COAG reclama investigar los precios de la leche de varias marcas vendidas en Alcampo, Carrefour y BM

La organización agraria COAG ha criticado hoy los precios «anormalmente bajos» de varias referencias de leche a la venta en las cadenas de distribución AlcampoCarrefour y BM Supermercados, y ha instado al Gobierno a que lo investigue. COAG ha precisado que ya ha denunciado estos precios ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.ADVERTISING

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Desde la organización agraria han censurado esta política comercial por considerar que contribuye a «banalizar» la leche al ser utilizado por las cadenas de distribución como «un producto reclamo para atraer clientes a sus tiendas en base a promociones con precios por debajo de su coste». Concretamente, COAG ha comprobado que las tres compañías venden el litro de leche a unos 55 céntimos el litro, «tanto en marcas propias como de fabricante», informa EFE.

Además, sus responsables han revelado que alguno de estos productos usa el logotipo «Producto Lácteo Sostenible» (PLS), un sello creado en 2013 por el propio Ministerio que se coloca en el cartón. Desde COAG han reclamado a la AICA -entidad dedicada a vigilar el equilibrio en la cadena alimentaria entre los diferentes eslabones- «actuaciones urgentes en colaboración con los organismos competentes de las comunidades autónomas para evitar que esta práctica se generalice» en todos los supermercados de cara al regreso de vacaciones.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha recordado que precios tan bajos provocan «la destrucción de valor en la cadena», lo que perjudica a un sector, el lácteo, que según datos oficiales ha perdido en España un millar de explotaciones en el último año. Según sus cálculos, los ganaderos españoles perciben actualmente 31 céntimos por litro de media, cuando sus costes de producción se sitúan por encima de los 35 céntimos.

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Un juez de Vigo permite a un padre la vacunación de sus hijos frente a la negativa de la madre

La sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo, autoriza a un padre a decidir la vacunación de sus dos hijos menores frente a la postura contraria de la madre.El magistrado basa su sentencia en que la negativa de la madre carece de avales científicos, mientras que el calendario de vacunación «obedece a estudios e informes científicos que buscan una mejor protección de la población y no a meras arbitrariedades o errores». El fallo también antepone la protección de los menores, de 7 y 11 años, porque «no puede quedar al arbitrio de uno de los progenitoresdecidir sobre la vacunación».ADVERTISING

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En un principio, los dos padres habían tomado la decisión conjunta de no vacunar a sus hijos. Sin embargo, el padre cambió de opinión posteriormente (el matrimonio se separó en el 2013) al concienciarse de que la no vacunación de la población infantil puede originar un problema de salud pública. En este aspecto, la sentencia hace hincapié en que si un niño está fuera del calendario de vacunaciones puede verse perjudicado en el acceso a centros de educación, como las guarderías públicas.

eELISA ÁLVAREZ

«No solo no se ha acreditado desde el punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio para la salud, sino que, por el contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que los beneficios de la vacuna son innegables tanto a nivel individual com poblacional», expresa el juez.

La paradoja del sarampión: en el Congo mata más que el ébola y en el Reino Unido se desploma la vacunación

El caso ya había obtenido un fallo similar en primera instancia, pero la madre de los dos niños recurrió. Ahora ya no cabe ningún nuevo recurso.

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¿Qúe es el clorpirifós? El pesticida que quiere prohibir la Unión Europea

Prohibir el clorpirifós. Esa es la propuesta de la Comisión Europea a los países de la UE, que no renueven la autorización para usar ese pesticida a partir de enero del 2020 debido a sus posibles efectos nocivos sobre la salud, según informa la agencia Efe. La decisión llega después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirmase a principios de agosto que existe preocupación sobre el riesgo que entrañan estas sustancias, en concreto por sus posibles efectos genotóxicos y neurológicos en el desarrollo de los niños.ADVERTISING

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«La autorización actual expirará en todo caso en enero del 2020. Así que, entre tanto, estamos preparando un borrador que presentaremos a los Estados miembros para no renovar estas dos sustancias», informó una portavoz comunitaria durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El clorpirifós, un plaguicida muy utilizado en agricultura, fue autorizado por primera vez en la Unión Europea en el 2006, aunque ocho Estados -Alemania, Irlanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Eslovenia, Letonia y Lituania- lo tienen prohibido.

