribuye a la empresa española delitos de corrupción y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros en comisiones para obtener las obras, según consta en el auto conocido este miércoles.

El juez considera que la compañía generó «sobrecostes» en los contratos del suministro de acero para ambos proyectos, unos fondos que fueron destinados a «los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias». El objetivo era abonar esas «ganancias ilícitas en pagos encubiertos» como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos, explica el auto.

El magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A y les avisa de que disponen de 5 días para designar un representante, así como abogado y procurador.

Sociedades pantalla

La investigación se inició en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. «Esta empresa se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones», explica el auto.

Anticorrupción explicó al juez que las tres mercantiles establecieron un consorcio con la multinacional Odebrecht para participar en el concurso de obras en Panamá, del que resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas de metro. Los indicios revelaron que los participantes en las dos contrataciones (altos directivos de FCC y personal de Odebrecht) diseñaron un esquema de corrupción repetido que consistió en «sobredimensionar» el suministro de acero necesario para construir el metro y facturarlo al doble de su precio real.

La Audiencia Nacional explica que las personas que administraban las sociedades pantalla para el desvío de dinero ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Estas sociedades pantalla son Global Quality Steel y Scees Steel, y sus administradores, Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Arsic.

Fue el pasado mes de enero cuando una Comisión Rogatoria de Suiza aportó información sobre la investigación. Advirtió de los perfiles de riesgo de las operaciones que realizaban los grupos empresariales de los investigados que gestionaban cuentas y sociedades con indicios de autocontratación entre ellos y un perfil instrumental, sin trabajadores. Aseguraba que movían un «millonario volumen de facturación», cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

La compañía no activó los protocolos

Ante ello, FCC presentó en mayo y junio dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre dichos acuerdos comerciales. La constructora aportó 38 facturas y transferencias realizadas al entramado investigado por un importe superior a los 82,7 millones de euros entre 2010 y 2014 por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

El juez explica que la denuncia de FCC pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a trece obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pueda corresponder, el juez argumenta que la misma «debe trascender a la compañía» porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos.

elcomercio.es/

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Los expertos reclaman invertir 18.300 millones anuales para mantener las infraestructuras

La inversión en obra pública en España debería más que duplicarse y alcanzar los 18.300 millones de euros anuales durante la próxima década para subsanar las deficiencias en mantenimiento, conservación y rehabilitación de las infraestructuras, según un informe elaborado por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCP). La inversión actual, con datos de 2017, se sitúa en 8.788 millones de euros.

De los más de 18.000 millones de inversión necesaria según la AICCP, la mayor parte, 6.500 millones anuales, debería destinarse al mantenimiento e innovación de las carreteras, ya que se ha pasado de invertir el 0,83% del PIB en 2006 al 0,34% en 2016. Inversión para mantenimiento, pero también para adaptar estas infraestructuras a las nuevas tecnologías, que en un futuro permitan el coche autónomo.

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La segunda partida más importante correspondería al ciclo del agua. En el suministro de agua a ciudades e industrias, se estima que entre el 50% y el 70% del agua que se extrae se desperdicia por evaporación, fugas y otros motivos. Según los expertos, estas pérdidas se podrían reducir hasta alrededor del 15%. Además, el informe subraya que hay que invertir especialmente en sistemas de depuración de aguas residuales: la red de saneamiento no alcanza el 70% de cobertura. Para los próximos diez años, estima que la inversión anual tendría que llegar a los 4.000 millones de euros frente a los 1.500 millones de 2017.

España es el país con menor cuota de transporte de mercancías por ferrocarril, un 4% frente a la media europea del 17%, cuando el mandato de la Unión Europea en el Horizonte 2030 es que el 50% de los trayectos de más de 300 kilómetros sean por ferrocarril. Además de desarrollar este segmento -donde el Corredor Mediterráneo juega un papel principal-, la asociación de ingenieros considera necesario «frenar el excesivo desarrollo» de la red de alta velocidad y resalta que las principales carencias están en la red de Cercanías. Defiende qu ela inversión ferroviaria se realice con criterios de rentabilidad socioeconómica y que se avance en la liberalización. Según el informe se necesitará una inversión anual de 3.500 millones anuales cuando ahora se destinan 2.234 millones.

En aeropuertos se registró una inversión en 2017 de 445 millones de euros y los ingenieros situan en 2.000 millones anuales la necesaria en la próxima década. Mientras que en puertos se invirtieron 919 millones y el informe reclama 1.300 millones anuales.

¿De dónde sacar el dinero? La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCP) aboga por la colaboración público-privada y por el pago por uso. Por último, reclaman un Pacto de Estado que estabilice las inversiones en las obras públicas.

.lasprovincias.es/

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