Las autorizaciones comunitarias a los pesticidas se van renovando periódicamente a la luz de los hallazgos científicos, una decisión que depende en última instancia de los Estados miembros. La del clorpirifós expira en concreto el 31 de enero del próximo año. Desde su llegada al mercado en 1965, este ha sido uno de los pesticidas más utilizados en agricultura para proteger las cosechas de los insectos y, en menor medida, en las viviendas para luchar contra plagas.

En la UE, el clorpirifós está entre los 15 pesticidas más presentes en los alimentos y sus residuos se han detectado sobre todo en los cítricos, según un análisis publicado por la organización Pesticide Action Network en junio, que los encontró en uno de cada cuatro pomelos y limones, así como en un tercio de las naranjas y mandarinas analizadas.

En España se detectó en una de cada cinco frutas, entre ellas, en el 40 % de las naranjas y el 35 % de las mandarinas analizadas, de acuerdo con los estudios citados por la organización, que aboga por minimizar el uso de pesticidas en agricultura. En Estados Unidos se prohibió su uso dentro de viviendas en el año 2000 por ser demasiado tóxico para los niños, pero se mantuvo su uso agrícola.

La Agencia para la Protección Ambiental (EPA) estadounidense había iniciado en el 2015 el proceso para prohibirlo definitivamente, pero en el 2017 puso freno con la llegada de la administración de Donald Trump, que rechazaba limitar su empleo. Sin embargo, el pasado día 9 de agosto, una Corte de Apelaciones ordenó al Gobierno prohibirlo en un plazo de 60 días.

lavozdeasturias.es/

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Denuncian a José Andrés por no pagar el salario mínimo en Little Spain

El reconocido chef asturiano José Andrés ha sido denunciado en una corte de Nueva York, junto a la empresa con la que opera en Manhattan con los hermanos Adriá, por supuestamente no pagar el salario estipulado por ley en el popular espacio culinario Mercado Little Spain, en Manhattan. La reclamación, a la que ha tenido acceso Efe, fue presentada por una de las trabajadoras del establecimiento, Tina Braunstein, que aduce que la compañía de José Andrés y los Adriá no le ha pagado las horas extra como marca la ley del estado de Nueva York.

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El cocinero asturiano José Andrés

N.G.R.

Como ejemplo, el documento señala que a la denunciante se le pagó 15,55 dólares la hora por más de dos horas extra que trabajó un día concreto en abril, mientras que la legislación estipula que cada hora extra se debe pagar a 17,50 dólares. «José Andrés es conocido en el mundo por sus esfuerzos humanitarios. De hecho, en 2018, fue nominado a un Nobel de la Paz», recuerda el texto de la denuncia.

«Desafortunadamente, Andrés ha invertido mayor esfuerzo en alimentar a gente alrededor del mundo que a sus propios empleados en Mercado Little Spain (…), que sistemáticamente paga salarios por debajo del mínimo establecido», argumenta el documento, presentado ante los tribunales. Braunstein pide en la denuncia el pago de las horas extra que no ha recibido, un monto que no se especifica, además del coste de la representación legal y otros daños.

El abogado de la denunciante, Maimon Kirschenbaum, conocido por defender el derecho de trabajadores en el sector de la hostelería, afirmó que «los esfuerzos humanitarios deberían comenzar en casa. Nadie en Nueva York ni en ningún sitio debería trabajar por salarios por debajo del mínimo establecido». Por su parte, un portavoz de Mercado Little Spain aseguró a Efe que la empresa se toma «muy en serio» este tipo de acusaciones, ya que «trabaja duro para proveer a sus empleados un ambiente de apoyo y seguro».

Mercado Little Spain

El restaurante de un asturiano será sede de la Liga en Nueva York

«Creemos firmemente que pagamos debidamente a todos nuestros empleados y defenderemos vigorosamente cualquier afirmación contraria. Estamos muy orgullosos de nuestros empleados y de todo nuestro equipo en Nueva York», agregó.Mercado Little Spain, situado en el colosal proyecto urbanístico Hudson Yards, abrió sus puertas el pasado mes de marzo y se ha convertido en uno de los lugares más populares donde disfrutar de la gastronomíaespañola en la Gran Manzana. De más de 3.000 metros cuadrados, el proyecto, encabezado por Andrés con el apoyo de Albert y Ferrán Adriá, cuenta con 15 puestos, dos bares, tres restaurantes y dos tiendas que tienen la capacidad de atender a unas 5.000 personas al día.

lavozdeasturias.es

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Grecia pone fin al ‘corralito’ decretado en 2015

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado el lunes el levantamiento total desde el próximo 1 de septiembre de los controles de capital impuestos en el país heleno en junio de 2015 para proteger la viabilidad de los bancos griegos en medio de la profunda crisis que llevó al tercer rescate del país. En un discurso en el Parlamento, el líder de Nueva Democracia, que logró la victoria en las elecciones anticipadas del pasado mes de julio, ha anunciado que los controles de capital en Grecia «son a partir de hoy cosa del pasado».

Su antecesor en el cargo, el líder de izquierdas, Alexis Tsipras, puso en marcha a finales de junio de 2015 medidas para el control de capitales en todo el país, incluido el cierre provisional de los bancos griegos, ante el fracaso de las negociaciones de su Gobierno con la Troika. Las restricciones han sido levantadas gradualmente a lo largo de estos cuatro años. El límite a la retirada de dinero en metálico fue abolido en octubre de 2018, aunque aún seguían aplicándose controles a las transacciones de dinero al extranjero.

De hecho, hasta ahora las empresas griegas todavía requieren de autorización del Banco de Grecia para realizar transferencias al extranjero de más de 100.000 euros al día, mientras que en el caso de particulares las transferencias estaban limitadas a 4.000 euros cada dos meses. A este respecto, el ministro de Finanzas de Grecia, Jhristos Staikouras, ha confirmado que «la eliminación total de las restricciones entrará en vigor a partir del 1 de septiembre», en cooperación con el Banco de Grecia y con el consentimiento de la Unión Helénica de Bancos y la Unión de Bancos Cooperativos de Grecia, así como con los organismos europeos de supervisión competentes.

«Esta enmienda del Ministerio de Finanzas deroga las disposiciones de la Ley de 2015 que impone restricciones a las retiradas de efectivo y la transferencia de fondos», ha anunciado Staikouras, para quien dicho acto tuvo lugar en el contexto «caótico» de ese período como consecuencia de la «política frívola» del Gobierno y la negociación «irresponsable» de la primera mitad de 2015.

«Hoy se levanta un factor desestabilizador, un factor de inseguridad del sistema bancario griego», ha apostillado el ministro griego, subrayando que la restauración de la libre circulación de capitales es un paso decisivo en la normalización de la economía de Grecia y contribuirá a generar confianza, atraer inversiones, promover el crecimiento, impulsar los empleos y mejorar aún más la calificación crediticia del país.

libremercado.com

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Sánchez obtiene la llave para cerrar el grifo a Cataluña y Madrid

La Abogacía del Estado lo tiene claro: un gobierno en funciones no puede dar anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas. En un informe remitido al Ministerio de Hacienda, el Abogado del Estado rechaza que el Gobierno en funciones pueda actualizar el importe de las entregas a cuenta de las comunidades, por lo que considera «ilegal» desbloquear unos fondos que ascienden a 5.000 millones de euros, a los que hay que añadir 2.500 del cambio en la contabilidad del IVA.

Según la información que adelanta este miércoles El País, la Abogacía «limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política» para no “condicionar la actuación del nuevo Gobierno”.

Este informe se publicó este martes, en plena polémica, tras una consulta urgente enviada el pasado 22 de agosto por el ministerio  En él se corroboran los argumentos de Hacienda en base a las sentencias del Tribunal Supremo. “El Gobierno en funciones ha de ejercer sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”, decía el Alto Tribunal en diciembre de 2005. 

Así, la Abogacía del Estado hace suyo ese argumentario y asegura que entre las “orientaciones políticas” que tiene vetadas un Ejecutivo en funciones está la aprobación de los Presupuestos, pero también “la revisión de las entregas a cuenta a las comunidades” por “su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa”. 

Pese a disponer ya por escrito del informe de la Abogacía en el que el Gobierno apuntala su postura, la ministra de Hacienda, María Dolores Montero, abrió este martes la puerta a buscar fórmulas para apaciguar a las comunidades, ante el alud de protestas de gobiernos autonómicos. «Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de la comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener presupuestos y de un ejecutivo en funciones», concedio la ministra durante una entrevista en Onda Cero.

Reclamaciones de Cataluña, Madrid y Galicia 

La Generalitat aprobó este martes presentar un contencioso contra el Gobierno por el bloqueo de los anticipos a cuenta del sistema de financiación. Varios Gobiernos autónomos, sobre todo los liderados por el PP, ha decidido seguir este camino

La Generalitat ya amenazó hace una semana con llevar al ejecutivo de Pedro Sánchez a los tribunales para reclamarle los más de 1.300 millones que el gobierno catalán entiende que le debe en concepto de incremento de recaudación fiscal este 2019 y de devolución del IVA de 2017. 

El anuncio lo realizó el vicepresident y conseller de Economia, Pere Aragonès, cuando comparecía en el Parlament para dar cuenta del cierre de caja y el recorte del 6% de gasto público que ordenó a principios de mes, y que, como ya había avanzado que haría, responsabilizó a Sánchez de la situación. Aragonès, además, propuso al resto de comunidades autonómas que se sumen al recurso por lo que entiende que es un incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de financiación autonómica.

La Comunidad de Madrid también ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez los 1.237 millones de euros pendientes de la financiación autonómica, a los que se suma también una factura de 700 millones de Galicia, tan solo un día después de que el govern de Quim Torra anunciara llevar a los tribunales al Gobierno central. 

El PP arremetió contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y denunció que los fondos procedentes de la financiación autonómica no pueden ser “discrecionales”. El partido de Pablo Casado conminó a Hacienda a publicar el informe de la Abogacía del Estado y advirtió de una situación “alarmante” en las autonomías, que aboca a varios Gobiernos regionales a “una situación insostenible”.

economiadigital.es/

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El salario medio en España recorta su poder adquisitivo en 133 euros anuales desde 2017

El poder de compra del salario medio en España se ha reducido un 0,7% en los dos últimos dos años (desde el segundo trimestre de 2017 al mismo periodo de 2019), lo que equivale a decir que el asalariado medio tiene, al cabo de un año, 133 euros menos en su bolsillo de los que tenía hace dos años, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo elaborado por el grupo de recursos humanos e investigadores de Barceló y Asociados.

El salario medio nacional pierde poder adquisitivo desde el primer trimestre de 2017, por lo que ya acumula diez trimestres consecutivos sin ganar poder de compra. Esta variable se obtiene al descontar la inflación de la evolución del salario medio, según el informe.

Pese a haber reducido su poder adquisitivo en los últimos dos años, esta pérdida del 0,7% del poder de compra del salario medio es la más baja en dos años.

De acuerdo con el informe de Adecco, los salarios de siete comunidades autónomas han mejorado su poder adquisitivo respecto a hace dos años, especialmente Baleares, con más de 400 euros de mejora, y Galicia, con 251 euros anuales más que a mediados de 2017. Le siguen Navarra (199 euros), Canarias (163 euros), Cataluña (118 euros), Extremadura (22 euros) y Asturias (9 euros).

En las diez regiones restante el poder de compra de los salarios se ha reducido en los últimos dos años, principalmente en Castilla-La Mancha, con un descenso de 663 anuales desde el segundo trimestre de 2017, seguido de Murcia (-573 euros anuales), Andalucía (-419 euros anuales), La Rioja (-403 euros), Madrid (-352 euros), País Vasco (-251 euros), Comunidad Valenciana (-103 euros), Cantabria (87 euros), Aragón (37 euros) y Castilla y León (-22 euros).

Baleares, la mejor comunidad para trabajar

Dejando a un lado el impacto de la inflación sobre los salarios, Adecco destaca que el salario medio ordinario bruto se situó en el segundo trimestre en 1.674 euros mensuales, un 1,7% más en relación al mismo periodo de 2018 y su octavo aumento trimestral consecutivo.

País Vasco y Madrid siguen presentando los salarios nominales ordinarios más elevados en promedio, con 1.973 y 1.964 euros al mes, respectivamente, frente a Extremadura y Murcia, que tienen los sueldos más bajos, con 1.358 y 1.433 euros, respectivamente.

Según Adecco, las comunidades de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra alcanzaron sus máximos niveles salariales medios en el segundo trimestre de este año.

El estudio revela además que Baleares, Cataluña y Navarra son las comunidades que reúnen las mejores condiciones para trabajar, mientras que las que peor valoración reciben son Castilla-La Mancha, Canarias y Murcia. Para realizar esta clasificación se toman en consideración cinco áreas fundamentales del entorno laboral: remuneración, seguridad laboral, oportunidades de empleo, conciliación entre vida personal y familiar y conflictividad laboral.

Uno de cada cuatro parados de larga duración en la Unión Europea está en España

El informe de Adecco también pone de manifiesto que uno de cada tres parados españoles llevan en situación de desempleo desde hace al menos dos años, la proporción más baja desde marzo de 2013 y casi cuatro puntos menos que el segundo trimestre de 2018.

Pese a este descenso, España es el país con mayor número de parados de larga duración, con 1,1 millones, superando por poco a Italia, cuya población es un 30% superior. De este modo, uno de cada cuatro parados de larga duración de la UE reside en España.

La proporción española de parados de larga duración sobre el total de desempleados (32,4%) sólo es superada por Grecia (50,4%), Italia (38,4%) y Bulgaria (36,8%) y se encuentra seis puntos por encima del promedio europeo (26,4%).

Menos jornada parcial

El empleo a tiempo parcial continua con la tendencia descendente que inició a comienzos de 2015, junto con el inicio de la recuperación económica. Durante el último año, 9 de cada 10 puestos de trabajo creados han sido a tiempo completo, por lo que ha bajado la proporción de ocupados a tiempo parcial (14,6%; 1 décima menos que hace un año). Es la proporción más baja desde diciembre de 2012.

Pese al ligero retroceso de la proporción de personas que trabajan a tiempo parcial, esta ha crecido en 11 autonomías y ha caído en las restantes 6: la Comunidad Valenciana, Aragón, el País Vasco, Andalucía, Cantabria y la Comunidad de Madrid.

Navarra, que hace un año se colocaba en la cuarta posición, se alza hasta el primer lugar, con un 16,6% (+0,7 p.p. interanual), desplazando al País Vasco a la segunda plaza (-0,6 p.p.). Extremadura asciende dos escalones, lo que le permite situarse en el tercer puesto, con un 16,2% (+0,4 p.p.).

Baleares permanece en la última posición con un 12,3% (+0,2 p.p.) seguida por la Comunidad de Madrid (13,1%; +0,04 p.p.) y Canarias (13,4%; +0,1 p.p.).

El 11,5% de los ocupados estudia mientras trabaja

La proporción de ocupados que cursan estudios se ha venido incrementando en cada uno de los últimos nueve trimestres. Es la mayor cadena de trimestres con incrementos al menos en 15 años. En el segundo trimestre, esta proporción sube hasta el 11,5%, el mayor registro en cinco años y 4 décimas por encima de un año antes. Son prácticamente 2,5 millones de personas las que trabajan y estudian al mismo tiempo.

Nueve comunidades ven incrementar esta variable, al tiempo que siete muestran descensos y la restante, Castilla-La Mancha, permanece igual que hace un año.

Navarra y el País Vasco ocupan las dos primeras posiciones y son también las dos que muestran los mayores incrementos. En el caso navarro, es un 17,1% de los ocupados los que también cursan estudios (+2,5 puntos porcentuales). Es el dato más alto conseguido por cualquier autonomía en por lo menos quince años. En el País Vasco, los ocupados que estudian son el 16,4% del total (+2,2 p.p.).

En la situación opuesta se encuentran tres autonomías en las que los ocupados que cursan estudios son menos del 10% del total. Se trata de Extremadura (8,5%, tras un descenso interanual de 7 décimas), Asturias (9,3%, -1,1 p.p.) y Andalucía (9,8%; -0,3 p.p.).

eleconomista.es

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El PP calcula que recuperará el 25% de los votos que se fugaron a Vox si se repiten las elecciones

El PP aspira a recuperar una importante cuota del voto que «se dio a la fuga rumbo a Vox», según la terminología popular, en las generales del 28-A. En Génova se habla de la posible reconquista de entre un 25 y un 30 por ciento de los sufragios que se fueron con Abascal. Algunos sondeos publicados este verano apuntan en esta dirección.  

MÁS INFO

Casado no quiere elecciones este otoño. Las considera prematuras para sus planes de reestructurar el partido. Pero quiere que Sánchez siga en el Gobierno. Se avecinan tiempos duros y es mejor seguir en la oposición. El adelanto electoral no es tan buen noticia para los populares como algunos señalan. Sólo tiene un aspecto positivo: sería peor para otras fuerzas del centroderecha. En especial para Vox, que ya experimentó un retroceso notable en la consulta autonómica y municipal del 26-M.

El PP, con todo, sigue apostando porque Podemos, al final, se entregará a las exigencias de Sánchez y le servirá en bandeja el voto en la investidura. La línea Frankenstein sigue viva, como se ha comprobado estos días en Navarra. O en las variantes de Logroño, Baleares, Comunidad Valenciana, Barcelona… «Los socios de siempre», dice Teodoro García Egea, secretario general del PP. Nacionalistas más Podemos en sus diversas variantes. 

Un cálculo disparatado

En el equipo de Casado se recuerda que el partido de Abascal perdió el 50 por ciento de sus votos y sufrió un retroceso de cuatro puntos. «Nada tienen que ver unas elecciones con otras, ni son comparables ni parangonables», comenta un asesor de los populares. Pero hay indicios de ese desgaste en Vox y de un repunte, aún tímido, en el PP. 

Los estrategas populares, que ya tienen sobre la mesa el posible adelanto electoral, cifran en 700.000 el número de votos que podrían repescar de las filas de Vox. «Es posible recuperar una cuarta parte de nuestro votante que se fue con Abascal», señalan estas fuentes. En Vox consideran disparatado ese cálculo. En cualquier caso, ‘reconquistar’ estos votos no se traduce en que el PP salte por encima de los cien escaños. De ahí que en Génova nadie anhele ahora una convocatoria electoral.

Casado de momento está empeñado en impulsar la idea de España Suma, única formula, a su parecer, para que el bloque del centroderecha avance en las urnas. Esta iniciativa pasaría por presentar candidaturas conjuntas con Ciudadanos en aquellas provincias con menor número de escaños en juego, donde la división de la derecha beneficia al PSOE, como se vio en las últimas generales. 

Marketing político

Ana Beltrán, número tres de Génova, abría también las puertas de España Suma al partido de Abascal. Rivera no está por la labor. Casado entonces insistiría en que Abascal no se presente en aquellas circunscripciones donde no logró convertir sus votos en escaños. España Suma de momento es una entelequia lanzada desde el PP en previsión del adelanto electoral. Casado no ha sondeado a Rivera ni ha hablado con Abascal. En Vox dicen que se trata de puro ‘marketing político’ y que con ellos no cuenten. «Estas cosas se hacen de una forma más sutil, no pregonándolo por los medios», dicen. 

En Génova creen que Rivera, finalmente, aceptará, como ya ocurrió en Navarra, donde esta fórmula funcionó a la perfección. En Cs no se piensa igual. Creen que convertir Navarra Suma en una España Suma transformaría a su partido en una fuerza inexistente, en la ‘bisagra naranja’. El equipo de Rivera pretende aún disputarle a Casado el liderazgo del centroderecha, pese a la rotundidad con la que se expresaron las urnas en las autonómicas. España Suma, en cualquier caso, no es bien recibida ni en Vox ni en el partido naranja. «Se le ve el plumero, es una añagaza para meternos presión, es demasiado obvio», dice una fuente de Ciudadanos. 

vozpopuli.com

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El médico que engañó y embarazó a 56 mujeres con su propio semen

Las técnicas de reproducción asistida han avanzado mucho desde el nacimiento de Louise Brown, la primera niña concebida en el mundo por fecundación in vitro, el 25 de julio de 1978 en Inglaterra. Desde entonces miles de mujeres en todo el mundo han sido madres gracias a los avances de la medicina, bien porque problemas de salud suyos o de su pareja les impedían concebir o bien porque sus circunstancias personales no eran las propicias para tener un hijo de un modo natural.

Ahora, después de 40 años de uso de estas técnicas, empiezan a florecer casos de irregularidades que han marcado para siempre a esas mujeres que confiaron en la medicina para cumplir su sueño de ser madres. The New York Times en una extensa investigación ha conseguido hablar con las víctimas de varios médicos privados que hace varias décadas decidieron no utilizar el semen de donantes o de parejas y apostaron por usar el suyo propio. Los casos de clínicas involucradas salpican a varios estados de EEUU (Connecticut, Vermont, Idaho, Utah y Nevada), a países europeos (Inglaterra, Alemania y Holanda), a Canadá y a Sudáfrica.

El caso del doctor alemán Jan Karbaat es uno de los más sangrantes. Las autoridades han comprobado a través de pruebas de ADN, que el médico, ya fallecido, era el padre de al menos 56 hijos de pacientes que confiaron en él para quedarse embarazadas. “Las cosas hace treinta años eran muy distintas. Quizá el doctor Karbaat era un donante anónimo y no lo sabemos. No existen registros de la época”, ha explicado el abogado de la familia a The New York Times.

Hace unos meses en Ontario (Canadá) se descubrió otro caso de un doctor que habría utilizado su semen en 11 casos de inseminación artificial. Al parecer habría tratado de convencer a una de sus pacientes de que lo había usado mezclado con otro para dar con una fórmula perfecta responsable de que el embarazo se hubiera realizado con éxito. Las autoridades sanitarias han calificado de “increíbles y reprobables” las explicaciones que ofreció a su paciente.

El problema es que lejos de parecer unas manzanas podridas aisladas era una práctica más generaliza de lo que pensábamos que ha estado escondida bajo el estigma y los fallos de protocolo”, ha explicado el biotecnólogo Dov Fox de la Universidad de San Diego.

Las pruebas de ADN realizadas a 61 personas en la ciudad de Indianapolis aseguran que todos son hijos del doctor Donald Cline. El médico se declaró culpable y reconoció haber mentido a los investigadores pero solo ha sido condenado con la retirada de su licencia médica durante un año. Las condenas son tan irrisorias porque en la mayoría de los estados la ley no contemplaba este tipo de delito. Ahora los legisladores se están poniendo las pilas y, en estados como Texas, se han aprobado leyes que consideran este tipo de prácticas como delictivas y las tipifica como abusos sexuales. Otros estados como California, van por el mismo camino. Existe un gran debate sobre si haber inyectado un semen sin consentimiento en el vagina de una mujer puede ser considerado una violación aunque se trate de un procedimiento médico.

Todos estos casos están saliendo a la luz porque en Estados Unidos se ha puesto de moda hacerse test de ADN domésticos para conocer mejor los antepasados.

“Construyes toda tu vida basada en una identidad genética y de pronto cuando todo eso se derrumba y se ve alterado puede llegar a ser devastador”, ha dicho un de las víctimas a la periodista Jacqueline Mroz del Times. “Después de hacerme un test de ADN comprobé que era hija del doctor. Cuando se lo comuniqué a mi madre se sintió violada. Estoy tratando de sobrellevar todo lo que se me ha venido encima. Estoy ante una crisis de identidad muy fuerte,” ha narrado otra mujer.

Los abogados de las víctimas coinciden en que hay que llegar hasta el final del asunto y no dejar de investigar otros casos que todavía no hayan salido a la luz. Es importante conocer a fondo lo que ha pasado para que en el futuro no vuelva a ocurrir.

elpais.com/

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Renfe saca a concurso el contrato de restauración del AVE por 408 millones

Renfe ha sacado a concurso uno de sus mayores contratos de servicios, el de prestación de la restauración, la cafetería y la atención a los viajeros a bordo de sus trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad para los próximos cinco años, estimado en 407,8 millones de euros.

La compañía ferroviaria pone en marcha el proceso para elegir a la empresa o empresas que se encargarán de realizar estos servicios ante la conclusión del contrato que tiene con Ferrovial desde 2013 y que ya fue renovado en 2017 por dos años más.ADVERTISING

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En virtud de esta licitación, Renfe seleccionará así a la compañía que atenderá a sus pasajeros a bordo de los trenes cuando la operadora comience a afrontar la competencia de otros operadores en el AVE. El nuevo contrato de servicios a bordo tendrá una vigencia de cinco años y la liberalización está fijada para finales de 2020.

El contrato abarca la ejecución de todos los servicios a los pasajeros a bordo de los trenes, desde la atención y despedida de los viajeros hasta la prestación de la restauración en bandeja en el asiento para los billetes que incluyan este servicio, pasando por el servicio de cafetería, el de ‘bar móvil’, las máquinas expendedoras, el servicio de megafonía y la distribución de prensa, entre otras prestaciones.

La compañía ferroviaria pública saca a concurso el ‘megacontrato’ de servicios a bordo de los trenes estructurado en dos lotes, con lo que abre la posibilidad de repartido entre dos empresas, según el anuncio de licitación que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así, uno de los lotes, estimado en 136,9 millones de euros, comprende la realización de todas estas atenciones en los trenes que circulan por el Nordeste, entre ellos el AVE a Barcelona, así como por el litoral Mediterráneo, los transversales y los internacionales.

El segundo de los lotes, presupuestado en 147,55 millones, abarca los servicios en los trenes que circulan hacia el Norte, el Sur y Este, entre ellos el AVE a Sevilla, el AVE a Valencia o el AVE a Valladolid, entre otros.

Las compañías interesadas en hacerse con el contrato cuentan con plazo hasta el próximo 6 de septiembre para presentar sus respectivas ofertas a Renfe.

Actual contrato desde 2003

Ferrovial es la compañía que viene prestando estos servicios en los trenes de Renfe desde que en 2013 se adjudicó el correspondiente contrato.

La compañía que preside Rafael del Pino se hizo con este contrato a través de su filial de servicios que actualmente tiene a la venta y que también se encarga de prestar determinados servicios en estaciones.

De su lado, con la adjudicación de este contrato, Renfe cambió el modelo de prestación de servicios a bordo en los trenes AVE y de Larga Distancia, con el fin de, según explicó entonces, responder al cambio de las demandas de los viajeros hacia «servicios a precios ajustados y adaptados a sus necesidades». Según la compañía, este cambio se traduciría en una reducción del 20% en su gasto anual en este tipo de servicios

cincodias.elpais.com

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